Una de las actividades económicas que sigue viéndose seriamente afectada por los embates de la pandemia en nuestra región es el turismo. Encontrándose aún muy lejos de sus niveles de producción y empleo prepandemia, sufre las amenazas de cortar su recuperación en el 2022, ahora con la presencia de la nueva variante OMICRON que ha lanzado a algunos países desarrollados, europeos y del Asia, a cerrar sus fronteras y a evaluar implementar dicha política a futuro. Ello complica aún más las perspectivas que dilucidaban una recuperación plena del turismo global hacia el 2024.

El caso del Perú, que pide a gritos una mejora del empleo formal a nivel nacional, tiene entre sus atributos a un sector turismo competitivo – que llega a 4.4 millones de turistas en un año normal – y altamente intensivo en mano de obra, sin mencionar que produce importantes cantidades de divisas – alrededor de US$ 4,784 millones de dólares en un año normal – además de la agroexportación y la minería. 

Como sugiere The Economist en un reciente artículo que compartimos líneas abajo, el trabajo de los gobiernos pues debe concentrarse en dar medidas de salud asequibles en toda la cadena turística para las empresas, algo que lamentablemente en los dos gobiernos anteriores no se entendió y se pretendió dar protocolos draconianos, sobretodo hacia los micro y pequeños empresarios, sin contar la feroz cuarentena que acometió Vizcarra en 2020 que estuvo a punto de liquidar a esta industria. 

Hasta ahora, el gobierno de Castillo parece no entender los balances correctos de control de riesgos y de recuperación del sector. Lampadia

América Latina espera el regreso de los turistas

Hasta que lo hagan, las economías cojearán

The Economist
27 de noviembre de 2021
Traducida y comentada por Lampadia

“Perú, despeguemos nuevamente” reza el lema en letras grandes a través del frente de vidrio de la terminal del aeropuerto de Lima. En la Plaza de la Independencia en el corazón colonial de Quito, capital de Ecuador, un pequeño grupo de turistas rubios se destaca como una especie exótica en un mar de vendedores ambulantes de cabello oscuro. Desde las playas del Caribe hasta los lagos de la Patagonia, la pregunta que se plantea es la planteada a principios de este año en una caricatura de El Roto en El País, un diario español. Dibujó dos tumbonas vacías y una preguntaba a la otra: “¿Crees que vendrán?”

La respuesta importa. El turismo juega un papel importante en la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe. En un promedio simple de los 34 países de la región, representa alrededor del 20% del PBI, según un índice elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La cifra varía desde más de un tercio para varias islas del Caribe hasta el 15% en México y el 8% en Brasil. Además, el turismo proporciona una gran parte del empleo, desde el 80% más o menos en países como Aruba y Antigua hasta el 13% en México y el 8% en Brasil. El Caribe también depende del turismo para obtener divisas y representa alrededor del 10% de los ingresos por exportaciones en Ecuador y Perú.

El turismo extranjero en la región se ha hundido en el pasado debido a las crisis internacionales. En 2009, durante la crisis financiera, cayó un 5%. Pero esta vez “el turismo se cerró como un grifo”, ​​dice Henry Mooney del BID. Las llegadas cayeron un 70% en 2020 ya que tanto los países de destino como los de origen cerraron sus fronteras. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTCC), un organismo de la industria, estimó que la industria turística de la región en su conjunto perdió US$ 230,000 millones y 12.4 millones de puestos de trabajo en 2020. Las aerolíneas de América Latina han recibido una paliza. LATAM y Avianca, dos de las tres mayores aerolíneas, buscaron protección por quiebra. Los ingresos por turismo en el Caribe el año pasado fueron solo una cuarta parte de lo que se había pronosticado.

Ahora se está produciendo un modesto renacimiento, especialmente en el Caribe, a medida que avanza la vacunación y se reabren las fronteras. Los cruceros están navegando de nuevo, aunque luchan por adaptarse a las normas sanitarias. Los estadounidenses se están aventurando a regresar a las playas. El WTTC dice que el turismo se está recuperando más rápido en el Caribe que en otras partes del mundo, con un crecimiento pronosticado del 47% este año con respecto al año pasado, lo que significa US$ 12,000 millones adicionales en ingresos.

La reapertura es más lenta en América del Sur, un vuelo más largo desde la mayoría de los grandes mercados. Los latinoamericanos y los estadounidenses están regresando, pero no los asiáticos ni los europeos, dice Pedro Morillas, dueño de un hotel de cuatro estrellas con 350 habitaciones en Cusco, Perú. “Tuvimos muchas reservas para el segundo semestre de este año, pero muchas canceladas”, dice Roque Sevilla, jefe de Metropolitan Touring, un gran operador turístico en Ecuador, que posee tres barcos en las Islas Galápagos y un refugio en un bosque nuboso. Con recorridos desde US$ 5,000, excluyendo vuelos internacionales, para muchos “Ecuador es el viaje de su vida y quieren estar seguros de que no sufrirán restricciones y estarán seguros”. Muchos en la industria piensan que los viajes no alcanzarán su nivel prepandémico hasta 2024.

Para algunos, será demasiado tarde. Una encuesta de 255 empresas realizada por la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe en febrero encontró que era poco probable que el 14% de ellos reabrieran. Para otros, la lenta recuperación significa una lucha por adaptarse. La tasa de ocupación en el hotel de Morillas, normalmente el 85%, con turistas extranjeros casi todos los huéspedes, se redujo a cero, lo que lo obligó a despedir a sus 150 empleados. “El golpe fue repentino y drástico”, dice. Sin ingresos, se acumularon los intereses de su deuda con el banco. Pero el hotel está abierto de nuevo, ha vuelto a contratar a 15 empleados y ha negociado un período de gracia sobre el préstamo bancario. “El hotel sobrevivirá”, dice.

Como parte de un gran conglomerado con bolsillos profundos, Metropolitan Touring estaba mejor ubicado.  Sevilla siguió pagando a sus 850 trabajadores el 75% de sus salarios durante un año antes de despedir a regañadientes a 85. Ha reducido los precios y ha encontrado un nuevo mercado para los turistas ecuatorianos. LATAM y Avianca están a punto de salir de la quiebra.

Los gobiernos pueden ayudar a acelerar la recuperación, dice Mooney, trabajando con la industria para coordinar las medidas de protección de la salud a lo largo de la cadena turística y llevar a cabo estudios de mercado y de marketing. “La gente viajará de manera diferente y necesitará cosas diferentes”, dice. Muchos países de América Latina están cerca de superar su nivel de producción económica anterior a la pandemia. Pero el empleo se está quedando atrás. Cuanto antes regresen los turistas, más rápido cambiará. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En Estados Unidos el presidente Pedro Castillo llamó a los grandes empresarios a que vayan a invertir al Perú, pero al mismo tiempo insistió en dos ocasiones en una nueva Constitución.

En la OEA dijo que “los pueblos tienen que auto-convocarse y ser convocados también por las autoridades para estructurar…constituciones que estén a la altura de los tiempos”. Y en las Naciones Unidas explicó que “se trata de construir un nuevo pacto social en el Perú, un nuevo contrato social que asegure la gobernabilidad democrática con paz y cohesión social, y que logre reducir drásticamente la pobreza y eliminar la pobreza extrema…”.

¿El presidente Castillo no se da cuenta de la contradicción? ¿O su invitación a invertir es de la boca para afuera? Es imposible que no se percate. Se lo han dicho los propios empresarios peruanos que viajaron con él y se lo dicen en los medios todos los días. El propio Francke debe habérselo señalado porque le aseguró a Aldo Defilippi, presidente de Amcham, que no está en la agenda del gobierno promover una asamblea constituyente.

Pero si el Presidente insiste en el tema es que su programa no es recuperar la economía y crecer a tasas altas y generar empleo, sino la captura total del poder y de la perpetuación en él. Es el programa bolivariano. Porque las razones que da para una nueva Constitución no se sostienen. Pide un “nuevo contrato social que logre reducir drásticamente la pobreza…”, cuando eso es justamente lo que ocurrió con la Constitución de 1993: no hay país de América Latina que haya reducido tan abruptamente la pobreza como el Perú haya antes de la pandemia: de 60% a 20%. Nuestra constitución es la campeona de América Latina en velocidad de reducción de la pobreza. La venezolana, en cambio, ha producido 96% de pobres. ¿Eso buscamos? Y si queremos reducirla aún más rápido, lo que tenemos que hacer es profundizar la economía de mercado, remozar el modelo, repotenciarlo.

El otro gran argumento es que “la salud no sea un servicio, sino que se convierta en un derecho constitucional”. Cuando es exactamente al revés. En la Constitución del 93 la salud es un derecho. El problema es que no es un servicio eficiente. Para que el derecho sea efectivo hay que reformar el servicio. Lo que hay que cambiar es el Estado, la gestión pública, no la Constitución. La palabra no hace la realidad.

Se trata de juegos de ilusión para engañar a la población y apoderarse del Estado. No podemos permitirlo. Si queda claro que el presidente y su partido no van a cejar en ese empeño, no queda sino desplegar todos los recursos legales para impedirlo. Perú Libre ha intensificado una campaña de recojo de firmas que ahora recibe el apoyo desembozado del Premier Bellido y de la vicepresidenta Dina Boluarte. Es una guerra declarada.

Con el agravante de que el referéndum para convocar directamente a una asamblea constituyente, sin pasar por el Congreso, no es constitucional. El artículo 206 de la Constitución es muy claro y el referéndum mencionado en el artículo 32 se refiere evidentemente al referéndum señalado en el 206, como la segunda etapa de la aprobación de una reforma constitucional luego de que ha sido aprobada en primera votación por el congreso. No cabe un referéndum directo sin pasar antes por el Congreso.

Por eso es inaudito que la ONPE haya vendido planillones a Perú Libre para un referéndum sobre este asunto. Debería interponerse acciones legales contra esa decisión, acaso una demanda competencial porque evidentemente la ONPE ha invadido una competencia exclusiva del Congreso.

Si Perú Libre llegara a recoger el número de firmas válidas requerido, tendrá que ser el Jurado Nacional de Elecciones quien determine que tal vía no es válida. Al respecto, la ley 26300, ley de participación ciudadana, como no puede ser de otra manera, establece claramente lo siguiente:

Artículo 39.- Procede el referéndum en los siguientes casos:

1. La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al Artículo 206 de la misma.
2. ….

¿Y qué dice el artículo 206 de la Constitución?:

Artículo 206°. – Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el
Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y
ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el
acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas
con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del
número legal de congresistas.

Es decir, procede el referéndum luego de que el congreso ha aprobado la reforma constitucional en una primera votación. No hay otro referéndum. Pero, para que el JNE no tenga escape alguno, debería aprobarse una ley que precise que, si le llega un pedido de referéndum directo, debe rechazarlo.

La democracia tiene que defenderse. Lampadia

Revista Vivir Bien
Luis F. Popa
Ex diplomático cubano, profesor de UNMSM, PUCP y CAEN
Lima, agosto 2021

Nadie discute que el triunfo de la Revolución Cubana, cuando a través de la lucha armada llevada a cabo por el pueblo y en especial por la juventud, marcó un hito para América Latina y también para el mundo. Derrotar a una dictadura, de las tantas que han gobernado en Latinoamérica y en los países del llamado Tercer Mundo, fue un acto heroico y ejemplar.

Surgieron nombres como Fidel Castro, Ernesto “Che” Guevara, Camilo Cienfuegos y otros, que emulaban a héroes románticos de las novelas y el cine.

Cuando Castro entró triunfante a La Habana, el 8 de enero de 1959, luego de hacer una marcha popular desde la Sierra Maestra a través de toda la Isla, la alegría del pueblo cubano fue inmensa. Salvo las personas vinculadas al antiguo régimen del General Fulgencio Batista, todos los cubanos estaban con Fidel. La alta clase burguesa cubana, igual que las demás clases sociales, ponían en sus puertas pequeños letreros que decían: “Esta es tu casa Fidel”. Algo que, con el curso de los meses y los años por venir, él se lo creyó, expropiando las casas, palacetes, fincas (chacras), casas de playa y todas las propiedades privadas. Hubo un primer momento, que se intervino todas las propiedades de las compañías extranjeras, desde la electricidad, el teléfono, los centrales azucareros, minas, bancos, entidades de seguros, etc.

Después vendrían las propiedades de los capitalistas y empresarios nacionales, incluyendo los colegios y universidades privadas laicas y religiosas (incluyendo los dos colegios católicos en donde estudió Castro, los hermanos La Salle y el colegio Belén).  Este período fue entre 1960 a 1965.

Incluyendo dos leyes de Reforma Agraria, siendo la segunda, la más radical que se había realizado en América Latina hasta esta fecha. La primera en julio de 1959, fue de 400 hectáreas máximo que podría tener una persona jurídica o natural; la cual benefició a unas 100 mil familias campesinas (para ese entonces   Cuba contaba con una población de 6 millones de habitantes).

No obstante, esto no eliminó lo que el Gobierno Revolucionario denominaba una burguesía rural. Es por eso, que, en el año 1963, se   proclama una segunda ley agraria, limitando   la propiedad rural a 67 hectáreas. Una medida para eliminar privilegios y cubanos ricos.  Con el tiempo, y muy a pesar de Castro, la clase campesina cubana, fue de los primeras en alzarse en armas   contra su régimen, y a pesar de ser derrotados, en lo que el régimen denominó “Lucha Contra Bandidos” (LCB), y que no fue otra cosa que una guerra civil, entre 1961 a 1971, más o menos.

Fue un alzamiento campesino y de otras clases sociales, en especial pequeños grupos de jóvenes (en su mayoría católicos) y de ex combatientes de las guerrillas castristas y de otras agrupaciones que ayudaron a derrotar a Batista. Se infiltraban en la Isla procedentes de Miami, ayudados y financiados por la CIA.

Ellos, los campesinos, se convirtieron en nuevos ricos con el pasar del tiempo, a través de la especulación y el mercado negro, producto de la escasez de alimentos que históricamente, ha acompañado los 62 años de castro-comunismo en la Isla; con alzas y bajas.

Los primeros tiempos implementaron la famosa “Libreta de Racionamiento”, que con el tiempo fue mermando el número de alimentos que adjudicaban a cada cubano, hasta hoy día, que prácticamente no es nada de la canasta familiar. Si no tienes FE (familia en exterior que te envíes dólares o euros, no comes).

Las expropiaciones del régimen comunista continuaron; estableció una ley de reforma urbana, para que cada cubana tuviera un hogar, cosa que no pudo conseguir. Nadie podía tener dos viviendas, es decir, ni casa de playa o campo, en el caso que vivieras en una ciudad.

Pero la era dura de las restricciones de la vida se endurecieron, cuando, el 13 de marzo de 1968, en un discurso de Castro por el aniversario XI del asalto a Palacio de Gobierno por parte de los estudiantes universitarios con el fin de ajusticiar a Batista (el ataque fracaso).

Qué decretó Castro, ese día, que nadie debería tener propiedad privada, solamente propiedad personal, es decir, la casa y el auto (si tenías). Intervinieron todas las pequeñas y medianas empresas, hasta las bodegas, carnicerías, verdulerías, peluquerías, kioscos y hasta los lustrabotas.

Todo pasó a manos del Estado. Los dueños y empleados de estas propiedades, se convirtieron de la noche a la mañana en trabajadores del Estado.

Es el inicio de la llamada “Ofensiva Revolucionaria”, construir el socialismo paralelamente con el comunismo. Ni Marx, ni Lenin, ni los burócratas soviéticos plantearon esta locura.

Claro, está política solo trajo como consecuencia, lo siguiente: Más especulación y mayor mercado negro, pues se agudizó la escasez y la creación de un Estado elefantiásico. Aumentó el número de enemigos del gobierno, un gran golpe para lo poco que quedaba de mediana y pequeña burguesía.

Cuba de ser exportador de azúcar, luego de instaurado el régimen comunista de los Castro, no volvió a exportar más…

Camilo Cienfuegos, el mítico guerrillero…

Ernesto “Che” Guevara, acabó sus trajines revolucionarios en las selvas de Bolivia

Los estudios de abogados, consultas médicas, dentistas, psicólogos, etc., se convirtieron también en trabajadores del Estado. Todos los abogados y notarios fueron a trabajar en los llamados bufetes colectivos. ¿Qué defensa ibas a tener frente al Estado?

Los night – club y cabarets, que daban tanta vida a La Habana nocturna, también pasaron a manos del Estado. Aquí se decidía que artista trabajaba o no al igual que la TV y la radio. Los actores, actrices, cantantes, músicos, fueron categorizados según una escala de evaluadores, en la mayoría de los casos estos evaluadores, tenían como mérito ser militantes del Partido Comunista, pero no eran profesionales del arte.

Se tomaban en consideración su compromiso con el régimen. En otras palabras, toda la vida del cubano estaba organizado, ya que también habían surgido los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en cada cuadra, en cada caserío campesino, allí donde hubiera un núcleo poblacional pequeño.

Los CDR se convirtieron en los ojos y oídos del sistema socialista, del Estado. Si aspirabas a un puesto de trabajo o simplemente entrar a la universidad, la policía o la seguridad del Estado, iba a tu cuadra a verificar tu compromiso con la Revolución.

Los buenos trabajos y la universidad solamente eran para los revolucionarios, pero sobre todo tenían que estar comprometidos, pues, aunque no estuvieras en contra del régimen, la pasividad era mal vista, había que ser combativo y comprometido.

En este devenir, pasaron 62 años, con salidas clandestinas por mar, con deserciones de funcionarios públicos y altos dirigentes civiles y militares. Éxodos masivos, balseros, secuestro de aviones y pequeñas embarcaciones marítimas, los “vuelos de la libertad” con el presidente Johnson, las salidas autorizadas por Camariocas, puerto cerca de Varadero, el famoso Mariel, las entradas masivas de personas a la Embajada del Perú, la crisis de los balseros en 1994 con Clinton.

Barack Obama el presidente de EE. UU que distendió las relaciones con, la isla.

El llamado “maleconazo” del 94, dónde miles de personas salieron a protestar contra el gobierno fidelista. El propio Fidel Castro fue a encarar aquellas protestas, en las que sintió por primera vez los gritos de enardecidos ciudadanos contra él. ¡Abajo Fidel ¡En aquella ocasión la policía pudo controlarlo y solamente se registró el hecho en el famoso Malecón de La Habana!

Lo ocurrido este 11 de julio del 2021, pasará a la historia, como el inicio del fin del comunismo en Cuba, y ejemplo para los pueblos de América Latina. Esperemos que la izquierda latinoamericana no se cierre y entienda bien la lectura. El pueblo cubano se hartó de pasar hambre y falta de libertad, de no tener voz y de pasar día tras día en largas colas para ver si puede conseguir algo de alimento para su familia. No saber si hoy come, y mañana tampoco.

Éramos tan pobres, teníamos tanta hambre, que nos comimos el miedo. Gritaban los cubanos en todas las ciudades a lo largo y ancho de la Isla.

Con los cuentos que los yanquis nos invadirán e implementarán de nuevo los prostíbulos y los casinos; que nos tienen con un bloqueo económico que es el culpable de la escasez y la falta de recursos, etc.

• Primero, Cuba tenía corrupción, prostíbulos y casinos como lo tienen casi, por no decir todos, los países de América Latina. No era el burdel de América Latina como sostienen algunos desinformados. De izquierda, somos todos. Pero, junto a Uruguay y Argentina, era de los países más desarrollados de nuestra región; ahí están los números, que personalmente he verificado a través de distintas ponencias y escritos en mi vida académica.

Hugo Chávez fiel discípulo de Fidel llevó a la miseria al país más rico de América del Sur…

• Segundo, ¿existe un bloqueo? Vamos por partes, el tema es que bloqueo es un término bélico. El único bloqueo yanqui a Cuba fue cuando la Crisis de los Misiles Cubanos, que duró 13 días en octubre de 1962. Lo que existe por parte de Estados Unidos es un férreo embargo económico, y que es bilateral.

Que ha pasado por periodos de endurecimiento, como la estranguladora Ley Helms-Burton de los años 90, las medidas extremas del ex presidente Donald Trump, después de las medidas suavizantes del ex presidente Barack Obama.

El embargo fue dispuesto en 1962 por el extinto presidente John Kennedy, quién antes de firmar la ley, mandó a comprar todos los puros cubanos que había en las tiendas de Washington DC, era su vicio fumar estos habanos.

Cuba puede negociar con todos los países del mundo, el problema es que le debe a todos los países financistas. Le debe desde Rusia (Putin le condonó la deuda, que tenían con la extinta URSS), hasta los argentinos. Pues si no lo sabías la Cuba socialista hacía negocios con créditos con la dictadura fascista del General Videla.

Los soviéticos enviaban un barco diario lleno de petróleo para que esa nación funcione. La suerte acompañó a Castro con la llegada de Chávez al poder y la influencia de los cubanos en Venezuela, que pasó a ser un país satélite de Cuba.

Se queja, la potencia médica, que no tiene medicina. ¿Y los chinos? Pueden abastecerles. Ahora los castristas son amigos de los chinos. Se olvidaron, cuando Fidel le llamó “viejo chocho” a Mao, y traidor a Deng Xiao Ping.

Cuba le debe a medio mundo; el Club de Paris, le ha dado nuevas facilidades de pago, de las tantas facilidades que le ha permitido.

Salvo Israel, que es el único país que apoya a Estados Unidos, en las votaciones de las ONU, para el levantamiento del embargo; el resto de todos los países del planeta está a favor de levantar este embargo.

Pero, hay que aclarar, que esto es un asunto bilateral. Que compren medicinas y alimentos en otros lugares. Pero, es más, a pesar del embargo, Cuba puede y lo hace, comprar alimentos y medicinas a Estados Unidos, si paga cash.

Por ejemplo, el pollo que comen los cubanos es norteamericano. El gobierno se lo vende a la población, siete veces más caro. El único bloqueo que existe es el que le ha impuesto a su población con todas las restricciones que existen en Cuba. Los DDHH de primera generación son violados diariamente en la Isla. Los cubanos sólo son un número para las autoridades; mientras una élite vive mucho mejor que los esbirros de Batista y que muchos millonarios latinoamericanos. Con varios autos, yates, cotos de caza, casas y residencias y varias provincias. Alimentación especial y suntuosa.

Este 11 de julio del 2021, pasó a la historia como un ejemplo, que el socialismo como lo hemos conocido hasta ahora es un fiasco. Los gobernantes cubanos, ni siquiera tomaron los ejemplos chino y vietnamita, que, aunque cortan las libertades públicas, tienen economías que son funcionales y prósperas.

Que es posible darles mejor nivel de bienestar a sus pueblos. Que es posible también una economía de libre mercado, incluso que existe divisiones de clase social.

Raúl Castro hace poco tiempo atrás dijo que había que hacer cambios, sin prisa, pero sin pausa. Pero es que ya se les acabo el tiempo. Además, que en los males de Cuba y América Latina, (también), la culpa no es sólo del imperio, de los Estados Unidos.

Hay una gran sobrevaloración por parte de los gobernantes cubanos y de la izquierda latinoamericana sobre el papel de la CIA, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. El Estado socialista de la Isla acusa a la CIA de estar detrás de las manifestaciones populares que se dieron en Cuba.

Que los manifestantes son asalariados de la CIA. Qué equivocados y/o mentirosos. ¿Acaso las manifestaciones de Chile y Colombia, fueron sufragadas por el comunismo internacional? NO. ¿La CIA les pago a los miles y miles de manifestantes? NO.

Existe el mito de que todo aquel que critica al gobierno cubano es un agente de la CIA o del gobierno norteamericano. El mundo no es blanco y negro. En política hay que saber admitir las críticas. Si criticas a la derecha eres comunista, si criticas a la izquierda es proyanqui.

En este sentido, son los políticos corruptos, los que crean las grandes desigualdades y la pobreza. No hay diferencias entre un político de izquierda y uno de derecha, cuando viven y se apropian de los bienes y riquezas de sus pueblos. Son los mismos.

El pueblo cubano y los pueblos latinoamericanos deben saber que no hay salvadores supremos, ni líderes mesiánicos. Es el esfuerzo de la ciudadanía unida que hace grande a los países.

Ejemplos hay en otras latitudes, de pueblos que salieron de la oscuridad, después de conflictos bélicos y hambrunas. Sólo la verdadera libertad nos hará mejores hombres y mujeres, y darles un futuro de esplendor a nuestros descendientes.

¡VIVA CUBA LIBRE!

Lampadia

Como comentamos en Lampadia: La ayuda internacional en la pandemia, nuestra región no sólo sigue siendo por lejos la más afectada económica y sanitariamente por la pandemia a nivel mundial, sino que sus perspectivas de crecimiento en el corto plazo están muy por debajo de las reportadas para el mundo desarrollado (se estima que este año, EEUU crecerá hasta 7%), cuando más necesitan crecer para mejorar sus cifras de desempleo y pobreza que han escalado a niveles alarmantes.

¿Qué falló en la política pública de los gobiernos el año pasado para haber llegado a una situación tan dramática?

Un reciente artículo publicado por The Economist que compartimos líneas abajo titulado “Por qué la economía de América Latina se ha visto tan afectada por el covid-19” da algunos indicios para responder esta pregunta. Destaca por ejemplo la imposición de feroces cuarentenas, de las cuales el Perú brilló por su duración y su alcance que abarcó prácticamente a todas las actividades económicas. Un sinsentido que por supuesto nosotros en su momento criticamos pues supuso el quiebre de miles de empresas y pérdida de empleos que no se encontraban con las condiciones para afrontar un paro y menos realizar trabajo a distancia. Algo que dicho sea de paso no mejoró la situación sanitaria; por el contrario terminamos encabezando la lista de países con exceso de muertes por millón al cierre del año pasado (ver Lampadia: Perú encabeza exceso de muertes por millón).

Ahora bien, The Economist también resalta el persistente incremento de contagios por las nuevas cepas, en especial la brasilera, que ha hecho retroceder a los gobiernos latinoamericanos en la liberalización de actividades el presente año. Al respecto, cabe resaltar que en nuestro país no sólo se retornó a una cuarentena que ya había sido probada como ineficaz, sino que se persistieron en medidas absurdas como toques de queda en horas punta (6 p.m.) e inmovilización permanente los domingos, lo cual generó aglomeraciones e incremento de contagios innecesariamente inducidos. Ahora que la segunda ola ha empezado a menguar y el gobierno se encuentra próximo a culminar la vacunación en adultos mayores esperemos que no se vuelvan a cometer errores tan terribles como en semanas pasadas.

En todo caso, lo que se debe rescatar de las reflexiones de The Economist es que la imposición de cuarentenas totales ya no debe ser una opción, sino que por el contrario, debe seguir explorándose la reapertura de las actividades que se han visto más afectadas por la crisis, comos son los servicios, restaurantes y el turismo, en espacios abiertos pero acompañándolos también de extensiones del toque de queda, siendo el actual a las 9 pm insuficiente. Esto mejoraría las perspectivas de empleo pues se trata de sectores que son intensivos en mano de obra.

Por el lado de la inversión, se debe seguir avanzando con el cumplimiento de las metas de la inversión pública en todos los niveles de gobierno, pero sobretodo se debe acelerar la inversión privada a través del destrabe de megaproyectos de infraestructura y mineros, que a pesar de ya contar con todos los trámites en regla y de su enorme potencial para la generación de empleo en las regiones, no se desencadenan por falta de decisión política. Y finalmente, avanzar firmemente con la vacunación y el permanente cierre de nuevos contratos conforme se avancen con las negociaciones.

Esperemos que este y el próximo gobierno tomen en cuenta estas recomendaciones y se ponga a hacer el trabajo lo más rápido posible. Lampadia

Un largo camino de caída
Por qué se afectó tanto la economía de América Latina con el covid-19

El PBI mundial se contrajo un 3% el año pasado, pero el de América Latina y el Caribe cayó un 7% [y el Perú, cayó 11%]

The Economist
13 de mayo, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

Antes de que estallara la pandemia, Jaime Alirio Pinilla, un hombre de 45 años de Bogotá, la capital de Colombia, trabajaba como obrero de la construcción. “Pero por esta mierda perdí mi trabajo y ahora trabajo en la calle”, dice, de pie detrás de un carro de acero desde el que vende jugo de naranja, dulces, cigarrillos y café. Colombia ya ha tenido uno de los bloqueos más prolongados del mundo; ahora también enfrenta enfrentamientos diarios entre manifestantes y fuerzas de seguridad, ya que los disturbios por la situación económica continúan durante una tercera semana. “Hemos estado encerrados durante más de un año y no podemos soportar esto más”, dice Pinilla. “La economía está arruinada, sobrevivimos, no vivimos”.

La pandemia del covid-19 provocó la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Pero a una región le ha ido peor económicamente que a cualquier otra, y por un buen trecho. El PBI mundial se contrajo un 3% el año pasado, pero en América Latina y el Caribe la producción cayó un 7%, el peor de todas las regiones analizadas por el FMI (aunque India, casi una región en sí misma, lo hizo peor). En 2020, las personas en América Latina trabajaron un 16% menos de horas, casi el doble de la pérdida a nivel mundial. Varios países de la región lo han hecho extraordinariamente mal: el PBI de Perú, por ejemplo, cayó un 11% el año pasado. Y mientras que algunas economías ahora están retrocediendo a medida que se levantan las restricciones, en América Latina el estado de ánimo se está oscureciendo.

La explicación más simple del terrible desempeño de la región se relaciona con la salud pública. El modelo de exceso de muertes de The Economist estima que América Latina y el Caribe tiene el mayor número de muertes en exceso en la pandemia, en relación con la población, de las regiones del mundo. A medida que las vacunas en otras partes del mundo reducen la propagación de la enfermedad y el daño que causa, en muchas partes de América Latina el coronavirus se propaga sin control. En Brasil, donde el presidente populista, Jair Bolsonaro, se ha negado a usar mascarilla o vacunarse, la cifra oficial diaria de muertos en un momento superó los 4,000 por día (ahora es de unos 2,000). Incluso los países que anteriormente habían hecho un buen trabajo en el control de la pandemia, como Uruguay, están luchando con un número creciente de casos.

La propagación de la enfermedad impulsó a algunos gobiernos de la región a implementar las cuarentenas más duras del mundo. Una medida cuantitativa producida por Goldman Sachs, un banco, asigna un puntaje de cero a 100 para evaluar la severidad de las reglas de un país sobre el encierro, el grado de adherencia a tales restricciones y cualquier distanciamiento social voluntario (ver gráfico). Ninguna región ha tenido un año más en casa que América Latina, con un movimiento un 70% más restringido que en América del Norte.

Argentina y Chile han sido el segundo y el cuarto países más restringidos del mundo, respectivamente. Perú encabeza la lista. Allí, el bloqueo inicial se sintió como vivir los días más oscuros de la guerra contra los insurgentes maoístas a principios de la década de 1990. A nadie se le permitía salir de casa excepto para comprar víveres. Los agentes de policía y los soldados hicieron cumplir estrictamente el toque de queda. Bloqueos tan duros hacen imposible gran parte de la actividad económica, incluso si muchas de las personas más pobres de la región no tienen más remedio que desafiar las órdenes de quedarse en casa en un intento por llegar a fin de mes.

Además de la gravedad del brote de América Latina y los bloqueos asociados, otros dos factores han contribuido a la dolorosa contracción económica de la región: la estructura de las economías locales y la escala y el diseño del estímulo fiscal. Considere la estructura económica primero. Una variedad de evidencia sugiere que la región es especialmente vulnerable a las cuarentenas. Muchos países de América Latina y el Caribe dependen en gran medida de los ingresos de los turistas internacionales. Aruba, una isla holandesa en el Caribe que depende especialmente de los visitantes, vio caer el PBI en un 25% en 2020.

Investigaciones recientes del FMI encuentran que el empleo en lo que llama “sectores intensivos en contacto” —del tipo en el que es imposible realizar un trabajo sin estar en proximidad física de otros— es especialmente importante en América Latina y el Caribe. Los trabajos en industrias como restaurantes, tiendas o transporte público representan el 43% del empleo total, en comparación con el 30% en los mercados emergentes en su conjunto.

Una región con una gran desigualdad, América Latina tiene una proporción inusualmente grande de personas que trabajan como personal doméstico para las personas más ricas, lo que inherentemente implica la mezcla de hogares. Para un artículo reciente, Louisa Acciari de University College London y sus colegas encuestaron a trabajadoras del hogar en varios países y encontraron historias de equipos de protección personal inadecuados y violaciones de sus derechos. De hecho, la primera muerte oficial del covid-19 en Río de Janeiro en marzo pasado fue una criada que había sido infectada por su empleador, según funcionarios estatales; la mujer había estado en Italia y, según alegan, no se molestó en enviar a su criada a casa una vez que se enfermó.

El factor final detrás del terrible desempeño económico de la región es la política fiscal. Una forma de medir si la respuesta fiscal de un país a la pandemia ha sido lo suficientemente grande implica comparar dos cosas: el cambio en el déficit presupuestario general de un país y su producción perdida durante la pandemia. Tomando prestada una metodología desarrollada en un artículo de investigación de Goldman Sachs, The Economist calculó la idoneidad del estímulo inducido por una pandemia para 193 países. Muchos gobiernos de todo el mundo, por cada dólar de producción perdida, han aumentado su gasto en un dólar. Algunos, como EEUU y Australia, han sido sustancialmente más generosos. América Latina, aunque implementó un estímulo fiscal más generoso que en recesiones pasadas, ha sido tacaño incluso en relación con otros mercados emergentes, con el país medio agregando solo 28 centavos de gasto deficitario adicional por cada dólar de producción perdida.

El diseño del estímulo también tiene deficiencias. Los países con los planes más exitosos han enviado grandes cantidades de dinero directamente a las personas. Eso ha ayudado a romper el vínculo entre la pérdida de empleos y los recortes en el gasto de los hogares, lo que respalda la economía. América Latina, por el contrario, ha centrado principalmente sus recursos en otros lugares, incluso en la creación de sistemas de atención de la salud con financiación insuficiente.

No todos los países de América Latina han tomado esta ruta. En Brasil, el gasto del gobierno de Bolsonaro ha compensado la pérdida de producción casi por completo. Esto ayudó a reducir la incidencia de la pobreza extrema incluso cuando la pandemia se apoderó del país, aunque el nivel de ayuda de emergencia a los hogares pobres ha disminuido recientemente y el hambre y otras formas de privación están aumentando nuevamente.

Sin embargo, algunos gobiernos han sido sorprendentemente austeros. En ningún lugar esto es más cierto que en México, liderado por el autoproclamado de izquierda Andrés Manuel López Obrador. El insignificante programa de estímulo de México (de 17 centavos por dólar de gasto perdido) se deriva de la sensibilidad monástica y autárquica de López Obrador, que lo hace instintivamente receloso de la deuda, pero especialmente cuando está financiada por financieros extranjeros. En Colombia, las protestas fueron provocadas por el intento del 28 de abril por parte del gobierno de Iván Duque de impulsar una reforma tributaria, pero se han convertido en algo mucho más grande. Gran parte del descontento se debe a la percepción de una respuesta inadecuada o equivocada al covid-19, que ha permitido que 2.8 millones de personas caigan en la pobreza extrema.

La carnicería económica no durará para siempre. Pero el crecimiento anual en el PBI de 3-4% que puede esperar América Latina y el Caribe, una vez que se levanten las restricciones de manera segura, permanece algo por debajo de las tasas que EEUU y algunos otros países están a punto de ver. Un aumento reciente de los precios de las materias primas ayudará a menos de lo que muchos piensan: un índice de los precios mundiales de las materias primas se mantiene por debajo de donde estuvo durante gran parte del período transcurrido desde la crisis financiera mundial. Y debido al estímulo débil, los hogares no han acumulado grandes cantidades de ahorros, como lo han hecho en muchos países más ricos, por lo que no habrá un exceso de gasto posterior al cierre. Como muestran los disturbios en Colombia, la región más afectada por la pandemia enfrenta aún más problemas. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

América Latina es la región más afectada por la devastación humana y económica combinada del coronavirus.

Perú, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y México ocupan los primeros lugares en una tabla global de exceso de muertes desde el inicio de la pandemia.

Lo que la pandemia ha dejado al descubierto en América Latina es una aflicción de larga data: la falta de capacidad estatal efectiva.

Perú y Argentina ordenaron cierres prolongados el año pasado y ofrecieron generosos pagos de asistencia social a quienes no podían trabajar. Las economías se paralizaron, pero las infecciones se dispararon.

América Latina debe reconstruirse mejor.

La clase política parece no estar escuchando. En las primeras etapas de un ciclo electoral regional importante, abundan los candidatos populistas que venden recetas fallidas; Pedro Castillo, el activista de extrema izquierda que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú el fin de semana pasado, quiere una nacionalización radical.

Si la región no quiere quedarse rezagada permanentemente del resto del mundo en desarrollo, debe comenzar renovando la clase política, presentando una nueva generación de líderes que entiendan cómo construir un consenso nacional en torno al crecimiento sostenible e inclusivo en sociedades más justas impulsadas por economías competitivas a nivel mundial.

Financial Times, 13 de abril de 2021 (Glosado por Lampadia)

Década tras década, América Latina interrumpe su proceso de convergencia hacia el desarrollo del mundo global, frustrando a su población que cada día se ve más encerrada sin poder ambicionar a ser parte de la modernidad.

EEUU, Canadá, Europa, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda y el resto del Asia, siguen acumulando capital humano, físico y monetario, asumiendo la nueva realidad de la cuarta revolución industrial; mientras al sur del rio Grande, desde México hasta Argentina, nosotros damos un paso adelante y dos atrás.

El caso más sorprendente y dramático es el de Chile, que parecía haberse despegado del resto de la región hacia el desarrollo global; para entrar ahora en un proceso regresivo que amenaza sacarlos de la senda del desarrollo sostenido.

En nuestro caso, en el Perú, después de recuperarnos del desastre de los años 60, 70 y 80, en el mejor momento de desarrollo económico y social, el 2011, elegimos un gobierno nacionalista y populista que desdibujó las líneas de desarrollo sostenido, frenó el crecimiento de la inversión y creó una brecha ideológica entre el sector público y el sector privado. 

Los siguientes gobiernos de PPK, Vizcarra y Sagasti, no solo no enmendaron el camino, tampoco supieron ilustrar a la población sobre la calidad de las políticas públicas que permitieran recuperar la senda del crecimiento.

De regreso a la parálisis económica y la confusión sobre las prioridades para apuntar al bienestar general, nos agarró la pandemia, y bajo el liderazgo criminal de Vizcarra, nos ubicamos como el peor país del mundo en el combate del virus y en la caída de la economía.

Hoy día, en todos los círculos sociales, para no hablar de los medios de comunicación, ya no se entiende nuestro desarrollo, al que se reputa como crecimiento sin desarrollo. No se quiere entender que no hay mayor desarrollo social que la reducción de la pobreza, que desde el 2004, bajo de 58.7% a 20.2% de la población en 2019; y que la pobreza extrema bajó de 16.4% a 2.9%.

Para un país como el Perú, con 200 años de estructura republicana y con mucho potencial de desarrollo, que antes de la pandemia tuviéramos 20% de pobres, es prioritario y obligatorio, superar la pobreza antes que cualquier otra cosa. Eso debe llevarnos a invertir y crecer, y mejorar la educación y la salud. Esas deben ser nuestras prioridades y marcar nuestra orientación nacional.

Por supuesto que esto no es lo único que debemos hacer, también debemos mejorar sustancialmente nuestras instituciones, pero es la base de todo, sin crecimiento no podremos mejorar la educación y la salud, y no tendremos la tranquilidad para mejorar nuestras instituciones.

Como dice el Financial Times, en América Latina necesitamos mejores líderes. Tenemos que invitar a nuestros ciudadanos más capacitados a asumir la muy importante tarea de gobernar.  No más retrocesos.  Lampadia

Giovanni Bonfiglio
Para Lampadia
Mayo 2021

Con la reforma agraria de 1969 se han expropiado las mejores tierras del país y han sido entregadas a empresas asociativas (básicamente cooperativas). En total fueron constituidas 671 empresas asociativas, donde la propiedad de la tierra era común, fue la mayor experiencia de colectivismo agrario de América Latina.

Pocos años después de haber sido constituidas, la gran mayoría de esas empresas entraron en crisis y fueron disueltas por sus propios dueños. Más allá de las intenciones políticas y sociales de la reforma, cabe hacer la pregunta: ¿A qué obedeció el masivo colapso de empresas autogestionarias? ¿Qué lecciones deja esa experiencia para el presente de la agricultura peruana? Para responder esas preguntas, en 2018 se llevó a cabo un estudio, que ha consistido en visitar una muestra de 155 de esas empresas (24% del total), seleccionadas con criterios de representatividad. El resultado del estudio ha sido expuesto en el libro “Las empresas de la reforma agraria peruana. 40 años después”[1]. Lo que sigue es un apretado resumen de las conclusiones del mencionado estudio.

El 99.4 % de las empresas de la reforma agraria fueron liquidadas a lo largo de un proceso iniciado en 1980 (en algunos casos desde antes) y culminado en 1990. Fue un proceso de descolectivización democrático, pues en todos los casos la decisión fue tomada libremente en asambleas de trabajadores socios.

Razones del colapso

Las razones del masivo colapso empresarial han sido diversas y complejas. En primer lugar, se debe mencionar el afán de autonomía de los trabajadores agrarios, así como el deseo de ser propietario de la tierra individualmente. Ese afán no se mostraba con claridad desde el inicio, sino al cabo de algunos años. Es que frente a la propiedad colectiva de la tierra hubo una actitud cambiante: al inicio se la aceptó, como se acepta un caballo sin mirarle los dientes. En realidad, se aceptaba la tierra y los recursos afectados, mas no las empresas.

Otros elementos que han estado a la base de las empresas asociativas colectivas ha sido la ausencia de mérito en el desempeño de cada uno de sus miembros. Pues los que trabajaban menos recibían la misma remuneración de los que trabajaban más, ello derivó en desaliento en el conjunto de trabajadores y desinterés por lo colectivo, con la consiguiente reducción de la productividad y la crisis económica de las empresas, que ya a fines de la década de 1970 con pocas excepciones se encontraban en situación de falencia.

En última instancia, lo que derivó en la inviabilidad del modelo empresarial fue la dificultad de poder ejercer capacidades de gestión a su interior. Ello era consecuencia del hecho que no se concedía autoridad a quienes debían gestionar las empresas, fuesen gerentes contratados o dirigentes de los trabajadores. Esta situación se ha dado en todos los tipos y tamaños de empresas, tanto en la costa como en la sierra; incluso en empresas que estaban bien articuladas, con buena dotación de recursos productivos y con acceso a mercados. 

Otro hallazgo del estudio es que el colapso empresarial no se dio de inmediato, sino que, mientras no se daba la posibilidad jurídica (y política) de parcelar las tierras, las empresas se mantenían en medio de un “equilibrio de bajo nivel” que implicaba sub utilización de sus recursos, con gran reducción de la productividad.

Las sorprendentes analogías entre la gobernanza de cooperativas con la gobernanza nacional

Un resultado sorprendente del estudio ha sido encontrar que en las cooperativas se daban formas de gobernanza que son análogas a las que se dan a nivel nacional.  Es que en las empresas asociativas hay dos tipos de órganos: los de gobierno y los ejecutivos. Es la clásica división de poderes al interior de toda empresa, solo que en las empresas autogestionarias, lo órganos de gobierno están en manos de los mismos trabajadores, que tenían capacidad de decisión. Esta división de poderes es análoga a la que se da en los órganos del estado nacional: el parlamento en cuanto representante del pueblo, es análogo a la asamblea de socios de una empresa autogestionaria. Por otro lado, el poder ejecutivo a nivel nacional es análogo a la gerencia de una empresa.

En el estudio realizado se encontró que en las empresas asociativas autogestionarias la división de poderes llevaba a situaciones de equilibrios inestables y a veces oscilantes. Por lo general predominaba un poder sobre el otro, difícilmente había un equilibrio entre ambos. Cuando predominaban los órganos de gobierno (asamblea de socios y consejo directivo), las decisiones llevaban a desorden y crisis económica de la empresa. Luego de producirse la crisis y el desorden, se daba un período de predominio del poder ejecutivo (gerentes), para intentar el reflotamiento de la empresa y sobre todo, asegurar el pago de salarios.

Cuando no había posibilidad de que gerentes eficientes asuman el poder ejecutivo, la empresa no necesariamente entraba en colapso inmediatamente, sino se mantenía con un “equilibrio de bajo nivel” que implicaba baja productividad y reducción de la producción. Hay que tener en cuenta que durante el período del gobierno militar muchas empresas eran subsidiadas, vía préstamos que no eran devueltos. Ello explica el colapso del Banco Agrario en esos años. El movimiento pendular entre predominio de un poder sobe el otro hace recordar la historia política nacional que muestra oscilación entre períodos más democráticos y otros más autoritarios. 

En las cooperativas, cuando las crisis llevaban a la posibilidad de colapso empresarial (y por tanto al no pago de salarios), los socios entregaban todo el poder a un gerente que pudiera reflotar la empresa o a un dirigente que asumía funciones ejecutivas. Esa es la figura del líder providencial, carismático y “bonapartista” a quien, en momentos de crisis nacional se le entrega todo el poder.

La corrupción no fue una causa, sino un síntoma

La corrupción en las empresas de la reforma fue algo bastante extendido. Ello no significa que los trabajadores del campo fuesen deshonestos por naturaleza, sino que no había capacidad de controlar los recursos de las empresas (“en arca abierta el justo peca”).

Las acusaciones de corrupción no siempre estaban fundadas, muchas veces eran una coartada o un recurso en la competencia por el poder. Ahí también se encuentra una analogía con el sistema político nacional, donde ha propagado lo que se llama la judicialización de la política, donde los adversarios políticos no son combatidos con ideas, sino con acusaciones de corrupción. Desde este punto de vista vale la apreciación según la cual las empresas autogestionarias expresan en “micro”, lo que se da a en nivel “macro”, a nivel nacional. Al igual de lo que sucedía en las empresas de la reforma agraria, a nivel nacional asistimos al hecho que el mayor problema percibido por la población es “la corrupción”; se siguen confundiendo los síntomas con las causas de los problemas.

La falta de cultura de mérito y la consiguiente anomia

Cuando se analiza lo que ocurría en las empresas de la reforma agraria, se nota claramente la recurrencia de situaciones de desorden que bien pueden ser interpretadas como expresión de anomia social. La situación típica de la anomia es la falta de controles y la imposibilidad de sancionar faltas, tanto en positivo como en negativo. Ello se expresaba no solo en la falta de control sobre los recursos de las empresas, sino en la falta de mérito en las retribuciones: lo que recibían los flojos era lo mismo de lo que recibían los que se esforzaban en trabajar o que cumplían sus jornadas de trabajo, cosa que derivaba en reducción del esfuerzo productivo y en la dilagación de actitudes de aprovechamiento personal de los recursos de las empresas. En última instancia, la anomia derivaba en vacío de poder, no solamente al interior de las empresas sino también en el entorno social.

La conversión de cooperativas en comunidades campesinas en la sierra, se explica en buena medida por la búsqueda de orden. Ello no significó incremento de comunitarismo productivo, como aparece a primera vista, sino es justamente lo contrario: dilagación del minifundismo y del individualismo productivo, pues en las comunidades se acepta la individualización de parcelas y hasta su diferenciación. Además, la constitución de comunidades campesinas venía a suplir la falta de capacidades del Estado de titular pequeñas propiedades, cosa que querían los trabajadores del campo.

La anomia que se daba al interior de las empresas contagió al resto de la sociedad, en la medida en que hubo masiva migración del campo a la ciudad en un contexto de debilidad del Estado y retracción de las autoridades públicas en general. No es casualidad que desde la década de 1980 se instaló en todas las ciudades del país la “cultura combi”, es decir, desorden y resistencia a cumplir normas de tránsito. Desde entonces, la “falta de seguridad ciudadana” fue el mayor problema percibido por la población, incluso más que la pobreza.

Así como en la década de 1980 se dio el “enrejamiento” de las propiedades y las casas en las ciudades, se ha dado un “enrejamiento” de parcelas y las propiedades agrarias. Al viajar actualmente por el campo peruano se ven por todas partes cercos espinosos y pircas que marcan el límite de parcelas. Solo donde la tierra es poco productiva no hay linderos, porque en realidad no hay mucho interés en cercarla. Incluso en la costa hemos encontrado rondas campesinas, como en la provincia de Huarmey y de Santa. Desde ese punto de visa, la aparición de rondas campesinas es expresión de la debilidad e incapacidad del Estado en dar seguridad a la población rural.

La capacidad de gestión: el “bebito” que estaba dentro del agua sucia que se botó

Con la reforma agraria se buscó superar situaciones de injusticia y desigualdad, que eran reales. Había que mejorar las condiciones de trabajo y salariales en las empresas agrarias privadas. Eso se pretendió eliminar al expulsar a propietarios privados (denominados en conjunto como “gamonales”), pero al mismo tiempo se eliminó algo que en ese momento no se valoraba: la capacidad de gestión que tenían esos empresarios. Se eliminaron ambas cosas a la vez: la propiedad privada de la tierra y junto a ella la capacidad de gestión. Hay que aclarar que en la década de 1960 la gran mayoría de los empresarios agrarios eran modernos, solo en lugares apartados de la sierra había algunos hacendados tradicionales; en ninguna parte había una dominación y sujeción personal de los trabajadores como se daba en la época de feudalismo agrario. Ya antes de la reforma, en el campo peruano predominaban relaciones laborales capitalistas, como mencionan todos los estudios llevados a cabo. En realidad, la reforma quiso “voltear la tortilla” social utilizando y manipulando sentimientos de revanchismo étnico, con un alto costo en términos de descapitalización del campo y colapso de la producción. La experiencia indica que los intentos “revolucionarios” generan más problemas de los que pretenden resolver. Pues la situación de pobreza y marginación del campesinado se mantuvo luego de la reforma.

Actualmente, en el período post reforma, todos los programas de apoyo a la competitividad agraria buscan fijar capacidades de gestión en el campo. El minifundismo requiere que pequeños productores se asocien, pero cualquier forma de asociación supone también capacidades de gestión. La prueba es que las únicas cooperativas que funcionan son aquellas donde hay gerentes eficientes y con capacidad de orientar el proceso productivo o de comercialización conjunta. Hoy estamos a la búsqueda del “bebito” que se botó junto al agua sucia hace 50 años. 

La Reforma agraria no ha contenido el terrorismo, más bien ha generado las condiciones para que dilague, en el campo y las ciudades.

El vacío de poder que se dio en el campo (anomia) y que luego contagió a las ciudades, intentó ser llenado por fuerzas políticas en auge que ingresaron a la pugna de poder; no solo del poder local sino del poder del Estado. Entre esos grupos, el más exitoso fue SL, que se introdujo en las empresas asociativas, acelerando su liquidación y planteando las consignas de “muerte a los corruptos” (la coartada perfecta). Desde ese punto de vista, hay relación entre el vacío de poder generado por la reforma agraria y el terrorismo de la década de 1980. Un Estado en retirada y colapsado económicamente, no tenía recursos económicos ni políticos para enfrentar ese embate.

La gran conclusión en vistas del futuro del campo

Con la reforma agraria se pretendió resolver el problema de la pobreza en el campo. Pero solamente fue beneficiada una parte minoritaria de los trabajadores agrarios, aquellos que trabajaban desde antes en las haciendas y una parte de las comunidades campesinas que fueron incluidas en sociedades agrícolas de interés social. Pues desde antes, la mayoría de los campesinos eran independientes y no formaban parte de ninguna empresa. La reforma agraria no creó empresas, sino las transformó en cooperativas.

El reto que enfrentamos hoy en el campo no es tanto el de redistribuir propiedad, sino de llevar capacidades de gestión en el campo, junto a servicios de asistencia técnica y crediticia, así como facilitar acceso a mercados. Eso es lo que demandan campesinos y pequeños productores agrarios.

Lampadia

La pandemia dejó al descubierto las brechas estructurales del Perú y de muchos otros países latinoamericanos. Por un lado, nuestro precario sistema de salud pública, junto a la terrible gestión de Vizcarra y de sus ministros de salud Víctor Zamora y Pilar Mazzetti – que subsiste en el gabinete Sagasti – no solo no permitieron una adecuada respuesta a la crisis sanitaria, sino que nos posicionó como el peor país en muertos por la covid-19 (ver Lampadia: Perú encabeza exceso de muertes por millón).

La debilidad de la salud pública en el Perú, se presenta a pesar que durante los últimos 20 años, el presupuesto público de salud creció un 7% anual en términos reales.

Asimismo, la destructiva cuarentena que impuso el gobierno en marzo del año pasado – que además no tomó en cuenta las altas tasas de informalidad y la baja bancarización de la población – nos sometió a la peor crisis económica de nuestra historia republicana y la peor caída económica del mundo, a pesar de los subsidios al ingreso dirigidos a los hogares más vulnerables.

En este contexto diversas voces se han alzado desde el ámbito político – no solo en nuestro país sino en toda nuestra región – sobre la necesidad de un “nuevo contrato social” que permita generar las condiciones para que más personas puedan acceder a servicios públicos de calidad y cuenten con un mínimo nivel adecuado de vida (ver artículo de The Economist a continuación).

Al respecto, si bien coincidimos con que deben realizarse reformas, consideramos que estas no deben pasar por retroceder en lo avanzado. Los pedidos de la izquierda en nuestro país por ejemplo se empecinan en forjar desde cero una nueva Constitución que le otorgue mayores funciones al Estado. Pero es justamente el Estado, como ya explicamos, el que no ha estado a la altura de las necesidades de gestión. Su incapacidad generó una calamidad con la pandemia, exacerbando la crisis con su mal manejo y generando la tragedia de la que aún somos parte. Además ha sido su complejo de “Superman”, lo que ha hecho nula su cooperación con el sector privado, no solo en el tema sanitario, sino también en otros ámbitos que hubieran gestado mejores servicios públicos desde antes de la pandemia, como son los mecanismos de inversión de cofinanciamiento privado (ver Lampadia: Lecciones para impulsar la inversión pública). El impulso de estos esquemas de inversión, que se han venido menguando con el tiempo como porcentaje de la inversión pública (ver gráfico líneas abajo), no sólo hubieran generado mejores hospitales y postas médicas con mejor equipamiento, sino mayor empleo de calidad.

Fuente: SIAF-MEF,BCRP y Proinversión, 2020. Elaboración CPC

Como dice Carlos Oliva, el tema es mejorar la eficiencia del Estado. No es darle más responsabilidades. Ni siquiera con lo que está en la Constitución puede, entonces como le quieres dar una mayor preponderancia en el capítulo económico. Donde miremos, lo que es responsabilidad del Estado, no lo estamos cumpliendo. Por lo tanto, el análisis para mejorar tendría que ser al revés. Pásale a otros lo que no puedes hacer. Ver en Lampadia: Cambiar la Constitución no resuelve nada.

Es necesario pues que ad portas de las elecciones reflexionemos sobre las propuestas de los candidatos cuya bandera se alza en agigantar el Estado, pues ya sabemos de qué pie cojean. No volvamos a caer en esta trampa populista de nuevo, como caímos en los años 70-80, la cual nos estancó por 30 años. Será, por el contrario, el camino de la reducción y la racionalización del Estado, así como la cooperación con los privados y la sociedad civil, lo que realmente nos hará tener mejores prospectos en los años venideros. Lampadia

América Latina necesita un nuevo contrato social

Pero debe ser realista

The Economist
6 de febrero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

En la ciudad de México y Lima, los pacientes con covid-19 vuelven a ser rechazados en hospitales sin camas de sobra, mientras que en Manaus, en el norte de Brasil, una nueva variante del virus está matando a cien personas al día. La recesión de la pandemia empujó a 33 millones de latinoamericanos por debajo de la línea de pobreza de 5,50 dólares al día el año pasado, según el Banco Mundial. Los gobiernos de la región están luchando por alinear las vacunas. Por tanto, puede parecer un momento extraño hablar de un nuevo contrato social: una abstracción.

Sin embargo, el término se ha convertido en un mantra en América Latina. Tanto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la OCDE, un grupo de países principalmente ricos, están trabajando en importantes informes relacionados con el tema. Esto se debe a que la pandemia ha dejado al descubierto fragilidades de larga data. Los planes de salud y protección social de la región están fragmentados y son desiguales. Sus economías se han estancado durante los últimos seis años, en gran parte debido a la baja productividad. Los sistemas políticos están desacreditados. Los ciudadanos están enojados. La gente siente que las democracias latinoamericanas no pueden seguir así. La pregunta es cuánto y con qué rapidez pueden cambiar.

Para algunos de la izquierda, un nuevo contrato social ofrece un espejismo de convertir América Latina en Escandinavia con un chasquido de dedos de un burócrata internacional. Otros piensan en una nueva constitución. En Chile, en abril se elegirá una asamblea para redactar una; es probable que exija más prestaciones sociales estatales. La izquierda en Perú también quiere una nueva constitución, para darle un mayor papel económico al estado. Algunas personas de la derecha temen un deslizamiento hacia el socialismo.

Algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, tienen estados de bienestar de base amplia. En otros, se han superado los regímenes de seguridad social contributiva de Bismarck, establecidos a mediados del siglo XX. En promedio, la mitad de la población trabaja en la economía informal y está fuera de estos esquemas. Los gobiernos han ofrecido algunos beneficios no contributivos a estas personas, creando incentivos para permanecer informales. Las ideas más sensatas para un nuevo contrato social enfatizan tres cosas: crear un piso de protección social universal; aumentar los impuestos para pagar esto; y aumentar la participación de los ciudadanos en la política de manera que fortalezca la democracia representativa.

La pandemia ha puesto de relieve el problema de la informalidad, con trabajadores que violan los cierres para ganarse la vida diaria. Los reformadores sostienen que todos los latinoamericanos, cualquiera que sea su situación en el mercado laboral, deberían ser elegibles para el seguro de desempleo financiado por los contribuyentes y las pensiones básicas de jubilación e invalidez. Eso significaría reservar financiación contributiva para seguros complementarios y planes de pensiones. Esto alentaría el empleo formal con menores costos de nómina. Los planes de transferencias de efectivo condicionadas pueden ofrecer un ingreso mínimo para los ciudadanos más pobres.

Estos cambios costarían anualmente alrededor del 3% del PBI, estima Luis Felipe López-Calva, jefe del PNUD para América Latina. Cree que esto podría pagarse en parte aumentando los impuestos a la propiedad, que recaudan solo alrededor del 0.5% del PBI en América Latina, en comparación con alrededor del 3% en Europa.

El dinero será especialmente escaso durante los próximos años y hay muchas necesidades urgentes. Estos incluyen, inmediatamente, implementar programas de vacunación y hacer que las escuelas vuelvan a funcionar. Muchos países necesitan gastar más en infraestructura de transporte y educación. Los gobiernos están acumulando deudas que tendrán que pagar. Los reformadores proponen un plan mediante el cual nuevas medidas de protección social e impuestos y otras reformas entran en vigor, digamos, en tres años.

Habrá resistencia. Tomemos a Colombia. “La clase media alta dice ‘basta’”, dice Sergio Clavijo, un economista colombiano. Señala que la tasa máxima del impuesto sobre la renta ha aumentado constantemente (hasta el 39%) y que los colombianos acomodados pagan un impuesto sobre el patrimonio. Aboga por cerrar las lagunas a través de las cuales los ricos evitan impuestos y ampliar la base impositiva (solo 1 millón de colombianos paga impuestos sobre la renta). Ambos pasos tomarán tiempo.

Con legislaturas y partidos políticos en descrédito en muchos países, se necesita un debate público más amplio para establecer prioridades, que reúna a políticos, empresarios, sindicatos y otros grupos sociales y cívicos. Uno de esos ejercicios comenzará pronto en Panamá. “Si no reunimos a la gente para discutir el camino a seguir, la alternativa es muy caótica, probablemente con mucho descontento”, dice López-Calva. “Esto no es fácil. Pero es la mejor manera de capear la tormenta”. Lampadia

Líneas abajo reproducimos un interesante artículo publicado recientemente por The Economist en el que se reseña cómo se ha desenvuelto la filantropía en nuestra región en el complicado escenario de la pandemia y los obstáculos que ha encontrado en el camino para proveer ayuda a los más afectados por la crisis tanto por el lado sanitario como económico.

Más allá de las razones culturales, y coyunturales de la propia pandemia que limitan el acopio de recursos de las ONG y de otro grupos sin fines de lucro, The Economist destaca a la asfixiante carga burocrática, tanto para crear como para direccionar libremente los fondos de ayuda, como una de las principales causales de que la filantropía en la región no pueda despegar plenamente, cosa que sí pasa en el mundo desarrollado, en el que inclusive, como comentamos recientemente en Lampadia: Filantropía en tiempos de pandemia, será determinante para proveer de vacunas masivamente.

Es pues indispensable generar mecanismos desde la política pública que no restrinjan, sino por el contrario, liberalicen los fondos filantrópicos en la región, más aún en el Perú en el que claramente se ha visto cómo el estado ha fallado en su batalla contra el covid, mientras que el empresariado y la sociedad civil siempre se han mostrado propositivos a ayudar a la gente más necesitada son sus cadenas de distribución, a través del apoyo y donaciones de diversa índole, como se ha visto en los gremios con los ventiladores mecánicos y la iglesia católica – a través de Caritas Perú – con kits de alimentos básicos, aseo y limpieza.

En el Perú, contrario a lo que se cree, sí existen personas acomodadas y de clase media con ganas de ayudar solo que no se visibilizan lo suficiente desde el sector público, tal vez por razones ideológicas, pero también porque no se ofrecen facilidades para el desarrollo de estas iniciativas privadas. Lampadia

Las dificultades para hacer el bien en América Latina

La región tiene muy poca filantropía

The Economist
5 de noviembre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Después de que la pandemia azotó a Chile, diez organizaciones benéficas formaron el Fondo Respuesta Comunitaria para aliviar el hambre y la pobreza. Proporciona dinero para unos 200 proyectos, en su mayoría ollas comunes (comedores populares). En Colombia, la Fundación Santo Domingo está dando 100,000 millones de pesos (26 millones de dólares) para pagar alimentos y una línea directa para casos de abuso doméstico, entre otras cosas. La Fundación Carlos Slim, respaldada por el hombre más rico de México, destinó 1,000 millones de pesos (47 millones de dólares) para tratar el covid-19 en ese país.

La pandemia ha dado un impulso a la filantropía en América Latina, pero también es una amenaza. Los donantes tienen menos dinero para dar o lo están transfiriendo a la salud pública por otras buenas causas. Casi la mitad de las ONG en Chile pueden no sobrevivir, teme Sylvia Eyzaguirre del Centro de Estudios Públicos (CEP), un think tank. Las perspectivas son igualmente sombrías en Colombia, donde muchas organizaciones benéficas dependen de eventos como galas y noches de bingo, que no pueden suceder en tiempos de covid. En demasiados países, la burocracia y la política se suman a las cargas. Por el bien de su salud política y social, América Latina necesita más actividad caritativa, no menos.

La filantropía es frágil en parte porque está menos arraigada que en otros lugares, especialmente en EEUU y Europa. En la época colonial, la iglesia católica curaba a los enfermos y ayudaba a los pobres. Los estados centralizadores asumieron esas responsabilidades, aunque no con tanta eficacia como en el mundo rico. “La filantropía y las asociaciones [de la sociedad civil] eran una especie de tributaria menor y no formaban parte de la historia principal del desarrollo de esas naciones”, dice Michael Layton del Centro Johnson para la Filantropía de la Grand Valley State University en Michigan.

Los países latinoamericanos con mayores sectores filantrópicos son México y Colombia, según un estudio publicado en 2018. Allí los activos de las fundaciones valen el 1% del PBI anual, frente al 4.8% en EEUU. La gente común parece menos altruista que en otras regiones, aunque la tradición de dar limosna a través de la iglesia sigue siendo fuerte. En un índice global de donaciones elaborado por Charities Aid Foundation, el único país latinoamericano entre los 20 primeros es Haití.

La región paga un alto precio por los bajos niveles de generosidad. La población de universidades sin fines de lucro, museos, clubes de observación de aves y similares es escasa. A diferencia del mundo rico, los gobiernos no les dan mucho dinero. A nivel mundial, las organizaciones sin fines de lucro representan el 5.7% del empleo; en México, Colombia y Perú eso es 3% o menos, según Lester Salamon de la Johns Hopkins University en Maryland.

América Latina tiene muy pocos grupos que canalicen las quejas de los ciudadanos en propuestas que los gobiernos podrían adoptar, lo que aumenta la probabilidad de conflictos. Si los ricos, que están subestimados, regalaran más dinero, los altos niveles de desigualdad podrían molestar menos.

Recientemente, se han vuelto más generosos. Más de la mitad de los grupos filantrópicos de la región se han fundado desde 2000, según un estudio publicado por la Universidad del Pacífico en Perú. Pero la ley, y cada vez más la política, ponen obstáculos. En muchos países, registrar una organización benéfica es difícil. Chile tiene unas 60 leyes que rigen el tratamiento fiscal de las donaciones. Los donantes pueden dar dinero libre de impuestos a instituciones culturales, pero no a grupos ambientalistas o de derechos humanos.

Hay un impulso para cambiar eso en Chile, hecho más urgente por las violentas protestas del año pasado contra la desigualdad y los servicios públicos deficientes. Los think-tanks de izquierda y derecha están presionando juntos por una ley que facilite las donaciones.

Donde gobiernan los autoritarios, la vida se vuelve más difícil para los grupos que se benefician de la filantropía. Jair Bolsonaro, el presidente de derecha de Brasil, ha hecho una guerra retórica contra los defensores del medio ambiente. El presidente de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, ha atacado a grupos ambientalistas que se oponen a los proyectos de infraestructura para mascotas, como el tren maya en la península de Yucatán. Este mes, el Senado de México aprobó una ley para quitar la exención de impuestos a los grupos que obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades no relacionadas con sus objetivos caritativos. Eso perjudicaría a grupos como las universidades que llegan a fin de mes, por ejemplo, operando librerías. El proyecto de ley es “un profundo ataque a la independencia de las organizaciones sin fines de lucro”, dice Layton.

El debilitamiento de los bienhechores puede hacer la vida más cómoda para presidentes prepotentes como Bolsonaro y López Obrador. Pero una región traumatizada por la pandemia y la pobreza en aumento necesita más filantropía, no menos. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Que difícil es interpretar los tiempos presentes, especialmente cuando son cambiantes y turbulentos.

Veamos el caso de Chile, un país que se convirtió en el modelo de desarrollo, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, incluyendo a los países de la ex órbita soviética.

Veamos primero las realizaciones objetivas de Chile con su Constitución:

• La inflación  alcanzó un pico de más del 500% en 1973, cayó por debajo del 10% en la década de 1990 y por debajo del 5% en los años 2000 (Banco Mundial 2019).
• Entre 1975 y 2015, el ingreso per cápita en Chile se cuadruplicó hasta alcanzar los 23,000 dólares, el más alto de América Latina.
• Desde principios de la década de 1980 hasta 2014, la pobreza se redujo del 45% al 8%.
• En 1982 sólo el 27% de los chilenos tenía un televisor. En 2014, el 97% lo tenía.
• Lo mismo ocurre con los refrigeradores (del 49% al 96%), lavadoras (del 35% al 9%), los automóviles (del 18% al 48%).
• La esperanza de vida aumentó de 69 a 79 años.
• El hacinamiento en las viviendas se redujo del 56% al 17%.
• La clase media aumentó de 23.7% en 1990 a 64.3% en 2015.
• la pobreza extrema se redujo del 34.5% a 2.5%.
• El acceso a la educación superior se multiplicó por cinco, beneficiando principalmente al quintil más bajo, cuyo acceso a la educación superior se multiplicó por ocho.
• Entre 1990 y 2015 los ingresos del 10% más rico crecieron un total de 30%, los ingresos del 10% más pobre experimentaron un aumento del 145%.
• El índice de Gini cayó de 52.1 en 1990 a 47.6 en 2015.
• La desigualdad de ingresos dentro de diferentes generaciones, tuvo una mayor la reducción.
• El índice de Palma, que mide la desigualdad de ingresos del 10% más rico en relación con el 40% más pobre, se redujo de 3.58 a 2.78 mientras que la relación entre los ingresos de los quintiles más bajos y los más altos disminuyó de 14.8 a 10.8.
• La OCDE (2017) mostró que Chile tenía mayor movilidad social que todos los demás países de la OCDE.
• Chile también ocupaba la posición más alta entre las naciones latinoamericanas en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.

Ver fuente en Lampadia, en el ensayo de Axel Kaiser, publicado en el Cato Journal: La paradoja del bienestar y la furia – La Caída de Chile.

Por otro lado, Darío Paya, Presidente del Leadership Institute de Chile, nos dice que:

• Si ves las generaciones como la mía y posteriores, los niveles de desigualdad en Chile nos ponen en el sétimo lugar de la OCDE, equivalentes a Francia.
• La verdad es que nos estábamos haciendo más iguales, generación por generación; pero la izquierda repite y repite lo contrario al punto que gente de la derecha lo empezó a repetir.
• En política, las cosas que son falsas, pero que la gente cree que son ciertas, producen el mismo efecto que producirían si fueran ciertas.
• Entonces al final nosotros hemos llegado a donde llegamos por una mezcla de mentiras y falta de coraje y perseverancia de la gente que sabía que no era verdad, una espiral de silencio.
• La crisis estalla no tanto por la desigualdad, si no por una sensación de desconfianza en la que se piensa que no te va bien porque alguien es culpable.
• Se construyó una narrativa de que algunos pocos controlaban todo y se aprovechaban de tu suerte.
• Piñera en su primer gobierno hizo suya esta agenda anti abusos y la validó políticamente.

Ver en Lampadia: Chile al borde del abismo.

¿Qué nos dice Kaiser (Presidente de la Fundación para el Progreso – Chile) sobre esa contradicción entre un país que prosperó como pocos en el mundo y el ensañamiento de las hordas destructoras de la paz en Chile?

• Parte de la explicación de la rabia mostrada por la población chilena tiene que ver con el colapso de la confianza pública en las instituciones cívicas y estatales tradicionales, incluyendo la democracia.
• Chile también ha experimentado un descenso sistemático en la percepción de corrupción.
• La ineficiencia crónica contribuyó a la pérdida de legitimidad de las instituciones estatales.
• La reciente disminución de la confianza pública en el sector privado y en las instituciones estatales de Chile contribuyó al clima de descontento y frustración.
• Pero esto por sí solo no puede explicar la salida de Chile de la fórmula de libre mercado que lo hizo tan exitoso. Si las élites y la población general de Chile entendieran realmente que las instituciones de libre mercado son cruciales para que el país continúe su camino hacia la prosperidad, entonces grandes grupos entre los manifestantes y las élites políticas e intelectuales, no estarían exigiendo cambios drásticos en lo que se denomina despectivamente como el sistema “neoliberal” de Chile.
• La igualdad material, la vieja obsesión de la izquierda, se convirtió en el credo de la mayoría de la clase política e intelectual de Chile.
• Los resultados de esta narrativa igualitaria fueron cambios institucionales graduales que, a lo largo de los años, llevaron a la disminución de las tasas de crecimiento económico.
• Debido a la persistencia de la narrativa igualitaria a lo largo de los años, gran parte del público compró la idea de que el neoliberalismo había llevado a más desigualdad e injusticias a pesar de que la desigualdad de ingresos estaba disminuyendo. 
• La centroderecha tampoco se dedicó a una fuerte defensa de los principios de mercado.
• El poder de las ideas e ideologías es mucho mayor que el atractivo de los hechos.
• Chile confirma la vieja lección liberal clásica de que no hay esperanza para la supervivencia del libre mercado sin el argumento moral de la libertad económica. Dicho caso moral y cultural a favor de la libertad económica, que debe ser aceptado por el público, debe ser ante todo generado —al menos en parte— por la élite intelectual, política y económica.

Ver en Lampadia: La paradoja del bienestar y la furia – La Caída de Chile.

El caso de Chile, por la contundencia de sus realizaciones económicas, sociales e institucionales es el mejor ejemplo de que todos los logros se pueden opacar con el inmenso poder de la palabra, si se logra introducir una narrativa persistente y efectiva. Algo que requiere tiempo, por supuesto, y dos socios importantes: el silencio de los intelectuales,  académicos y empresarios conocedores y partícipes del desarrollo, y la debilidad de los tontos útiles que terminan asumiendo el lenguaje de las narrativas interesadas, como en Chile, con la persistencia de la prédica de la desigualdad, que fue asumida incluso por el empresario presidente Sebastián Piñera.

Lamentablemente, los gobiernos liberales y de centro derecha, a diferencia de los gobiernos de izquierda, no se caracterizan por promover la difusión de sus logros, como lo hacen los segundos. Llegando a los casos extremos de las izquierdas más radicales y empobrecedoras, que viven de la mentira, que viven reescribiendo la historia, e inventando enemigos.

En el Perú ya hemos sido víctimas de narrativas perversas, como las referidas a la explotación de los recursos naturales, con el verbo del pos-extractivismo, que han parado buena parte de nuestros proyectos productivos.

Ningún país, por más exitoso que sea, puede dejar de comunicarse con su población y de educar a sus jóvenes sobre las ideas fuerza de sus caminos de prosperidad. Veamos sino, los traspiés de EEUU con Trump y del Reino Unido con el Brexit.

Analicemos pues con cuidado el caso chileno. No nos dejemos llevar por las envolturas mediáticas ni por el aprovechamiento político de fenómenos complejos. Lampadia

Hace pocos días se reveló la lamentable muerte de quien fuera el creador de Mafalda, el argentino Joaquín Lavado, conocido como “Quino” en la entrañable tira de historietas protagonizada por aquella niña de particular personalidad y férreo temperamento hacia los males de su sociedad.

Múltiples medios internacionales y personajes políticos han destacado el trabajo de Quino por lo que vale la pena reseñar porqué, a pesar de la discontinuidad de Mafalda – estuvo en producción menos de una década entre los años 60 y 70 – sus historias mantienen mucha vigencia hoy en día, en particular, para los latinoamericanos.

Un breve artículo de The Economist que compartimos líneas abajo describe cómo la sátira reflejada en las conversaciones entabladas por Mafalda hacia personajes de su entorno expresa lo que vendría a ser su principal atributo: una crítica constante a los autoritarismos de los Estados, así como su ineficacia para la resolución de problemas sociales, un flagelo que todavía seguimos lamentablemente arrastrando en buena parte de la región, incluido nuestro país. Mafalda también es muy crítica del establishment y asume todas las causas de defensa del individuo.

Sentó pues las bases de lo que sería una suerte de arte de reclamo entretenido hacia los políticos de turno, la cual al día de hoy se sigue utilizando ya no solo a través de los cómics, sino también de la imitación y de otras formas de expresión, que como comenta The Economist, en muchos casos han conducido a censuras y hasta apresamientos.

Veamos el halago de The Economist hacia Mafalda. Lampadia

El significado de Mafalda
Aunque su creador ha muerto, su espíritu satírico vive en América Latina

The Economist
15 de octubre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

La tira cómica apareció apenas nueve años, entre 1964 y 1973, en Argentina. Sin embargo, Mafalda ocupa un lugar único y duradero en la cultura popular latinoamericana. Eso se reflejó en la aclamación y el cariño que le brindó a su creador, Joaquín Lavado, fallecido el 30 de septiembre. La heroína de la tira era una niña regordeta, rebelde y de cabello castaño de seis años. Con la lógica implacable de los niños (pero bastante más sofisticada que la mayoría), interrogaba la vida doméstica, su país y el mundo, y generalmente los encontraba deficientes.

Mafalda era más política que Peanuts y más moderna que Asterix, pero gozaba de una popularidad similar. Lavado, quien dibujó bajo el apodo de Quino de su infancia, distribuyó las tiras en América Latina y el sur de Europa. Fueron traducidos a 26 idiomas y todavía se vuelven a publicar hoy. Mafalda ha vendido más de 20 millones de libros, así como camisetas, tazas y otros objetos de interés. Las historietas originales reflejan un medio y una época particulares: la Argentina de clase media en las turbulentas décadas de 1960 y 1970. Pero gran parte del ingenio de Mafalda es universal y se siente fresco incluso hoy. Ella juega un papel destacado en una larga y continuada tradición de sátira política en América Latina.

Umberto Eco, un escritor italiano, fue uno de los primeros fanáticos. Mafalda, escribió, es “una heroína iracunda que rechaza el mundo tal como es … defendiendo su derecho a seguir siendo una niña que no quiere hacerse cargo de un mundo arruinado por los adultos”. Era una rebelde nativa y odiaba la sopa. En una tira lee la receta de un caldo de verduras en un periódico. Quiere someter a juicio los ingredientes por “asociación ilícita”.

Ella fue una de las primeras feministas. “Lo malo de la familia humana es que todo el mundo quiere ser padre”, dice. Si su madre no hubiera abandonado la universidad para casarse, “tendrías un título en tus manos y no un montón de camisas”, le dice. Lleva a su padre, un oficinista afable cuyo pasatiempo son las plantas en macetas, a la distracción con sus preguntas. La carrera espacial, la guerra de Vietnam, los Beatles, los trajes de baño y la inflación, que ya es un problema creciente en Argentina, hacen acto de presencia.

Mafalda se desespera por el estado del mundo. Luego de un golpe militar en Argentina en 1966, contempla un grafito que dice: “Basta de censu… [ra]”, Quino rápidamente presentó a un nuevo miembro a su grupo de amigos en la tira, una niña llamada Libertad que es una enana. Pero Mafalda no es una izquierdista furiosa. Quizás en su mayor desdén político afirma que “la sopa es para la infancia lo que el comunismo es para la democracia”. Pero también es despiadada con las fallas del establishment y del Estado argentino. Ella llama a su tortuga mascota “Burocracia”. Cuando ella y sus amigos deciden jugar a ser el gobierno, le dice a su madre: “No te preocupes, no vamos a hacer absolutamente nada”. En el fondo, es una potencia progresista liberal que desconfía de todo tipo.

Quizás sea este desprecio sospechoso del Estado lo que convirtió a Mafalda en un éxito en una región que con demasiada frecuencia ha sido mal gobernada. En América Latina, como en otras partes, la sátira ha sido durante mucho tiempo un arma contra el abuso de poder. Mafalda fue parte de su época dorada. Los años sesenta y setenta fueron “un buen momento” para ser dibujante, reflexionó mucho más tarde Quino, porque “había tanto conflicto”.

Eso todavía se aplica. El humor puede estar más globalizado: han aparecido cómics en la región y los memes en las redes sociales transmiten la sátira de los EEUU. Pero las formas más tradicionales todavía provocan la ira oficial, recientemente la de los autócratas de izquierda. En 2011, el régimen de Hugo Chávez en Venezuela cerró una revista satírica y arrestó a su personal. El gobierno ha multado repetidamente a TalCual, un periódico, por sus pasquines. Rafael Correa, cuando era presidente de Ecuador, organizó una multa contra un periódico por una caricatura. En Nicaragua, las amenazas del régimen de Daniel Ortega obligaron a huir en 2018 al caricaturista Pedro X. Molina. Mafalda habría condenado a esos déspotas a toda una vida de sopa. Lampadia

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

Las terribles secuelas económicas y sociales que está dejando la pandemia son especialmente acuciantes para América Latina por los agudos retrocesos que se encuentra infringiendo en su vasta clase media – cimentada gracias al vigoroso crecimiento económico que había experimentado en la década de los 2000 (ver Lampadia: ¿Una década perdida en América Latina?). Si bien no hay proyecciones para la región, en el caso peruano la caída de la clase media sería de hasta 7 puntos porcentuales – pasando del 47 a 40% –  que implican 2.2 millones de peruanos menos en este segmento socioeconómico, según estimados por Macroconsult (ver Lampadia: Se empobrece la clase media en el Perú).

Ello porque, si bien el virus ha empezado a ceder en buena parte de la región – salvo algunos países como Argentina – y los gobiernos continúan con la liberalización de las actividades, varios emprendimientos que eran el sostén de estas familias han quebrado o han visto reducir dramáticamente sus ventas ante la caída de los niveles de gasto de los consumidores en buena parte de los sectores que operan como comercio y servicios, producto del incremento del desempleo y la caída de los ingresos. Por citar sólo una cifra dramática, la CEPAL estima que el 19% de firmas (2.7 millones) de la región podría cerrar antes de finales de 2020, siendo la caída de las microempresas del orden del 21% y de las medianas del 7.3%. En términos de pérdida de empleo esta quiebra de empresas implicaría una pérdida de más 8.5 millones de empleos.

Fuente: Mypimes y el COVID-19 – CEPAL (2020)

La caída de la clase media también guarda consonancia con las proyecciones del BID que hablan de un incremento de por lo menos 7 puntos porcentuales de pobres latinos (45 millones nuevos pobres), efecto que se exacerba en el Perú con un incremento de casi 10 p.p. (3 millones de nuevos pobres), como han comentado algunos analistas económicos locales. De cumplirse este pronóstico, estaríamos hablando de un retroceso de una década en materia social, período en el que gracias a la apertura de nuestra economía y el impulso de la inversión privada, pudimos reducir sostenidamente este índice, aunque con menor reciedumbre desde el 2014 (ver gráfico líneas abajo).

Fuente: Covid-19, pobreza monetaria y desigualdad – Pablo Lavado & César Liendo (2020)

Como comenta The Economist en un breve artículo que compartimos líneas abajo, estos incrementos de la pobreza se están observando en toda la región y se explican mayoritariamente por el segmento más vulnerable de la clase media. Asimismo, ilustra cómo algunos países de la región vienen paliando este problema, con aciertos y desaciertos. Dado por supuesto que el golpe de la pandemia está afectando en mayor proporción a este estrato medio de la población, The Economist concluye que la desigualdad también se incrementaría, lo cual conllevaría mayores riesgos políticos en países que están cercanos a procesos electores como el nuestro. Este escenario, como hemos comentado antes (ver Lampadia: Un peligroso populismo se cierne en el Perú), suscita suficiente caldo de cultivo para que candidatos populistas vendan gato por liebre, prometiendo bienestar a la población con medidas trasnochadas y cortoplacistas que a la larga perjudicarían a los más pobres.

Pero así como hay riesgos también hemos comentado que hay oportunidades pues prevalece la posibilidad de contrarrestar este populismo, con uno de las libertades económicas (ver Lampadia: Un populismo de las libertades económicas). Este discurso, cuya principal base se sostendría en proponer medidas audaces que permitan eximir a los pequeños y medianos emprendimientos de la asfixiante carga laboral y tributaria que les impone el Estado para reactivarse en el plazo inmediato, podría calar en el electorado peruano cuya mayoría labora en la economía informal y cuyo sustento de vida ha sido claramente deteriorado en esta pandemia. Si bien hay candidatos que ya estarían alineados ideológicamente a estas propuestas (ver Lampadia: Las posiciones neutrales o de centro (en lo económico) , tendrán menos votos), consideramos que deben hacerse alianzas entre ellos para alinear la multiplicidad de sus planes, de manera que la población pueda deliberar con mayor facilidad sus ideas, acaparando más votos. Si es que esta suerte coalición liberal llega a tener buen puerto podría contribuir a que el Perú retome aquel camino que le permitió hacer las cosas bien – el que lo volvió una estrella internacional en la región en el siglo XXI desde los escombros en los que se encontraba en los años 80. Ello es fundamental para que el Perú siga consolidando esa clase media emergente que ha sido uno de sus principales sostenes de su economía. Lampadia

Los nuevos pobres de América Latina
La pandemia está revirtiendo años de progreso en pobreza y desigualdad

The Economist
10 de octubre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Cuando la pandemia golpeó a Piura, una ciudad en el norte de Perú, Daniel Zapata tenía un trabajo a tiempo parcial en una empresa de investigación de mercado. Los 250 soles (70 dólares) que ganaba cada mes pagaban sus cuotas por un curso de tres años en administración de empresas. La recesión del covid-19 puso fin a todo eso. La firma cerró y Zapata, que tiene 20 años y vive con sus padres y una hermana, abandonó sus estudios. La familia recibió 760 soles en ayuda de emergencia del gobierno de Perú. Con el cierre terminado, ahora deben depender de los ingresos de su hermana como maestra y de la pensión de su padre por los años que trabajó en una fábrica textil. Habiendo vivido en el nivel más bajo de la clase media, Zapata está mirando hacia el abismo de la pobreza. Espera poco de las elecciones generales del próximo abril. Los políticos “simplemente se pelean en lugar de trabajar”, dice.

La recesión del covid-19 está acabando con años de progreso en América Latina en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Los economistas están empezando a trazar un mapa de cuán grande es el impacto social de la pandemia. Muchos gobiernos impusieron bloqueos prolongados. Estos afectan especialmente a la mitad de los latinoamericanos que trabajan en la economía informal. Muchos países, como Perú, compensan parte de la pérdida de ingresos ampliando los programas de ayuda para los pobres. Eso ha ayudado, pero no lo suficiente, y es posible que el esfuerzo no sea sostenible.

Se prevé que la economía de la región se contraiga un 9,1% este año, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. [Con el Perú liderando la caída]. Dice que esto significa que 45 millones de personas volverán a caer en la pobreza (llevando el total al 37% de la población). La tasa de desempleo ha aumentado 2.2 puntos porcentuales hasta el 11% en nueve países para los que se dispone de datos, informa la Organización Internacional del Trabajo. Los ingresos por salarios en América Latina han caído un 19.3%, en comparación con un promedio mundial del 10.7%.

Estas estimaciones asumen que todos pierden un porcentaje similar de sus ingresos. Nora Lustig, economista argentina, y su equipo de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans han utilizado encuestas de hogares para determinar qué grupos perdieron más ingresos y recibieron más del gobierno en Brasil, México, Colombia y áreas urbanas de Argentina, que en conjunto representan dos tercios de la población total de América Latina. Piensan que los mayores perdedores serán las clases medias bajas de la región, porque los programas de asistencia social proporcionan un piso de ingresos para muchos de los pobres. Aunque las mujeres, los afrodescendientes y los pueblos indígenas tienen más probabilidades de perder ingresos, reciben más ayuda del gobierno.

Lustig cree que el año puede terminar con hasta 21 millones de nuevos pobres en esos cuatro países. El impacto es mucho mayor en México que en Brasil, debido a las políticas gubernamentales contrastantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice ser de izquierda y su lema de campaña fue “Primero, los pobres”. Sin embargo, ha hecho poco para ayudar a los más pobres. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es de extrema derecha. Pero su gobierno ha realizado un pago de emergencia de 107 dólares al mes durante cinco meses, del que se han beneficiado 53 millones de personas. El pago se ha extendido, aunque por un monto menor. La pobreza podría incluso disminuir levemente en Brasil, mientras que en México habrá al menos 10 millones de nuevos pobres.

El daño durará. A pesar de que la pandemia finalmente está comenzando a menguar en la región, al menos por ahora, y muchas economías se han abierto nuevamente, la demanda seguirá deprimida porque las empresas y los trabajadores son más pobres. Investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo han descubierto que, en recesiones pasadas, cuando el PBI se contraía un 5% o más, el desempleo tardaba un promedio de nueve años en volver a su nivel anterior.

Si la recesión inducida por la pandemia es como las anteriores, revertirá gran parte del progreso reciente de América Latina en la reducción de la desigualdad. Las causas de ese progreso incluyeron la expansión de la educación y una mayor demanda de trabajadores no calificados en las empresas de servicios. Es mucho menos probable que las personas en dificultades puedan trabajar de forma remota. Los muchos trabajadores poco calificados cuyos trabajos requieren contacto personal (camareros, peluqueros, etc.) pueden ver caer sus salarios.

Incluso antes de la pandemia, América Latina era muy desigual. La frustración por el lento crecimiento económico, la falta de oportunidades y una clase política desacreditada se manifestó en la elección de presidentes populistas y en las protestas callejeras en varios países. Las decenas de millones de nuevos pobres tienen motivos de resentimiento. Puede que no acepten su destino en silencio. Es probable que eso dé forma a la política de la región en los próximos años. Lampadia