EDITORIAL DE LAMPADIA

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La gran limitación de los sistemas de pensiones en el Perú es la falta de cobertura, pues más del 70% de los peruanos no tienen acceso efectivo a un régimen pensionario.

Por lo tanto, la obligación del Estado es facilitar el acceso de todos los peruanos a un sistema de pensiones, obligación que ha sido ignorada olímpicamente por la comisión del Congreso. La comisión Omonte, se dedicó más bien a malograr el único componente pensionario que funciona bastante bien, el Sistema Privado de Pensiones (SPP), sistema que ha sabido cautelar los ahorros de los ciudadanos, multiplicar sus aportes y mejorar sustancialmente nuestras experiencias con los sistemas de reparto.

Lo que propone la malograda comisión es que el Estado tome el control del sistema de pensiones, estatizar su manejo y poner, en manos de la política de turno, el destino de los ahorros pensionarios. Una propuesta absolutamente desenfocada que no resuelve ningún problema, solo destruye.

El nuevo monstruo estatal estaría a cargo de

• recaudar los aportes de los ciudadanos,
• de acreditarlos a algún operador financiero,
• de determinar el destino de las inversiones de los fondos de pensiones y
• de licitar las empresas financieras que administrarían los fondos. Un sistema claramente ineficiente y vulnerable a la mala política.

Ver en Lampadia: El asalto ha llegado. Estatizan las pensiones.

El ciudadano perdería su capacidad de elegir donde cautelar su ahorro previsional. Además, se propone que el Estado capture parte de los ahorros individuales para alimentar un sistema solidario de reparto, una función que debiera recaer en el erario nacional.

Este es el producto de una comisión que escucha, pero no entiende. Ha hecho caso omiso de las advertencias del BCR, de la SBS, del MEF, y de cuanto experto desfiló por el espacio congresal, para solo calentar asientos.

¿Torpeza? ¿Mala leche? ¿Politiquería? ¿Agendas políticas escondidas? Juzgue usted estimado lector.

Hasta ahora, la única propuesta que permitiría universalizar las pensiones y hacerlas sostenibles, es humildemente, la propuesta de Lampadia, que se basa en usar parte de los pagos por IGV que hacen los ciudadanos desde los 18 años, a cuentas individuales.

Para facilitar el análisis de este importante tema, líneas abajo presentamos los antecedentes del SPP, la situación actual y el detalle de nuestra propuesta de solución. 

Antecedentes

El Perú fue uno de los primeros países en el mundo, en adoptar un sistema previsional de capitalización individual, que permite superar la trampa de los quiebres de financiamiento que han perseguido a todos los países desde la instauración de los sistemas de pensiones estatales en 1883, por iniciativa de Otto von Bismark, el ‘Canciller de Hierro’ de Prusia y unificador de Alemania.

En 1980, José Piñera ideó un sistema de pensiones contributivo de capitalización individual. Desde entonces, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha sido adoptado por muchos países, que han encontrado en él, la posibilidad de ofrecer pensiones sostenibles que no absorban parte importante de los siempre escasos recursos públicos.

Como toda creación humana, este sistema tiene que irse adaptando en el tiempo a cambios estructurales, como, por ejemplo, el incremento de la esperanza de vida. Una realidad demográfica que afecta todos los esquemas pensionarios, que eventualmente debería llevar a incrementar los años de trabajo. Sin embargo, las políticas populistas propician jubilaciones más tempranas.

Más allá de las necesidades de hacer ajustes, el SPP es una clara expresión de capitalismo popular, que liberó a los jubilados del Estado, de su condición de rehenes de la politiquería de las izquierdas de las ‘ideas muertas’. Razón por la cual, el sistema fue víctima de largas campañas de desprestigio y formación de mitos, que, en el caso del Perú, terminaron por desdibujarlo ante la opinión pública.

Veamos donde estamos

En el Perú, el talón de Aquiles de los sistemas pensionarios, tanto del SPP, como del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, es que su cobertura solo alcanza a los trabajadores del sector formal. Esto deja fuera de los beneficios previsionales al 75% de la PEA. 

Nuestra propuesta

La verdad es que el sistema de pensiones sí necesita una reforma de raíz. No pensamos que este sea el mejor momento para emprenderla, pero ante la soltura de huesos de los congresistas para abocarse al tema, reiteramos nuestras propuestas al respecto.

Actualmente, el 70% de los trabajadores están excluidos de la cobertura de un sistema mínimo de pensiones. El 40% pertenece el SPP, pero menos de la mitad cotiza; el 27% pertenece el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), pero solo el 7% tiene beneficios. Además, un 1% pertenece a otros regímenes.

La cobertura de pensiones es largamente insuficiente. En buena medida porque el sistema está basado en los asalariados, los formales que deben aportar parte de su renta, cuando el 70% de los trabajadores son informales y no tienen obligación de cotizar.

Todos los intentos de llevar a los informales a afiliarse a un sistema de pensiones, han fracasado. Por esta razón, en Lampadia, en enero del 2014, propusimos un modelo de generación de pensiones que no se basara en recaudar parte de la renta, como actualmente, sino en parte del gasto. La idea es usar los pagos individuales de IGV como fuente de aportes individuales para la formación de fondos previsionales.

El sistema establecería que todos los ciudadanos, desde la edad de 18 años, aporten a su fondo individual de pensiones una parte de lo que paguen por IGV cada vez que consuman. En otras palabras, cada vez que un ciudadano consuma, el Estado le devolvería para su fondo individual, digamos cinco puntos de los 18 pagados por IGV.

Veamos una simulación de rangos de aportes:

Estos cálculos están basados en que una persona con un ingreso mensual de S/. 1,500, que consume el 80% de su ingreso, podrá obtener, con sus consumos realizados entre los 20 y 65 años, destinando un punto de IGV de sus compras a su fondo individual, con una rentabilidad real anual de 7%, una renta vitalicia equivalente de S/. 181. Esto le daría una tasa de reemplazo (es decir la pensión obtenida como fracción del ingreso obtenido durante la etapa laboral) de 12.1%. Con 5 puntos de aporte, la pensión llegaría a 905 soles y la tasa de reemplazo sería del orden de 60.5%.

Este modelo previsional permitiría lograr un sistema de las siguientes característica:

• Universal
• Voluntario
• Formalizador
• Autofinanciado

Universal

Al definirse que los aportes se den mediante devoluciones de una parte de los pagos de IGV por parte de todos los ciudadanos desde los 18 años de edad, se supera la exclusión de los trabajadores independientes y se alargan los aportes al empezar a darse con anterioridad.

Voluntario

Algunos analistas criticaban que los aportes sobre la base de planillas de remuneraciones fueran obligatorios. Pues los aportes vía IGV no necesitan ser obligatorios, pues el incentivo del canje es más que suficiente para su adopción universal.

Formalizador

Una de las grandes ventajas del sistema propuesto es que propende a una acelerada formalización, puesto que, bastando el DNI, todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden pasar a formar parte de los registros de aportantes y llevar la evasión del IGV hacia su eliminación. El canje de IGV por aportes individuales a fondos privados de pensiones, es muy atractivo para que se deje de hacer y, por lo tanto, que se deje de exigir comprobantes por todas las transacciones de los ciudadanos. Un aporte de 10 Soles a los 18 años, con un rendimiento promedio de 7% anual, representa 240 Soles a los 65 años.

Autofinanciado

Este es el tema que le cuesta más entender a la mayoría de economistas. Veamos:

• Actualmente se evade IGV por aproximadamente 6.5 puntos (de 18), algo que disminuiría sensiblemente.
• Con el sistema propuesto se puede cerrar el defectuoso sistema de la ONP que tiene un déficit fiscal de S/. 70,000 millones. Ver en Lampadia: ONP: Inclusión o Exclusión 
• El nuevo sistema permite que se vayan eliminando las exoneraciones de IGV, generando otra fuente de compensación financiera.
• Nuestro IGV nominal es muy alto, 18%. El IGV real no pasa de 8%, entre evasión e inafectaciones.
• Si asumimos una recaudación neta de IGV de 10% como sostenible a largo plazo, tendríamos espacio para promover el canje por aportes pensionarios.

Por lo tanto, puede estimarse que, en el largo plazo, el canje de IGV por pensiones individuales puede ser de una buena parte de 18 puntos del IGV nominal, suficiente para establecer un incentivo poderoso y volúmenes adecuados de pensiones. Ver en Lampadia: El IGV y las Pensiones.

Esta propuesta tiene seis años, solo ha sido recogida por algunos economistas y ha sido descartada por las AFPs, que prefieren seguir con un sistema cojo como el actual, que ya nos ha llevado a reacciones y normas equivocadas, como la del 95.5% y las que se airean estos días.

La propuesta de Lampadia debe ser complementada con una pensión mínima que compense a quienes no lleguen a acumular suficientes aportes.

En su ámbito de vigencia, el SPP, para los afiliados aportantes, ha sido muy exitoso en rentabilidad y pensiones. Debemos pues rescatar lo bueno que se ha logrado y llevarlo de manera realista hacia una cobertura universal. Lampadia

INEI estaría a punto de consagrar herramienta política en manos de indigenistas radicales, al incluir en el próximo censo las preguntas de auto identificación étnica, lo que sería la punta del iceberg de un sofisticado contrabando ideológico. 

El Censo –a realizarse en septiembre de año- tiene una característica especial respecto a los anteriores.  Será el primero que incluirá preguntas de auto-identificación étnica. Los Censos son una herramienta que brinda información para las políticas públicas y la investigación académica; pero también pueden ser herramientas para ejercer una poderosa influencia sobre la agenda política.

La inclusión de estas preguntas ha sido celebrada por varias organizaciones que estuvieron realizando una fuerte presión para lograrlo.  Sin embargo –tal como está planteada la pregunta- el sector minero y de hidrocarburos debería sentir preocupación por las potenciales implicancias que tiene la introducción de estas preguntas –repetimos, tal como han sido formuladas- para la conflictividad social.

¿Quiénes están interesados en incluir esta pregunta?
Instituciones públicas como el INEI y el Ministerio de Cultura fundamentan el incluir estas preguntas en la necesidad de poder visibilizar estadísticamente a los diversos grupos étnicos con el fin de poder entender su problemática particular y de esta manera diseñar políticas públicas específicas a los mismos. Sin embargo, este Censo ha sido identificado por múltiples organizaciones como el componente de una estrategia ideológica antiminera.

Para las organizaciones radicales el censo es una inmensa oportunidad y ha sido una de sus principales líneas de incidencia. La Confederación Nacional Agraria, La Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Red Muqui, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Servicios de Comunicación Intercultural, entre otras han manifestado claramente que consideran este Censo como una importantísima herramienta para el avance de sus agendas políticas e ideológicas. Este avance, proclaman, estará en función a que el mayor número de personas posible se identifique como indígenas en el Censo.

Para ello han realizado eventos de incidencia con académicos, líderes de opinión y autoridades  en las principales ciudades del país, propagado en radios de provincias spots en español quechua y aymara promoviendo la auto-identificación indígena y las “ventajas” de responder positivamente, actividades culturales itinerantes, entrevistas en medios, contenidos para redes sociales, y trabajo de base con diversas comunidades, entre otras actividades. Varias de estas actividades han sido realizadas usando recursos provistos por el Ministerio de Cultura y el INEI.

El concepto de “Territorio” para esta causa política

Es importante entender cuál es la agenda común de estas organizaciones y como la misma se vería fortalecida por el Censo.

Las organizaciones mencionadas tienen en común una defensa del indigenismo radical y el pos-extractivismo. Dentro de esta visión, contraria al desarrollo, es crucial el concepto de “Territorialidad”, el mismo que engloba un grupo humano diferenciado de la población general del país al interior de un espacio geográfico determinado (El Territorio). Esta población diferenciada conforma un “sujeto colectivo de derechos” entre los cuales el más importante es el de la auto-determinación. 

Este entendimiento de la autodeterminación implica la creación de un sistema jurídico propio e independiente del sistema peruano, el poder de veto sobre cualquier política pública nacional que les pueda afectar y el poder desplegar un modelo de desarrollo diferenciado del resto del país, al estilo de Chiapas en México.

La Territorialidad es entendida como el ejercicio autónomo de estos derechos por parte de los sujetos colectivos en estas áreas geográficas. Para estas organizaciones son los pueblos indígenas el “sujeto histórico” de su ideología pos-extractivista. Gracias a su cosmovisión y valores diferenciados del occidente materialista, podrá servir de laboratorio para el ejercicio del Buen Vivir. Para estas organizaciones este derecho al Territorio se da para cualquier conjunto humano que sea descendiente total o parcial de poblaciones prehispánicas, que conserve en parte costumbres pre-coloniales y que se auto identifique como indígena. En un país como el Perú estos criterios de descendencia y culturales podrían aplicarse a la casi totalidad de la población.

Posibles implicancias políticas de la pregunta de auto-identificación étnica

El Censo del 2017 y la Territorialidad se encuentran relacionados.  El resultado que buscan en la pregunta de auto-identificación étnica del  Censo se encuentra en las líneas de incidencia en  las que estas organizaciones se hallan involucradas. En la encuesta nacional de hogares realizada el 2014 un 15.47% de la muestra respondió de manera afirmativa la pregunta: Usted pertenece o se considera parte de un pueblo indígena? Por otro lado al darse la siguiente pregunta: Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres. ¿Ud se considera: Quechua, aimara, blanco, nativo, afro-descendiente, etc.? Un 24% se consideraba quechua, aimara o nativo. Como se puede observar al hacer referencia a los antepasados y prescindir del término indígena el grado identificación originaria es más alta. Casi todos los peruanos tienen algún antecedente andino o africano.

La pregunta induce una fragmentación étnica de la población. Es esperable entonces que el diseño de la pregunta vaya dirigida a maximizar el porcentaje de la población a la que se le pueda calificar como “indígena”. De salir un porcentaje elevado de la población nacional como indígena estas organizaciones radicales podrán reclamar para sí la representatividad sobre todo este segmento poblacional, montar una agenda política en base a esa fragmentación étnica y simultáneamente incrementar su acceso a recursos por parte de los donantes internacionales al ser mayor la población que arguye defender.

Confederación Nacional Agraria CNA  – “Llamado a reconocernos como Indígenas u Originarios en Censo 2017”

Por ejemplo, organizaciones hostiles a la minería (no todas las que están interesadas en incluir esta pregunta) podrán desplegar las siguientes dinámicas socio-políticas:​

a- Uso de la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Perú por razones utilitarias​

Si la auto-identificación por ciertas etnias es mayoritaria en zonas de influencia de proyectos mineros,  ciertos grupos de interés intentarán declarar esas zonas como pueblos indígenas, sobreponiéndose sobre la declarada por el Estado en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Perú[1] en el Viceministerio de Interculturalidad, que forma parte del Ministerio de Cultura.  Si este reconocimiento oficial se da, permitiría el reclamar un conjunto de herramientas anti-mineras como la consulta previa, justicia intercultural, la aplicación del convenio 169 de la OIT, etc. Estas herramientas facilitan la conflictividad y la extracción de rentas a las empresas mineras y legitiman socialmente el ejercicio de acciones directas y violentas al margen de la legalidad.

Hay una campaña en las zonas de influencia minera en la que se propaga que la identificación de una población como indígena implica que se puede aplicar un conjunto de herramientas que debilitan la posición de las empresas y facilitan la extracción de rentas de las mismas. Por ello es posible que en las zonas cercanas a las operaciones mineras ocurra, durante el censo, una alta auto-identificación indígena por causas utilitarias, encubiertas como una cuestión de identidad étnica.  Esto incita a estas comunidades a obtener resultados que encuentren convenientes desde el punto de vista de obtención de rentas, y una distorsión de la información que se obtendría en el Censo. 

b- Consulta Previa a proyectos ya establecidos

Los proyectos extractivos en zonas habitadas por pueblos indígenas, requieren por ley,  realizar procesos de Consulta Previa. Los indigenistas radicales plantean que esta Consulta Previa incluye el derecho al consentimiento previo, lo que implica darle a determinadas comunidades poder de veto respecto a la realización de proyectos extractivos. En aquellas zonas en las cuales haya mayorías autoproclamadas como indígenas habrá activistas proclamando que los acuerdos entre la minera y los actores locales son nulos puesto que no se han realizado dentro del marco de la consulta previa. Se puede movilizar a la población creando un grado de conflictividad social con el argumento de que en un proceso de renegociación será posible extraer mayores recursos a la minera. En muchas ocasiones al estar ya establecido el proyecto minero el costo económico de las acciones directas serán mayor y con propensión de las Empresas y el gobierno a ceder a la presión.

c- Pluralismo étnico y fragmentación Jurídica

En las zonas autoproclamadas como indígenas se propiciará la aplicación del derecho consuetudinario. Es decir que instituciones comunales tales como la rondas o las asambleas comunales sean las instancias legitimas de aplicación de justicia en su ámbito. Este derecho está pensado para zonas de comunidades no contactadas, en las cuales la presencia del Estado a través de comisarías, jueces, y demás es limitada.  Pero esto abre la puerta a la aplicación de justicia a cualquier organización que se desarrolle en estas comunidades, sin importar si están son tradicionales o no.  Por ejemplo en Cajamarca, las rondas campesinas han aparecido en la década de los 70 y las rondas urbanas en años todavía más recientes.

Hay toda una corriente impulsora del “pluralismo jurídico igualitario” que tiene entre sus promotores  al actual Presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, a múltiples jueces, ONGs radicales y académicos. El brindarle a las rondas y comunidades las funciones del poder judicial implicaría para las empresas en general un nivel de incertidumbre bajo el cual sería muy difícil operar, en especial para las empresas mineras y de hidrocarburos. Basta imaginar cómo se resolverían cualquier potencial diferencia por tierras entre las empresas mineras y la población local.

d- Litigio Estratégico Emblemático

Existe un campo de activismo anti minero denominado “Litigio Estratégico” que consiste en la realización de un juicio cuyo resultado podría volver inviable un proyecto extractivo y ser utilizado en el futuro con otros proyectos. En los casos de Saramaka en Guyana y Pascua Lama en Chile enormes proyectos extractivos han sido paralizados por decisiones judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia en la que en mayor medida los propulsores peruanos del Litigio Estratégico depositan sus esperanzas. Las ONGs antimineras peruanas en múltiples ocasiones han participado en audiencias en la CIDH y han llevado a las supuestas víctimas de las empresas mineras para que brinden su testimonio. La CIDH está especialmente interesada en intervenir en supuestos abusos de empresas extractivas contra población indígena. Los resultados del Censo facilitarán la intervención de la CIDH en los conflictos mineros y viabilizaran el determinar que un proyecto se hizo sin tomar en consideración los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto ya se dio en el caso de la Saramaka en la que  la CIDH dictaminó la no realización de un proyecto minero. Los resultados del Censo incrementarán la vulnerabilidad de los proyectos mineros al uso de Litigio Estratégico.

Conclusión

La información que se busca con esta pregunta, podría conseguirse por mecanismos que no impliquen una amenaza a las empresas mineras y de hidrocarburos, y que no propicien una segmentación de la sociedad en etnias. Preguntas que ayuden a brindar políticas públicas a comunidades con necesidades diferentes, como es el caso del idioma, son necesarias.  Es importante para el Estado identificar las zonas donde la presencia de un idioma es suficiente para brindar atención, materiales, documentos en dichos idiomas. Sin embargo, las preguntas no deben contribuir a la fragmentación social y jurídica de una sociedad que ya es muy fragmentada y que el Estado no logra aplicar la ley en todo su territorio.

Los grupos hostiles a la minería tienen suficiente presencia en las redes sociales de las comunidades para persuadirlos de obtener el resultado que están buscando.  En aquellas áreas en las que se han dado grandes conflictos sociales ligados a la minería las fuerzas políticas hostiles a la inversión minera han conseguido una hegemonía política. En las áreas como Conga, Tía Maria o las Bambas el agregado del voto de Verónica Mendoza y Gregorio Santos fluctúa entre un 60 y 80 por ciento. El conflicto social ha sido efectivo para deslegitimar, desmovilizar, amedrentar acallar a  los oponentes. Los radicales controlan las principales radios, organizaciones de la sociedad, civil e institucionalidad rural. Por ello se puede esperar que la campaña por la auto-identificación disponga de un apoyo mediático y político local bastante significativo en estas zonas.

Un porcentaje elevado, que se identifique como indígena generará condiciones favorables para la incidencia de los indigenistas radicales y hará que un sector importante de los líderes de opinión peruana estén dispuestos a impulsar la agenda de los radicales puestos que puede presentarse como el avance de los intereses de un sector amplio y marginado de la población. 

Los resultados del Censo servirán de insumo para múltiples estudios, análisis y artículos sobre la problemáticas “indígenas” que servirán como herramienta de incidencia ante la opinión pública y las políticas del Estado. Dada la naturaleza radical anti capitalista de gran parte de las organizaciones indigenistas estas verán fortalecida su capacidad para impulsar su agenda de “Territorialidad” y fragmentación jurídica.

Las preguntas de auto-identificación étnica en el Censo 2017 pueden desencadenar un dinámica política y social que incremente aún más la conflictividad social. Lamentablemente el Estado peruano está siendo instrumentalizado para brindar a organizaciones radicales un poderoso recurso para el avance de una agenda hostil al desarrollo y al mismo Estado. Alternativamente, los objetivos de mayor precisión y efectividad de políticas públicas para sectores sociales desfavorecidos puede conseguirse con preguntas respecto a lengua, costumbres y condiciones de vida, que permitan analizar problemáticas particulares sin que se brinde un activo estratégico para el  manejo político del indigenismo radical. Lampadia

[1] La siguiente lista presenta los 55 pueblos indígenas u originarios identificados a la fecha por el Viceministerio de Interculturalidad. http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas