Fundación para el Progreso
Axel Kaiser
Publicado en El Mercurio, 5.11.2019

En sus ‘Reflexiones sobre la revolución francesa’ publicadas en 1790, el intelectual y político irlandés Edmund Burke, advirtió que el afán refundacional de los jacobinos terminaría en una tragedia colosal que no solo fracasaría en conseguir la añorada igualdad que proclamaban, sino que daría pie al caos, el terror y la tiranía.

‘Es con infinita precaución que cualquier hombre debería aventurarse a derribar un edificio que ha respondido en cualquier grado tolerable a los propósitos comunes de la sociedad’, afirmó Burke, cuyas predicciones en poco tiempo se cumplieron consagrándolo como uno de los observadores más agudos y visionarios de su época. Desde sus orígenes, la filosofía liberal ha sido escéptica de las grandes narrativas refundacionales y de sus profetas, prefiriendo un tedioso, predecible y aburrido gradualismo cuando se trata de modificar aquellas instituciones que han permitido el florecimiento de la libertad y del progreso económico y social. Las sociedades maduras y avanzadas usualmente prefieren la precaución liberal recomendada por Burke antes que el entusiasmo rousseauniano que embriagó a los revolucionarios franceses y que, sin duda, ha constituido un aspecto central del subdesarrollo latinoamericano por más de un siglo.

Basta un breve repaso comparativo de historia constitucional para advertirlo. Así, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido una sola Constitución en toda su historia a pesar de haber atravesado por una horrible guerra civil, dos guerras mundiales y la guerra fría, entre muchos eventos traumáticos. Dinamarca, Holanda, Noruega, Singapur, Bélgica y Australia también cuentan con una sola Constitución en su historia. Suiza ha tenido tres Constituciones desde 1291, Canadá dos desde 1867, al igual que Finlandia y Austria, ambas con dos Cartas fundamentales desde principios del siglo 20. Alemania, Italia, Japón y Francia han mantenido la misma Constitución en los últimos 60-70 años y países como Reino Unido, Israel, Nueva Zelandia y Hong Kong jamás han tenido siquiera una sola Constitución escrita. En América Latina, en cambio, la historia es muy diferente. Argentina ha tenido seis Constituciones; Brasil, Uruguay y México, siete. El Salvador, Honduras y Nicaragua han tenido 14 Constituciones cada uno, Colombia 10, Perú 12, Bolivia 16, Ecuador 20, Haití 24, Venezuela 26, y República Dominicana 32. Ninguna región del mundo, incluyendo África, ha tenido más Constituciones que América Latina. (Cordeiro, 2008).

Existe en nuestra cultura el curioso hábito de hacer de las Constituciones un chivo expiatorio sobre el que proyectamos todos nuestros defectos —mediocridad económica, corrupción, miseria social, deshonestidad, abusos, etc.—, para luego sacrificarlo en un acto de liberación colectiva que nos permite desentendernos de nuestra propia responsabilidad por los males que sufrimos. Ello, sumado al utopismo irresponsable tan propio de nuestros intelectuales, que no dudan un segundo cuando se trata de encontrar en la teoría la solución definitiva para nuestros padecimientos, pero que al mismo tiempo suelen ser ignorantes en casi todas las cuestiones prácticas de la vida social, es lo que impide la creación de instituciones estables en el tiempo, haciendo imposible el progreso acumulativo que se observa en los países desarrollados.

El hecho de que nuestras Constituciones desechables, a diferencia de las de naciones avanzadas, sirvan más bien para incrementar que para controlar el poder del Estado, horada aún más las bases liberales necesarias para la prosperidad. En ese contexto, los esfuerzos que apuntan a desbancar la Constitución actualmente vigente en Chile, bajo la cual se ha producido el período de mayor éxito en la historia nacional, son una manifestación clásica de la inmadurez política, intoxicación ideológica y evasión de la propia responsabilidad que históricamente ha sumido a América Latina en el subdesarrollo. Si Chile opta por seguir el camino refundacional desechando su Constitución, demostrará definitivamente que, a fin de cuentas, carece del mínimo necesario para pertenecer a la liga de los países serios. Lampadia

El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella y su abogada Giuliana Loza han confirmado, en entrevista con la conductora Milagros Leiva, versiones que la propia periodista tenía acerca de las condiciones carcelarias de las personas vinculadas a Keiko Fujimori.

• Resulta que Ana Vega, con más de 70 años y problemas de salud, ha sido recluida en una celda chica, sucia, con un hueco en el piso como inodoro.
• Vicente Silva Checa durmió los tres primeros días de su reclusión en el piso porque no le dejaron ingresar el colchón y no le permitieron ingresar una botella de agua ni sus pastillas, siendo diabético.
• A la propia Keiko Fujimori no le permitieron comer la primera noche de la detención preliminar. Leiva informó que Keiko durmió en el suelo. Mark no lo confirmó y dijo que si es cierto Keiko no se lo iba a decir.  

Según denuncia del mismo Villanella y su abogada ante el Defensor del Pueblo, el juez no elevó en 24 horas, como corresponde de acuerdo a ley, la apelación de la sentencia de cárcel a Keiko Fujimori. No lo había hecho desde el 17 de noviembre, en que se presentó la apelación, hasta el pasado 24.

Los procesos están plagados de excesos. Se criminaliza conductas que no son delito y se abusa de la detención preventiva, como ya ha señalado el Tribunal Constitucional. Se allanó indebidamente las oficinas de un estudio de abogados. Ahora se ha citado nuevamente a la fiscalía a los empresarios que aportaron a la CONFIEP por donaciones formales que se hicieron a una campaña de defensa de la economía de mercado.

Sin embargo, el presidente del Poder Judicial, el Magistrado Víctor Prado, afirma que los procesos judiciales son impecables y ajustados a la ley y la Constitución. “La ley es igual para el más grande y el más chiquito” (El Comercio). Así debe ser, sin duda, pero que sea igual no significa que sea justa, más bien parece que es injusta para todos. Además, una cosa es la letra de la ley, y otra su aplicación. Si, por ejemplo, manifiestamente no se cumplen las normas como las sentencias del Tribunal Constitucional, no se puede hablar de justicia. El presidente del Poder Judicial debiera reconocer las fallas de aplicación de la justicia y enmendarlas.

Por su lado, el presidente Vizcarra debería llamar a poner freno a la criminalización de las organizaciones políticas. Y también a los maltratos carcelarios, que ultrajan la dignidad humana de las personas y expolian sus derechos humanos. No es posible que una democracia se comporte de esta manera. Recordemos que el ministerio de Justicia maneja el INPE.  

Debería considerarse la instalación de cárceles adecuadas para personas que se someten a largos períodos de reclusión preventiva para investigaciones durante las que se debe considerar la presunción de inocencia, máxime si los encausados son miembros de partidos políticos, que pueden correr riesgos distintos a los de un reo por crímenes comunes. Por supuesto, la reforma carcelaria está pendiente para todos los reos, que sufren condiciones inaceptables.

Si se vela por aplicar el debido proceso y se aplica condiciones adecuadas para las eventuales reclusiones, nadie tendría justificación alguna para excluirse del ámbito de la ley. Como vemos, una situación bastante lejana de la realidad actual. Lampadia

Revalorar la estrategia que derrotó a Sendero

“Yo aprendí hace mucho, mucho tiempo, cuando cubría el genocidio y la limpieza étnica en Bosnia, a nunca equiparar las víctimas con los agresores, a nunca crear una falsa equivalencia moral o fáctica, porque entonces, si lo haces, particularmente en situaciones como esa, eres parte y cómplice de los crímenes y consecuencias más indescriptibles, así es que creo en ser veraz, no neutral.”

Christiane Amanpour

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es absurdo negar que hubo abusos y crímenes por parte de las fuerzas del orden durante la guerra contra el terrorismo, pero también es cierto que hay un relato acerca de lo que ocurrió en ese periodo que distorsiona y eventualmente falsea los hechos, al punto de dar la impresión de otorgarle una suerte de victoria moral al senderismo. No hemos salido de la estructura de los 80, en la que una izquierda marxista ambivalente frente al senderismo centró su activismo en denunciar abusos y crímenes de las fuerzas del orden, mientras éstas acusaban a aquella de pro senderista. Seguimos anclados en los 80 en lugar de ver las cosas desde la estrategia inteligente y ganadora que se aplicó a partir de los 90, a fin de capitalizarla para el país y entendernos mejor.

Comencemos analizando cómo se manifestó ese relato distorsionador en la versión de los hechos que dio la guía del Lugar de la Memoria (LUM), Gabriela Eguren, al congresista Donayre disfrazado de sordomudo. El video aparentemente fue editado de modo que tenemos que tomar en consideración que puede haber frases extraídas de su contexto. De todos modos, lo que aparece, aun descontextualizado, coincide con una manera de mirar las cosas que es bastante común.

Equivalencia ontológica

Lo primero fue la presentación de lo ocurrido como un conflicto entre dos partes, Sendero Luminoso (y el MRTA) y las Fuerzas del Orden (o el Estado Peruano). La estructura de base de esta visión de esos años de horror parte de poner a ambas partes implícitamente al mismo nivel, en pie de igualdad, como si tuvieran la misma legitimidad o el mismo nivel ontológico. Por supuesto, no lo tienen. Sendero Luminoso atacó a la sociedad y al Estado de manera criminal, guiado por la locura ideológica de la lucha armada para tomar el poder e instaurar el paraíso comunista. El Estado peruano se defendió mal durante mucho tiempo –y cometió crímenes, sí- pero al final aplicó una estrategia inteligente que permitió la victoria.

Esta falaz equivalencia se manifestó de manera flagrante cuando la guía igualó implícitamente a Fujimori con Abimael Guzmán. Dijo: “Se ha indultado a Fujimori bajo el supuesto motivo de que está enfermo. Con esa premisa el abogado de Abimael Guzmán podría pedir que lo liberen porque también está enfermo y viejo”. Y culminó diciendo “En el último juicio se le veía muy mal”, dejando ver incluso una cierta empatía con la condición del cabecilla terrorista. Cierto es que habría que escuchar todo el contexto de su explicación.

Ausencia de estrategia y Uchuraccay

La guía menciona, sí, en parte como explicación de los abusos, que “no hubo estrategia militar hasta el 89”. Y es verdad: en ausencia de una estrategia inteligente, la violencia asesina sin rostro del senderismo desató una espiral de respuestas ciegas que en ocasiones llegó al extremo del arrasamiento de poblaciones sospechosas. Por razones que vamos a explicar –que incluyen la oposición de la izquierda, como veremos- el Estado tardó mucho en aplicar una estrategia eficaz. Esta fue concebido por los militares, efectivamente, el 89, y antes por la sociedad civil –en mesas redondas organizadas por el diario Expreso y en otros foros-, pero lo que se soslaya y por lo general –no solo en este caso- nunca se menciona, es que quien aplicó dicha estrategia fue Alberto Fujimori. Y lo hizo bien. Condujo personalmente la alianza con las comunidades para darles armas y apoyo social. Y se le dio recursos a la Dincote para ubicar a la cúpula y a Abimael Guzmán. El país no ha valorado ni capitalizado, como veremos, esta estrategia. La manera como Fujimori pretendió perpetuarse en el poder lo ha impedido.

Pero hay que señalar que esta estrategia pudo haberse aplicado desde 1982, ocho años antes, pero lamentablemente el embrión de alianza de las fuerzas del orden con la población, que estaba en gestación, abortó luego del trágico malentendido de Uchuraccay. Los intentos de organización comunal para defenderse de Sendero, respaldados verbalmente por las fuerzas del orden, que derivaron en la muerte de 8 periodistas,  fueron satanizados como grupos “paramilitares” por la izquierda. ¿Qué ocurrió?  En enero del 2003 las autoridades habían informado acerca de la muerte de varios senderistas en la comunidad Iquichana de Huaychao, y que los autores serían los campesinos. Se formó entonces un grupo de periodistas para ver si eso era cierto y qué había pasado. Para muchos, vinculados a la izquierda de entonces, era inconcebible que comuneros ajusticiaran a revolucionarios.

Lo que ocurrió fue terrible: los periodistas que emprendieron la expedición para verificar los hechos fueron asesinados por los campesinos de una comunidad vecina, también Iquichana, Uchuraccay. Las comunidades iquichanas, que habían sufrido asesinatos y exacciones por parte de los senderistas, habían tomado la decisión, en dos asambleas realizadas previamente, de enfrentar y dar muerte a los terroristas que aparecieran por sus lares. Confundieron a los periodistas con terroristas, y ocurrió la espantosa matanza. Un trágico malentendido.

Por supuesto, la izquierda en ese momento no creyó la versión de que los comuneros fueran los responsables. Acusaron directamente a los militares o a un grupo paramilitar de haberlo sido. Esa sindicación ha perdurado, en esos sectores, hasta nuestros días, transformada en la versión que dio la guía del LUM: “En Uchuraccay los comuneros terminan asesinando a los periodistas por órdenes de los militares”. No fue así. Los comuneros tomaron ellos mismos la decisión en una asamblea, ante exacciones y asesinatos –repetimos- cometidos por los senderistas. La Comisión de la Verdad narra los hechos así:

“…a inicios de diciembre (de 1982) el PCP Sendero Luminoso asesinó a Alejandro Huamán, presidente de la comunidad (de Uchuraccay), así como al comunero Venancio Auccatoma. En el caso de Alejandro Huamán, … acusándolo de ser un «soplón» y «yana uma» (cabeza negra). Su nuera, Dionicia Chávez Soto, fue herida de bala en ambos muslos al intentar defenderlo, mientras algunos de los miembros del PCP SL allanaron la casa de ichu y luego la quemaron. Alejandro fue conducido a la plaza del pueblo, siendo sometido a un juicio popular y encerrado en el local comunal. En horas de la tarde, a pesar de los ruegos de su esposa, hermanos e hijos, Alejandro fue asesinado baleado en la frente… Lo mismo hicieron por esos mismos días con el presidente y teniente gobernador de la vecina comunidad de Huaychao, Eusebio Ccente y Pedro Rimachi, asesinados en plena plaza del pueblo.

(Entonces) las comunidades se organizaron para enfrentar violentamente a los miembros del PCP SL, reuniéndose en el local comunal de Uchuraccay: […] realizaron una asamblea comunal reuniéndose en esta casa comunal cada domingo, acordando por unanimidad de votos realizar los actos de legítima defensa de sus vidas y de sus integridades físicas contra los terroristas, causándoles muerte… asimismo acordaron pedir ayuda a las comunidades de Huaychau, Cunlla, Ccocha Ccocha, Ccochan, Paria… De esta forma, Uchuraccay fue asumiendo el liderazgo de lo que fue la primera rebelión multicomunal contra el PCP Sendero Luminoso…, buscando el apoyo de las fuerzas del orden, para lo cual enviaron emisarios a las ciudades de Huanta y Ayacucho solicitando garantías y protección…

El 21 de enero, …se produjo la matanza de siete miembros del PCP SL en las comunidades de Huaychao y Macabamba… Por esos mismos días, cinco miembros del PCP SL fueron asesinados en Uchuraccay.

…..

(Luego de eso), “El general Noel informó del envío de una patrulla terrestre y de un comando helitransportado para prestar protección a las comunidades, la cual llevaba consigo alimentos, así como reconocimiento del presidente Belaunde por las acciones emprendidas contra los miembros del PCP SL. Es así como ese día llega en helicóptero a Uchuraccay un comando de 15 efectivos de los Sinchis, quienes se quedaron a pernoctar en la comunidad. El mensaje que dejaron a los campesinos fue claro: continuar con ese tipo de respuestas, matando a todo extraño que llegara a la comunidad a pie…”[1]

De modo que el asunto es claro: los comuneros sufrieron ataques y muertes por parte de los senderistas, se reunieron en asamblea donde tomaron la decisión de organizarse para dar muerte a los senderistas que se acercaran, y luego de ello, cuando ya habían actuado y matado a 13 senderistas cuando menos, recibieron la visita de los Sinchis que los alentaron a continuar con sus acciones. No actuaron, entonces, por órdenes de los Sinchis, como dijo la guía.

Debe resaltarse que hubo aquí un esbozo de colaboración –aunque muy elemental y con resultados trágicos- entre las fuerzas del orden y las poblaciones campesinas, para enfrentar a Sendero. Era el embrión de una estrategia inteligente y eficaz. Sin duda, esa colaboración primaria hubiese podido evolucionar hacia una alianza más elaborada al estilo de la que finalmente se dio a comienzo de los 90, pero los esfuerzos en esa línea abortaron cuando la fuerza armada fue satanizada por formar grupos paramilitares o acusada directamente de haber ella asesinado a los periodistas. Fue la campaña de la izquierda, en buena cuenta, la que segó esa posibilidad y postergó 8 años la ejecución de la estrategia que derrotó a Sendero.

Ambigüedad de la izquierda

Aquí hay que recordar que la tesis de la lucha armada para tomar el poder e instaurar la dictadura del proletariado con el partido marxista-leninista-maoísta como vanguardia de la revolución, era compartida por toda la izquierda marxista de entonces, solo que discrepaba de la oportunidad. “Este no es el momento”, argumentaba, porque no estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas. Esa izquierda entonces fue ambigua, ambivalente, frente a Sendero, y tendió a jugar un partido contrario a la actuación de las fuerzas armadas. Como en este caso.

La guía del LUM formuló otras afirmaciones ya francamente falsas, que probablemente reflejan la persistencia en el tiempo de esas posiciones primigenias. Hablando del emerretista Tito, que habría sido ejecutado fuera de acción luego del operativo Chavín de Huántar en la embajada de Japón, agregó que “los otros 13 se asume que han sido ejecutados extrajudicialmente por la trayectoria de la bala, pero no hay un testigo que pueda dar fe de todo esto…”. Esa tesis es inaudita, absolutamente falsa.

Es cierto que las versiones de la guía no reflejan la exposición del LUM, que intenta recoger la historia en su complejidad. Pero reflejan una polarización en este tema que se mantiene y eventualmente se agrava con el paso del tiempo. La sobrevivencia de los prejuicios de izquierda y los juicios a los militares que no terminan nunca e incluso se reabren 36 años después –como el caso El Frontón-, lleva a algunos los sectores vinculados a las fuerzas armadas a rechazar cualquier versión de la otra parte.

El valor de la estrategia ganadora

Y esto es causa y consecuencia, a la vez, de que la polémica se centre en si hubo o no abusos y crímenes por parte de las fuerzas del orden –algo que no tiene sentido negar, y que es inevitable por la espiral de violencia ciega que se desata cuando no hay una estrategia adecuada-, en lugar de centrarse, precisamente, en la manera como fuimos capaces de derrotar a Sendero Luminoso, con una estrategia inteligente que permitió lograr un resultado que parecía imposible y que muy pocos países con movimientos subversivos tan crueles han logrado, y de la cual no hemos sido capaces hasta ahora de extraer las lecciones y enseñanzas que entraña.

Si discutiéramos a partir y en torno a eso, cambiaría el tono general y podríamos encontrar aproximaciones y entendimientos. Fue una estrategia, repetimos, inteligente, basada en una alianza con los campesinos y en inteligencia policial en las ciudades. El Perú no ha podido capitalizarla para su orgullo nacional ni para sus políticas públicas porque quien la aplicó –pese a que no la inventó- fue Fujimori. La manera lamentable como terminó su gobierno se llevó consigo buena parte de lo positivo que hizo.

El resultado ha sido, por ejemplo, que, en algunos textos escolares, lejos de resaltar la excelencia de la estrategia aplicada en un país tan precario, haya más párrafos dedicados a describir las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas que los dedicados a describir la locura genocida de Sendero Luminoso originada en una ideología que creía en el asesinato como método para alcanzar el poder y establecer la dictadura del proletariado.

Sendero fue derrotado cuando el Estado y los militares entendieron que los comuneros no eran enemigos sino esencialmente amigos del Estado y que en lugar de sospechar de las comunidades había que aliarse con ellas dándoles armas y ayuda cívica. A partir de ese momento fueron los propios ronderos quienes señalaron y derrotaron a los terroristas. Fue un paso muy importante porque en la relación de las fuerzas del orden con los campesinos quechua hablantes se reproducía en alguna medida el tipo de relación criollo-indio de origen colonial, acaso el problema principal de nuestra sociedad.

Para derrotar a Sendero, entonces, fue necesario, en buena cuenta, superar la distancia étnica y saldar y soldar la fractura colonial. Esa alianza horizontal y victoriosa entre el Estado criollo y los comuneros andinos redimió, en cierto sentido, la historia, y redimió los horrores de la década anterior. Y convirtió en ciudadanos -del Estado Peruano, salvado por ellos- a los campesinos, por lo menos en ese momento, aunque lamentablemente el país no pudo consolidar esa conquista en un reconocimiento permanente, pues se optó por cultivar la imagen de los campesinos sólo como víctimas en lugar de encumbrarlos como ciudadanos-vencedores y salvadores del país. 

La misma noción de alianza denota horizontalidad. El protagonismo campesino, incluso en el diseño de estrategias, lo convirtió en ese momento en ciudadano pleno actuando en un marco que iba más allá de la defensa de su localidad. Las rondas sentían encarnar la democracia, el Estado, la defensa del país como tal.

Podríamos afirmar, inversamente, que al final Sendero Luminoso fue derrotado porque replicó en su relación con las “mesnadas” andinas una estructura de dominación feudal. Es decir, una relación patrón-siervo, en su grado extremo. Los dirigentes de Sendero no eran indígenas. Eran blancos (algunos, como Abimael Guzmán, costeños) o mistis cuyos padres, en algunos casos, habían perdido sus haciendas o fundos con la reforma agraria. Ellos, más bien, replicaron con la base campesina, de una manera perversa y asesina, el mismo tipo feudal de relación heredado de sus padres y abuelos, e instrumentaron al campesinado como carne de cañón. El Perú, en cambio, sólo pudo derrotar a Sendero precisamente cuando superó la tara colonial y consideró a los comuneros como iguales. En ese momento los campesinos, aliados horizontales de la fuerza armada y del Estado peruano, se sintieron, en efecto, ciudadanos ya no sólo de su comunidad, sino del país, y vencieron a los terroristas. Habían jugado un papel nacional, como lo habían hecho en la campaña de la Breña junto a Cáceres, contra los chilenos, la única campaña en la guerra del Pacífico en la que nuestro país obtuvo victorias y puso en jaque a los chilenos.[2]

Sin duda, el enfoque de reparación a las víctimas es necesario. Pero la mejor reparación es, a nuestro juicio, el reconocimiento por el papel que jugaron las comunidades en la derrota de Sendero y en la salvación del Estado peruano, no solo con conmemoraciones al respecto, sino difundiendo en todas las familias campesinas las tecnologías de Sierra Productiva a fin de que la ciudadanía que conquistaron en la guerra contra Sendero se transforme en una ciudadanía económica efectiva.

Estudiar y debatir la estrategia que derrotó a Sendero Luminoso ayudaría a revalorar el papel de los actores principales en este trágico episodio de nuestra historia, lo que contribuiría a dejar de lado discusiones absurdas, reducir la polarización y encontrar terrenos comunes de entendimiento. Lampadia

El reciente escándalo de Oxfam es un aviso urgente para apreciar las limitaciones de muchas organizaciones benéficas, que por sus ‘fines altruistas’, se asumen poseedoras de la verdad absoluta y, en nombre de ella, pretenden imponer sus ideas de cualquier manera, incluso manipulando y mintiendo.

Muchas de estas ONG, como es el caso de Oxfam, tienen planteamientos ideológicos, de las ideas de las izquierdas que hace rato fueron superadas en sus países de origen, pero pretenden imponer en los países menos desarrollados. Por otro lado, como buena parte de sus soportes financieros vienen de entidades que representan la antítesis de esas ideas, se incrementa, aún más, esa falsa autoridad moral que detentan, que los lleva a caer en esa trampa moral de ‘el fin justifica los medios’.

En esta ocasión el comportamiento de personal de mando de Oxfam en Haití, y los intentos de ocultamiento de sus líderes, ha dejado a Oxfam completamente desnuda. Sus líderes han destruido sus halos morales, al ser acusados de tratar de ocultar el comportamiento de algunos de sus altos funcionarios desplegados en Haití después del devastador terremoto de 2010 que causó la muerte de entre 200,000 y 300,000 personas.

Sus trabajadores humanitarios, incluido el director nacional de Oxfam en ese momento, Roland van Hauwermeiren, fueron acusados de convertir una villa (utilizada por la organización) en un prostíbulo improvisado, con prostitutas que solo usaban polos de Oxfam, intimidar a los conductores que colaboraban con Oxfam a conseguir sexoservidoras y realizar “fiestas sexuales” en las casas donde se hospedaban los trabajadores del grupo.

Ahora, el escándalo sexual que envuelve las operaciones de Oxfam parece haberse extendido a sus tiendas benéficas en el Reino Unido. Una empleada, Helen Evans, dijo a Channel 4 News (del Reino Unido) que en el lapso de un mes su equipo recibió tres denuncias de abuso infantil en sus tiendas de retail. Luego salió también a la luz que había sucedido lo mismo en Chad en 2006 y que el mismo director, Roland van Hauwermeiren, estuvo a cargo de la misión en ambos países.

“Altos funcionarios de Oxfam pagaron por sexo, a los sobrevivientes de Haití”, The Times

Quizás lo más triste es que ésta no sea la única agencia benéfica donde sucede esto. En tan solo unos días, la noticia sobre Oxfam se ha convertido en un escándalo mucho mayor respecto a la explotación por parte de trabajadores humanitarios en muchas partes del mundo y de las organizaciones civiles y de gobierno que los han protegido. En el fin de semana, el Sunday Times de Londres también reportó que otros grupos humanitarios británicos habían hecho auditorías internas que mostraban que más de 120 trabajadores fueron acusados de abuso sexual en un solo año.

¿Qué pasará ahora?

La Secretaria de Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt, advirtió que Oxfam podría perder millones de libras en fondos públicos debido al escándalo. Oxfam recibió aproximadamente £ 32 millones (alrededor de US$ 44 millones) del gobierno británico el año pasado, según los registros públicos. En un comunicado, Mordaunt dijo que la organización se disculpó por “el comportamiento espantoso de algunos de sus empleados en Haití en 2011”. Por su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Oxfam, Penny Lawrence, renunció admitiendo que está “avergonzada” de que sucediera el escándalo de la prostitución bajo su supervisión.

Estas acciones punitivas no son suficientes. Recordemos quién es Oxfam. Es una de las organizaciones de ayuda más grandes y destacadas del Reino Unido, que opera programas de desarrollo en más de 90 países de todo el mundo. La agencia también ofrece asistencia a personas en todo el mundo después de emergencias y desastres.

Por lo tanto, el poder de Oxfam se basa en su capacidad para recaudar dinero mediante un vínculo de confianza, un vínculo respaldado por la suposición de que su personal está guiado por el altruismo.

Ya en anteriores ocasiones hemos demostrado que Oxfam (y sus aliados ambientalistas en el Perú), no actúan por principios o bajo criterios técnicos. Lo hacen movidos por mera y pura ideología y como asalariados de estas cadres internacionales. Están en contra de nuestro modelo de desarrollo, de las actividades extractivas y del crecimiento, sin conocer el Perú y nuestras particularidades y necesidades.

Lo mismo dijimos en 2016 con respecto a la alarmante noticia de Oxfam que afirmaba que el 1% de la población tenía tanta riqueza como el restante 99%. Nuevamente, buscaban simplemente una manipulación embustera y que desmentimos tajantemente en: La gran farsa de Oxfam sobre la desigualdad. Tiempo antes, en Lampadia hemos venido reportado su mal comportamiento, ver: Oxfam no tiene autoridad moral,  publicado el 25 de julio 2014.

Las ONG globales deben proporcionar liderazgo moral tanto dentro de sus organizaciones, como con la gente que dicen apoyar, deben ser ejemplos y modelos a seguir para los países en los que trabajan. Los políticos británicos y los representantes de Oxfam se han apresurado a disculparse, pero las disculpas no son suficientes. Este evento ha desnudado la verdadera naturaleza de una organización que se autoproclamaba como representante del bien.

Aldo Mariátegui en su columna de opinión afirma que Oxfam “ha quedado absolutamente descalificada”, y que “corresponde a la APCI cancelar su inscripción en nuestro país”. En Lampadia nos sumamos a esa sugerencia. Pero, además, creemos que una organización que ha mantenido ese tipo de comportamientos, durante largo tiempo y en muchos lugares, en ocasiones de terribles tragedias humanas, no debe seguir existiendo. ¡Oxfam debe ser liquidado desde el Reino Unido!   

Muchas ONG internacionales, y agencias de cooperación desarrollan actividades en el Perú, que contradicen la declaración de sus fines, se alían con grupos de presión locales de orientación antisistema, y pretenden defender a los pobres, manteniéndolos en un país sin inversión ni empleo. No sigamos siendo tan complacientes con estos vehículos disfuncionales. Lampadia

“El hombre es lobo para el hombre”, afirmaba Hobbes (autor del Leviatán) para destacar la importancia del Estado como organizador de la vida en sociedad, de la convivencia pacífica que atenúe o limite las acciones negativas y egoístas de los seres humanos y los lleve a colaborar y pensar en el bien común. Sin Estado, se impone la anarquía. Una de las principales funciones del Estado es la de proveer seguridad e impartir justicia. Así se evita que los hombres se hagan justicia por mano propia y que se imponga la ‘Ley del más fuerte’. Los espacios vacíos siempre se llenan, si el Estado no cumple con sus responsabilidades, los ciudadanos y las mafias adoptan otras modalidades de justicia, algunas de ellas violentas, como ‘juicios populares’, linchamientos y asesinatos.

Las rondas campesinas que surgieron en el Perú en la década de los 70 para combatir al abigeato y se propagaron por buena parte del país en los 80 para defenderse de la insania de Sendero Luminoso, fue una respuesta de las comunidades ante la ausencia e incapacidad del Estado para proveer seguridad. Hace 39 años consiguieron reconocimiento legal mediante la Ley 27908. En esa norma se les permite conciliar en conflictos y apoyar a la justicia. 

Las rondas y comités de autodefensa, que fueron claves en la derrota de Sendero, han ido pasándose al ‘lado oscuro de la fuerza’: Se han politizado,han sido capturadas  por movimientos anti sistema como Patria Roja, participando abiertamente en acciones anti-inversión, como en Cajamarca;algunas se han vinculado a mafias como las del narcotráfico y; otras, ante la ausencia y poca efectividad de la justicia formal, han  incrementado sus capacidades para ‘impartir justicia’, al punto que hoy la policía ha dejado de entregar a los delincuentes que captura al Ministerio Público (fiscalía), como ordena el Código Penal, para dejarlos en custodia de los ronderos. (Ver en Lampadia: La injusticia informal (paralela) no es la solución).

Esta situación ha llevado a que los ronderos se excedan en sus funciones. Se los ha visto flagelando a parroquianos de prostíbulos y bares, golpeando a infieles, secuestrando a estudiantes y profesores por problemas de límites entre comunidades rivales, participando en acciones violentas en marchas, protestas y huelgas, además de mantener un control territorial sobre zonas comunales donde impiden el paso y el libre tránsito (ver en Lampadia: Territorios liberados amenazan libertad, democracia y prosperidad).

A pesar de estos excesos,las rondas han sido legitimadas porel Poder Judicial (PJ) en el 2009,  cuando la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) adoptara un acuerdo de la Corte Suprema para reconocer la capacidad de las rondas campesinas para ‘impartir justicia’. Desde entonces, esta interpretación del artículo 149º de la Constitución, representa la posición formal del PJ con la que renuncia a sus obligaciones, dejándolas en manos de las rondas campesinas.

Cuando la Comisión de Justicia del Congreso, quiso limitar esta excesiva facultad, pues las rondas podrían detener, pero no juzgar, saltaron las ONG y otros socios de la creación de territorios libres. El Poder Judicial (que no deseaba que le enmendaran la plana) y los propios ronderos que hicieron huelgas, paros, marchas, tomas de carreteras y otras amenazas con la violencia. Los congresistas, como es su costumbre, retrocedieron y convalidaron las prerrogativas que detentan las rondas. De esta forma se volvió a legitimar una nueva instancia judicial paralela en el Perú.

Como la propia Constitución reconoce, al igual que distintos convenios internacionales, las comunidades campesinas y nativas (cualquiera sea su origen), tienen el derecho a impartir justicia dentro de sus áreas de influencia, de acuerdo a sus costumbres, tradiciones y usos. Es decir, una tercera instancia de administración (paralela) de justicia.

La preservación de las facultades de las rondas son una contradicción con los principios más elementales de lo que es administrar justicia. Esta requiere de diversas instituciones, del derecho a la defensa y de la doble instancia. Las rondas (armadas) ejercen las funciones de la policía (capturan), de los fiscales (acusan), de los jueces (condenan) y del sistema carcelario (castigan con reclusiones abusivas y con castigos físicos como azotes, apedreamientos y hasta linchamientos que ‘no pueden controlar’.

El país necesita “Gobernanza”como hemos propuesto varias veces en Lampadia, según la definición del Diccionario de la Real Academia: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.

Sistemas de justicia paralelos, sin controles de la sociedad, sin límites a sus acciones y sin que se respeten los principios básicos de la administración de justicia en las sociedades civilizadas, son la negación de la propia justicia y uno de los caminos para que en el Perú se consoliden los ‘territorios libres’ controlados por actividades ilegales y anti nacionales como el terrorismo, el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal y las culebras armadas del contrabando puneño. (Ver en Lampadia: Visión de Futuro antes que un Acuerdo Nacional).

Así no se hace País. Ya es hora de que las decisiones de gobierno, en cualquiera de sus instancias, se basen en los objetivos de largo plazo de la República y, no en la politiquería cortoplacista y cobarde que solo busca el voto y el aplauso del populismo y los medios.  Lampadia

Videos y audios publicados en Arequipa revelan que uno de los principales opositores al proyecto de Tía María, Pepe Julio Gutiérrez ofreció parar las protestas a cambio de “lentejas al contado” (US$ 1’500,000).

Increíble titular de primera página de La República que relativiza un acto indefendible

Abogado: “Yo grabé a Pepe Julio Gutiérrez para que se sepa quién es”

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Jesús Gómez sostiene que saca a la luz el audio para que la gente sepa “la catadura moral” de su dirigente ante la Fiscalía. Afirma que tiene otro audio que lo vincula con actos de corrupción.

Publicado por La República, 08 de mayo 2015

El abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo reveló ayer que fue él quien grabó la conversación telefónica con el dirigente del valle de Tambo Pepe Julio Gutiérrez, en la que este último hace referencia a un presunto pedido de dinero para acabar con la protesta contra el proyecto Tía María.

“Ya no podía callar más. Yo lo he grabado a Pepe Julio porque es importante que la gente sepa la catadura moral de estos líderes que están impulsando la protesta contra Tía María. Esa es mi voz y esa conversación es real”, dijo Gómez a un programa televisivo de Arequipa.

También reconoció que hay otros audios. Por ejemplo, en uno se escucha a Gutiérrez diciendo que hizo un depósito a la jueza Janet Lastra para supuestamente modificar el pedido de prisión preventiva en su contra.

Por último, refirió que hay que tener coraje para revelar la verdad. “Estoy asumiendo una obligación cívica y moral para que la gente que está movilizándose contra Tía María sepa qué intereses hay detrás”, apuntó finalmente.

Dirigente niega veracidad de audio y afirma que si lo denuncia, acudirá al PJ

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Pepe Julio Gutiérrez: Es su palabra contra la mía.

Publicado por La República, 08 de mayo 2015

Tras conocerse la acusación del abogado Jesús Gómez Urquizo, quien afirma haber grabado al presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, éste volvió a negar la autenticidad de la grabación; sin embargo, no quiso pronunciarse sobre sus vínculos con el denunciante.

“Me abstengo totalmente. Es mi palabra contra la de ese señor y si quiere denunciarme en el Poder Judicial, que lo haga.

Comentario de Lampadia

Los peruanos no necesitamos ahora más información para saber y reconocer la naturaleza de las desquiciadas y corruptas protestas de cúpulas violentistas contra el proyecto de Tía María.

Ataques a los bomberos, corte de agua a la población, amenaza a los ciudadanos que no estaban de acuerdo con las protestas, violencia contra los policías, quema de un bus interprovincial, amenaza de vampirismo con la sangre de los policías, la violación de sus mujeres, el canibalismo de sus hijos y encima de todo dinero para venderse peor que Judas.

Queda claro que los reales intereses de esta radical oposición al proyecto son por un plato de “lentejas” que estos dirigentes corruptos  valorizan en US$ 1’500,000.

Seguro que Arana y compañía se alejarán de este delito diciendo que ellos lo hacen por convicción. Para conocimiento de nuestros lectores, reproducimos un párrafo del documento enviado por Tierra y Libertad (Marco Arana), Ciudadanos por el Cambio (Salomón Lerner G.), Partido Comunista del Perú, CGTP (Mario Huamán), Partido Comunista Peruano y otros al Presidente Ollanta Humala el pasado 13 de agosto del 2012:

Ellos se oponen a lo que llaman extractivismo que definen de la siguiente manera:

“El extractivismo no se reduce a la minería,
sino es una estrategia que también abarca
a la actividad petrolera y gasífera,
la pesquera y la forestal,
y los monocultivos destinados
a la agroexportación.

Ahora si tenemos que parar las “ideas muertas”, la violencia y la extorsión. Lampadia