Se suponía que los peruanos habíamos entendido que se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación, de liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país. En la reciente campaña electoral, todos repetían una y otra vez que era indispensable terminar con la tramitología. Incluso la normativa del proceso electoral, ayudó a evidenciar lo pernicioso de la abundancia normativa, que además, suele ser de pésima calidad.

Sin embargo, ante el inicio de un nuevo gobierno, parece que todos se olvidaron del ánimo desregulatorio. Ya comenzaron las propuestas de nuevas leyes por parte de los congresistas electos para los próximos cinco años. Todavía no se asumen funciones y las ideas sobre nueva legislación empiezan a multiplicarse. Inclusive, en el diario más importante del país, El Comercio, Martín Hidalgo hizo un reportaje el pasado 30 de junio, en una nota titulada “Mis tres primeros proyectos de ley”, para la cual entrevistó a ocho futuros congresistas de diversas bancadas y les solicitó describir sus tres primeros proyectos. Ver nuestro resumen de la nota en el siguiente cuadro:  

En el quinquenio 2011-2016 se aprobaron y publicaron 1,442 leyes y el Congreso saliente dejó 1,943 proyectos de nuevas normas en comisiones ordinarias . Como todos sabemos, hoy abundan normas absurdas, inaplicables, redundantes, superpuestas y hasta contradictorias, que en muchísimos casos consiguen lo contrario de sus maniqueos enunciados. El requisito de las evaluaciones costo-beneficio ha sido saltado con garrocha incluyendo en la norma, la frase: “considerando la evaluación Costo-Beneficio”. A esto se agrega una burla a las normas que regulan el Congreso, que, a falta de una segunda cámara, establecen la obligación de que las leyes sean aprobadas en dos votaciones con una distancia de siete días. Pero el ingenio parlamentario ha llegado a crear un artificio disfuncional por el cual, cuando los Padres de la Patria desean ‘regalarnos’ apuradamente una nueva norma, simplemente, la exoneran de su segunda votación en la junta de portavoces. La idea original de la doble votación era permitir a la sociedad civil discutir el proceso normativo y evitar que las emociones coyunturales puedan generar legislación. La exoneración de la doble votación solo debería darse, como estuvo establecido, para temas muy específicos como los tributarios y de seguridad.

Hace un mes comentamos y presentamos el artículo de José María Ruiz Soroa, abogado español, publicado en El País de España: ¡Dejen de legislar! Ruiz reflexiona sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas en España. Explica que el principal propósito de los parlamentarios es ‘parlamentar’. Su análisis parece escrito para el Perú. Dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. Ver la nota completa en Lampadia: Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú.

La hipótesis de Ruiz Soroa es la siguiente: “La ambición de los políticos, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará”.  

Eso es lo que está sucediendo en el Perú. En Lampadia hemos denominado a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Carlos Adrianzén, en su columna de opinión: Subdesarrollo por ley, nos presentó una aterradora estadística sobre este sin sentido: “Solo a lo largo del 2013, el Poder Ejecutivo nos inundó con 22,132 disposiciones nuevas. Los congresistas, por su lado, se dieron un descanso en medio de su vorágine de escandaletes y acusaciones mutuas para inundarnos con 368 nuevas piezas legales. Pero esto para nada fue todo. Los llamados organismos constitucionalmente autónomos, los órganos administradores de justicia, así como los gobiernos locales y regionales se lucieron suministrando 7,702 nuevos instrumentos legales adicionales. Solamente el año pasado. En buen español, inyectaron –para deleite abogadil y desgracia del resto– 38,845 nuevas piezas legales.”

¿Qué debemos hacer? Aprovechar que tenemos un nuevo Congreso que tiene un mandato político de avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología, que los ciudadanos reclaman y, que de alguna manera, fue sancionada en el proceso electoral, como de alta prioridad.  

Necesitamos desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

Un ejemplo escandaloso de la tramitología, que no nos cansamos de repetir, es lo ocurrido con el sector minero, veamos: 

No olvidemos que el lema del gran reformador del mundo actual, Narendra Modi, Primer Ministro de la India, es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en Lampadia: La visión de país y reformas que el Perú necesita).

Entendemos que Fuerza Popular tenía un plan para liberar al país de su esclavitud legislativa mediante una ley llamada aparentemente ‘ley del ocaso’. La idea sería darle a los ministros, directores de pliegos, jefes de las agencias del Estado, gobernadores, alcaldes, etc., un plazo fijo para sustentar con qué normas debían desarrollar sus actividades. Todas las normas que no se consideraran necesarias en dicho proceso quedarían automáticamente derogadas. Algo que parece un sueño y que ojalá el grupo de PPK pueda rescatar junto con Fuerza Popular.

La gran preocupación de la clase dirigente, que tenga vocación cívica y compromiso por la acción, debe ser incentivar a los congresistas a comprometerse con la desregulación antes que con la creación de nuevas normas. 

Lampadia

Don José María Ruiz Soroa, abogado español, nos ha regalado una reflexión muy sesudo sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas (españoles) que parece escrita para el Perú, tanto por su contenido como por su oportunidad.

Ruiz Soroa dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. En el Perú podríamos decir que la selva normativa ha alejado del Estado de derecho a la mayoría de los ciudadanos y emprendimientos productivos (informalidad) y, ha mediatizado nuestra creatividad y capacidades productivas.

Con motivo del enredo legislativo del proceso electoral (10/03/2016), editorializamos, El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’, en que afirmamos: 

“Muchos reclaman y otros se preguntan estos días ¿cómo es posible que los trámites y los procesos electorales sean tan absurdos, detallistas y complejos?”

“Pues los Magistrados del sistema electoral no están desquiciados, no son torpes, no son la exageración del burocratismo. Solo tienen que aplicar las leyes, normas y procedimientos que se han ido dictando para complicar todo, para crear una ‘urdimbre regulatoria’.”

“Exactamente lo mismo se ha tejido para las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sus trámites con la burocracia, con el Poder Judicial, con los municipios, etc.”

En pocos días se instalará el nuevo Congreso de la República, 130 parlamentarios están listos para iniciar su labor y ya tienen muchos proyectos normativos bajo el brazo. ¡ALTO! Lean primero a Ruiz Soroa: ¡DEJEN DE LEGISLAR!

Sí, antes de arrancar la carrera equivocada, aquella que Carlos Ferrero publicitaba sobre los congresistas ‘más productivos’, lean, mediten y hagan una tarea previa: vean como reducir el peso normativo que nos asfixia a un conjunto de dispositivos  que no supere un 20% de lo que tenemos hoy.

Por otro lado, los ciudadanos debemos organizar un concurso de ‘calidad normativa’, para evaluar a los nuevos congresistas. (No se ‘chupen’ gremios empresariales, académicos, etc.).

Gracias por una reflexión tan acertada y oportuna, Doctor Ruiz Soroa.

¡Dejen de legislar!

Los partidos políticos miden el éxito de su gestión por el peso o las páginas (…) no les interesa el cumplimiento o los efectos reales que hayan producido. La vorágine normativa ha devaluado el Estado de Derecho.

Por José María Ruiz Soroa, Abogado

El País de España, 06 de junio de 2016

Comentado y glosado por Lampadia

Lo escribía ya hace años el implacable realista que es Giovanni Sartori: el Estado de derecho no es el Estado que crea a su albedrío y sin cesar un nuevo derecho, sino un Estado en el que el ejercicio del poder está limitado por vínculos jurídicos precisos y estables. De ello se desprende que la gigantesca burbuja de la praxis contemporánea de “gobernar legislando” está vaciando el Estado de derecho, convirtiéndolo en un gobierno de los hombres aunque sea en nombre de la ley. La vorágine normativa en que se ha convertido la actividad de gobernar ha devaluado hasta límites insospechados la calidad del Estado de derecho, que ya no funciona como límite al poder precisamente porque el exceso de derecho provoca su inoperatividad real.

“El marco normativo (español) [peruano] es complejo, confuso, en continuo cambio, de mala calidad, genera incertidumbre e inseguridad jurídicas, desincentiva la eficiencia y el emprendimiento y eleva los costes del sistema”, sentencia lapidario Carlos Sebastián en España estancada. Hay vigentes en (España) [Perú] cien mil disposiciones normativas, diez veces más que en Alemania, un país cuyos länder también disponen de capacidad normativa, y que nos duplica en población. El problema no es ya de calidad técnica, eso sería un problema jurídico, el problema es de mal funcionamiento sistemático de las instituciones, y eso es un problema político.

Y sin embargo, la ambición de los políticos (españoles) [peruanos], de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto.

Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará.

Si algún bien ha traído la sectaria incapacidad de nuestros partidos para formar Gobierno es la de que durante unos nueve meses ha cesado la diarrea legislativa que parece consustancial a la política patria.

Claro que, todo hay que advertirlo, el futuro se presenta por ello mismo más amenazante aún, pues prima el proyecto ansioso y prestigioso de regenerar el sistema político (consista esto de regenerar en lo que sea, que es difícil saberlo) y, para ello, ponerse a legislar a calzón quitado sobre todos los defectos detectados, sospechados, imaginados o atribuidos a ese pobre espantajo que es “el sistema”.

Por leyes, se nos anuncia, no va a quedar, que hasta la Constitución va a ser reformada. Estamos ante un pensamiento acusadamente mágico (en la mejor tradición leguleya hispana) que confunde el cambio de la realidad con el cambio de la norma que lo regula.

No es así, claro: cuando el problema esencial está en los comportamientos y códigos informales de la política por relación a las instituciones, la solución de sus disfunciones no está en modificar sin freno las reglas formales de esas instituciones, sino en cambiar los comportamientos de las élites políticas. En el fondo, me temo, el discurso de la regeneración forma parte de la fase de degeneración, no es sino uno de sus últimos estadios.

Me atreveré a proponer una hipótesis radicalmente contraria a la de la vulgata políticamente correcta. ¿Y si el mayor defecto de las instituciones españolas consistiera, precisamente, en la sobreabundancia de normas reguladoras? ¿Y si lo que hubiera que cambiar fuera, cabalmente, el hábito de intentar resolver los problemas añadiendo leyes a normas y amontonando decretos sobre pragmáticas? ¿Y si tal hábito no fuera, exactamente, sino una manifestación de la falta de estudio ponderado de los problemas y a la vez de la urgencia por la explotación política de las operaciones legiferantes? Una institucionalidad bien gobernada se caracteriza por un número escaso de normas y un grado elevado de su cumplimiento. Una mala, por la sobreabundancia de leyes y su escaso cumplimiento.

¿No convendría entonces, para mejorar la calidad de nuestro Estado de derecho, hacerle una poda severa?

¿Por qué entonces no intentar la mejora operativa de las instituciones mediante el simple y barato método de dejar de producir leyes? Por lo menos por un tiempo. ¿Qué les parecería como programa el de dar al Parlamento un descanso mínimo de dos años sin legislar? ¿Qué harían entonces los parlamentarios electos?

Bueno, mi sugerencia es la de que parlamenten políticamente, que para eso sí están. Todos los grandes teóricos de la (desde Rousseau hasta Stuart Mill) no creyeron que la función de los Parlamentos representativos fuera hacer las leyes, sino sólo aprobarlas o no. Para hacer técnicamente las leyes merece la pena probar con las cámaras de expertos y con los minipúblicos aleatorios de orientación ciudadana, como propone el neorrepublicanismo de Philip Pettit en Despolitizar la democracia.

Las cámaras de representantes han demostrado ya suficientemente su incapacidad al respecto, probemos entonces unos años con otros métodos. Aunque lo primero que habrían de hacer es derogar miles de normas y codificar in claris lo que quede.

La sobreabundancia de leyes manifiesta una falta de estudio ponderado de los problemas. 

Lampadia