Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 4 de junio de 2021
Para Lampadia

Nada resulta más repulsivo, cruel e injusto que el maltrato de un médico o enfermera a una persona enferma o adolorida. Y ¡qué decir de las colas de amanecida que hacen los pacientes en los hospitales públicos… para ver si son atendidos! En ese sentido, la mejora de los servicios de salud pública – junto con la educación y la seguridad ciudadana – debe constituirse en una de las máximas prioridades en la gestión de toda autoridad gubernamental a nivel nacional. En todo caso, ese es fue parecer – y el compromiso – del Gobierno Regional de Ica, en el período 2015 / 2018… ¡y lo logramos!

Para ser consecuentes con dicha prioridad, desde que asumimos el gobierno en enero del 2015, recurrimos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para convocar a los Gerentes Públicos más calificados del país, para ocupar los cargos de mayor jerarquía de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ica.

Aparte de los cambios en los cargos de la alta dirección de la DIRESA, la ciudadanía fue testigo de la objetividad y profesionalismo con que llevamos a cabo todos los concursos de méritos para la contratación de los profesionales de la salud. En efecto, todos los iqueños pudieron constatar nuestra firme determinación de acabar con el clientelismo político y / o puestos de favor, que tanto daño le hicieron a la salud pública de nuestra región en las gestiones anteriores… y – lamentablemente – en la actual.

Fueron precisamente esos funcionarios rigurosamente preparados y calificados por el programa SERVIR, y los profesionales que ganaron en buena lid sus puestos en nuestros hospitales y centros de salud, los que ejecutaron los cambios que permitieron la mejor atención y la reducción significativa de los tiempos de espera de nuestros pacientes.

En Ica, en el período 2015 – 2018 cuadruplicamos las atenciones de consultas externas, eliminamos las colas, y mejoramos sustancialmente las atenciones hospitalarias… sin aumentar el presupuesto.

Mención especial mereció la tercerización de los servicios complementarios de hemodiálisis, farmacia y detección de cáncer, que pusimos en marcha en convenio con el Seguro Integral de Salud (SIS). A ese respecto, quedaron más que evidenciadas las bondades que tienen las Asociaciones Público – Privadas (APP´s) en el otorgamiento gratuito de diversos servicios de salud para la gente pobre de nuestro país.

Ahora bien, todos los logros mencionados anteriormente, solo se pudieron alcanzar en tanto tuvimos éxito en la lucha continua y – en algunos casos – desgastante contra la corrupción y la indolencia en el sector salud. Producto de ello logramos ese cambio de actitud que tanto buscábamos en nuestros médicos y enfermeras, así como en el personal administrativo de nuestros hospitales y centros de salud, respecto a la calidad y calidez de la atención hospitalaria.

Como no podía ser de otra forma, la ciudadanía jugó un rol protagónico en la mejora de la salud pública en la Región Ica. En efecto, la participación de los pacientes y / o sus familiares en la evaluación inmediata de los servicios de salud, dio frutos muy valiosos. Efectivamente, cada servicio era evaluado de manera personalizada, es decir; con el nombre y apellido del médico o enfermera tratante. Efectivamente, la evaluación especificaba la calidad de la atención según:

(1) Trato cordial o maltrato,

(2) Tiempo adecuado o demora injustificada,

(3) Requisitos adecuados o pedido injustificado de documentación irrelevante, y – muy importante –

(4) Pago justo o cobros indebidos… léase coimas.

Por otro lado, se puso a disposición de todos los ciudadanos una línea WhatsApp “GORE Denuncia Segura” a través de la cual se recibían denuncias de manera segura de cualquier persona que haya sido maltratada por cualquier servidor del Gobierno Regional de Ica, incluidos por supuesto, nuestros funcionarios del sector salud.

He ahí uno de los principales logros del Gobierno Regional de Ica en materia de salud pública, en el periodo 2015 – 2018. Por ello, expreso mi eterna gratitud y aprecio a todos los funcionarios del sector, que llevaron a cabo esta revolución silenciosa en beneficio de nuestros compatriotas más necesitados.

Conclusión: Sí se pueden mejorar los servicios de salud pública en todo el país. En Ica – en el período 2015 / 2018 – lo logramos. Todo es cuestión de eliminar la corrupción en el sector. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno aprobó y publicó, el 31 de diciembre del 2018, la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Eso es importante, porque si junto a las reformas institucionales –en el supuesto de que se diseñen y ejecuten bien- se llevan a cabo reformas y acciones para mejorar la productividad del país, sin duda recuperaremos tasas de crecimiento mayores, necesarias para retomar la reducción de la pobreza y el camino al desarrollo.

Es importante la voluntad política de formular y llevar a cabo un plan de competitividad que contenga reformas y medidas que realmente resuelvan los problemas que nos atrasan. La Política aprobada no contiene aun propuestas sino lineamientos, pero en los diagnósticos se puede advertir el nivel de compromiso con reformas serias.

En ese sentido, resulta interesante pero lamentable constatar cómo, en lo relativo al estratégico tema laboral, la política aprobada diluye en alguna medida el diagnóstico contenido en el “documento de política” pre publicado hace unos meses. Comenzando por el título del capítulo correspondiente. En documento de política dicho título versaba así:

“OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal” (p. 81)

La política aprobada dice:

“OP Nº 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno” (p. 51)

Sin comentarios. El hilo conductor del mencionado capítulo en el documento original de trabajo está dado por las razones que explican un mercado poco dinámico e informal: rigidez laboral, costo del despido, costos no salariales elevados. Y comienza así:

“Según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores…” (p. 83)

En cambio, el hilo conductor del capítulo laboral en la “Política…” aprobada es la multiplicidad de regímenes laborales y cómo estos no serían una solución. Es cierto que se mencionan los problemas básicos (costos del despido, costos no salariales, etc.), pero de pasada y dentro de una argumentación que apunta a otro lado. A la rigidez laboral, por ejemplo, casi no se la menciona por su nombre. Ese capítulo comienza así:

 “El mercado laboral formal peruano se caracteriza por la coexistencia de regímenes laborales, destacando como principales el régimen laboral general, el régimen MYPE, el régimen laboral especial agrario y el régimen de construcción civil…” (p. 51)

El documento de trabajo pre-publicado asevera claramente:

“Jaramillo y otros (2017) señalan que un efecto de la interpretación otorgada por el TC, es la severa reducción de la probabilidad de tener un contrato por tiempo indefinido, el cual afecta a todos los trabajadores independientemente de sus características…” (p.84)

En ese tema, la “Política…” aprobada se distancia del argumento poniéndolo en indeterminado:

“… se ha postulado también que a raíz de la de la interpretación del Tribunal Constitucional (TC) sobre la “adecuada protección del empleo frente al despido arbitrario” que debe otorgar el Estado, se habría incrementado la rigidez laboral…” (p.57)

Pero acto seguido este mismo argumento se relativiza:

“Sin perjuicio de lo anteriormente descrito, el análisis acerca de los estudios en torno a la movilidad de los trabajadores en el mercado de trabajo formal realizados por el Ministerio de Trabajo revela una elevada movilidad interna…” (p. 57) 

Cuando, en realidad, la elevada movilidad es precisamente consecuencia del efecto de dicha sentencia del TC, que multiplicó la cantidad de contratos a plazo fijo y redujo la proporción de contratos a plazo indefinido.

En cuanto al elevado costo de la indemnización por despido, el documento de trabajo original lo identificaba claramente:

“Otro factor relacionado a la falta de dinamismo en el mercado laboral es el costo de la indemnización por despido. En el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuáles registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año” (P. 86)

La “Política…” aprobada también lo menciona, pero lo plantea así:

“En materia de contratación y despido, una primera cuestión relevante tiene que ver con el costo diferenciado del despido por tipo de régimen laboral…” (P. 56)

El mensaje es que en los regímenes laborales especiales el costo del despido es menor, lo cual haría irrelevante el problema. Sin embargo, más adelante sí se anota, pero como una atingencia poco relacionada al argumento central:

“Cabe acotar que en el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado, en el caso de contratos a plazo indeterminado del Régimen General, asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual difiere de nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuales registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año”. (P. 56)

En cuanto a los elevados costos laborales no salariales, el documento de trabajo lo ponía claramente, haciendo una comparación con los demás países de la Alianza del Pacífico:

“El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), como se ve en la tabla Nº 11, con un costo laboral no salarial de 50,3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, Chile el 15,8% y México el 21,1%.” (P.88)

Además, insertó un cuadro muy claro:

La “Política…” aprobada no incluye tal cuadro. Sí menciona, sin embargo, la comparación con los otros países:

“Cabe precisar que Perú, tomando como referencia el caso del Régimen General, registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), con un costo laboral no salarial de 59,7% respecto al salario que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, México el 21,1% y Chile el 15,8%26”. (P. 54)

Pero lo hace nuevamente como un apunte dentro de un acápite cuya argumentación principal es que hay muchos regímenes laborales y que hay pocos trabajadores en los que tienen costos no salariales más bajos, dando a entender, entonces, implícitamente, que el problema no está en dichos costos:

“Llama la atención que, pese a que el régimen laboral de la microempresa ha reducido los costos laborales al 6% de la remuneración en comparación con el régimen laboral general (59% de la remuneración), solo el 9% del total de trabajadores de la micro empresa han sido incorporados por sus empleadores al régimen laboral especial descrito” (p. 55)

Por eso, a la hora de los lineamientos de política, lo que vemos son unas pequeñas diferencias en el texto, pero significativas. En el documento de trabajo pre publicado el primer lineamiento dice así:

1. Generar y mejorar los mecanismos para el tránsito hacia el empleo y autoempleo formales de mayor productividad.

La “Política…” aprobada dice lo siguiente:

1. Generar y mejorar los mecanismos para el tránsito de la informalidad a la formalidad en el empleo, con mayor productividad.

Se cambió el “de” por el “con” (mayor productividad). La “mayor productividad” ya no es una característica del empleo que se quiere alcanzar con la reforma, sino la reforma misma: es el medio para alcanzar la formalidad. El marco legal ya no interesa. Por eso, mientras el documento de trabajo establecía como segundo lineamiento:

2. Adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo a las tendencias y necesidades del mercado laboral.

La “Política…” aprobada condiciona en alguna medida la adecuación del marco regulatorio “considerando el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno”:

2.Revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral, considerando el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno.

Por supuesto, el diálogo es tan deseable como impracticable, porque cada vez que se ha intentado tocar estos temas en el CNT, la CGTP se retira. Es casi la manera de decir: “acá no se hará nada”. Salvo que el presidente Vizcarra ejerza su liderazgo para convocar y persuadir. O se logre concretar dicho diálogo mediante algún otro medio.

A nuestro juicio, el temor al diálogo por parte de la CGTP expresa el temor a tener que aceptar una verdad racional que, en realidad, ni siquiera perjudicaría sus intereses si no, al contrario, los favorecería, porque tendría la oportunidad, gracias al mucho mayor empleo formal que una verdadera reforma traería, de ampliar considerablemente su base sindical con muchos más trabajadores que estarían, nuevamente, una porción creciente, en la modalidad de contrato indefinido o permanente.

El gobierno podría explicar estas consecuencias de manera didáctica y apelando a una campaña de comunicación. Si fuera consecuente con su primera versión y con las necesidades del país y de todos los peruanos.

Tal como van las cosas, no se entiende por qué renunció el ministro de Trabajo. Lampadia

Úrsula Letona
Para Lampadia

Desde el gobierno de Toledo en adelante no se han trabajado y debatido reformas estructurales demandadas por la sociedad de nuestro país, que sean de carácter transversal, tanto en lo social, político o económico, entre otros aspectos relevantes, por ausencia de voluntad política o por conveniencia de mantener el statu quo.

Es cierto que el modelo económico consagrado en la Constitución vigente y muchas reformas implementadas en la década de los 90 han logrado que nuestro país en conjunto se encaminara al crecimiento económico. Sin embargo, la realidad de los años 90 no es la misma de los años 2006 o 2011 ni mucho menos la de hoy, que ingresa a la cuarta revolución industrial vinculada a las tecnologías de la información y el conocimiento.

Justamente, atendiendo a la situación indicada, Fuerza Popular ha considerado que se requiere de reformas estructurales en 4 áreas principales: informalidad, salud, educación y laboral. He advertido hace varios meses acerca de la necesidad de estas reformas de segunda generación e inclusive he señalado la forma cómo considero que deben ser abordadas por el Poder Ejecutivo, que por un criterio de competencia es el gran llamado a efectuarlas.

Ya desde en los meses de mayo y junio del año 2017, en artículos que escribí en “El Montonero”,  indiqué que actualmente tenemos una informalidad que asciende al 72% y que los aspectos a abordar para revertir una cifra tan alta son, conforme a la literatura especializada, la carga regulatoria, la productividad laboral, mejores servicios básicos y educación financiera; y que el Gobierno estaba simplemente pensando en “parches” aislados como una propuesta legislativa que tenía por finalidad que el Estado subvenciones el seguro social de los jóvenes trabajadores a fin de fomentar su inserción al mercado laboral. No se observaba ninguna línea política que proponga diferentes medidas para abarcar de manera conjunta y transversal y multisectorial este problema.

Por ello, propuse la creación de una “Autoridad de Formalización” que articule el complejo tramado de actores en el marco de la informalidad y trabaje propuestas articuladas que ataquen diferentes aspectos del problema. Enfocarse solo en el crecimiento del PBI, no será suficiente para revertir los problemas de informalidad.

En lo que respecta a la reforma de salud, en un artículo del mes de marzo del presente año, advertí que una reforma importante en dicho sector era el emprendimiento de un programa piloto o de primera etapa que se vincule a la compra de medicamentos y equipamiento médico de forma centralizada para todos los servicios públicos de salud. La segmentación con la que actualmente contamos, nos ha llevado a resultados nefastos. A su vez, señalé que deben incorporarse las prácticas exitosas en salud que ha tenido el sector privado y adaptarlas a la esfera pública, y, de conformidad con la Comisión de Protección Social, crear un Fondo Único que centralice los aspectos vinculados al financiamiento de la salud pública, así como una división de los componentes de prestación de salud respecto al financiamiento. Necesitamos que los médicos hagan el trabajo para el que fueron formador: tratar y curar a los pacientes, y los administrativos lo suyo: gestionar los recursos.

En lo que respecta al aspecto educativo, ya desde el mes de septiembre del año 2017 enfaticé la necesidad de revertir las desigualdades educativas y señalé que la academia ya ha abordado ampliamente este tema. Debe plantearse objetivos a alcanzar en el corto y mediano plazo para poder adoptar las medidas correctivas que resulten pertinentes, principalmente en las regiones que registran menores índices de calidad educativa.

Asimismo, señalé que debe establecerse incentivos para la capacitación del docente aparejados a la asignación de incentivos económicos, siempre que logren alcanzar los estándares contemplados; pero, a su vez, señalé también la necesidad de generar incentivos para que las autoridades regionales cumplan con implementar políticas que trasciendan sus propias gestiones.

El Ejecutivo debe ya empezar a desterrar el criterio de que la mejora de la educación pasa por ampliar la jornada lectiva y ampliación de cobertura. Ya tenemos niveles de acceso de 94% a la educación primaria y 80% a la educación secundaria, situación muy similar a los estándares OCDE, pero el nivel de calidad sigue siendo algo en los que mostramos una brecha enorme incluso con países de la región como Chile o Colombia. En consecuencia, si bien no se debe descuidar la cobertura, es importante centralizar los esfuerzos en la mejora de la calidad educativa. Miremos la experiencia internacional, y lo señalé en un artículo reciente del mes pasado, los países que han logrado mayores avances en educación como Singapur, Corea y Chile han implementado cambios disruptivos. ¡Han implementado grandes reformas! Veamos cuáles son estas y adaptémoslas a nuestro medio. La evidencia existe.

La mejoría de los rubros de salud y educación repercutirá necesariamente en la reforma laboral pero no debe quedarse sólo en ello. La “doctrina del chorreo” seguida por el ex presidente Toledo sigue siendo desarrollada hasta el día de hoy y los resultados a nivel de generación del empleo no han sido satisfactorios. Sin duda un aspecto preocupante es el alejamiento de la inversión privada, pero no hemos observado ni una sola reforma estructural para generar empleo. La juventud sigue desempleada, los “ninis” crecen cada año y la mayoría son mujeres. Las Mypes son un importante motor de la economía y, conforme he señalado reiteradas veces, miremos la región. Chile ideó un programa de acompañamiento a las Mypes durante sus 2 primeros años de creación y articuló toda su cadena productiva para insertarlas en el mercado incorporándoles tecnologías para generar productividad –valor agregado. Aquí no tenemos eso, sino que las Mypes desaparecen dentro de sus 2 primeros años, pese a que ellas son el principal motor de nuestra economía y generan una gran cantidad de puestos de trabajo, donde está incorporada la gran masa laboral.

Finalmente, el pasado 09 de noviembre presenté a iniciativa mía, conjuntamente con otros colegas, la Moción 07471 a fin de “Conformar una Comisión Especial para promover el dialogo entre las diversas fuerzas políticas parlamentarias, hacer el seguimiento, analizar, debatir y proponer recomendaciones técnicas para la priorización de la agenda de reformas de interés nacional hasta la aprobación correspondiente”. Esta Comisión tendrá una importante misión: coadyuvar a cambiarle la vida al ciudadano. No populismo, no discursos histriónicos, sino trabajar. Articular entre las diferentes fuerzas políticas parlamentarias y, evidentemente, el Gobierno para impulsar estas reformas que hasta ahora el Ejecutivo no ha efectuado y tampoco ha mostrado iniciativas. Lampadia

El quinto componente de nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, esfuerzo desarrollado con colaboración de Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, se circunscribe al rol del Estado, el actor más importante de todos, pues está facultado para crear y modificar las reglas con las que deben actuar los demás y a ejercer el monopolio de la violencia en defensa del conjunto de la sociedad.

Después de la caída de la inversión privada y del crecimiento de la economía, coincidente con la parálisis de la inversión en minería y, habiendo vivido previamente lo contrario, alta inversión privada en minería y otros sectores, y un período largo de alto crecimiento económico, está muy claro el aporte de la inversión minera al conjunto de la sociedad y al desarrollo integral. Desafortunadamente, se ha dado mucho espacio mediático y político, así como el disfrute de la impunidad, a los grupos y cúpulas promotoras de la conflictividad minera, que han logrado confundir a buena parte de la sociedad, haciendo pensar que sus motivaciones son de carácter social y ambiental y, no políticas, ideológicas y simples mecanismos de captura del poder.

La debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, ha permitido que los anti mineros hayan convertido los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto.

Estamos a días del inicio de un nuevo gobierno que tiene entre sus objetivos, la reactivación de la economía. Esto solo se podrá lograr echando a andar los grandes proyectos productivos y de infraestructuras paralizados, pues su impacto en la economía y en los muy necesarios recursos fiscales, es más rápido que el desarrollo de nuevas aventuras.

A continuación presentamos algunos lineamientos sobre el rol del Estado en la conflictividad minera. Ver los cuatro capítulos anteriores en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

El Estado en la Reducción de la Conflictividad

Ideas para estimular un debate

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

Una expectativa de gran parte de la población es que el nuevo gobierno tenga la voluntad política y la inteligencia para llevar a cabo la reactivación de la minería, pues su  reactivación podría dinamizar nuevamente el conjunto de la economía.

Sucede que la reactivación de la minería no será solo una cuestión de promover inversiones sino de tener la capacidad de prevenir la conflictividad social que se ha incrementado alrededor de algunos proyectos: Xtrata, Las Bambas, Conga, Tía María, etc. El gobierno saliente fracasó rotundamente en el intento de reducir la conflictividad, sacrificando miles de millones de dólares de inversión y de impuestos, y muchos miles de empleos productivos. Si este gobierno no lo hace mejor, irá por el mismo camino de su antecesor. Nuestra intención es contribuir a que esta decepción no se repita.

Marco conceptual

Como ya hemos explicado en artículos previos, los cuatro actores que determinan el grado de conflictividad social de la actividad minera son (1) las Empresas Mineras, (2) las Sociedades Locales, (3) los Anti-mineros y (4) la Institucionalidad pública/Estado. De esos actores, el Estado es el más importante porque es el que puede modificar las reglas del juego y las condiciones institucionales dentro de las cuales actúan los demás actores.

La minería, igual que el petróleo, en los años de altos precios de los commodities, como los hemos tenido hasta hace poco tiempo, genera grandes cantidades de rentas, y la disputa por esas rentas es la principal razón de la conflictividad minera. Esto contradice la aparente causalidad de los temas sociales y ambientales, que son en su mayor parte la plataforma para la búsqueda de rentas.

La conflictividad minera es un problema tan serio que para muchos de los países africanos y algunos latinoamericanos la abundancia de recursos naturales ha resultado siendo una maldición (Congo, Sierra Leona, Venezuela, etc.). El célebre economista Jeffrey Sachs llega a creer que esa maldición es inevitable.[i] Nosotros no compartimos esa opinión, y creemos que podemos hacer que los recursos naturales sirvan para promover y financiar el desarrollo sostenible. Todo depende de cuan bien se hagan las cosas, como es el caso de Botsuana, Noruega, Polonia, Chile, y muchos otros.

Los estudios de Paul Collier, de Oxford University, realizados en decenas de países y por 40 años consecutivos, concluyeron que los conflictos extractivos ocurren en aquellos países donde las instituciones crean condiciones favorables para la conflictividad, y los conflictos son más violentos en los países en que las instituciones son más precarias. Ello significa que, de los 4 factores de la conflictividad explicados arriba, el marco institucional es el más importante. De ahí el rol preponderante del Estado.[ii]

Daron Acemoglu ha estudiado el rol de las instituciones en el desarrollo o estancamiento económico de los países y ha identificado cómo el poder político y las instituciones inciden sobre el desempeño de las empresas y de las economías. Él ha desarrollado un enfoque teórico que representamos gráficamente en el cuadro de más abajo.[iii]

En el caso del Perú, los anti-mineros han aprendido a utilizar los conflictos para acumular poder político tanto “de facto” (control social, político y mediático en zonas mineras) como “de jure” (congresistas, alcaldes y gobernadores), y con ello neutralizan el funcionamiento de las instituciones públicas que viabilizan y legitiman la actividad minera, a costo del desempeño económico del país. Su ambición es prohibir la minería moderna en las zonas suni y puna, justo donde está el 80% de las reservas de minerales metálicos del país.

Por ello, la reactivación de la minería no puede ser vista como resultado de una medida aislada, tipo bala de plata, sino como consecuencia de un conjunto de cambios en ese sistema institucional y político. La implicancia central es que el Estado tiene que actuar sobre las instituciones para cambiar los incentivos económicos y las relaciones de poder, y así neutralizar a los factores que hoy bloquean a la minería. 
La buena noticia es que con la elección del nuevo gobierno (pro economía de mercado), el poder político nacional “de jure” debe ser favorable al mejoramiento del desempeño económico del país. El problema es que los anti-mineros tienen parte del poder político “de jure,” en el congreso con miembros claramente hostiles a la minería y también parte del poder político “de facto:” opinión pública, organización política, medios de comunicación, etc., y son fuertes en las regiones mineras. Nacionalmente los anti-mineros son largamente minoritarios, pero en algunas localidades mineras ellos sí son predominantes. En esas zonas van ocurrir los problemas sociales en los próximos años, pues la conflictividad minera se desarrolla justo en el desequilibrio entre el poder nacional y los poderes locales.

Las Condiciones para la Conflictividad

En el caso peruano, la conflictividad minera es viabilizada por nueve factores agrupados en tres bloques principales: (a) deficiencias institucionales, (b) poder político de los anti-mineros, (c) el clima social en las zonas mineras.

Deficiencias Institucionales

1. La incapacidad del Estado para hacer respetar la ley en las zonas mineras. Esta debilidad del Estado genera un clima de inseguridad generalizado y hace posible que la violencia y la coerción sea parte de las prácticas diarias de las organizaciones que promueven el conflicto. Esta debilidad del Estado es la condición principal para los actos de violencia y los muertos que tanto benefician a los anti-mineros. El Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza y hacer uso legítimo del mismo.

2. La falta de legitimidad de las instituciones públicas que norman y supervisan la actividad minera. Sin referencia institucional creíble, la población local no sabe en quién creer, y se vuelve presa fácil de la narrativa de los anti-mineros y de sus campañas en contra las empresas mineras y las instituciones públicas. 

3. La fragmentación de la institucionalidad jurídica, generando una especie de vacío jurídico que refuerza la impunidad para impedir las actividades económicas, para la destrucción de la propiedad y para la realización de acciones violentas. A diferencia de los países desarrollados, aquí en el Perú autores de actos violentos y criminales terminan impunes y muchos de ellos llegan a ser declarados héroes locales. El paulatino avance de la Justicia Intercultural impulsa esta fragmentación jurídica.

Poder político de los anti-mineros

4. La narrativa anti-minera presenta una versión maniquea de la realidad en que ellos son los buenos (defensores del medio-ambiente y de la población local) frente a los malos (las empresas mineras), cubriéndose de un manto de buena intención y moralidad y ocultando sus reales intereses económicos y políticos (autoritarios). Una parte significativa de la población peruana esta bajo la influencia de esa narrativa.

5. Hegemonía mediática, vía el control de los medios de comunicación y del flujo de mensajes que llegan a la población en la zonas mineras, especialmente las radios rurales, recurriendo en algunos casos a la amenaza y a la represión violenta de las voces discordantes del discurso anti-minero. Este es un mecanismo fundamental para el influenciar la mentalidad de la población local y la propagación de rumores.

6. El desvío de recursos locales o externos. Los grupos anti-mineros siempre obtienen recursos para financiar la conflictividad, y para beneficiar a sus líderes y activistas. Su fuente principal de recursos es el desvío del presupuesto público y del canon minero (municipalidades, Gobiernos Regionales, etc.) pero también reciben fondos de sectores radicalizados y/o desinformados de la cooperación internacional. 

Clima Social

7. Disputa de rentas. En amplios sectores de la población persiste el sentimiento de que la minería es una fuente de rentas que sólo es posible apropiarse por medio del conflicto. Si la población no visualiza una relación positiva de colaboración con la minería (desarrollo compartido), se generaliza en la población la disputa de rentas por medio del conflicto. En esas condiciones los anti-mineros florecen.

8. La polarización social hostil a la minería que divide la sociedad en dos bandos (los buenos versus los malos), que neutraliza a los sectores medios urbanos (intelectuales, empresarios, profesionales, instituciones, etc.), y genera condiciones para hacer socialmente dominante la narrativa hostil a la minería. La polarización social es un mecanismo de acumulación de fuerzas muy usado por los anti-mineros y les sirve para neutralizar a sus rivales.

9. Temores y sentimientos de agravio de la población local. Los problemas de afectación del agua en comunidades cercanas, la existencia de pasivos mineros, la pérdida de posición social relativa de parte de las élites locales, el incremento de los precios locales, los accidentes ambientales, etc., agudizados por la propaganda anti-minera, generan un clima de temor y malestar hacia la minería. Estos sentimientos son exacerbados para generar la polarización social hostil hacia la minería y permitir a los anti-mineros posicionar su narrativa como los defensores de la población local.

¿Qué hacer? El rol del estado.

Esos tres grupos de condiciones que estimulan la conflictividad están inter-ligados. Es decir, solo pueden ser superadas efectivamente si se abordan conjuntamente.

En forma muy resumida presentamos algunos de los componentes de las respuestas.

1. Una apuesta por el desarrollo regional y no por la conflictividad: El nuevo gobierno debe elaborar cuidadosamente los lineamientos de una propuesta de desarrollo regional que tenga a la minería como motor económico, y el canon como el gran financiador del desarrollo regional, apoyado por inversiones del gobierno nacional. Esta propuesta debe movilizar las capacidades productivas y empresariales de las regiones de modo a generar un consenso regional pro-desarrollo. Esa propuesta debe contener un plan de inversiones públicas a llevarse acabo en base a las fuentes de recursos señaladas arriba. La población regional deberá sentirse dueña de dicha propuesta en su región, y contar con mecanismos institucionales para fiscalizar a todos los actores: gobernantes locales, empresas mineras, gobiernos nacional y regional, e instituciones públicas respecto al cumplimiento estricto de los compromisos asumidos y el uso correcto de los recursos públicos. 

2. La vigencia de los derechos y del imperio de la ley en todo el territorio: El nuevo gobierno debe hacer una evaluación de la capacidad institucional del Estado para hacer cumplir la ley en todo el territorio, muy especialmente en las zonas con actividades mineras. Es fundamental que el uso de la violencia como recurso de presión política disminuya, que los reclamos de la población se canalicen vía las instituciones que les ofrece la democracia, y que los anti-mineros sean forzados a respetar las opiniones divergentes en el seno de la población local. Sin imperio de la ley en las zonas mineras no habrá reactivación de la minería y los recursos públicos que se apliquen en obras y proyectos serán desperdiciados. La estrategia del Estado hacia la violencia debe ser preventiva para reducir los costos sociales y políticos.