CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Después que se conoció al gabinete del terror, ha venido lo que era de esperarse, el nombramiento desordenado y caótico de funcionarios tan malos como los ministros.

La situación es, desde el principio crítica. Un gobierno integrado por simpatizantes de Sendero Luminoso y el MRTA, un notorio agente cubano y una retahíla de sinvergüenzas e incapaces, tendrá a su cargo los destinos del país en momentos en que la economía está devastada, no solo por el Covid, sino también por la nefasta política de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.

Varios de los funcionarios designados por los ineptos gobernantes fueron cambiados en menos de 24 horas. Por ejemplo, un individuo acusado de vender exámenes de ingreso en la universidad Villarreal, fue nombrado jefe del gabinete de asesores del ministerio de Vivienda. Cuando se conoció su prontuario, fue cambiado por un sujeto denunciado por pertenecer a una organización criminal y lavado de activos en una azucarera de Lambayeque disputada por varias mafias. Y resulta que el fiscal a cargo de esa investigación es el nuevo ministro del Interior, que violó flagrantemente la ley al ocupar ese cargo sin haber renunciado al ministerio público.

Naturalmente, la legalidad es lo que menos les importa a los que se han apoderado del gobierno para destruirla.

Esta gente tiene objetivos precisos y no vacilan en utilizar el poder para cumplirlos. El nuevo ministro de Trabajo, un maestro del Sutep Conare de Ayacucho, es decir, la organización creada en el magisterio por Sendero Luminoso (Movadef), reconoció el primer día útil –viernes 30 de julio- a la federación de ese grupo, la Fenate, que enfrenta al Sutep que controla Patria Roja (PR). Durante la segunda vuelta, PR apoyó suicidamente a Pedro Castillo.

También han ordenado a la Policía Nacional que entrene a unas supuestas rondas campesinas para que se hagan cargo de la seguridad en las ciudades. En verdad ese es un subterfugio para crear lo que en Cuba se llaman brigadas de intervención rápida y en Venezuela colectivos, que no son otra cosa que grupos de matones y delincuentes asalariados y armados por el gobierno que atacan y reprimen a opositores y disidentes.

También han cambiado a todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Los izquierdistas supuestamente moderados, se han subido inmediatamente al carro de Vladimir Cerrón y Castillo cuando les han ofrecido algunos pocos ministerios y puestos públicos. Ellos confían en que seguirán mamando de la teta del Estado.

En suma, como algunos habíamos advertido, si esta gente se hacía fraudulentamente del poder, trataría de instaurar rápidamente una dictadura chavista, incompetente y corrupta, que destruiría la democracia y el país. Y eso está ocurriendo.

En esta situación, en la que su próximo paso es disolver el Congreso y montar una asamblea constituyente a su medida, son cada vez más los que proponen acabar con el gobierno vacando a Castillo y a su ilegal vicepresidenta. Por ejemplo, Aldo Mariátegui dice “¡vacancia democrática ya!” (Perú21, 3/8/21). Francisco Cohello sostiene que “solo queda la vacancia” (Correo, 4/8/21). Y Oscar Sumar señala que el Congreso tiene que actuar en forma rápida “negando la confianza [al gabinete] y vacando a Castillo”. (Lampadia, 2/8/21).

¿Se podrá? Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 30 de julio de 2021
Para Lampadia

Pedro Castillo se hizo conocido a raíz de la huelga magisterial del 2017. En ese entonces, Castillo era el presidente del Comité de Lucha de dicha huelga. En lo que a mí respecta – aún sin haberlo tratado cara a cara – conocí a un personaje despiadado, súper violento, intratable y cínico. ¡Cómo olvidar la finta de tirarse al suelo para aparentar una agresión policial inexistente!

Aparte de provocar la pérdida del año escolar de un millón y medio de niños y jóvenes estudiantes, los peruanos fuimos testigos de los más brutales actos vandálicos, ocasionados por maestros que más parecían jaurías de perros rabiosos: daños a aeropuertos, bloqueos de carreteras, daños a vehículos particulares, toma de estaciones de energía eléctrica, y – como ocurrió en Ica – agresiones a mansalva contra maestros y escolares que no se plegaban a la huelga.

Por ello, la Procuradoría Especializada en Delitos Contra el Orden Público del Ministerio del Interior – entonces a cargo del Ministro Carlos Basombrío – denunció a Castillo Terrones y a otros facinerosos por los delitos de extorsión y otros ilícitos penales. La referida denuncia se presentó ante la Fiscalía Superior Contra el Crimen Organizado, donde Castillo y sus secuaces figuran como cabecillas, mandos medios, y ejecutores de la Organización Criminal “Los Protestantes del Sur”.

En cuanto a la protesta en sí, el Ministerio de Educación – entonces a cargo de la ministra Marilú Martens – hizo todo lo posible para atender las demandas salariales de los maestros. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, el Primer Ministro Fernando Zavala… todo el Gobierno Central se puso del lado del magisterio. Yo puedo dar fe de ello.

En aquel entonces yo era Gobernador Regional de Ica, y todos los Gobernadores Regionales coordinábamos con el Gobierno Central la solución a la huelga. Sin embargo, las negociaciones fracasaron porque los huelguistas se oponían a la evaluación de los docentes, mientras que el Ministerio de Educación – acertadamente – exigía la meritocracia en la carrera magisterial.

El hecho es que – a raíz de los acontecimientos de aquella infausta huelga – salieron dos versiones acerca del carácter y personalidad de Pedro Castillo Terrones… la cara más visible y representativa de la protesta magisterial. A decir del Ministerio del Interior – y con muchas pruebas inobjetables de por medio – Castillo resultó ser un sedicioso más, íntimamente ligado al MOVADEF y a CONARE SUTEP, ambos brazos políticos de Sendero Luminoso.

Sin embargo, para el Ministerio de Educación, Pedro Castillo era más bien un buen tipo… pero débil de carácter. Tanto que no pudo contener las arremetidas de los sediciosos infiltrados en los sindicatos de la educación peruana que propiciaron – y prolongaron a la bruta – la huelga magisterial del 2017. En otras palabras – según el Ministerio de Educación – Pedro Castillo sería un pelele… una persona de poco carácter que se dejaba manejar por los demás, muy fácilmente.

Bueno pues, en honor a la verdad – y a la luz de los acontecimientos recientes – yo no sabría cómo calificar a Pedro Castillo… flamante Presidente de la República. ¿Un sedicioso o un pelele dominado por sediciosos? Veamos porqué.

Si fuera el propio Presidente Castillo quien hubiera decidido la designación del inefable Guido Bellido como Primer Ministro – a pesar de estar inmerso en un proceso penal por apología al terrorismo, y además de su clara actitud machista, homofóbica, misógina, clasista, subversiva, y todo lo demás – estaríamos ante un Presidente sedicioso… convicto y confeso. Y más aún, con el agravante de haber conformado un Gabinete Ministerial de apertura, donde varios de sus miembros – aparte de no tener ninguna experiencia en gestión pública – cuentan con antecedentes de terrorismo, corrupción y sanciones de todo tipo.

En cambio, si la designación de Bellido se debiera a una imposición del también inefable sedicioso Vladimir Cerrón – un sentenciado por corrupción, Castrista y Chavista hasta la médula, y escandalosamente involucrado en la Organización Criminal los Dinámicos del Centro – estaríamos ante la faceta pelele del Presidente Castillo.

El problema es que cualquiera sea el caso, tampoco sabría decir qué es peor: ¿un Presidente sedicioso, o un Presidente pelele dominado por sediciosos? Más bien, lo que sí sé, es que cualquiera sea el carácter y personalidad del Presidente – sedicioso o pelele – estamos mal. ¡Muy mal!

¿Qué hacer? Pues protestar en alta voz contra el terrorismo. Desenmascarar a los corruptos. Exigir transparencia e idoneidad en el Estado. Respaldar y proteger a la valiente Fiscal Bonnie Bautista que está investigando a la mafia de Vladimir Cerrón. Apoyar a los congresistas que planteen la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Y – por supuesto – respaldar y agradecer a los peruanos valientes y honestos que están por todo el país… en el Estado y en la Sociedad Civil. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es conocida la tesis de Vladimir Cerrón de que no basta con llegar al gobierno, sino que hay que tomar el poder, y no dejarlo.[1] Con “tomar el poder” se refiere a un poder sin límites, sin controles horizontales, sin pesos y contrapesos institucionales, concentrado en el partido de gobierno y en la mano presidencial, para llevar a cabo la revolución.[2] Es la dictadura del partido de Lenin.[3]

Hemos sostenido que la asamblea constituyente es el medio usado por los gobernantes bolivarianos para concentrar poder político y económico. No solo por su resultado: un nuevo texto constitucional que consagra un modelo político y económico[4] iliberal, sino por el proceso mismo, por las decisiones que toma la asamblea misma que, ejerciendo un poder absoluto, disuelve instituciones vigentes y despide magistrados y funcionarios.

Lo dice Allan R. Brewer-Carías: “Esas Asambleas Constituyentes que se convocaron en Venezuela (1999), y luego en Ecuador y Bolivia al margen de los postulados de las Constituciones, no fueron, por supuesto, para que en un marco plural y con los necesarios consensos políticos –como había ocurrido en 1991 en Colombia– se pudieran elegir representantes del pueblo para recomponer el sistema político, sino que se trató de un mecanismo diseñado para asaltar y acaparar el poder, conforme a una bases electorales o comiciales impuestas unilateralmente desde el Poder Ejecutivo. Para ello, poco importó lo que dijera la Constitución, prevaleciendo la idea de que en ningún caso ella podía impedir que el pueblo se manifestase”[5] (p.88)

Venezuela

En Venezuela se usó este recurso dos veces: en 1999 y en el 2017, Chávez primero y Maduro luego. Apenas elegida la asamblea constituyente de 1999 por ejemplo, el diario español El País titulaba su informe periodístico así: “El Congreso de Venezuela acepta su cierre temporal por las presiones de Chávez”.[6]

La asamblea había votado para darse el poder de abolir las instituciones gubernamentales y despedir a funcionarios señalados como corruptos. Despidió así a sesenta jueces.[7] Refiere Brewer Carías: “No sólo eliminó el mandato democrático de los diputados y senadores que habían sido electos al Congreso en noviembre de 1998, sino que más grave aún, promovió y permitió el asalto al Poder Judicial a través de una Comisión interventora, la cual, fue ciegamente aplaudida por centenares de “demócratas” que saludaron la supuesta “depuración” del Poder Judicial, creyendo en las “democráticas” intenciones de la Asamblea, cuando lo que estaba ocurriendo no era otra cosa que un apoderamiento total del mismo” (P.88)

Maduro también quiso su propia asamblea constituyente, para abrazar aún más poderes ante una oposición más beligerante y que por primera vez había triunfado en las elecciones parlamentarias del 2015, donde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alcanzó 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional. Había que inhabilitar ese Congreso, desplazarlo, restarle facultades. Y así se hizo. La  Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asumió facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado y se eternizó: duró más de 3 años, desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2020, y al final ni siquiera promulgó una nueva constitución: su objeto fue simple y descaradamente despojar de todo poder al congreso opositor y despedir autoridades independientes. Aquí tenemos una antología de actos de poder omnímodo de la ANC: [8]

• El 5 de agosto de 2018, destituyó a la fiscal general Luis Ortega Díaz.
• Luego allanó la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados y autorizó su enjuiciamiento
• Destituyó al gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, por no juramentar ante ella.
• Ordenó la convocatoria a elecciones para las 335 alcaldías del país para el 10 de diciembre y estableció que todos los alcaldes electos debían juramentarse ante los constituyentes. ​
• ​Aprobó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, estableciendo penas de 20 años de cárcel y cierre de medios de comunicación entre otras sanciones, ley diseñada para penalizar la disidencia política
• Ilegalizó a partidos opositores que no participaron en las elecciones municipales
• Suprimió por decreto dos distritos metropolitanos, controlados por la oposición.
• Decretó que las elecciones presidenciales previstas para finales de 2018, se realizarían antes del 30 de abril.
• Aprobó el Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025

Ecuador

Para Rafael Correa, la asamblea constituyente fue también el arma perfecta para concentrar poder y eliminar contrapesos institucionales. Según Richard Ortiz,[9] “El proyecto revolucionario de Correa comprendía una estrategia de concentración de poder basada en la legitimación plebiscitaria, la reforma constitucional y la cooptación de todo el aparato estatal, incluidos la administración de justicia y los órganos de control (p. 231).

Describe así el proceso: “La estrategia de concentración del poder del correísmo empezó con la convocatoria a Asamblea Constituyente en abril de 2007. El primer paso fue influir en la autoridad electoral… La resistencia del Congreso Nacional a la consulta popular trajo como consecuencia que 57 diputados de la oposición fueron destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en marzo de 2007…  Con la destitución inconstitucional de los parlamentarios y la negociación previa con los suplentes, el gobierno se aseguró el control del legislativo.

A pedido de los legisladores destituidos, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la resolución del TSE que afectaba al Congreso Nacional y, como consecuencia de esta decisión, los jueces constitucionales fueron cesados en sus cargos por el Congreso Nacional (24 abril) y reemplazados por jueces cercanos al gobierno.

En suma: para junio de 2007, el gobierno ya había tomado el control sobre el TSE, el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional. Los asambleístas constituyentes fueron elegidos en septiembre de 2008, con una clara mayoría para el gobierno de 80 de 130 miembros. Una vez instalada la Asamblea Constituyente de plenos poderes en noviembre de 2007, el órgano del poder constituyente asumió las atribuciones de la Función Legislativa y suspendió a los diputados del Congreso Nacional que fueron elegidos en octubre de 2006.

Además, destituyó al Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Ministro Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendentes de Telecomunicaciones, Compañías, Bancos y Seguros, y se designó a funcionarios cercanos al régimen (art. 8 MC-1)…

Después de la aprobación del texto constitucional y de su Régimen de Transición (RT) en referéndum de septiembre de 2008, la Asamblea Constituyente disolvió definitivamente el parlamento…” (Op. Cit., pp. 239 -240).

La nueva constitución no solo fortaleció los poderes presidenciales, sino que, como en Venezuela y Bolivia, estableció la reelección presidencial, apuntando a la presidencia vitalicia. En su sección tercera, “Comunicación e Información”, dictó las bases para que por ley se creara luego la Superintendencia de la Comunicación e Información, que le sirvió a Correa para confiscar, cerrar y castigar a medios y periodistas. [10]

Bolivia

En Bolivia Evo Morales no usó la asamblea constituyente del 2006 para cerrar el Congreso porque un año antes Morales había ganado las elecciones parlamentarias con un 56% de los votos.

Pero la nueva constitución que entró en vigencia el 2009 sí le sirvió para controlar los poderes constitucionales. Específicamente todos los vinculados al sistema de justicia y el Tribunal Constitucional. En efecto, la flamante Carta Magna “introdujo el sistema de elección popular de los más altos cargos del sistema de justicia: Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental. No obstante, la preselección de los candidatos… fue encargada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, constituida así en el filtro político del proceso”.[11]

Claudio Lechín nos explica que en esas elecciones ganaron los candidatos de Morales porque muchos postulantes eran desconocidos, no había publicidad y la votación era nacional. Así pasó a controlar todas esas instituciones.

Y –añade- si bien no cerró el Congreso por la razón arriba señalada, si aprovechó el mayor poder así ganado para expulsar a congresistas opositores, golpeados además en la calle. Los gobernadores regionales fueron judicializados por supuesta corrupción o sonados asesinatos coreografiados. Fuera de otros atropellos.[12]  

En conclusión, estos botones de muestra de los efectos autoritarios y totalitarios de los procesos constitucionales bolivarianos bastan para darnos cuenta que la propuesta de una asamblea constituyente en el Perú no es inocente. Lo que busca es convertirse en el instrumento mediante el cual el gobernante adquiere, mientras dura, poder absoluto, y luego de aprobada la nueva constitución, poderes de control institucional y económico[13] que no son democráticos y que no sirven para el desarrollo nacional y menos para la reducción de la pobreza y la desigualdad, sino todo lo contrario.  Lampadia

¿Dónde están los peruanos a quienes cada día afrenta el títere de Cerrón?

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Muchos en esta elección presidencial, dónde esta en juego seguir viviendo en una democracia o elegir a una dictadura que ni siquiera disimula sus apetencias totalitarias, prefieren hasta ahora mantener el silencio, la neutralidad, la cómoda posición de costado que no se juega, no suma, no se hace responsable.

Son muchas las afrentas del candidato Pedro Castillo y de Perú Libre a la sociedad libre y a la democracia, pero también, lamentablemente muchos los silencios.

• El candidato Perú Libre ha dicho que desactivará el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, que dejará sin efecto la Constitución mediante una Asamblea Constituyente paralela al Congreso y no prevista en el procedimiento de reforma, tres aberraciones constitucionales que debieran haber puesto de pie a juristas, abogados, estudiantes de derechos y colegios profesionales; sin embargo, hasta ahora, no se escucha una voz de crítica, de protesta o por lo menos de preocupación. ¿Donde están los abogados, los juristas, las facultades y los gremios?
• El candidato del lápiz ha dicho que desactivará el sistema de AFPs, con lo cual obviamente se engullirá como en Bolivia o Argentina todos los ahorros previsionales de todos los trabajadores peruanos; sin embargo, ni los gremios sindicales, ni las federaciones, ni siquiera los sindicatos de base y menos los futuros pensionistas han dicho esta boca es mía.  ¿Donde están?
• El candidato que no lee libros de las bibliotecas pero es profe, ha dicho y está escrito en su propuesta política, que no habrá propiedad privada o grupal, sino propiedad social y estatal, sin embargo, en un país donde todos aspiran a ser propietarios de un auto, un terreno en el arenal, un departamento, una casa o una combi y donde el 72.4% de la población según el último censo de vivienda declara ser propietario o posesionario de una vivienda de cualquier tipo o condición, los peruanos propietarios no dicen nada.. ¿Donde están los propietarios que no defienden sus posesiones? ¿Esperarán que las brigadas paramilitares del gobierno, lápiz (o fusil) en mano les toquen la puerta para desposeerlos como ya sucedió en Cuba, Venezuela o en las expropiaciones de Velasco en los 70?
• El señor Castillo ha dicho que va a expropiar empresas, nacionalizar actividades económicas y desaparecer la libre empresa, la libre competencia y la libertad contractual; sin embargo, salvo los gremios de turismo del Cusco, los dirigentes de Gamarra y los APEMIPES, no se escuchan las voces de indignación, rechazo y protesta de las confederaciones empresariales, las cámaras de comercio y los gremios de producción frente a esa amenaza explícita a los pilares de la actividad empresarial del país. ¿Donde están los empresarios? ¿Dónde están sus gremios?
• El señor Castillo ha dicho que desactivará los exámenes a los docentes, que derogará la ley de la carrera magisterial, que desactivará la SUNEDU y que los maestros de su facción del SUTE CONARE definirán el currículo escolar conforme al Pensamiento Cerrón; sin embargo, ni una sola APAFA, ni un gremio de padres de familia, ni los demás sindicatos magisteriales salen a cuestionar estas absurdas propuestas. ¿Donde están los estudiantes, los padres de familia? ¿Dónde están los jóvenes del bicentenario?

Podríamos seguir mencionando las diversas propuestas del Lápiz en contra de algunos sectores, actividades, gremios o personas y encontraríamos que todavía hay mucho silencio para tanta afrenta.

Cuando la gravedad de un momento histórico plantea la necesidad de definirse, el silencio deja de ser tal y se convierte en complicidad. Esto sucede en la política, en la moral, en la familia y en la religión.

En el plano espiritual, el Papa Francisco, a propósito de lo que ocurre en el Oriente Medio, reprendió al mundo católico el 2018, que “hay una nube de tinieblas: guerra, violencia y destrucción, ocupaciones y diversas formas de fundamentalismo, migraciones forzosas y abandono”, en medio “del silencio de tantos y la complicidad de muchos.”

En medio de las tinieblas que también se ciernen sobre nuestro país, debiera retumbar el eco de estas frases pontificias para quienes, con su silencio, se están convirtiendo en los cómplices de las largas noches negras de tinieblas que le esperan a nuestra libertad y nuestra democracia de llegar al poder el títere del convicto Vladimir Cerrón. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Conforme se va conociendo quienes son realmente Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, su popularidad va decreciendo y el rechazo a esa improvisada candidatura aumentando.

Una de las razones del meteórico ascenso de Castillo las últimas semanas y los últimos días previos a la primera vuelta electoral fue que, precisamente, no era conocido, ni él ni su patrocinador.

Así, pudo canalizar la ira, la rabia, el descontento, la desesperación de muchos ciudadanos ante el desastre de la gestión gubernamental de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, que llevó al Perú a tener la más alta proporción de muertos por millón de habitantes en el mundo entero y a una catástrofe económica con millones de desempleados y de personas que cayeron en la pobreza.

No es la primera vez que ocurre eso en el Perú y probablemente tampoco será la última. Alberto Fujimori capitalizó en 1990 el disgusto con la clase política de aquel entonces y la crispación existente por la hiperinflación, el terrorismo y la crisis. Con Alejandro Toledo sucedió algo similar el 2000 y 2001. Ambos superaron la prueba y finalmente ganaron.

Una de las ventajas de la segunda vuelta es que cuando aparece un candidato muy poco conocido, se le puede apreciar e investigar antes de la votación definitiva. Y eso es lo que está ocurriendo ahora con Castillo y su mentor Cerrón.

De este último se sabe ahora que es no solo un admirador declarado de los tiranos Fidel Castro y Hugo Chávez, sino que pretende implantar en el Perú una dictadura comunista similar a las de Cuba y Venezuela. Lo ha dicho explícitamente, si llegan al poder será para quedarse.

Pero quizá más importante son las revelaciones del congresista por Junín César Combina y las investigaciones del periodista Carlos Paredes, entre otros.

Ellos han expuesto como han gobernado Cerrón y sus secuaces en Junín, una región con miles de millones de soles de canon de la minería. Más de 40 obras, incluyendo hospitales, abandonadas, aumento de la anemia infantil y corrupción desenfrenada. Además, persecución, agresiones y amedrentamiento a periodistas y políticos opositores.

Y como cereza del pastel, divulgaron el comportamiento machista y misógino de Cerrón, cosa que no debería sorprender a nadie, ni siquiera a su reciente aliada Verónika Mendoza, pues ya se conocían los antecedentes del personaje.

Paredes ha hecho público el parte del serenazgo que prueba que Cerrón maltrataba a su esposa cubana, cosa que el individuo se había encargado de ocultar, manipulando al parecer los reportes policiales del incidente. Típico comportamiento de un sujeto de esas características.

Peor todavía, Paredes también ha destapado que Cerrón extorsionaba a una joven que estaba en dificultades económicas para obtener favores sexuales a cambio de ayuda, como expuso en el programa de Beto Ortiz en Willax TV.

Por eso, y por lo que también se va conociendo de Castillo, las preferencias electorales están cambiando. No obstante, el peligro sigue siendo muy alto. No hay que bajar la guardia. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Hernando de Soto (HdS) ha recibido una oleada de críticas por su postura presuntamente equidistante de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, y porque ha manifestado que conversó con Pedro Castillo para atenuar sus posiciones radicales y atraerlo a una postura más centrista.

En realidad, a nadie ha debido sorprender lo que ha dicho. En varias oportunidades, antes de ser candidato, él había declarado que había que conversar con partidarios de Sendero Luminoso para tratar de acercarse al sector de la población que supuestamente representan.

Durante la campaña incorporó a Jorge Paredes Terry, un individuo de conocida trayectoria extremista, cercano al Movadef -que es el Sendero Luminoso de Abimael Guzmán con otro nombre-, al antaurismo y cuanto movimiento radical aparezca en el escenario.

Y cuando recibió críticas por hacer participar a Paredes, lo defendió ardorosamente. Hasta el final.

No hay motivo para sorpresa entonces. Ahora Hernando está tratando de hacer lo que siempre ha preconizado.

Algunos lo critican porque, según dicen, con su candidatura impidió que Rafael López Aliaga (RLA) pasara a la segunda vuelta y le ganara a Castillo. Son especulaciones sin fundamento.

No hay ninguna evidencia que si HdS no postulaba esos votos fueran a RLA, sobre todo teniendo en cuenta lo volátil e imprevisible que es el electorado. Tampoco que en caso que fuera así, RLA hubiera tenido más posibilidades que Keiko Fujimori. Nadie lo sabe.

En suma, no hay ninguna sorpresa y no tiene sentido seguir lamentándose sobre lo supuestamente pudo ser y no fue.

El asunto central con Castillo es que él no se va a moderar si es que llega al Gobierno. La gente que lo rodea y muchos de los que han entrado al Congreso son del Movadef o cercanos, y del grupo de Vladimir Cerrón, que es una suerte de representante de los cubanos y venezolanos, de la llamada Coordinadora Bolivariana que integraban las FARC de Colombia, el MRTA, etc. Es decir, los grupos más radicales, que propugnaban o practicaron el terrorismo y que ahora, cuando fueron derrotados, buscan los mismos objetivos por la vía electoral.

Es decir, Castillo no es Ollanta Humala, que trabajaba con los brasileros, interesados en hacer grandes negocios y no en desestabilizar el país y provocar una revolución. Y por gente como Siomi Lerner, un empresario izquierdista, pero empresario al fin.

Por último, el mensaje de Castillo es realmente destructivo, revolucionario y antidemocrático. Mucha gente que lo escucha y lo sigue lo cree. Quiere cerrar el Congreso y el Tribunal Constitucional, convocar una Asamblea Constituyente, liquidar una serie de instituciones como la Defensoría, la ATU, etc. Si él triunfa le van a exigir eso de inmediato y se va a generar una situación caótica.

Un ejemplo es lo que ocurrió en la huelga magisterial de 2017. El Gobierno les hizo muchas concesiones, pero su entorno y sus seguidores no transaban con nada, siempre querían más y, cuando se abría alguna posibilidad de conciliación, lo acusaban de traidor y vendido.

No hay que equivocarse, entonces. Si gana lo que viene será un enfrentamiento que fácilmente derivará en violencia y caos. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

En la segunda vuelta electoral, la pregunta que debemos hacernos es una muy simple, ¿qué país aspiramos ser? En base a esa reflexión, la decisión resulta muy fácil. Votar por Castillo atenta contra todo principio que compone una democracia liberal, reduciendo al hombre a un ser sometido a los antojos de una élite que decide todo por él, que lo anula y que no lo reconoce como un individuo.

De acuerdo al plan de gobierno de Perú Libre y las declaraciones de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, líder del partido, el camino al que nos quisieran llevar es al de Venezuela, Argentina o Bolivia de hoy. Añoran el protagonismo del Estado en todos los aspectos de la economía y la sociedad, tienen total irrespeto a la propiedad privada y desdén por las instituciones – en forma y fondo y consideran la libertad de expresión como un obstáculo a sus pretensiones. Sorprende que a estas alturas del sigo 21, con la información objetiva que conocemos, existan quienes aspiran ser como los países más empobrecidos y reducidos de todo el mundo.

En 1960, Venezuela y Argentina tenían un PBI per cápita de alrededor de US$1,000 (dólares corrientes) – el doble que países como Chile y Singapur en ese mismo año, mientras que Korea del Sur tenía un PBI per cápita inclusive menor al de Perú. Sin embargo, Chile, Singapur y Korea del Sur se embarcaron en un proceso de modernización, apertura de mercado e inversión para mejorar educación, salud e infraestructura. Al 2014 (último año en que Venezuela tiene indicadores para el Banco Mundial y fallecimiento de Hugo Chávez), Chile tiene un PBI per cápita similar al de Argentina y Venezuela, el PBI de Singapur es 4 veces el de Venezuela y el de Korea del Sur es casi 3 veces el de Argentina. Al 2020, Venezuela tiene una pobreza monetaria de 96% – es decir, casi todos sus habitantes son pobres, y Argentina, una pobreza monetaria de alrededor de 40%, mientras que Chile tiene 10% de pobreza – cercana a la de EEUU. En el caso de Bolivia, la pobreza alcanza 39% – que si bien se ha reducido en las últimas décadas a paso lento, el PBI per cápita del país vecino es de los más bajos del mundo, menor que el de Costa de Marfil y Azerbaijan, a pesar de tener importantes recursos naturales. Asimismo, Evo Morales ha solventado sus políticas populistas con el incremento de deuda pública y uso indiscriminado de reservas. Ante una decreciente inversión privada, el modelo de Bolivia resulta insostenible.  

No necesitamos una bola mágica para ver lo que sería un futuro con Castillo y Cerrón (y el Foro de Sao Paulo) a la cabeza. No necesitamos “conocer las propuestas”, como muchos opinólogos dicen, pues si bien es bueno conocerlas y entenderlas en el contexto del plan de gobierno, más importante es entender cuáles son los ideales del candidato, su cosmovisión del mundo. Por lo tanto, preguntémonos si queremos ser Venezuela-Argentina-Bolivia, o si queremos ser, en un futuro, como Chile-Korea del Sur-Singapur. Lampadia

Referencias

https://www.reuters.com/article/venezuela-poverty/venezuela-poverty-rate-surges-amid-economic-collapse-inflation-study-idINL1N2EE1MG

https://www.nbcnews.com/news/latino/argentina-nearly-half-poverty-coronavirus-deepens-economic-crisis-n1241704

https://www.worldbank.org/en/country/bolivia/overview

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/deuda-externa-de-bolivia-llega-su-maximo-historico

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2019&locations=VE-PE-AR-CL-SG-KR&most_recent_year_desc=false&start=1990&year=1980

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Sin duda el año 2018 ha sido un año sumamente agitado en lo político lo que ha generado altos niveles de incertidumbre. El sector minero no es ajeno a las implicancias sociales y políticas de estas incertidumbres.  Por ello se justifica analizar qué perspectivas se abren a la minería este año y qué impactos los diversos actores políticos podrían tener sobre el sector.

El Poder Ejecutivo:

El presidente de la República sale de los conflictos políticos del 2018 sumamente fortalecido. Un referéndum que legitimó su mandato, una prensa hegemónicamente favorable, un congreso en jaque frente a las acciones judiciales y amenazas de cierre, la principal líder opositora en la cárcel y un Poder Judicial que va a entrar en un proceso de reformas a ser digitado en función a las propuestas del Ejecutivo. Sin duda esto implica una fuerte acumulación de capital político e institucional en la figura del presidente. Ello implica que el presidente dispone de “profundidad estratégica” en caso él decida utilizar su fuerza política para impulsar proyectos mineros que enfrenten resistencia social. Un presidente con baja aprobación difícilmente estará dispuesto a arriesgar una parte del poco capital político del que dispone en apoyar un proyecto minero, lo opuesto ocurre en el caso de Vizcarra el cual puede arriesgar parte de su capital político con consecuencias que no le serán críticas.

Por otro lado, si bien el presidente ha construido una poderosa coalición que sostiene su alta popularidad esta coalición no se encuentra cohesionada de manera sólida con el presidente sino más bien por la existencia de enemigos comunes y el deseo de acceso a recursos públicos.

El presidente no se sostiene en un aparato partidario, un alineamiento ideológico o un liderazgo político carismático. Más bien, el presidente tiene como pilar de su capital político a un conjunto de actores (como la prensa, ONGs, gobernadores regionales, una izquierda no hostil, sectores de la judicatura) que no le responden jerárquicamente. Por ello un conflicto social prolongado implica para el presidente el incurrir en el riesgo de que parte su coalición actual, en especial la ideológicamente más a la izquierda, pase a la oposición en caso el presidente polarice contra una resistencia social sistemática.

En el caso del Ollanta Humala el conflicto Conga llevó a la pérdida de múltiples aliados, a la caída de dos Primeros Ministros y a una amplia caída en la aprobación presidencial. Para un presidente sin bancada y sin partido, como Vizcarra, participar en un conflicto a gran escala podría implicar correr un alto riesgo político.

En caso se de un escenario de nuevas elecciones congresales ello disminuiría la disposición del ejecutivo a asumir costos políticos por apoyar a la minería. Ello sería así por que el gobierno requeriría de salvaguardar al máximo su aprobación popular con el fin de obtener un parlamento con una composición favorable. Un conflicto social a larga escala implicaría posibles pérdidas de aprobación presidencial y alienarse regiones enteras contra el gobierno central, esto es un fuerte desincentivo a que un gobierno apoye un proyecto minero con alta resistencia social.

Los Gobiernos Regionales y las Alcaldías:

Las elecciones de octubre y diciembre del 2019 llevaron a la victoria de múltiples autoridades con discursos hostiles a la inversión privada y a la inversión minera en particular, lo cual es sin duda un factor de riesgo relevante para las empresas mineras. Los gobiernos regionales y los alcaldes disponen de recursos económicos, comunicacionales y de representatividad política que pueden ser desplegadas en acciones hostiles al sector extractivo. En algunas regiones mineras las nuevas autoridades electas afectan de manera clara la correlación de fuerzas en favor de los anti-mineros.

Las victorias electorales de Zenón Cueva en Moquegua, Walter Aduviri en Puno, Elmer Cáceres en Arequipa, y Vladimir Cerrón en Junín implican el ascenso de gobernadores regionales que han incorporado en mayor o menor grado el discurso anti-minero dentro de su proyecto político. El nivel de hostilidad que manifiesten hacia el sector minero se verá influenciado por el sistema de incentivos políticos y económicos que se deriven de su accionar. Las posturas del Gobierno Nacional respecto a la minería influenciarán en forma significativa ese sistema de incentivos.

Aquellos gobernadores regionales que tengan intenciones presidenciales se verán inclinados a asumir una actitud más hostil hacia la minería puesto que la confrontación anti-minera y frente al gobierno central resultan mecanismos útiles de posicionamiento político a escala nacional y facilitan la formación de un liderazgo de tipo “contestatario” lo que puede resultar crítico si se desea ser un candidato presidencial dentro del espacio político antisistema.

El tratamiento que reciba un gobernador por parte de la prensa nacional también resulta importante, mientras mayor y más afín la cobertura de un gobernador conflictivo, este considerara que su conducta le genera el posicionamiento deseado.

En este contexto la conducta del gobierno central hacia los gobernadores regionales resulta ser sumamente importante, puesto que, si el gobierno central prioriza su alianza política con los gobiernos regionales por encima del impulso a la inversión privada, no se daría ningún grado de condicionalidad del acceso de recursos de los gobiernos regionales independientemente de si los mismos se encuentran destinados a facilitar o a hostilizar a la inversión minera, bajo estas condiciones el gobierno central renunciaría a infringir costos al activismo anti-minero apoyado con fondos públicos.

Sin embargo, la posición radical por sí misma no es suficiente para darle relevancia nacional a un gobernador regional. Vladimir Cerrón ha sido Presidente Regional de Junín en el pasado, su postura de extrema izquierda filo-castrista no le brindó un resultado electoral favorable cuando fue candidato a la presidencia y tuvo que retirarse de las elecciones del 2016 puesto que se mostró inviable mantener la inscripción electoral. Diferente fue el caso de Gregorio Santos quien desde la prisión consiguió más de un 4% a pesar de estar en la cárcel y mínimos recursos de campaña. La diferencia entre ambos casos se encuentra en que el primero no operó en una región con un movimiento social contestatario fuerte mientras que el segundo si. Un gobernador regional radical puede fortalecer y apoyar un movimiento social conflictivo y capitalizar políticamente sobre el mismo. Pero por otro lado un gobernador regional inclusive, si es radical, no puede generar un movimiento social hostil a pesar de los claros retornos políticos que esto le tendría. El caso reciente de Cajamarca lo ilustra. Gregorio Santos no logró reactivar el movimiento anti-minero que lo llevó al poder y su candidato (Porfirio) se quedó en el tercer lugar en las elecciones regionales.

El Congreso de la República:

El congreso está pasando por un proceso de reconfiguración de las bancadas producto de la crisis de Fuerza Popular. Se está pasando de un patrón de bloque dominante a uno disperso en el que se tendrá un congreso con diversas facciones en alianzas coyunturales para la aprobación de legislación que sea de su interés. Esto representa un incremento en la capacidad de grupos congresales hostiles a la minería para avanzar su agenda ideológica. Ello sería así porque la necesidad de formar mayorías coyunturales implicaría llegar a acuerdos con los partidos anti-mineros (Como el Frente Amplio). Esos partidos podrán entonces negociar sus votos con otras fuerzas a cambio de la aprobación de leyes que forman parte de su proyecto de largo plazo.

El caso de la aprobación de la Ley de Cabeceras de Cuenca o el Acuerdo de Escazu nos señala la forma clara como, aún con una fracción del congreso, agrupaciones ideologizadas minoritarias pueden avanzar su agenda en un congreso en el que los sectores pro inversión son mayoría. Ello ocurre porque los sectores pro-inversión no dedican la misma importancia a esos temas y están dispuestos a facilitar el avance de la agenda anti-minera a cambio de votos útiles en las disputas de poder al interior del congreso. En un congreso atomizado como el que se viene las ocasiones para que se den negociaciones negativas se incrementan notablemente.

Por otro lado, la dinámica política actual implica un incremento notable en la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, por lo que posibles esfuerzos del Ejecutivo por impedir la emisión de esta clase de leyes podrían ser más efectivas.

La Judicatura:

El Poder Judicial afecta el desarrollo de la minería en la medida de que sea un garante de sus derechos de propiedad y castigue las acciones de violencia ligadas a la conflictividad social. En esa medida las acciones del Poder Judicial han mostrado severas deficiencias a lo largo de los años dándose una intensa impunidad para quienes han impulsado acciones violentas al interior de movilizaciones de protesta.

Además, los futuros cambios en el Poder Judicial posiblemente demorarán los procesos judiciales puesto que los magistrados necesitan tener más en claro las consecuencias de sus fallos sobre sus carreras en un Poder Judicial con una jerarquía renovada.

Conclusiones

El rol del Ejecutivo es crítico puesto que tiene capital político para invertir en el apoyo al sector minero tanto frente a conflictos sociales como frente al parlamento, también tiene mecanismos de influencia sobre los gobiernos regionales y sobre el poder judicial. Dependerá que la prioridad del Ejecutivo por el crecimiento económico sea considerada más importante que la popularidad que su postura pueda darle. 

Lamentablemente, hasta ahora no se ha dado ninguna instancia en que el presente gobierno demuestre estar dispuesto a poner en riesgo su capital político en favor del crecimiento económico, y menos en pro de la inversión minera. Observando su manejo en 2018, se puede afirmar que se tiene un gobierno con una baja propensión a poner en marcha proyectos mineros con conflictos sociales complejos.

Se enfrenta el riesgo de gobernadores regionales antisistema que tratan de posicionarse hacia el 2021 mediante la conflictividad. El éxito o fracaso de esos gobernadores antisistema dependerá de la condicionalidad presupuestal que el Ejecutivo presente a los gobiernos regionales y la presencia de movimientos sociales fuertes operando en la zona.

En el legislativo se puede esperar múltiples iniciativas de legislación que erosione el ambiente de negocios para la minería. En buena medida dependerá del Ejecutivo que dicha legislación pueda terminar siendo aprobada, o no. Mientras tanto, el Poder Judicial seguirá ofreciendo condiciones de impunidad a la violencia de los grupos anti-mineros, pero en plazos aún más dilatados que los actuales. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Las recientes elecciones regionales han dado como resultado la victoria de algunos candidatos que generan profundas incertidumbres para el sector privado. Este ha sido el caso con las victorias de Zenón Cuevas en Moquegua, Walter Aduviri en Puno y Vladimir Cerrón en Junín.

Hay quienes consideran que el preocuparse por estas victorias es un acto de desprecio colonial a los electores y que en verdad al ser estas (Moquegua, Junín y Puno) regiones con pujantes economías informales estas victorias no implican problemas para la inversión privada ni para la sostenibilidad política de un modelo de desarrollo sustentado en el mercado. Un ejemplo de esta postura es el articulo “¡Ay, los cholos antisistema!” de Juan Carlos Tafur[i].

Sin embargo, la victoria de lideres ideológicamente hostiles a la inversión tiene consecuencias políticas y sociales relevantes, mas allá del malestar que podría generar entre las elites limeñas. La victoria de presidentes regionales con ideologías antisistema implica un conjunto de riesgos para las actividades productivas en su región y también para la sostenibilidad del modelo de libre mercado.

Los efectos negativos de la presencia de esas autoridades en gobiernos regionales, provinciales y distritales son diversos. En forma breve podemos mencionar:

1. Uso de la representatividad del gobierno regional contra proyectos de inversión minera e hidro-energética. Los gobernadores regionales, al ser los representantes electos de la región, asumen un rol de representación política de la población regional. Esta representación les facilita presentarse a los medios e instituciones como canalizadores de la voluntad de la población de su región o provincia.
2. Soporte logístico con fondos del gobierno regional o provincial para realización de movilizaciones hostiles a los proyectos de inversión.
3. Contratación masiva de activistas políticos antisistema dentro del gobierno regional o provincial. Es común que incorporen como personal de confianza a activistas políticos radicales que podrán ahora dedicar una mayor parte de su tiempo al activismo político puesto que sus ingresos pasaran a ser cubiertos por la planilla del gobierno regional. Estos activistas, además de ser remunerados en muchas ocasiones, dispondrán del soporte logístico requerido para sus acciones políticas como transporte, hospedaje y locales a ser financiados por el gobierno regional. Esos activistas, al hablar a la población, lo hacen con el título de representantes elegidos y no como simples ciudadanos.
4. Instrumentalización ideologizada de las instituciones del gobierno regional hacia fines anti inversión. Los gobiernos regionales pueden realizar diversas acciones que brindan soporte discursivo al activismo anti-inversión aun si no tienen carácter mandatorio. Ejemplos de estas medidas son las ordenanzas regionales declarando inviables a proyectos de inversión o generando medidas de ordenamiento territorial que refuerzan sus narrativas y que, de aplicarse paralizarían los proyectos de inversión.
5. Envía una poderosa señal a los lideres locales. Puesto que esto señala a autoridades y activistas locales que el realizar acciones y asumir posturas radicales hacia las inversiones es una estrategia exitosa de posicionamiento político. Con ello múltiples lideres están incentivados a propiciar la conflictividad puesto que en la misma ven una oportunidad para impulsar sus carreras políticas.

Seria un error homogenizar a estos actores hostiles al mercado tanto Aduviri, como Cuevas o Cerrón, tienen diferencias ideológicas, de praxis y capacidades políticas. Es en función a esas características especificas que se puede hacer un análisis efectivo de las consecuencias de estas victorias electorales.

Para poder visualizar estas características hemos elaborado un cuadro en el que se puede ver la posición de estos tres lideres políticos en un conjunto de características clave.

 Estas son:

1. Pos-extractivismo: Medida en la cual se tiene una ideología hostil a la extracción de materias primas y se subscribe un ideario de “alternativas” al desarrollo.
2. Anticapitalismo: Esto es la oposición a un sistema de libre mercado con propiedad privada y apertura a los productos e inversiones extranjeras.
3. Identitario: Por ello nos referimos la medida en la cual el proyecto político hace uso de un discurso de identidad. El valor ser mayor conforme en mayor medida se posicione en actor político en función a una identidad especifica. En un continuo que va desde una posición internacionalista, a una nacionalista, pasando por un proponer un Estado Plurinacional y terminando con la exaltación a un grupo étnico especifico.
4. Articulación Nacional: Con ello los referimos al grado en el cual este gobernador electo tiene alianzas con otros actores políticos fuera de su región y dispone de recursos políticos para desplegar un proyecto nacional. La afiliación a un partido nacional o disponer de una inscripción electoral incrementan la Articulación Nacional.
5. Perturbación Institucional: Por esto no referimos a la medida en la cual este actor político canaliza la disputa política al interior de las instituciones del Estado o muestra una disposición a medias fuera de la misma tales como la movilización callejera o inclusive acciones violentas. El valor de esta variable será mayor conforme se haya visto una mayor disposición del actor a hacer uso de acciones extra institucionales.

Como se puede observar Walter Aduviri, de Puno, destaca por su énfasis en el discurso identitario. Ha pasado del nacionalismo aymara e impulsar la vigencia de un Estado Plurinacional, influenciado probablemente por la experiencia boliviana. También hace referencias frecuentes a la Pachamama lo que le hacer al Pos-extractivismo, pero sin ser un seguidor pleno de esta ideología. Zenón Cuevas, de Moquegua, es cercano al Partido Comunista del Perú “Patria Roja”, lo que trae elementos anti-capitalistas y le brinda cierta articulación nacional. Él ha impulsado movilizaciones en el caso del Moqueguazo, por otro lado, su discurso no apela a un componente identitario ni pos-extractivista. Vladimir Cerrón, de Junín, destaca por su aversión al modelo de desarrollo capitalista, en el que fue bien instruido tras 11 años en la Cuba castrista, posee una inscripción nacional para su partido “Perú Libre”, aunque no ha destacado por impulsar movilizaciones masivas o violentas.

Conocer las semejanzas y diferencias entre estas distintas fuerzas permite predecir su conducta ante tópicos políticos concretos (minería, regionalismo, constitución, uso de violencia, etc.) y facilita el esfuerzo por mitigar las consecuencias desestabilizadoras de su accionar en los próximos años. Lampadia