CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Los bloqueos y la violencia en la carretera Panamericana en Ica y La Libertad tienen directa relación con los disturbios promovidos por las izquierdas y sus aliados en Lima a mediados de noviembre, que culminaron con la caída del efímero Gobierno de Manuel Merino. El casi unánime apoyo de los medios de comunicación que antes habían respaldado a Martín Vizcarra y luego la legitimación de las protestas violentas por parte del Gobierno de Francisco Sagasti –que rindió especial homenaje a los dos jóvenes delincuentes que lamentablemente fallecieron en esos eventos en su discurso de toma de posesión en el Congreso-, contribuyeron a justificar el uso de la violencia para obtener lo que se quiere.

Ni que decir del apoyo de ciertos líderes empresariales que, con absoluta miopía, intentaron quedar bien con la muchedumbre.

De esa manera se abrieron las compuertas para los desórdenes y la violencia. Naturalmente, el Gobierno de Sagasti es incapaz de enfrentar con firmeza y decisión las asonadas. Teme perder el respaldo de los que los llevaron al poder.

Así, la Policía Nacional ha sido enviada a los bloqueos con órdenes de no lastimar a los manifestantes, que han atacado con ferocidad y salvajismo, premunidos con hondas, piedras, bombas molotov y toda clase de artefactos contundentes a las fuerzas del orden.

Ese comportamiento, como es obvio, solo enardece y alienta a los violentistas a seguir cometiendo desmanes.

No solo eso, el ex candidato del Partido Morado y ex secretario del presidente Sagasti, hoy ministro del Interior, ha sostenido públicamente que hay que cambiar la ley de protección policial (N° 31012) y ha tratado con guantes de seda a los bárbaros que secuestraron y golpearon policías en los recientes disturbios (Canal N, 22/12/20).

Las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran que las protestas sociales crecieron exorbitantemente en noviembre a 395 (en octubre 138 y en setiembre 117), aunque estas cifras solo muestran la cantidad, pero no la calidad, es decir, el nivel de violencia descontrolada de las últimas semanas. (“Gestión”, 17/12/20).

Los bloqueos en Ica y la Libertad amenazan con liquidar uno de los más importantes motores de la economía de las últimas dos décadas, la moderna agricultura de exportación que ha llevado empleo y prosperidad a cientos de miles de trabajadores y sus familias. Y se suma a los asaltos a otro de los propulsores de la economía, la minería, bajo asedio desde hace tiempo. El bloqueo de dos semanas a la mina Las Bambas es solo una muestra de ello.

Si se le agrega que el oleoducto Nor Peruano lleva más de 80 días inactivo por sucesivos ataques (ver las observaciones y conclusiones de Ismael Benavides en Lampadia, 23/12/20), se puede constatar que varias de las actividades económicas decisivas para el crecimiento del país están bajo ataque.

Nada indica que esto vaya a cambiar con el actual Gobierno. Pero es fundamental impedir que está situación se prolongue durante cinco años más.

• Las protestas sociales deben ser enfrentadas primero políticamente, es decir, negociando, convenciendo persuadiendo.
• Segundo, cuando se producen hechos de violencia, las fuerzas del orden deben enfrentar los disturbios con toda firmeza, conducidas y respaldadas por un Gobierno decidido.
• Y en tercer lugar, algo que ni siquiera se esboza ahora, aplicando la ley con vigor.

Si diez, quince o veinte violentistas fueran detenidos, procesados y sentenciados por el delito de bloqueo de carreteras (de 5 a 10 años de prisión, artículo 200° del Código Penal) o por atacar a las fuerzas del orden (de 8 a 12 años de prisión, arts. 366° y 367° del CP), la disuasión sería efectiva. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 4 de diciembre de 2020
Para Lampadia

¡Ay de aquel que diga que hubo vandalismo infiltrado en las marchas de protesta de la semana pasada en Ica! – Las marchas fueron pacíficas – dirán las autoridades demagogas y acomplejadas. ¡Ay de aquel que ose decir que la Ley de Promoción Agraria fue buena! – La Ley Chlimper perpetró la explotación de los trabajadores agrarios – retrucarán los periodistas y agitadores convenidos. ¡Ay de aquel que invoque la acción policial para garantizar el orden público y la liberación de las carreteras bloqueadas! – ¿Para qué convocar a la Policía para proteger a los empresarios? – dirá una candidata al Congreso. ¡Ay de aquel que diga que las empresas agrarias formales dan trabajo digno y cumplen la ley! – ¿Alguien puede vivir con S/. 15.00 diarios? – gritará un dirigente mentiroso.

Bueno pues. Si se tratara de puntos de vista diferentes… en fin. Pero no. Se trata – más bien – de la más absoluta intolerancia. El que opina o actúa en contra de los vándalos – o en favor de las empresas agrarias o de los pasajeros atrapados injustamente en medio del bloqueo – es tildado de explotador, traidor, farsante… y hasta amenazado físicamente.

El hecho es que muchos trabajadores que quisieron trabajar o – en todo caso – defender su centro de trabajo, fueron atacados arteramente con palos y piedras, e insultados cobardemente bajo el anonimato de las redes sociales.

En mi caso, la intolerancia de los huelguistas – supuestamente pacíficos – y de los que los apoyaron, se manifestó en ataques groseros y amenazantes a todo mi entorno familiar. Incluida mi madre – que en paz descanse – que fue mentada mil y una veces por esos cobardes escondidos detrás de las redes sociales.

Mal… muy mal. Como dije en mi artículo de la semana pasada. La ciudadanía está enfrentada con la Policía. La juventud está enfrentada con las generaciones mayores. Los peruanos que estuvieron en contra de la vacancia de Vizcarra están enfrentados con los que estuvieron a favor. Y así por el estilo… todos contra todos. La intolerancia se está dando – incluso – entre amigos entrañables, entre jóvenes de la misma generación, y entre miembros de una misma familia. La intolerancia y la cobardía se han aliado entre sí.

Pero lo peor de todo, es que la cobardía también se está manifestando en el Estado. Efectivamente, es de cobardes no restablecer el libre tránsito de las carreteras bloqueadas. Me estoy refiriendo al Gobierno Central y a la autoridad policial que vergonzosamente – y en mayúsculas – dieron la orden de “NO EFECTUAR EL DESBLOQUEO DE LAS VÍAS Y EVITAR CUALQUIER TIPO DE ENFRENTAMIENTO Y/O CONFLICTO CON LOS MANIFESTANTES DURANTE EL PARO AGRARIO, MIENTRAS EL SEÑOR GENERAL NO LO DISPONGA… BAJO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA EN CASO DE SU INCUMPLIMIENTO.” A ver ¿quién me explica… para qué sirven la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, y la Dirección General de la Policía Nacional?

Nuestro Estado es – lamentablemente – inoperante, débil y maltratador. No mueve un dedo cuando tiene que actuar para mantener el orden público; es débil y pusilánime frente al vandalismo y bloqueo de carreteras; y cuando actúa, lo hace de manera prepotente y torpe. Y – por si fuera poco – es corrupto.

Conversando al respecto con varios policías y militares en situación de retiro, el maltrato a la Policía – de parte del presidente Sagasti y del ex ministro Vargas – causó una gran desazón en la institución policial. La humillación propinada a los más altos oficiales de la Policía Nacional no tiene perdón de Dios.

Por otro lado, la negación descarada de ciertas autoridades – y periodistas – respecto de los actos vandálicos agravó la situación. De nada sirvieron los videos espontáneos que circularon en las redes sociales, acerca de la destrucción de las instalaciones y maquinaria de las empresas agrarias. Tampoco sirvieron los videos de pedradas lanzadas cobardemente contra ambulancias, buses, camiones y vehículos con niños, mujeres y personas mayores que quedaron atrapados en medio del bloqueo. – ¿Reprimir el vandalismo para luego ser sancionados por faltas disciplinarias? – ¿Para qué?… dijeron los policías.

Ciertamente, los principales responsables de todo el caos vivido en Ica la semana pasada son los vándalos, y la mano negra que está detrás de ellos. Pero ahí – cerquita – están también las responsabilidades de las autoridades sesgadas y pusilánimes como el presidente Sagasti, el ex ministro del Interior, muchos congresistas y políticos oportunistas; incluso el Gobernador Regional de Ica, y numerosos periodistas y blogueros demagogos.

He ahí los responsables de que la semana pasada, la situación de Ica haya sido patética, caótica y dramática. He ahí los protagonistas del ocaso de la tolerancia… y el esplendor de la cobardía. Lampadia

Como comentamos la semana pasada a raíz del retiro de la película ‘Lo que el viento se llevó’ de la cartelera de HBO, el lado occidental del mundo está sufriendo la imposición de una nueva suerte de inquisición que pretende regimentar lo ‘políticamente correcto’, incluso mediante la violencia.

Así como la Unión Soviética reescribió la historia de la Rusia, hoy los nuevos fanatismos pretenden reescribir la historia de occidente.

Tenemos que reaccionar ante esta nueva enfermedad que solo lleva a la supresión de la libertad, la mayor desgracia social imaginable.

La nueva revolución cultural

Fundación para el Progreso – Chile
Axel Kaiser
Publicado en Diario Financiero
18.06.2020

Harald Uhlig, destacado profesor de la Universidad de Chicago y editor del Journal of Political Economy, ha sido expulsado de su puesto en la revista en medio de un escándalo que llegó hasta la presidencia de la American Economic Association. ¿La razón? Uhlig cuestionó la idea de “Black Lives Matter” de abolir las policías en Estados Unidos.

Poco antes, la película “Lo que el viento se llevó” había sido eliminada temporalmente de la cartelera de HBO Max por su supuesto contenido racista. Hace unos días, la cerveza Colonial en Australia era retirada de distribución porque su nombre podía ser interpretado como ofensivo por grupos descendientes de nativos.

“Diversos grupos tienen incentivos para jamás asumir responsabilidad por su propia existencia y culpar a otros de que los agravian; si dejan de declararse víctimas, su estatus se derrumba”

Paralelamente, se tumbaban decenas de estatuas en diversos países, entre ellas, de Cristóbal Colón por ser el origen de todos los males de América, de Mahatma Gandhi por comentarios ofensivos hacia los africanos, de soldados confederados, de filántropos, etc. También se atacaba la estatua de Winston Churchill, bajo acusaciones de racismo y se amenazaba a la autora de Harry Potter J.K Rowling de que no se seguirán produciendo películas de sus libros, por afirmar que el sexo biológico existe.

Estos son tan solo unos pocos ejemplos de la ola de fanatismo religioso que sacude a occidente, sumergiéndolo con rapidez en lo que el filósofo Roger Scruton denominó “una nueva era de oscuridad”. Se trata de una neoinquisición, como la he llamado en un libro reciente analizando en profundidad el fenómeno, que no acepta el diálogo racional como la fórmula para aproximarse a la verdad, porque abraza dogmas de fe cuyo cuestionamiento está prohibido.

El origen intelectual de este impulso purgatorio se encuentra en académicos y pensadores de izquierda cuya visión es que occidente sería una civilización opresiva creada en beneficio del hombre blanco heterosexual para marginar a todos los demás grupos. Estas ideas, repetidas por décadas desde las facultades de humanidades, han logrado alcanzar un punto de inflexión en que han transformado nuestra cultura, desde una basada en la dignidad del individuo, a una fundada en el victimismo tribal.

Si en las culturas del honor el heroísmo era la fuente de reconocimiento social, en las culturas del victimismo, explican los sociólogos Bradley Campbell y Jason Manning, ese estatus lo confiere la condición de víctima. Como consecuencia, alegar que se es oprimido por el orden social del hombre blanco se convierte en una fuente de credibilidad moral, de reconocimiento colectivo y de justificación para demandar todo tipo de ventajas y reparaciones de modo de corregir la supuesta opresión. Por ello, los diversos grupos, añaden los sociólogos, tienen todos los incentivos para jamás asumir responsabilidad por su propia existencia y culpar siempre a otros de que los agravian, pues en el minuto en que dejan de declararse víctimas, su estatus se derrumba.

Es esta ideología, según la cual occidente es una construcción opresiva y donde los diversos discursos y estructuras sociales servirían a los dominadores, la que se encuentra detrás de la purga y censura que lleva adelante la neoinquisición. Se trata, en definitiva, de un colapso de la esfera pública como espacio de diálogo racional y del triunfo del irracionalismo que Karl Popper denunció como consustancial a los movimientos totalitarios del siglo XX. Lo peor es que casi todos se han contagiado de sus premisas, derrumbando así los diques que contenían esta nueva revolución cultural.

El sorprendente caos en el que se vio envuelto Chile desde octubre pasado ha desestabilizado una nación sólida, más allá de que se le llame un oasis, como lo hizo el presidente Piñera, tan solo semanas antes del estallido social. Lo cierto es que el país ha sufrido un cambio de proporciones, una angustiante metamorfosis.

Como dice Axel Kaiser, autor del artículo que compartimos líneas abajo, en Chile, durante los últimos 20 años, ha percolado una narrativa anti sistema, que explica en gran medida lo que está detrás del caos y hace difícil una salida ordenada de la crisis.

Lo más llamativo es que la narrativa anti sistema desdibuja la realidad, pues las cifras objetivas de bienestar, de avances en la reducción de la pobreza, e incluso en la reducción de la desigualdad, ya no significan nada, lo que prevalece es la sensación de frustración y de venganza.

Veamos la explicación de Axel Kaiser, hecha para el público de EEUU, pues permite una perspectiva interesante. 

Fundación para el Progreso – Chile
Axel Kaiser
Publicado en The Wall Street Journal, 1.01.2020
Traducido y glosado por Lampadia

Chile, la nación más libre, estable y rica de América Latina, está en caída libre. El orden público se derrumbó, la violencia es rampante y el populismo es el nuevo credo de la clase política. Hay una recesión, caracterizada por la fuga de capitales y el aumento del desempleo. La desigualdad de ingresos podría aumentar a niveles no vistos desde la década de 1990, según una declaración reciente del Banco Central de Chile.

Tomó solo 40 días para que el “oasis” latinoamericano —como el presidente Sebastián Piñera llamó a Chile no hace mucho— desapareciera. Cómo un Chile estable y próspero cayó tan dramáticamente en un período tan corto es una lección para toda democracia occidental.

La causa inmediata de la crisis fue el pequeño aumento en el precio de los boletos de transporte público en Santiago. La subida de precios del 4 de octubre fue claramente impopular, pero inicialmente el gobierno no mostró voluntad de reconsiderar lo que correctamente llamó una medida “técnica”. Como resultado, cientos de estudiantes comenzaron a evadir el pago del metro. El 18 de octubre, dos semanas después del anuncio del aumento de precios, el país explotó. Grupos de protesta coordinados destruyeron casi 80 estaciones del metro, deteniendo el transporte público de Santiago. Los manifestantes atacaron la propiedad pública y privada.

Al final del día, la situación era tan desesperada que Piñera se vio obligado a declarar un estado de emergencia y poner a los militares en control. Siguieron manifestaciones masivas, y la violencia volvió tan pronto como se levantó el estado de emergencia. Unas semanas después, las consecuencias están en todas partes: más de $ 2 mil millones en pérdidas y daños, más de 1,200 tiendas minoristas saqueadas, aproximadamente 300,000 nuevos desempleados, 25 muertos, más de 2,000 policías heridos y una crisis política y económica sin final a la vista.

Una pequeña subida en el precio de los billetes de metro no es suficiente para causar tanta devastación. El dolor económico comenzó con las reformas anti-mercado del gobierno anterior bajo la presidenta socialista Michelle Bachelet, de 2014-18. Bachelet aumentó los impuestos corporativos en un 30%; firmó una ley que prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga, lo que aumenta drásticamente los costos de la mano de obra; aumento del gasto público a tres veces la tasa de crecimiento económico; y desató ejércitos de burócratas reguladores en el sector privado.

La inversión de capital cayó en cada año de su mandato. Una reducción tan consistente en la inversión no ha ocurrido desde la primera recopilación de datos, en la década de 1960. El crecimiento económico se derrumbó de un promedio anual de 5.3% bajo el gobierno anterior de Piñera (2010-14) al 1.7% bajo Bachelet. El crecimiento de los salarios reales recibió un golpe del 50%. (En su campaña para presidente en 2017, Piñera prometió traer mejores tiempos. Hasta ahora no ha podido cumplir).

Pero las políticas regresivas de Bachelet no son la causa última del problema. Las políticas son el resultado de una narrativa profundamente falsa que las élites chilenas se cuentan sobre el país. En los últimos 20 años, intelectuales, personalidades de los medios, líderes empresariales, políticos y celebridades en esta nación latinoamericana han comercializado el mito de que Chile es un caso extremo de injusticia y abuso. Comenzó en las universidades, donde los ideólogos progresistas difundieron la idea de que no había nada de lo que sentirse orgulloso cuando se trataba del historial social y económico de Chile. Según esta narrativa agresivamente igualitaria, el “neoliberalismo” había creado una sociedad de ganadores y perdedores en la que ninguno de los grupos merecía la posición en la que se encontraba.

El segundo mandato de Bachelet y su agenda impulsada por la justicia social fueron el resultado inevitable. Incluso Piñera, multimillonario, aceptó las premisas básicas de la narrativa de las élites progresistas. En su primer mandato, aumentó los impuestos para abordar lo que llamó uno de los principales problemas de Chile: la desigualdad.

Ahora está tratando de restablecer el orden comprando grupos de interés con más intervenciones económicas: un aumento sustancial en el gasto gubernamental para apoyar a los jubilados, mayores impuestos a la renta personal, esquemas de seguro de salud más generosos y un ingreso mínimo garantizado para todos los trabajadores chilenos.

Tampoco el daño causado por las narrativas progresivas se limita a la economía. Las élites chilenas están librando una guerra sostenida contra la policía. Muchos agentes de policía no se atreven a actuar por miedo a la cobertura sensacionalista de los medios y a los castigos de los tribunales bajo el dominio de las élites progresistas. Lo mismo es cierto para los militares. La tolerancia a la violencia, el desorden público y la delincuencia era la norma en Chile mucho antes de la reciente crisis. La celebración del fracaso de las élites impregna casi todas las partes de la vida pública chilena.

El libre mercado no le falló a Chile, digan lo que digan sus políticos, y el Estado no carece de los medios para restaurar el Estado de derecho. El problema central es que una gran proporción de las élites que dirigen instituciones clave, especialmente los medios de comunicación, el Congreso Nacional y el poder judicial, ya no creen en los principios que hicieron que el país fuera exitoso. El resultado es una crisis económica y política en toda regla. Otras naciones deberían tomar nota: esto es lo que el odio de élite puede hacer por usted.

Axel Kaiser es académico en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago.

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para LAMPADIA

Desde el año 2012, en que un perturbado que se creía el Guasón ingresó al cine Century 16 en Colorado (USA), durante el estreno de la película El Caballero de la Noche Asciende y disparó matando a 12 personas e hiriendo a otras 58, se ha escrito mucho acerca de la influencia de este personaje en actos de violencia, caos y destrucción. El 30 de setiembre pasado que se estrenó la película El Guasón, donde el perturbado villano deja de tener un rol secundario y se convierte en el protagonista de la película, las alarmas se volvieron a encender en Los Ángeles, por el temor a nuevos actos de violencia. Sin embargo, la influencia de la película no se vio en Norteamérica (pese a la facilidad con la cual se puede apretar el gatillo en esa Nación) sino en otras partes del mundo, al punto que algunos consideran al Guasón como el símbolo global de las protestas, por razones muy distintas y en regiones tan distintas como Líbano, Hong Kong, Ecuador o Chile.

La taquilla de la película superó a mitad del mes de noviembre la barrera de los 1,000 millones de dólares en recaudación, de los cuales más del 65% se obtuvo fuera de los Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, a la tercera semana del estreno según da cuenta el portal de Radio Cooperativa[i], un día antes que se inicien los actos vandálicos el 18 de octubre, más de un millón de personas ya habían visto el caos, la destrucción y la violencia generada por la psicosis antisocial del personaje que destruye ciudad gótica con la participación casi inconsciente de los ciudadanos. En Ecuador, los actos de violencia comenzaron días antes, el 02 de octubre y se mantuvieron hasta el 13 de octubre, sin embargo, a esa fecha las imágenes de violencia, caos y destrucción de la película también habían sido vistas por decenas de miles de ecuatorianos. Lo mismo se puede decir de Líbano, donde las protestas comenzaron el 17 de octubre y muchos de los jóvenes portaban máscaras del Guasón.

¿Estas cifras querrían decir que la explicación de las protestas es solamente psicológica? 

¿La pulsión psicológica impulsada por la película en muchos jóvenes explica la destrucción vista en estas regiones?

¿La violencia vista en las calles de Quito, Santiago de Chile o Líbano se deben a la ausencia de límites en la estupidez humana que los lleva a imitar la conducta tanática, destructiva y antisocial de un villano inventado por la ficción?

Una respuesta afirmativa cerrada a estas preguntas sería temeraria y dejaría de lado otros factores políticos, internacionales, sociales, antisociales y económicos que deben tomarse en cuenta para entender en serio estos hechos de violencia. Una respuesta de este tipo sería aún más temeraria para el caso de las protestas en Hong Kong que comenzaron a finales de marzo del 2019, mucho antes de que se estrene esta película o para el caso de las protestas en Bolivia contra el régimen de Evo Morales que no destruyeron instalaciones públicas ni generaron vandalismo, vandalismo que si desataron los narco seguidores del renunciante presidente, sin máscaras del Guasón y con wiphalas como símbolos cínicos del sitio a ciudades e instalaciones públicas.

Una respuesta afirmativa que solamente atribuya a lo psicológico la responsabilidad por la estupidez generalizada vista en Chile donde jóvenes se regocijan de la evasión de controles al metro y de la destrucción de la infraestructura pública que les sirve y los hacía sentirse superiores al resto de los latinoamericanos, dejaría de lado la responsabilidad criminal internacional que está quedando cada vez más en evidencia, con las pruebas de la injerencia cubana y venezolana en el encendido de estos actos de violencia y terrorismo.

Sin embargo, sería igualmente imprudente desconocer el poder que la literatura, la televisión y el cine pueden tener para convertir a un hombre que sufre de abusos y al que la sociedad le da la espalda en un líder y para mostrar que el caos, la muerte y la destrucción pueden ser formas para hacerse escuchar.

La variable psicológica resulta entonces necesaria, aunque no suficiente, para entender lo que ha sucedido en esos países y lo que puede suceder en nuestra Región. La agitación internacional, el narcotráfico, los guerreros digitales pagados, los remanentes subversivos, entre otros factores pueden encender el fuego, pero esto no causaría incendio si no hubiera un terreno propicio para las pulsiones violentas, terreno que se fertiliza con la trivialización de la conducta antisocial y la conversión del caos, la destrucción y la violencia en una “tendencia” o una forma de “fama”.

También hace daño en la comprensión de este problema el facilismo de quienes encuentran en las protestas la supuesta justificación para sus ideas de cambio político. Ese facilismo no ayuda.

En el Perú ya van por lo menos tres intentos de encender la llama del caos. Primero con el paro de autos colectivos, luego con las convocatorias a protestas contra el único sistema de transporte eficiente de la ciudad de Lima, el Metropolitano y más recientemente con el escrache a un canal de televisión. Las convocatorias a todo esto se hacen desde las redes sociales a estudiantes secundarios bajo el rótulo de un grupo denominado “secundaria combativa”, para que, provistos de máscaras del Guasón, griten, amedrenten y luego, como lógica consecuencia, destruyan infraestructura pública y privada.

En el Perú, no necesitamos Guasones, ni a quienes los alientan.

Necesitamos jóvenes que razonen, que entiendan la consecuencia de sus actos, que construyan su ciudadanía a partir de la dialéctica entre derechos y deberes, que aprendan la ecuación más importante de un país emergente y pobre como el nuestro al cual ellos pertenecen: el esfuerzo y el trabajo son los únicos antecedentes del éxito y el bienestar.

No necesitamos hordas de estupidez juvenil o de imitación irracional que se vanaglorien del caos destruyendo la poca infraestructura pública que tenemos como si luego de acabada la función todo volverá a la normalidad como sucede cuando acaba la función de una película. Frente a ellos necesitamos padres, madres, hermanos mayores, educadores, maestros y líderes de opinión que actúen, enseñen y encausen la energía juvenil por mejores caminos. Frente a quienes los incitan y manipulan, toda la sanción que corresponda. Lampadia

Las recientes protestas en buena parte de América Latina han significado un duro golpe a la derecha política gobernante e inclusive la ha lanzado a implementar ciertas políticas públicas, que fuera de constituirse como soluciones a los problemas económicos y sociales que subyacen en tales países, son meramente placebos y populismos para calmar la violencia.

Fijación e incrementos de salarios mínimos, permanencia de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos, topes a los costos de los medicamentos, entre otras medidas reflejan cómo las ideas del liberalismo poco a poco van perdiendo terreno frente a un intervencionismo en los mercados hechos para satisfacer a un populorum que reclama cambios al “modelo” imperante en sus países.

Esta problemática es muy bien descrita en un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo, en el cual se incide sobre la aguda debilidad de los gobiernos frente a estas manifestaciones. Ello, en un contexto de desaceleración económica y escándalos de corrupción, no vaticinaría buenos visos para el futuro inmediato de la región.

Como se deja entrever del análisis The Economist, el Perú ha quedado exento, por el momento, de manifestaciones tan violentas como las acaecidas en Chile, exceptuando las recientes protestas de los colectiveros en la capital, porque el presidente Vizcarra ha evitado emprender las reformas estructurales que el país necesita pero que son impopulares frente al ojo público. Aquí se encuentra por ejemplo la reforma laboral, que lejos de concretarse, se la apuñala con un anuncio de incremento del salario mínimo que se hará efectivo a inicios del próximo año.

Dado que el populismo es lo único que mantendría los índices de aprobación de Vizcarra, sería solo cuestión de tiempo para que el descontento de la población aflore por el frenazo por el que se encuentra pasando la economía peruana. Ojalá que esto, solo por mera imitación de los del vecindario de la región, no se concrete en manifestaciones violentas y más bien llame la atención a la administración de gobierno actual para retomar la agenda del desarrollo que requiere el Perú. Lampadia

La calle desafía a los políticos de América Latina

La región sufre un caso agudo de descontento que está barriendo el mundo

The Economist
30 de noviembre, 2019
Traducido y comentado por Lampadia

Otra semana, y otro país latinoamericano está en la calle. Ahora es Colombia, donde se han producido grandes protestas desde el 21 de noviembre. En otros lugares, las manifestaciones han sido provocadas por cosas específicas, incluso si las demandas de los manifestantes iban más allá de ellas: aumentos en las tarifas del metro en Chile y los precios del combustible en Haití y Ecuador, y fraude electoral en Bolivia. Pero en Colombia solo hay un sentimiento generalizado de descontento con un gobierno impopular. Ha llevado a grupos dispares a las calles, desde estudiantes, sindicalistas y activistas indígenas y homosexuales hasta arqueólogos contra la minería. Un estado de ánimo similar prevalece en gran parte de la región. Cuanto más se prolongue, más puede paralizar a los gobiernos.

Las protestas no carecen de precedentes ni se limitan a América Latina. A principios de la década de 2000, los gobiernos elegidos fueron derrocados en Argentina, Ecuador y Bolivia (dos veces, en desórdenes liderados por Evo Morales, quien acaba de sufrir el mismo destino). Grandes protestas surgieron de casi nada en Brasil en 2013.

Como en 1968, este es un momento de descontento global, pero es particularmente intenso en América Latina. Las protestas no son su única manifestación. La ira popular apareció el año pasado en victorias electorales para populistas contrastantes, Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México. La tendencia general de las recientes elecciones latinoamericanas ha sido la derrota de los titulares, confirmada en el regreso del peronismo en Argentina en octubre. En Uruguay, Luis Lacalle Pou, de centro-derecha, parece haber terminado 15 años de gobierno de centro-izquierda en una elección presidencial el 24 de noviembre.

Las causas de este mal humor incluyen el estancamiento o la desaceleración económica, la disminución de oportunidades y el miedo a volver a caer en la pobreza en medio de una persistente desigualdad profunda. La brecha entre ricos y pobres no se ha ampliado en América Latina, pero se ha vuelto más visible. Tomemos a Chile, donde Costanera Center, un centro comercial construido alrededor de una torre de oficinas de 64 pisos en Santiago, ha sido objeto de ira. “Una persona que gana 300,000 pesos [US$ 375] al mes ve un bolso que cuesta 4 millones de pesos”, dice Marta Lagos, de Mori Chile, una encuestadora. Ferraris y Maseratis han llegado, sus propietarios aparentemente ajenos a las viviendas deficientes, los autobuses superpoblados y la atención médica irregular.

La clase política de América Latina ha sido desacreditada por la corrupción y los escándalos de financiamiento de campañas. Estos también son más visibles que en el pasado, gracias a fiscales más combativos, periodistas de investigación, denunciantes y leyes de libertad de información. En otras palabras, el crecimiento de la transparencia ha superado al de la buena gobernanza. Los partidos políticos, muchos de los cuales están debilitados y fragmentados, han dejado de hacer su trabajo fundamental de canalizar el descontento. En resumen, los políticos han sido dominados por la calle.

El diagnóstico es fácil, pero encontrar una cura será mucho más difícil, como están descubriendo los gobiernos. Muchos de los problemas tienen raíces profundas y sus soluciones son a largo plazo. Un mayor crecimiento, impuestos más progresivos, salarios mínimos más altos y una mejor provisión social calmarían el descontento. El problema es que el crecimiento depende de aumentar la productividad, lo que requiere reformas impopulares. Y las élites conservadoras se resisten a pagar más impuestos. La izquierda en Chile y Colombia se queda en la calle para ganar más concesiones. En 1968, el desorden global prolongado terminó en una reacción conservadora. Ese riesgo es especialmente alto en Chile, donde continúan el saqueo y el vandalismo.

La respuesta oficial inmediata ha sido correr para cubrirse. En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno canceló el aumento del precio del combustible y está luchando para obtener el consentimiento del Congreso para moderados aumentos de impuestos. El gobierno de Chile está luchando contra una acción de retaguardia contra las demandas de un gasto público mucho mayor. En Colombia, el presidente Iván Duque puede alejarse de las reformas laborales y de pensiones debatidas. En Brasil, Bolsonaro pospuso un proyecto de ley que recortaría los salarios y los empleos en el sector público inflado por temor a que pudiera desencadenar protestas.

La reforma rara vez ha sido fácil en América Latina. Más presidentes pueden imitar a Martín Vizcarra en Perú. En 20 meses en el cargo, eludió decisiones impopulares, como aprobar una gran mina. Montando una ola de ira antipolítica, cerró un congreso “obstructivo”. Junto con López Obrador, es uno de los cuatro únicos presidentes latinoamericanos con un índice de aprobación de más del 50%. Los gestos agradables para la multitud pueden calmar las calles. Posponen el descontento, pero no lo disminuirán. Lampadia

Centro de Estudios Públicos (CEP) Chile
Manuel Castells
Miércoles 6 de noviembre de 2019

El profesor Manuel Castells entrega su visión sobre las explosiones sociales que están viviendo muchas naciones alrededor del mundo y señala que el caso de Chile, no es una excepción.

La visión de Castells es sin dudas una interpretación ilustrada y muy cercana a los fenómenos que se están viviendo en muchas partes: “Lo que sucede es que los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios ni en sus gobiernos ni en sus presidentes ni sobre todo en sus partidos políticos”. Recomendamos verla:

Manuel Castells, profesor emérito de Sociología de la Universidad de California, Berkeley y profesor de Comunicación en la Universidad del Sur de California es uno de los mayores especialistas del mundo en materia de explosiones sociales. Este sociólogo y economista español, que es también uno de los autores más citados en ciencias sociales, analizó la crisis que está experimentando la democracia liberal en el seminario “Explosiones sociales: una visión global” que organizó el Centro de Estudios Públicos, CEP, el 6 de noviembre pasado.

El intelectual, quien visitó el país invitado por “Puerto Ideas”, acaba de lanzar un nuevo libro La Nueva América Latina, escrita con Fernando Calderón. Castells partió diciendo que no iba a hablar en específico sobre Chile, pero que si podía afirmar que lo que está pasando en nuestro país no es excepcional para nada. “Es un fenómeno global. Por eso, lo primero que les digo es que no se asusten no están solos. Si se hunden, se hunden con todo el mundo. Todo el mundo está así”.

“Los movimientos sociales no son movimientos políticos, los movimientos políticos son políticos, buscan la transformación del Estado. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, el debate de nuevas formas culturales”, al explicar las características que tiene el fenómeno. Lo que sucede es que los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios ni en sus gobiernos ni en sus presidentes ni sobre todo en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos ni viables.

Lo anterior, señaló, se traduce en tres etapas. “La primera, la crisis de legitimidad política que se expresa en una transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. La segunda, la emergencia de movimientos sociales, que surgen con nuevos valores de todo tipo. Y la tercera, las explosiones sociales. No se trata de movimientos articulados y en torno a proyectos que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones. Simplemente la gente no puede más y explota. Y explota en algunos lugares con violencia limitada en otros con violencias más extrema”.

• “(La gente) piensa que la clase política se ha encerrado en sí misma, solo hablan entre ellos y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos más que para vender una opción en un mercado electoral cada cuatro años”
• “La democracia anida en las mentes. Si la gente no cree en la democracia, la democracia es superficial. Donde anida el cambio social es en las mentes. Si la gente tiene nuevas ideas eso acaba pasando, por ejemplo, el movimiento feminista”.
• “Esta violencia no es producto de provocadores profesionales, los hay y hay infiltrados y hay vándalos, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacifico no puede más y entonces se enfrentan a la policía.
• “No piensen que esto va a pasar, que esto es un mal sueño y desaparece y ya está. Hay causas muy profundas. Las soluciones las tienen que encontrar ustedes, la sociedad chilena, pero nadie piense que con cuatro medidas de algún tipo, esto ya está”.

En el siguiente link se puede ver la conferencia de Manuel Castells:

https://youtu.be/uMgmWgGzZIo

Ver también: Explosiones sociales: una visión global

CEP Chile
Sylvia Eyzaguirre T.

Foto: Internet

Más allá de los grupos radicalizados, me preocupa la pasividad de los ciudadanos ante la violencia y el doble estándar oportunista de los políticos que legitiman la violencia dependiendo de donde venga.

Quería escribir sobre el proyecto de ley que presentó el gobierno la semana pasada que modifica la Subvención Escolar Preferencial (SEP), entregando mayor autonomía a los establecimientos educacionales y reduciendo de forma significativa la burocracia. Es un buen proyecto y, sin embargo, ha pasado totalmente desapercibido. Pero lo que sucedió este viernes es de tal gravedad que no referirse a ello sería frívolo.

Durante la semana pasada se asomaba el narcotráfico como uno de los principales problemas del país. ¡Qué equivocados estábamos! El viernes quedó claro que nuestro principal problema no es ni los narcotraficantes, ni los inmigrantes, sino el deterioro profundo de nuestra amistad cívica, que supone una degradación de la comprensión del ser humano.

¿Es lícito incendiar edificios, estaciones de Metro, facultades universitarias, como una forma de manifestación política? ¿Es la violencia el camino para resolver los conflictos en democracia? ¿Son estas manifestaciones producto de un sentir nihilista; de la angustia que provoca la ausencia de sentido? No nos equivoquemos. Estos grupos radicalizados que destruyeron parte de nuestra ciudad no son nihilistas, no carecen de sentido. Por el contrario, son grupos llenos de sentido, que buscan imponerlo como verdad absoluta a través de la violencia. En otras palabras, son fascistas, que aprovechan el descontento de otros para sus propios fines políticos.

¿Qué pasó? No tengo respuesta. Algunos ven en la tesis del malestar la respuesta, pero no se sostiene del todo. ¿Se nos olvidó que fue la derecha la que ganó las elecciones? No solo eso, fue el candidato de la Nueva Mayoría el que pasó a segunda vuelta y no el del Frente Amplio. Esta tesis supondría que los actos vandálicos fueron resultado de acciones espontáneas de ciudadanos indignados. Pero, ¿en verdad creen que los ciudadanos salen con bombas a manifestar su frustración? Detrás de estos actos hay planificación y organización.

Es importante distinguir la frustración de la gente con los actos de violencia. Lo que pasó el viernes está en sintonía con lo que ha venido sucediendo en Chile en el último tiempo, aunque a otra escala, a saber, el uso de la violencia como lucha política. Pasemos revista a algunos acontecimientos. Destrozos, incendios y ataques a directores y docentes en el Instituto Nacional. Estatuto del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que impide que candidatos que no compartan la ideología de la actual directiva (anticapitalista, antiimperialista y antiespecista) puedan postularse como candidatos al centro de alumnos y restringe la libertad de asociación al interior de la facultad. Un estatuto fascista, que es tolerado por una universidad que se supone es pública, inclusiva y laica. Agresión reiterada a una alumna por sus ideas políticas en la Universidad de Chile. Agresiones físicas a un político de extrema derecha por parte de académicos de la Universidad Arturo Prat, cuya agresión es respaldada públicamente por parte de los académicos de dicha universidad. Ninguno de estos actos, ni todos juntos, son comparables con lo sucedido este viernes; tampoco quiero insinuar que están relacionados, pero son un síntoma de lo mismo.

Más allá de los grupos radicalizados, me preocupa la pasividad de los ciudadanos ante la violencia y el doble estándar oportunista de los políticos que legitiman la violencia dependiendo de donde venga. Es desolador ver cómo la violencia y su legitimación socavan los fundamentos de la democracia.

Sylvia Eyzaguirre T.
Licenciada en Filosofía Universidad de Chile
Doctora en Filosofía de la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo, Alemania.
Actualmente participa en el Consejo Directivo de Explora (Conicyt), Fundación Súmate (Hogar de Cristo) y de Chile Dual (Fundación Técnico-profesional), además de columnista semanal de La Tercera.

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

Se denomina Generación NINI a los jóvenes de 15 a 29 años que ni estudian, ni trabajan.
En los países del hemisferio norte como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, también existen jóvenes en esta situación, a quienes se denominaba Neet (not in employment, education or training).

Los estimados del IPEA de Brasil para toda América Latina, a diciembre de 2018, daban cuenta de que el 21% de los jóvenes eran NINIs. En el Perú, según datos del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, la cifra de NINIs llega a 1´345,000 jóvenes, la mayoría mujeres.

La condición NINI tiene varias causas y explicaciones. Existen NINIs que lo son por causas internas como la propia decisión o la falta de motivación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la condición de NINI tiene causas externas como la falta de recursos para acceder a los estudios, la ausencia de oportunidades de empleo, la baja calificación laboral, problemas de violencia o inseguridad, marginalidad o discriminación por género originada por ejemplo por maternidades prematuras, entre otras causas.

Como lógica consecuencia de lo anterior, la tarea de la sociedad y en particular de los gobiernos es enfrentar las causas de este problema, particularmente las causas externas antes mencionadas, que tienen origen en condiciones materiales que es potestad y obligación de los gobiernos revertir. De lo contrario, se condena a estos jóvenes a la marginalidad, la violencia, la frustración y se deja de utilizar su fuerza laboral en bien de la sociedad.  En el Perú, la cifra mencionada de NINIs es cercana al 5% de la población.

Cabe preguntarse entonces. ¿Que hace el gobierno del presidente Vizcarra frente a este problema?

• ¿Estará mejorando los ingresos de la población para permitirle a los jóvenes acceder a estudios superiores o no desertar de la escuela?
• ¿Estará fomentando la generación de puestos de trabajo para jóvenes?
• ¿Estará aplicando sus políticas de competitividad en el ámbito laboral para mejorar la empleabilidad de los jóvenes?
• ¿Estará mejorando la seguridad ciudadana?
• ¿Estará desalentando la violencia?
• ¿Estará mejorando las condiciones de jóvenes y mujeres para evitar su marginalización?

Entre las preocupaciones más importantes de la humanidad, destacan cuatro principales: corrupción, desempleo, pobreza/desigualdad social y crimen/violencia.

Entre los resultados más importantes a nivel global, China es la nación que inspira más confianza sobre la dirección que está tomando: el 92% dice que las cosas van en la dirección correcta. Arabia Saudita, con un 76%, sigue en segundo lugar, seguida de Corea del Sur (74%) e India (60%).

El estudio What Worries the World encuentra que la mayoría de las personas en las 28 naciones participantes sienten que su país va por el camino equivocado (58% en promedio), con Italia (86%), México (85%), Brasil (83%) y España (80%) citando los mayores niveles de preocupación.

Entre los países de América Latina, los puntajes dan: Chile (54/46) [(mal/bien)], Argentina (64/36), Perú (70/30), Brasil (83/17) y México (85/15).

“Lo que preocupa al mundo” es una encuesta mensual que encuesta a adultos menores de 65 años en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Polonia, Perú, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y los Estados Unidos.

A nivel global

Por otro lado, las cinco preocupaciones principales en todo el mundo son:

• Corrupción financiera / política (35%)
• Desempleo (34%)
• Pobreza / desigualdad social (33%)
• Crimen y violencia (32%)
• Cuidado de la salud (24%).

El Perú, como no es sorprendente, los temas que más afectan a nuestro país son:

• La criminalidad y violencia (67%) – primero a nivel global delante de México
• Corrupción política y financiera (62%) – empatado a nivel global con Malasia

Para revertir esto se necesita acabar con la impunidad, poniendo más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, coordinación con las municipalidades, la comunidad, y acciones preventivas.

La segunda gran preocupación del Perú es la corrupción política y financiera, lamentablemente, el Perú está en el primer lugar junto con Malasia.

Este tema es uno de los más enquistados en el Estado, al que hay que agregar los daños a la sociedad, causados por malas decisiones en leyes absurdas, además del desperdicio de nuestros escasos recursos en obras innecesarias, faraónicas e inconclusas, que malogran la capacidad del Estado de ofrecer buenos servicios y de mantener la confianza de los ciudadanos.

El tercer gran tema es la educación. Nuestros resultados PISA son históricamente bajos y hemos venido teniendo grandes problemas en el liderazgo del Minedu para repotenciar este sector. Quizás es por eso que en el ranking nos encontramos en el primer lugar con un 38% de preocupación, junto con Chile.

Esta medición no quiere decir que Chile y Perú están preocupados porque tienen la peor educación del mundo, sino porque han tomado conciencia de que es un tema crucial para su futuro y esperan acciones de gobierno acorde con esa prioridad de la sociedad.

En Lampadia hemos insistido en la necesidad de emprender una verdadera revolución educativa si queremos nivelarnos con los estándares educativos de los países más avanzados y enfrentar los retos que traerá la cuarta revolución industrial a nuestros pobres. Ver: Reflexiones sobre la educación para el futuro, la presentación de nuestro director en el último CADE, en noviembre pasado. Lamentablemente, IPAE no ha recogido el tema.

El cuarto tema es la pobreza y desigualdad. En el Perú, la inversión privada, liderada por la minería, ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, durante más de quince años, permitiéndonos reducir la pobreza y la desigualdad. Lamentablemente, en el 2011, como hemos destacado anteriormente, el 2011 se dio el punto de inflexión, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Para poder retomar recuperar el crecimiento económico, el principal camino para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y mejoras sociales, es necesario poner en valor nuestros proyectos y situarnos como uno de los principales exportadores mineros del mundo. Nos guste o no, la inversión minera es el mejor y más rápido camino para que podamos cerrar nuestras brechas económicas y sociales.

En el caso del desempleo y trabajo, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 8.1% en el primer trimestre del año y representa la más alta desde el mismo trimestre en el 2012 cuando se alzó en 8.7%, según el INEI. Con ello, actualmente existen 420,900 personas que buscan un empleo activamente en la capital. En los últimos meses hemos tenido una mejora, pero la política y la corrupción judicial, amenazan con desbaratar toda recuperación.

Con respecto a la salud, la reforma del sistema de salud es una tarea pendiente que ya no puede ser ignorada. La calidad de los servicios de salud no cumple con estándares mínimos de servicio para citas, operaciones quirúrgicas y procesos médicos. El sector está en crisis; tienen que trabajar en condiciones precarias, con gran parte de los equipos malogrados y con escasez de medicinas esenciales.

Otros cuadros de interés son:

Lampadia

En un mundo sin memoria y complaciente, donde se relativiza o se permite la propaganda de neonazis, supremacistas blancos, o terroristas y, peor aún, donde se permite que sus grupos o asociaciones se fortalezcan, se están escribiendo las receta para un desastre. Lamentablemente, Charlotteville ha sido un trágico ejemplo de esto.

Fuente: eldiariony.com

El pasado viernes 11 de agosto, centenares de manifestantes salieron a las calles de la Universidad de Virginia llevando antorchas y gritando consignas de “las vidas de los blancos importan” y “sangre y tierra” (Blutund Boden en alemán, una consigna que ensalza la ideología supremacista). Compuesta principalmente por la derecha radical estadounidense, integrada por neo-nazis, supremacistas blancos, Ku Klux Klan (KKK) y la derecha alternativa o Alt Right, parte de la cual apoyó a Trump en la elección presidencial.

Las protestas se volvieron violentas el sábado, cuando los supremacistas blancos se enfrentaron con sus opositores y un automóvil se lanzó contra una multitud de manifestantes antirracistas y antifascistas, provocando la muerte de una mujer y dejando decenas de heridos. ¿La causa de esta marcha? Una estatua. La ciudad ya esperaba cierta tensión desde que se anunció, la retirada de una estatua de Robert Edward Lee, el general confederado y héroe de la guerra civil estadounidense, pero controvertido, debido a su posición sobre la esclavitud (Lee ha sido descrito tanto como una persona brutal con sus propios esclavos como una persona con cierta benevolencia hacia ellos).

La ultra derecha que marchó en Charlottesville pretendió glorificar los símbolos nazis y el pasado esclavista. En un EEUU liderado por Trump, estas personas están tomando un poder que no ostentaban hace mucho tiempo. Con un presidente que en seis meses no ha logrado nada más que antagonizar al mundo y poner de manifiesto su falta de honestidad, capacidad y liderazgo.

EEUU debería tomar de ejemplo a Alemania donde, como afirmó The Economist recientemente, “La relativización, el respaldo, la insinuación u omisión, los símbolos de extrema derecha como “ironía”, las prevaricaciones del silbido de los perros y la extenuación progresiva rara vez son tolerados. (…) La línea entre lo aceptable e inaceptable es rígida”.

Y así como Alemania proscribió la participación de los movimientos de inspiración Nazi en la vida de su sociedad, el Perú debe perfeccionar sus normas para excluir de la vida nacional, y especialmente, de la educación, a los movimientos filo terroristas o a aquellos vinculados a los mismos. No cometamos los mismos errores que EEUU y Trump.

Pero ayer Trump hizo todo lo contrario, desde su Trump Tower hizo una suerte de catarsis salomónica equiparando la violencia de ambos lados y dándole a los extremistas de la supremacía blanca y el Ku Klux Klan un espacio político que estaba vedado por los terribles crímenes que sus propulsores perpetraron en el pasado.

Su insistencia en que hubo “culpa de ambos bandos” en la violencia en Charlottesville, Virginia, el pasado fin de semana, trajo una equivalencia entre los neonazis y los manifestantes que condenaban su fanatismo cavernario.

“No hay equivalencia moral entre los racistas y los estadounidenses que desafían el odio y la intolerancia. El presidente de los Estados Unidos debería decir eso”, afirmó el senador de Arizona, John McCain, en un comunicado.

El senador por Kansas, Jerry Moran, dijo en Twitter: “la supremacía blanca, la intolerancia y el racismo no tienen absolutamente ningún lugar en nuestra sociedad y nadie – especialmente POTUS – debería tolerarlo”.

“Debemos ser claros. La supremacía blanca es repulsiva. Este fanatismo es contrario a todo lo que representa este país”, dijo el presidente de la Cámara, Paul Ryan, en un comunicado. “No puede haber ambigüedad moral.” CNN

Es por eso que en Lampadia consideramos muy inconveniente que el Presidente de la República reciba en Palacio de Gobierno a los representantes de los comités de lucha que han venido liderando la abusiva huelga violentista de más de cincuenta días y que con su intervención haya desautorizado las gestiones de la ministra de educación. Ver: Pongamos fin a la dictadura sindical en el magisterio. Siempre es doloroso y peligroso tomar decisiones audaces, pero hay momentos en la vida de las naciones en que debemos enfrentar los riesgos que pueden llevarnos a situaciones inmanejables, como sería permitir que organizaciones filo senderistas vayan a controlar la educación.

Que Charlottesville sea un ejemplo de lo que no debe suceder. Mientras que en EEUU puede significar quitar símbolos confederados de espacios públicos y rechazar el relativismo moral, para el Perú debe significar derruir el mausoleo senderista (ya estuvo bueno), dejar de escuchar las voces del filo terrorismo y cortar de cuajo cualquier riesgo de empoderamiento de los acólitos de la ideología del terror en la educación de nuestros hijos. Tolerancia cero con el terrorismo. Lampadia

Cómo responde Alemania a la política de “sangre y tierra” 

Qué significa la tolerancia cero de la ideología neonazi

Charlottesville en contexto

Fuente: www.economist.com

The Economist
13 de Agosto, 2017
Traducido y glosado por Lampadia

Ver imágenes de las multitudes en Charlottesville gritando consignas nazis y levantando pancartas de esvásticas es preocupante en cualquier lugar. Pero verlas desde Berlín preocupa particularmente. EEUU en 2017 no es lo mismo que Alemania en 1933. Pero las canciones acerca de “sangre y tierra”, las flameantes antorchas, los cánticos nazis, la matonería y el furioso despliegue del etno-nacionalismo armado, son sin embargo evocaciones paralizantes. Del mismo modo, también lo es la ambigüedad de Donald Trump y algunos de los medios que están de su lado. Esto no puede contrastar más vívidamente con la manera en que se hacen las cosas en Alemania, que hoy es un caso de estudio sobre cómo no ceder ni un centímetro a la oscura política de “Blut und Boden” (sangre y tierra).

Esta comienza con el énfasis con que se recuerda a dónde llevó el nazismo en el pasado. Todos los escolares alemanes deben visitar un campo de concentración; es parte esencial del currículo, como es aprender a escribir o contar. Las ciudades del país son paisajes de recuerdo. Las calles y cuadras tienen los nombres de la resistencia. Las pequeñas plazas y pavimentos (Stol persteine) contienen los nombres y los detalles de las víctimas del Holocausto que una vez vivieron en esas direcciones. Los monumentos conmemorativos llenan las calles: placas que conmemoran la persecución de grupos específicos, pizarras que enumeran los nombres de los campos de concentración (“lugares de horror que nunca debemos olvidar”), un gigantesco campo de pilares grises en el centro de Berlín que atestigua el Holocausto (mostrado en la foto anterior).

El oscuro terreno intersticial (la zona de Trump, podríamos llamarla) entre los movimientos conservadores y los categóricamente de extrema derecha como PEGIDA, un grupo anti-islam y el partido extremista NPD está ampliamente fuera de los límites. La relativización, el respaldo por insinuación u omisión, los símbolos de extrema derecha como “ironía”, las prevaricaciones del silbido de los perros y la extenuación progresiva son rara vez tolerados. Tomemos la Alternativa para Alemania [AfD], un partido euroescéptico convertido en nacionalista, cuyas figuras más moderadas encajarían cómodamente en los partidos republicanos de Estados Unidos o Gran Bretaña, pero que ahora es completamente tóxica gracias a las figuras revisionistas a su derecha como Björn Höcke, su líder en Turingia, que ha desafiado la cultura de la memoria de Alemania.

La línea entre lo aceptable e inaceptable es rígida. Angela Merkel ha dicho que el futuro de Alemania depende de que se comprenda permanentemente que el Holocausto es “la última traición de los valores civilizados”. Cuando Benjamín Netanyahu sugirió que el Gran Mufti de Jerusalén le había propuesto a Hitler exterminar al pueblo judío, lo corrigió educadamente pero firmemente: “Alemania se atiene a su responsabilidad por el Holocausto”. Martin Schulz, su rival en las elecciones del próximo mes, suele afirmar que” ¡La AfD no es una ‘alternativa para Alemania’ sino una desgracia para Alemania!”

Los comentaristas y los políticos guardan cuidadosamente este límite, por ejemplo, evitando el registro y el lenguaje de la extrema derecha. No tienden a los calificar críticos y opositores de “traidores”, “saboteadores” o similares. Rara vez se denominan “enjambres” o “inundaciones a los migrantes”. El Bild Zeitung, el tabloide de derecha más leído de Alemania, ha criticado elementos del manejo de la crisis de refugiados por el gobierno. Pero se enorgullece en defender del principio de dar la bienvenida a los extranjeros necesitados. En 2015, su entonces jefe de redacción incluso tomó deliberadamente refugiados en su casa. El resultado es un estilo decididamente sobrio y no emocional de un debate público menos propenso que el de otros países. El ataque terrorista de Berlín en diciembre se informó sin pánico; hubo un contraste muy fuerte con las reacciones escandalosas de la prensa anglosajona y los tweets de Trump.

Se mantiene la libertad de expresión: las marchas de PEGIDA y, a veces incluso los eventos de difusión de los políticos nacionalistas, reciben protección policial. Pero este derecho de expresión sigue siendo firmemente diferenciado del derecho a la publicidad o a la aceptación. Cuando Höcke desplegó una bandera alemana en un talk-show para marcar “1,000 años de Alemania” (una frase con asociaciones nazis), otros invitados de derecha e izquierda lo calificaron de “sumamente desagradable”. Los movimientos de extrema derecha son abrumadoramente tratados como fenómenos culturales y no (como ocurre a veces en Francia, Gran Bretaña y América) como meras expresiones de dislocación socioeconómica. Finis Germania, un libro reciente que afirma que la identidad alemana está siendo desmantelada, ha sido eliminado de algunas listas de bestseller. Uno puede creer que este estilo editorial híper-cauteloso, va a veces demasiado lejos, pero admiro la determinación subyacente de no permitir ningún desliz o normalización.

Alemania, por supuesto, tiene una carga histórica única. Pero cada país tiene períodos oscuros en su pasado nacional y revisionistas de extrema derecha en su presente político. Las protestas de Charlottesville, marchando bajo las banderas confederadas contra planes para eliminar estatuas confederadas, son un recordatorio típicamente americano de eso. Los países que no tienen Holocaustos en sus libros de historia también pueden aprender de la cultura de la memoria de Alemania, siempre vigilante y obediente. En EEUU puede significar el quitar símbolos confederados de espacios públicos; Jim Gray, el alcalde de Lexington, ha anunciado planes para acelerar esto en su ciudad. Significa inequívocamente declarar a los manifestantes de Charlottesville, más allá que una simple marcha (mientras que defienden su derecho a protestar pacíficamente). Y significa afirmar que las declaraciones equívocas de Trump son: una abominación moral. Lampadia

Es interesante observar como los grupos que lucran con la conflictividad social y sus aliados políticos reaccionan cuando su accionar se visibiliza. Lo hacen de muchas formas, pero pocos días atrás han publicado un artículo que recurre a la falacia del espantapájaros, para ocultar la labor de los anti-mineros.

Una expresión visible de esa falacia es un artículo reciente del señor Sinesio López en La República.[i] En el inicio de su artículo el autor afirma: “Hay varios mitos sobre los conflictos sociales. El más frecuente es que estos son generados por conspiradores que quieren crear problemas a las empresas y al gobierno.” En el resto del artículo el señor no hace ninguna referencia al rol negativo de los grupos políticos e ideológicos hostiles a la minería.

La falacia consiste en afirmar que, si los conflictos sociales tienen causas diversas, entonces no hay ningún actor organizado que contribuya a la eclosión de los conflictos, ni que eche leña al fuego cuando ellos ocurren. Como es verdad que los conflictos sociales tiene múltiples causas, se concluye que los grupos anti-mineros no existen, o si existen, no hacen nada para empeorar los problemas. Entonces quienes identifican el accionar de los anti-mineros creen en teorías conspirativas.