1

No dejemos la mentira sobre la mesa

Datos demasiado grandes para el formato del archivo




¿Cuarto poder o ‘Poder de Cuarta’?

¿Cuarto poder o ‘Poder de Cuarta’?

El domingo pasado, en el importante programa de cierre de semana de Canal 4, ‘Cuarto Poder’, se entrevistó a Máxima Acuña de Chaupe, la campesina cajamarquina que mantiene una agria disputa con la compañía minera Yanacocha, una empresa formal que es monitoreada por diversas instituciones, desde bolsas de valores a sofisticados analistas, al haber ganado el premio ambientalista Goldman.

En la entrevista se presentó a la señora Chaupe como una víctima de la abusiva minera. No se comunicó a los televidentes que habían razones objetivas para dudar de los reclamos de la señora, como que su caso fue presentado, difundido y defendido por la nada objetiva ONG Grufides, la plataforma del ex cura Arana, verdadero dueño de Tierra y Libertad (Arana: “Verónika solo es vocera del Frente Amplio”), que sin embargo fue ampliamente derrotado en Cajamarca en las últimas elecciones por Gregorio Santos. Tampoco se indicó que después de las denuncias de la señora Chaupe, que reclamaba que la minera quería dejarla sin su única propiedad, se probó que ella y su marido tenían nueve otras propiedades.

Además, Cuarto Poder le dio el espacio a la señora para que haga otra denuncia falsa, esta vez una muy extremista: que la empresa quería asesinarla y que habían disparado a su familia y a su propiedad.

Canal 4 no contrastó nada de esto con la otra parte o con terceros. Finalmente, los conductores del programa se deshicieron en elogios melosos y exagerados a una figura cuestionada por personas respetables, ajenas a la empresa minera.    

Curiosamente, La República, 18 de abril del 2016, socio de Canal 4 y enemigo del grupo de El Comercio, difundió la noticia del premio con el mismo espíritu que dicho canal, propiciando el mito a pesar de haber publicado en sus páginas, un año antes, el informe de Ricardo Uceda que glosamos líneas abajo. La República informó: “La campesina peruana se hizo merecedora del premio por su defensa del medio ambiente en el conflicto con la empresa minera Yanacocha”.

Contrariamente a ‘Cuarto Poder’ y a La República, RPP (19 de abril 2016) se refirió al tema dando el contexto correcto: ¿Quién es Máxima Acuña y por qué su premio genera tanta polémica? “Tras recibir el premio Goldman (el Nobel medioambiental) su causa ha generado opiniones divididas”.

Ningún medio puede alegar ignorancia sobre el tema, veamos:

En julio del  2015 publicamos en Lampadia: El negocio de la fabricación de mitos: En estos días estamos siendo testigos de la fabricación de un nuevo mito: “La Hija de la Laguna”. Un documental de Ernesto Cabello que será propalado en los cinemas peruanos con el apoyo del Ministerio de Cultura. La cultura implica la verdad, la rigurosidad y la transparencia. Pues este documental no sigue ninguno de estos preceptos. En esta nota comparamos el mito de Máxima Chaupe con el de la guatemalteca Rigoberta Menchú (no dejen de leer la denuncia de Xavier Sala i Martín).

En agosto del 2015 publicamos en Lampadia el artículo de Camilo Ferreira y Franco Olcese: ‘Documental’ con agenda ideológica ocultaManipulación política de la cultura: “La Hija de la Laguna: se consigue apoyo financiero del Estado para falsear la realidad”.

Además, los productores y conductores de Cuarto Poder podrían también haberse informado con la nota de Ricardo Uceda, el periodista de investigación más respetado del país que escribe sus informes en La República. Ver: El pantanoso caso Chaupe, 24 de febrero del 2015: (Glosado por Lampadia)

La versión de Grufides [por los Chaupe]

La historia fue explicada oficialmente por la ONG Grufides, fundada por el dirigente de Tierra y Libertad Marco Arana. (…) Los Chaupe lo compraron legítimamente a un tío. Pruebas: un certificado de posesión sobre dieciocho hectáreas otorgado por la comunidad campesina de Sorochuco (…). Después la empresa adquirió tierras colindantes. Y con el mayor descaro, pretendió apropiarse de la propiedad de los Chaupe. En forma ilegal y abusiva, Yanacocha intentó desalojarlos mediante salvaje actuación policial.

La versión de Yanacocha

En 1996 y 1997, Conga compró 496 hectáreas a la comunidad campesina de Sorochuco. Comprendía el predio que los Chaupe reclaman como suyo. Las tierras le pertenecían a esa comunidad, con títulos irrefutables. Los documentos de compraventa fueron firmados por sus representantes calificados, incluyendo a Samuel Chaupe, padre del esposo de Máxima, avalando la transferencia de Tragadero Grande. Evidencia fotográfica satelital demuestra que es falso que el terreno en disputa haya estado ocupado por los Chaupe desde 1994. Estos recién ingresaron ilícitamente en agosto del 2011, cuando estalló el conflicto de Conga.

Cuando los Chaupe quisieron invadir sus terrenos en 2011, la empresa los denunció penalmente y pidió a la policía desalojarlos. Existe un video demostrativo de que no hubo la violencia que se denuncia.

Todos somos Máxima

Pero la fuerza moral de la denuncia procede del testimonio de Máxima. Es convincente su discurso de que la explotación de esas tierras es el único recurso de su familia para subsistir. Máxima, La Dama del Lago, es una víctima: una campesina indigente que lucha por sobrevivir.

Es la versión de los Chaupe y de sus defensores. En agosto del 2013, en la víspera de que un juzgado de Celendín los sentenciara por usurpación, Máxima Chaupe declaró al canal Portafolio Periodístico que recibía amenazas de Yanacocha, y que si la empresa la mataba quería ser enterrada en Tragadero Grande. “Es el único terreno que tengo”, añadió. Después de esta sentencia, su abogada Mirtha Vásquez, de Grufides,  dijo que los Chaupe defendían su única propiedad, y que no tenían otro lugar adónde ir.

Nueve propiedades

Por eso fue pasmosa la revelación que hizo el 9 de febrero, en TV Norte, el periodista cajamarquino Luis Mego. Los esposos Chaupe tenían título de propiedad de seis predios en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín: Chilin, Agenco I, Agenco II, La Tuna, Aluche. Además, poseían otros tres –Sigues, La Playa de Sigues y La Nueva Chica– en el distrito de Huasmín. No es que sean terratenientes ni mucho menos: las chacras, en conjunto, suman solo diez hectáreas.

Los títulos de dominio en favor de los Chaupe en la SUNARP indican que en cada caso acreditaron “posesión directa, continua, pacífica y pública” por ese tiempo. Y que fue constatada la explotación económica de los predios. Los registros fueron obtenidos en 2004 y 2005. ¿Cómo, durante el lustro anterior, estuvieron ocupando estos terrenos y al mismo tiempo Tragadero Grande?

La otra vía

Mirtha Vásquez, de Grufides, abogada de los Chaupe, respondió que estos terrenos eran “una herencia”. Mego dijo que los documentos de SUNARP  demuestran lo contrario. Vásquez también señaló que las propiedades carecían de valor. Pero la inspección del Ministerio de Agricultura reporta tierras cultivadas y cría de animales. Cualquier agrotécnico demostraría que estas chacras son mejores que el duro y helado territorio de Conga. 

Los Chaupe están en todo su derecho de hacerse de predios ocupados por cinco años. Pero haber mentido acerca de su “única propiedad” echa sombras sobre toda la historia y deja mal paradas a organizaciones de derechos humanos que los defendieron.

Es una lástima que algunos de los programas periodísticos del país, a pesar de contar con los mejores recursos y capacidades habidas y por haber, asuman posiciones tan irresponsables como la exhibida por Cuarto Poder, el último domingo. También es lamentable la falta de reacción de la clase dirigente peruana, que ve pasar mitos elefantiásicos por sus puertas, sin indignarse y comunicar sus pareceres a la opinión pública.

‘Por esto y muchas cosas más’, nos parece que Cuarto Poder se está ganando el sobrenombre de “Poder de Cuarta”. Lampadia




Crecimiento Económico y Criminalidad

Crecimiento Económico y Criminalidad

Continuando con el enriquecimiento de nuestra sección ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos a continuación el análisis de Carlos Zoe, especialista y oficial a cargo de tan importante tema para la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

 

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Secretario Técnico de la Comisión Espacial de Implementación del Código Procesal Penal

El crecimiento económico de los últimos veinte años ha determinado dos cosas importantes para la sociedad peruana: la primera, que el desempleo, uno de los principales problemas del Estado en las últimas dos décadas, dejó de serlo desde el año 2011; el segundo, que el sitial dejado por el desempleo ha sido cubierto por la delincuencia, principal problema que determina hoy en día la agenda social, económica y política del país.

La delincuencia siempre ha estado presente en el Estado Peruano, incluso con tasas mayores a las que hoy vivimos. Sin embargo, para el ciudadano peruano de los años ochenta, por ejemplo, antes de preocuparse por ser la próxima víctima de un delito, andaba en busca de algún empleo que lo interceptara. Hoy, más allá de la desigualdad que aun existe, no cabe duda que la población económicamente activa tiene más posibilidades de ingresar al mercado laboral y, con ello, generar recursos. La conclusión es obvia: ahora sí tengo temor de ser la próxima víctima.

¿Pero conoce realmente el peruano qué tipo de delincuencia existe? La respuesta no es simple, pero tratare de explicarla: el único indicador mundial que mide los crecimientos o variaciones de la delincuencia en un país son las tasas de victimización. Estas se obtienen de unas encuestas que se hace al ciudadano y que se componen de dos elementos: el primero de ellos de carácter objetivo, por la cual se le pregunta si ha sido víctima de un delito en los últimos 6 o 12 meses, dependiendo de la encuesta; el segundo, de carácter subjetivo, por la cual se le pregunta si tiene temor de ser la próxima víctima o si se siente inseguro en la ciudad en que vive.

En el Perú, quien realiza la encuesta de victimización es el INEI, a través de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos – ENAPRES, que se realiza sobre un poco más de cincuenta mil hogares en todo el Perú. Según esta encuesta, para el año 2011 la tasa de victimización llegó a 40%; esto es, que 4 de cada 10 peruanos había sido víctima de un delito. Tres años más tarde, para el 2014, esta misma encuesta nos dice que la tasa se ha reducido en diez puntos porcentuales y que hoy estamos en un 30% de victimización.

Quien escucha al INEI, a través del ENAPRES, decir que la criminalidad en el Perú ha bajado descartará de plano los resultados de dicha encuesta por considerar que no se ajusta a la realidad. Esto se explica con las tasas de percepción o temor, que lejos de bajar se han mantenido alrededor de los 80%, es decir, que 8 de cada 10 peruanos se siente inseguro en este país, así que no le venga a decir que se ha reducido la delincuencia.

Pero, con todo lo que ello significa para el ciudadano, le tengo que decir que INEI tiene razón, la criminalidad ha reducido 10 puntos porcentuales, lo que no significa que deje de ser un problema y un gran problema. Si traducimos en números grandes qué significa esto de las tasas de victimización, el ciudadano se dará con ésta respuesta: alrededor de cinco millones de peruanos son víctimas de un delito, y he ahí porqué el peruano aún se siente inseguro y no cree para nada que se haya reducido la criminalidad.

Pero si realmente se ha reducido la criminalidad, por qué todos nos sentimos inseguros. La respuesta es que, si bien la criminalidad se ha reducido, cada día los delitos que sí se cometen son más violentos. Según cifras del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC, donde confluyen las áreas estadísticas del INEI, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el  Instituto Nacional Penitenciario, la tasa de homicidios en el Perú se ha incrementado: hemos pasado de 1,617 homicidios en el año 2011 a 2,076 en el 2014.  De estos últimos, más del 50% se ha producido con armas de fuego, en espacios públicos o privados.

Hoy, no cabe duda que la criminalidad es el principal problema que el próximo gobierno va a tener que priorizar en su agenda frente a la comunidad. Hoy sabemos que los delitos, que son muchos – más allá de la reducción de tasas de los últimos cuatro años -, son cada día más violentos. L