Validemos la acusación contra los cuatro magistrados del TC
El clima de la política peruana sigue enturbiándose. Esto, se suma a un rebote de la economía que está lejos de llegar a los niveles de crecimiento necesarios, y que puede volver a desestabilizarse, por los problemas de la reconstrucción pos niño costero. Además, durante las últimas semanas, se han agudizado los enfrentamientos entre las distintas fuerzas políticas, así comoentre las instituciones del Estado.
- Se ha vuelto a abrir la brecha entre el partido PPK y Fuerza Popular (FP).
- El Ministerio Público ha recurrido a la fórmula, desproporcionada y abusiva, del ‘crimen organizado’, para investigar a Keiko Fujimori y Alan García.
- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales plantea una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestas omisiones de función.
- El Congreso de la República abre proceso de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, por la manipulación del voto de otro tribuno, lo que les permitió reabrir, irregularmente el caso de El Frontón.
El caso del Frontón
La denuncia constitucional contra los cuatro miembros del TC intenta aclarar un acto completamente antiético e inmoral (y eventualmente punible según el Código Penal), ya que no se puede defender que se le cambia el sentido al voto del ex magistrado Vergara Gotelli con el solo objetivo de restar su voto y así anular un hábeas corpus para poder reabrir el proceso por lesa humanidad en el Caso El Frontón.
Esto interpreta erróneamente (y adrede) el voto del magistrado Vergara Gotelli, despojándolo de su voto. En realidad, como ha explicado el ex magistrado Ernesto Alvarez, uno de los coautores de la sentencia, Vergara Gotelli había sido incluso más radical que los otros tres magistrados en el asunto de la lesa humanidad: para él ni siquiera tenía sentido discutirlo porque no se podía aplicar para eventos ocurridos antes del 2003. Ver en Lampadia: La increíble anulación del habeas corpus que negaba lesa humanidad en los hechos de El Frontón.
En este sentido, es importante tomar nota de la publicación al respecto, del magistrado José Luis Sardón de Taboada:
Sobre el Caso El Frontón, José Luis Sardón de Taboada, El Comercio, 12 de noviembre de 2017 (glosado)
A mi modo de ver, no cabía ni cabe, de ninguna manera, “subsanar” el voto de Vergara Gotelli en este caso, puesto que él firmó las 24 páginas que contiene dicha sentencia. Así, resulta indudable que estaba de acuerdo con el fallo o conclusión de la misma.
Los magistrados firmamos una sentencia cuando estamos de acuerdo con su fallo.
El fallo de esta sentencia establece que los hechos ocurridos el 18 y 19 de junio de 1986 en El Frontón no son delito de lesa humanidad.
Según Vergara Gotelli, solo hechos ocurridos desde el 2002 o 2003 –cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma y se suscribió la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad– pueden ser calificados de esa manera.
La sentencia resolvió el caso por razones de fondo; en cambio, Vergara Gotelli presentó un argumento alternativo: calificar los hechos de El Frontón como delito de lesa humanidad implica admitir la retroactividad de la ley penal.
La Constitución Política del Perú solo admite la retroactividad de la ley penal benigna.
La “subsanación” del voto de Vergara Gotelli ha significado que se reabra el proceso penal en su contra [los marinos que participaron en los hechos de El Frontón hace ya más de 31 años], y se los siente nuevamente en el banquillo de los acusados, bajo amenaza de terminar sus días en la cárcel.
La verdad es que estos actos dejan clara la corrupción y manipulación dentro de las instituciones jurídicas, ya que los magistrados la institución encargada de velar por la constitucionalidad en el Perú, terminan manipulando una sentencia.
Como afirmó Jaime de Althaus en su columna El caso de los cuatro magistrados del TC es muy grave: “Si magistrados constitucionales son capaces de despojar del sentido del voto a un magistrado anterior para anular un hábeas corpus violentando incluso la cosa juzgada, es que la descomposición institucional ha llegado al más alto nivel poniendo en peligro al sistema mismo.”
Por eso, en Lampadia estamos convencidos que hay que proceder con la acusación constitucional que se ha presentado contra los cuatro magistrados responsables y así lograr eliminar estos actos en el órgano del Estado que debe mantener más imparcialidad y justicia y que, en vez, se corrompe usando el poder estatal para satisfacer intereses políticos.
El tipo penal de crimen organizado
Si no ha sido utilizada con intenciones políticas, solo cabría la explicación de que ésta permite mayores tiempos y facilidades para la investigación. Sin embargo, eso puede llevar a que los acusados estén impedidos eventualmente de postular a cargos públicos con lo cual se configura un hecho político.
En nuestra opinión, este es un hecho absurdo, abusivo e innecesario. Por ejemplo, el acusar a Fuerza Popular de organizar cocteles para levantar fondos deja claramente establecido lo inapropiado del proceso.
El error jurídico y político de la acusación al Fiscal de la Nación
Lamentablemente, Fuerza Popular ha actuado torpemente al denunciar constitucionalmente al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La acusación presentada por vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry es apresurada y viene en un mal momento que solo distrae del verdadero problema. Además, su acusación no está bien sustentada y carece de sustento jurídico, ya que no puede existir una omisión funcional del fiscal de la Nación en investigaciones que él no realiza.
Según Sánchez: “Hay una falsedad además del uso de adjetivos inapropiados tratándose de una autoridad como la que represento. No solo me atacan a mí, sino a toda la institución que presido y eso afecta el Estado democrático de derecho. Espero que la Comisión Permanente del Congreso entre en razón y archive este caso por falta de pruebas”.
Salaverry habría indicado en su denuncia que el Ministerio Público no estaba investigando a las constructoras peruanas consorciadas con la brasileña Odebrecht, pero hace ya dos meses que se está investigando a las constructoras que están implicadas en el caso Lava Jato.
Esto no quiere decir que la Fiscalía no pueda ser denunciada por el Congreso, eventualmente, cuando los hechos lo ameriten. por mala conducta.
¿Qué debemos hacer ahora?
La acusación contra los cuatro funcionarios del TC es evidentemente correcta y ésta no debe confundirse ni con situaciones parecidas de los años 90 ni acusar de pérdida de legitimidad al sumarse la acusación contra el fiscal de la nación.
Todavía estamos a tiempo de frenar un enfrentamiento que lleve a la destrucción mutua de las fuerzas políticas y las instituciones del Estado. Esperamos una inmediata corrección por parte de los actores reseñados y esperamos, además, una reacción nítida del Presidente de la República, que por su trayectoria personal y por el cargo que ostenta, está llamado a romper esta destructiva inercia. Lampadia