La iniciativa del Ejecutivo, refrendada por el Tribunal Constitucional, de instaurar un régimen general para todos los servidores del Estado, incluyendo a los trabajadores del Banco Central de Reserva (BCRP),  para que formen parte de la Ley del Servicio Civil (Ley Servir) es (en palabras de Julio Velarde, Presidente del BCRP) “una barbaridad”.

La ley, dirigida supuestamente a promover la meritocracia en el Estado, pretende homogenizar los tres regímenes laborales generales: la Carrera Administrativa (D.L. 276), de la actividad privada (D.L. 728) y la Contratación Administrativa de Servicios (CAS, del D.L. 1057). Y también los otros 12 regímenes especiales (profesores, profesionales de la salud, magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares, policías, entre otros). Esta norma también incluiría a los congresistas, personal de la Sunat y la SBS. 

Una de las mayores críticas es que se generaría espacio para mayor intervención política de los gobiernos en el régimen laboral del Estado, contrariando el objetivo de meritocracia. El abogado laboralista, Alberto Hurtado Chancafe, explica esto diciendo que “la situación será inestable porque cualquier gobierno podrá imponer su propia evaluación a los trabajadores y así despedir a muchos de ellos”. Además, estos empleados perderían sus derechos adquiridos y otros beneficios importantes.

Sin embargo, la crítica más importante es que si el Ejecutivo pudiera entrar a evaluar al personal por mandato de esta ley (la cual pretende promover la meritocracia en ámbito laboral), destruiría la autonomía del BCRP, tema que ha sido crucial para la solidez macroeconómica del país. El BCRP es una de las pocas entidades verdaderamente meritocráticas. En realidad, es la base de su proceso de selección. Pablo Secada explica esto diciendo que “A los jóvenes se les contrata cuando salen de la universidad, se les brinda un curso y permanentemente hay evaluaciones promoviendo a los mejores. Toda la carrera en el (Banco) Central es en base a la meritocracia que [en teoría] promueve la ley Servir”.

Velarde agregó que un fallo de ese tipo “afecta la autonomía del Banco Central y desestabiliza el país”, pues entonces su presupuesto dependería completamente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, afirmó que “el BCR es una institución que se ha caracterizado por eso [la meritocracia], no ha habido una sola persona que ha estado entrando por una recomendación o alguno de estos factores. Quisiera ver cuántas instituciones públicas podrían decir lo mismo. Quisiera ver si Servir tiene éxito en 20 o 25 años, tendría una suerte si logra ser lo que es el Banco Central ahora.”

 En Lampadia estamos completamente en contra de este  fallo del Tribunal Constitucional y de cualquier intromisión política en el BCRP y las otras pocas instituciones que han logrado estar a salvo de la proverbial mediocridad de los servidores del Estado. Líneas abajo compartimos un artículo de opinión del IPE que sustenta los daños que produciría esta Ley.

SI NO ESTÁ ROTO, NO LO ARREGLES

Publicado en IPEOpinión

03 de mayo de 2016

La independencia constitucional de la que goza hoy el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no es un simple capricho de los legisladores. La función del ente emisor es tan importante que debe ser blindada de las voluntades políticas de turno tanto como sea posible. Las consecuencias de menoscabar la independencia del banco las vivió ya el país en la década de los ochenta.

En este sentido, el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que incorpora al BCRP y a otras instituciones en el régimen laboral del Servicio Civil (Servir) resulta cuestionable a diferentes niveles. En el caso del banco, desde el punto de vista legal, no queda claro en qué medida la sentencia del TC es compatible con su autonomía, garantizada por su Ley Orgánica y por el artículo 84° de la Constitución Política del Perú. Las autoridades del BCRP han pedido ya una aclaración al respecto.

Desde el punto de vista práctico, resulta un sinsentido forzar a la institución pública que mejores estándares de meritocracia ha exhibido en las últimas décadas a sustituirlos por otros con resultados más inciertos. Las políticas de atracción y retención del mejor talento han sido tan efectivas en el BCRP que no sería descabellado pensar más bien en la fórmula inversa: que Servir busque adoptar algunas de las prácticas del banco.

La construcción de instituciones meritocráticas dentro del aparato estatal, qué duda cabe, es una necesidad urgente. En ese sentido, las políticas de Servir pueden ser un avance para fortalecer a las entidades públicas, sobre todo fuera de la ciudad capital. Ello no impide, sin embargo, reconocer que existen instituciones cuyo mandato constitucional les permite aplicar regímenes laborales ad hoc y que han venido operando con suma eficiencia gracias a ellos. Como dice la vieja frase, no arreglemos lo que no está roto. Lampadia

Hace unos años atrás, las encuestas indicaban que uno de los principales reclamos ciudadanos era el empleo. La gente pedía trabajo. Hoy, esta exigencia no aparece en las encuestas. ¿Por qué? Porque con el crecimiento económico el empleo ha aumentado. Incluso, hay regiones como Ica, por ejemplo, con pleno empleo. Y no mal remunerado, los ingresos se han incrementado en las últimas décadas. Ahora la discusión gira entorno a la informalidad.

Distintas circunstancias han puesto a la informalidad laboral en el centro del debate. La polémica sobre la obligatoriedad de los aportes de los independientes a los sistemas de pensiones, la necesidad de hacer más competitiva la economía ante la evidente desaceleración que viene sufriendo y así como la publicación de estudios sobre el empleo formal (Ministerio de Trabajo – MINTRA).

De acuerdo a un informe del MINTRA solo el 29,5% de las casi 16 millones de personas que conforman la PEA ocupada tiene un empleo formal. Es decir un 70% se halla en la  informalidad. Según Jorge Toyama: “El empleo formal se concentra en el Estado, en las empresas de 10 a más trabajadores y en los independientes con educación superior. El Estado comprende a 1,4 millones de trabajadores, la mediana y gran empresa (con más de 100 trabajadores) a 1,5 millones, la pequeña empresa a 1,6 millones, y los independientes a solo 260 mil personas. En total, hay 4,8 millones de trabajadores formales. El sector informal, siguiendo el estudio del MNTRA, comprendería a 11 millones de trabajadores. Este sector percibe bajos ingresos [en promedio], no accede a la formalidad y especialmente tiene escasa cobertura en seguridad social: solo el28% de los trabajadores tiene un aseguramiento contributivo (Essalud y EPS)”.

Las cifras son elocuentes. Muchos sugieren o señalan abierta y erradamente que esta situación es causada por el modelo económico, al que acusan de descuidar el empleo. Nada más falso, son justamente las regulaciones y la escasa flexibilidad laboral lo que alienta este indeseable fenómeno. El Perú es uno de los países con mayor rigidez en el mundo en contratación y despido de acuerdo al  World Economic Forum. Ocupamos el puesto 14 de 144 (donde el primero es el más rígido)

Otros indican que es un sobrecosto. En Lampadia, no creemos que las vacaciones y gratificaciones deban considerarse sobrecostos. Cuando se emplea a una personal se lo hace por un paquete anual. Allí no está el problema. Como se ha señalado líneas arriba los inconvenientes radican en los costos de despido, en el regreso de la estabilidad laboral que incluye reposiciones destructivas de la productividad y hasta de instituciones como la policía, que tiene que reponer a delincuentes separados de sus filas, por órdenes judiciales. Toyama indica que “en otro países no se entrega al trabajador un seguro de desempleo e indemnización al mismo tiempo”.

Para colmo de males en los últimos años, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial han reinstaurado con sus sentencias la más estricta estabilidad laboral, obligando a las empresas y al Estado a reponer a trabajadores despedidos. Y esto no es todo. El cese colectivo por razones económicas es imposible. En los últimos 13 años, el Mintra no ha autorizado ninguna solicitud de este tipo. Por tal motivo, como señala el citado especialista, es menos oneroso y fácil liquidar una compañía que reducir la planilla. Un contrasentido que atenta contra las principales generadoras de empleo: las empresas privadas. A diario, firmas cierran las puertas agobiadas por las regulaciones laborales que imponen multas, moras y obligaciones estratosféricas que las llevan a la quiebra.

Apenas una empresa se formaliza, los fiscalizadores laborales se acercan, piden libros y ordenan cómo deben ser las planillas (montos y formas de pago), imponen multas por omisiones de los años previos a la formalización (un contrasentido), asfixiando financieramente a las empresas que no consiguen superar lo que Pedro Olaechea ha llamado “el valle de la muerte” (el imposible paso de micro y pequeña empresa a categorías de mayor tamaño y formalización). Por eso en el país no tenemos muchas empresas medianas.

Esta trampa anti desarrollo es algo similar a lo que ocurre en Francia, en el que el número maldito es el 50. Las empresas no contratan al empleado número 50. Se quedan con 49, porque de lo contrario desencadenan casi tres decenas de regulaciones laborales que elevan sus costos al punto de representar inmensas pérdidas.

El sueldo mínimo vital, también se consideraun factor limitante para la formalización. De acuerdo a un estudio de Macroconsult, el actual nivel de la Remuneración Mínima Vital es demasiado alto para la realidad de las micro y pequeñas empresas. Según este informe: “el 39% de los trabajadores informales del sector formal y un 63% de los trabajadores informales perciben menos del salario mínimo (S/. 750)”.

Tiene sentido, recientemente los suizos votaron en contra de que se fijara un salario mínimo en su país (su actual tasa de desempleo es de 3.3%). Prefirieron la libre negociación como es hoy. El estado del bienestar europeo con sus rigideces laborales explica en buena medida que en España el desempleo juvenil supere el 55% de los jóvenes en edad de trabajo. Alemania se salvó de esto, porque antes de la crisis  reformó su sistema flexibilizándolo.

En nuestro país, la formalidad es como un gueto inverso, hecho para que nadie entre. Además, la institucionalidad creada alrededor de nuestras regulaciones hace que, por ejemplo, los gremios sindicales terminen defendiendo el privilegio de minorías y evitando la protección del gran conjunto de trabajadores.

Está comprobado que la sobreregulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente realizar cambios que no sólo nos hagan más competitivos. Para ello, el gobierno debe crear una formalidad más accesible, explicar a empleadores y a la población los beneficios de un sistema más flexible y establecer procesos de transición no punitivos. Ojalá no tengamos que afrontar una crisis económica con rigidez laboral, como en España. Lampadia