Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

¿Te imaginas si para colocar tu perfil en LinkedIn tendrías que previamente pagar una detracción a la SUNAT?, ¿Si antes de hacer una reserva por Airbnb tendrías que llenar un formulario en el Banco de la Nación?, si antes de suscribirte a NETFLIX o Spotify tendrías que llenar un formulario aprobador por SUNAT, exhibir RUC y pagar una percepción? o, si antes de comprar en Ali Express, Amazon tendrías que pasar por SUNAT a que te sellen el formulario y declares para que, por que y de donde compras?

¿Te imaginas si todo esto también se repitiera cuando hagas un pedido de delivery al mercado de tu barrio?, ¿te imaginas al repartidor convertido en agente de retención, cobrándote el impuesto y haciéndote llenar el formulario cada vez que te trae un pollo a la brasa? ¿Cómo verías al chofer de Uber, haciéndote llenar un formulario antes de bajar del taxi para que detraigas el IGV?

Nada de esto te lo imaginas tu. Crees que por fin hemos llegado a un mundo sin papeles, sin formularios, sin colas. Crees que la pandemia logró un boom de interacción digital que ha agilizado la interacción comercial y simplificado las cosas a las personas y reducido mucho los costos.

Sin embargo, lo que tu no has pensado es qué desde hace años, los estados y no solo los que son gobernados por la izquierda, están buscando más dinero. Hace años buscan cobrarles impuestos a las multinacionales que te brindan estos servicios: Facebook, LinkedIn, Airbnb, Amazon, Uber, Netflix, Spotify, entre otros. El apetito de recursos nunca termina. Y, como no es factible cobrarles impuestos a empresas que no tienen domicilio en el Perú y la solución peruana siempre le carga la responsabilidad al ciudadano, te lo cobrarán a ti, al consumidor.

¿No me crees?

Te doy algunas razones:

• La presión tributaria en el Perú no supera el 14% del PBI (aunque es mucho mayor para el formal y el gran contribuyente que paga 1 de cada 3 soles que gana y 1 de cada 5 soles que consume).
• La recaudación del IGV es la principal fuente tributaria del Estado. De lejos. Un impuesto a las grandes fortunas no cambia esto.
• Juntos por el Perú, el partido de la señora Mendoza que nunca debe haber pagado IGV, propone que la presión tributaria suba al 18% del PBI.
• Sólo subiendo el IGV o gravando a más productos con este impuesto es posible acercarse a esta meta.

¿Podría el Congreso, por decisión mayoritaria, conceder a quienes no representan ni la mayoría ni los intereses del país, la facultad de arruinar la economía del resto de los peruanos?

Yo particularmente creo que no. Eso sería una traición. La delegación de facultades sería una traición.

Si hay algo que hacer en materia tributaria es dejar de seguirnos persiguiendo a los mismos contribuyentes. Vayan por sus socios, amigos de la izquierda que están en el desgobierno.

• Cobren a los dinámicos de las regiones,
• a las empresas fantasmas que se crean para ganar licitaciones que ustedes mismos les otorgan.
• Vayan al Vraem, cobren a sus financistas.  
• Cobren a los mineros ilegales y sus fortunas escandalosas.
• Vayan a Tacna, Juliaca y Puno, sus principales bastiones y cobren a sus electores.

Y, sobre todo, no dilapiden los recursos que los formales contribuimos en el país.

Y si hay algo que legislar, que lo sometan al Congreso y que este lo debata y apruebe, si corresponde al bien de todos los peruanos. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre la digitalización del Estado ¿para cuándo?

Participa como invitada Lieneke Schol, ex jefa de la Secretaria de Gobierno Digital de la PCM, junto Jaime de Althaus y Sebastián Otero, asociados de IIG.

Lieneke Schol, Sebastián Otero y Jaime de Althaus

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace pocos días se dio un paso importante en los trabajos de simplificación administrativa en el Estado peruano: se publicó el Decreto Supremo Nº 045-2019-PCM que aprueba el TUPA estandarizado de la Licencia de Funcionamiento, de aplicación obligatoria en todas las municipalidades del país. En realidad, el DL 1271 ya había simplificado requisitos para esta licencia, pero las municipalidades solían incumplir la norma haciendo cada una su propio TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) en el que exigían más requisitos de los establecidos o no respetaban los plazos. Lo que este decreto hace es estandarizar los procedimientos, requisitos, actividades y plazos, de modo que ya es muy difícil apartarse de ellos. Es un TUPA único modelo de aplicación obligatoria. Incluso para muchas municipalidades pequeñas es una ayuda porque no tienen que contratar una consultoría para que les haga el Tupa: lo toman directamente de esta norma.

La discrecionalidad para fijar el derecho de tramitación también desaparece, porque la metodología “micosto”, aplicativo vigente desde el 2010, se aplica ahora a actividades y plazos perfectamente acotados.

Fernando Cillóniz, sin embargo, declaró a Semana Económica: “La unificación de los TUPA es un paso importante, pero desconfío de la integridad de los funcionarios públicos pues [la obtención] de muchas licencias está dominada por mafias en muchos distritos del país. Digitalizar estos procesos sería mucho más conveniente”.

Sara Arobes, Secretaria de Gestión Pública, responde que los funcionarios que incumplan esta norma pueden ser sancionados y multados por la Contraloría, por la Oficina de Control Interno de la municipalidad. Indecopi, de otro lado, tiene que supervisar su cumplimiento e intervenir a pedido de parte o de oficio por causal de barrera burocrática. Sería bueno difundir los derechos de los administrados y los plazos, por ejemplo, para que los usuarios los conozcan y sepan qué mecanismos activar si no se cumplen. Una campaña radial sería útil.

Algo que lamentablemente no se ha podido arreglar hasta ahora es el hecho de que el Congreso derogara hace dos años la disposición contenida en el Decreto Legislativo arriba mencionado que eliminaba la obligatoriedad de las inspecciones técnicas cada dos años, que era –y es- causa y ocasión de mucha corrupción. Debería verse la forma de reponer esa disposición, pasando a un sistema de fiscalización del cumplimiento de la norma. A falta de eso, cuando menos se ha logrado que en los negocios de bajo riesgo, la inspección técnica en seguridad pueda hacerse a posteriori, luego de otorgada la licencia. Pero de todas maneras dicha inspección debe renovarse cada dos años. Lo que podría hacerse por decreto supremo es que la renovación en este último caso sea automática, pero al parecer no hay decisión política para dar ese paso.

Lo que todavía se va a demorar en salir por lo menos hasta el segundo semestre de este año, es el TUPA estandarizado de la Licencia de Construcción, que contiene más de 100 procedimientos. Una vez que esto entre en vigencia, se habrá estandarizado alrededor del 70% de los trámites en las municipalidades.

Los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR)

Los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) sirven para determinar si un trámite es realmente necesario o no. Hasta el momento han sido revisados un total de 1,041 trámites correspondientes a 10 sectores, y el resultado ha sido que un 38% de los trámites ha sido eliminado o declarado improcedente. Es decir, solo han quedado validados 647 procedimientos, equivalentes a un 62% del total. Sin duda una reducción importante.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/analisis-de-calidad-regulatoria/
(Elaboración propia)

Los sectores que ya pasaron el ACR son la PCM, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente, Cultura, Relaciones Exteriores, Mujer, Agricultura, Trabajo, Producción, Justicia y Vivienda. El resto de sectores debe estar terminado a más tardar en junio de este año. 

Podemos ver algunos sectores con algún detalle.

Por ejemplo, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo hay 92 trámites o procedimientos administrativos. De ellos han sido eliminados un 41% de trámites en total (los declarados improcedentes se mantienen como una función interna de la entidad, pero dejan de exigirse al administrado, de modo que para efectos prácticos resultan eliminados también). Eso significa que muchas autorizaciones que había que obtener o informaciones que había que dar, ya no son necesarias. Y del 59% que resultaron validados, la tercera parte (21%) fueron simplificados.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-001-2018-CMCR-ST.pdf
(elaboración propia)

El sector Agricultura tiene una gran cantidad de trámites (341): 27% de ellos fueron eliminados. Del 73% que fue validado, algo menos de la mitad (31%) fue simplificado.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/Informe-DS-130-2018-PCM-segundo-grupo-ACR-VF.pdf
(elaboración propia)

En el siguiente grafico podemos ver el sector agricultura desagregado en sus distintos organismos. En el caso del ministerio como tal, la reducción de trámites alcanzó casi a la mitad. Y en el caso del Senasa, una entidad clave para las exportaciones agrícolas no tradicionales, que tenía 124 trámites, la reducción llega al 30%. Además, de los 88 trámites validados en esa entidad, 63 deben ser simplificados. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), por su parte, que es importante también para la minería, resultó con 35 procedimientos validados (de los cuales 2 deben ser simplificados) y 12 improcedentes.

Fuente: Idem

En el sector Ambiente, incluyendo sus organismos públicos, hay solo 20 trámites, de los cuales el 45% resultó eliminado. En el caso del Senace, que ve los estudios de impacto ambiental detallados para la minería y otros sectores, de 9 procedimientos solo se eliminó 1 pero dos fueron simplificados. Y los 3 trámites que había que hacer ante la OEFA fueron declarados improcedentes.

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-001-2018-CMCR-ST.pdf
(elaboración propia)

En el caso del Ministerio de la Producción, de los 150 trámites que tenía, un 30% ha sido eliminado. Además, hay 10 trámites que han sido fusionados.  

Se ha eliminado, por ejemplo, la inscripción o renovación en el registro de laboratorios acreditados para realizar análisis; la adecuación de licencia de operación de plantas de procesamiento industrial de macroalgas; la modificación de concesión para el desarrollo de la acuicultura de Mediana y Gran empresa; el permiso/certificado cites de importación o reexportación de especies hidrobiológicas, productos o subproductos provenientes de la acuicultura; la adecuación de permiso de pesca de menor escala para la extracción del recurso anchoveta; la renovación de inscripción de asociaciones de las MYPE y comités de MYPE en el registro nacional de asociaciones de la micro y pequeña empresa – RENAMYPE, la solicitud de actualización del estudio ambiental aprobado para proyectos de inversión del sector pesquero y acuícola, etc.

Además, según el informe de la Secretaría de Gestión Pública, el PRODUCE actualmente se encuentra en proceso de mejora de su marco regulatorio, lo que incidirá en 48 procedimientos o trámites que tendrán que adecuarse y pasar también por el ACR.[1]

El sector Trabajo es el que ha experimentado la mayor reducción  de trámites. En el siguiente gráfico podemos ver que sólo ha sobrevivido sin modificación un 15% de los 112 trámites del sector, y 78% ha sido eliminado o declarado improcedente:

Fuente: http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-003-2019-PCM-version-final.pdf
(Elaboración propia)

Quizá no sea casualidad que Trabajo sea de lejos el sector más burocratizado. Yendo al detalle, vemos que ninguno de los 6 trámites de Sunafil ha sido validado, y tampoco ninguno de los 15 trámites de Essalud. El grueso de trámites corresponde al ministerio como tal, donde el 72% ha sido eliminado.

Faltan

Hay tres sectores importantes para la actividad productiva y el bienestar de la población cuyos ACR aún no salen, que son Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y Salud. En el segundo caso, Sara Arobes nos dijo que la Secretaría de Gestión Pública (SGP) hizo dos presentaciones hace algo más de un año en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pero que no habían recibido una propuesta de reducción de trámites por parte de dicho gremio. Consultado al respecto Pablo de la Flor, gerente general de la SNMPE, nos informó lo siguiente: “Tenemos 3 mesas ejecutivas una para cada sector en el MEF, en las que venimos discutiendo la simplificación con algunos avances. Allí participan todos los actores públicos.  Tienen todas nuestras propuestas. Muchas discusiones y algunos resultados, pero nada dramático ni significativo aún”. No obstante, ante la consulta nuestra señaló que presentarían sus propuestas a la SGP.

El caso de Salud está resultando complejo sobre todo por la cantidad de trámites en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), y la aparente resistencia a desmontarlos. Los gremios vinculados a medicamentos, equipos médicos y cosméticos se quejan de corrupción y de que se exige a productos que son de bajo riesgo los mismos trámites y requisitos que los que se pide para medicamentos de alto riesgo. El resultado es que obtener registros sanitarios es muy complicado o costoso y la población no tiene acceso suficiente a productos de calidad y a un costo razonable. Este sector, entonces, es crítico. Debería simplemente autorizarse automáticamente todo producto que cuente la licencia de la FDA norteamericana o del organismo equivalente de la Unión Europea.

Hay incluso una demanda ante el Indecopi para declarar barrera burocrática el TUPA de la DIGEMID. Esa demanda ha sido ganada pero la resolución aún no se publica.

Sara Arobes que nos informó que un problema en Salud es el cambio de ministros con excesiva frecuencia, lo que lleva a comenzar casi de cero cada vez. En todo caso, ese sector tiene un avance del 60%. Para el tema de la Digemid, la DGP está trabajando con la Cámara de Comercio de Lima.

Segunda revisión de los 100 más costosos

De todas maneras, se espera culminar con todos los ACR del Ejecutivo para junio de este año. Con todo ese trabajo se hará un Catálogo de Procedimientos, para entrar luego a una segunda revisión ajustando más los trámites. Para comenzar, se seleccionarán los 100 procedimientos más costosos para someterlos a un nuevo ACR, con información que brinden las empresas, a fin de reducir requisitos y tiempos en cada uno de ellos, es decir, reducir la carga administrativa que representan. Y se digitalizarán. Esto empezará en julio.

Gobiernos Regionales

Ahora bien, todo lo que hemos reseñado incluye solo a las entidades del gobierno central, del Poder Ejecutivo. Para los gobiernos regionales se elaborará 200 tupas estandarizados. Ese trabajo será licitado para que una empresa lo haga, y será financiado con cargo al proyecto BID. Se espera comenzar el tercer trimestre priorizando sectores productivos en los que los gobiernos regionales tienen incidencia, como pesca artesanal, turismo, minería artesanal, y forestal.

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA)

El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), como sabemos, se centra no en los trámites que se imponen al usuario, sino en las normas mismas que regulan las actividades productivas o de servicios. Sirve para determinar si una norma se justifica o no, si crea más perjuicios que beneficios. Se espera comenzar con esta tarea hacia fines de año. Lo primero es producir un reglamento con la metodología y luego capacitar a los funcionarios en su aplicación, porque luego de ello toda norma que salga del Ejecutivo tiene que venir con su RIA. Pero se comenzará con los sectores que incidan más en la competitividad. La elaboración del manual ya ha sido licitada.

Luego de ello, el próximo año se empezará a revisar el stock de normas en 8 sectores, también los más vinculados a la actividad productiva. Esto también se hará con el apoyo del Proyecto BID. No será fácil. Según Arobes, a México le tomo 18 años generalizar este proceso en su Estado.

Equipo precario

Vale la pena comentar que todo el trabajo de revisión de los ACR en la SGP está siendo ejecutado por un equipo de apenas 11 personas, que tiene otras tareas además de los ACR. Ese equipo, muy meritorio y esforzado, requiere ser fortalecido y estabilizado, pues, además, sufre de una alta rotación. Los 11 están allí con contratos CAS y con límites salariales. Aprenden y se van a otros organismos. Resulta sorprendente que estando SERVIR en la PCM, ésta y sus Secretarías no hayan avanzado suficientemente en el tránsito hacia la aplicación del régimen de la ley de Servicio Civil, para tener un cuerpo de funcionarios estable y meritocráticamente seleccionado y evaluado. El ejemplo debería comenzar por casa.

ANEXO

No es cierto que la minería explote amplias extensiones para extraer minerales, afirma Henry Luna. Esta industria ha aportado por exportaciones mineras 245,049 millones de dólares a la economía nacional en los últimos 10 años, trabajando en espacios que apenas llegan al 1% del territorio.

Entrevista a Henry Luna Córdova, Presidente Ejecutivo (e) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet)
REVISTA DESDE ADENTRO
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA
Por Piero Gálvez

¿Qué acciones se deben realizar por parte del Estado para reducir la tramitología en el sector minero?

Lo primero que se tiene que hacer es mejorar los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las instituciones públicas, reducir el número de trámites y, sobre todo, el tiempo que estos demoran. En el Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como en el Ingemmet, ya lo hicimos, pero esto no depende exclusivamente del sector minero, ya que la mayoría de trámites se realizan fuera del ámbito de competencias del Ministerio.

¿Cuáles de esos trámites ajenos al MEM complican este proceso burocrático?

Por ejemplo, los trámites respecto al uso del agua, que se deben hacer ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o lo referido a terrenos superficiales, que implica a privados, comunidades y los gobiernos locales, regionales y a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Finalmente, los estudios ambientales ahora se tramitan ante el Senace, que está bajo la tutela del Ministerio del Ambiente. Como Ingemmet, lo único que tramitamos son las concesiones mineras para exploración y explotación, cuyo proceso de titulación dura entre cuatro y cinco meses.

¿Considera, entonces, que se deberían reducir o centralizar los trámites?

Las dos cosas. Por ejemplo, la ventanilla única, que se está tratando de implementar a nivel de minería artesanal, también se debería aplicar en la mediana y gran minería, porque nos simplificaría procesos. Y, sobre todo, darle más valor al uso de las declaraciones juradas, teniendo en cuenta que muchos de estos documentos serán fiscalizados posteriormente por OEFA, OSINERGMIN y SUNAFIL. En ese sentido, no se debiera pedir tantos volúmenes de información porque, finalmente, si una empresa incumple la normativa al momento de ser fiscalizada no podrá desarrollar su proyecto.

Pese a estas dificultades, ¿el sector minero está dando señales positivas para el país?

Entre los meses de noviembre 2017 a noviembre 2018 se ha registrado una cifra récord en cuanto a las solicitudes de concesiones mineras en el Perú. En este último año ya hemos recibido unas 8,000 solicitudes de concesión minera, con lo cual estamos superando lo registrado en el 2012, cuando se llegó a 7,500 pedidos. Sin embargo, para los intereses de crecimiento y desarrollo del país, no basta solo con adquirir concesiones mineras, sino que es fundamental poder realizar exploraciones en estas y, posteriormente, explotarlas.

¿Hay diferencias entre concesión minera y proyecto minero?

No son lo mismo. A nivel nacional las concesiones mineras representan el 14.5% del territorio nacional. Sin embargo, solo el 0.31% está en etapa de exploración, es decir, 708 concesiones, y solo el 0.91% del territorio nacional se encuentra en etapa de explotación minera, es decir, 3,800 concesiones. Eso significa que en un 13.28% de las áreas concesionadas no se reporta actividad alguna. Así, solo en el 1.22% del territorio nacional se explora o se explota algún tipo de mineral. Recientemente realizamos un estudio que reveló que solo el 0.049% del territorio nacional concesionado es ocupado por las principales operaciones mineras, tales como Toquepala, Cuajone, Constancia o Las Bambas, entre otros, que son los que impulsan el crecimiento del país.

¿Cuál ha sido el aporte del sector minero al crecimiento del Perú?

El aporte de la minería ha sido fundamental para el desarrollo económico del Perú. De los 474,654 millones de dólares recaudados entre 1950 y 2018 por exportaciones tradicionales, más del 75% correspondió a las exportaciones metálicas, es decir, 356,600 millones de dólares. Asimismo, en la última década, de los 312,080 millones de dólares de las exportaciones tradicionales, el 79% correspondió a minería metálica, aportando 245,049 millones de dólares a la economía nacional en los últimos 10 años.

¿Cómo se puede trabajar para superar las creencias que impiden el desarrollo de proyectos mineros en regiones como Cajamarca?

Existen muchos mitos respecto al desarrollo de la minería. Por ejemplo, se debe aclarar la naturaleza de las concesiones y de los proyectos mineros, del impacto económico de la minería a nivel local. Y también es necesario ayudar a los gobiernos regionales y locales para que administren mejor los recursos que obtienen gracias a la actividad del sector, como el canon, regalías y derecho de vigencia.

¿Qué otras acciones pueden generar conocimiento acerca de las actividades mineras?

Necesitamos difundir las actividades de la gestión de agua. Ahí el sector solo utiliza el 1% del recurso disponible en el país, según la ANA. También se necesita difundir los temas de responsabilidad social que ejecutan las empresas mineras. Tengo entendido que están realizando una campaña al respecto, pero se necesita involucrar a otros sectores para hacer comprender a la población que la minería genera desarrollo, como en Apurímac, que era una de las regiones más pobres del país y ahora es un nuevo polo de desarrollo gracias a la actividad minera. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el análisis que publicáramos ayer (La simplificación administrativa avanza) sobre los avances en simplificación administrativa y eliminación de normas costosas y contraproducentes, algo fundamental para permitir la reactivación de la inversión privada y la formalización económica, concluimos que si bien había avances notorios en el llamado Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), que terminará eliminando algo menos del 30% de los trámites en el gobierno central antes de junio del 2019, percibíamos que no había la misma voluntad política en la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) que se implementará a partir del próximo año en 8 sectores, sin que nos quedara claro si se aplicaría ex ante, es decir, a la normas nuevas, o solo al stock de normas.

Sara Arobes, Sub Secretaria de la Secretaría de Gestión Pública, nos aclara que “sí existe tal voluntad política; la prueba es que en el pasado setiembre se aprobó el DL 1448 que establece el RIA y también el gobierno aprobó el préstamo con el BID en el que se dispone los recursos para implementar el RIA”.

Nos precisa, además, que se ejecutará ambos tipos de RIA, el ex ante y el ex post. Es decir, tanto para las normas nuevas como para el stock de normas. Y que esto se va a detallar en el reglamento que se apruebe en marzo del 2019.

Faltaría que se aplique en los gobiernos sub-nacionales y en el Congreso

Nos alegra. El RIA es fundamental para aligerar la carga regulatoria que asfixia a las empresas peruanas de todo tamaño. La limitación es que se aplicará solo en las entidades del gobierno central, pero no en los gobiernos regionales y locales. Y tampoco en el Congreso. El RIA es algo que debería aplicarse a toda norma, emita donde se emita.

En el caso del Congreso, es hora de crear justamente una Oficina de Análisis de Impacto Regulatorio y Económico. Si tal cosa existiera, el país se habría ahorra muchas leyes que terminan frenando el desarrollo nacional e imponiendo costos absurdos a las distintas actividades. Mencionemos, por ejemplo, la ley que se ha aprobado para regular los taxis por aplicativo, un servicio que funciona bien y es más eficiente, seguro e incluso más barato que el de los taxis comunes. El resultado de esa ley va a ser, sin duda, el encarecimiento de ese servicio. Y todo por compulsión regulatoria o para para buscar el voto clientelista de los taxis sin aplicativo. Estamos seguro que un RIA habría descartado dicha ley. Lampadia

Pero aún no hay Análisis de Impacto Regulatorio

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, 10 personas trabajan febrilmente revisando, observando y devolviendo los Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) enviados por los sectores respecto de las normas que contienen procedimientos o trámites que el público debe llevar a cabo, para ver si cumplen con los estándares de calidad que corresponden o si deben ser eliminados o simplificados. Se trata del ACR que debe hacerse a todas las normas existentes y aquellas por crearse que contengan procedimientos o trámites.

Pero el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), que sirve para eliminar regulaciones costosas o contraproducentes, todavía no empieza, como veremos, y, tal como se está planteando, tendría un alcance limitado, lo que es lamentable.

Análisis de Calidad Regulatoria

El trabajo de los ACR comenzó en agosto del 2017. ¿Está dentro del cronograma aprobado? Pues, increíblemente, sí. El último de los seis grupos de sectores (Defensa, Interior y Economía y Finanzas) debía entregar a la Sub Secretaría el ACR de sus normas para que sea revisado, y cumplió con el plazo. El proceso es complejo. Sara Arobes, jefa de esa Subsecretaría, nos explica que cada ministerio hace su propio ACR de todas sus normas con procedimientos y envía las fichas correspondientes a la Subsecretaría. Esta las revisa, les hace las observaciones necesarias y las devuelve para el levantamiento de las observaciones por parte del ministerio, y así tres veces. En ocasiones los ministerios no levantan las observaciones y entonces los responsables son citados para revisarlas en conjunto. Ya se han llevado a cabo más de 5 mil revisiones.

En la actualidad, todos los sectores, todos los ministerios y sus organismos públicos, ya iniciaron ese proceso, y tres de ellos ya lo culminaron. Son la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente y el ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y todos los organismos adscritos a ellos. Se revisaron 319 procedimientos o trámites en total, de los cuales fueron eliminados un 25% y un 8% fue simplificado.  

El segundo paquete de tres sectores (Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura y Riego y Cultura) suma más de 500 procedimientos, de los cuales ya se prevé será eliminado un 30%.  Debe estar saliendo a fines de noviembre.

Todo el proceso, incluyendo a todos los sectores del gobierno central, culmina en junio del 2019. Eran alrededor de 4000 procedimientos los que serían revisados, pero al final esa cifra se ha reducido a 3,165 porque algunos sectores no han esperado su turno y ya han simplificado o eliminado trámites por su cuenta. Por ejemplo, Transportes y Comunicaciones y el Mincetur.

Al terminar, en junio del 2019, se tendrá el catálogo de trámites del ejecutivo. Salen del ACR y entran al TUPA. Con proyecto BID, que apoya en estas tareas, se identificará los 100 más costosos para someterlos a una nueva revisión a fin de reducir los tiempos. Arobes nos informa que hasta el cuarto grupo de sectores, donde ya ha habido una primera revisión, se habría reducido en 216 millones de soles las cargas administrativas para los usuarios.

Hay que decir que pasa obligatoriamente por el ACR no solo todo el stock de normas con trámites existente, sino además toda nueva norma que establezca un trámite o procedimiento. De lo contrario carece de validez. El decreto legislativo 1310 establece que todo procedimiento que no es ratificado, se elimina. Alrededor de 50 de estas normas nuevas han pasado el ACR.

Gobiernos regionales y locales

Ahora bien, todo esto se refiere al Gobierno Central o Nacional pero, ¿qué pasa con los gobiernos regionales y locales? Sara Arobes nos informa que para ellos se establecerá procedimientos estandarizados, obligatorios según la ley de procedimientos administrativos.

Los dos principales, para los gobiernos locales, son la licencia de funcionamiento y la de construcción. La Sub Secretaría está trabajando en el diseño de tupas estandarizados más simples y de aplicación obligatoria para ambas licencias. En el caso de la de funcionamiento, se ha venido demorando porque el diseño final depende de un insumo clave que es el reglamento de inspecciones técnicas en seguridad que el Ministerio de Vivienda está reformulando con la idea de graduar la evaluación de seguridad según el nivel de riesgo. Es decir, que si típicamente no hay riesgo, la licencia es automática. La gran mayoría de los negocios pequeños quedaría clasificada en riesgo bajo.

En cuanto a la licencia de construcción, Vivienda ya terminó su revisión y simplificación. Consta de 159 procedimientos, una cantidad que parece muy alta a primera vista pero que según Sara Arrobes es lo mínimo indispensable. Antes de fin de año deberá salir el decreto supremo aprobando ambos tupas estandarizados. Las ventajas de los tupas estandarizados son obvias: menos discrecionalidad, menos corrupción, menores costos y menor tiempo.

Se tiene previsto sacar 300 procedimientos estandarizados más para los gobiernos regionales y locales. Sobre todo, para los regionales, y en sectores tales como minería, turismo, trabajo y transportes. Lo que el 
Mincetur elimine o simplifique, por ejemplo, se aplicará en los gobiernos regionales.

Este trabajo comenzará a hacerse a inicios del próximo año y Sara Arobes calcula que estará implantado hacia fines del 2020. No debería de pasar de esa fecha pues de lo contrario ya será difícil de aplicar. No es claro si esto funcionará en los gobiernos sub-nacionales.  

RIA

Lo que aún no ha empezado a aplicarse, es el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), que se aplica ya no solo a las normas que establecen trámites sino a todas las normas en general, con la finalidad de establecer si la norma tiene sentido, si resuelve o no un problema, qué costo impone al ciudadano, etc.

El potencial de este instrumento es muy grande porque permitirá eliminar normas inútiles, onerosas o mercantilistas. Ayudaría a podar la sobre regulación.

Se tiene previsto, con financiamiento del BID, realizar Análisis de Impacto Regulatorio ex post en ocho sectores, que aún no han sido definidos, a partir del próximo año. Para ello tendría que contratarse a una empresa especialista. Lo que no está claro aún es si se aplicará el RIA a las nuevas normas que salgan en todos los sectores. Esto es algo fundamental, para que la maraña no comience a crecer. Se requiere decisión política y más determinación.

Resumen

En resumen, el trabajo de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) está avanzando de acuerdo a lo programado y se espera que a mediados del próximo año, cuando culmine, se habrá reducido cerca del 30% de los trámites que tienen que hacer los ciudadanos y empresas ante el gobierno central. Y todas las nuevas normas que crean trámites deben pasar su ACR. En lo que no hay determinación ni decisión política claras, es en implantar un sistema fuerte de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), para reducir el peso regulatorio sobre la actividad económica en el Perú. Esto es fundamental. Lampadia

El Presidente del Consejo de Ministros del Perú anunció la aprobación del ‘Paquete Simplificador Administrativo’, cuyo objetivo es eliminar los trámites inútiles que deben realizar los ciudadanos ante la administración pública. Entre los beneficios, se destaca la medida que obliga a entidades a interconectarse y compartir bases de datos para que no pidan más documentos a los ciudadanos.

Fuente:  www.hnworth.com

Fernando Zavala, jefe del Gabinete de Ministros, dio a conocer los trámites eliminados en conferencia de prensa. “Son acciones concretas dentro de las facultades dadas por el Congreso al Ejecutivo para beneficio de los ciudadanos y de las pequeñas empresas”, manifestó. Según explicó, las entidades públicas podrán pedir documentos o información del usuario solo una vez, estas deberán estar interconectadas, y no podrán exigir documentos inútiles, entre otras.

Además afirmó que “¿Por qué hacemos esto? Primero, hay un montón de trámites inútiles en el Estado que afectan al ciudadano y a la micro y pequeña empresa”. En Lampadia felicitamos al Gobierno y celebramos esta gran primera medida de destrabe de tramitología. Hace algunos meses comentamos y presentamos el artículo de José María Ruiz Soroa, abogado español, publicado en El País de España: ¡Dejen de legislar! Ruiz reflexiona sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas en España. Explica que el principal propósito de los parlamentarios es ‘parlamentar’. Su análisis parece escrito para el Perú. Dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. Ver la nota completa en Lampadia: Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú.

Fuente: PCM

La hipótesis de Ruiz Soroa es la siguiente: “La ambición de los políticos, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará”.  Eso es lo que ha sucediendo en el Perú. En Lampadia denominas a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Es por eso que hemos propuesto innumerables veces la necesidad de desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

Un ejemplo escandaloso de la tramitología, que no nos cansamos de repetir, es lo ocurrido con el sector minero, veamos:

Entendemos que Fuerza Popular también tenía un plan para liberar al país de su esclavitud legislativa mediante una ley llamada ‘ley del ocaso’. La idea era darle a los ministros, directores de pliegos, jefes de las agencias del Estado, gobernadores, alcaldes, etc., un plazo fijo para sustentar con qué normas debían desarrollar sus actividades. Todas las normas que no se consideraran necesarias en dicho proceso quedarían automáticamente derogadas. (Ver en Lampadia: Desregulemos antes de pensar en nuevas leyes).

Esperamos que este ‘Paquete Simplificador’ sea el inicio de un profundo proceso de desregulación, para liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país.

Entre las medidas que serán aplicables a todas las entidades de la Administración Pública, están:

Denuncia policial gratuita

Dese ahora, el Estado está obligado a darle al ciudadano la primera copia certificada de su denuncia policial de manera gratuita e inmediata, ya no se pagará por la copia del DNI para hacer las denuncias.

Entidades conectadas: Pedir datos una sola vez en la vida

Para hacer cualquier trámite, se solicitan documentos como por ejemplo el DNI, los certificados de antecedentes policiales o judiciales y otros, que le pueden costar al ciudadano hasta más de 100 soles y muchas horas en colas. Ahora, las entidades de la Administración Pública van a estar interconectadas y compartirán bases de datos actualizadas de los ciudadanos.

Prohibición de pedir documentos inútiles

Ya no se solicitarán documentos que no son relevantes, como la copia del DNI, partida de Nacimiento o la copia de la ficha RUC.

Certificado de supervivencia para adultos mayores

Los adultos mayores ya no tendrán que hacer ningún trámite para demostrar que están vivos y poder continuar recibiendo sus pensiones. El Estado se encargará de hacer las verificaciones y sus cruces de información con el RENIEC.

Certificado de discapacidad

Ahora, los ciudadanos podrán obtener el certificado de discapacidad en cualquier centro de salud, público o privado, siempre que haya un médico.

DNI válido

Desde ahora, a pesar de no haber renovado el DNI, se podrá realizar actos administrativos necesarios.

Formalización. Promovemos la formalización a bajo costo

Actualmente, las micro y pequeñas empresas formales tienen que inscribir los contratos que hacen con sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo, al igual que sus programas de capacitación. Sino, son multados. Ahora, estos trámites laborales ya no serán una carga extra para los empleadores, ya que utilizarán planillas electrónicas con las que los entes reguladores podrán fiscalizar sin trasladarle carga de trabajo al empresario.

Veamos el resumen publicado por la PCM:

Todas están medidas son un paso en la dirección correcta hacia la reforma institucional detrás de una visión compartida de desarrollo integral que nos lleve a recuperar la capacidad de ser una sociedad exitosa en el mundo que nos toca vivir. Celebramos esta gran propuesta y esperamos ansiosamente más por venir. Lampadia

Don José María Ruiz Soroa, abogado español, nos ha regalado una reflexión muy sesudo sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas (españoles) que parece escrita para el Perú, tanto por su contenido como por su oportunidad.

Ruiz Soroa dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. En el Perú podríamos decir que la selva normativa ha alejado del Estado de derecho a la mayoría de los ciudadanos y emprendimientos productivos (informalidad) y, ha mediatizado nuestra creatividad y capacidades productivas.

Con motivo del enredo legislativo del proceso electoral (10/03/2016), editorializamos, El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’, en que afirmamos: 

“Muchos reclaman y otros se preguntan estos días ¿cómo es posible que los trámites y los procesos electorales sean tan absurdos, detallistas y complejos?”

“Pues los Magistrados del sistema electoral no están desquiciados, no son torpes, no son la exageración del burocratismo. Solo tienen que aplicar las leyes, normas y procedimientos que se han ido dictando para complicar todo, para crear una ‘urdimbre regulatoria’.”

“Exactamente lo mismo se ha tejido para las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sus trámites con la burocracia, con el Poder Judicial, con los municipios, etc.”

En pocos días se instalará el nuevo Congreso de la República, 130 parlamentarios están listos para iniciar su labor y ya tienen muchos proyectos normativos bajo el brazo. ¡ALTO! Lean primero a Ruiz Soroa: ¡DEJEN DE LEGISLAR!

Sí, antes de arrancar la carrera equivocada, aquella que Carlos Ferrero publicitaba sobre los congresistas ‘más productivos’, lean, mediten y hagan una tarea previa: vean como reducir el peso normativo que nos asfixia a un conjunto de dispositivos  que no supere un 20% de lo que tenemos hoy.

Por otro lado, los ciudadanos debemos organizar un concurso de ‘calidad normativa’, para evaluar a los nuevos congresistas. (No se ‘chupen’ gremios empresariales, académicos, etc.).

Gracias por una reflexión tan acertada y oportuna, Doctor Ruiz Soroa.

¡Dejen de legislar!

Los partidos políticos miden el éxito de su gestión por el peso o las páginas (…) no les interesa el cumplimiento o los efectos reales que hayan producido. La vorágine normativa ha devaluado el Estado de Derecho.

Por José María Ruiz Soroa, Abogado

El País de España, 06 de junio de 2016

Comentado y glosado por Lampadia

Lo escribía ya hace años el implacable realista que es Giovanni Sartori: el Estado de derecho no es el Estado que crea a su albedrío y sin cesar un nuevo derecho, sino un Estado en el que el ejercicio del poder está limitado por vínculos jurídicos precisos y estables. De ello se desprende que la gigantesca burbuja de la praxis contemporánea de “gobernar legislando” está vaciando el Estado de derecho, convirtiéndolo en un gobierno de los hombres aunque sea en nombre de la ley. La vorágine normativa en que se ha convertido la actividad de gobernar ha devaluado hasta límites insospechados la calidad del Estado de derecho, que ya no funciona como límite al poder precisamente porque el exceso de derecho provoca su inoperatividad real.

“El marco normativo (español) [peruano] es complejo, confuso, en continuo cambio, de mala calidad, genera incertidumbre e inseguridad jurídicas, desincentiva la eficiencia y el emprendimiento y eleva los costes del sistema”, sentencia lapidario Carlos Sebastián en España estancada. Hay vigentes en (España) [Perú] cien mil disposiciones normativas, diez veces más que en Alemania, un país cuyos länder también disponen de capacidad normativa, y que nos duplica en población. El problema no es ya de calidad técnica, eso sería un problema jurídico, el problema es de mal funcionamiento sistemático de las instituciones, y eso es un problema político.

Y sin embargo, la ambición de los políticos (españoles) [peruanos], de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto.

Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará.

Si algún bien ha traído la sectaria incapacidad de nuestros partidos para formar Gobierno es la de que durante unos nueve meses ha cesado la diarrea legislativa que parece consustancial a la política patria.

Claro que, todo hay que advertirlo, el futuro se presenta por ello mismo más amenazante aún, pues prima el proyecto ansioso y prestigioso de regenerar el sistema político (consista esto de regenerar en lo que sea, que es difícil saberlo) y, para ello, ponerse a legislar a calzón quitado sobre todos los defectos detectados, sospechados, imaginados o atribuidos a ese pobre espantajo que es “el sistema”.

Por leyes, se nos anuncia, no va a quedar, que hasta la Constitución va a ser reformada. Estamos ante un pensamiento acusadamente mágico (en la mejor tradición leguleya hispana) que confunde el cambio de la realidad con el cambio de la norma que lo regula.

No es así, claro: cuando el problema esencial está en los comportamientos y códigos informales de la política por relación a las instituciones, la solución de sus disfunciones no está en modificar sin freno las reglas formales de esas instituciones, sino en cambiar los comportamientos de las élites políticas. En el fondo, me temo, el discurso de la regeneración forma parte de la fase de degeneración, no es sino uno de sus últimos estadios.

Me atreveré a proponer una hipótesis radicalmente contraria a la de la vulgata políticamente correcta. ¿Y si el mayor defecto de las instituciones españolas consistiera, precisamente, en la sobreabundancia de normas reguladoras? ¿Y si lo que hubiera que cambiar fuera, cabalmente, el hábito de intentar resolver los problemas añadiendo leyes a normas y amontonando decretos sobre pragmáticas? ¿Y si tal hábito no fuera, exactamente, sino una manifestación de la falta de estudio ponderado de los problemas y a la vez de la urgencia por la explotación política de las operaciones legiferantes? Una institucionalidad bien gobernada se caracteriza por un número escaso de normas y un grado elevado de su cumplimiento. Una mala, por la sobreabundancia de leyes y su escaso cumplimiento.

¿No convendría entonces, para mejorar la calidad de nuestro Estado de derecho, hacerle una poda severa?

¿Por qué entonces no intentar la mejora operativa de las instituciones mediante el simple y barato método de dejar de producir leyes? Por lo menos por un tiempo. ¿Qué les parecería como programa el de dar al Parlamento un descanso mínimo de dos años sin legislar? ¿Qué harían entonces los parlamentarios electos?

Bueno, mi sugerencia es la de que parlamenten políticamente, que para eso sí están. Todos los grandes teóricos de la (desde Rousseau hasta Stuart Mill) no creyeron que la función de los Parlamentos representativos fuera hacer las leyes, sino sólo aprobarlas o no. Para hacer técnicamente las leyes merece la pena probar con las cámaras de expertos y con los minipúblicos aleatorios de orientación ciudadana, como propone el neorrepublicanismo de Philip Pettit en Despolitizar la democracia.

Las cámaras de representantes han demostrado ya suficientemente su incapacidad al respecto, probemos entonces unos años con otros métodos. Aunque lo primero que habrían de hacer es derogar miles de normas y codificar in claris lo que quede.

La sobreabundancia de leyes manifiesta una falta de estudio ponderado de los problemas. 

Lampadia

Un reciente estudio de EY “Las Asociaciones Público-Privadas y el desafío global en infraestructura”, brinda una visión de las APPs y los modelos más exitosos a nivel internacional. Grandes ejemplos de desarrollo e inversión en infraestructuras para el Perú. Las APP son una herramienta fundamental para superar las brechas de infraestructuras en todo el mundo y es la herramienta que están usando los países más desarrollados desde hace muchos años.

En el Perú tenemos grandes dificultades en el desarrollo de los proyectos de inversión, entre ellos los de infraestructuras. Primero por las demoras entre las adjudicaciones y los cierres financieros de los contratos de APPs. Además, una vez finalizados los convenios, se dan mil dificultades para el inicio de las obras, tanto por trámites con otras agencias del Estado, como los municipios y por inmensas dilaciones en los procesos de expropiación que son parte de los proyectos.  

En el estudio de EY, se afirma que “entre los años 2008 y 2014, se adjudicaron 60 proyectos de infraestructuras a través de APPs, por un importe de US$22.6 mil millones, los cuales crecieron a una tasa promedio anual de 51.5%, reflejando el gran interés del sector privado y público en establecer esta modalidad de proyectos, sobre todo en los sectores de transporte y energía (electricidad) que representaron el 34% y 29% de los proyectos adjudicados, respectivamente. (Ver gráfico inferior)

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras en el Perú quedaba en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas. Ver en Lampadia: Asociaciones Público Privadas: Una solución efectiva ‘HOY’.

Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes asegurados por plazos de hasta 30 años. Según Gonzalo Prialé, Presidente de AFIN, en una entrevista con Lampadia, afirmó que “esa es la gran diferencia entre una obra público-privada y una obra pública que no tiene mantenimiento asegurado y termina perdiéndose lo invertido. Es la historia del Perú: carreteras rotas, obras destrozadas o inútiles, y ese capital perdido se debe a la falta de mantenimiento. Las APP son el vehículo que le permitiría al país atacar este problema con la mayor celeridad.”

Sin embargo, gracias a la maraña burocrática, a la desidia del aparato público y a las angustias fiscales del MEF, en el 2015 se ha reducido extremadamente el monto de inversión (ver gráfico superior), más aún si se considera que el número de proyectos adjudicados es el mismo que en el 2014 (10 proyectos).

En el estudio de EY, se presentan 5 tendencias clave que todo gobierno debe considerar para mejorar su participación de APPs en el mercado:

1. Incentivos para desplegar el modelo APPs

Los mercados de APPs más dinámicos del mundo son aquellos en los que el gobierno apoya y desarrolla proyectos a través de incentivos, ya sea desde el acceso a recursos especializados y la supervisión del gobierno u otra ayuda financiera, como las garantías.

2. Estandarización de principios, procesos y documentos

Los mercados que adoptan posiciones y documentos estandarizados desarrollan una mayor participación del sector privado y portafolios de proyectos más sólidos. Además, la estandarización vuele más sencillas las negociaciones del contrato, conduce a plazos de contratación más cortos y menores costos de licitaciones tanto para los socios del sector público y privado.

En el cuadro inferior se puede observar un claro ejemplo de la estandarización y facilitación de inversiones de APPs en 4 principales economías:

3. Intervención proactiva en los mercados de capital

La crisis financiera mundial ha dañado a los mercados de financiamiento de proyectos; sin embargo, esta tendencia ya está cambiando. En muchos países, las APPs están recuperando su participación en los fondos de pensiones y aseguradoras. Este aumento de la participación no ha sido un fenómeno instigado puramente por el mercado, sino también por intervenciones del gobierno, tales como el pago de intereses subvencionados.

4. Evaluación del Valor por Dinero

La evaluación ex – ante del Valor por Dinero (VPD) del modelo APP con respecto a los enfoques de licitaciones tradicionales sigue siendo un tema de mucho debate. En la mayoría de los ámbitos de la contratación, el “costo de oportunidad” para el gobierno y el mayor impacto sobre la economía son, a menudo, pasados por alto.

5. Evaluación retrospectiva de los proyectos de APPs y la contratación

El escrutinio retrospectivo de los proyectos es un medio importante para monitorear el desempeño continuo, el VPD y garantizar la transparencia.

En Lampadia, hemos analizado un ejemplo muy exitoso de las APP que lograron pasar las vallas de la mentalidad estatista, tenemos los hospitales de ‘Bata Blanca’ de ESSALUD: Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente. (Ambos iniciados en el gobierno anterior). Ver: APPs en salud: Poniendo a la población por delante y Las APP han generado servicios de salud de alta calidad. Estos son los mejores hospitales del Estado (y probablemente también, del sector privado) que se hayan construido en toda nuestra historia.

Esperamos que con estos consejos de EY y la contrastación de las mejores experiencias internacionales, el gobierno adopte de manera permanente y continua el uso de APPs para cerrar las brechas de infraestructuras económicas y sociales. Solo así, podremos ofrecer a nuestros ciudadanos y empresas, los espacios de desarrollo de sus necesidades y ambiciones. Lampadia

Editorial

Muchos reclaman y otros se preguntan estos días ¿cómo es posible que los trámites y los procesos electorales sean tan absurdos, detallistas y complejos? ¿Qué les pasa a los Magistrados del Poder Electoral para exigir tantos requisitos y demorar tanto sus laudos?

Pues los Magistrados del sistema electoral no están desquiciados, no son torpes, no son la exageración del burocratismo. Solo tienen que aplicar las leyes, normas y procedimientos que se han ido dictando para complicar todo, para crear una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.) de la cual solo se puede salir cambiando las normas y mientras tanto, nos guste o no, aplicando leyes y procedimientos. ‘Dura es la ley, pero es la ley’.

Exactamente lo mismo se ha tejido para las relaciones de los ciudadanos con el Estado en sus trámites con la burocracia, con el Poder Judicial, con los municipios, etc.

Igualmente sucede con las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Así es el ‘vía crucis’ para sacar una licencia, ya sea del letrero de un nuevo negocio, las inspecciones de Indeci, las licencias municipales, la aprobación de un nuevo programa universitario, la autorización para poner una clínica, un colegio, un centro comercial, una fábrica, una antena de celulares, un proyecto minero, pesquero, maderero, etc., etc., etc.

Esa es la locura que se ha urdido a pulso con el afán normativo de los funcionarios públicos, fundamentalmente desde el gobierno de Paniagua, con distintos ritmos de creatividad, hasta el ultra-paralizante gobierno de Humala.

Sí queridos lectores, por eso es que todo demora, por eso es que se frenó el crecimiento de la economía, por eso es que la corrupción está a la orden del día, detrás de cada requisito. Por eso cayó la inversión privada y la productividad de la economía. Ver el siguiente gráfico:

Como hemos dicho muchas veces, la inversión de la nueva minería ha sido uno de los motores más importantes del crecimiento, no solo por sus impactos directos, también por los indirectos, producto de su encadenamiento con los demás sectores de la economía. Veamos en los siguientes dos gráficos, la evolución de la normativa minera:

Lo mismo que determina la dinámica del sistema electoral y del sector minero, afecta todas las inversiones y la vida de todos los ciudadanos.

Evidentemente, esta frondosa realidad tramitológica origina que muchos ciudadanos y empresas opten por la informalidad. Pero ese no es el camino, ni de los partidos políticos, ni de las empresas. El camino es emprender una poda masiva y generalizada de las ligaduras que están asfixiando la economía nacional y la sociedad en conjunto.

El camino no es el del irrespeto que registra el comportamiento del partido político ‘Todos por el Perú’ (que está dando un ejemplo clamoroso de falta de civismo). El camino es la reforma institucional detrás de una visión compartida de desarrollo integral que nos lleve a recuperar la capacidad de ser una sociedad exitosa en el mundo que nos toca vivir.

Estamos por elegir nuevas autoridades nacionales, aprovechemos la experiencia que el proceso electoral ha puesto a la luz, para entender nuestros males y comprometernos con el rediseño institucional. Es un mandato urgente del que ahora nadie puede esconderse. Lampadia  

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

El miércoles último el Presidente Ollanta Humala calificó inesperada y desacertadamente la labor de los empresarios nacionales:

• “Empresarios están como la selección, les falta garra”

• “El obstáculo para que ellos sigan invirtiendo es que se desalientan rápidamente, a veces cuando les ganan uno a cero creen que ya perdieron el partido. Están como la selección peruana, en el primer tiempo creen que ya terminó el partido, les falta garra y eso es lo que tienen que sacar”.

• El presidente Ollanta Humala hizo esta tarde un invocación a los empresarios a “ponerse la camiseta” del Perú y seguir invirtiendo en el Perú, especialmente en tiempos de desaceleración económica para todo el continente como el que el país viene atravesando.

• Señaló que el empresario peruano está acostumbrado a trabajar tanto en tiempos de bonanza, como en épocas difíciles, y si bien el exceso de trámites (o “tramitomanía” como le llamó) es un problema que el gobierno viene resolviendo, no es un obstáculo para invertir, como señala un sector del empresariado.

• “Necesitamos que los empresarios también se sumen (…) yo invoco a los empresarios a que se pongan la camiseta”, afirmó (…) tras indicar que antes había más trámites que ahora, y sin embargo, había inversión.

• “Tenemos que decirles a nuestros empresarios que sigan trabajando y ahora más duro que antes. Los gobiernos regionales y el Gobierno central van a atender en la medida de lo posible sus pedidos, pero tenemos que cumplir normas”.

Estas “desconcertantes” declaraciones del Presidente de la República fueron antecedidas por la de su Ministro de Economía y Finanzas, Alonso (no tan seguro) Segura, que salió el miércoles pasado a exigir que los empresarios inviertan más.

El Presidente de la República no está a cargo de la selección de futbol. Es, en buena medida, responsable del bienestar de 30 millones de peruanos, pero sobre todo del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.

El Presidente no puede pretender endilgarle a los empresarios la parálisis de nuestra economía, que el sembró desde su candidatura y del primer día de su gobierno.

El mandatario olvida que desde que llegó a Palacio, se ha desalentado a la inversión privada. Primero con la oficialización del discurso antiminero (puesto en vigencia por su Primer Ministro, Salomón Lerner Ghitis: “queremos una nueva minería”, lo que significó: NO MINERÍA). Luego, por su incapacidad para controlar los conflictos político-sociales y sacar adelante proyectos clave como el de Conga (hoy, a pesar de los denodados –tardíos- esfuerzos, vemos el mismo patrón con Tía María)

Desde hace un tiempo, en Lampadia venimos advirtiendo el estrepitoso descenso de la inversión privada (ver en Lampadia (L): Otra vez la parada (esta vez en la inversión)), la cual ha sido uno de los principales motores de nuestro crecimiento de los últimos 15 años (entre 80-85% de la inversión total). Junto con la inversión pública hemos superado el 28% de inversión en relación al PBI (US$ 53,000 millones el 2013). Entre el 2010 y el 2012, la inversión privada se expandió a tasas que superaban el 15%. El 2013 apenas creció 6.5% y el último año cerró con una variación negativa del 1.6%. El flujo de ingreso de capitales ha caído de niveles sostenidos superiores de US$ 15,000 millones por año a solo US$ 7,000 millones el 2014 (ver en L: Hay que prender el motor de la inversión privada).

Buena parte de esta desaceleración se debe al desprecio del gobierno por los sectores de minería, energía e hidrocarburos. Se insiste en culpar a las condiciones externas por la menor inversión y exportaciones y, ahora a la labor de los empresarios, pero se oculta que si hubiéramos desarrollado los proyectos que estaban encaminados, habríamos más que compensado el shock externo. La misma situación se vive con la inversión pública. Según el BCR esta tasa cayó a 3.6% del PBI cuando el 2013 fue de 12%. El gobierno no ha conseguido ejecutar las obras de infraestructura que prometió (ver en L: La titánica tarea de invertir en el Perú).

Parece que el Presidente nunca entendió cuales eran las medidas del Perú cuando el asumió la Presidencia (ver en L: 90-90-90). 90% del empleo, la inversión y de los recursos fiscales eran aportados por el sector privado. Pero el Presidente respiraba por los poros su desconocimiento y desconfianza en el sector privado. Impregnó a la administración pública de un sentimiento anti-inversión privada. Este pujante sector que ha transformado el país, haciendo parte del proceso a los pobres, como lo podemos comprobar cualquier día, continuó tratando de salir adelante, pero, lamentablemente, se había roto el circuito virtuoso que puso al Perú en boca de todo el mundo.

Como asegura el dicho: “uno cosecha lo que siembra”, pues bien cuando la cosecha se empobrece, no puedes andar echándole la culpa a los demás. Lampadia