Emociona hasta las lágrimas el drama de la campesina indigente a la que desean desalojar Yanacocha y la policía. Hasta que aparecen evidencias de que es dueña de nueve predios por la vía de la ocupación.
Por Ricardo Uceda
(La República, 24 de Febrero de 2015)
La historia fue explicada oficialmente por la ONG Grufides, fundada por el dirigente de Tierra y Libertad Marco Arana. Ha sido asumida sin reservas por personalidades, por otras ONG nacionales e internacionales y por un sector de medios. En esta versión, Carlos Chaupe, su esposa Máxima y sus hijos ocupan el predio Tragadero Grande, en Cajamarca, desde antes que la minera Yanacocha empezara a comprar tierras para su proyecto Conga. Los Chaupe lo compraron legítimamente a un tío. Pruebas: un certificado de posesión sobre dieciocho hectáreas otorgado por la comunidad campesina de Sorochuco –que menciona una transferencia en enero de 1994– y un documento de compraventa suscrito por un juez de paz. Después la empresa adquirió tierras colindantes. Y acto seguido, con el mayor descaro, pretendió apropiarse de la propiedad de los Chaupe.
Sobre la base de títulos sin valor, en forma ilegal y abusiva, Yanacocha intentó desalojarlos mediante salvaje actuación policial. No contenta con ello, denunció penalmente por usurpación agravada a los campesinos, logrando que un juzgado condenara a Máxima a dos años y ocho meses de prisión suspendida y al pago de cinco mil quinientos soles de reparación civil. Pero en diciembre del 2014 una sala penal de apelaciones anuló la sentencia y declaró inocentes a los Chaupe. Finalmente triunfó la verdad y quedó demostrado que la única usurpadora era la empresa.
LA VERDAD OPUESTA
La versión de Yanacocha difiere en todos los puntos. En 1996 y 1997, su proyecto Minas Conga S.A. compró 496 hectáreas a la comunidad campesina de Sorochuco. Comprendían el predio que los Chaupe reclaman como suyo. Hasta entonces las tierras le pertenecían completamente a esta comunidad, con títulos irrefutables. Los documentos de compraventa fueron firmados por sus representantes calificados, incluyendo a Samuel Chaupe, padre del esposo de Máxima, avalando la transferencia de Tragadero Grande. Por otra parte, evidencia fotográfica satelital demuestra que es falso que el terreno en disputa haya estado ocupado por los Chaupe desde 1994. Estos recién ingresaron ilícitamente en agosto del 2011, cuando estalló el conflicto de Conga.
Según Yanacocha el certificado de posesión que exhiben los Chaupe no es un título de propiedad. Sin este documento nadie estaba en capacidad de transferirles Tragadero Grande en 1994. Por eso la comunidad de Sorochuco, que sí tenía títulos, pudo vender después las tierras a Minas Conga. Cuando los Chaupe quisieron invadir sus terrenos en 2011, la empresa los denunció penalmente y pidió a la policía desalojarlos. Existe un video demostrativo de que no hubo la violencia que se denuncia.
Hasta aquí, incluso admitiendo que los títulos de propiedad de Yanacocha fueran válidos, la causa de los Chaupe suscita solidaridad. Los Chaupe son pobres, y hay episodios oscuros que les dan el beneficio de la duda. Pudieron haber estado allí desde antes de que el proyecto Conga obtuviera sus permisos. Es posible que hubieran sido víctimas de violencia policial. Imágenes de un brazo amoratado de Jilda Chaupe, hija de Máxima, han sido ampliamente difundidas, así como la información no comprobada de que se quedó una hora inconsciente después de recibir un culatazo de escopeta policial. Las dudas se alimentan por la mala imagen de Yanacocha en Cajamarca. En general, en el Perú es dable admitir con facilidad que una gran empresa actúa con rapiña y que es insensible con los débiles. La policía tampoco tiene credibilidad.
TODOS SOMOS MÁXIMA
Pero la fuerza moral de la denuncia procede del testimonio de Máxima. Es convincente su discurso de que la explotación de esas tierras es el único recurso de su familia para subsistir. Es más convincente que si Marco Arana se cortara un brazo y acusara a Yanacocha de su mutilación. Arana es un activista antiminero en carrera electoral, en cambio Máxima, La Dama del Lago, es una víctima: una campesina indigente que lucha por sobrevivir.
Es la versión de los Chaupe y de sus defensores. En agosto del 2013, en la víspera de que un juzgado de Celendín los sentenciara por usurpación, Máxima Chaupe declaró al canal Portafolio Periodístico que recibía amenazas de Yanacocha, y que si la empresa la mataba quería ser enterrada en Tragadero Grande. “Es el único terreno que tengo”, añadió. Después de esta sentencia, su abogada Mirtha Vásquez, de Grufides, dijo que los Chaupe defendían su única propiedad, y que no tenían otro lugar adónde ir. En el internet pueden encontrarse otras declaraciones en el mismo sentido. Por ejemplo, de la hija de los campesinos, Isidora, en mayo del 2014, afirmando que no tenían otro lugar para vivir. O de la propia Máxima Chaupe, en agosto del mismo año. Llora cuando se refiere al pago de la reparación civil que les fue impuesta. No tenía recursos para pagarla.
–Compré mi terreno sufriendo, sin comer un pan, sin vestirme una ropa, sin dormir –dijo a Cajamarca Reporteros.
NUEVE PROPIEDADES
Por eso fue pasmosa la revelación que hizo el 9 de febrero, en TV Norte, el periodista cajamarquino Luis Mego. Los esposos Chaupe tenían título de propiedad de seis predios en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín: Chilin, Agenco I, Agenco II, La Tuna, Aluche. Además, poseían otros tres –Sigues, La Playa de Sigues y La Nueva Chica– en el distrito de Huasmín. No es que sean terratenientes ni mucho menos: las chacras, en conjunto, suman solo diez hectáreas. Lo llamativo es que les fueron entregadas en propiedad luego de que demostraran la posesión sobre las mismas.
Los Chaupe obtuvieron nueve certificados de posesión otorgados por la Región Agraria de Cajamarca, de acuerdo con el Decreto Legislativo 667, que formaliza la propiedad rural. Establece un trámite simplificado. Tratándose de predios de particulares, el beneficiario debe demostrar con testigos una posesión efectiva durante cinco años. Los títulos de dominio en favor de los Chaupe en la SUNARP indican que en cada caso acreditaron “posesión directa, continua, pacífica y pública” por ese tiempo. Y que fue constatada la explotación económica de los predios. Los registros fueron obtenidos en 2004 y 2005.
¿Cómo, durante el lustro anterior, estuvieron ocupando estos terrenos y al mismo tiempo Tragadero Grande?
LA OTRA VÍA
Mirtha Vásquez, de Grufides, abogada de los Chaupe, respondió que estos terrenos eran “una herencia”. Mego dijo que los documentos de SUNARP demuestran lo contrario. Vásquez también señaló que las propiedades carecían de valor. Pero la inspección del Ministerio de Agricultura reporta tierras cultivadas y cría de animales. Cualquier agrotécnico demostraría que estas chacras son mejores que el duro y helado territorio de Conga.
Los Chaupe están en todo su derecho de hacerse de predios ocupados por cinco años. Pero haber mentido acerca de su “única propiedad” echa sombras sobre toda la historia y deja mal paradas a organizaciones de derechos humanos que los defendieron. A todo esto, la última sentencia no se pronuncia sobre la legitimidad de la posesión por los Chaupe de Tragadero Grande. Los declara inocentes de usurpación agravada. Por un motivo: no se acreditó que hubieran empleado violencia al ocupar el terreno que Yanacocha reclama como suyo, algo asociado a ese delito. Pero expresamente la sentencia soslaya el tema de fondo, que no es de naturaleza penal. La cuestión de la propiedad se dirimirá en la vía civil, vaya uno a saber en cuántos años más.
