Un comportamiento disfuncional que está detrás de los llamados conflictos sociales es la búsqueda de rentas, ya sean pecuniarias (contratos o coimas) o políticas (plataformas de poder local y/o nacional).

Lamentablemente, esto ha pasado prácticamente desapercibido a la ciudadanía. Son pocos los casos en los que se hizo evidente, siendo el de las ‘lentejas’ vinculado a Tía María, una excepción. Aún así, buena parte de la prensa nacional no hizo las relaciones causa-efecto que desdibujaran los aprontes de los anti-mineros.

Este artículo es una segunda reflexión sobre el tema. Ver en Lampadia: El ‘negocio’ de los llamados conflictos sociales – El quid de los conflictos anti minería. Además se puede encontrar un análisis integral del tema de la conflictividad en nuestra biblioteca virtual, Recursos Naturales y Desarrollo.

Marco Arana junto con dirigentes del FREN.A y Pepe Julio Gutiérrez (las “lentejas” de Tía María)

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

Para Lampadia

¿Qué tiene que ver conflictividad social con búsqueda de rentas? ¿Por qué es necesario considerar la búsqueda de rentas para entender las causas de la conflictividad social relacionada a la minería y para viabilizar el desarrollo regional?

La respuesta breve es simple: Porque, para algunos actores, es muy rentable provocar conflictos, y la gente no abandona actividades rentables fácilmente. Expliquemos esto con un poco más de detalle.

¿Que es búsqueda de rentas?

Hay dos formas básicas de acumular riqueza: (1) generar riqueza (crear valor) y (2) disputar la riqueza generada por otros. Los economistas han decidido llamar “búsqueda de rentas” a la disputa de la riqueza creada por otros. Nos adherimos a esta terminología.

Cuando un productor trabaja en su campo, un profesional en su oficina o un empresario en su empresa, él está creando valor, está generando riqueza. Cuando las empresas compiten entre si, y desarrollan nuevos productos, ellas están acelerando la creación de riqueza, y ello beneficia a toda la sociedad.[1]

Cuando un grupo genera un conflicto para exigir contratos o puestos de trabajo con una empresa, o cuando el gobierno aplica impuestos a la importación de bienes, el gobierno está beneficiando a un grupo de actores que están buscando rentas. Cuando una empresa obtiene un privilegio monopólico, ella puede aumentar sus precios y obtener rentas a costas de los consumidores. Cuando un burócrata exige coima para avanzar un trámite o para aprobar un contrato, él está buscando rentas a costas de los ciudadanos. La corrupción siempre está asociada a alguna forma de búsqueda de rentas. La solicitud de “Lentejas” a las empresas mineras es un mecanismo de búsqueda de rentas para quienes no son capaces de participar honradamente en  el circuito económico generado por la mina.

Donde existan recursos acumulados o se generan grandes recursos surgen grupos interesados en la búsqueda de rentas, es decir, en disputar el acceso  a esos recursos acumulados. En toda sociedad hay grupos especializados en parasitar, es decir, en vivir de la riqueza generada por otros. Esos grupos, frecuentemente, ocultan su parasitismo con discursos demagógicos e ideologías radicales. Hablan del bien común pero lo que buscan en realidad es el provecho personal o de su camarilla.[2]

La generación de riqueza aumenta la torta para todos, la búsqueda de rentas reparte lo que ya fue creado pero no aumenta la torta. La búsqueda de rentas es un juego de suma cero o inclusive negativo, es decir, lo que uno gana el otro pierde y lo que es peor, se encuentra asociada a una conflictividad que resulta ser nociva para la generación de riqueza en la sociedad como un todo. Si dos agentes que ganan buscando rentas, hay un tercero que está perdiendo por los dos. Frecuentemente, la búsqueda de rentas se burla de los méritos y derechos de los creadores de riqueza y de toda la sociedad para beneficiar a pequeños grupos que tienen poder o que pueden ejercer algún tipo de presión. Existe abundante bibliografía en la economía moderna (Anne Krueger, Douglass North, Daron Acemoglu, Mancur Olson, Joseph Stiglitz, etc.) explicando que mientras más fuerte sea la búsqueda de rentas en una sociedad, más desigual y más lento es su desarrollo (ver gráficas abajo).[3]

La minería, la economía dual y la búsqueda de rentas

En toda sociedad poco desarrollada, cuando surge una actividad que genera grandes cantidades de riqueza, como la minería o el petróleo, surgen grupos orientados a apropiarse de esas riquezas mediante la fuerza o presiones políticas. Mientras más grande sea la piscina de riqueza disputable, más amplios y diversos serán los grupos interesados en su apropiación.

Cuando una empresa minera se instala en una zona de economía tradicional, o de muy baja productividad, su presencia genera una economía dual con dos estratos bien definidos: un estrato de economía tradicional (preexistente) y un estrato moderno ligado económicamente  a la actividad minera. La coexistencia de esos dos estratos desencadena un proceso radical de diferenciación social. Algunos sectores sociales locales logran migrar de la economía tradicional hacia la moderna, pero otros sectores no encuentran la forma de hacerlo.

Mientras mayores sean las diferencias técnicas y de escala entre la economía tradicional y la economía generada por la minera (agricultura de sobrevivencia y minifundio versus gran minería con tecnología avanzada), más difícil se hace la movilidad hacia el estrato moderno de la economía. En un artículo anterior hemos estimado que la productividad por hectárea de la minería moderna es más de 100 veces la productividad de la agricultura tradicional (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/el-quid-de-los-conflictos-anti-mineria/).

Es decir, la minería en una hectárea produce más que 100 hectáreas de la agricultura tradicional. Esta es una diferencia gigantesca para la economía agrícola tradicional y tiene un impacto social perturbador. Cuando la diferencia de productividad y de nivel tecnológico entre el sector tradicional y el sector moderno es muy grande, la mayoría de la población no logra readecuar sus actividades económicas para articularse con la minería. Esa economía dual (tradicional y moderna) es la realidad de la mayoría de las regiones mineras del Perú.[4]

Aquellos grupos cuyas habilidades técnicas y/o empresariales son insuficientes para conectarse con la actividad minera por medio de relaciones de mercado (empleo, contratos, etc.) se sienten marginados. Ellos ven como algunos vecinos suyos mejoran sus estándares de vida de manera significativa, mientras ellos mismos siguen prisioneros de su economía tradicional y de su pobreza. Todos quieren participar de las actividades económicas ligadas a la minería, pero no todos lo logran. Este es un contexto ideal para que grupos políticos con una narrativa de victimización cultiven sentimientos de agravio en aquellos sectores de la población que se sienten marginados del progreso generado por la minería.

¿Qué es lo que aumenta o disminuye la búsqueda de rentas?

En toda sociedad existe una tensión entre crear riqueza o disputar rentas. Un equipo de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología ha hecho un estudio sobre la búsqueda de rentas relacionada a la minería y ha encontrado que el predominio de los creadores de riqueza (Producers, en el cuadro) o de buscadores de rentas (Grabbers, en el cuadro) depende del marco institucional del país.[5] Es decir, depende de quienes son beneficiados por el marco institucional.

Las curvas en los gráficos abajo describen la rentabilidad (profits) de los buscadores de renta (Grabbers) y de los creadores de riqueza (Producers) en función de la proporción de ellos en una actividad económica. En este diagrama el número total de agentes económicos (buscadores de rentas + creadores de riqueza) es considerada estable. Si nos movemos a la izquierda, la proporción de buscadores de rentas aumenta, si nos movemos a la derecha, la proporción de creadores de riqueza aumenta. La situación es socialmente estable cuando las dos curvas se cruzan (E₁), es decir, cuando la rentabilidad de ser buscador de rentas o ser creador de riqueza es la misma. Toda actividad económica se estabiliza en torno a ese punto de equilibrio, pues nadie tiene incentivos para cambiar.

• Si las instituciones son favorables a los buscadores de rentas (curva discontinua en el gráfico de la izquierda), la rentabilidad de ser buscador de rentas aumenta, el nuevo punto de equilibrio es E₃, y el número de buscadores de rentas aumenta (flecha celeste hacia la izquierda).
• Si las instituciones favorecen a los creadores de riqueza (curva discontinua en la gráfica de la derecha), la rentabilidad de crear riqueza aumenta, el nuevo punto de equilibrio es E₄, y el número de los creadores de riqueza aumenta (flecha celeste hacia la izquierda).

Uno de los principales mecanismos de búsqueda de rentas de la minería en Perú es la promoción de conflictos. Las rentas pueden ser económicas (ingresos), políticas (cargos públicos), o sociales (prestigio). Muchos alcaldes y congresistas reciben hoy sueldos altos y tienen control sobre los recursos millonarios (presupuestos regionales y locales) gracias a su actividad promoviendo conflictos mineros. Con el aumento del canon minero (sin uso adecuado), la rentabilidad de la búsqueda de rentas se ha incrementado.

Conclusiones y Recomendaciones.

1. Hablar de reducción de la conflictividad sin considerar el impacto de la búsqueda de rentas sirve para hacer discursos políticos pero no es muy efectivo para formular políticas.
2. Es necesario que las personas e instituciones interesadas en el desarrollo de la minería y de la economía nacional, y en el diseño de estrategias para la reducción de la conflictividad incorporen la búsqueda de rentas en sus análisis y propuestas.
3. ¿En qué medida el marco institucional del Perú favorece la búsqueda de rentas o la creación de riqueza? Sería bueno que la SNMPE elabore un diagnóstico serio en ese campo y lo difunda a los actores políticos, centros de investigación y periodismo.
4. El carácter dual de la economía de las regiones mineras es un problema. Muy pocas personas se benefician productivamente de la presencia minera local. La solución requiere de la creación de rutas de modernización de las economía locales, y ese desafío desborda lo que las empresas mineras pueden hacer por si solas.
5. El canon y todas las inversiones públicas y privadas deben servir para ampliar los canales de transición de las actividades tradicionales hacia las actividades modernas, aprovechando el dinamismo y los recursos creados por la minería.
6. El sector (SNMPE y las empresas) necesitan explicar claramente las relaciones causa-efecto de la minería y sus impactos directos, indirectos e inducidos, y difundirlas en los medios nacionales y locales para bloquear el efecto nocivo de los rumores que hoy día afectan la opinión pública respecto a la minería.
7. Las empresas, el estado, los gremios empresariales y las organizaciones de la sociedad civil deben crear mecanismos para que más personas se beneficien productivamente de la minería, a través de los mecanismos de mercado y no de la generación de conflictos.
8. Necesitamos una política nacional de desarrollo regional compartido. Esta es una precondición para la reducción de la conflictividad.

Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro Wiñaq

Para Lampadia

Introducción

Ubicada en la provincia de Cotabambas en Apurímac y operada por MMG Limited, de China, “Las Bambas” es el mayor proyecto minero, actualmente, en operación en el Perú, representando una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Tras los retrocesos de los proyectos Tía María y Conga, el futuro de “Las Bambas” representa la más crítica señal respecto a la viabilidad de la gran minería en el Perú en etapa de operación, siendo el sector minero, una de las principales fuerzas detrás de la recuperación del crecimiento económico de los últimos meses.

Como toda gran operación minera, “Las Bambas” se ha dado dentro de un complicado entorno social. La población en la provincia de Cotabambas llega a 46,000 habitantes, eminentemente rurales (81.6%[^1]). A esto se adiciona que el 90% de la población tiene como lengua materna el quechua,^[2] la tasa de pobreza llega al 88% y a 70% en el caso de la pobreza extrema.^[3] En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en esta provincia, el Frente Amplio obtuvo un 56%, Democracia Directa de Gregorio Santos obtuvo 16% (totalizando, las fuerza anti-mineras un 72%), y Fuerza Popular 17%.

Es de esperar que los profundos cambios económicos y sociales desencadenados por una inversión de esta magnitud en semejante entorno esté a asociada a fuertes dinámicas sociales. Estas dinámicas llegaron a un nivel dramático en setiembre del año 2015 cuando se dio un conflicto social en el que lamentablemente, se produjeron enfrentamientos que generaron un saldo de 6 fallecidos[⁴] y la posterior instalación de una Mesa de Diálogo.

Hasta hace poco “Las Bambas” se encontraba amenazada por otro conflicto social. Manifestantes de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca bloquearon uno de los accesos a la mina, aunque la empresa fue capaz de sacar su producción por una vía alterna. Y más aún, la empresa logró llegar a acuerdos con los dirigentes para desbloquear la vía.

Las fuerzas anti-mineras están desplegando líneas de acción que, de ser exitosas, llevarían a que el actual gobierno enfrente su primer conflicto social de gran dimensión, intentan que “Las Bambas” enfrente una conflictividad que implique un permanente riesgo para sus operaciones y que se constituya en un “cerco social” inviabilizando cualquier posible expansión u modificación futura de la operación. Además, estas líneas de acción son un riesgo potencial de seguridad para las personas, para vidas humanas y por último, podrían infringir costos a la Empresa que afecten los niveles de producción y por ende los impuestos que abona al Estado. 

Sin entrar en juicios de valor, en el presente artículo detallaremos algunas de las principales líneas de acción de los anti-mineros hacia las Bambas y describiremos algunas de las implicancias estratégicas de dichas líneas. Por anti-mineros no nos referimos a organizaciones o actores que se encuentren dedicadas en la plenitud de sus esfuerzos a la abolición de la minería, damos este apelativo a aquellos actores que de manera consistente –y con una agenda oculta- porque públicamente dicen una cosa y en privado hacen otra, promueven y financian  actividades que reducen la viabilidad social de la actividad minera formal.

La Nación Yanawara

La población del entorno de “Las Bambas” es masivamente quechua hablante, rural y con un bajo nivel de conectividad con el resto del país. Esto facilita la consolidación de una identidad local alrededor de la idea de la “Nación Yanawara”. Se está impulsando la idea de que las poblaciones en el entorno de “Las Bambas” deben luchar por su reconocimiento como pueblo indígena por parte de las instituciones del Estado.

Si el Estado reconociera a estas poblaciones como pueblos indígenas, esto tendría amplias consecuencias sobre la legitimidad de las Bambas, las resoluciones del Estado y los acuerdos con las comunidades que viabilizaron el proyecto. Aceptar a la población del Área de Influencia como pueblo indígena, permitiría el despliegue de un conjunto de “herramientas de lucha” que facilitaría enormemente el accionar hostil hacia “Las Bambas”.

En primer lugar se podría reclamar que los acuerdos con las comunidades cuyas tierras fueron adquiridas para poder realizar el proyecto no han cumplido con los requisitos de la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas^[5]. Ambos cuerpos jurídicos detallan un conjunto de principios y prácticas en el relacionamiento entre Estado, Empresa y Pueblos Indígenas. Estos principios y prácticas no fueron requeridos al momento en el que la Empresa llegaba a acuerdos con las comunidades campesinas de la zona, según la legislación aplicable.

Una vez dado el reconocimiento como pueblo indígena a la “Nación Yanawara”, los radicales podrían estar en mucho mejores condiciones para exigir, como ya lo vienen haciendo, la nulidad de TODOS los acuerdos entre la empresa minera y las comunidades. Los mecanismos de presión podrían ser tanto las acciones directas tales como marchas y tomas de carreteras, la incidencia mediática y el Litigio Estratégico.[⁶]

Un momento crítico para esta línea de acción es el próximo censo a ser realizado el año 2017 el cual incluiría una pregunta (¿sembrada?) de auto-identificación como pueblo indígena.  Es de esperar que en aquellas zonas en las que una mayoría se reclame como indígena, se genere una fuerte campaña política para que las mismas se añadan al Registro de Pueblos Indígenas que lleva el Ministerio de Cultura. A esto se agrega la interpretación de los radicales tienen respecto a al significado de “Derecho de Autodeterminación” mencionado en el Acuerdo 169.

Existen fuertes incentivos para que las poblaciones del entorno de los proyectos extractivos se proclamen indígenas, independientemente de cual sea su identidad cultural.  El ser declarado como indígena brinda a las comunidades una posición de mayor fuerza respecto a las empresas y al gobierno central. Facilita iniciar Litigios Estratégicos[⁷], tener acceso a recursos internacionales para las movilizaciones, genera una mayor empatía en la prensa, pone en duda la totalidad de acuerdos previamente negociados, y permite que se pretendan ubicar al margen del marco normativo y jurídico del país.

Hay una confluencia de actores interesados en fomentar la construcción de una fuerte identidad indígena en el entorno de las Bambas. ONGs ecologistas e indigenistas que podrían tener un mejor caso para justificar desembolsos de la cooperación, buscadores de rentas locales y políticos radicales ligadas al nacionalismo indígena^[8] verían facilitado el avance de sus objetivos políticos o “lentejeros”. Esta convergencia por el reconocimiento de la “Nación Yanawara” reúne las características necesarias para ser el mejor propiciador de conflictividad asociada a “Las Bambas”.

La Acumulación del Agravio

Juzgar los impactos ambientales de un proyecto enorme como “Las Bambas” requiere de un conocimiento técnico y de una disponibilidad de tiempo que muy pocos tienen como para revisar expedientes de mil 500 folios. Un Estudio de Impacto Ambiental tiene miles de páginas difíciles de evaluar por quienes no tienen una formación especializada. Por ello, la eventual decisión de una mayoría de personas respecto a la idoneidad de un proyecto extractivo no se da dentro de la esfera técnica. A pesar de que el discurso político menciona los impactos ambientales como elemento central no es ahí en donde se disputa la postura que asumirán los diversos públicos involucrados en un conflicto social.

En buena medida, el público y los líderes de opinión se decantarán por aquellos que tengan una aparente mejor caracterización ética. En simple, apoyarán a los “buenos” frente a los “malos”. Por ello, son tan importantes las denuncias de abusos hacia la población local que los anti-mineros realizan de manera sistemática y que difunden en tiempo real principalmente en las mismas redes sociales, en formato de mensajes mandados a través de las redes sociales, con baja llegada al gran público. Sin embargo, estos mensajes, sí son observados por periodistas y líderes de opinión y podrían afectar la actitud de los mismos hacia los proyectos y operaciones mineras.

El efecto de las denuncias sobre los conflictos emergen cuando la conflictividad incrementa y pasa a tener relevancia política nacional, ahí es que las consecuencias de este proceso de demolición de la caracterización ética se hacen visibles. La predisposición negativa de algunos periodistas y líderes de opinión llevan a una cobertura negativa por parte de la prensa, a entrevistas favorables a los anti-mineros, reportajes que sirven de propaganda para los radicales, entrevistas hostiles a los voceros de la empresa, etc. Esto lleva a una erosión del soporte de la opinión pública a una operación minera mientras el conflicto se mantenga[⁹].

En el caso de Las Bambas, frente a la opinión publica nacional, se están dando denuncias respecto a MMG Limited en múltiples aspectos. Se le ha acusado de haber comprado las tierras en las que opera a 20 céntimos el metro cuadrado, de haberse apropiado de las tierras de los campesinos abusando de su ingenuidad, de realizar audiencias públicas trayendo personas ajenas a las comunidades e impidiendo el ingresos de los lugareños, de tener a la Policía Nacional como “mercenaria” a sus órdenes, modificaciones inconsultas al proyecto, hacer firmar a niños y ancianos a favor del proyecto, hacer lobby con el Estado para aprobar cambios en su Estudio de Impacto Ambiental junto con un largo etc. No es la primera vez que se ve este “paquete” de acusaciones contra una empresa minera. Podemos ver los mismos argumentos y hasta los mismos adjetivos en el entorno de otros proyectos que estas mismas organizaciones han tratado o están tratando de obstaculizar en el Perú. Es que el conflicto como la probreza también sus fuentes de ingresos para aquellos que hablan en nombre de los peruanos más excluidos y necesitados.

Además, se están elaborando los contenidos “académicos” tales como estudios u conferencias, entrevistas a supuestos técnicos para intentar invalidar cambios en Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Estado, cuyos nombres no pueden revelar por razones de seguridad ¿de quién y por qué necesitan  protegerse?, reportajes escritos y audiovisuales que facilitan caracterizar a la MMG Limited como una empresa que abusa de manera sistemática de los campesinos y vulnera sus derechos. Una vez que la caracterización ética haya socavado la imagen de la empresa, las acusaciones respecto a ‘impactos’ medio ambientales aumentan en credibilidad.

La construcción de un historial de abusos por parte de MMG Limited facilita la coordinación de diversos actores sociales en su contra. Una vez que una empresa ha sido caracterizada como un abusador en serie de campesinos, se hace más fácil que diversos actores políticos se articulen en la realización de acciones en su contra.  Aquellos actores sociales a los que les resulta conveniente que se les vea como opositores al “monstruo” minero convergerán naturalmente en la realización de acciones hostiles al ente caracterizado como abusador.

No basta con tener una conducta socialmente responsable para evitar que se caracterice a una empresa como generadora de agravios contra la población de su entorno. El caso de Máxima Acuña nos muestra claramente que es posible generar artificialmente un agravio[¹⁰] y que buena parte de la prensa está dispuesta a participar activamente en la propagación de una mentira que de tanto repetirla se convierte en verdad.

En el caso de las Bambas dado su valor simbólico como mayor emprendimiento minero del país, ello no sólo genera grandes expectativas en una población de ha vivido por décadas sumida en la pobreza ante la poca presencia del Estado sino que provoca el natural alineamiento de quienes consideran que hay que golpear al “Modelo Primario Exportador” en su puntos más débiles.

Afectación Ambiental

El núcleo de la narrativa anti-minera consiste en la visión de la actividad minera a gran escala como antagónica a la actividad agrícola. Esa supuesta contradicción es repetida, aunque exista evidencia de que ambas pueden convivir de manera armónica no sólo en el Perú sino en otros países con presencia de gran minería. En especial como una amenaza a la cantidad y calidad de agua disponible para la población. En el caso de “Las Bambas” lo reciente de su puesta en operación reduce la credibilidad entre la prensa nacional de versiones respecto a que la explotación minera estaría acabando con el suministro agua en la cuenca en la que este proyecto se encuentra ubicado. La minería moderna usa tecnología de punta, la misma que permite reciclar el consumo de agua en el procesamiento del mineral.

Si bien todavía no se han acumulado los “estudios técnicos”[¹¹] que brinden credibilidad en el aparato mediático nacional respecto a la acusaciones de impactos medio ambientales en el suministro agua, ya se están realizando las primeras denuncias al respecto al impacto del polvo levantado por los camiones que trasladan mineral desde las Bambas.[¹²]

Sin embargo, en la zona rural de Cotabambas y su vecina provincia de Grau los ataques a las Bambas en el frente ambiental son sistemáticos y sostenidos. El discurso de los dirigentes de los Comités de Lucha y Frentes de Defensa hace hincapié permanentemente, en los supuestos efectos devastadores de las operaciones mineras sobre el ambiente local. Estos efectos imputados son los que legitiman los pedidos compensatorios tales como “una participación de 50% en las utilidades” y un “justi-precio” de 5,000 dólares por metro cuadrado en los territorios adquiridos por MMG.

Con el paso del tiempo la ideología de la “cabecera de cuenca” y las “fuentes naturales de agua” puede mutar de ser un mero recurso discursivo para presionar a MMG Limited hacia una creencia con la que la población se encuentra profundamente comprometida y que guiará su acción social y política a futuro. Los resultados de años de “concientización” anti-minera se pueden ver en Majaz, Quilish, Conga y Tía María donde los radicales han conseguido una masa movilizable local que ha logrado bloquear las inversiones.

Conclusión

En el corto plazo las actuales movilizaciones contra “Las Bambas” están asumiendo un carácter eminentemente distributivo en el que los movilizados tienen como principal motivante el acceso a una fracción de la renta generada por el proyecto. Sin embargo, ello va mudar.

En el mediano plazo existen un conjunto de dinámicas que pueden llevar a consecuencias aún más negativas, tanto para Las Bambas como al resto del sector minero y el país. En primer lugar la instrumentalización de la lucha por la identidad indígena como un mecanismo de pugna permanente con las empresas extractivas bajo una correlación de fuerzas claramente más favorable a las fuerzas radicales de la que se da actualmente. En segundo lugar, se puede generar una carga de agravios atribuibles a Las Bambas que deje el proyecto sumamente vulnerable a los conflictos sociales para convertirlo en una piñata mediática. Finalmente, la propagación de la ideología de la “cabecera de cuenca y las fuentes naturales de agua” entre las poblaciones rurales del entorno de un proyecto puede llevar a que el mismo termine enfrentando “un cerco social” que inviabilice cualquier expansión posterior de la operación.

Lampadia

El reinicio de los grandes proyectos productivos y de infraestructuras es vital para la reactivación del crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, la conflictividad social que se ha desarrollado alrededor de muchos de ellos, es tal vez el mayor impedimento para su viabilidad. Por ello, es crucial evaluar las estrategias del gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) para enfrentar la conflictividad.

El tema del avance de los grandes proyectos de inversión actualmente paralizados por verse involucrados en conflictos sociales no ha sido de los más expresados en el discurso presidencial ni comentados por los diversos voceros del recientemente instalado gobierno de PPK. Sin embargo, han dado algunas señales respecto a la manera como buscarán enfrentar la conflictividad social relacionada a la minería.

Este es un análisis inicial, puesto que hasta ahora solo disponemos de unas pocas declaraciones específicas. A futuro esperamos poder brindar un análisis más completo en la medida se vaya reduciendo la incertidumbre sobre las intenciones y estrategias del nuevo  gobierno.

Hasta ahora, de las declaraciones vertidas, se pueden extraer algunos lineamientos respecto a la manera como el gobierno de PPK se dispone a enfrentar la conflictividad social. Considerando lo dicho hasta ahora encontramos las siguientes ideas:

1. La necesidad de convencer a la población

El Presidente Kuczynski manifestó que tratará de convencer a la población de las zonas conflictivas respecto a los beneficios de los proyectos extractivos, de ser necesario haciéndose presente en dichas zonas. Esto implica un reconocimiento de la importancia asignada a la opinión pública en dichas zonas, esto es positivo y distancia a PPK respecto a los enfoques anteriores que combinan la negociación con dirigentes y la represión policial como principales herramientas para viabilizar los proyectos. Por otro lado, es necesario que el gobierno tenga presente que la narrativa anti-minera en las zonas conflictivas lleva años siendo propagada entre la población gracias a su hegemonía mediática local, y que la lucha anti-minera forma parte de la “memoria histórica” de gran parte estas personas. Es algo ingenuo creer que unos pocos meses de trabajo de convencimiento pueden cambiar años de trabajo político sistemático de operadores anti-mineros.

2. La importancia de la prevención

El Primer Ministro ha mencionado que se establecerá un sistema de prevención de conflictos sociales en el que se monitoreara el surgimiento de los mismos antes de que se den manifestaciones violentas. Esta es una iniciativa valiosa puesto que en buena medida cuando un conflicto llega a tener repercusión mediática nacional ya se ha dado una correlación de fuerzas en el entorno del proyecto que pone en serio riesgo su viabilidad.  Queda aún por definir cuáles serán los mecanismos exactos mediante los cuales se dará este monitoreo y cual será el tipo de eventos a los que haga seguimiento el mencionado sistema de prevención.

3. La necesidad de incrementar la presencia el Estado

Al ser preguntados respecto a la conflictividad, diversos voceros del Gobierno afirman que pondrán énfasis en incrementar la presencia del Estado mediante la aplicación de un Adelanto Social que lleve a que las poblaciones en el entorno de los grandes proyectos extractivos reciban un mayor beneficio de los mismos. Sin duda es positivo que estas poblaciones vean sus condiciones de vida mejoradas por la inversión pública, especialmente considerando que gran parte de la riqueza minera del país se encuentra en zonas con altos niveles de pobreza.

Sin embargo, hay que considerar que la mayor presencia del Estado no es suficiente como desmovilizador de la protesta anti-minera. En el caso de la provincia de Islay, donde se encuentra el Proyecto Tía María, la misma se encuentra con niveles de conectividad muy por encima del promedio nacional al ser atravesada por la carretera Panamericana y tener vías asfaltadas comunicando sus zonas más importantes, este mayor nivel de integración social y comunicacional no ha sido suficiente para impedir altos niveles de movilización y la realización de acciones violentas. (Por ejemplo, en Tía María, uno de los factores aprovechados por los anti mineros para las movilizaciones contra el proyecto, fue el interés de corto plazo de los agricultores arroceros, sobre el posible aumento del precio del jornal agrícola por la presencia de la mina). Sin embargo, la presencia del Estado puede ayudar a que la población recupere la confianza en las instituciones públicas, entre ellas las encargadas de vigilar las actividades extractivas. De esta manera se podría lograr una mayor confianza local en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o en los estudios del ANA. Incrementar la presencia del Estado puede ser una medida desmovilizadora en la medida que la misma se enmarque dentro de una estrategia de recuperación de la legitimidad del Estado y de las instituciones públicas en las zonas conflictivas. Sin embargo, esta confianza se encuentra muy debilitada y no es realista esperar que pueda ser recuperada en un plazo breve, es decir, de unos pocos meses.

4. No ir contra “la voluntad del pueblo”

Durante su mensaje el Presidente mencionó explícitamente que no se impondrán proyectos en “contra de la voluntad del pueblo”.  Hay dos problemas que se derivan de esta postura: La definición de quienes son el pueblo cuya voluntad será tomada en consideración a la hora de determinar si un proyecto debe desarrollarse o no, es decir la delimitación de las fronteras de quienes pueden participar en esa decisión, ya sea a nivel distrital, provincial, regional o nacional.  Y por otro lado, cual será el mecanismo de evaluación del Estado de esta “voluntad del pueblo”.

En el caso del proyecto Conga, el mismo es apoyado por la población del entorno más cercano al proyecto y rechazado por la población más lejana. Esto genera dudas respecto cual sería la población cuya voluntad se tomaría en cuenta, ya sea el entorno más inmediato al proyecto o uno más lejano. En función a qué entorno se consulte,  los resultados respecto a la “postura del pueblo” pueden ser muy diferentes. ¿Cuales son las poblaciones que van desear ser parte de esa decisión, independiente de su cercanía geográfica, económica o ecológica? En el caso de Tía María se tiene un rechazo en las cercanías al proyecto pero una ligera mayoría favorable de la opinión pública a nivel regional.

También se generan dudas en el mecanismo mediante el cual se conocerá “la voluntad” del pueblo. Podrían ser encuestas, audiencias públicas, plebiscitos, etc. Si no se especifican respuestas a esta pregunta lo que quedaría por pensar es que se considera como que están “contra la voluntad del pueblo” todo proyecto que enfrente alguna resistencia social significativa con lo que se estaría proclamando una alta propensión a la capitulación por parte del gobierno.

5. Conversar con líderes locales

El gobierno ha  manifestado el deseo de conversar con líderes locales tales como alcaldes y gobernadores regionales con el fin de viabilizar proyectos conflictivos. Tener a las autoridades locales en favor de un proyecto sin duda es positivo y necesario, pero no se debe creer que es una panacea frente a la conflictividad social. En múltiples ocasiones las autoridades locales asumen una postura inicial favorable a los proyectos y el movimiento social anti-minero consigue ser efectivo en modificar la postura de estas autoridades mediante acciones de presión política, social y mediáticas. A la larga, ellas terminan asumiendo posturas hostiles a los proyectos con el fin de mantener una  acción política coherente con la postura de quienes serán sus votantes en el siguiente ciclo electoral. Al final todos tienen sus ambiciones políticas y no están dispuestos a sacrificarlas por un proyecto minero, cuyos impactos se dan mayormente en el largo plazo. Mientras el movimiento social anti-minero no se encuentre severamente debilitado en su credibilidad, las articulaciones del gobierno central con autoridades y líderes sociales locales enfrentarán el permanente riesgo de ser revertidas.

6. El rol de la obra emblemática

PPK ha mencionado explícitamente que considera que la llave para la viabilidad del Proyecto Tía María pasa por la ejecución de la represa de Paltiture la cual expandiría el suministro de agua en el valle del Tambo, planteándose entonces que la realización de dicha obra incrementaría dramáticamente el apoyo a Tía María. Esto expresa la visión transaccional con la que se quiere enfrentar la conflictividad. Se quiere saber “¿qué  hay que ofrecer?”  a las poblaciones locales para que acepten un proyecto. Sin embargo, en zonas de actividad anti minera, la misma se fundamenta en generar un nuevo “sentido común” hostil a las industrias extractivas. En Islay la suma del voto de Verónika Mendoza y Gregorio Santos llega a un 47%, comparable al 51% que se dio en la Región Cajamarca. Los resultados electorales nos señalan un penetración ideológica que una obra emblemática no podrá por si sola mitigar. Ya hay una narrativa anti-minera establecida, pues gran parte de la población de la zona cree sinceramente que el proyecto Tía María implica la erradicación del valle del Tambo y la contaminación irremediable de sus aguas. Para quienes tienen esas creencias, la construcción de Paltiture no es suficiente como medida compensatoria. El principal activo estratégico de los anti mineros es la difusión de la idea de un antagonismo intrínseco entre agricultura y minería. Esto lleva a que las obras emblemáticas difícilmente puedan compensar, en la mente de gran parte de la población, una percepción ‘catastrófica’ del impacto de un proyecto extractivo. Mientras esta creencia no sea afectada, la reacción de la población local va ser de aceptar todas las inversiones del Estado y seguir rechazando a los proyectos mineros.

En general las propuestas lanzadas por el gobierno en lo concerniente a conflictividad social van en el sentido correcto, sin embargo hay que recordar que por sí mismas no serán capaces de reducir de manera decisiva la conflictividad social y que este es un problema complejo que requiere se desplieguen múltiples líneas de acción, de manera sostenida y, entender claramente la correlación de fuerzas que enfrenta cada proyecto y como afectarla.

Ello requiere tomar muy en serio el sistema de creencias de la población local y la fuerza de la narrativa anti minera. Las propuestas transaccionales pueden parecer muy inteligentes, pero pueden no ser tan efectivas como parecen al principio. Sin entender como la población va razonar sobre el tema de la minería, sus aspiraciones y sus temores, las propuestas de ganarse a la opinión publica vía proyectos de inversión puede no tener los resultados esperados.

Es muy positivo que el gobierno tenga la intención de reactivar la minería, pero también es verdad que su capital político no es infinito, y por lo tanto es esencial que sus primeras iniciativas no fracasen. 

Lampadia

Terminada la campaña electoral debemos revisar y fortalecer las propuestas políticas de la campaña y llevarlas al contexto de las acciones de gobierno. El tema de la conflictividad social que ha paralizado buena parte del sector extractivo y reducido el ritmo de crecimiento de la economía, así como la consiguiente disminución de la pobreza, es uno de los temas más delicados de la estrategia de gobierno que el partido Peruanos Por el Kambio deberá considerar.

En esta nota ofrecemos al nuevo gobierno una revisión contextualizada de sus propuestas de campaña. Además, recomendamos ver un análisis cuidadoso de cada uno de los determinantes de los conflictos sociales, en nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

Del mismo modo, ofrecemos al equipo de gobierno que se designe para enfrentar este tema, nuestra disposición para revisar con ellos, el valioso material que hemos desarrollado.

El próximo presidente tendrá que enfrentar retos significativos en el plano de la conflictividad social. Actualmente hay conflictos en etapa de incubación, como el de las Bambas, Conga y Tía María. La capacidad del nuevo gobierno para enfrentarlos es importante desde dos puntos de vista: el político y el de la recuperación del crecimiento económico. Fenómenos como el conflicto de Conga, crisis que se llevó a los dos primeros ministros, la paralización del proyecto y el aumento del riesgo para toda la inversión minera en el país, podría repetirse con este gobierno si el mismo no está a la altura del reto, con el agravante de su eventual debilidad, por la influencia de grupos de izquierda en su equipo. Ver en Lampadia: Puede ser el gobierno más débil de la historia. 

El crecimiento económico que ha gozado el Perú desde la entrada en producción de las Bambas, evidencia el impacto que estos grandes proyectos tienen sobre nuestra economía, aun mayor para las zonas donde se desarrollan, como lo demuestran los indicadores de Apurímac.

Durante la campaña, el mismo Pedro Pablo Kuczynski ha reconocido la importancia del tema y afirma que su gobierno pretende encararlo con una alta prioridad (“Mis dos vicepresidentes van a dedicarse de lleno a los conflictos sociales, que es el problema número uno en el país” / “(evitar) seguir derramando sangre con enfrentamientos inútiles, que generan desconcierto y zozobra en la población y que perjudica la imagen del país”). Pero no basta con eso. Ollanta Humala invirtió mucho capital político en el desarrollo del proyecto Conga, apuesta que le costó muy caro y que fue determinante para mellar la alta aprobación política con la que comenzó su gobierno. PPK coloca en su plan de gobierno que “el Sistema Nacional de Prevención y Solución Pacífica de los Conflictos Sociales será creado como un sistema de naturaleza multisectorial dotado de una estrategia preventiva, que permita la anticipación y la gestión pacífica de los conflictos sociales”.  A pesar de que el fraseo y la intención suenan muy bien, queremos revisar algunas de las propuestas de PPK ante los conflictos sociales, para sacarlos de la campaña electoral y traerlos al contexto de gobierno.   

¿Cuáles son las propuestas que tiene el Partido Peruanos Por el Kambio para prevenir o solucionar los conflictos sociales?

Consulta Previa

Durante el debate, PPK se dirige a Keiko Fujimori evidenciando su postura sobre la consulta previa: “Nosotros vamos a respetar la consulta previa.  En su plan de gobierno dice que la aplicarán en ciertos casos ¿no cree usted que esto llevará a conflictos sociales, que es lo que estamos tratando de evitar?”. Si PPK critica que Keiko Fujimori haya limitado la consulta previa a ciertos casos, ¿él por contraposición está proponiendo que se aplique a todos como mecanismo de prevención de los conflictos sociales? Esta afirmación deja un alto nivel de  incertidumbre:

• ¿Se ampliará la lista de poblaciones consideradas como originarias a los que se aplicaría la Consulta Previa tal como la izquierda ha estado buscando durante los últimos años? Con este enfoque se podría ampliar la lista a las comunidades campesinas y casi todos los proyectos mineros tendrían que pasar por el mecanismo de Consulta Previa, lo que sería fácilmente politizable. Hay que recordar que la principal línea de incidencia de los anti-mineros en las Bambas consiste en proclamar la nulidad de los acuerdos con las comunidades al no cumplir, los mismos, con las condiciones de la Consulta Previa.  La discusión entonces caería en mayor medida en el campo de la disputa retórica y política, y menos en el fundamento técnico. Sería un mecanismo adicional a los procesos de consulta que actualmente existen, que son a través de asambleas con las comunidades.
• ¿Cómo se limitará la zona geográfica en la que se hará la consulta? Si una Consulta Previa se hubiera hecho para el proyecto Conga, las comunidades en los alrededores habrían dado su aprobación.  Es más, lo hicieron a través de los mecanismos actuales de consulta en asamblea, previas al estallido del conflicto.  Sin embargo, los participantes en las manifestaciones que desembocaron en la paralización del proyecto fueron miembros de otras comunidades, inclusive de otras cuencas que no eran afectadas por Conga.  Las motivaciones de estas personas para participar en estas manifestaciones son suficientes para escribir otro artículo, sin embargo, queda claro que el mecanismo de Consulta Previa no habría prevenido el conflicto del caso Conga.

Adelanto Social

Otra de las propuestas que esgrimió durante la campaña es la del Adelanto Social.  (“Tenemos que tener minería ambientalmente responsable. Los problemas en la minería son ambientalmente agrícolas. Tiene que haber anticipo social, adelanto social“). Consideramos que el diagnóstico es incompleto: considerar que los problemas en la minería son únicamente de afectación a la producción agrícola es una visión limitada.  Los problemas en la minería tienen muchos otros elementos a tomar en cuenta: la búsqueda de rentas de aventureros políticos que ven el conflicto como fuente de “lentejas” o el sistema de creencias que tiene la población afectada y el sesgo cognitivo que sufren. Esperamos que los de PPK tengan en cuenta elementos adicionales, y que estas declaraciones queden únicamente en el contexto electoral.

Durante el debate presidencial PPK también se refirió a este Adelanto Social: “Vamos a promover el adelanto social a todas las zonas de posibles conflictos (…)”. Lamentablemente plantear de esta manera el mecanismo genera incentivos que pueden ser dañinos. Si el beneficio lo obtendrán las zonas de posibles conflictos… ¿se debe amenazar con un conflicto para recibirlo? Semejante política promueve que una zona se vuelva conflictiva con el fin de recibir el adelanto, es decir, incentiva la conflictividad.

Más allá del fraseo público, queda por determinar qué comunidades recibirían el beneficio. En su plan de gobierno, PPK afirma que el Adelanto Social consiste “en que el gobierno realice obras sociales que beneficien a las comunidades en donde se realizará el proyecto minero. Éstas deberían incluir,  colegios,  postas  médicas,  afirmado  y  viviendas  para  sus pobladores y sus familias”. Las dudas caen por su propio peso, respecto a que tan “adelantado” es este Adelanto Social:

• ¿Cuándo un poblador sabe que se realizará un proyecto minero? ¿En el momento que se realiza una concesión minera? ¿En el momento que se realiza la exploración? ¿En el momento que se encuentra un yacimiento? ¿En el momento que una empresa minera decide que invertirá? ¿En el momento que comienza la construcción de la mina? Este punto no es claro en el plan de gobierno, sin embargo, sí genera expectativas en la población, que tendrá diferentes interpretaciones de si merecen o no el Adelanto Social y cuando debe darse.
• ¿Cuáles son las comunidades que se beneficiarán del Adelanto Social? ¿Las que se encuentran en la zona de influencia del proyecto minero?  Tomando nuevamente el caso emblemático de Conga, estas comunidades ya estaban a favor del proyecto y las que realizaron las manifestaciones no hubieran recibido el Adelanto Social. ¿Las comunidades que se mantienen en la frontera de la zona de influencia no se sentirán tentadas a exigir también, a través de conflictos sociales, beneficiarse del Adelanto Social?
• ¿Quién pagará por el Adelanto Social? Queda claro que el gobierno lo haría de manera directa, pero ese presupuesto podría ser exigido a la empresa minera involucrada como impuestos adelantados. Pero dado que el mecanismo se aplica previamente a la instalación del proyecto, ¿cómo saben las partes cual es la dimensión del yacimiento, su potencial económico y el impuesto esperado que se producirá? Es decir, podría ser complicado determinar cuál es la dimensión del monto que debería ser invertido en la zona de influencia si la inversión se hace de manera muy adelantada.

Cabe aclarar, que consideramos que es responsabilidad del gobierno proveer a toda la población de los servicios y las infraestructuras que PPK ofrece como Adelanto Social, independientemente de si “es una zona de posible conflicto” o no. Pero esto no es suficiente para solucionar los conflictos mineros.

Una forma adecuada de definir el ‘adelanto social’ es que este se de en paralelo al desarrollo de la inversión productiva, así podría dimensionarse en relación a una proporción del estimado del flujo futuro del canon. De esta manera se tendría un sustento económico y financiero que justifique la habilitación del ‘adelanto’ y soporte su eventual fuente de financiamiento. 

Acciones represivas

Dentro de su plan de gobierno, PPK destina 2 de sus 5 acciones estratégicas para prevenir y resolver conflictos sociales a fortalecer las herramientas de control represivo. Uno de ellos es “Profesionalizar la labor policial en el uso de la fuerza” en la que se buscará mejorar las capacidades de la policía para el control a través de capacitación. Es crítico que este esfuerzo sea dirigido en especial a minimizar la probabilidad de pérdidas humanas en los enfrentamientos con los manifestantes. En primer lugar por el valor intrínseco de las vidas pero también porque las fatalidades generan un clima de hostilidad generalizada al Estado y las empresas en el entorno local y porque estos trágicos eventos, muchas veces buscados  por las fuerzas anti-mineras, son capitalizados políticamente.

En segundo lugar, “Fortalecer la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Público, de manera de promover la denuncia, investigación y sanción por la justicia de los responsables de desórdenes públicos y hechos de violencia”. Tanto los promotores como las organizaciones que incitan a la violencia durante los conflictos sociales han gozado de un nivel de impunidad.  Acciones abiertamente violentas no son castigadas, y los intentos de denuncia son defendidas públicamente por ciertos voceros como “criminalización de la protesta social”. Un componente importante de la radicalización de los conflictos sociales, es que a las personas generadoras de actos de violencia (por ejemplo los Espartambos) saben que enfrentan una baja probabilidad  de penalización. En el campo del establecimiento del imperio de la ley las propuestas de PPK apuntan en el sentido correcto.

Conclusiones

PPK candidato ha mostrado preocupación y ha puesto la solución de los conflictos sociales como una alta prioridad. Si PPK como presidente mantiene esta posición y la voluntad política para enfrentar los conflictos sociales, tiene que perfeccionar sus propuestas pues, las soluciones propuestas durante la campaña distan de ofrecer una solución sistémica. Consideramos que no existe una bala de plata para solucionar los conflictos sociales. Si las soluciones aplicadas no responden a las principales causas de la conflictividad, es poco probable que tengan éxito. Mientras la población siga pensando que los proyectos mineros dañan su estilo de vida a través de contaminación del agua o del aire, que las instituciones públicas y las empresas mineras no recuperen la confianza de la población, mientras sigan operando organizaciones e individuos que ven un conflicto minero como una oportunidad de lucro, difícilmente se podrá reducir de manera significativa la conflictividad social a largo plazo. 

Lampadia  

En nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo hemos depositado múltiples informes, incidiendo de manera importante en los aspectos vinculados a la conflictividad social. Esta, aunada al débil liderazgo gubernamental, ha logrado parar varios proyectos mineros, operativos como la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish de Cajamarca y la mina Santa Ana de Bear Creek en Puno y; entre otros, dos proyectos que estaban a punto de caramelo como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa.

Como hemos publicado en varias ocasiones, esto nos ha hecho perder hasta tres puntos de crecimiento del PBI en 2014 y 2015 según el IPE[1], nos llevó a desaprovechar la cola de los buenos precios para terminar inversiones que hoy estarían produciendo, con la consiguiente frenada de la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Después de las divagaciones sobre las propuestas de diversificación productiva, hoy ha quedado muy claro que nuestros principales motores de crecimiento son la minería, la agroexportación, el desarrollo forestal, la acuicultura y el turismo. De ellos, la minería es el más importante y el próximo gobierno tendrá que hacer aproximaciones inteligentes y serias para que nuestra población pueda tener una correcta apreciación de sus impactos positivos, así como de los requisitos sociales y ambientales que deben velarse. En este proceso habrá que evidenciar la naturaleza de los conflictos impulsados por los anti mineros, que muchas veces obedecen a objetivos subalternos a los de la creación del bienestar general.

Con mucho sentido de importancia, el último debate electoral incluyó una sección sobre los recursos naturales y la conflictividad. Con el apoyo de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, hemos preparado el siguiente análisis de los comentarios de los candidatos.

La cobertura periodística respecto al reciente debate presidencial se ha focalizado en los ataques y críticas mutuas entre los candidatos. A pesar de ello, a través de las propuestas brindadas, ha servido para tener una buena impresión respecto a los consensos y disensos sobre cómo enfrentar varios de los más agudos problemas del país.

La viabilidad de las propuestas sobre el aprovechamiento de los Recursos Naturales  dependerá, en gran medida, de la efectividad con que se reduzca la Conflictividad Social. Por lo tanto, no podemos tratar estos dos temas de forma separada. En este artículo trataremos los consensos y discrepancias entre los candidatos en estos dos aspectos, y evaluaremos el impacto esperado de las medidas propuestas sobre la conflictividad social.

Los Consensos y sus Limitaciones.

Ambos candidatos se refirieron a la consulta previa como un mecanismo efectivo de reducción de la conflictividad social. A primera vista, esto es bastante obvio. Si las comunidades, tras un proceso de negociación e información aprueban un proyecto, el mismo podrá llevarse a cabo sin que exista un proceso de resistencia social.

El problema estriba en que no existe una definición inequívoca respecto a quienes son y quienes no son “la comunidad,” donde están sus límites geográficos  y en qué consiste la “consulta previa”. Si consideramos como “la comunidad” a la población del entorno directo de un proyecto minero, de haberse realizado la consulta previa sobre el proyecto Conga en Cajamarca o Santa Ana en Puno, se hubieran viabilizado. En ambos casos las comunidades del área de influencia directa de estos proyectos eran claramente favorables a los mismos. Fue la movilización de la resistencia de comunidades más alejadas, que no se beneficiaban tanto de su implementación, la que inviabilizó los proyectos.

Si se expande el ámbito de la consulta, se generaría un nuevo espacio de disputa que debe ser evaluado con cuidado. Tanto los grupos interesados en beneficiarse con la minería como los grupos interesados en promover la conflictividad van buscar estar incluidos en “la comunidad” que apruebe la consulta previa. Los criterios técnicos no son suficientes, pues todos los grupos de interés utilizarán criterios “técnicos” en su discurso, se requiere entender los intereses en purga detrás de los argumentos técnicos.

Los anti-mineros pretenderán dar representatividad a aquel grupo que se movilice contra algún proyecto y dirán que el mismo representa a las “comunidades afectadas” independientemente de su cercanía al proyecto y o del real involucramiento en las consecuencias del mismo. Lo único que les importará será que la movilización de los insatisfechos tenga relevancia política y mediática. Mientras existan condiciones para generar conflictividad social en alguna zona la aplicación de la consulta previa, su realización no será un mecanismo efectivo para evidenciar la aceptación social de los proyectos.

El otro punto de consenso de los candidatos fue el énfasis que se dio en que las actividades extractivas generen desarrollo local. Sea mediante un mayor grado de inversión pública (Keiko Fujimori) o mediante un “adelanto social” (PPK). Este desarrollo local es un fin loable desde el punto de vista humano, económico y político. Si bien la minería debe servir al desarrollo de todos los peruanos, y no solo a quienes estén cerca de una mina, debemos estar claros que la persistencia de la pobreza adyacente a la enorme riqueza de las actividades extractivas genera condiciones óptimas para la conflictividad social.

Si bien el desarrollo local es condición necesaria, los estudios muestran que no suficiente para que las actividades extractivas sean viables. Una investigación del BID[2] respecto al impacto sobre el desarrollo local de las actividades mineras en el Perú encuentra que las zonas mineras manifiestan una reducción más rápida de la pobreza y de la desigualdad que zonas (comparables) sin actividad minera. Es decir, la minería en el Perú no solo reduce la pobreza en su entorno sino también la desigualdad, siendo estos hallazgos claramente opuestos a las creencias comunes brindadas respecto a las causas de la conflictividad en las zonas mineras. No hay que olvidar que las zonas mineras han recibido, vía canon, regalías y derechos de vigencia, más de 40 mil millones de soles, entre 2005 y 2014.[3]

Un problema objetivo es que los beneficios locales de los proyectos mineros, se dan con un importante desfase en el tiempo, pues estos se dan mayormente durante la etapa productiva de los mismos. El canon llega cuando las empresas producen utilidades y, eso ocurre algunos años después del inicio de operaciones, luego de absorber las pérdidas pre-operativas. En consecuencia, si el Estado no se las ingenia para acompañar el desarrollo de los proyectos (en su fase previa al canon) con inversiones sociales, productivas y de infraestructuras, la espera de los beneficios crea un espacio de vulnerabilidad hacia los conflictos.

A pesar de todos los beneficios generados por la operaciones mineras, los resultados electorales evidencian una fuerte presencia de la ideología de la conflictividad justo en las zonas más beneficiadas. Ello muestra que el beneficio económico no es suficiente para reducir la conflictividad. No hay que olvidar que algunos grupos promueven la conflictividad justamente porque es posible obtener rentas económicas y políticas por medio del conflicto.

Para ser efectivo, el desarrollo local debe aumentar la legitimidad del sector extractivo. La población necesita visualizar claramente que los beneficios obtenidos tienen su origen en la actividad minera. Es necesario que la población local atribuya el desarrollo traído por este sector a las operaciones extractivas y las empresas que las realizan. Sin ese entendimiento la narrativa anti-minera socava la legitimidad de la minería como motor del desarrollo, y vamos a escuchar consignas absurdas como “Canon sí, Mina no”.

Respecto a la minería informal ambos manifiestan una postura expectante a la misma, posiblemente dado el importante bolsón electoral que este sector representa. Sin embargo, hay que considerar que la fiscalización ambiental efectiva a miles de unidades económicas de pequeña minería resultara un esfuerzo mucho más complejo que la fiscalización a la gran inversión minera con procedimientos de control y reporte mucho más estandarizados. A su vez, la presión tributaria que se puede ejercer sobre la pequeña minería es claramente menor que la que se puede dar sobre las grandes empresas. En este aspecto hay que desarrollar nuevas estrategias para, por ejemplo, concentrar el procesamiento del mineral en instalaciones limpias y formales.

Las Diferencias.

Keiko Fujimori hizo hincapié en el rol de árbitro que debe jugar el Estado entre las comunidades y las empresas mineras. Por otro lado, considera que son las comunidades afectadas las que deben recibir las multas generadas por las infracciones ambientales. Ambas medidas tienen un potencial positivo en la medida que este rol de árbitro sea respetado y considerado como legitimo por parte de las poblaciones locales y supere la persistente campaña de desconfianza que promueven los anti mineros. Respecto a la entrega de las  multas a las comunidades afectadas, esto debe verse con mucho cuidado, esto puede responder a un principio de justicia, sin embargo el proceso de fiscalización ambiental tiene que obedecer a criterios puramente técnicos para evitar que las denuncias ambientales se vuelvan mecanismos de presión política de comunidades deseosas de fondos.

Pedro Pablo Kuczynski planteo un adelanto social como mecanismo de generación de confianza, esto permitirá mostrar realidades que faciliten socavar parte de la estrategia política anti-minera en los momentos previos a la implementación de un proyecto extractivo, el momento más vulnerable de un proyecto, tal como hemos planteado líneas arriba.

PPK propone un Banco de Fomento Minero con la idea de propiciar la formalización del pequeña minería, ello sin embargo implica poner en riesgo fondos públicos con fines que siempre terminan siendo sobrepasado por la política. Dada la nefasta experiencia del Estado con la banca de fomento sectorial, esta opción debe ser considerada como riesgosa.

En Conclusión.

Las propuestas evidencian intenciones positivas y avances sobre la situación actual, pero los planteamientos adelantados por ambos candidatos, evidencian una comprensión limitada respecto a la naturaleza de conflictividad social como fenómeno político. Las medidas en favor de minería informal parecen, por ahora, más impulsadas por criterios electorales que de formalización efectiva.

Ambos han presentado diversos mecanismos para amplificar los efectos de las actividades extractivas sobre el desarrollo en el entorno de los proyectos. Estas medidas, con un mejor entendimiento de las cuestiones políticas, tienen el potencial de reducir la conflictividad social y reabrir la puerta del desarrollo minero en Perú.

Algo que debió estar presente en el debate, es el inmenso impacto positivo de los grandes proyectos mineros, tanto los suspendidos, como los de desarrollo potencial, en el conjunto de la sociedad a través de sus encadenamientos productivos, la generación de empleo de calidad (directo e indirecto) y el aporte de divisas y recursos fiscales, que hacen posible una acción efectiva del Estado para derrotar la pobreza y superar las brechas sociales que nos aquejan. Lampadia

Una reciente Nota de Prensa de INFOSENASA presenta el informe final de los laboratorios estadounidenses de la Universidad de Pennsylvania y Alamo Analytical Laboratories, que confirman la muerte de animales en la región minera de Espinar no se produjo por exposición a metales pesados. Más bien, la escandalosa denuncia de la mortalidad de animales en Espinar, podría estar relacionada con prácticas inadecuadas de crianza, mala nutrición y falta de suplemento de vitaminas y minerales, se informa. (Ver N/P líneas abajo).  Esto fue motivo de un conflicto irresponsable que originó la lamentable muerte de dos personas.  

Los cañones de Espinar, por Promperú

Con este resultado, la conspiración extremista creada para truncar una inversión de US$ 1,500 millones del proyecto minero Antapaccay se ha quedado sin piso al haberse comprobado, mediante pruebas técnicas independientes, que es mentira que las aguas de la provincia de Yauri (Espinar) hayan causado la muerte de los animales de la zona. 

Foto publicada por El Comercio en artìculo: Espinar: ganado de comuneros continúa muriendo cerca de minera Xstrata

Estos resultados confirmarían lo que el CENSOPAS afirmó hace algunos meses en sus resultados del estudio de animales muertos: no hay intoxicación por metales pesados que pueda haber conducido a la muerte de los animales estudiados. En Lampadia publicamos un análisis detallado sobre los resultados del estudio de CENSOPAS en Espinar: CENSOPAS: Población de Espinar es saludable y longeva.

Realidad en Espinar

Recordemos que la principal protagonista y originadora de estas mentiras, junto con una ONG llamada “Vicaría de Sicuani”, que generaron los conflictos anti-mineros en la provincia de Espinar, fue la actual candidata a la presidencia, Verónika Mendoza.

Luego, en junio del 2012, Mendoza fue acusada de azuzar a los pobladores de Espinar en contra de la minera Xstrata Tintaya por omisiones, tergiversaciones y manipulaciones de información, que se hicieron evidentes semanas después. Por ello se vio obligada a renunciar al partido de gobierno. Ver en Lampadia: Entre mentiras y omisiones.

No sería cierto, como la congresista sigue afirmando hasta hoy en su campaña política, que ella renunció por diferencias conceptuales o de sensibilidad social con Nadine Heredia y el partido gobiernista.

Ver carta escrita por Mendoza al entonces alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca (de Tierra y Libertad), informando sobre los ‘riesgos’ y ‘contaminaciones’ del agua a la región:

Fuente: Tiempo 26 – VERÓNIKA MENDOZA Y EL CASO ESPINAR

Además, el candidato a vicepresidente por el Frente Amplio, el ex cura Marco Arana (el líder de Tierra y Libertad que perdió las elecciones para la candidatura por su manifiesto radicalismo), junto con José de Echave, Pedro Francke y otros miembros de la cúpula anti minera, serían los culpables de intentar paralizar la inversión minera en Espinar, boicoteando las operaciones de la mina Antapaccay. Anteriormente truncó el avance de las inversiones mineras en Cajamarca, ocasionando la pérdida de más de 6,000 puestos de trabajo y otros importantes beneficios del proyecto Conga, así como generando la recesión económica de esa región. Ver en Lampadia: Tierra y Libertad conspira en Espinar.

No solo ello, también articularon el sabotaje del proyecto de Tía María en Arequipa, pero nunca llamaron la atención sobre los crímenes sociales y ambientales de la minería ilegal de Madre de Dios, tal como se lo recordó a Arana, el Director de Lampadia en setiembre pasado en Perumin:  

Usted está promoviendo en el Perú la ideología de la pobreza, y pretende imponerla a la fuerza, incluso, con su gente, con acciones de niveles de violencia inaceptables.

Yo le quiero pedir un poco de coherencia, el 25 de mayo [2015], lo entrevistaron en el diario Gestión (página 25) y le preguntaron:

“Pero en Madre de Dios usted no hace protesta”, y su respuesta fue, “yo vivo en Cajamarca, ¿cuál es nuestro principal problema?, la gran minería. Lo mío en el lugar donde vivo, los problemas más fuertes están relacionados con las pérdidas de fuentes de agua natural en mi región, ¿quién lo provoca?, la gran minería”.

“Es una cuestión geográfica entonces”, pregunta el periodista. Y dice, “si yo viviera en Madre de Dios, mi principal atención tendría que ser esa, no puedo estar en todos los problemas que hay en el país”.

Entonces, yo le quiero preguntar [agregó el Director de Lampadia], ¿qué hacía usted y su gente en Tía María?, ¿qué hacían en Espinar?, ¿qué hacen en Apurímac?

El libreto anti minero está lleno de mentiras y manipulaciones para lograr sus objetivos perversos, ver en Lampadia nuestra bbiblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo. Lamentablemente, muchas de esas acciones (algunas de ellas de violencia extrema) no son contrastadas por la sociedad civil y, cuando se dejan consentir, llevan a severas distorsiones de la realidad y a un daño inmensurable a la economía y al beneficio social de una importante región y del país en su conjunto.

La verdad es que Verónika Mendoza, su ahora oculto candidato a vicepresidente, Arana, y buena parte del equipo de ‘técnicos’ presentado hace un par de días, suscriben la estrambóticas propuestas del pos-extractivismo, que no son otra cosa que ‘un complot contra el desarrollo del Perú’. Ver en Lampadia: Complot anti-desarrollo al descubierto.

No nos ceguemos por las sonrisas de campaña o por los adornados discursos que ocultan ideologías extranjeras que solo crean más pobreza, ni por las mentiras como las que originaron los luctuosos sucesos de Espinar. Los peruanos tenemos derecho a la verdad y en aras de ella le pedimos a la candidata Mendoza que por lo menos, pida las disculpas correspondientes, a los campesinos de Espinar y al resto del país por haber caído en una situación tan bochornosa. Lampadia

Ver Nota de Prensa de INFOSENASA:

Muerte de animales en área minera de Espinar no se produjo por exposición a metales pesados

Publicado por INFOSENASA (Informativo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria)

21 de marzo de 2016

Glosado por Lampadia

– Podría estar relacionada con inadecuada crianza, mala nutrición, o falta de suplemento de vitaminas y minerales.

Investigaciones científicas realizadas en los laboratorios estadounidenses de la Universidad de Pennsylvania y Alamo Analytical Laboratories LTD de San Antonio, Texas, descartaron que la muerte de animales en la provincia cusqueña de Espinar en el 2013 se debiera a la ingesta de agua o alimentos contaminados con metales pesados derivados de la explotación minera.

El estudio forma parte de los compromisos asumidos por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA en la mesa de diálogo en Espinar – Cusco, que tuvieron como fin aclarar la posible presencia de metales en muestras de sangre de los animales, pastos y suelos pertenecientes a 16 comunidades del entorno minero.

Los rastros de once metales pesados como arsénico, cadmio, cobalto, cobre, hierro, plomo, manganeso, molibdeno, selenio, talio y zinc se encuentran en rangos que no implican toxicidad y por ende no vienen causando enfermedad ni muerte de vacunos, ovinos, camélidos, caprinos y otros animales en la zona.

La mortalidad de animales en Espinar, denunciada frecuentemente durante el 2012, podría estar relacionada con prácticas inadecuadas de crianza, mala nutrición, y falta de suplemento de vitaminas y minerales. La presentación del estudio se realizó ante los miembros de la Municipalidad distrital de Espinar, y estuvo a cargo del Dr. Andrés Lugo, representante de TOXICORP (empresa que envió las muestras a los laboratorios norteamericanos).

Desde junio de 2012, el SENASA desarrolla un plan de control y prevención de enfermedades infecciosas en Espinar, provincia cusqueña de tradición ganadera, siendo sus mercados de venta las regiones de Cusco y Arequipa. Además, en este mismo año, el Gobierno colocó S/. 236.8 millones de nuevos soles en proyectos de inversión para el desarrollo de Espinar, que incluyó la realización de los estudios toxicológicos en animales.

El discurso mediático del Frente Amplio, las expresiones de su candidata y la minimizada  presencia de su candidato a la primera vice presidencia, son solo el ropaje que oculta el pensamiento y las intenciones políticas de su verdadero ideario.

Para confundir al electorado, Verónika Mendoza oculta sus verdaderas intenciones hacia la minería. Pero en su Plan de Gobierno, está lo que ella y sus colegas opinan realmente.

Mediáticamente, Verónika Mendoza y los voceros del Frente Amplio han mostrado una postura ambigua y confusa con respecto a la minería.[1] A pesar de tener en la plancha presidencial a Marco Arana, (activista anti-minero radical y hostil a todos los proyectos mineros), y llevar en la lista congresal a Oscar Mollohuanca (opositor a la minería en Espinar); ella y sus candidatos han dicho en repetidas oportunidades que no se oponen al desarrollo de la minería en el Perú. Afirman que Conga y Tía María son los únicos casos a los que están en contra, afirmando que no pueden apoyar proyectos en que han ocurrido pérdida de vidas. Sin embargo, apoyan el régimen chavista (ver su posición en este comunicado) y el castrista, en los cuales fueron asesinados decenas de opositores solo en el último año. 

Pero más allá de lo que manifiestan estos voceros a través de los medios de comunicación para la gran audiencia, con fines electorales, consideramos que vale la pena saber qué dice el Plan de Gobierno del Frente Amplio acerca de la minería. Hemos hecho una revisión del documento y encontramos algunos elementos relevantes para explicar cómo es la minería que Verónika Mendoza imagina para el Perú.

Minería y desarrollo para el Frente Amplio

El partido que representa Verónika Mendoza, minimiza expresamente el efecto que tiene el sector minero para generar puestos de trabajo o como dinamizador de la economía, a pesar de la evidencia mostrada por el IPE y que fue analizada en este mismo portal.  Muestran una clara hostilidad al modelo económico actual caracterizándolo como un “modelo económico extractivista primario exportador centrado en la actividad minera” llamando a su “superación”, desconociendo la realidad, que muestra que todos los sectores primarios, incluyendo la minería, llegan solo al 15% del PBI y que la economía peruana está realmente centrada en el sector servicios (con un 60% del PBI). Además, la minería es el sector que ha generado los mayores encadenamientos con los demás sectores.

Continuando con nuestro propósito de limpiar el ecosistema mediático en el que se han sembrado múltiples documentos, videos, entrevistas, ‘estudios’ y opiniones falsas sobre la situación de la minería en el Perú, describimos a continuación la producción y difusión de un material fílmico de la televisión española que la pone al mismo nivel de las peores realizaciones locales, que pretenden manipular a la opinión pública y desarmar al gobierno.

Lamentablemente, como es parte de un largo proceso de repliegue ‘disque estratégico’ de no contestar las mentiras y de no informar a la población sobre los méritos de la minería en el Perú, ni el sector minero, ni el propio gobierno han cuestionado este material, lo que ha llevado a que durante los últimos años se hayan paralizado 14 proyectos mineros, incluyendo los más icónicos, como los de Conga y Tía María.

Este despacho forma parte de la formación de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, que recomendamos revisar. 

Un “documental” hecho a la medida para perjudicar a la minería en Perú

La presentación de opiniones parcializadas como si fueran opiniones independientes es una técnica de manipulación de la opinión pública. Con esa técnica, periodistas hostiles a la minería buscan aparentar profesionalismo cuando lo que están haciendo es pura propaganda.
El costo de la distorsión no es pago por los Españoles, sino por los proyectos mineros paralizados y por la economía peruana frenada.

Hace algunos días, Radio Televisión Española (RTVE), emisora publica de España, emitió un documental llamado “La Batalla del Cobre”, acerca del conflicto social que detuvo el desarrollo del proyecto Tía María, de Southern Perú, en la región de Arequipa.  

Ese documental es un claro ejemplo de cómo se puede construir una visión tendenciosa de un conflicto social, tomando testimonios de distintas posiciones: las autoridades, técnicos, pobladores, empleados de la empresa minera, etc. La RTVE presenta la población de un valle agrícola preocupada por la cercana presencia de un proyecto minero. La historia que cuenta es de una población que se ha opuesto a la destrucción de su valle, a costa de muertos y heridos. La labor de los grupos anti-mineros es cuidadosamente ocultada en la historia. Además, el documental asume como verdad la narrativa post-extractivista de que la actividad agrícola y la minera son intrínsecamente antagónicas.

No es la primera vez que RTVE realiza un documental en la región. Discutir las razones por las cuales este medio de comunicación público español se interesa por conflictos sociales en Perú, sería caer en especulación. Sin embargo, sí llaman la atención diversos sesgos del desarrollo del documental, que incluyen importantes omisiones, mentiras y enfoques parcializados.

Irregularidades en la información

RTVE expone la voz de diversos pobladores contrarios al proyecto, la voz de las autoridades locales, la de la Empresa y supuestas voces neutrales. Sin embargo, presenta como neutrales a diversos actores con una posición política evidentemente contraria al desarrollo del proyecto Tía María.

Entre ellos se encuentra Daniel Taranzo, denunciado por periodistas de El Comercio y la República, de ser el “azuzador principal para que la población los agrediera a ellos y a otro grupo de corresponsales que también llegó hasta el lugar para informar el conflicto por Tía María”[1].  Un periodista neutral no publicaría en su cuenta de Facebook una foto y un mensaje como el que se ve en la parte inferior. Sin embargo en el documental se le presenta como un periodista independiente.

Esta es una imagen tomada del Perfil de Facebook de Daniel Toranzo, “periodista independiente” según el documental.

También se presenta como “ingeniero independiente” a Otto Hito, quien ha tenido una participación activa en el conflicto, ya sea ofreciendo opiniones contrarias al proyecto en medios de comunicación o como animador en manifestaciones, como se ve en el video siguiente.  El ingeniero “independiente” termina su intervención pidiendo la liberación de Gregorio Santos, ex presidente regional de Cajamarca y uno de los principales opositores al proyecto Conga, actualmente en prisión preventiva acusado de actos de corrupción durante su gestión.

No podemos dejar de destacar algunas de las aseveraciones más desafortunadas de los candidatos que ya no saben qué hacer para ganar notoriedad, y que encierran falsedades abiertas o políticas fracasadas estrepitosamente, no en Mongolia, sino en el Perú.

Veamos algunos apuntes:

• Verónika Mendoza ofrece ‘plan heterodoxo de García I’

La candidata y su postulante a la segunda vicepresidencia, el profesor de economía de la PUCP, Alan Fairlie, le ofrecen al país un programa de reactivación económica sacado de nuestra nefasta historia económica pre Constitución de 1993: del plan ‘García-Carbonetto’, que terminó de hundirnos en la más espantosa hiperinflación y empobrecimiento.

Fairlie aseguró que “el sueldo mínimo vital planteado por Verónika Mendoza permitirá la reactivación de la economía pues implica más capacidad de gasto”.

Pensión 65: “vamos a duplicar la cobertura y el monto que se les paga”.

¡Nuestros jóvenes no merecen vivir los mismo que nosotros los mayores!

• Mendoza y Tierra y Libertad ofrecen ‘un nuevo Perú’

“Un nuevo Perú se levanta”.

Esta política refundacional, parecida a la del Chile actual con Bachelet, nos lleva a citar unas líneas del muy interesante y relevante “Diálogo de Conversos” de los chilenos Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, que publicamos en Lampadia el 5 de enero pasado:

• Ante la ofensiva socialista y el espíritu refundacional del gobierno de Bachelet, nuestros relatos de ex soñadores con el comunismo, se hacen relevantes para los jóvenes de ideas liberales que ven como resurge con fuerza una amenaza que parecía relegada a los museos.
• ¿Echamos abajo todo lo que hemos edificado para construir desde el Estado algo que promete ser perfecto y maravilloso o reconocemos las deficiencias que obviamente tiene el modelo y lo vamos reparando, ajustando y perfeccionando, eliminando lo que no funciona y renovando en lo que amerita ser conservado?
• La verdad es que la izquierda de hoy es más un ‘antialgo’ –el capitalismo, la globalización, el neoliberalismo, el materialismo, el comercialismo, etcétera- que un ‘por algo’.
• Hay países que aprovecharán la globalización y otros no. Hay países que aprenden de sus errores e historia y otros no. Unos irán para arriba, otros para abajo y algunos tropezarán dos veces con la misma piedra.
• Me preocupa que la democracia pueda ser usada contra la libertad, llevándonos a esa tiranía de la mayoría. Lo planteo a la luz de los recientes llamados a refundar la legalidad chilena por medio de una asamblea constituyente.
• La forma más radical de este tipo de ideas es la propuesta de una asamblea constituyente, donde todo el poder estaría concentrado y Chile sería refundado de acuerdo a los humores de la mayoría que se diese en ese momento.

• Guzmán lleva ‘dinosaurio’ a educación

Julio Guzmán se la pasa insultando a todos sus contendores, a los que califica de dinosaurios por, supuestamente representar, ideas de ayer.

Sin embargo, para un tema clave para el país, el de la educación, que además es calificado por el propio Guzmán como la base de su programa de gobierno, el ex (efímero) viceministro del gobierno del nacionalismo, ha invitado al ex general Mora para el tema de educación.

Mora presidió la comisión de educación del Congreso, desde la que a punta de insultos (¿coincidencia?) y prepotencia sacó la nueva ley universitaria, cuya filosofía es controlista, reguladora, unificadora, centralizadora y metete; todo lo contrario de la filosofía de la educación moderna que se va abriendo paso por el mundo. Un mundo en procesos de cambios profundos, con una revolución industrial que requiere mucha agilidad y libertad. Si Guzmán aborrece a los dinosaurios debiera haber calificado a Mora como uno de ellos, a no ser que, de repente, Guzmán sea, efectivamente, un topo del gobierno nacionalista (ya fue su viceministro dos veces).

• Otra perla de Guzmán: “conoce mucho de Tía María”

Esta mañana en RPP, Guzmán dijo que conocía mucho de Tía María, que apoyaba el proyecto, pero que no podía ser que “de las más de 130 observaciones de las Naciones Unidas al EIA, no se hubiera levantado ninguna”. ¿O sea que esta ‘novedad’ en la política no solo se estira y pone un tonito forzado de mandón cuando habla, sino que además miente y desinforma descaradamente?

• Más de Guzmán

Destaca [en RPP] que la educación infantil debe estar en manos de ‘profesionales’ del Estado. Lo mismo que la ley universitaria que impediría que en el Perú, un Vargas Llosa o Bill Gates, puedan tener una cátedra.

Guzmán se jacta de conocer el Estado pues en los vice ministerios en que estuvo, (Producción y PCM, por pocos meses) “conoció 400 y 600 personas” respectivamente. ¿Se la pasó saludando?

Lampadia

Las ONG’s pos-extractivistas se presentan en los medios como profesionales desinteresados, comprometidos con la defensa del medio ambiente y de las poblaciones locales. Sin embargo, al analizar su conducta se percibe que sus prioridades reales son muy diferentes de los propósitos que declaran tener. El acceso a donaciones y la visibilidad mediática han resultado ser los principales criterios de selección de las causas a defender, o a abandonar. Detrás de su discurso, sus líderes se comportan como verdaderos “Mercaderes de la Moralidad.” En este artículo analizamos a los pos-extractivistas que operan en Perú a la luz de un brillante estudio de Clifford Bob, PhD del MIT. (Ver más información en nuestro repositorio: Recursos Naturales y Desarrollo).

Los grupos que alcanzan destaque global lo logran a un alto costo, distorsionando sus principios y alienando a sus constituyentes para apelar a los intereses [privados] de los donantes en los países ricos. Clifford Bob.[1]

El comercio de la moralidad es el negocio principal de los grupos post-extractivistas. Mucho de su comportamiento real y de sus inconsistencias políticas, profesionales y morales se explican, por las reglas del mercado en el cual han decidido hacer negocio. Sus constituyentes locales, la población pobre y oprimida a la cual dicen servir, son meros componentes de un juego de imágenes desarrollado en función de sus verdaderos clientes, los donantes de los países desarrollados. Ello viven de donaciones, y para lograrlas tienen que servir a los objetivos e intereses de sus donantes.[2]

Clifford Bob, alumno de Harvard y PhD del MIT, ha escrito un brillante artículo que clarifica la dinámica política y mediática detrás de las causas impulsadas por las organizaciones Pos-Extractivistas, tanto en el Perú como en el extranjero[3] La pregunta que guió su investigación es: Por qué ciertas causas políticas reciben simpatía, atención mediática y fondos, mientras otras no? Su estudio se enfocó en un análisis comparativo de casos dando especial atención a aquellos en los que la naturaleza de las causas era muy semejante. Sus hallazgos han resultado ser útiles para comprender la conducta de los grupos post-extractivistas que operan en Perú.

Los siguientes dichos y comentarios de gente vinculada a la política peruana, son tan alucinantes, que consideramos que solo se pueden tomar en broma, como si estuviéramos ya  en el día de los inocentes. Leer líneas abajo unas cuantas piezas notables:

1. Sobre el papel de Daniel Mora en la aprobación de la ley universitaria

“(…) se ha enfrentado al poder fáctico más importante del país: el poder millonario de las universidades, producto del dinero que pagan los padres de los sectores medios emergentes. Olvídense del narcotráfico, de la minería ilegal, el poder fáctico que proviene del dinero de las universidades es el más fuerte de todos. (…) Y el caso de las universidades privadas, el Decreto 882 que abrió las puertas a las universidades con fines de lucro, llevó a la prostitución de la universidad, y la palabra me queda corta”.

La República, 18 de diciembre, 2015

Javier Sota Nadal, ex ministro de Educación y colaborador del gobierno nacionalista

Qué pena que este académico tenga tanto resentimiento.

2. Sobre falsas dicotomías

“(…) muchas de las personas que reclaman la aparición del gobernante ideal lo hacen en desmedro de mejorar las reglas para el gobernante real”.

El Comercio, 18 de diciembre, 2015

Carlos Ganoza D.

Son varios los llamados analistas que necesitan plantear falsas dicotomías para poder sustentar sus puntos de vista. Cuidado al leer, hay que evitar el contrabando.

3. Inversión minera en Arequipa

“Southern insiste con proyecto Tía María”.

Perú21, 17 de diciembre, 2015

Gessler Ojeda

Pobre manejo del titular en un tema sensible y que ha llegado a costar la vida de algunos ciudadanos.

4. Fechorías de la dictadura venezolana

“Yo voy a dar todo el poder al ‘Parlamento Comunal’, y ese Parlamento va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base”.

La República, 18 de diciembre, 2015

Alfredo Meza

Patético intento del gobierno venezolano de seguir detentando el poder que las urnas le han negado. Llama la atención que los políticos y medios peruanos no hayan destacado esta estafa del chavismo.

5. El contenido de los medios

“En un eventual gobierno suyo [Verónika Mendoza] el Estado tendrá la potestad de regular el contenido de los medios de comunicación”.

Gestión, 16 de diciembre, 2015

Gonzalo Arcasi

El nuevo angelito de la política peruana, de la tierra de la libertad (Francia), que pretende gobernar con la ciudadanía francesa y el manejo de prensa cubano.

6. Universidades pueden aportar a la campaña

“No creo, [que Acuña sea responsable] porque él no está mirando quién aporta, cuánto aporta o si se ha colocado la cifra exacta. (…) Cuidado con judicializar el proceso electoral. (…) viene de las utilidades, no está prohibido, es una empresa privada, una sociedad anónima. (…) Está totalmente facultada para hacer aportes a las campañas electorales de los partidos con esas utilidades”.

Perú21, 18 de diciembre, 2015

Luis Iberico, Presidente del Congreso, Secretario Ejecutivo Nacional de Alianza para el Progreso

Si los aportes son de utilidades, éstas deberían ser previamente distribuidas para que los aportes sean personales.

Una pena que el Presidente del Congreso convalide un comportamiento tan cuestionable de una universidad, dando pie a gente como Sota Nadal para hacer generalizaciones abusivas sobre las universidades privadas. Ver nota 1. Líneas arriba.

7. Las amenazas de Verónika Mendoza

“El nuevo Perú se forjará luchando (…) contra el poder de las transnacionales que desde hace 25 años hacen lo que les viene en gana en nuestro país. (…) vamos a renegociar los contratos de Camisea y las concesiones mineras”.

DiarioUno, 18 de diciembre, 2015

Verónika Mendoza en presentación de su plan de gobierno, acompañada por Humberto Campodónico, Ricardo Soberón, Sergio Tejada, Manuel Dammert, Félix Jiménez, Eduardo Zegarra y Roberto de la Cruz entre otros.

Sorprende cómo una política joven puede hipotecar su carrera pública con las mismas mentiras y absurdos planteamientos con los que el Perú se zambulló en sus peores momentos. Para que no olvidemos estas nocivas relaciones causa-efecto, revisemos la clamorosa situación en la que están los cultores del ‘socialismo del siglo xxi’, empezando por sus promotores, los chavistas.

8. Sobre el crecimiento de la economía

“(…) cuando un candidato dice que hará crecer al 6% al Perú está mintiendo y con un descaro colosal…”.

La República, 21 de diciembre, 2015

Julio Guzmán, candidato por Todos por el Perú.

Parece que el frustrado ‘outsider’ está ‘out’ en su conocimiento del país. El Perú tiene muchos grandes proyectos de infraestructuras y productivos a ‘punto de caramelo’ y regulaciones que inhiben la inversión de grandes y pequeños. Con regulaciones adecuadas y destrabando los proyectos este país puede crecer 6% con toda facilidad. No nos olvidemos que todavía tenemos que ponernos al día con todo lo que se impidió invertir entre los años 60s y 80s.

Ya estamos en plena campaña electoral para renovar al Ejecutivo y al Congreso de la República. Tengamos mucho empeño en elegir los mejores cuadros posibles para los próximos cinco años.

¡Ya se nos acabó la cuota de oportunidades perdidas! Lampadia

“Hemos aprendido que [ante la conflictividad minera] lo importante es iniciar procesos de dialogo que permitan ponernos de acuerdo.”

 Opinión de un funcionario de la Oficina de Dialogo de la PCM en una exposición sobre conflictividad social [1].

El diálogo es una herramienta útil, civilizada y pacífica para solucionar diferencias entre dos o más representantes que buscan llegar a un acuerdo que beneficie a las partes.  Es el camino ideal, casi irrefutablemente, con el que deberían solucionarse los conflictos; incluidos los socio-ambientales que sufre actualmente nuestro país.  Pero, ¿es el diálogo una herramienta útil cuando uno o más representantes no buscan el beneficio de la población, sino promover el conflicto social para su propio beneficio?  Para quienes creen que los conflictos socio-ambientales se dan en base a un trío de actores: empresas-estado-comunidades, se genera una situación paradójica en que siendo financiera y económicamente factible llegar a un acuerdo en la que todas las partes ganen, no se llegue a ningún acuerdo. Por qué se da esta paradoja?