Jaime de Althaus
Para Lampadia

El asunto de Tía María es penoso. Es una inversión muy importante para el país y para la región, incluso para el valle del Tambo, pero el Estado parece impotente para crear las condiciones que la hagan posible. El gobierno incluso tiene miedo de decir lo anterior: que es una inversión muy importante para el país. No solo eso: advierte, en tono tajante, que el proyecto no se llevará a cabo mientras no haya consenso en la población. Que es una manera de decir que nunca se ejecutará, porque consenso absoluto jamás va a haber. Siempre quedará un pequeño grupo opositor animado por razones políticas o económicas. Oponerse también es rentable.

Pero el gobierno tiene que representar el interés del país y de la propia población mayoritaria, no el de pequeños grupos radicales o económicos. Tiene que representar su propio interés en obtener más ingresos fiscales para hacer redistribución social. Entonces tendría que mostrar más convicción. Tiene que explicar que el proyecto es vital para el crecimiento nacional y que entiende la desconfianza y los temores de la población, pero que el Estado garantiza que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) estuvo bien hecho y que no habrá impactos negativos. Y debería presentar a la población de Islay un plan de desarrollo integral del cual forme parte la inversión minera.

La ministra del Ambiente Fabiola Muñoz ha señalado que la población no entiende los beneficios del proyecto ni sabe qué se va a hacer para no perjudicar la agricultura o el agua. La empresa ya lo ha explicado, pero si la empresa no tiene credibilidad, es el Estado quien tiene que explicarlo. El proyecto es de interés del Estado, no solo de la empresa.

La ministra señala que la empresa tiene que decir: “estos son los impactos y esto es lo que vamos a hacer para mitigarlos”. Pero si un sector de la población no le cree a la empresa, es el Estado quien tiene que decirlo.

La ministra refiere, por ejemplo, que la gente en el valle del Tambo expresa: “estamos muy cerca de la operación: el viento puede traer el polvo”. Entonces –agrega la ministra- la empresa tiene que explicar: “hemos calculado el viento y estamos tomado estas medidas…”. Un alto funcionario de la Southern nos dice: “En cada actividad con la población, inclusive en los colegios, reiteramos el tema hasta la saciedad. Hemos explicado lo del viento y control de polvo en folletería, charlas videos, radio y redes. Tenemos casi 10 años informando sobre cada aspecto del proyecto. Tanto así que en una de las últimas mediciones de IPSOS encontraron que al menos el 70% de la población señaló haber recibido información del proyecto”.

Pero, si a pesar de esa política, hay desconfianza en las informaciones que da la empresa, alimentada por quienes desinforman, es el Estado quien tiene que explicarlo. Porque el proyecto le interesa al Estado, no solo por los ingresos tributarios que generará, sino porque disparará otros proyectos que producirán más ingresos fiscales aun, y favorecerá el desarrollo de un clúster minero que traerá desarrollo y diversificación productiva en todo el sur.

De lo contrario, se desprendería que el gobierno no cree en el EIA aprobado por el propio gobierno. Eso sería inaudito. La ministra ha recogido la versión de que en el EIA aprobado faltaba completar el estudio hídrico. Pero esto no es cierto según el vocero de la empresa.  Se trató de una observación hecha por personal nuevo de Ministerio, que desconocía que esa información ya se había presentado tanto al EIA como en la documentación de ingeniería. Ante dicha observación, el 6 de noviembre del 2018 la empresa volvió a enviar el Estudio Hidrológico. Pero este ya estaba contenido en la sección 4.3.9 del EIA, bajo el título “Hidrología”. Pero, al parecer, la ministra no lo sabe.

La ministra ha anunciado que busca un diálogo, pero no encuentra con quién. Esto es una muestra clamorosa de la debilidad del Estado central en un país feudalizado por una descentralización mal hecha y por la descomposición del sistema de partidos.

Si los seis alcaldes de la provincia de Islay pertenecieran a partidos nacionales serios con presencia en el Congreso, entonces sería posible que los representantes en el Congreso de esos partidos y sus dirigencias nacionales ayuden a concretar un diálogo constructivo entre el gobierno y los mencionados alcaldes. Pero ni hay partidos, ni los alcaldes –salvo uno- pertenecen a ellos ni menos hay Congreso. El corolario de esto es la necesidad impostergable de avanzar en la reforma política –a fin de reconstruir un sistema de partidos- y en la reforma de la descentralización.

La ministra, sin embargo, podría quizá solicitar a dirigentes de partidos de izquierda que estuvieron en el Congreso y que tuvieron presencia en el valle del Tambo, que intermedien de buena fe para establecer una mesa de diálogo y desarrollo en la zona. A esa mesa el gobierno tiene que llevar un plan de desarrollo integral de la provincia coordinado y con la empresa que podría financiar algunos de sus componentes. Es decir, la inversión minera como parte de una gran inversión de desarrollo.

No hay peor gestión que la que no se hace. Alguna capacidad de articulación política tiene que haber en nuestro país. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 20 de setiembre de 2019
Para Lampadia

Eso de tener que ir a Arequipa con frecuencia es un enorme privilegio. Desde niño – por angas o por mangas – la providencia siempre puso al Misti en mi camino. A ese respecto, los motivos más recurrentes que me llevaron a Arequipa fueron el agro y la minería. O sea ¡agro sí… minería también!

La semana pasada – por enésima vez – estuve a Arequipa. Esta vez fui para participar en Perumin… versión 34. ¡Un éxito total! El que diga que Arequipa es anti minera está completamente equivocado. La vocación minera arequipeña es – abrumadoramente – mayoritaria. Arequipeños de todas las edades, de todas las profesiones, y de todos los oficios apoyan a su minería.

Es que Arequipa – como todo el Perú – recibe grandes beneficios de la minería. El progreso de Arequipa – y el bienestar de los arequipeños – se debe en buena medida a la minería responsable. La cantidad de empresas arequipeñas proveedoras de todo tipo de bienes y servicios – que dependen de la minería – es enorme. Empresas de transporte de personas y de carga. Hoteles y restaurantes. Empresas comerciales de todo tipo. Y – ciertamente – empresas proveedoras de equipos y maquinaria, altamente sofisticadas. Miles de empresas dependen de la minería, las cuales – a su vez – generan trabajo y bienestar a los arequipeños.

Mención especial merecen los Institutos Tecnológicos y Universidades arequipeñas. Ellos también dependen – en gran medida – de la minería arequipeña. Y ¡vaya que Arequipa tiene buenas instituciones académicas!

Y – por si fuera poco – el impacto de la minería arequipeña en obras de infraestructura pública es ejemplar. Carreteras y puentes, ferrovías, puertos, plantas de tratamiento de agua, generadoras de electricidad y líneas de transmisión de energía, hospitales, escuelas, campos deportivos, bosques, reservorios… y paro de contar. Repito. El que dice que Arequipa es anti minera no sabe lo que habla.

El que haya anti mineros en Arequipa – empezando por el Gobernador Regional – es otra cosa. En todas partes se cuecen habas. En general, la politiquería es anti minera. El politiquero vive de la pobreza. Precisamente, para poder ofrecer migajas y lograr el voto de la población menesterosa. En esa categoría están varios alcaldes y dirigentes nacionales. Incluso congresistas y altas autoridades del Gobierno Central.

Son ellos – los politiqueros – los que acaban de frustrar el desarrollo del proyecto minero Tía María en Islay – Arequipa. Lamentablemente, falto liderazgo para contrarrestar a la politiquería. Desde el presidente de la República y algunos ministros, pasando por el Gobernador Regional de Arequipa y ciertos alcaldes locales, el Estado falló estrepitosamente en el caso de Tía María.

Hoy muchos arequipeños se lamentan de esta falta de liderazgo. ¡Cuántos jóvenes arequipeños estarían – hoy – siendo capacitados en las estupendas universidades e institutos tecnológicos de la región, para trabajar en la mina y / o en las empresas proveedoras de la mina! ¡Cuántas empresas locales han perdido la oportunidad de atender la gran demanda de bienes y servicios de la mina!

El fracaso de Tía María es ¡tarea cumplida! para los politiqueros. Muchos isleños seguirán pobres por mucho tiempo. Por otro lado, el fracaso de Tía María es ¡pobreza y frustración! para un gran número de arequipeños.

En fin. A pesar de todo – con sus politiqueros y sus nevadas – Arequipa es lo que es… ¡lo máximo! Lampadia

Guillermo Vidalón
9 de setiembre de 2019

Miente quien afirma que el proyecto minero Tía María está en el valle de Tambo. Tía María no está en el valle. El proyecto consta de dos yacimientos, La Tapada y Tía María, que le da el nombre; el primero está a tres kilómetros (km) de distancia y el segundo a siete km, ambos depósitos de mineral serán empleados como canteras; es decir, se extraerá la roca para ser chancada y procesada a 11 km de distancia del valle.

En Lima, hay operaciones mineras a menor distancia, junto a los valles de Mala y Huaral, ambos productores frutícolas que abastecen a la ciudad de Lima e inclusive exportan a mercados de consumidores muy exigentes. ¿Se presenta algún problema? No. ¿Cuál es la clave? La administración adecuada de una operación minera.

Miente o mal informa quien dice que la reputación de la minera que opera el proyecto Tía María no es de las mejores. ¿Por qué miente? Porque sabe que cuando inició sus operaciones minero metalúrgicas en Toquepala e Ilo, en 1960, la tecnología y las prácticas mineras eran otras en el Perú y el mundo. Pretender equiparar el avance tecnológico de 60 años atrás con el actual, afirmando que se obtendrá similares resultados es mentir; o en el mejor de los casos, desinformar.

No obstante, el tan comentado resultado adverso termina diluyéndose si se analiza los resultados sociales y económicos de las regiones Moquegua y Tacna, donde opera la titular de Tía María. Dichas regiones son las de mayor desarrollo relativo en el país, lo que se refleja en una mayor esperanza de vida, mejor logro educativo.

Por ejemplo, sus estudiantes de 4to. grado de primaria han seguido avanzando, en Tacna suben 7.1 puntos porcentuales (pp) y en Moquegua 5.2 pp [pese al retroceso nacional de los resultados alcanzados en las pruebas de Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) y la Evaluación Muestral de Estudiantes (EM) en el 2018] mayor ingreso per cápita, menores índices de pobreza y desnutrición crónica infantil, este conjunto de variables se refleja en mejor calidad de vida. Lo que quiere decir, empero la tecnología de fines de la década de 1950, que los resultados del período son superiores y ventajosos para todos. También, es obvio que la tecnología del 2019 y las subsiguientes serán mejores que las anteriores, por lo que resulta injusto vincular a Tía María con el pasado.

Miente quien dice que existen 138 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El EIA vigente es el segundo que se presentó, el cual absolvió todas las observaciones del primer EIA. Al respecto, las observaciones fueron formuladas por la UNOPS para que el proyecto las incorpore y salga adelante. Nunca propuso detener el proyecto.

Miente quien dice que Tía María destruirá el Valle de Tambo por las partículas en suspensión. El polvo no alcanzará al valle porque la altura máxima que alcanzará el polvo será de 100 metros y el tajo tendrá 125 metros de profundidad cuando se alcance el área mineralizada. Además, los vientos en la zona soplan del suroeste al noreste y el Valle de Tambo está ubicado al sur de Tía María, el punto más cercano del proyecto dista tres km.

Miente quien dice que Tía María empleará agua del Valle de Tambo. El proyecto minero captará agua de mar por medio de una tubería de 450 metros de longitud, sumergida a 15 metros de profundidad. Ni la tubería ni la planta de desalinización podrán apreciarse desde la playa.

¿Por qué y para qué mienten? Primero, porque los opositores al desarrollo del proyecto Tía María saben que, en pocos años, el Valle de Tambo y la provincia de Islay alcanzarán un alto grado de desarrollo; por lo tanto, reducción de la pobreza, incremento de la producción del valle, bienestar, nuevos emprendimientos y menores electores para quienes viven del negocio de la pobreza. Además, porque son conscientes que se emprenderá un vasto programa de inversiones públicas y privadas que servirá de modelo para que otros proyectos mineros se concreten. Eso es lo que temen.

Segundo, porque el desarrollo socio productivo les hace perder vigencia. El apotegma leninista de “agudizar las contradicciones para la revolución” se diluye, por eso la confluencia y coordinación en contra del proyecto, desde los preocupados legítimamente y buscan mayor información, hasta quienes manipulan en función de intereses particulares que disfrazan bajan el argumento de “lo popular”, “la defensa del valle”, “el pueblo se autoconvoca” (esta última afirmación busca evadir la responsabilidad de quienes resultan ser los instigadores de la violencia, del daño a la propiedad pública y privada), cuando en realidad se trata del mismo grupo de personas, quienes son movilizadas de un lugar a otro -en camiones y sin ninguna medida de seguridad- para posicionar un piquete que obstaculice una vía y termine cobrando un cupo, o marchen por alguna calle o avenida “pidiendo colaboración” para la causa.

Existe una gran diferencia entre mentir y decir la verdad, como también existe una gran diferencia entre pedir una colaboración y extorsionar. El pueblo del valle de Tambo, así como de la provincia de Islay, son pacíficos, sinceros y trabajadores, por eso respaldan que se genere otra fuente de trabajo, en este caso en el desierto. Lampadia

David Belaunde
Para Lampadia

“La vocación de los políticos no es ser liberales” (Guy Sorman, La Solution Libérale, 1984)

La revelación, hace ya un mes, de los audios de Vizcarra en el caso Tía María demostró, para quienes no quisieron hacer caso de señales anteriores, que tenemos un presidente no solo corroído por peligrosos instintos plebiscitarios sino mal predispuesto hacia el sector privado. Esto es exactamente lo contrario de lo que los peruanos elegimos abrumadoramente en el 2016. ¿Qué pasó? ¿Y qué se puede hacer?

1. Los mayores culpables de que hoy tengamos un gobierno anti-empresa son paradójicamente las élites que se consideran liberales

Descartamos de plano la hipótesis de que un vuelco tan súbito refleja la “voluntad popular”. Como afirmaba Bertrand Russel, un gobierno puede eficazmente controlar a la opinión pública manipulando los estímulos emocionales correctos – a corto plazo por lo menos. Desde ese punto de vista, el nuestro ha realizado, a través de los medios, una labor admirable.

La verdadera responsabilidad recae en quienes formaron el gobierno de PPK, y esto por las razones siguientes:

• En el 2016 existía la posibilidad de generar una cooperación entre ejecutivo y legislativo en torno a reformas económicas pro-mercado. En vez de eso, el ejecutivo decidió enfrentarse a la mayoría parlamentaria promoviendo el “enfoque de género” en la educación y otras medidas que implicaban entrar en conflicto con el fujimorismo, mermando así las posibilidades de un consenso sobre tales reformas.
• Al asumir el poder Vizcarra y dar a la llamada “lucha contra la corrupción” prioridad sobre las reformas económicas, el partido siguió apoyándolo.
• Medidas poco liberales como la ley anti elusiva tuvieron el apoyo de la bancada ppkausa.
• Incluso con PPK, el gobierno incumplió las expectativas generadas por un equipo pro-mercado. Desde la elección hemos visto un continuo retroceso en materia de proyectos mineros y de infraestructura, debilidad ante pedidos desmesurados por parte de gremios diversos, contratos de concesión no respetados, etc.

Como consecuencia, en un país donde una economía de mercado funcional e intervención estatal contenida han sido históricamente más la excepción que la regla, se desperdició una magnífica oportunidad de reformar la economía en un sentido más liberal.

2. El fondo del problema: el neoliberal que se quiso vestir de progre (o “el nuevo traje del emperador”)

¿Pero cómo pudieron estos “liberales” abandonar sus supuestos objetivos económicos tan fácilmente?

A – Una confrontación innecesaria y debilitante con las fuerzas conservadoras en torno a cuestiones no económicas

El equipo de PPK en la elección del 2016 se definía por oposición al fujimorismo. En la conocida matriz de Nolan, los fujimoristas se considerarían liberales en lo económico y conservadores en aspectos socioculturales. Los PPKausas estarían alineados con ellos en lo económico, pero serían más “abiertos” en lo sociocultural. El gráfico de abajo, adaptación de dicha matriz, resume esta idea.

No obstante, era posible defender posturas abiertas en importantes temas socioculturales sin entrar en colisión frontal con el fujimorismo u otras agrupaciones del cuadrante superior derecho. ¿Cómo? Quedándose dentro de los límites de una tradición filosófica liberal que va de Locke y Hume a John Stuart Mill y Tocqueville, y que busca garantizar la libertad individual mediante instituciones sólidas, en condiciones de igualdad legal y con el mínimo grado posible de coerción gubernamental.

En los hechos, sin embargo, ppkausas y afines asumieron consignas y esquemas mentales propios de la izquierda. Para esta, las relaciones sociales son una lucha entre opresores y oprimidos en la que no rige el principio de igualdad ante la ley, por lo que el “oprimido” solo puede ser liberado de su condición si la ley, más que proteger, lo favorece.

Así, por ejemplo, las mujeres son “victimas” estructurales (no específicamente aquellas que han sufrido ataques, sino todas) y el culpable no es un individuo concreto sino los hombres en general, su “masculinidad toxica” y el patriarcado institucional. La solución pasa por legislación que atenta contra los principios de la presunción de inocencia y de igualdad jurídica, entre otros. Problema real, diagnóstico errado, solución inadecuada.

B – Una adhesión menguante al liberalismo económico

La aceptación de la narrativa izquierdista de la conflictividad esencial en los fenómenos sociales y culturales conlleva a su aplicación inevitable al ámbito económico. De ahí que los pobladores de zonas aledañas a proyectos mineros y que se oponen a los mismos sean percibidos como “víctimas” históricas (soslayando el hecho de que no es la mayoría de los pobladores la que se opone sino grupúsculos de activistas, respaldados por ONG). Así, es comprensible que la ley no se aplique a los agitadores, y el principio de seguridad jurídica del que deberían gozar el empresario minero y sus múltiples contratistas se torne irrelevante.

Esta contaminación ideológica que sufren los “liberales” da pie a contradicciones, vacilaciones y componendas que oscurecen su discurso como una alternativa al estatismo izquierdista, y les impiden formular un proyecto coherente de desarrollo. Su ilusorio “nuevo traje progre” los despoja del “liberal”.

3. Los liberales debemos reenfocarnos y aliarnos con todos aquellos que defienden la economía de mercado, dejando de lado por el momento las discrepancias sobre otros temas  

Como se recomienda en toda crisis existencial, es vital que quienes se dicen liberales hagan un poco de “soul searching”, redescubran sus raíces y desarrollen herramientas conceptuales autónomas respecto de las visiones maniqueas provenientes de sectores más conservadores o de la izquierda. También es importante que sean más disciplinados al establecer sus prioridades.

A – Reinventarse en torno a la noción de claridad de reglas

En lo económico, afirmar los principios liberales no implica una búsqueda dogmática del “todo privado”. La historia de las relaciones sociales en el Perú desde el virreinato desafía la noción hayekiana de Kosmos (el orden espontáneo, por oposición a Taxis u orden impuesto), por lo que nunca nos libraremos del intervencionismo estatal, cuyo alcance siempre será materia de discusión y de negociación.

No obstante, hay una idea básica no negociable: las reglas de juego deben ser claras, y su aplicación garantizada por el Estado (en vez de ser abandonadas al pie de un montículo de llantas quemadas). Es necesario, además, tener en cuenta, como señalaron Brennan y Buchanan en su libro The Reason of Rules (1985), los costes de toda transición normativa. Por ende, toda evolución de las reglas debe ser progresiva y darse únicamente luego de un estudio objetivo de los resultados y consecuencias económicas, sociales, medioambientales, etc. Violentar el principio de claridad, de estabilidad y de ejecución garantizada de las normas, quiebra el contrato social y nos aboca progresivamente al caos y a estancarnos en el subdesarrollo.

Limitar su propia discrecionalidad puede parecer antinatural para un gobernante y hasta frustrar a la población a corto plazo (de ahí la frase de Sorman, citada en epígrafe). Sin embargo, en aras del desarrollo a largo plazo, es indispensable.

B – Dejar de lado los debates socioculturales que nos enfrentan a otros partidarios de la economía de mercado

Creemos que aplicando la noción de claridad de reglas (y sus derivadas, como el principio de especificidad del delito) y demás principios clásicos de libertad y de igualdad ante la ley se puede abordar temas socioculturales sin generar un enfrentamiento abierto con fuerzas más conservadoras.

Pero, sobre todo, es importante priorizar: si los temas socioculturales nos enfrentan a agrupaciones políticas que estén a favor de una economía ordenada, y es de importancia vital luchar por esta última, entonces estos debates deben ser puestos de lado hasta que se haya restablecido la funcionalidad del marco jurídico en el ámbito económico.

Y así, quizás, tras estos años de escapismos y enredos ideológicos, cada uno llegue, o regrese, al lugar que le corresponde, y el país se encamine de nuevo hacia el desarrollo, la riqueza y el bienestar general. Lampadia

Embajador ® J. Eduardo Ponce Vivanco
Para Lampadia

Los incendios en la Amazonía afectan vastas zonas de selva en las sequías de verano. Los que asolan el Brasil ahora son de magnitud comparable a los ocurridos en 2016 que, sin embargo, no suscitaron una alarma internacional  tan notoria.  El primer pronunciamiento del G-7  sucedió a la declaración del Presidente del Consejo Europeo sobre el acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR:  “resulta difícil imaginar el proceso armonioso de ratificación por los países europeos, mientras el Gobierno brasileño permite la destrucción de los pulmones verdes de la Tierra”. En calles y plazas resuenan indignadas protestas ciudadanas por la aceleración del cambio climático. Pero  ¿a qué se debe que la reacción actual sea mucho mayor que la de 2016?

A Trump y Bolsonaro, sin duda.  El primero cumplió sus ofertas electorales de terminar “la guerra contra el carbón” y denunciar el Acuerdo de París.  Y aunque Bolsonaro renunció a su promesa de retirar al Brasil del mismo acuerdo, sí cumplió con una frase lamentable que repitió en su campaña, anunciando que no protegería “ni un milímetro” de tierra que pudiera explotarse en la Amazonía. Al populista norteamericano le divierte provocar y ser criticado. Pero Bolsonaro ha comenzado a pagar facturas por imitar a su mentor de la Casa Blanca, justo cuando Europa bate records de calor y las presiones de Trump para comprar Groenlandia se suman al deterritimiento del hielo en el  Artico.  

La modesta rebaja del interés de la FED, la caída de Wall Street y la guerra comercial con China agudizan los presagios de recesión global. El impacto es duro en la economía brasileña, pero no tanto como el desprestigio diplomático de Itamaraty  por haber dado a Macron el mejor pretexto para soliviantar a los europeos contra el TLC con MERCOSUR que aterroriza a la agricultura francesa por la competitividad de las exportaciones mercosureñas, que amenazan con liquidar un sector fuertemente subsidiado en Europa. Más aún, la política amazónica de Bolsonaro afecta las expectativas de sus socios argentinos, uruguayos y paraguayos en el acuerdo con Europa.

Paradójicamente, la idea de organizar un sistema de cooperación entre los países sudamericanos de la inmensa cuenca hidrográfica que ayuda a respirar al mundo provino de los mentores ideológicos del controversial mandatario brasileño.  Cuando el General Morales Bermudez gobernaba el Perú y el General Ernesto Geisel presidía Brasil,  Itmaraty lanzó la iniciativa que culminó con la firma del Tratado de Cooperación Amazónica suscrito en julio de 1978, después de una ardua negociación que me tocó coordinar con el Embajador Hubert Wieland (logramos evitar que Ecuador avanzara su aspiración de  conquistar una cabecera en la ribera peruana del Amazonas).  El TCA – cuya Secretaría (OTCA) tiene sede en Brasilia –  reafirma la soberanía sobre los territorios amazónicos de las Partes y proclama “el necesario equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente”. Era urgente entonces que los Cancilleres se reunieran para cooperar frente a los incendios que podrían transponer  fronteras en la Amazonía (Perú limita con con los Estados de Acre y Amazonas, lo que podría afectar a Madre de Dios, Ucayali y Loreto).

Lamentablemente, esa posibilidad se frustró por una cínica operación de propaganda montada por Maduro y Evo Morales para denunciar a Bolsonaro y, después,  convocar el encuentro ministerial que ellos mismos habían petardeado*. Una infamia más del populismo bolivariano-boliviano con el apoyo de Cuba y Rusia (evidenciado en el diario comunista Granma y la potente TV rusa RT, imitación moscovita de la CNN).

Es deplorable que la ideología perturbadora de esos regímenes antidemocráticos haya bloquedado el funcionamiento armónico del organismo sudamericano de cooperación amazónica, pero no debe ser un obstáculo para que nuestra Cancillería coordine acciones eficaces con Colombia, Ecuador y Brasil. No solo se trata de proteger nuestra propia región amazónica sino de asumir la responsabilidad que nos corresponde frente a una comunidad internacional angustiada por la preservación de un  ecosistema vital para el planeta. Gracias al oportuno pedido de Bogotá, el G-7 acaba de ofrecer ayuda para sofocar los incendios amazónicos.

COOP 20, la reunión preparatoria más importante del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, se celebró en Lima (2014) bajo la presidencia y responsabilidad de Torre Tagle. El prestigio diplomático cosechado entonces debería servir para gestionar la cooperación de Estados y organizaciones internacionales no solo para luchar contra eventuales incendios en nuestra Amazonía sino para monitorear el control ambiental en proyectos mineros como Tía María y La Tapada, que son cruciales para el desarrollo nacional. Lampadia 

*http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-ofrece-ayuda-para-el-amazonas/
http://mppre.gob.ve/comunicado/gobierno-bolivariano-paises-miembros-grupo-lima/

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 16 de agosto de 2019
Para Lampadia

La gente podría preguntarse ¿cómo es eso de que nunca hemos estado mejor, si todo anda mal en nuestro país? Entonces, cabe la repregunta. ¿Y los Panamericanos – Lima 2019? ¿Acaso no hemos tenido “los mejores juegos de la historia”? ¿Y las 39 medallas? ¡Nunca hemos estado mejor en el medallero panamericano!

Pero ahí no acaba la cosa. ¿Y la Copa América de Fútbol – Brasil 2019? ¿Acaso no obtuvimos el subcampeonato, superando a las selecciones de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, y todas las demás? ¿Y la clasificación de nuestra selección en la Copa Mundial de Fútbol Rusia – 2018? ¿Y la mejor hinchada del mundo? ¿Acaso no fue la peruana?

Ahora pasemos al ámbito macroeconómico. La inflación en nuestro país es cercana a cero. Tenemos un tipo de cambio estable frente al dólar. Por otro lado, nuestras reservas internacionales superan los US$ 63,000. ¡Eso equivale a un año y medio de importaciones! Nuestra balanza comercial es positiva. O sea, exportamos más de lo que importamos. Nuestra deuda externa es una de las más bajas del mundo. Y nuestra banca comercial es sólida y líquida. O sea, tiene fondos para prestar a tasas razonables.

Ahora bien. Hay cosas que están mal. Sería irresponsable de mi parte no reconocerlas. En materia moral, por ejemplo. Léase… corrupción. Y no me refiero únicamente a la corrupción de alto vuelo. En ese ámbito, me parece que la Justicia está haciendo un buen trabajo.

Me refiero más bien a la corrupción menuda como la que se está revelando al interior del Gobierno Regional de Ica. Al destape de las asquerosas ventas de puestos de trabajo en los hospitales de la región. A la vuelta de las mafias de los brevetes a la Dirección Regional de Transportes. Y muchas otras corruptelas más.

También nos va mal en crecimiento económico. Ojo. No hay que confundir estabilidad macroeconómica con crecimiento económico. Tan es así que estamos bien en lo primero, pero mal – muy mal – en lo segundo.

El gobierno es anti-empresa. Eso está fuera de toda discusión. El rechazo a la inversión en el proyecto minero Tía María lo dice todo. El Estado no quiere que se invierta en el proyecto. El problema es que miles de jóvenes arequipeños perderán una gran oportunidad de trabajo formal. Cientos de proveedores locales perderán un gran mercado para sus productos. E Islay, Arequipa, y el país entero dejarán de percibir miles de millones en tributos y Canon Minero durante los próximos años.

Seamos objetivos. Nunca hemos estado mejor en deportes. Incluso – como mencioné líneas arriba – nunca hemos estado mejor en estabilidad macroeconómica. Y – hasta cierto punto – en Justicia. Pero estamos mal en promoción de inversiones empresariales. Y pésimo en cuanto a lo moral.

Por todo ello ¡protesto contra la corrupción en el Gobierno Regional de Ica! ¡Protesto contra la corrupción en todas instancias públicas y privadas de nuestro país! ¡Protesto contra actitud hostil y retrógrada de nuestras autoridades respecto a las inversiones empresariales! Pero al mismo tiempo ¡que viva el deporte peruano! ¡Que viva nuestra estabilidad macroeconómica! Y ¡que viva la Justicia… pero la buena!

Entonces, recapitulemos. En algunas cosas estamos mal, pero en otras nunca hemos estado mejor. Sí pues. Así es la nuez. Lampadia

Detrás de la oposición a los proyectos mineros, más allá de las debilidades de las empresas y del Estado, se ocultan las ‘Fuerzas Anti-Mineras’, que son determinantes en el desarrollo de los acontecimientos.

El siguiente gráfico nos muestra su estructura.

Veamos cuales son sus elementos:

1.- El Pos-Extractivismo

La izquierda peruana está detrás del “pos-extractivismo” que en el caso del Perú no es otra cosa que una propuesta para:

• Abandonar nuestros recursos naturales
• No desarrollar industrias que exporten
• Alejarnos del exterior

Quieren convertirnos en una sociedad de pastores pobres y viejos. Pobres porque produciríamos lo mínimo para el sustento diario y viejos porque nuestros jóvenes se irían del Perú a ser parte de la modernidad y del mundo global.

En Lampadia hemos exigido que renuncien a esta ideología, pero ningún miembro de la izquierda lo ha hecho. Ellos siguen apostando por ese mundo idílico sin producción. Ver:

Izquierda propone un país de miserables – Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento

La verdad sobre las izquierdas peruanas – Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’

Todos los conflictos anti inversión, y especialmente los anti-mineros, se sustentan políticamente en el pos-extractivismo. En otras palabras, detrás de los conflictos hay oculto un ¿racional? perverso y destructivo de la prosperidad.

2.- El Rédito Político

Los conflictos anti inversión y anti mineros son un mecanismo extraordinario de ‘Movilidad Política’. Sus dirigentes cobran rápidamente una gran notoriedad pública.

Por ejemplo, en el caso de Tía María, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ha pasado de ser un oscuro y cuestionado líder local, acusado de violaciones, a convertirse en el líder de la baraja anti sistema nacional, en solo un mes.

3.- El Rédito Económico

Las comunidades pueden y tienen que beneficiarse de los proyectos mineros, mejorando su productividad y su infraestructura, pero no de manera perversa, extorsionando a las empresas. 

Lamentablemente, los conflictos anti mineros también ofrecen a diferentes grupos de dirigentes una alta rentabilidad económica.

Veamos por ejemplo el caso de Las Bambas. Todos los comuneros de Fuerabamba recibieron una vivienda de tres pisos y siete habitaciones, más un millón de soles en el bolsillo. Mediante el conflicto buscan más rentas. Pero además sus dirigentes y sus ‘abogados’ se han embolsado grandes sumas de dinero.

Siempre se puede ganar alguito más, el proceso no tiene límites.

4.- El Eco Mediático

Sin embargo, nada de esto sería posible sin el ‘eco mediático’, que ha venido sirviendo como plataforma de divulgación de los relatos y las acciones de los anti-mineros.

Ha llegado el caso de que medios nacionales como América Televisión y Canal N recurran a los instigadores de los conflictos, como referentes sociales y políticos. Ver, por ejemplo, las entrevistas de ambos medios a José de Echave ad portas del conflicto contra Tía María.

5.- La Licencia Social

Finalmente tenemos la Licencia Social, que no es un elemento de los conflictos, pero es el paraguas de sus componentes.

Como tal, la Licencia Social no está definida en ningún espacio regulatorio, pero es un concepto muy atractivo que permite sustentar todo tipo de propuestas y cuestionamientos.

En el Perú, la legislación minera contempla un amplio espacio de participación de la sociedad a lo largo del proceso de aprobación de los proyectos mineros, específicamente, a lo largo del desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental. En ellos se consulta a la población, se hacen talleres y asambleas, y se recogen, naturalmente, una serie de inquietudes.

Pero los anti-mineros pretenden crear un espacio de definición adicional de la viabilidad de los proyectos a la medida de sus particulares estrategias de oposición, la Licencia Social. Estrategias bajo la cuales siempre dicen que no se oponen a la minería, pero…

La minería es el mejor medio para generar riqueza y para sacar al país de su condición de atraso. El potencial de generación de riqueza del sector tiene la capacidad para que enfrentemos las brechas sociales y económicas en educación, salud, infraestructuras y tecnología, que aún no podemos superar. Además, debe permitirnos enfrentar con éxito nuestra inserción en el espacio de la ‘cuarta revolución industrial’.

Renunciar a la renta minera es, por lo tanto, un crimen de lesa patria, y los enemigos de la minería son en esencia, enemigos del Perú.

Para probar que estos procesos van más allá de Tía María, veamos el movimiento contra Quellaveco, que supuestamente hizo todo bien. Además, la inspiración ideológica del pos-extractivismo se puede comprobar observando la oposición de las izquierdas a la ampliación del régimen agrario. Ellos, las izquierdas, no quieren minería y no quieren exportación de alimentos.

Más claro que el agua. No nos dejemos engañar, la minería, en cualquiera de sus proyectos, es el campo de batalla para mantener al país en la pobreza y llevar a los pos-extractivistas a la riqueza y al poder. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

A nadie se le oculta que el escenario político creado a partir del pedido de adelanto de elecciones puede ser explosivo. Lo mismo que el escenario regional del Sur (y también de otras regiones), a partir del desenlace que todavía le espera al proyecto Tía María, que ha contagiado a otros proyectos y al corredor minero.

Cada vez cobra más verosimilitud la tesis de Jorge Morelli en el sentido de que detrás del ataque a los proyectos mineros hay un proyecto geopolítico mayor en el que Bolivia (Cáceres Llica, Aduviri y en alguna medida Cuevas son aliados de Evo Morales) sería cabecera de playa de un grupo de países interesados en el control del cobre y el litio del sur peruano, minerales clave en la cuarta revolución industrial.

Como fuere, la clase dirigente peruana no puede quedarse cruzada de brazos ante estos peligros. El exasperado enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso, que ya tiene un componente de dudosa constitucionalidad con el proyecto de adelanto de elecciones, podría degenerar en situaciones que lleven a un cierre ilegal del Congreso o a una declaratoria de vacancia presidencial que sin duda sería traumática.

Por lo tanto, es obligación de los actores centrales del Ejecutivo y Legislativo sentarse a dialogar y acordar una agenda de leyes y reformas, única manera de abrir un espacio que permita pasar a un escenario constructivo que haga posible, a su vez, procesar y controlar las divergencias y consecuencias políticas mayores. Pero la obligación no es solo moral. Es legal. Así lo dispone el artículo 29 de la ley del reglamento del Congreso, que a la letra dice: 

“Al inicio del período anual de sesiones, los Grupos Parlamentarios y el Consejo de Ministros presentarán una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho período. El Pleno del Congreso votará la inclusión en la Agenda Legislativa de estos proyectos, incluyéndose en la misma sólo a los que obtengan mayoría simple…”.

Tarea además relativamente fácil dada la coincidencia casi asombrosa entre lo que propusiera el presidente del Congreso Pedro Olaechea, en su discurso del 27 de julio al asumir su función, y las propuestas contenidas en el Plan nacional de Competitividad publicado el 28 de julio, al día siguiente. Nos hemos dado el trabajo de comparar ambos planteamientos para facilitar la labor de los concertables:  

Las reformas laborales forman parte de este paquete. A esto hay que agregar, por supuesto, los proyectos de reforma política que han quedado pendientes. No hay, por lo tanto excusa. Si Ejecutivo y Legislativo no se sientan a trabajar una agenda común, es porque otros intereses, distintos y seguramente opuestos a los intereses nacionales, guían la conducta de los principales actores. Esperemos que eso no sea así. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Con la decisión de suspender la licencia de construcción de Tía María, el gobierno ha prácticamente anulado la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado en el corto plazo (1 a 3 años) y ha hecho muy difícil que pueda hacerse en los próximos 5 años. Las pérdidas económicas para la población, para la economía del país, para los ingresos del estado (impuestos, canon y regalía) y para la empresa son muy grandes y el costo social de esa paralización en términos de pobreza no debe ser subestimado.

El propósito de este escrito es la visibilizar algunas lecciones que puedan ser útiles en los tiempos que se vienen, pero antes de entrar en el tema central quisiera hacer explícita una idea: las empresas mineras no son organizaciones políticas, ellas son entes económicos. Sin embargo, sus actividades son objeto de disputas sociales, políticas y hasta ideológicas. Mientras las empresas no entiendan esos conflictos en su integralidad, tendrán muchas dificultades para concebir formas efectivas de evitarlos o, por lo menos, reducirlos.

Esta es una historia que se repite. El proyecto Tía María ya fue bloqueado antes en el 2009, 2011 y 2015. Además, éste no es el primer proyecto minero a ser bloqueado en Perú. Antes fueron bloqueados Tambo Grande el 2003, Quilish el 2004, Río Blanco el 2009, Santa Ana el 2011, Conga el 2012 y Cañariaco el 2013. Para citar algunos. Y ahora, Tía María ha sido bloqueado por cuarta vez.

Existe un paquete de metodologías de conflicto que se aplica en Perú y América Latina hace dos décadas por lo menos. Los grupos y ONG hostiles a la minería las tienen documentadas y sistematizadas en un sinnúmero de talleres, encuentros internacionales, libros, videos y artículos académicos. Es lamentable, pero las empresas mineras con sus enfoques de gestión social no logran asimilarlas ni menos neutralizarlas. Las empresas tienen parte de la responsabilidad en los desenlaces negativos, pero sería injusto responsabilizar exclusivamente a ellas, pues hay varios otros actores en ese juego que no cumplen con las responsabilidades que les corresponden. Sin embargo, las empresas mineras que estén interesadas en poner en marcha nuevos proyectos deberían evaluar sus teorías sobre la conflictividad social, y la experiencia Tía María debería servir de elemento de reflexión.

Como lo explicaba Sun Tzu 15 siglos atrás: el ejército victorioso gana la batalla antes de entrar en combate, mientras el ejército derrotado entra en combate con la esperanza de ganar la batalla. Es decir, una vez que se desencadenan los conflictos, las partes despliegan sus factores. En esos momentos se evidencia quienes han entendido bien la naturaleza del conflicto y han sabido prepararse para la nueva situación. Si las empresas no han construido las condiciones y los instrumentos necesarios para manejar las dinámicas del conflicto, lo que los analistas van a escribir después es una suerte de “crónica de una muerte anunciada”.

No es una cuestión de recursos económicos, pues las empresas mineras son solventes. Es una cuestión de entendimiento, de conceptos y de marcos interpretativos. Es una deficiencia de carácter cognitivo. Lamentablemente, las teorías que muchas empresas mineras utilizan en su gestión social no responden a la realidad social y política de los conflictos en países de desarrollo medio como el Perú. Lo que predomina en muchas empresas mineras son simplificaciones o enfoques parciales que no iluminan algunas de las dinámicas críticas para evitar que los conflictos se transformen en una tragedia económica y social.

Un primer principio, que no deberían subestimar, es que los gobernantes valoran mucho su popularidad. Ello significa que su decisión a defender el desarrollo minero no es infinita. Si creen que un conflicto está afectando su popularidad o está poniendo en riesgo alguno de sus intereses políticos, ellos optan por relegar o por abandonar el proyecto y proteger sus intereses. El presidente Humala lo hizo con Conga el 2012 y ahora la historia se repite con Tía María. Claro que hay grandes diferencias entre los gobernantes, en sus niveles de compromiso con el desarrollo minero de su país. Algunos están dispuestos a defender el desarrollo minero y fracasan porque no saben como hacerlo, pero hay gobernantes que solo se preocupan por los números de las últimas encuestas. Sería bueno que las empresas mineras, cuando diseñen sus estrategias, tengan claridad sobre esta realidad política y aprendan como manejarla.

Hasta donde hemos logrado conocer, creemos que Southern hizo un buen trabajo de esclarecimiento en la población de Islay, pero las organizaciones sociales y las representaciones políticas locales han quedado bajo la influencia de grupos y políticos hostiles a la minería. Ello es importante porque los conflictos mineros no son solo sociales, son también políticos e ideológicos. Southern tampoco ha puesto suficiente preparación en la formación de voceros nacionales y locales que pudieran ofrecer a la opinión pública una narrativa clara sobre el proyecto y el desarrollo local, permitiendo que las narrativas hostiles a la minería ganaran espacio en el pensamiento de las personas.

A partir del momento en que el gobierno emitió la autorización de construcción, en julio, se desencadenó un conflicto político, liderado por los alcaldes distritales y provinciales, el gobernador, los congresistas y los grupos anti-sistema, contando para ello con el soporte de las organizaciones sociales que ellos controlaban. Los voceros favorables al proyecto fueron acallados (local y nacionalmente) mediante la coacción o la presión moral, posibilitando que la población fuera bombardeada por mensajes orientados a promover el temor al proyecto y a justificar el conflicto.

El gobierno ha retrocedido utilizando la figura del Consejo de Minería, un órgano técnico, dependiente del Ministro de Energía y Minas, encargándolo de resolver un conflicto eminentemente político. Es poco creíble que la decisión de dicho Consejo no sea parte de las decisiones políticas que el gobierno ya tomó previamente, especialmente después de los audios en que el presidente de la República comunica a los líderes del conflicto que ya tiene la decisión de bloquear el proyecto y pide que ellos le ayuden a generar los argumentos para justificarla.

En esta fase final del conflicto ya es posible visualizar algunas de sus consecuencias.

1. El proyecto Tía María está prácticamente bloqueado por meses o tal vez por años.
2. La imagen de la minería ha sido dañada en la opinión pública, especialmente en el sur del país, confundiendo a la población acerca de su rol como motor del crecimiento económico y del progreso social.
3. Los grupos radicales y líderes populistas se han fortalecido y legitimado.
4. La confianza de los grandes inversionistas en del Perú como país minero se ha deteriorado, perdiendo prioridad frente a otros destinos de inversión.
5. La credibilidad del presidente de la república ha sido muy perjudicada por su involucramiento en negociaciones anormales en contra del proyecto, además de proyectar una imagen de incapacidad para resolver bien el conflicto social.

Es preocupante que el propio presidente de la República, atendiendo un pedido del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres y de los otros gobernadores de la Macro Región Sur haya puesto el tema de la Nueva Ley de Minería en la agenda nacional, y lo haya hecho en un período prelectoral, poniendo en riesgo el marco normativo de la minería y creando condiciones favorables para que los discursos populistas se propaguen e influencien el debate sobre las futuras políticas públicas hacia dicho sector. Los grupos anti-mineros, y los populistas en general, tienen motivos para celebrar y agradecer esta decisión del presidente de la República.

Aunque el conflicto no ha terminado, es posible sacar algunas conclusiones:

1. Los conflictos ligados a la minería involucran intereses y actores políticos, más allá de las comunidades cercanas a las operaciones. Ellos son: alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, ministros y hasta presidentes de la república. Todos esos actores son parte del conflicto y las empresas mineras tienen que saber que cada uno de ellos tiene sus intereses y puede influenciar para bien o para mal el futuro de sus proyectos y operaciones.
2. Una vez iniciado el conflicto los grupos contrarios a los proyectos despliegan una intensa campaña propagandística generando desconcierto y temor en la población local y silenciando a quienes no estén de acuerdo con ellos. Las empresas mineras tienen que tener estrategias y mecanismos para lograr que sus mensajes lleguen al público en esos momentos y así tranquilizar a la población, y sostenerlo a lo largo de un proceso de tensión social y política.
3. En vez de aclarar a la población sobre la confiabilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los roles de fiscalización que el Estado ejerce sobre la minería, algunos gobernantes se dedican a negociar sus intereses políticos y económicos en reuniones cerradas sin preocuparse por los costos que sus acuerdos tienen para la actividad minera, para la economía nacional, para el bienestar de la población y para los ingresos públicos (impuestos, canon, regalías, etc.). Cuando ello ocurre, como en el reciente caso de Tía María, la viabilidad de los proyectos mineros colapsa.
4. El gobierno tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía, y en especial a la población local, la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados y el rigor de la fiscalización que ejercitará sobre la actividad minera, para evitar que ocurran daños a la población, al ambiente y a la economía local y nacional. Esta garantía del Estado es indispensable para que la población se sienta tranquila y no sea presa de los discursos manipuladores de los grupos ideologizados. Si el gobierno no brinda esas garantías, estará induciendo a la población a razonar con el discurso de esos grupos. El gobierno tiene que luchar por la legitimidad de estas instituciones de control de la actividad minera ante los ojos de la población.
5. El gobierno también tiene la obligación de garantizar a todos los sectores de la población, y a los inversionistas, que hará valer el Estado de Derecho ante cualquier intento de uso de violencia y de intimidación por parte de quienes promueven los conflictos sociales. Los medios de comunicación deberían contribuir a un mayor equilibrio en el flujo de opiniones y evitar la parcialización y distorsión de la información que la población recibe.
6. Southern necesita entender que sus antecedentes no ayudan a que la población pueda confiar en sus compromisos. Si quiere recuperar la confianza que su antecesor desgastó a lo largo de décadas de descuido ambiental, ella tendrá que explicar a la población local y nacional cómo va evitar ahora que los anteriores problemas ambientales se repitan en el Valle de Tambo.
7. La población, de todos los sectores sociales, razona en base a sus creencias, y esas creencias cargan muchos mitos que carecen de cualquier sustento real. Por ejemplo: Una fracción importante de la población local, e incluso nacional, aún cree que Tía María va amenazar la disponibilidad de agua de los agricultores del Valle de Tambo, a pesar de que la mina va utilizar agua del mar, desalinizada. Sin entender los temores y razonamientos tácitos de la población en relación a la minería, es muy difícil que una empresa logre el clima de tranquilidad que un proyecto necesita para ser implementado.
8. Sin confianza no hay proyecto. La tranquilidad de la población local, su confianza en que el proyecto no va destruir sus recursos naturales y que la empresa va respetar sus compromisos, es crítica. La Empresa debe hacer todo lo que esté a su alcance para informar a la población y responder a sus temores y creencias. Ello requiere ir más allá de los requisitos legales de aprobación de los EIA, se necesita crear mecanismos de información y transparencia con la población y con los líderes de opinión local para que la población vea que la empresa realmente se preocupa con el ambiente y con los compromisos que asume ante la población. 
9. Si bien los gobernantes tienen que actuar como garantes, las empresas mineras no pueden confiar que ellos siempre van a defender las autorizaciones que emiten ni los proyectos que aprueban. Tía María es un ejemplo claro de cómo los gobernantes pueden dedicarse a la especulación política mientras un proyecto minero, legalmente aprobado, está siendo bloqueado. A estas alturas ya debería estar claro que el crecimiento económico no es una prioridad del actual gobierno. Así que la única garantía para que una empresa minera logre el ambiente necesario para implementar un proyecto es el buen manejo del entorno social, político y mediático.
10. Las empresas mineras necesitan saber que ellas no son suficientes para lograr la confianza de la población en el entorno de sus proyectos. A pesar de su gran escala financiera y su alta calidad tecnológica, las empresas mineras tienen vulnerabilidades. Ellas necesitan tener aliados (instituciones, profesionales, organizaciones, líderes, etc.), que sean confiables para la población, y que puedan dar fe de la seriedad de los compromisos de la empresa y de las instituciones públicas, y clarificar el beneficio social que la minería puede traer. Solo una coalición de actores sociales de escala regional, por lo menos, puede legitimar a la minería como factor de progreso sostenible. Las empresas mineras necesitan aprender a construir coaliciones sociales que apuestan su futuro con la minería.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha perdido la batalla de Tía María sin siquiera combatir. Se rindió sin argumentar. Jamás el presidente, ni el presidente del Consejo de Ministros, ni el Ministro de Energía y Minas, ni el viceministro de Gobernanza intentaron siquiera explicar la necesidad nacional y regional del proyecto ni asegurar que el gobierno garantizaba que efectivamente se iba a usar agua de mar y no del río y que se respetarían los estándares ambientales señalados en el Estudio de Impacto Ambiental. Nada.

Falta total de convicción que ha comprometido el futuro del Perú, porque el Estado se ha revelado impotente para asegurar las condiciones para la inversión minera, que es el recurso más potente que tiene nuestro país para alcanzar el desarrollo. Si se abría Tía María, se abrían por lo menos 10 proyectos más, hubiésemos recuperado velocidad de crecimiento y se hubiesen incrementado los ingresos del Estado para mejorar servicios, sueldos e infraestructura. Lo que ha ocurrido es un acto de traición al futuro del país y sorprende la falta de vergüenza de los ministros que debieron renunciar ante tamaña claudicación.

Su único discurso –y el del presidente- apuntaba más bien en el sentido contrario: asegurar que el proyecto no comenzaría a construirse mientras no hubiese consenso. Pero consenso con quién: ¿con Antauro?, ¿con los espartambos? ¿Con los anti-mineros y pos-extractivistas? ¿Con la FACA? ¿Con los destructores profesionales del futuro del país?

Se empezaba a ganar la batalla

Lo peor de todo es que la batalla, aunque iba a ser larga, se estaba empezando a ganar. En el Valle del Tambo, donde la empresa había hecho un buen trabajo en los últimos dos años y medio y donde la participación de la población en las movilizaciones fue desde el comienzo sustancialmente menor que en el 2011 y el 2015, el paro se estaba diluyendo, en parte también por falta de fondos. Y en Arequipa la protesta delincuencial de pequeñas organizaciones radicales, auto desprestigiada por sus propios actos violentos, ya había aflojado y la ciudad, salvo pequeños brotes, estaba recuperando su actividad normal. Además, luego de semanas de bloqueo del puerto de Matarani, que impidieron la exportación de 82,000 toneladas de cobre de varias minas del corredor minero, dicho puerto, aunque tardíamente, fue liberado por las fuerzas del orden.

Según una fuente vinculada al propio ministerio del Interior, la huelga que iniciada en Arequipa el lunes pasado tuvo su pico ese día, con serios desmanes que luego disminuyeron apreciablemente. Desde el martes se mantuvo un statu quo no agresivo que todavía afectaba algunas operaciones tanto de Arequipa como de Islay. El paro sin duda sufría un desgaste, sus voceros hablaban de tregua y la llegada de fiestas los presionaba. “Creo que, si aguantábamos un poco, la llegada de las fiestas los hubiera modulado. Por lo menos debimos llegar al domingo por la tarde, donde ellos debían tomar decisiones porque es el último fin de semana antes de fiestas. La presión debía forzarlos a tomar una decisión porque la ciudad se les venía encima a los activistas”.

El dirigente social Humberto Olaechea me decía el jueves pasado: “felizmente el paro, paró… Hoy salieron menos de 1,000 personas a marchar al Centro, núcleos duros. Los mercados y frentes distritales aflojaron. Sólo quedan inorgánicos bloqueos de carretera que ya es un tema policial…”.

No solo eso. Ya desde la semana anterior comenzaba a organizarse una reacción de algunos sectores de la población. “Arequipeños por Arequipa” efectuaba mítines nocturnos y emitía videos por televisión. Lo mismo hacía el alcalde Islay, llamando a cesar el paro.

Y aparecían memes como este:

Por eso, es inaudito que el presidente Vizcarra, en su reunión con las autoridades Arequipeñas el 24 de julio, cuando ni siquiera se había iniciado el paro en Arequipa, en lugar de intentar persuadirlos de la necesidad del proyecto para el futuro del país y de la propia Región y de buscar conjuntamente un camino para hacerlo viable, haya concertado con ellas la manera de cancelar o suspender el proyecto, tal como se evidencia en un audio publicado el sábado. En ese audio dice, en buena cuenta, que hay que preparar las razones para cancelar la licencia, “yo no soy el enemigo”, “nos ayuda que ustedes den el sustento”, “No puedo adelantarla públicamente”, “hay que buscar la forma…”. Su discurso en esa reunión no es de autoridad, sino de aquiescencia. En buena cuenta atendió los intereses particulares de los opositores a un proyecto de importancia nacional, antes que al interés nacional. Abdicó de su responsabilidad.

Hoy lunes Humberto Olaechea venía a Lima con un grupo de dirigentes de barrios populares para ver sus demandas sociales y de titulación en Vivienda y en el Congreso. Abortó. Y el problema es que la suspensión del proyecto fortalece a los grupos destructores del futuro porque volvieron a ganar una batalla y ahora se reagruparan para reanudar las acciones hasta ganar la guerra por la cancelación del proyecto.

Pato rengo y sin estrategia

Guerra que van a ganar porque el gobierno, sin convicción desde el comienzo, ha tirado la toalla como gobierno propiamente dicho, al plantear el adelanto de elecciones. Pato rengo, su autoridad es cada vez menor, peor aún con el enfrentamiento con el Congreso que ese planteamiento trae consigo.

Además, careció y carece de estrategia. Como ya se ha dicho, Tía María debió ser parte de un plan de desarrollo del valle del Tambo que incluyera, por supuesto, la represa de Palteture o la de Yanapuquio, conformando un fondo o fideicomiso financiado con un adelanto de parte del canon u otra fuente, en cuyo directorio estuvieran los alcaldes. Sabiendo la dificultad política, debió haber una persona o un equipo dedicado a tiempo completo a manejar una estrategia política de alianzas y acuerdos con grupos y autoridades, y a sacar adelante Palteture. Aquí se requiere, además, de un grupo o fuerza de tarea en el terreno capaz de dar la batalla diaria en todos los terrenos. No hay otra forma. Con indolencia no se sacará jamás adelante un proyecto como este.

El presidente anunció el 28 de julio la conformación de Agencias Regionales de Desarrollo en La Libertad, Piura, Ayacucho y San Martín, para articular al Estado en dichas regiones. ¿Cómo es posible que se haya escogido esas regiones y no las mineras como Arequipa, Apurímac, Cusco y Cajamarca, para empezar a crear condiciones para la inversión?

Pero, además, el presidente está enfrentado absurdamente al Congreso, al plantear el adelanto

36 policías heridos. ¿El Estado de derecho?

Tampoco hay imperio de la ley. En este conflicto, los policías han tenido 36 heridos, por ninguno de la población civil. Eso puede dar una idea de la agresividad criminal de los grupos organizados y del manejo extremadamente prudente de la Policía, que por lo menos ha servido para poner en evidencia la brutalidad radical. Pero esa evidencia no ha sido usada por el gobierno en la batalla política y ni siquiera hay, que se sepa, detenidos ni denunciados. Si la Policía tampoco percibe respaldo del presidente, no actúa. ¿Cómo es posible que los dirigentes de los espartambos y de otras organizaciones violentistas se paseen libremente?

Según el destacado penalista José Ugaz, el propio gobernador de Arequipa, que llamó traidor al presidente Vizcarra y lo amenazó con muertes de las que él sería culpable, podría ser denunciado por delito contra los medios de transporte (Matarani) y otros servicios públicos y por ataque y lesiones a miembros de las fuerzas policiales. ¿El procurador del ministerio del Interior lo ha hecho?

Ugaz opina que, si bien el gobernador podría ser acusado por delito contra la tranquilidad pública, incluso en su forma agravada, “siempre existe el margen para discutir la colisión entre el derecho a la protesta social versus la tranquilidad, lo que tradicionalmente ha hecho que muy pocas acciones penales prosperen cuando ocurren en el marco de reivindicaciones sociales. Pero –agrega Ugaz- al haber tomado carreteras y bloqueado el puerto de Matarani, es bastante más viable una acción penal por delito Contra los Medios de Comunicación y otros servicios públicos, previsto en el art. 280 del CP, incluso en su forma agravada, que eleva la pena hasta los 10 años. El tema de la protesta social en estos casos queda fuera de discusión porque prima la puesta en peligro (hecho cuasi objetivo), de los medios de comunicación (carreteras, medios de transporte y la seguridad portuaria)”

Ugaz agrega: “A eso se puede sumar el ataque y lesiones a miembros de las fuerzas policiales (fórmula agravada con una pena de hasta 12 años según el art. 121). En esos casos Cáceres Llica entraría en la figura del instigador que, para los efectos prácticos, es la misma que la de los autores materiales”.

El Estado de Derecho tiene que ejercer su autoridad. Pero no existe. Construir el Estado de Derecho y establecer el imperio de la ley son tareas pendientes en nuestro país. La reforma del sistema judicial bien encaminada debería ayudar. Pero tampoco avanzará mucho si el Estado central no ejerce soberanía en el territorio, que es otra tarea pendiente: la construcción misma del Estado centralizado como tal. El proceso de descentralización, sumado a la descomposición del sistema de partidos, ha feudalizado el país. Se requiere efectivamente de una reforma política pero que incluya una reforma de la descentralización.

La experiencia de Tía María es la expresión del Estado fallido peruano. Debería servirnos para retomar la agenda de los temas fundamentales, pero también para que el gobierno reaccione y aplique una estrategia que avance lo posible dentro de las limitaciones estructurales señaladas. No se puede entregar el futuro del país sin dar la batalla. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 19 de julio de 2019
Para Lampadia

Tildar de traidor al presidente Vizcarra por el permiso de construcción del proyecto minero Tía María, y – peor aún – darle un plazo de 72 horas para que lo anule, denota que el Gobernador Regional de Arequipa es un anarquista. El tipo no reconoce que existe un orden jerárquico en la estructura del Estado donde él no es – precisamente – la máxima autoridad. Perú… país unitario. “¿Qué es eso?” parece decir Cáceres Llica.

Desactivar el Sistema Digital de Gestión Hospitalaria de los hospitales de Ica – con lo cual se lograron eliminar colas y mejorar la atención a los pacientes – y que el Ministerio de Salud no haga nada al respecto, denota que el Gobierno Central no ejerce ninguna rectoría sobre los hospitales regionales. En otras palabras, el sistema de salud pública a nivel nacional está a merced de los Gobiernos Regionales. Eso se llama anarquía. No hay Estado. No hay rectoría. Cada región hace lo que quiere en materia de salud pública.

Reponer a funcionarios públicos destituidos por faltas graves – incluso con fallos ratificados por el Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – y que ninguna autoridad haga nada al respecto, denota que nadie ejerce ninguna rectoría sobre el orden y la disciplina laboral en los Gobiernos Regionales. La anarquía también está presente en el ámbito laboral estatal.

Saber y no hacer nada frente a fracaso municipal respecto a los servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas a nivel nacional, denota que las funciones y responsabilidades del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, y del Ministerio del Ambiente – entre otros – están por las puras. Y lo mismo se puede decir respecto a los servicios fallidos – a nivel nacional – en materia de recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos, y tráfico y circulación de vehículos motorizados.

¡Claro que la relación entre Gobiernos Locales y Gobierno Central es anárquica! Cada alcalde hace y deshace a su antojo.

Puede que suene radical, pero así es. El Estado peruano ha devenido en una anarquía total. Se ha perdido el principio de autoridad. Se ha perdido el civismo. Los frecuentes bloqueos de carreteras son – también – manifestaciones de la anarquía imperante en nuestro país. Y las invasiones de terrenos, igual. Incluso, muchas veces – yo diría, en la mayoría de los casos – son las propias autoridades regionales y municipales quienes fomentan tales actos vandálicos. ¿Cómo se llama eso? Anarquía.

Es una pena. El país se está malogrando. En realidad, desde hace tiempo se viene malogrando. A la anarquía imperante no llegamos de sopetón. Llegamos de a pocos. Como que nuestras autoridades – corruptas – perdieron autoridad moral. Y sus rabos de paja limitaron su accionar frente al desorden y la permisividad se abrió paso.

En efecto. Pareciera que hoy todo está permitido. Insultar al presidente. Maltratar a la ciudadanía. Incumplir las normas. Mentir. Coimear. Robar. Chantajear. ¡Una lástima!

Aparte de recuperar los valores del Incanato – no robes, no mientas, no seas holgazán – debemos recuperar el valor del civismo. El cual conlleva el valor del principio de autoridad.

El trabajo hay que hacerlo en las escuelas. Es decir, en los niños y jóvenes de nuestro país. Ahí está el civismo en ciernes. Ahí está la cura para corregir la anarquía que nos agobia. Lampadia

Presentación

“Análisis Estratégico del Conflicto Tía María” es un libro oportuno. Sirve para entender a los conflictos sociales que se desarrollaron en el Valle de Tambo desde el 2009 hasta hoy, y presenta un marco de interpretación del origen de los conflictos, y del accionar de los actores involucrados la conflictividad, de cómo actúan, sus objetivos y la interacción entre los mismos.

Para analizar Tía María, los autores parten marco analítico derivado de un estudio previo de varios conflictos mineros ocurridos en América Latina en las dos últimas décadas: Pascua Lama, Río Blanco, Esquel, Colombia, Costa Rica, etc. El propósito de ese estudio ha sido entender la lógica que guía los promotores de los conflictos e identificar qué determina los desenlaces de ellos, es decir, cómo hacen los grupos anti-mineros para bloquear los proyectos extractivos.

La oposición que se desarrolla a los proyectos mineros es vista como parte de conflictos políticos prolongados en el cual los opositores a la minería buscan erosionar la reputación de quienes pueden afectar dicha actividad. Sea el ejecutivo, el congreso, el poder judicial o la empresa minera. Es una lucha por producir daño reputacional, por erosionar la confianza de la sociedad en dicha actividad, o en un proyecto especifico y desprestigiar a todos aquellos que defiendan a la actividad minera.

Los autores explican como los temores hacia la minería son exacerbados para inducir a la población a creer que están frente a una amenaza a gran escala y que es un imperativo vital movilizarse para defender su forma de vida tradicional y salud de su entorno. Una vez generados los conflictos, éstos son utilizados para forzar a los poderes del estado y la empresa a enfrentar el dilema de apoyar el proyecto o abandonarlo.

En el caso de Tía María, los promotores del conflicto buscan generar costos políticos al actual gobierno para que éste, por la necesidad de proteger su popularidad, termine renunciando a brindar el marco institucional necesario para darle viabilidad al proyecto.

El texto ofrece a sus lectores un estudio realista de la problemática social y política de la minería moderna, y de los desafíos que deben enfrentar para hacer que dicha actividad pueda dinamizar de la economía peruana y abrir las puertas del progreso a la población. Lampadia