Jaime de Althaus
Para Lampadia

La indignación pública frente a la excarcelación de Osmán Morote, y las expresiones incluso del presidente de la República y el presidente Consejo de ministros en el sentido de que debe permanecer en la cárcel, revelan en el fondo que la población no reconoce otra pena que la cadena perpetua como válida para Osmán Morote. Es la pena que implícitamente reclama para él.

Resulta que Osmán Morote ya había sido condenado a cadena perpetua, por un tribunal militar, en 1992. Pero luego de que el Tribunal Constitucional anulara, en enero del 2003, los juicios a los condenados por terrorismo en el  fuero militar,  Morote fue juzgado nuevamente en el fuero civil y sentenciado solo a 25 años, la misma pena que se le dio a Alberto Fujimori (ver http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html).

No tiene sentido ahora reclamar que vuelva a prisión. Es la consecuencia de no haber protestado en su momento cuando se optó por el exceso jurídico –si cabe la expresión- de volver a juzgar a quienes ya habían sido procesados.

El Tribunal Militar resolvió que los sentenciados en el tribunal militar vuelvan a ser juzgados en el fuero civil, luego de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5 mil firmas. Se dijo en ese momento que detrás de esa recolección de firmas estuvieron familiares de terroristas de Sendero Luminoso, pues si bien las ONG de derechos humanos, particularmente APRODEH y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estuvieron en contra de los tribunales militares y los jueces sin rostro, es difícil pensar que hayan podido recabar 5 mil firmas, considerando que en ese momento el terror de Sendero era algo relativamente reciente.

De hecho, uno de los argumentos de la demanda, según lo resume la sentencia, es “el derecho de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, lo que no podía ocurrir por cuanto los miembros de las Fuerzas Armadas estaban encargados de reprimir y combatir directamente a una de las partes del conflicto armado interno, siendo los militares la otra parte”. Esto de presentar la insurrección terrorista contra el Estado y la sociedad como un conflicto armado entre dos partes ontológicamente iguales -las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso-, es una construcción que viene de las canteras terroristas.   

La sentencia cuestiona efectivamente que tribunales militares puedan juzgar a civiles. Esto pese a que el Artículo 173° de la Constitución establece que:

“En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina…”.

El primer argumento de la sentencia al respecto es que el delito de traición a la patria, tal como es tipificado por los decretos ley cuestionados, no es sino el delito de terrorismo agravado, y que no puede haber dos tipos penales para la misma conducta. Es decir, un argumento formal. Pero, por supuesto, se basa en una sentencia de la Corte Interamericana:

“Ese ha sido también el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido: “(…) las conductas típicas descritas en los Decretos Leyes N^o 25475 y 25659 –terrorismo y traición a la patria– (…) podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito como de otro, según los criterios del Ministerio Público y de los jueces respectivos. (…) La imprecisión en el deslinde entre ambos tipos penales afecta la situación jurídica de los inculpados en diversos aspectos: la sanción aplicable, el tribunal de conocimiento y el proceso correspondiente” (Caso Castillo Petruzzi, párrafo 119).”

Pero el cuestionamiento más directo al artº 173 de la Constitución es el siguiente, tomado naturalmente también de la célebre Corte:

“…la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de reiterados pronunciamientos, ha señalado que no es posible que los tribunales militares sean competentes para juzgar a civiles, pues ello lesiona el derecho al juez natural reconocido en el artículo 8°, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, en la sentencia del 30 de mayo de 1999, la Corte indicó que “el traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar (…) supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de ese carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso” (Caso Castillo Petruzzi. Párrafo 128). 

Así, el dicho de una sentencia de la Corte IDH puede más que la Constitución del Perú.

Por último, en cuanto a este punto, el Tribunal argumentó que la Corte ha cuestionado la independencia de los tribunales militares en el procesamiento de civiles. Y cuestiona carencias de debido proceso en dichos juicios. En última instancia, que no protegen los derechos humanos de los procesados.

El Tribunal Constitucional no tomó en cuenta que el establecimiento de los tribunales militares y los jueces sin rostro para juzgar a personas acusadas de terrorismo significó, en su momento, en mayo de 1992, un avance importante precisamente en el terreno de los derechos humanos. Porque hasta ese instante la norma era que los terroristas capturados eran ejecutados extrajudicialmente luego de ser torturados, porque los jueces civiles por lo general liberaban, por miedo, a los terroristas, y luego estos se vengaban asesinando a sus captores. El establecimiento de los tribunales militares y los jueces sin rostro para juzgar a acusados de terrorismo permitió reducir drásticamente las ejecuciones extrajudiciales.

Los errores que cometieron estos tribunales al condenar a inocentes, fueron reparados, a partir de 1996, por la Comisión Lanssiers, integrada por el Padre Hubert Lanssiers, un sacerdote sabio dedicado a visitar a los presos en cárceles, el Defensor del Pueblo, Jorge Santisteban de Noriega  y el periodista Dennis Vargas Marín. Ellos revisaron todas las solicitudes que les llegaron y obtuvieron el indulto para todos aquellos que ellos encontraron que habían sido condenados sin prueba suficiente. Por lo tanto, ordenar que se vuelva a procesar a los condenados en el fuero civil expresaba un prurito de juridicidad que probablemente no se hubiese aplicado ni en Europa, y que sin duda acarrearía problemas como los que estamos comentando.  

La sentencia del Tribunal Constitucional en cuestión llega al extremo de considerar inconstitucional la propia pena de cadena perpetua, aunque no llega a anularla para los casos específicos en los que se dictó, sino que dejó el tema a una revisión de los jueces.   

Sostiene, en efecto, que, en primer lugar, ella “es contraria al principio de libertad… Por ello, tratándose de la limitación de la libertad individual como consecuencia de la imposición de una sentencia condenatoria, el Tribunal Constitucional considera que ésta no puede ser intemporal, sino que debe contener límites temporales”.

En segundo, lugar, que atenta contra el carácter rehabilitador de la pena.

“El carácter rehabilitador de la pena tiene la función de formar al interno en el uso responsable de su libertad… nunca le puede ser negada la esperanza de poderse insertar en la vida comunitaria… El internamiento en un centro carcelario de por vida, sin que la pena tenga un límite temporal, aniquila tal posibilidad”.         

Agrega aún más:

“También anula al penado como ser humano, pues lo condena, hasta su muerte, a transcurrir su vida internado en un establecimiento penal, sin posibilidad de poder alcanzar su proyecto de vida trazado con respeto a los derechos y valores ajenos”.

Por supuesto, al Tribunal no se le ocurre tomar en consideración el hecho de que los terroristas de Sendero Luminoso nunca se arrepintieron de sus crímenes y asesinatos, ni han renegado del Pensamiento Gonzalo, que es la fuente inspiradora de esos crímenes, de modo que carecen de voluntad de reinsertarse en la vida social de manera armoniosa. Además, aquí no estamos ante asesinos que puedan haber tomado vidas ajenas por razones pasionales o para robar o extorsionar o lo que fuere, sino ante personas que cometieron verdadero genocidio declarándole la guerra al Estado y a la sociedad en su conjunto. Fueron una amenaza no para dos o tres personas, sino para la sociedad entera, para la supervivencia misma del Estado y la nación. La diferencia, pues, es cualitativa y obvia, pero, naturalmente, ni siquiera se consideró en el discurso de la sentencia. 

El Tribunal, sin embargo, no se atrevió a dar el paso consecuente: anular las cadenas perpetuas. Sentenció, en el acápite 194, lo siguiente:

“En definitiva, el establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo es inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otras que tengan por objeto evitar que se trate de una pena intemporal, por lo que si en un plazo razonable el legislador no dictase una ley en los términos exhortados, por la sola eficacia de esta sentencia, al cabo de 30 años de iniciada la ejecución de la condena, los jueces estarán en la obligación de revisar las sentencias condenatorias”.

Eso significa que el año 2022, por ejemplo, se revisará la condena a cadena perpetua de Abimael Guzmán. Insólito. Lampadia

Desde el final de la Guerra Fría, hemos podido retroceder el reloj que indicaba el riesgo de una guerra nuclear. Luego de las continuas y desquiciadas acciones de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, para sorpresa e incredulidad de toda la humanidad, este riesgo se presenta en nuestras caras, como dice The Economist, “solo un tonto dejaría de alarmarse”.

En nuestro afán de permitir que nuestros lectores tengan una buena representación de nuestra realidad, incluyendo los desarrollos y eventos externos al país, creemos necesario compartir las alarmantes noticias alrededor de la crisis de Corea del Norte, que ha reabierto el riesgo de una confrontación nuclear.

El siguiente artículo de The Economist, plantea al respecto una perspectiva importante:

Podría ocurrir
Cómo evitar una guerra nuclear con Corea del Norte

No hay buenas opciones para frenar Kim Jong-un. Pero terminar en una guerra sería lo peor

The Economist
5 de agosto de 2017
Traducido y glosado por Lampadia

Es absurdo que Corea del Norte cause tantos problemas. No es exactamente una superpotencia. Su economía es sólo una cincuentava parte de su primo capitalista democrático, Corea del Sur. Los estadounidenses gastan en sus mascotas el doble de su PBI total. Sin embargo, la dictadura regresiva de Kim Jong-un, con su descaro nuclear, ha atraído la atención de todo el mundo, inclusive el del presidente de Estados Unidos. El 28 de julio probó un misil balístico intercontinental que podría llegar a Los Ángeles. En poco tiempo, será capaz de montar ojivas nucleares en tales misiles, como ya puede hacerlo en misiles dirigidos a Corea del Sur y Japón. Quien está a cargo de este aterrador arsenal es un hombre que fue educado como un semidiós y no se preocupa por la vida humana. En su gigantesco gulag, ha sido testigo de la muerte de inocentes golpeados con martillos. La semana pasada, su Ministerio de Asuntos Exteriores prometió que, si se amenaza la “dignidad suprema” del régimen, “aniquilará preventivamente” a los países que la amenazan con todos los medios “incluidos los nucleares”. Sólo un tonto dejaría de alarmarse.

Lo que podría suceder si hubiera otra guerra de Corea

Sin embargo, el peligro más grave no es que un lado de repente intente devastar al otro. Es que ambos lados calculen mal y que un espiral de acciones lleve a una catástrofe que nadie quiere. [Cualquier error de cálculo, o incluso una falla de los mecanismos de información; como las que se dieron durante la Guerra Fría, que pudieron ser superadas; podría llevar a EEUU y Corea del Norte a una guerra nuclear]. The Economist enumera algunas de las posibles consecuencias. Estas incluyen:

• Para Corea del Norte, la destrucción de su régimen y la muerte de cientos de miles de personas.
• Para Corea del Sur, la destrucción de Seúl, una ciudad de 10 millones de habitantes y que se encuentra al alcance de 1,000 piezas de artillería convencionales de Corea del Norte.
• Para Estados Unidos, la posibilidad de un ataque nuclear a una de sus guarniciones en Asia Oriental o incluso en una ciudad americana.
• Y no olvidemos el peligro de un enfrentamiento armado entre EEUU y China, el vecino de Corea del Norte y aliado a regañadientes.
• Los efectos económicos de otra guerra de Corea también serían horribles.

Donald Trump ha prometido que impedirá que Corea del Norte perfeccione una ojiva nuclear que pueda amenazar al continente americano, twitteando que “¡No va a suceder!”. Algunos expertos sugieren derribar futuros misiles de prueba en las plataformas de lanzamiento o, más improbablemente, en el aire. Otros sugieren usar la fuerza para derrocar el régimen o hacer ataques preventivos para destruir el arsenal nuclear de Kim antes de que tenga la oportunidad de usarlo.

Sin embargo, es precisamente esta clase de acción militar la que arriesga una escalada ruinosa. Las bombas y los lanzadores de misiles de Kim están esparcidos y bien escondidos. Las fuerzas armadas de Estados Unidos, a pesar de todo, no pueden neutralizar de manera fiable la amenaza nuclear norcoreana antes de que Kim tenga la oportunidad de tomar represalias. La tarea sería difícil incluso si el Pentágono tuviera buena inteligencia sobre Corea del Norte; no la tiene. La única justificación para un ataque preventivo sería prevenir un ataque nuclear inminente contra EEUU o contra uno de sus aliados.

¿Se puede forzar o sobornar a Kim para que renuncie a sus ambiciones nucleares? Vale la pena intentarlo, pero hay pocas posibilidades que suceda. En 1994, el presidente Bill Clinton consiguió un acuerdo con el que Kim Jong Il (el padre del actual déspota) acordó dejar de producir la materia prima para bombas nucleares a cambio de una enorme inyección de ayuda económica. Kim tomó el dinero y la ayuda técnica, pero inmediatamente comenzó a hacer trampa. En 2005 también fracasó otro acuerdo por la misma razón. El Kim más joven, como su padre, ve las armas nucleares como la única manera de garantizar la supervivencia de su régimen. Es difícil imaginar las circunstancias que puedan llevarlo a renunciar, voluntariamente, a lo que él llama su “preciosa espada de la justicia”.

Si la acción militar es imprudente y la diplomacia es insuficiente, la única opción que queda es disuadir y contener a Kim. Trump debe dejar claro (en un discurso con guion, no con un tweet o por medio de su Secretario de Estado), que Estados Unidos no está a punto de iniciar una guerra, ni nuclear ni convencional. Sin embargo, debe reafirmar que un ataque nuclear de Corea del Norte a Estados Unidos o a uno de sus aliados, será igualado inmediatamente. Kim se preocupa por él mismo. Goza de una vida como si fuera una deidad disoluta, viviendo en un palacio y con el poder de matar o acostar a cualquiera de sus súbditos. Si fuera a desatar un ataque nuclear, perdería sus lujos y su vida. Y a sus compinches también. Eso significa que puede ser disuadido.

Para contener a Kim, Estados Unidos y sus aliados deben aplicar una presión que no pueda ser mal interpretada como una declaración de guerra. Deben incrementar las sanciones económicas, no sólo contra el régimen norcoreano sino también contra las empresas chinas con las que comercian o manejan su dinero. Estados Unidos debería extender formalmente su garantía nuclear a Corea del Sur y Japón e impulsar defensas de misiles que protejan a ambos países. Esto ayudaría a garantizar que ellos no construyan armas nucleares. EEUU debe convencer a los surcoreanos que sufrirán mucho si estalla la guerra y que no actuará sin consultarles. China está harta del régimen de Kim, pero teme que, si este se derrumba, esto significaría una Corea reunificada con tropas estadounidenses en la frontera de China. La administración de Trump debe garantizar que esto no suceda y tratar de persuadir a China de que, a largo plazo, es mejor tener un vecino unido y próspero que un país pobre, violento e impredecible.

Todos mantengan la calma

Todas las opciones para tratar con Corea del Norte son malas. Aunque EEUU no debe reconocerla como una potencia nuclear legítima, debe basar su política en la realidad de que ya es ilegítima. Kim puede apostar que sus armas nucleares le dan la libertad de comportarse de manera más provocativa, tal vez patrocinando el terrorismo en el Sur. También puede vender armas a otros regímenes crueles o a grupos terroristas. El mundo debe hacer lo posible para frustrar tales complots, aunque se tengan dudas sobre la posibilidad de tener éxito.

Vale la pena recordar que EEUU ya ha estado en esta situación antes. Cuando Stalin y Mao construyeron sus primeras bombas atómicas, algunos en Occidente instaron a detenerlos con ataques preventivos. Afortunadamente, prevalecieron las cabezas más frías. Desde entonces, la lógica de la disuasión ha asegurado que estas armas terribles no se hayan usado nunca. Algún día, quizás por un golpe de estado o por un levantamiento popular, los norcoreanos se libren de su repulsivo líder y la península se reúna como una democracia, tal como logró Alemania. Hasta entonces, el mundo debe mantener la calma y contener al Kim. Lampadia

En la historia reciente hay tres icónicos rescates de rehenes, uno fallido y dos exitosos. El rescate fallido fue el de los atletas israelitas durante los Juegos Olímpicos de Múnich, conocido como la Masacre de Múnich u Operación Ikrit y Biraam en Alemania en 1972, en el que lamentablemente, fallecieron todos los rehenes (asesinados) y un oficial de la policía de Alemania Occidental, además de cinco de los ocho miembros de Septiembre Negro por acción de la policía durante el intento de rescate. Posteriormente, se dio el exitoso rescate de los 248 pasajeros del avión de Air France, en la Operación Entebbe, en Kampala, Uganda. La misión de rescate se llevó a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, luego de que los secuestradores,  del Frente Popular para la Liberación de Palestina retuvieran a los pasajeros judíos en el Aeropuerto de Entebbe en 1976. 

En el Perú, en abril de 1997, se dio la operación de rescate más exitosa de la historia con la Operación Chavín de Huántar. Como recordamos todos los peruanos, el 17 de diciembre de 1996, catorce terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), tomaron la residencia del embajador japonés y capturaron como rehenes a más de quinientas personalidades (diplomáticos, ministros, altos funcionarios, jueces, empresarios, políticos y otros) que asistían a un coctel por el 63 aniversario del nacimiento del Emperador Akihito de Japón. 

Los terroristas fueron liberando rehenes que no tenían “peso político”, a petición del Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre ellos liberaron a la madre del Presidente de la República, Alberto Fujimori. Los terroristas pedían la liberación de 400 miembros del MRTA que cumplian penas por delitos de terrorismo. Posteriormente, también liberaron a Javier Diez Canseco (connotado dirigente de izquierda) y a Alejandro Toledo (posteriormente presidente del Perú), que al salir ofreció interceder por un arreglo con el gobierno y volver a la Embajada a acompañar a los rehenes no liberados, cosa que no hizo.

Durante meses, se construyó una réplica exacta de la embajada japonesa para el planeamiento de la operación y con la participación de mineros traídos de distintas partes del país, expertos en la construcción de túneles, excavaron cuidadosamente una serie de galerías subterráneas que llegaban a la residencia del embajador. Mientras tanto, se lograron introducir en la embajada, una serie de micrófonos que permitieron obtener información de los movimientos y rutinas de los emerretistas.

Casi cuatro meses después, luego de varios fracasos en las negociaciones, el Gobierno tomó la decisión de rescatar a los rehenes que permanecían en la Embajada con la operación del llamado Comando Chavín de Huántar. Todos los rehenes fueron rescatados con vida, entre ellos el Canciller Tudela y el Embajador del Japón, excepto el magistrado Magistrado Carlos Giusti, que falleció como resultado de la acción. También murieron dos comandos,  el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez. Todos los terroristas fueron abatidos.

Buena parte de las negociaciones durante el cautiverio fueron encabezadas por el Cardenal Juan Luis Cipriani, que cumplió encomiables acciones humanitarias, espirituales y de apaciguamiento, que fueron muy importantes para la vida y tranquilidad de los rehenes.

La operación fue un éxito rotundo y una proeza militar que es orgullo nacional. Este rescate ha sido sin lugar a dudas una operación extraordinaria, sobre todo teniendo en cuenta sus dificultades, ya que la Embajada de Japón se encontraba en medio de la ciudad y que algunos medios, como el diario La República, hacían de conocimiento público la información de los preparativos del rescate por parte del gobierno peruano.

Sin embargo, desde entonces los comandos peruanos han vivido un verdadero vía crucis. Han sido injustamente acusados de la supuesta ejecución extrajudicial de un terrorista autodenominado ‘Tito’ y han sido denunciados, una y otra vez, en tribunales nacionales e internacionales.

Semanas a atrás, 18 años después del rescate, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo por el caso Chavín de Huántar que determina que el Estado peruano deberá continuar las investigaciones que se realizan en tribunales nacionales por la acusación de la supuesta ejecución extrajudicial indicada, sobre la base de la denuncia de un oficial de la Embajada japonesa, de militancia izquierdista, que habría mantenido relaciones cercanas con los terroristas durante el encierro.

Como bien ha señalado el ex presidente de la Sala Penal Antiterrorista Marcos Ibazeta Marino en el diario Expreso: “La Corte se ha pronunciado en el sentido de que hubo ejecución extrajudicial respecto a “Tito” y señala a los involucrados en hechos, en la línea de mando y ejecución, por lo que aquí el acatamiento implica ubicar a los responsables de una desaparición forzada y una ejecución extrajudicial que la Corte dice que existió. Han logrado su propósito político de manchar la operación de rescate más exitosa del mundo”.

En ese sentido como sugiere Ibazeta, la CIDH “ha seguido en la línea de las ONG que denunciaron al Estado peruano años atrás, que querían dejar mal parada la exitosa operación y, de paso, a nuestros militares”.

De esta forma, los valerosos comandos que ofrendaron sus vidas para liberar, no solo a los rehenes de la residencia del Embajador de Japón, sino a todo el Perú de la insania terrorista, siguen siendo denigrados y maltratados.

El Perú debe resistirse a la aplicación de esta sentencia de la CIDH. Ya es hora de parar  esta persecución y de darle a los Comandos Chavín de Huándar el sitial que les corresponde en la historia del Perú como Héroes de la Patria. Héroes que debemos honrar en vida, como pocas veces hemos tenido oportunidad de hacer. Lampadia

Desde mediados de los 80 era evidente que el grupo genocida y terrorista Sendero Luminoso (SL) estaba vinculado al narcotráfico. Abundantes informes de inteligencia, así como valientes denuncias periodísticas daban cuenta de que buena parte de las actividades criminales de SL eran financiadas por el cobro de cupos y relaciones directas con los capos del narcotráfico. 

Cuando en setiembre de 1992, la policía detuvo a Abimael Guzmán y esta organización se empezó a desarticular como un castillo de naipes, los únicos lugares en que los terroristas mantuvieron su accionar hasta llegar a hacerse endémicos fue en dos valles cocaleros: el Huallaga y el conocido como VRAE (valle del río Apurímac y Ene).

¿Porqué pudo SL sobrevivir al asecho de las Fuerzas de Seguridad Nacionales en esos lugares? Porque se convirtieron en cárteles de la droga. Cada vez más alejados de disculpas ideológicas y de sus criminales aspiraciones de convertir al Perú en una dictadura maoísta, sus líderes Florindo Eleuterio Flores Hala, más conocido como camarada ‘Artemio’ en el Huallaga y, el clan de los Quispe Palomino (integrado por Víctor, alias camarada ‘José’ y por Jorge Quispe Palomino) en el VRAE, se erigieron como los capos de unos bien montados carteles de narcotraficantes que controlaban el sembrado, la elaboración de pasta básica, el trasiego de cocaína y su venta en estos valles.

Por ello, sus ataques, emboscadas y asesinatos selectivos estaban dirigidos a evitar la presencia policial en la zona e impedir que la producción de droga fuera amenazada.

Desde que Artemio fuera capturado hace tres años y recluido en la Base Naval del Callao, el narcotráfico se ha reducido considerablemente en el Huallaga y este valle ha recuperado su producción y crecimiento (Ver en Lampadia: Cae producción de coca en el Huallaga).

También ha contribuido para esta mejora, que se capture a todos los dirigentes cocaleros de la zona, entre ellos a Iburcio Morales, alcalde y líder del valle del Monzón, los cuáles recibían órdenes de Artemio como se comprobó fehacientemente con audios y videos. Entre estos dirigentes cocaleros se encontraba las ex parlamentarias nacionalistas Nancy Obregón y Elsa Malpartida, hoy presas.

En el VRAE, en cambio, los Quispe Palomino han conseguido mantener sus operaciones, aunque varios golpes de las fuerzas del orden han limitado su capacidad de acción. Aún así, este es uno de las zonas que más cocaína produce en el mundo.

Es por ello que Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a comienzos de junio calificó a Sendero Luminoso como una “organización criminal narcoterrorista” y lo incluyó en la Kingpin Act (considerada la lista negra de narcotraficantes internacionales), a la que agregó a sus tres líderes: Víctor Quispe Palomino, a su hermano Jorge Quispe Palomino y a ‘Artemio’.

El documento señala: “Desde que fue creado, hace tres décadas, Sendero Luminoso evolucionó de un grupo militante terrorista a una organización criminal narcoterrorista responsable por traficar cocaína a toda Sudamérica”.

Esperamos que esta medida tomada por Estados Unidos sea imitada por los países europeos. El Perú no olvida que muchas de estas naciones no solo fueron complacientes con Sendero, sino que incuso los apoyaron con asilos, permitiéndoles levantar fondos y dándoles libertades para promocionar su causa genocida financiada con el narcotráfico.

Casi en simultáneo a su inclusión en el Kingpin Act, los tres dirigentes terroristas han sido denunciados en una corte de Nueva York por dirigir operaciones de narcotráfico para financiarse.

Los denunciados serán procesados en ausencia bajo cargos de terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas, que les podría acarrear una sentencia de cadena perpetua. Los tres serían pasibles de ser extraditados a los Estados Unidos.

Según el fiscal estadounidense Preet Bharara y de Michele Leonhart, funcionario de la Administración de Control de Narcóticos de Estados Unidos: “Estos acusados son líderes de una organización paramilitar homicida, y ellos mismos ordenaron emboscadas que causaron la muerte de casi dos decenas de soldados y policías peruanos (…). El producto del tráfico de cocaína peruana que ellos han acumulado y protegido a veces termina siendo vendido en Estados Unidos”. Esa es la razón por la que se está pidiendo que sean juzgados en una corte norteamericana.

Después de décadas de asesinatos y ataques a la sociedad peruana, se termina reconociendo que esta banda criminal no solo es sanguinaria sino también un simple cartel de la droga. En eso acaban estos intentonas socialistas y subversivas: buscando el beneficio propio de sus líderes y convirtiéndose en delincuentes comunes. Así pasó con las FARC y ese también parece el camino (o sendero) del chavismo que ya tiene a varios de sus dirigentes denunciados por narcotráfico en juzgados estadounidenses.

El daño ocasionado al país, su terca negativa a reconocer estos crímenes y abandonar su culto por la violencia así como sus vinculaciones con el narcotráfico debe llevar a las organizaciones democráticas y las instituciones gubernamentales a estar atentas a sus acciones. Sendero Luminoso y, en especial, todos sus organismos de fachada como el Movadef y otros (Hijas del Pueblo, Jóvenes del Pueblo, Filas Proletarias), deben ser excluidos de cualquier participación en la vida política de la nación. Ellos son enemigos de una sociedad libre, no creen en la democracia y aspiran a convertir al Perú en un narcoestado. En la democracia y sociedad peruana no pueden ni deben participar. Lampadia

Cuenta Ricardo Palma en una de sus Tradiciones que en 1835, durante la sublevación de Felipe Santiago Salaverry contra el presidente José Luis Orbegoso, la capital se hallaba tan desguarnecida que una de las muchas bandas de bandoleros que asolaban los caminos del país, tomó la ciudad de Lima. “El famoso negro León Escobar, capitán de una cuadrilla de treinta bandidos… se posesionó de Palacio, sentándose en el sillón presidencial”, relata Palma. Alarmados, los miembros del consejo municipal, rogaron a Escobar que no hiciera desmanes. El bandolero accedió a esta petición a cambio de que se le pagara 2,500 pesos. De acuerdo a la Tradición, después de recibir el dinero, se retiró pacíficamente. Así, un bandolero fungió de presidente del Perú por un día.

Hoy esa anécdota de nuestra historia podría repetirse, pero de forma más permanente. Mafias de sicarios, extorsionadores, de construcción civil y hasta de proveedores del Estado (que tendrían entre sus integrantes a policías, fiscales y jueces), se suman ahora a las de  narcotraficantes apoyados por terroristas, taladores ilegales, mineros ilegales y de contrabandistas. Ya no solo se contentan en el control de parte del territorio nacional donde evitan la presencia del Estado y del sector privado, ahora  postulan abiertamente para tomar control del propio Estado, desde municipios, gobiernos regionales, y no nos quepa la menor duda, pronto será igual con el Congreso.

 ¿Qué lleva a estos personajes a tratar de hacerse de un cargo público? Primero que nada, la lenidad del Estado y anomia de la clase dirigente, que no ha sabido parar estos procesos a tiempo. Segundo, obviamente, no la vocación de servicio, sino todo lo contrario, el beneficio personal, medrar del erario nacional y obtener ventajas para realizar sus actividades ilícitas. Esta situación es realmente gravísima y quizá la amenaza más seria que enfrenta la democracia peruana y la sociedad en su conjunto. No se puede permitir que personas de mal vivir y mucho menos delincuentes postulen y menos aún que ocupen cargos en el Estado. Semejante escenario en que este tipo de postulantes no son la excepción, si no ya una importante proporción de los postulantes, es una  prueba del fracaso del sistema político, tanto por su diseño institucional, como por la desaparición de los partidos políticos nacionales.

Las listas que han entregado el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio del Interior en la que se detallan los tenebrosos antecedentes de un buen porcentaje de candidatos municipales y regionales solo convalidan el deterioro de la representación política nacional.

Desde el gran fracaso de los partidos políticos, luego de la dictadura militar, que regresaron al poder sin propuestas, sin conocimiento del mundo, y sin capacidad de tomar decisiones, la política nacional ha ido alejando de sus cuadros a los ciudadanos más probos y capaces. En la última década la calidad, de nuestros políticos ha descendido a niveles impensados. Se han creado sistemas de control (Contraloría y otros), para perseguir a los buenos, pues los malos están fuera de su alcance. Los antiguos líderes y dirigentes bien formados y de sólida moral han desaparecido. Hoy el sistema facilita que personajillos lumpen ocupen cargos públicos. Basta citar el caso del congresista, Víctor Grandez (acusado de tener un hotel en el que se prostituyen niñas) o el de los presidentes regionales de Áncash y Tumbes, César Álvarez y Gerardo Viñas, respectivamente. Ambos acusados de encabezar organizaciones delictivas dedicadas no solo a apropiarse de recursos públicos mediante actos de corrupción, sino de comandar a sicarios que amedrentaban, golpeaban y hasta asesinaban a opositores. No olvidemos que dos dirigentes cocaleras llegaron a ser parlamentarias, a las que luego se probó vínculos con el narcotráfico y Sendero Luminoso.

Que se asesine parar controlar un gobierno local es un escenario de horror digno de una película  gánster. Primero convivimos con los asesinatos de autoridades por parte del terrorismo, ahora se producen por las mafias de todo pelaje. Pero lo más terrible de esta situación es que ni la ciudadanía, ni nuestra clase política, se hayan indignado lo suficiente como para tomar los correctivos necesarios. Se soltó a los delincuentes del Movadef, que nos amenazan con un baño de sangre masivo (el significado del pensamiento Gonzalo), y los medios se alteraron un par de días (y algunos hasta defendieron la liberación confundiendo la libertad de pensamiento con la amenaza de muerte disfrazada), y el sistema judicial se dedica al juego del gran bonetón. 

Aparte del asalto del Estado para tomar control del país, ahora se pueden hacer de una “caja”, que con la regionalización hecha sin los mínimos requisitos de las democracias modernas, como rendición de cuentas, balance de poderes, filtros de requisitos y alternancia, llegó el 2013 a 14,342 millones de soles, desde los 1,998 millones del 2004. Estos recursos se multiplicaron por 7 en los últimos diez años.

Entre la falta de renovación de los partidos tradicionales, la escasa presencia del Estado, los sistemas de persecución judicial de las buenas autoridades, la mala regionalización, la incapacidad de corregir el diseño de la estructura política del país (el Congreso, ni siquiera ha podido eliminar la equivocada denominación de los líderes de las regiones o eliminar su reelección) y los recursos a los que acceden. La política se está convirtiendo en el mejor botín del lumpen.

¿Cómo conseguimos limpiar la política? Busquemos las experiencias más exitosas de otros países y, sin complejos o falsas dignidades, implantémoslas en el Perú. Es urgente reformar la ley electoral y de partidos políticos, el sistema judicial, el de control, la policía, etc.

Es hora de que las mentes más brillantes del país, las que estén por encima del bien y el mal, los viejos de la tribu, se reúnan y comuniquen a los ciudadanos las ideas-fuerza, las cuales puedan ser recogidas por los más jóvenes para que se comprometan en que se lleven adelante y se realicen los cambios necesarios. Lampadia