Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En ‘El Arte de la Guerra’, Sun Tzu dice: “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla”.

Introducción

En los últimos 10 años se observa un crecimiento de los conflictos mineros en el país. Ese incremento está relacionado a la efectividad de las estrategias conflictivas desarrolladas por los grupos anti-mineros. Estas, hoy sistematizadas en sus manuales y cursos de formación de activistas[1], reflejan décadas de aprendizaje nacional e internacional en ese campo. Por ello es muy importante entender cuáles son y cómo funcionan.

Aclaración: Los conflictos mineros no surgen con las ONGs y partidos políticos que hoy viven de la conflictividad. Hacen muchas décadas que asistimos movimientos políticos y gremiales contrarios a las empresas mineras. Además, ya se sabe que la conflictividad social está ligada a las deficiencias institucionales del país, y que son esas deficiencias lo que hace que estos conflictos sean en gran medida, negocios muy rentables, económica y políticamente. Sin embargo, con las estrategias conflictivas desarrolladas por los anti-mineros, el problema se ha vuelto más complejo. Por ello, vamos explicar muy brevemente cuál es la lógica detrás de algunos de estos casos.

Dos tipos de conflictos

El uso de las estrategias para expandir la conflictividad depende del tipo de conflicto que los anti-mineros estén promoviendo. La experiencia de los últimos años permite identificar dos tipos:

1. Los primeros, los conflictos de bloqueo, pretenden bloquear proyectos nuevos. Como ejemplo tenemos los casos de Tambogrande, Majaz, Santa Ana, Conga, Tía María, y otros. En estos casos se busca impedir la realización de los proyecto extractivos.
2. Los segundos, los conflictos de desgaste, pretenden desgastar operaciones existentes, como en los recientes conflictos contra Xstrata en Espinar y contra MMG en Las Bambas.

Aún que sus intensidades son muy distintas, como las enfermedades agudas son distintas de las crónicas, ambos tipos de conflictos dificultan el desarrollo minero del país y alejan las inversiones.

En los “conflictos de desgaste” los anti-mineros tienen dos objetivos principales: El primero es propiciar una redistribución agresiva en favor de sectores de la población local afines a ellos. Esa redistribución agresiva, de darse, generaría un sistema de incentivos que estimularía aún más la conflictividad.  El segundo objetivo es llevar a la empresa minera a enfrentar un “cerco social” que impida cualquier potencial expansión de un proyecto recortando severamente la duración del mismo. En el Perú hay un grupo de empresas mineras que están hoy bajo cerco social y enfrentan grandes dificultades para dar continuidad a sus operaciones en el largo plazo. (Yanacocha y Cerro Quilish, por ejemplo).

¿Cuándo optan los grupos conflictivos por el bloqueo o el desgaste? Los conflictos de bloqueo se aplican cuando los proyectos están todavía en sus fases de exploración, de tramitación o de construcción.  Los conflictos de desgaste se promueven cuando no ha sido posible bloquear los proyectos y ellos ya están en operaciones.

Los grupos conflictivos también clasifican los conflictos mineros en esas dos categorías, pero eufemísticamente los llaman conflictos de rechazo y conflictos de convivencia. En su lógica interesada, la promoción de conflictos sociales es la forma más efectiva de establecer una convivencia pacífica. Recuerdan a quienes promueven guerras diciendo que buscan la paz. Para esos grupos los conflictos mineros no son materia de preocupación. Al revés, ellos promueven y celebran los conflictos sociales pues consideran que, al margen de sus costos económicos y sociales, los conflictos son oportunidades para el logro de sus objetivos ideológicos y de interés de grupo.

Los conflictos orientados al bloqueo de los proyectos son los preferidos de esas fuerzas políticas y sus ONGs, pues encajan mejor con su filosofía post-extractivista, permiten consolidar sus relaciones con sus donantes y generan ganancias económicas y políticas importantes en unos pocos años. Como ejemplos tenemos que uno de los líderes anti- Conga se ha reelegido Gobernador Regional (Gregorio Santos), ha encabezado una lista presidencial, casi pasó la valla, y ya sueña con el 2021; y que el otro líder anti-Conga ha salido del anonimato, ha logrado financiar la inscripción de su partido político, se ha elegido congresista de la República y también ya sueña con 2021 (Marco Arana).

La alta rentabilidad económica y política de los conflictos de bloqueo a los proyectos mineros es muy clara. El problema es que los proyectos mineros posibles de bloquear se están volviendo escasos. En cierta medida estos grupos están siendo víctimas de su propio éxito al haber podido imponer un riesgo tan alto a los nuevos emprendimientos mineros que han llevado a que todos los nuevos emprendimientos en el país enfrenten un “riesgo Perú” asociado a la conflictividad social, llevando a que muchos inversionistas prefieran dirigirse a otros países.

En la falta de nuevos proyectos mineros, posibles de bloquear, y ante la abundancia de empresas mineras operando en el país, los conflictos de desgaste están incrementando su importancia en la agenda de esos grupos. Hoy los conflictos de desgaste constituyen la principal forma de dificultar el desarrollo de la minería en Perú.

Las estrategias

Las estrategias que presentamos líneas abajo son aplicadas tanto en los conflictos de bloqueo como en los de desgaste, aunque con pesos diferenciados según los casos.

1. Propagación de temores ambientales: Su propósito es generar temores ambientales en la población local y en la opinión pública nacional. Impactada por esos temores, la población se queda más vulnerable a su narrativa contra la minería. Con la justificación de la necesaria educación ambiental de la población, esos grupos propagan ideas de que la minería está contaminando el ambiente, especialmente las aguas, y que esta contaminación está generando enfermedades en la población, en los animales y en los cultivos. Para ellos, la veracidad y representatividad de las historias e imágenes difundidas es secundario, lo importante es que sirvan a la propagación de los temores en la población local, pues los temores aumentan su disposición hacia la conflictividad. Una táctica recurrente en esta estrategia consiste en proveer con un discurso de denuncia ambiental a los grupos que están reclamando un beneficio económico a las empresas mineras: contratos, empleos etc.

2. Estímulo a los sentimientos de exclusión: Estimular el sentimiento de exclusión en poblaciones de comunidades y distritos que, estando próximos a las actividades mineras, no son parte de las áreas de influencia directa de los proyectos (AID) y promover su participación en los conflictos. El objetivo aquí es incrementar el número de personas dispuestas a movilizarse en contra de las empresas mineras con la expectativa de obtener algún beneficio. Para los sectores que se sienten excluidos de las AID el conflicto es la única opción para lograr su inclusión entre los beneficiados. Si la empresa define su AID por anillos, los anti-mineros buscan movilizar la población de nuevos anillos. Si la definición es por distritos, ellos buscan movilizar otros distritos o movilizar la provincia en su conjunto. Lo importante es ampliar las movilizaciones conflictivas para presionar a las empresas.

3. Reclamo de condiciones de impunidad: Aunque los anti-mineros lo nieguen, la violencia es un componente indispensable de los conflictos que promueven. En los comunicados y entrevistas ellos hablan de manifestaciones pacíficas, pero en esas “movilizaciones pacíficas” siempre hay un grupo más radical entre los participantes de los conflictos, un grupo interesado en destruir las instalaciones de las empresas, secuestrar a su personal y agredir violentamente a la Policía. Los conflictos combinan esas dos modalidades de acción (pacífica y violenta) para maximizar el impacto negativo hacia las empresas y hacia el gobierno nacional. Por la necesidad del uso de la violencia, los anti-mineros buscan la impunidad para las personas que aplican la violencia. Al uso de la ley contra los violentos le llaman criminalización de la protesta social, como si el Estado fuera represivo y estuviera criminalizando manifestaciones pacíficas. Su aspiración de largo plazo es lograr que las poblaciones de las zonas mineras adquieran el status de poblaciones indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT y que, estando al margen del sistema jurídico nacional, alcancen niveles de impunidad mucho mayores.

4. Producción de una cobertura técnica: En las fases preparatorias de los conflictos, los anti-mineros producen abundante material técnico que es utilizado para promover una interpretación de los problemas que están detrás de los conflictos, futuros o presentes. Uno de los propósitos de esos estudios técnicos es sustentar los temores ambientales y descalificar a los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) y a sus procesos de aprobación. Otro propósito es ganar respetabilidad técnica para sus instituciones y voceros ante los medios, y los órganos públicos y privados que pueden influenciar el desenlace de los conflictos y así maximizar los recursos que logren extraer de las empresas mineras. El rigor investigativo de esos materiales puede ser muy cuestionable[2], y las exageraciones son muy frecuentes, tanto como el uso de falacias analógicas, o menciones a la existencia de riesgos sin mencionar su intensidad. Aquí lo más importante para los anti-mineros es su utilización como material de propaganda o de incidencia política.

5. Descalificación del Estado y las empresas: La descalificación ética del Estado y de las empresas cumple un rol fundamental para los anti-mineros. Lo que buscan es generar un clima de desconfianza y de polarización hacia las instituciones públicas, el gobierno nacional y las empresas mineras. Las instituciones públicas son presentadas como corruptibles y serviles a las empresas mineras, y como irresponsables hacia el país y su población. Sus resoluciones son presentadas como resultado de ese servilismo con el poder económico. Las empresas son presentadas como entes corruptores, que no respetan al ambiente, las aspiraciones, ni los derechos de la población. Sin poder confiar en las instituciones ni en las empresas, la movilización social, a los ojos de la población local, se vuelve la única forma de protegerse. La siembra de dudas y la descalificación de los procesos de aprobación de los EIA es un tema predilecto de los anti-mineros. Sus materiales “técnicos” son muy útiles aquí.

6. La difusión de una narrativa conflictiva: Los sentimientos negativos, para durar, necesitan de una explicación. Estabilizar la influencia sobre la población requiere entonces de la difusión de una interpretación de los conflictos, de sus actores y sus actividades, y de la misma actividad minera. Esta narrativa permite pasar de una emotividad a una forma de pensar, una racionalidad sobre la realidad. Para los anti-mineros es importante que líderes y grupos locales aprendan y posteriormente difundan ese entendimiento de los conflictos mineros. Para ello, y con el apoyo de sus aliados europeos y americanos, han elaborado una serie de videos, manuales, historietas, y cursos. Esa labor de difusión de su narrativa es realizada por los anti-mineros meses, o a veces años antes que los conflictos eclosionen. Cuando los conflictos ocurren, ellos ya disponen de un número significativo de activistas capaces de argumentar a favor del conflicto y en contra de las empresas y del Estado.

7. El manejo del marco institucional local: Los conflictos de desgaste tienen momentos de confrontación y momentos de negociación. En los momentos de negociación los anti-mineros buscan que el marco institucional sea lo más negativo posible para las empresas mineras. Buscan maximizar el número de representantes con postura negativa hacia las empresas, y excluir o minimizar el número de actores con postura amigable hacia la empresa y hacia la minería. El nombre, la composición, la agenda y las reglas de funcionamiento de las mesas de diálogo buscan aumentar la capacidad de presión sobre la empresa, antes que generar acuerdos que den perspectivas de largo plazo a la actividad minera en la zona. Mientras más precaria sea la institucionalidad local, más decisivo se vuelve el marco institucional que canaliza el conflicto. Las Mesas de Dialogo y sus mecanismos de funcionamiento pueden ser de gran importancia y volverse un permanente campo incidencia de los anti-mineros.[3]

8. Generar una resonancia mediática: Los anti-mineros están ligados a organizaciones políticas que se benefician de la conflictividad y para ellas los conflictos son instrumentos de propaganda. Son plataformas para ganar espacios gratuitos en los medios, y los mensajes que se propagan son lo más importante. Por ello esas organizaciones se han vuelto expertas en generar versiones interesadas de los conflictos. Cuando un conflicto es desencadenado, vemos o escuchamos a los voceros anti-mineros dando su versión de lo que está sucediendo. Su imagen como analistas imparciales es fundamental para sostener esa presencia en los medios y poder ejercer una influencia significativa en la opinión pública. Más allá de los detalles es posible encontrar un patrón en sus interpretaciones: (1) ellos y los grupos conflictivos son los buenos, (2) las empresas son los malos, y (3) el conflicto ocurre porque las empresas no quieren respetar los derechos de las comunidades locales. Observando su actuación en los medios y visitando sus páginas Web podemos ver que ellos tienen una serie de materiales y protocolos ya preparados para ampliar y alimentar la resonancia mediática nacional e internacional de los conflictos locales.

9. Cumplir un rol mediador en el conflicto: Siempre que hay un conflicto minero, los anti-mineros se ofrecen como mediadores, como personas que buscan viabilizar una negociación justa que permita concluir el conflicto. Ellos justifican su accionar diciendo que el conflicto ocurre por falta de respeto a los derechos de la población (sus ideologías determinan el entendimiento de los derechos y a quienes se le aplican) y que las empresas deben aceptar las exigencias que les son hechas para viabilizar una convivencia pacífica. Naturalmente, los anti-mineros silencian su participación activa en la promoción y preparación del conflicto, buscando darse la imagen de ser una entidad pacífica, imparcial y promotora del diálogo. Para ellos, los conflictos son oportunidades y lo dicen en sus documentos. Leyendo sus documentos se puede ver que ellos están conscientes de que sus organizaciones se benefician y crecen con los conflictos. No por nada los casos como los de Quilish o de Espinar en el que se les permitió intervenir como mediadores terminaron con la paralización de los proyectos o con altos niveles de violencia.

Con ese rol mediador ellos logran varios objetivos simultáneos: logran credibilidad en los medios para difundir su perspectiva del conflicto, influencian el proceso de diálogo y en su desenlace, y se legitiman antes los donantes y organismos internacionales.

Conclusiones

Esta lista de las estrategias o de las grandes líneas de acción utilizadas para promover la conflictividad rescatan aspectos comunes de lo que ha ocurrido en más de una docena de conflictos mineros en el Perú y en otros países de América Latina.

Estas estrategias han sido desarrolladas a lo largo de muchos años, y se mantienen porque han demostrado una buena efectividad. Los anti-mineros, además, se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias, afinar y ajustar sus estrategias. Esta es una especie de carrera evolutiva en que minería y anti-mineros evolucionan juntos, pero en la que los anti-mineros van claramente por delante.

Quienes creen que la minería puede cumplir un rol positivo en el desarrollo del país, especialmente quienes tengan en sus manos proyectos u operaciones mineras que están siendo afectadas por conflictos, de bloqueo o de desgaste, necesitan entender bien como esas estrategias son desplegadas en cada caso.

Igualmente, los medios serios deben internalizar las lógicas de los conflictos. En este aspecto hay una gran responsabilidad de los gremios empresariales y think tanks, que debieran hacer una tarea permanente de investigación, difusión y educación.

Más allá de sus discursos, los anti-mineros no pueden ofrecer mucho a la población que afirman defender. Su portafolio de ofertas contiene temores, resentimientos, ideologías, búsqueda de rentas y conflictos.

La minería tiene una gran ventaja, puede ofrecer a la población y a las regiones una ruta real de progreso. Con entendimiento e inteligencia es posible neutralizar esas estrategias conflictivas y construir en las regiones mineras una amplia coalición social orientada al desarrollo compartido.

Este es el primer artículo de una serie en los que describiremos las características, efectos estratégicos y determinantes del éxito de varias ‘herramientas’ que forman parte de la “tecnología de conflicto” aplicada por los anti-mineros. El desarrollo de esta temática formará parte de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

Introducción

Los conflictos sociales contra mega proyectos extractivos ocurren con cierta regularidad en nuestro país y América Latina. Al analizar los diversos casos se puede observar ciertas regularidades y patrones, en especial al observar la manera como la prensa hostil a las actividades extractivas cubre un conflicto social. Titulares tales como: “Población rechaza proyecto X en consulta popular……”, “Documental X retrata la resistencia de la población frente al proyecto X”, “Pobladores toman carreteras en oposición a X”, etc.

Esta regularidad que se puede observar en los conflictos anti-extractivismo desde Chile hasta México se deben en parte a que los anti-mineros aplican un paquete de ‘herramientas’ semejantes cuya relevancia e impacto estratégico dependerá de características específicas del conflicto.

Fuente:programaibermedia.com

Fuente:nodirtygold.earthworksaction.org

Características y Uso

La Consulta Popular consiste en un referéndum informal en que las organizaciones opuestas un proyecto de inversión convocan a la población del entorno a un proyecto para expresar su posición respecto a algún proyecto extractivo.

La primera experiencia de Consulta Popular contra un proyecto extractivo se dio en Tambogrande, Perú,  en el que se convocó a una consulta organizada por el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, auspiciado por OXFAM y con la presencia de la Defensoría del Pueblo. En esta consulta se preguntaba a los participantes su postura favorable o desfavorable al proyecto aurífero que Manhattan Minerals trataba de implementar en el distrito de Tambogrande. Los organizadores de esta Consulta presentaron como resultados  un rechazo al proyecto del orden del 98.05% con una participación de un 74% de los tambograndinos

Los resultados del conflicto en Tambogrande, con la retirada de las actividades auríferas formales en la zona[1], sirvió como una poderosa señal a los activistas anti-mineros a nivel nacional e internacional respecto a la utilidad de esta “herramienta”. La experiencia paso a ser replicada en Majaz (Perú), Esquel (Argentina) y Tolima (Colombia).

Fuente: TambograndeValeMásQueOro.pdf

En todos los casos encontrados, tras la realización de las Consultas Populares, los proyectos extractivos se encuentra en espera o cancelados, lo que lleva a pensar a que es una herramienta de consolidación de una dinámica de conflicto que ya estaba teniendo un curso desfavorable para la realización del proyecto en disputa.

Hacia el público interno, es decir frente a las poblaciones del entorno de los proyectos, la Consulta es mostrada como un mecanismo para manifestar el derecho de las poblaciones a definir su futuro y el modelo de desarrollo frente a la imposición de poderosos agentes externos y hostiles, como lo son las grandes empresas extractivas y el gobierno central. Se hace uso de la mentalidad de “ellos” vs “nosotros”, la consulta deviene entonces en un mecanismo de defensa frente a un exterior al que se le percibe sospecho, cuando no abiertamente hostil.

Hacia el público externo, los resultados de una Consulta Popular se presentan como la manifestación de una postura hegemónica e inmutable de la población de rechazo a un determinado proyecto. La consulta acabaría con las especulaciones respecto a la verdadera postura de la población, la cual mostraría un rechazo al proyecto en disputa con resultados comparables, por su unanimidad, a los referendos realizados en Cuba, Gabón o Corea del Norte[2].  Un factor a recordar es que a la hora de decidir cuál será el ámbito a ser consultado, el criterio será siempre que debería consultarse al ámbito más opositor posible al Proyecto cuya realización se encuentre en disputa. En el caso Conga nunca se propuso que se realizara una Consulta en el entorno inmediato al proyecto, puesto que el mismo es favorable a su realización, tampoco a nivel provincial donde el peso demográfico de una Ciudad de Cajamarca en depresión económica podría ser decisiva, la Consulta fue planteada sosteniendo que la misma debería darse a nivel de los distritos de Sorochuco, Huasmin y la Encañada. Es decir, para los anti-mineros la población que puede decidir si se da o no un proyecto siempre será aquella en la que puedan obtener mejores niveles rechazo al mismo. (Curiosamente, esto fue convalidado por una encuesta sin validez estadística de IPSOS). Se evitara el consultar a una población con la que sea difícil obtener un resultado de rechazo aplastante a algún gran proyecto de inversión.

Implicancias Estratégicas.

La realización una Consulta Popular tiene diversos efectos sobre la dinámica de un conflicto al involucrar a diversos actores. Es un acto de comunicación política estratégica con impacto sobre diversos públicos. Hacia el Gobierno Central, sus resultados envían una poderosa señal respecto al grado de organización e influencia sobre la población local de los anti-mineros y por lo tanto de la magnitud de la resistencia a esperar y del costo político de apoyar a un determinado proyecto extractivo.  Si el costo político se considera como demasiado alto, el Gobierno Central es capaz de dejar de brindar soporte regulatorio o en seguridad a un proyecto como se dio en el caso de Tambogrande.

Hacia la población y actores sociales, el entorno de un proyecto, se envían también un conjunto de mensajes poderosos.  A quienes apoyan el proyecto les genera la sensación que su postura es minoritaria y que por lo tanto el manifestarse implica aislarse política y socialmente de la comunidad a la que pertenecen. La Consulta deviene entonces en una poderosa arma de amedrentamiento político que facilita acallar a las voces disidentes frente a la postura anti-minera. Hacia la población del entorno en general, envía el mensaje de que la postura opositora al proyecto es la postura “de la comunidad” y que el liderazgo anti-minero representa dicha postura y con ello a la población.

Entre los medios de comunicación y líderes de opinión nacionales, la Consulta Popular tiene entre sus efectos que se retrate con mayor frecuencia a algún mega proyecto como rechazado por la población y a su vez que la cobertura periodística de la consulta en si, sirva de mensaje para el envío de mensajes opositores a algún proyecto.

La consulta envía también una señal a la Empresa que desea impulsar un proyecto extractivo, al servir como una señal del potencial de resistencia hacia su proyecto, ello puede llevar a la misma a considerar que el riesgo social que enfrenta su proyecto es demasiado alto para seguir impulsándolo.

Determinantes de Efectividad.

No todas las Consultas populares tienen el mismo impacto sobre la viabilidad de un proyecto. La Consulta en Tambogrande estuvo seguida del repliegue del Estado en cuanto a brindar condiciones regulatorias frente al proyecto y con ello el mismo se vio inviabilizado. En cambio, la consulta en Tía María[3], si bien ha sido seguida de un importante conflicto social, ha devenido en un escenario de incertidumbre respecto a la posible viabilidad del Proyecto. Ello implica que la efectividad de esta herramienta será disímil en función a un conjunto de factores, algunos de los cuales comentaremos a continuación:

• Soporte de instituciones públicas: En prácticamente todos los conflictos sociales ligados al sector extractivo uno de los ámbitos de disputa consiste en la legitimidad de las acciones tanto del Gobierno Central, como de los gobiernos sub-nacionales.  Se trata de plantear que la Consulta Popular es coherente con el marco legal y que por el contrario las posturas del Estado a favor de un proyecto violentan la legalidad. Para incrementar esta imagen de legitimidad de la consulta resulta muy útil la participación de instituciones tales como la Defensoría del Pueblo y de las autoridades sub-nacionales. En un entorno en el que la población desconoce masivamente las funciones de las diversas instancias del Estado, la participación de instituciones públicas en respaldo de una Consulta Popular legitima esta herramienta a ojos de la población más allá de la legalidad de la misma.
• Participación de la población: Mientras mayor sea el número de participantes que se perciba en la Consulta mayor será la imagen respecto a la capacidad de movilización de las fuerzas anti-mineras y su representatividad frente a la población. Esto termina afectando la voluntad política del Gobierno Central y la disposición de quienes apoyan localmente al proyecto a manifestar su postura
• Soporte de sociedad civil: El soporte de instituciones tales como ONGs, religiosos locales, gremios, etc., fortalece a las Consultas Populares. Por un lado generan una “cobertura ética” a la Consulta y dada la capacidad discursiva de estas instituciones, el soporte de la sociedad civil permitirá una mejor capitalización por parte de los anti-mineros del espacio mediático generado en la cobertura de la Consulta.
• Cobertura mediática: La prensa puede dar una cobertura con diversos grados de afinidad al acto de Consulta. En ciertas condiciones esta cobertura puede llegar a ser prácticamente una suerte de propaganda a favor de los anti-mineros.
• Imagen del proceso: Esta se fortalece manejando variables tales como la imagen de  limpieza en el conteo de los votos, la presencia de votantes foráneos, el “acarreo” de votantes, la similitud en formas con procesos electorales formales (Cedula, ánforas, presidentes de mesa). Estos factores afectaran la medida en la cual la Consulta Popular podrá afectar el grado de capitalización política de los anti-mineros como resultado de desplegar estas herramientas.

Conclusiones.

La Consulta Popular es una poderosa herramienta, de los anti-mineros para consolidar una correlación de fuerzas que les sea favorable en el entorno de un proyecto de inversión. Es especialmente efectiva cuando se da en un entorno de baja legitimidad de las instituciones públicas. Aquellos sectores que son favorables a los grandes proyectos de inversión deben ser conscientes de los efectos políticos de estos actos y realizar acciones que reduzcan la efectividad de esta herramienta. Lampadia

“Hemos aprendido que [ante la conflictividad minera] lo importante es iniciar procesos de dialogo que permitan ponernos de acuerdo.”

 Opinión de un funcionario de la Oficina de Dialogo de la PCM en una exposición sobre conflictividad social [1].

El diálogo es una herramienta útil, civilizada y pacífica para solucionar diferencias entre dos o más representantes que buscan llegar a un acuerdo que beneficie a las partes.  Es el camino ideal, casi irrefutablemente, con el que deberían solucionarse los conflictos; incluidos los socio-ambientales que sufre actualmente nuestro país.  Pero, ¿es el diálogo una herramienta útil cuando uno o más representantes no buscan el beneficio de la población, sino promover el conflicto social para su propio beneficio?  Para quienes creen que los conflictos socio-ambientales se dan en base a un trío de actores: empresas-estado-comunidades, se genera una situación paradójica en que siendo financiera y económicamente factible llegar a un acuerdo en la que todas las partes ganen, no se llegue a ningún acuerdo. Por qué se da esta paradoja?

El pleno de Congreso de la República derogó el Decreto Legislativo 1198 que promovía la puesta en valor de nuestra riqueza cultural. Un nuevo acto de cobardía y falta de liderazgo desde las más altas esferas del poder político del país, que demuestra que quienes gobiernan en el Perú son las turbas oportunistas guiadas por adalides de la pequeña política parroquial que se enseñorea en nuestras tierras.

El bendito decreto permitía promover la participación de la inversión privada para poner en valor la multiplicidad de bienes culturales del país que, de otra manera, permanecen en estado larval, pues el Estado no tiene la capacidad ni los recursos para desarrollarlos. Esta iniciativa, que no implica la desnacionalización de nuestra cultura es indispensable para que los peruanos y el mundo puedan apreciar nuestra fabulosa herencia cultural. Ver en Lampadia: La Gestión cultural más allá del chauvinismo.

Las alianzas con el sector privado, se plantearon como optativas para cada caso y se excluyó la mayor parte de los bienes culturales del Cusco, seguramente con el cuidado de evitar las reacciones típicas del ‘puputismo’ y chauvinismo cusqueño. Aún así, en el Cusco, tirios y troyanos, se opusieron a la norma y convocaron paros y marchas, que al final determinaron las acciones cobardes de los supuestos padres de la patria.

Un par de reflexiones adicionales:

Primero: El sector privado peruano no es una fuerza de ocupación extranjera, como se pretende hacer constar tantas tristes veces. Este sector es tan o más peruano que el sector público, cuyos funcionarios están contratados por la sociedad para administrar el bien común.

Segundo: Un líder va delante del rebaño, el pastor va detrás. Para desarrollar sus nuevos productos, Steve Jobs, de Apple, nunca hizo un estudio de mercado (preguntar qué se necesitaba), pues sus innovaciones no estaban en la mente de la gente, sino en la de un líder preclaro. Henry Ford decía: “si yo le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos”.

Estas invitaciones desde el poder a que gobiernen las turbas tiene que parar para siempre. Lo mismo ha sucedido antes con Tambogrande, con la mina de Santa Ana, Conga, Tía María, Combayo, el lote 192 y tantos otros casos. Hay que calatear a los falsos líderes-pastores, el Perú necesita un verdadero liderazgo. Lampadia    

Ayer presentamos un primer análisis sobre la Reunión de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) (ver en Lampadia: El Mundo en el Perú (1): Felicitaciones). Hoy nos toca hacer algunas críticas, no a los organizadores, sino al establishment peruano que ha perdido la oportunidad de albergar este magno evento con mejor disposición y aprovechamiento.

Ya hemos remarcado la importancia de este singular evento en el Perú, lamentablemente, debemos reclamar que buena parte de nuestra clase dirigente, políticos, líderes empresariales, gremiales, académicos y periodísticos, no solo han pasado por alto tremenda oportunidad de nutrirnos del mundo y de dar a conocer la realidad de nuestro país, sino que inclusive se ha llegado a jugar un partido contrario a los aportes de la reunión en presencia de nuestros visitantes.

Por ejemplo, la PUCP, donde se albergan varios economistas anti-globalización, anti-TLCs y anti-minería, organizó por todo lo alto un evento para destacar la presencia y mensajes de Joseph Stiglitz, del Premio Nobel anti-globalización y anti FMI y Banco Mundial. En esta reunión el Nobel dijo que: “el petróleo y el cobre le pertenecen a los peruanos” (La República). ¿Qué será lo que implica? ¿Que los peruanos hagamos lo mismo que en el desastre ecológico de Tambogrande, donde se echó a una empresa moderna para que las hordas tomaran de cualquier manera algo de mineral?

Por otro lado, algunos personajes no especificados organizaron una reunión ‘masiva’ de los ‘indignados peruanos’ llamada: “Desmintiendo el milagro peruano” en el Hotel Bolívar, a la que asistieron 200 personas.

En esta reunión, según radioexitosa.pe, Stiglitz recomendó al Perú que “rompa de una vez el chanchito y no ajustarse en exceso”. Sobre el llamado ‘milagro económico’, dijo “simplemente que no existe”. Estuvo acompañado por de Echave, Dancourt, Dammert y Martín Guzmán. Se fotografió con Gonzalo García y Michel Azcueta.

Dado el despliegue sobre Stiglitz, es oportuno revisar una reciente publicación de Carlos Rodríguez Braun, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, “Ojo con Stiglitz”, en el que critica duramente a este activista por su libro ‘El malestar en la globalización’, que el autor del artículo tradujo. Por ejemplo, comenta que Stiglitz afirma que: Rusia es una economía de mercado. (Ya dijo antes que Venezuela era una democracia). “Recela de los mercados pero no es consciente de los fallos del Estado. Plantea la vieja patraña de que los que confían en el mercado padecen “ideología” mientras que los intervencionistas son “economistas de primera fila” –los marxistas ya hablaban de ideología contra ciencia, que era la suya. Stiglitz desbarra diciendo que sólo los intervencionistas se ocupan de los pobres. Aduce que no hay relación entre salarios mínimos y desempleo, contra mucha teoría y evidencia empírica. Afirma que los liberales no prestan atención a “las instituciones civiles y las estructuras legales que hacen funcionar a las economías de mercado”. Con esta engañifa el intervencionismo cae por su propio peso: como el mercado no es perfecto, entonces el Estado debe actuar. La norma de este libro es exagerar el papel del liberalismo y sofocar el del intervencionismo. Sostiene que la liberalización comercial es resistida porque crea paro [desempleo], como si no fuera resistida por grupos de presión proteccionistas”.

En resumen, este ‘valor deteriorado’ fue para los negacionistas, el referente privilegiado para pasar el contrabando de su ideología y mitos anti desarrollo.

Por el lado de los medios fue notorio el alejamiento de los mismos de los principales personajes que nos visitaron, así como de las lecciones que estaban a nuestro alcance. Por ejemplo, ‘Cuarto Poder’ de América Televisión trató el último domingo, el día de cierre del evento en cuestión, “las esterilizaciones forzosas, de indultados a marcas y víctimas de la belleza”. RPP, en la hora principal del jueves pasado, en medio del evento, se entrevistó a Isaac Humala, que aprovechó para mentir sobre un proyecto minero y que es quien nos amenaza con las movilizaciones de los ‘reservistas’ para parar todos los proyectos de inversión.

En cuanto al mundo académico y empresarial, fue notoria la ausencia de muchos de sus representantes en el evento. Aparentemente, para varios resultó más conveniente aprovechar el feriado largo antes que nutrirse de mundo. Dejaron de empoderarse para poder ser mejores líderes de opinión. No se aprovechó el baño de internacionalización, nos quedamos con el ropaje del parroquialismo en el que vivimos.

Con respecto a las características del Perú y la apreciación de nuestra realidad, las autoridades peruanas, participantes en el evento, dejaron que se confunda la situación del Perú con la de otros países de la región. No supieron explicar nuestras singularidades, como las referidas a las reservas productivas que tenemos en muchos sectores y al potencial productivo que podemos poner en valor para recuperar el crecimiento económico, además por supuesto, de la necesidad de emprender una serie de reformas importantes. (Ver en Lampadia: Sudamérica: Crecimiento visto con lentes oscuros).

Nuestra gente necesita tener la mejor información sobre el mundo en que vivimos. Eso es responsabilidad de los líderes de opinión y de los medios. Lampadia