Tiroteos, atentados, asesinatos a mansalva ganan portadas y espacios en la prensa nacional. La ferocidad y ensañamiento con los que se comenten estos homicidios nos hacen temer lo peor. Peor aún, los vínculos de la política y el narcotráfico se hacen evidentes.

Además del tema de la droga, siguen prosperando otras actividades mafiosas que van configurando un nuevo mapa del Perú. Un territorio liberado donde no se deja entrar al Estado ni al sector privado con actividades formales.

Cabe preguntarse. ¿Estamos por convertirnos en un narcoestado? ¿Estamos perdiendo el control de nuestro territorio?

Un reciente trabajo publicado por los expertos en esta materia, Jaime García y Gabriela Stöckli: “El Rol de las Instituciones del Estado en la Lucha Contra Las Drogas en los Países Productores de Hoja de Coca” (ver documento en Lampadia), nos ayuda a responder estas acuciantes preguntas.

El narcotráfico no puede entenderse como un fenómeno peruano. Hay que entenderlo en relación a los países productores (Perú, Bolivia y Colombia) y a los consumidores.

“Entre los años 2000 y 2013 la producción  potencial de cocaína en la región [Perú, Boliviay Colombia] habría decrecido de 879 a 675 toneladas métricas. Asimismo, el nivel de incautación de drogas, en los tres países, se habría incrementado de 97 a 182 toneladas”, señala el citado estudio.

“Sin duda que el impacto económico del narcotráfico también se ha reducido en la región en los últimos años, de acuerdo a los informes de monitoreo de UNODC. Para el caso de Bolivia, el valor en finca de la producción de hoja de coca en porcentaje de su PBI ha decrecido de 3% en el 2004 a 0.9% en el 2013. Similar situación ocurre con la economía de Colombia, donde ha habido una reducción sustancial de cultivos de coca y un crecimiento económico importante, permitiendo que el valor de coca como porcentaje de su PBI se reduzca de 0.3% en el 2004 a 0.2% en el 2013. En el caso del Perú, el crecimiento económico también ha permitido que se reduzca el impacto de los cultivos de coca en el PBI desde 0.44% en el 2004 a 0.25% en el 2013”.

En el caso del Perú,  la reducción se debe a una política antidrogas que  está dando resultados en algunas provincias del país. Los sorprendentes resultados de la región San Martín son un claro ejemplo de ello. Los cultivos de coca han sido sustituidos por cacao, café, palma aceitera, plátano y otros productos de exportación. Algo similar se ha producido en la provincia de Leoncio Prado (Huánuco) que abarca a todo el Alto Huallaga (Ver en Lampadia: Cae producción de coca en el Alto Huallaga).

Este éxito en aquellas zonas se basa en una estrategia integral de erradicación de cultivos ilegales y una posterior promoción de cultivos alternativos. El sobrecosto de la erradicación ha obligado a muchos agricultores a cambiar la coca por cultivos alternativos, cuyos precios internacionales aumentaron notoriamente y lograron una gran aceptación en los mercados por su excelente calidad. Asimismo, el incremento de la inversión pública traducida en mejores carreteras, colegios, sanidad, redes eléctricas y de telecomunicaciones, abarató costos y vinculó a estas zonas con mercados. Tambiénha sido clave la entrega de títulos de propiedad.

Sin embargo, el hecho de que su peso en la economía del Perú, haya disminuido de tal manera, no significa que su influencia en la política haya decaído. Por el contrario, podría decirse que en una situación de esta naturaleza, ha hecho necesaria (para los traficantes) una mayor protección “institucional”  (política, policial, judicial, etc.) para viabilizar su espacio de operación.

Un riesgo para la penetración del narcotráfico en la política  es la grave desinstitucionalización que vivimos. Todos los días aparecen, se crean o forman partidos, movimientos y organizaciones afines. A los narcos les es muy fácil tentar o llegar el poder a través de estos “vehículos”. Como señala Kevin Casas Alzamora, Secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA): “si un mafioso quiere financiar a un candidato presidencial no necesita comprar una organización partidaria, puede montar una maquinaria electoral sorprendentemente frágil y con eso es competitivo electoralmente”.

Esta situación se agrava en las regiones y provincias. Casas indica: ”la descentralización política [proceso que se ha dado de forma acelerada y descuidada], cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde [o Gobernador, Jefe de Ronderos, Jueces y Policías] que comprar a una autoridad nacional”.

Esta debilidad institucional es aprovechada por los propios narcos y las otras organizaciones delictivas dedicadas a la tala y minería ilegales, el contrabando, etc., pues todas ellas requieren de territorios liberados para operar sin contratiempos.

Como señalan García y Stöckli, “el narcotráfico impacta social, ambiental, política y económicamente a la sociedad en la cual se desenvuelve, teniendo como campo de acción territorios en los cuales el alcance y densidad del Estado son mínimos”.

“Según un informe realizado por las Naciones Unidas, en el caso peruano, los distritos en los cuales se cultiva hoja de coca, el Índice de Desarrollo Humano es menor que el promedio nacional (0.312 versus 0.498). (…) a pesar de los altos ingresos monetarios que supone el cultivo de la coca, no se ha acortado la brecha de desarrollo entre los distritos donde existe cultivo de hoja de coca y  aquellos en los cuales se encuentra ausente”, sostienen los investigadores.

Es allí donde el narco campea, se desarrolla e influye. Toma el control de las municipalidades, fiscalías, rondas, cortes distritales y provinciales. Cuando los llamados “clanes familiares” progresan van tomando Gobernaciones regionales. Existen varios indicios de ello y algunas acusaciones bien fundamentadas de cómo en distintas regiones (Ucayali, Huánuco, Ancash, Amazonas y otras), personajes vinculados al narcotráfico controlarían el poder. De allí a seguir infiltrando congresistas existe un paso. 

Los narcos no solo toman el control de las zonas de producción, sino también de lugares clave por los que embarcan la droga. Los puertos son objetivos clave. Las incautaciones de cocaína en el puerto del Callao, en las que se ha descubierto que algunos estibadores son parte de mafias, constata de que el sistema de “bolsas de trabajo” permite a los remanentes del personal de Enapu controlar quienes cargan y descargan los buques y abrir las puertas al descontrol.

Todavía pareciéramos lejos de ser un narcoestado en el aspecto nacional, pero ya existen lo que podríamos llamar “narco regiones o narco distritos”. El Estado está obligado a investigar con gran dedicación la realidad de cada localidad, a comunicar a los ciudadanos la verdadera situación de cada una, los indicios serios sobre la penetración silenciosa de esta plaga y combatirlos con inteligentemente.Hasta ahora, ni siquiera se ha aprobado en el Congreso la norma que permita derribar las avionetas (20 por día), que entran y salen de nuestro territorio llenas de coca.

Un tema fundamental es el de “seguir el dinero” (follow the money), como nos recomendó el general Óscar Naranjo de Colombia en el último Cade. Ver en Lampadia: Sin buena policía no hay estado de derecho).

Ya tenemos suficientes evidencias, síntomas y presunciones, como para asumirla lucha contra el narcotráfico y las otras actividades ilegales, como una de las mayores prioridades del Estado. 

¡Tenemos que recuperar el control de nuestro territorio hasta en el más pequeño espacio de la Nación! Lampadia

 

El Perú ha desaprovechado la riqueza potencial de sus bosques. Basta ver el mapa del Perú con cierto detenimiento para descubrir que el 50% de nuestro territorio está cubierto de bosques naturales (68 millones de hectáreas). Somos el segundo país Latinoamericano con esta riqueza y décimo primero a nivel mundial. A pesar de ello, hemos despreciado este inmenso potencial como se ve expresado en que nuestras exportaciones no llegan ni al uno por ciento de la demanda global por recursos forestales. Como hemos señalado en Lampadia, este es un desperdicio sin nombre que las regulaciones actuales no llegan a corregir y se ve agravado por la tala ilegal que sufre la selva amazónica al punto de poner en riesgo de extinción especies como la caoba.

Sin una clara visión que promueva una política adecuada para el desarrollo forestal, nuestros bosques vienen siendo desbrozados por mafias de taladores ilegales que incluso han llegado al asesinato de dirigentes nativos con el fin de perpetuar su comportamiento delictivo. Aunque no existen cifras precisas, se cree que por lo menos el 50% de la madera que se extrae en el país es de dudosa procedencia.

Mientras los taladores ilegales operan literalmente amparados en la Ley de la Selva, el Estado poco o nada hace para detener este tráfico y mucho menos para que se efectúe una explotación racional, técnica, eficiente y legal, que ponga en valor este magnífico recurso, hoy desperdiciado y saqueado. Desde el 2004, en que se dieron las últimas concesiones madereras  ya se mostraba la falta de efectividad de esta política, el sector ha estado en el abandono. Como recuerda el Comité de Madera e Industria de la Madera de Adex, “de los 17 millones de hectáreas con aptitud forestal que existen en el Perú, menos de 2 millones se encuentran en producción real”. De las 613 concesiones forestales que se otorgaron hasta el 2004, las cuales cuentan con 7’622,244 hectáreas, solo el 35% se halla en actividad, según Serfor. Las exportaciones peruanas de madera solo ascienden a 150 millones de dólares anuales.

¿La razón? El sistema de concesiones no crea las condiciones e incentivos suficientes. Un estudio de la Universidad del Pacífico concluyó que el periodo de concesión es muy breve, por lo que no creaba los alicientes necesarios para que el bosque se explote adecuadamente y al largo plazo, como exige la naturaleza del recurso.

Como señaló en Lampadia, antes de su sensible fallecimiento, Antonio Brack Egg, uno de los mayores problemas que impiden el desarrollo de la industria forestal es que “el estado no garantiza los derechos de los inversionistas y eso empezó antes del 2006, cuando un grupo de personas, cerca de Atalaya, invadió un campamento forestal con una inversión española calculada en 36 millones de dólares, quemó el campamento, se robó todo lo que podía llevarse, y gente política del gobierno de aquel entonces los apoyó. Eso paralizó enormemente. Tenemos que ser conscientes: El sector forestal en el Perú puede ser un sector económicamente poderoso, fuerte, pujante, pero tenemos que dar el marco y el control para que eso se verifique, y dar confianza al inversionista”.

Otra debilidad importante ha sido la limitación impuesta por la definición de los bosques como propiedad del Estado, así sean plantaciones industriales y de reforestación. Estas últimas debieran tener la “condición de cultivos forestales”, y por ende, el mismo tratamiento que los cultivos agrícolas. Mientras esta condición no se establezca con claridad, el manejo de las plantaciones estaría sujeto a regulaciones engorrosas y disuasivas de su desarrollo.  

Recientemente entró en funcionamiento el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Este organismo está diseñado para incentivar la actividad forestal del país. Como señala su directora Fabiola Muñoz, la idea es “crear una industria forestal fuerte y competitiva, por ello el Serfor antes que una institución controlista busca ser un ente promotor. Vamos a modernizarnos para desaparecer la lista interminable de trámites”. Espera en breve contar con una plataforma para trámites en línea y, especialmente de vigilancia satelital para un mayor control de los bosques. Un avance considerable.

Según Muñoz, el potencial es inmenso. Solo para el mercado interno peruano se importa anualmente 1,000 millones de dólares en productos maderables y sus derivados. En los últimos diez años las importaciones de estos productos han crecido 281%, mientras que nuestras exportaciones solo se incrementaron en un 115%. (Ver cuadro)

Como se ha hecho en Chile y otros países que han sabido manejar este recurso, se debe desarrollar una industria poniendo en valor los recursos forestales. Chile cuenta con dos millones de hectáreas de bosques para explotación comercial lo que le permite exportar más de 6,000 millones de dólares anuales y emplear a 250 mil personas. Como hemos señalado en Lampadia, “el potencial de desarrollo del sector forestal en el Perú debería ser del orden de cinco veces el de Chile, y constituye un buen ejemplo de una magnífica oportunidad que se está desperdiciando para generar una producción forestal de más de US$ 25,000 millones anuales, dando empleo de calidad a toda la población de la selva y a buena parte de la de la sierra”.

Ese es el reto. “El Perú se ha trazado la meta de tener dos millones de hectáreas reforestadas y cero de deforestación al año 2030”, ha señalado Muñoz. Para ello Serfor “está trabajando en tres líneas: la primera es sobre el patrimonio forestal que ya tenemos para promover un manejo forestal sostenible. Sobre las áreas degradadas tenemos que plantar bosques que pueden ser con fines comerciales (…). Otro elemento fundamental es la lucha contra la deforestación, no perder más bosques naturales”, detalló la directora de Serfor.

Actualmente existen al menos 10 millones de hectáreas aptas para la reforestación. De ellas, 7 millones están en la sierra, 2.5 millones en la selva y 0.5 millones en la costa. La reciente promulgación del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales en tierras de propiedad privada permitirá que unas cuatro millones de hectáreas se siembren con recursos maderables de fines comerciales, lo que generaría que el Perú exporte unos 1,000 millones de dólares en el corto plazo. Hay que recordar que la madera es uno de los pocos commodities que incrementa su demanda anualmente. Para el 2050 se espera que esta llegue a los 4,500 millones de metros cúbicos de madera rolliza. El Perú no puede desaprovechar sus favorables condiciones naturales para crear una gran industria forestal.

Actualmente el sector forestal representa un irrisorio 0.1% del PBI, nuestras exportaciones son 40 veces menores que las de Chile, teniendo el potencial de ser cinco veces mayores. Es hora  que empecemos a desarrollar esta industria y que apuntemos a ser una potencia maderera. Como es el caso de la explotación de otros recursos naturales, este desarrollo permitiría múltiples encadenamientos con otros sectores, una gran demanda de empleo de calidad,  mayores exportaciones y recursos fiscales. Además, con buenas concesiones, se formalizaría todo el sector y se tendría una actividad legal que si podría competir con éxito con la tala ilegal y los sembríos de coca.

El desarrollo del sector forestal es clave para la generación del empleo a vistas de la tercera revolución industrial, ver en (L): Apuntes para la creación de empleo al 2034 (II). Lampadia