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Fiscalía y Poder Judicial deben mantener independencia frente a la presión política y mediática

El proceso constitucional contra el Fiscal de la Nación para destituirlo fue y es un exceso que, hasta el momento, solo ha servido para provocar lo que aparenta ser otro exceso, esta vez de parte de la Fiscalía: el pedido detención preventiva por 18 meses a los directores de las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA).

La Fiscalía da la impresión de haber pasado de un extremo al otro, de casi no haber investigado a estas empresas o a sus directivos, al pedido de detención preventiva. Y habría actuado así por vergüenza o por temor, movida por la presión política y mediática, lo que se expresaría en la debilidad de los argumentos esgrimidos para pedir dicha medida limitativa de la libertad personal.

Veamos. Según el comunicado del Ministerio Público, “dichos empresarios…habrían defraudado al Estado al concertarse con el ex presidente de la República, Alejandro Toledo, de tal modo que resultaron beneficiadas con el otorgamiento de la buena pro”. El comunicado explica que“ Jorge Simoes Barata, reveló que los pagos ilícitos para el expresidente Toledo Manrique por el favorecimiento en la concesión del proyecto vial Interoceánica Sur, fueron efectuados por la empresa Odebrecht con el conocimiento de las empresas consorciadas, lo que fue conversado por Barata quien declaró haber dialogado sobre el tema con los miembros de los directorios de dichas empresas. Como resultado de dichas conversaciones, el Estado Peruano habría adjudicado la ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur a los consorcios integrados por las empresas ’Constructora Norberto Odebrecht’, ‘Graña y Montero’, ‘JJ Camet Contratistas Generales’ e ‘Ingenieros Civiles y Contratistas Generales’.

Es decir, según la Fiscalía, Barata conversó con las empresas peruanas sobre los pagos ilícitos, antes de la adjudicación.Y según fuentes vinculadas a los empresarios investigados, en el punto 35 del documento se reseña que Barata afirma que comunicó a los socios de “sus tratativas con Alejandro Toledo Manrique para hacerse de la licitación”.

Pero según dichas fuentes, el acuerdo entre Barata y Maiman sobre los 35 millones para el presidente Toledo, y la subsecuente emisión de los decretos supremos y resoluciones que facilitaron el otorgamiento de la obra, ocurrieron antes de que se formara el consorcio y por lo tanto los socios locales no podían estar enterados de nada.

No solo eso, los posibles socios se encontraban en ese momento enfrentados a Odebrecht porque una Circular del 14 de febrero 2005 cambiaba las bases del concurso exigiendo una participación peruana del 40% en los consorcios.

Pero quizá el argumento principal de los investigados se refiere a la afirmación del equipo del fiscal Hamilton Castro de que peritos financieros han establecido que bajo el concepto de “riesgos adicionales” se ha dado apariencia de legitimidad a activos que tenían como fuente el delito de colusión. Es decir, ese concepto sirvió para disfrazar el pago del soborno.

Los investigados señalan que esa afirmación se basa en un Acta de Distribución de Utilidades de las Juntas de Accionistas del 1 de junio 2011, pero, según ellos, la Fiscalía no reconoce que en dicha acta se dice que dicha distribución de utilidades se hace “conforme a lo acordado en la Junta de Accionistas del 15 de febrero 2011”.

Es decir, la Fiscalía concluye que los “riesgos adicionales” serían los montos correspondientes a los pagos ilícitos efectuados por Odebrecht basándose en el acta de 1 de junio, sin considerar ni incluir el Acta del 15 de febrero 2011 (firmada por Jorge Barata), donde “se ve claramente que los “riesgos adicionales” están detallados en 5 obras concretas que representaban problemas y riesgos inminentes en la ejecución de las obras inclusive requiriéndose un aumento de capital”.

Además, según los investigados, las cifras de la acusación no cuadran. En el documento de la Fiscalía se concluye que los montos de utilidades adicionales recibidos por Odebrecht equivalen a US$15,083,805, monto que no corresponde ni de lejos con la parte del soborno que les habría correspondido a los socios locales, que sería US$6,000,000, es decir, el 30% de lo que se le habría pagado al ex presidenteAlejandroToledo.

Por supuesto, todos estos temas deben verse finalmente en el proceso que se abra. Pero, de ser cierta la versión de los investigados, se estaría pidiendo prisión preventiva por 18 meses sobre bases muy febles. El sistema judicial debería ser capaz de mantener su independencia frente a la presión política y mediática. De lo contrario podemos acabar en una espiral de ajusticiamientos que pueden terminar con parte importante del capital empresarial del país.

Como ejemplo de la presión política, el jurista Rolando Souza, vinculado a Fuerza Popular, ha declarado que los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima pueden declararse “contratos criminalizados”, lo que significa que las concesiones otorgadas podrían pasar al Estado Peruano, sin importar que, en el segundo caso, por ejemplo, el 57 % de las acciones haya sido vendido al fondo canadiense Brookfield, que es muy serio y nada tiene que ver con Odebrecht. Lo mismo opina el congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry. Se suman, así, al incendio del peaje Chillón.


Audiencia del Juez Carhuancho

A su vez, de madrugada, luego de un día de análisis de la acusación, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, dispuso la prisión preventiva por 18 meses en contra de cuatro de los empresarios de las firmas locales vinculadas al caso de Odebrecht, y detención domiciliaria en contra de otro. El juez dijo que los investigados podrían fugarse del país.

Por otro lado, la ley que incluye a las empresas consorciadas en el DU 003, que las llevará a la quiebra si llega a promulgarse, sin considerar que las decenas de miles de empleados no tienen la culpa de lo que puedan haber hecho o no los directivos.

Tenemos que poner coto a esta fiebre neroniana de destrucción de las empresas y proyectos. Lampadia




“Lo de Santos es una llamada de atención”

“Lo de Santos es una llamada de atención”

“El Poder Judicial es responsable de la reelección de Gregorio Santos en Cajamarca. Si van a iniciarle un proceso a una autoridad y lo van a apresar, tienen que resolver el proceso antes de las elecciones, sino lo victimizan”.

Entrevista a Alfredo Torres. Director de Ipsos Perú

Por Ricardo Monzón Kcomt

(Perú 21, 07 de Octubre del 2014)

Luego de las elecciones regionales y municipales del domingo, los temas a analizar son, en Lima Metropolitana, la arremetida de Enrique Cornejo, y, en provincias, la reelección en Cajamarca de Gregorio Santos, la elección de Jaime Rodríguez (Moquegua) y la posible victoria de Waldo Ríos (Áncash). Para eso buscamos a Alfredo Torres, director de Ipsos Perú.

¿Qué opina de la nueva composición del Concejo Metropolitano de Lima?

El Apra, que será la máxima oposición, probablemente va a jugar con los dos cañones. El Apra es un partido que puede ser una muy fuerte oposición, pero también puede ser un aliado o una oposición amigable si le resulta conveniente. Teniendo tan cerca las elecciones presidenciales, quizás al comienzo el Apra juegue a ser una oposición amigable y, después, según como vayan las cosas, pase a ser una oposición más dura.

¿La gran perdedora fue Susana Villarán?

Indudablemente. Su objetivo era quedar segunda y con una votación más decente. Además, ha defraudado a un sector de la población que la veía con buenos ojos y que se sintió engañada cuando ella cambió de opinión y decidió ser candidata habiendo negado que iba a hacerlo. Creo que ese también es un mensaje importante para Nadine Heredia en el sentido que, si uno se compromete y da su palabra en un tema como este, que es tan claro, tiene que cumplirla.

La sorpresa fue Enrique Cornejo. ¿Si Cornejo empezaba antes su campaña, ganaba?

Definitivamente, no. Castañeda es un alcalde que terminó con el 80% de aprobación, tiene muchísimo que mostrar y tiene el fracaso de Villarán después de su gestión, o sea, lo lógico era que Castañeda ganara. Lo único distinto es que pudo haber ganado con 60% y ganó con 50%.

Los partidos tradicionales han ganado poco tras las elecciones. ¿Qué sucede?

En Lima hay buenos resultados para el PPC y para Somos Perú en algunos distritos, pero el drama mayor se ve a nivel nacional. El Apra, en una época, se vanagloriaba del sólido norte y ahora es territorio de Acuña.

¿De qué mensaje se ha valido César Acuña para lograr este cambio?

Creo que Acuña, sobre la base de su universidad, ha montado un aparato político con el financiamiento que le da la universidad y que, además, sabe llegar a los emprendedores exitosos del norte. En cambio, el Apra se ha quedado con una visión más tradicional; cuando había una cierta lucha de clases, décadas atrás, el Apra podía mediar. No han logrado actualizar su propuesta.

¿El partido de Acuña es uno de los más ganadores de las elecciones?

Así es. No solo está en el norte, está en Lima también y en otras provincias. César Acuña, con la expansión de sus universidades, ha llevado de la mano a su partido político. Donde está su universidad hay un local partidario.

En Cajamarca, ¿qué mensaje le deja la reelección de Gregorio Santos?

Esta es una llamada de atención a todos los poderes del Estado. En primer lugar, para el Poder Ejecutivo, que no supo recuperar la confianza de Cajamarca tras la batalla por Conga, nunca trabajó lo suficiente para recuperar al poblador. También me parece responsable el Poder Judicial, porque, si van a iniciarle un proceso y van a apresar a una autoridad, tiene que resolver el caso antes de las elecciones, para que esa persona no llegue como procesada a las elecciones y se victimice.

La población piensa que está preso por defender sus intereses…

Claro, por eso la mitad de la población de Cajamarca piensa que Santos es víctima de un complot y no una persona con serias acusaciones de corrupción. El Poder Judicial termina ayudándolo. Y el tercer responsable es el Congreso, que debería dictar normas para evitar que tantas personas involucradas en procesos por corrupción puedan postular.

¿Los proyectos mineros seguirán paralizados?

Sí, mientras el sentimiento de la población siga siendo que Gregorio Santos es su gran defensor, es muy difícil pensar que van a haber inversiones en la zona.

La situación de Áncash también se torna complicada. Waldo Ríos, quien recibió dinero de Montesinos, podría ganar.

El Estado no llega bien a Áncash en el sentido de brindar los servicios públicos que la población espera, pero tampoco llegan la sociedad civil, la prensa y las ONG. Entonces, nos enteramos de lo que ocurre en Áncash cuando ya asesinan gente, cuando ya estamos en la etapa más avanzada del cáncer. Hay una gran distancia entre algunas ciudades de la costa, que son mucho más pragmáticas y modernas, y otras ciudades del país donde la clase media es muy pequeña y se requiere de clase media para consolidar la democracia.

¿Cómo ve el caso de Moquegua? Ganó el candidato que dijo que robó ‘en carretilla’.

En el caso de Moquegua es una pena que hayamos visto que los dos primeros candidatos eran bastante cuestionados, sobre todo, porque el presidente regional saliente es uno de los presidentes que ha hecho una mejor gestión en este último periodo y uno hubiese deseado que pudiese continuar alguien como él en el cargo.




Señora Villarán, discriminación es discriminación

Señora Villarán, discriminación es discriminación

Hace casi 60 años Rosa Parks, una mujer afroamericana del Sur de los EEUU se rehusó a ceder su asiento a un hombre blanco a pesar que las normas y las costumbres así lo exigían. La actitud de Mrs. Parks fue la chispa que puso en marcha el movimiento por los derechos civiles en EEUU, liderado por Martin Luther King. Esta lucha determinó la erradicación definitiva de la segregación en espacios públicos, la incorporación de la población negra en igualdad (legal) de condiciones. La discriminación fue proscrita y eventualmente permitió que el “Sueño” del Doctor King se hiciera realidad, años después, cuando un afroamericano, Barack Obama, llegó a la presidencia de los Estados Unidos.

Salvando las grandes distancias con este hecho de enorme trascendencia histórica, un acontecimiento ocurrido en un bus limeño hace unas semanas, trae al debate público nacional el odioso tema de la discriminación. Como se sabe, la actriz Magaly Solier denunció que fue acosada sexualmente  en el Metropolitano. Ante esta situación, nuestras autoridades municipales y gubernamentales han lanzado propuestas facilistas y absurdas como que las chicas lleven alfileres y clavos para defenderse y, peor aún, el establecimiento de  discriminación positiva.

La alcaldesa Susana Villarán, haciendo gala de su tradicional desatino y mostrando su incapacidad para dar “pie con bola”, ha propuesto implementar de un servicio discriminatorio y segregado por sexo en el Metropolitano para combatir el acoso sexual. Los hombres irían en unos buses, y las mujeres en otros. Así cada uno por su lado evitaría los tocamientos indebidos, ni miradas lascivas y la incomodidad para las pasajeras por la conducta de ciertos depravados. También ha propuesto un servicio exclusivo para niños y adolescentes. Por su parte, Pro Transporte – entidad rectora del Metropolitano – ha hecho eco de esta propuesta, aunque ha considerado una alternativa menos extrema: las mujeres se ubicarían al frente del bus, y los varones en la parte posterior. Sobre las parejas no se dice nada.

No obstante, es necesario contextualizar un poco más la situación. El sistema del Metropolitano se encuentra absolutamente saturado en horas punta, con los buses avanzando al máximo de su capacidad, y mucho más allá de lo que podría denominarse “comodidad” para sus pasajeros. En esta situación la viabilidad técnica de segregar buses queda en entredicho; si aún ahora la capacidad de oferta del servicio de transporte público se encuentra con fuertes dificultades, ¿cómo se puede esperar que añadir una complicación adicional sea beneficioso para los usuarios?

Sin embargo, no se puede negar que en el Perú hay una problemática de agresión sexual. Según estadísticas del Ministerio Publico, más de 21 mil niños y adultos fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual o tocamientos indebidos en el 2011, con 8,189 de esto casos en Lima y Callao. La PNP registró en el 2011 casi 111 mil denuncias de agresión a las mujeres, con más de 50 mil en Lima y Callao. En contraste, de acuerdo a cifras manejadas por el programa Warmi Wasi de la MML, apenas 17 denuncias por acoso fueron realizadas en las estaciones del Metropolitano desde Noviembre 2012.

Ello no quiere decir, sin embargo, que no haya una fuerte cultura de acoso a las mujeres en Lima; de acuerdo a la Encuesta del Estado de la Opinión Publica – Acoso Callejero, publicada en Marzo 2013 por la PUCP, el 52.8% de las encuestadas a nivel nacional afirmó haber sufrido algún tipo de acoso en los últimos seis meses, incluyendo los silbidos. El 15% afirmó haber sido víctima de roces o tocamientos incómodos en el transporte público o espacios congestionados, cifra que se incrementa a 22.2% en Lima – Callao.

El Metropolitano es un sistema de 600 buses que permite actualmente la movilización de más de 520 mil pasajeros diarios (más de 180 millones de usuarios al año). En dos años y nueve meses de operaciones logró transportar 300 millones de usuarios. Con estas cifras, utilizar un caso mediático para proponer un replanteamiento de la estructura de transporte del servicio es una medida exagerada, irreflexiva y populista.

Es gratamente sorprendente encontrar una voz discordante. La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha elevado su voz de protesta contra esta medida, explicando que hay que trabajar con nuestra familia, con el gobierno y también los transportistas para poder fin a esta situación. La indiferencia mata, no debemos ser indiferentes a este tipo de cosas”.

El acoso sexual es un problema social, síntoma del sexismo, y debe ser tratado desde la sociedad. Atacar a uno de los síntomas sugiriendo poco menos de una cuarentena sexista, que tiene la implicancia que los hombres son depravados e incapaces de interactuar con las mujeres en espacios públicos es una idea efectista.  

Las autoridades cuando hablan como tales deben tener cuidado de no promover regulaciones hepáticas en las que se plantee absurdos como la formalización de la discriminación positiva.  Hoy para el acoso sexual, mañana, quien sabe para qué más. Lampadia




De Villarán y Santos

De Villarán y Santos

Los dirigentes más representativos de la izquierda han ocasionado graves daños alpaís por sus enfoques ideologizados y su improvisación. En el caso de Lima se ha llegado a niveles de  ineficiencia pocas veces visto. En Cajamarca un caudillo autoritario y nada democrático se aferra a intereses políticos y personales para volver a postular a la región, a pesar del evidente desastre de su gestión.

La alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, empezó tratando de parar los hospitales de la Solidaridad y el desarrollo de las escaleras en los cerros, símbolos del éxito de Castañeda, para luego tener que dar marcha atrás. El fracaso de su gestión la llevó a la revocatoria, tras lo cual pretendiógirar el timón y acercarse a las políticas de su antecesor. Lamentablemente, insistió en dirigir el municipio con los accesitarios de Fuerza Social (FS) y ha terminado recontratando al revocado Eduardo Zegarra.

El discurso de Fuerza Social en las elecciones municipales del 2010, fue netamente idealista y retórico, siendo su principal argumento criticar la gestión Luis Castañeda. Se criticaba el enfoque orientado a realizar obras, concesiones viales y el uso excesivo de publicidad. Propusieron realizar otro tipo de reformas, sin abusar de la publicidad. Hasta ahora no sabemos a qué tipo de reformas se referían. Lo concreto es que solo ha podido mostrar (en 3 años de gestión) dos intentos de reformas concretas, ambas inconclusas: 1) la reforma del transporte público, 2) el reordenamiento del mercado mayorista de Santa Anita.

Mientras que en otras capitales de Sudamérica recuperan su centro histórico, se reordena el transporte público y la seguridad ciudadana; en Lima Metropolitana, nos quedamos en las buenas intenciones y el discurso. La conclusión de los proyectos se aplaza una y otra vez. Por ejemplo, tenemos el caso de la Costa Verde “se terminarán cuando se terminen”.

Lo que caracteriza la gestión de Susana Villarán es la ineficiencia. Por ejemplo, se tuvo que cambiar el trazo del la línea 2 del Metropolitano que competía con la del Metro del Lima. Además, la municipalidad viene pagando una compensación económica al consorcio administrador del Metropolitano al no poder extender en su totalidad las líneas asignadas por contrato, y a su vez no se ha podido cortar las licencias de uso de las rutas que compiten con el Metropolitano.

La actual alcaldesa subestimó la complejidad de la administración de una ciudad de 9 millones de habitantes. Su error más grave fue no rodearse de técnicos con experiencia. Es iluso pensar que con el concurso de académicos, sin experiencia en la gestión pública, y muchas veces de un sesgo ideológico del pasado, se puedaadministrar una institución tan compleja. Esta serie de errores, le costó a la población una revocatoria, con la que FS perdió a todos sus regidores.

En provincias, los colectivos de izquierda, más radicales aún, y apoyados por ciertas ONGs ambientalistas, perpetran un peor daño al país. Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, comprometiendo el futuro de los cajamarquinos, paralizó proyectos mineros como Conga (una inversión de US$ 4,800 millones), que cumple con todas la certificaciones ambientales, además de los proyectos de Galeno, Michiquillay y La Granja. Con esta decisión ideológica, se dejaron de crear empleos directos en el corto plazo, y se perdieron recursos del canon minero y regalías, que podrían haber financiado escuelas, hospitales, comisarías, carreteras, canales de riego, entre otros; que son las necesidades más apremiantes de la población. Santos se ha dedicado a ser política nacional, mientras los índices de competitividad, pobreza y desigualdad en Cajamarca, siguen cayendo. (ver Stalinismo en Cajamarca y Del limón de Tambogrande al chocolate de Celendín).

 Tanto Susana Villarán como Gregorio Santos, son parte de una izquierda que no se quiere modernizar. La primera, comete el error de pensar que todo se soluciona con buena voluntad, y Santos se aprovecha de la buena voluntad de otros para una agenda política contraria a los intereses de la población.En Lima, la gran mayoría está desilusionada con la gestión municipal, en Cajamarca la falta de inversión y el desempleo le están cobrando factura al gobierno regional. Lamentablemente, la oposición en Cajamarca, en un acto de irresponsabilidad mayúsculo, se apresta a postular a la región, dividiendo sus fuerzas.

Lampadia