Podremos aportar parte del IGV que pagamos a cuenta individual de pensión y salud, pero se necesitan reformas

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una buena noticia que llamó la atención hace unos días fue la revelación de que el 2018 la recaudación tributaria volvió a crecer luego de tres años de caídas y creció nada menos que en 13.8% en términos reales, muy por encima del crecimiento de la economía. Con ello la presión tributaria subió de 13% del PBI a 14.1%.

En la siguiente entrevista el ex jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, explica que eso se debió, en parte, a la transformación digital que está viviendo la Sunat, que permitirá incorporar a la gran base informal. No obstante, advierte que se necesitan reformas para simplificar los regímenes tributarios y hacer que las personas puedan aportar parte del IGV a su cuenta de pensiones y a su seguro de Salud, ayudando así a ampliar la base y formalizar la economía.

Lamentablemente, el gobierno del presidente Vizcarra suspendió los servicios de Shiguiyama en la SUNAT, cortando innecesariamente una gestión reformadora e innovadora. Esperemos que Claudia Suarez, su sucesora, continúe y profundice en la misma línea. Ver en Lampadia: El gobierno maltrata a los funcionarios públicos.

El incremento de la recaudación el 2018 ha sido notorio. ¿Hay acciones de la Sunat que explican ese crecimiento?

Los resultados del 2018 han sido muy positivos. La recaudación ha crecido tres veces más que el crecimiento del PBI.

• La primera explicación es sin duda el crecimiento económico.
• Luego, una mejor gestión de los datos, logrando generar una sensación en los contribuyentes de mayor riesgo, es decir, de que serán detectados.
• Un trabajo más cuidadoso en la gestión judicial, gracias a la procuraduría.
• También un impulso al trabajo digital, como la factura electrónica. Ya estamos en casi 65% del monto facturado en electrónico.

• Además, cruces masivos de información, muchos realizados por primera vez en la Sunat.
• El desarrollo de un trabajo integrado tributos – aduanas que, aunque no lo creas, no se hacía.
• También ha jugado un papel importante complementar el marco de fiscalidad internacional BEPS (intercambio de información, secreto bancario).
• Y usos de información corriente, es decir, de los últimos meses, cosa que se hace por primera vez también.

¿Qué significa “uso de información corriente”?

Sunat suele trabajar con la información tributaria luego de 1 año como mínimo. Usualmente 3 o 4 años después. El año 2017 y especialmente 2018, la Sunat empezó a trabajar con información del mes anterior, lo que resulta mucho más impactante para el contribuyente. Que Sunat le observe una compra del mes pasado, le generó una sensación de riesgo mucho más alta.

¿Han usado big data, inteligencia artificial?

Así es, también se empezó a emplear modelos con big data y machine learning para cruces más precisos, además de incorporar indagaciones y cruces de gente sin RUC. Por ejemplo, a partir del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), información que no se usaba para los cruces. Estos solían hacerse sólo entre los que tenían RUC.

Llegaron a gente que estaba fuera del radar…

Todo esto generó, creo yo, la sensación de una Sunat más tecnificada, con mayores capacidades de detección. Lo que permite el objetivo central de toda administración tributaria moderna: mejor cumplimiento voluntario debido a un mayor riesgo de ser detectado por incumplimiento. En múltiples ocasiones fuimos dando el mensaje a gremios y líderes que la Sunat iría ganando mejores capacidades por la transformación digital.
En realidad, sacamos a la Sunat de su zona de confort y varios aspectos se hicieron por primera vez.

Entonces, ¿este año también vamos a tener un crecimiento de la recaudación claramente por encima del crecimiento del PBI?

Confío en que sí. Hay mucho potencial, pero hay una cultura interna que debe cambiar. Requerimos reformas, pero el continuo cambio de ministros en el MEF dificulta tener un plan de reformas. Esperemos que el gobierno desarrolle un plan de transformación digital del Estado, que construya procesos totalmente nuevos, y continúe la consolidación de una Sunat más simple y justa.

Con las reformas te refieres a la complejidad o multiplicidad de regímenes tributarios, eliminar el RUS y el RER por ejemplo, ¿no?

Así es, una simplificación del modelo, pensando en las posibilidades que te da la transformación digital en curso. Y además simplificar los procesos y procedimientos. Con el tiempo, se han redactado demasiados procedimientos que hacen muy burocrática la relación entre el contribuyente y la administración. Fuera de eso, hay que incentivar desde la demanda, es decir, beneficios para gente que compra formal. El camino para una consolidación de la recaudación está 100% claro, es cuestión de ejecutar. Y hay por ejemplo asuntos más técnicos, como la escalabilidad de la factura electrónica. Al pasar a la nube y a los Operadores de Servicios Electrónicos (OSE), como en el modelo mexicano, dicha escalabilidad está garantizada.

¿Qué es escalabilidad de la factura?

La masificación de la factura electrónica. Como te comenté, el monto facturado electrónicamente ya está en 65%, pero son solo los grandes contribuyentes. Falta la masificación en términos de número de contribuyentes. Y eso podría traer problemas de arquitectura y equipamiento, pero como se optó por nube, la escalabilidad (crecimiento) se dará sin mayores problemas. Es lo que el mundo moderno hace hoy en día. La vieja idea de realizar faraónicos proyectos, para tener grandes centros de cómputo y desarrollar todo internamente, obedece a la vieja economía.

Se publicó que en marzo se vuelve obligatoria la factura electrónica para los que venden más de 159 UIT, con lo que alrededor del 85% de las ventas totales de los contribuyentes se realizarán a través de la factura digital.

En marzo empieza el proceso obligatorio para los que venden más de 159 UIT (S/. 667,800). En julio se eliminan las máquinas registradoras, es decir, los que emiten ticket simple sin envío a Sunat. El 2020 entran los servicios públicos y la banca, que en realidad sólo es pasarlos al formato XML de factura electrónica. El portal gratuito seguirá operando.

La masificación de los comprobantes electrónicos permitirá ampliar considerablemente la base tributaria, ¿no es así?

Sin ninguna duda. Y debiera ser base para la reforma tributaria, así como la cuenta única que ya está en proceso de construcción, ya está diseñada y ahora pasa a construcción. Con miras a que sea en nube también. Estará lista a mediados del 2020.

¿Qué es la cuenta única?

Es el proyecto que permitirá a la Sunat controlar el estado tributario de cada contribuyente, empresa o persona. Es decir, posición única de todos los tributos, y tener un estado de cuenta en línea. Eso te permitirá, junto a la factura electrónica, una revolución en la gestión de tributos para pequeñas empresas y personas. A finales del 2020 podrías tener una Sunat 100% digital, con procesos simplificados. Y ya hay un equipo que trabaja ciencia de datos, así es que la explotación del big data también está en ejecución.

¿Con esto la base se debe ampliar muchísimo no?

Sin duda, pero como es un escenario sin precedentes en Perú, nadie quiere aventurar números. Y claro, con esas dos tecnologías o procesos digitales en acción, las políticas públicas pueden ser híper creativas y muy diferentes a las actuales. Las leyes de reforma serán el cuello de botella. Por primera vez las capacidades tecnológicas estarán delante. Ahí está la verdadera transformación digital. Nada me haría más feliz que Sunat lo logre y que el MEF/Congreso den las nuevas leyes requeridas.

¿Te refieres a que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar parte del IGV que pagan cada vez que compran algo, a su cuenta individual de pensiones o de seguro de salud, y la propuesta de un seguro de salud básico universal pagado con la tributación?

Sí, incluso los niños con su DNI amarillo podrían aportar desde su nacimiento, con las compras de pañales, por ejemplo. Y también leyes sobre la factura electrónica, factoring y libros. Y por supuesto las de reformas del sistema: simplificación tributaria y uso de IGV para personas, lo que mencionas. Además de poder diseñar una contabilidad simplificada para las pequeñas empresas, de tal manera que el costo de cumplimiento se reduzca drásticamente y estos emprendedores puedan concentrarse en gestionar sus negocios y no distraerse en lo tributario, como ocurre hoy.

La SBS se adelantó en esta idea (resolución N° 00010-2019), permitiendo que los afiliados a una AFP puedan aportar a sus cuentas los descuentos en los precios de ciertos productos en las tiendas. En el caso de la Sunat sería usar parte del IGV para aportar a mi cuenta de AFP, como propuso Lampadia, o a Essalud. ¿Por qué no se hace?

Lo importante es pasar a las acciones. El camino de incentivar la demanda es el correcto. Es parte de las políticas tributarias, pero toca al MEF y no a SUNAT qué hacer. Yo propongo la idea que el ciudadano reciba un incentivo directo para comprar formal, que pueda aportar 1, 2 y 4 puntos del IGV de sus compras para:

• 1% cash back por pago mediante algún medio electrónico,
• 2% para su seguro médico, y
• 4% para sus pensiones.

La idea es motivar al comprador, al consumidor final, los porcentajes son referenciales. Debería discutirse gradualidad, los números y tasas y si efectivamente logra cambiar el comportamiento de las personas, que es lo importante.

Supongo que eso traerá una disminución de los ingresos en un primer momento. Pero luego se ampliarían porque todos pedirían factura. ¿En cuanto tiempo se superaría el bache?

Efectivamente, en cualquier reforma siempre existen riesgos. Pero tenemos que buscar un cambio en el comportamiento de los contribuyentes, y eso se hace con incentivos, no con el garrote. Ya es hora de hacer propuestas que respondan al plazo medio y no sólo a cubrir las necesidades inmediatas. Tal vez un referente sea el cinturón de seguridad, ¿2 ó 3 años ?, o la misma reforma de Sunat que lideró Manuel Estela en los 90. Un cambio sustantivo que se tradujo en resultados en 3 años. Hay que atreverse y no ser tan complacientes.

¿La masificación de comprobantes electrónicos tiene que estar al 100% para hacer esto?

Por supuesto que no. De hecho, ya hoy se tiene más del 65% del monto facturado mediante comprobantes de pago electrónico. Considerando la información de libros y planillas electrónicas, la información de SBS y otras fuentes, la Administración Tributaria cuenta con la capacidad de realizar modelos muy sofisticados basados en Big Data, que explican en parte el salto de recaudación que se vio en 2018. Y para lograr un mayor impacto y mayores beneficios para los negocios formales, el uso de la boleta electrónica con beneficios para el consumidor final es una herramienta muy poderosa que ya está disponible hoy.

Y acá radica el verdadero poder de la tecnología. La transformación digital en curso en la Sunat no es pasar la factura o boleta del papel a digital. El verdadero poder reside en re-imaginar las políticas tributarias y por lo tanto el funcionamiento del modelo económico en su conjunto gracias a las tecnologías. No estamos hablando de mejoras de procesos o de reingenierías como sucedía en los 90. Estamos hablando de transformaciones que afectarán para bien, cómo tributamos, y cómo logramos beneficios directos por ser formales.

Mencionaste que un factor del incremento de la recaudación ha sido “un trabajo más cuidadoso en la gestión judicial, gracias a la procuraduría”. Pero ha habido mucho cuestionamiento a la Sunat por la arbitrariedad de esas acotaciones y los intereses excesivos por tiempo transcurrido atribuible a la administración.

En efecto ha habido críticas, sobretodo en litigios muy antiguos. Diría que la pertinencia de las acotaciones la deberá determinar el juez (y bueno, sabe Dios qué determinará). Los juicios antiguos deben culminar, sea cual sea el veredicto. Pero este tema hace daño a ambas partes. El cobro de intereses en tiempos extras ha sido corregido por ley, y sobre los casos antiguos, muchos contribuyentes han interpuesto su causa en el TC.

Los mecanismos de resolución de conflictos también requieren una reforma sustantiva, en procedimientos, plazos y capacidades de los órganos responsables (la propia Sunat, Tribunal Fiscal, y el Poder Judicial). Ojalá se pudiera dotar a la Sunat, de capacidad de negociación, reconocimiento y pago para evitar el largo camino judicial.

Sería ideal que tengamos mecanismos que puedan resolver cualquier controversia en muy corto plazo, considerando que, si queremos un buen comportamiento, necesitamos que las consecuencias económicas de los actos, se tengan de manera inmediata. Lampadia

Una de las primeras obligaciones de cualquier institución que tenga personal a su cargo, es velar por su cuidado y respeto. Cuando el Estado contrata personal, esta obligación es doble, pues muchas veces los buenos funcionarios públicos deben sacrificar ingresos para trabajar por el Estado; asumir riesgos de función (Contraloría) por procesos absurdos e injustos; deben también aceptar el escrutinio público y mediático; y, finalmente, asumir los riesgos de la volatilidad de la política.

Pues nuestro gobierno maltrata a sus funcionarios públicos, no solo porque no vela por ofrecerles un ecosistema meritocrático y normativas transparentes y objetivas, sino que muchas veces, ante el devenir de la política, actúa desaprensiva e injustamente.

Veamos dos ejemplos clamorosos, ambos sobre un cargo de máxima confianza en la SUNAT:

• Cese (efectivo) de Víctor Shiguiyama

Shiguiyama es eminentemente un técnico que asume el reto de dotar a la Sunat de sistemas digitales que permiten, por ejemplo, generalizar los convenientes comprobantes electrónicos.

Pues el gobierno, desde el más alto nivel, pide su renuncia y exige que se haga durante su permanencia en el extranjero, sin importarle la imagen de una renuncia abrupta que se ha prestado para comparaciones despectivas.

Pero ¿a qué se debe el pedido de renuncia? A la aparición de una publicación, una semana antes, sobre un aporte de Shiguiyama a Fuerza 2011 por US$ 20,000, algo que no implica la menor falta de proceder.

Al gobierno no le importa el prestigio de su funcionario, ni el desarrollo inconcluso de sus aportes al país.

• Abrupta interrupción del nombramiento de Jorge Estrella

Ante la salida de Víctor Shiguiyama de la Sunat, el gobierno ve conveniente reemplazarlo con el economista Jorge Estrella, un funcionario de mucho prestigio y de muchos años de servicio en el BCRP, que a la fecha se desempeña como Jefe de Estudios Económicos de esa institución.

Pues el gobierno, ante la toma de conocimiento de que el señor Estrella nació en Chile, el Primer Ministro suspende el nombramiento, ya anunciado.

Resulta ser, que Estrella nació en Chile de padres peruanos y está registrado desde su nacimiento como peruano. Pero el gobierno se permite maltratar a un funcionario de primer nivel, por una simple cobardía, para evitar que alguien haga algún comentario incómodo. La tranquilidad del funcionario no les importó nada.

Vale el dato de que actualmente, nada menos que el Presidente del Banco Central de Gran Bretaña, es un extranjero, un canadiense.

Siendo tan importante atraer funcionarios valiosos al servicio del Estado, este tipo de actos son muy criticables y atentan contra la salud de todo el aparato del Estado. Los gobernantes no son dueños del Estado, solo son los administradores temporales.

Pero este no parece ser el entendido de ciertas autoridades del gobierno. Por ejemplo, la vicepresidente Mercedes Aráoz, acaba de declarar una perla:

“Creo que sí hay que escuchar [al sector privado],
pero eso no significa rendirse ante el sector privado”.
Gestión, 21 de noviembre, 2018

O sea, el sector privado peruano ¿es una suerte de fuerza de invasión extranjera?

No señora vicepresidente, el sector privado es socio del Estado, el socio más importante. No se olvide que hoy, las medidas del Perú son: 90 – 90 – 90.

El sector privado genera aproximadamente:

• El 90% de la inversión
• El 90% del empleo, y
• El 90% de los ingresos del Estado

¿Qué pasa con el gobierno? ¿Además de descuidar la gobernanza, descuida a sus funcionarios y desconoce el aporte de millones de peruanos? Lampadia

Nos da mucho gusto que la empresa Telefónica se haya animado a decir su verdad y a compartir con los ciudadanos, los pormenores de la controversia que se ha visto forzada a mantener con la SUNAT.

Como se explica en el artículo de María Perales, Directora Fiscal de Telefónica, que compartimos líneas abajo, el reclamo de la autoridad tributaria se deriva de una interpretación de Sunat, que imputa a la empresa no haber hecho suficientes esfuerzos para cobrar a sus clientes morosos, y pretende cobrar el impuesto a la renta por los pagos no realizados por dichos clientes. A ello, se suman intereses y moras, llevando la presunta deuda a niveles astronómicos.

Esto no solo daña innecesariamente a una empresa que opera en el extremo de la formalidad, daña también la institucionalidad de la economía en conjunto y, además, les regala a los enemigos de la economía de mercado, argumentos efectistas parta atacar la inversión privada y confundir a la ciudadanía sobre las líneas matrices de las políticas públicas que deben conducirnos al bienestar general.

Lamentablemente, en Lima, donde se concentra gran parte del aparato de gobierno del Perú, se suele hablar a media voz y se prefieren las gestiones a puerta cerrada, no se comparten las opiniones, diferencias y preocupaciones con los ciudadanos, que conforman el espacio de vida en que se desenvuelven las empresas. Por ello, el ciudadano común, alimentado desde los medios de comunicación por los activistas anti-empresa, anti-inversión privada, anti-economía de mercado y anti-modernidad, ha desarrollado un sentido común distorsionado sobre el mundo moderno y el desarrollo.

Sin embargo, en los últimos meses hemos visto aparecer algunas empresas, a defenderse y compartir con la opinión pública sus aportes y las vicisitudes que se ven obligadas a padecer en el Perú. Así lo han hecho recientemente Gloria y Southern y, ahora, Telefónica. Esperamos que este sea el inicio de un continuo diálogo con los ciudadanos, a quienes estamos obligados de mantener informados sobre el marco de vida y desarrollo de nuestro país. Lampadia

Telefónica cumple con la ley

María Perales Bazalar 
Directora Fiscal de Telefónica del Perú
Diario Gestión
23 de mayo, 2018

Es imposible guardar silencio ante el trato dañino de la Procuraduría de la SUNAT que recientemente publicó un artículo sobre la existente controversia tributaria titulado “Telefónica también debe cumplir con la ley”.

Ante todo, Telefónica es un contribuyente que merece respeto, como lo merecen todos los contribuyentes, porque siempre ha cumplido con la ley y con sus obligaciones tributarias. A lo largo de estos 24 años de operación en el Perú ha pagado más de 9 mil millones de soles que le correspondían pagar por concepto de impuesto a la renta (equivalente al financiamiento de cerca de 2 mil pequeñas escuelas o la educación anual de 3.5 millones de estudiantes). Cifra que la Procuraduría omite señalar cuando desliza que se incumplió la Ley.

Es oportuno decir que Telefónica siempre ha estado entre los principales contribuyentes del Perú y que la tasa real del impuesto a la renta sobre la utilidad se encuentra por encima del 40% muy superior a la tasa nominal del 30%. Esto quiere decir que, por cada 100 soles de utilidad, 40 los destina al pago del impuesto a la renta.

Lo que se discute en los procesos, es la pretensión de la Administración Tributaria de cobrar el impuesto a la renta por recibos telefónicos que nuestros clientes tuvieron dificultades para pagar y por lo tanto la Empresa no cobró, sobre todo en el año 1998 dónde el país y los peruanos enfrentamos el terrible Fenómeno del Niño. Es decir, se pretende que paguemos impuestos por ingresos que no percibimos.

Para convalidar este actuar, la Procuraduría de la SUNAT pretende desconocer un sistema integral y efectivo de cobranza, y tras ello descartar el 100% de la llamada “Provisión de Cobranza Dudosa”. Añade que “solo” fueron objeto de reparo aquellos sistemas que no cumplían con el requisito de “intimar al pago al cliente”, el cual es necesario para que haya configurado la gestión de cobranza. Con esta afirmación, la Procuraduría pretende justificar que lo que se le pide a un contribuyente como Telefónica es lo justo y para nada arbitrario.

Telefónica es un contribuyente que presta servicios públicos de telecomunicaciones en todo el Perú, y por lo tanto para realizar una eficiente gestión de cobro a sus clientes utiliza el denominado Sistema Integral de Cobranza, el cual consiste en 9 gestiones de cobro y cuyo proceso mostramos a la SUNAT durante la fiscalización, seguros de que validaría que “sí realizamos gestiones de cobro”. Se mostró: llamada automática, llamada de una tele-operadora, notificación en el recibo telefónico, corte parcial y total, notificación de baja, gestión prejudicial, financiamiento, registro en Infocorp y carta de cobranza.

No exigir el cobro de las deudas a los clientes carece de toda lógica y razonabilidad desde el punto de vista empresarial. Es vital para toda empresa intentar cobrar para no incurrir en pérdidas. Suponer que no se implemente ningún sistema de cobranza que intime al pago, es suponer que el empresario es negligente para manejar su negocio. En este contexto debemos señalar que el sistema integral que descartan las autoridades tuvo un nivel de éxito de cobro del 92% del total de nuestros recibos.

Sin embargo, SUNAT descartó una a una cada gestión ejecutada, no descartó una de las 9 gestiones, sino que las descartó todas, y así se generó una de las crisis más serias para Telefónica.

Uno de los más emblemáticos sinsentidos de la Procuraduría de SUNAT es afirmar que la notificación de deuda que hace Telefónica en los recibos no es gestión de cobranza por la forma cordial en que termina nuestra comunicación. Como cualquier empresa e institución (incluyendo la SUNAT), junto con la advertencia de deuda también se precisa que “si se encuentra al día en sus pagos, ignore esta deuda que figura como pendiente”. Obviamente, cualquier empresa, por cordialidad y por preservar al cliente, quiere evitar el disgusto de una persona que cumplió con pagar poco antes de la fecha de emisión y envío del recibo.

Una muestra del trato diferente hacia Telefónica respecto a la evaluación de esta gestión de cobranza en el recibo, salta a la vista con Sedapal, mientras a esta institución se le reconoce como una gestión de cobro válida, a Telefónica se le desconoce por considerarla una simple “comunicación con el cliente”. Además, el órgano regulador de las telecomunicaciones, Osiptel, también reconoce como gestión de cobranza la notificación de deuda a través de los recibos telefónicos.

Un ejemplo más, mientras una sala del Tribunal Fiscal aceptó la gestión de cobro denominada “notificación de baja”, otra sala dijo que no lo era. ¿Cómo puede afirmar la Procuraduría de SUNAT que incumplimos la Ley, cuando los entes reguladores tienen dificultades para ponerse de acuerdo en interpretar lo que exige la Ley?

Es necesario alzar la voz para precisar que estas acotaciones datan desde los años 1998, 2000 y 2001. Es decir, han pasado cerca de 20 años y todavía se desconoce ¿qué es para la Administración Tributaria una gestión de cobranza que intime al pago al cliente?

Lo difícil de esta situación es que mientras avanza el proceso más requisitos exige la Procuraduría de SUNAT para calificar una gestión de cobro. ¿Cómo un contribuyente puede cumplir las exigencias de la Procuraduría de SUNAT 20 años después? Requisitos que ni están ni estaban establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta y sin embargo ahora resulta que siempre estuvo todo muy claro e indiscutible. La norma solo exige realizar “gestiones de cobro”, ¿Es insuficiente 9 gestiones de cobro?

Después de esto, imagínese un contribuyente que cumple con pagar sus obligaciones tributarias pero que años después le desconocen la deducción de determinados gastos en los que realmente incurrió. Por esta razón, Telefónica como cualquier contribuyente, reclama predictibilidad tributaria antes las instancias correspondientes.

Hace mucho daño que las autoridades se demoren 20 años en definir ¿qué es una gestión de cobro? Esta demora perjudica a Telefónica, pues la indefinición por parte de las autoridades ha hecho que el importe en litigio se incremente de manera astronómica con unas tasas de interés entre 26 y 14%. Se afecta a la Empresa cuando se la señala como uno de los grandes deudores cuando la demora en resolver es imputable al Estado. Después de este prolongado caso, las moras e intereses representan el 80% del importe en cuestión.

La controversia en el ámbito del Poder Judicial está próxima a cumplir una década, y esperamos que este Poder del Estado finalmente resuelva conforme a ley y a favor de la predictibilidad tributaria, factor imprescindible para atraer inversiones y seguir creciendo. Lampadia

Como hemos explicado en anteriores ocasiones, en el Perú se sigue desnaturalizando la relación de algunas grandes empresas con el Estado.

• “Las grandes empresas no pagan impuestos”: Se ha creado el ‘San Benito’ de que las grandes empresas no pagan impuestos. Pero la verdad es todo lo contrario, los ingresos fiscales están concentrados en muy pocas empresas, las más grandes y formales.

• Intervencionismo Siglo XXI: Desde los albores del siglo, el voluntarismo político ha ido generando un nuevo intervencionismo del Estado en todos nuestros mercados. La actividad privada de estos días, está tremendamente limitada y desalentada.
   
• Ninguneo del sector privado: Nuestros políticos y funcionarios públicos no entienden las medidas de nuestra economía. Hoy, gracias a las reformas económicas de los años 90, tenemos una economía conectada al mundo, en la cual la inversión privada da cuenta del 80-90% de la inversión, 80% del empleo, y 90% de los ingresos fiscales. Sin embargo, se sigue pensando que el futuro de la economía depende de lo que se haga en el ámbito del Estado.
   
• La invasión de asesores estatistas: Desde el año 2000, el Estado ha sido ocupado por muchos funcionarios y asesores de orientación estatista. Esta tendencia se exacerbó notoriamente en el gobierno de Humala-Heredia, algo que no corrigió el gobierno de PPK. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, bajo la dirección del estatista Jaime Saavedra, batió el record de consultorías, dedicando buena parte del presupuesto a contratar asesores de la PUCP, de orientación anti-inversión-privada en educación.

  Por ejemplo, hace un año, el entonces primer ministro Fernando Zavala, reportó que:

  “Durante el 2016, el Ejecutivo contrató servicios de consultorías, asesorías y similares con personas jurídicas por S/ 500 millones. En tanto, contrató estos servicios con personas naturales por S/ 622 millones, por lo que ambos conceptos suman S/ 1,122 millones.

  En el devengado por personas jurídicas, quienes más contrataron fueron la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por S/ 138 millones. Esto provino principalmente de las consultorías contratadas por Osinergmin, Ositran y Devida, informó hoy martes el primer ministro Fernando Zavala ante la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el Congreso.

  En segundo lugar, el ministerio de Educación contrató S/ 90 millones, el MEF S/ 88 millones, el MTC S/ 78 millones y el ministerio de Comercio Exterior y Turismo S/ 17 millones”.
  Gestión: 16 de mayo, 2017

El recorte de gastos anunciado por el gobierno de Vizcarra, se concentra en gran medida en el sector educación. Suponemos y esperamos que se esté corrigiendo esta infiltración desde la PUCP.

• Acoso a la inversión privada: En los últimos años, no solo se ha estado haciendo la vida imposible a la inversión privada, también se ha estado haciendo una suerte de acoso a las grandes empresas, desde la Sunat.

Por ejemplo: luego de las tardías verificaciones tributarias que conduce la Sunat, sus funcionarios han desarrollado interpretaciones fiscalistas, abusivas en muchos casos, como desconocer los gastos de cobranza de bancos y telecoms, por supuestas fallas documentarias absurdas. Este tipo de observaciones dio lugar a acotaciones de impuestos, más multas e intereses, que generaron enfrentamientos que han servido para acusar a las grandes empresas de no querer pagar impuestos.
Lo mismo pasó con el sector minero, con antojadizas interpretaciones de los contratos de estabilidad tributaria.
Ver en Lampadia: Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar y Sobre deudas, acotaciones y litigios.

• De satélites y procuradores: Recientemente, se ha producido un nuevo caso de acoso a las operaciones del sector privado. En esta ocasión, en relación a los servicios satelitales usados por las empresas de telecomunicaciones.

La Corte Suprema de Justicia, contrariando los criterios técnicos de la Intendencia Jurídica de la Sunat, del Tribunal Fiscal, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha establecido que los operadores satelitales no domiciliados en el Perú, están sujetos al Impuesto a la Renta.

Este fallo ha sido posible por la insistencia procesal del Procurador de la Sunat, que ha llevado el caso hasta la Corte Suprema. O sea, el abogado del Estado, en contra de las decisiones del Estado.

Esta decisión afecta la predictibilidad del espacio tributario, la viabilidad de los servicios de comunicaciones en las localidades más remotas del país, y sigue alimentando criterios equivocados sobre las condiciones para hacer negocios en el Perú.

• No hay primera sin segunda, ni tercera: Este caso está manejado por el mismo procurador que, en los casos contenciosos mencionados líneas arriba, salía en los medios de comunicación a acusar a las grandes empresas de no querer pagar impuestos. Alimentando así, de argumentos perversos, a los enemigos de la economía de mercado y de su principal motor, la inversión privada.

Ahora que estamos en una crisis de ‘vacas flacas’ en el Estado, es hora de que en el gobierno se prendan algunas luces que iluminen a la población y marquen el camino de los funcionarios públicos, para que podamos recuperar la senda del bienestar.

Basta de acosar a la inversión privada. Los empresarios no son una fuerza de ocupación extranjera, sino, nuestros mejores socios para promover la inversión, el empleo y el crecimiento de los recursos fiscales. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como ha señalado un reciente editorial de El Comercio, al no existir animosidad entre el presidente Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, porque éste no ha llegado al poder luego de una contienda que los haya enfrentado, pues existe la oportunidad ahora sí de acordar y poner en marcha un plan de trabajo conjunto basado en las coincidencias programáticas entre ambas agrupaciones, que sin duda son muchas.

Ese plan, a mi juicio, debería partir de una toma de conciencia del proceso de modernización y desarrollo en el que estamos embarcados desde que abrimos y liberalizamos la economía en 1990, los avances que hemos realizado, los retrocesos que en esa progresión hemos tenido y debemos enmendar, y las tareas pendientes para seguir avanzando hacia un país cada vez más moderno e institucionalizado capaz de crecer a las tasas necesarias para desaparecer la pobreza.

Retirar “intervencionismo de baja intensidad” y digitalizar

Los avances son conocidos. Los retrocesos también: si en los 90 se liberalizó la economía y se retiró el intervencionismo estatal en los distintos mercados, haciendo posible un crecimiento acelerado, lo que hemos tenido, sobre todo a partir de la segunda década de este siglo, ha sido la restauración de lo que hemos llamado un ‘intervencionismo de baja intensidad’, consistente en la sobre regulación creciente de las distintas actividades económicas, frenando la iniciativa privada y ahogando la economía de las empresas.

El gobierno de PPK comenzó la tarea de simplificar los trámites y desregular algunas actividades. 290 procedimientos en varios ministerios han sido eliminados y 243 simplificados. Esto tiene que seguir. Además, 12 ministerios han iniciado ya el Análisis de Calidad Regulatoria de sus normas, que lleva también a eliminar o simplificar procedimientos. Es una tarea a la que debe dársele más impulso, a fin de restablecer la libertad económica que permita el florecimiento de los emprendimientos.

Hay un esfuerzo interesante de digitalización del Estado, que debe profundizarse. Hay ahora 94 servicios WEB en la plataforma de interoperabilidad y 234 entidades públicas usándolos. Se quiere ir a Cero Papel en el Estado a fines del 2019. Eso implica también, de por sí, simplificar procedimientos porque no se los puede digitalizar si no se simplifican. Por último, en la actualidad, 121 tasas (72%) se pueden pagar por internet (págalo.pe) en lugar de ir a BN. Hay que seguir avanzando en todo esto. 

Construcción institucional e islas de excelencia

Ahora bien, la gran tarea pendiente desde los 90 es la institucional, que requiere acuerdos porque en algunos casos puede afectar intereses. Hemos crecido, pero la institucionalidad general se ha quedado atrás. Tarde o temprano ese retraso afecta el propio crecimiento.

Es cierto que desarrollamos una institucionalidad de mercado, unas reglas de juego que funcionaron, hasta que han sido en algunos casos ahogadas, como decíamos, por una sobreregulación estéril que hay que desmontar. Esa institucionalidad de mercado tuvo su correspondencia en la modernización y profesionalización de ciertas entidades del Estado, que se convirtieron en islas de excelencia. Allí tenemos al Banco Central de Reserva, la Sunat, la Reniec, la ONPE, el Indecopi, los organismos reguladores, la Defensoría y, en alguna medida, algunos ministerios como el MEF, Energía y Minas y, recientemente, el MIDIS. 

Algunas de estas entidades tienen que actualizarse y re modernizarse. Se necesitaría una agenda para eso, quizá de la mano con las recomendaciones de la OCDE. Osiptel, por ejemplo, ha iniciado recientemente un proceso de adecuación en ese sentido.

Implantación de la meritocracia: ley de Servicio Civil

Pero la excelencia no debe limitarse a unas islas, sino a todo el Estado. Pues, como sabemos, esa modernización no alcanzó a casi todo el resto del Estado, donde prevalece, en mayor o menor medida, un patrón de gestión que podríamos llamar neo patrimonialista, donde se favorece en los puestos y contratos a familiares, amigos o correligionarios con poca o ninguna meritocracia. Esto también se aplica, por supuesto, al Poder Judicial y al Congreso en su parte administrativa.

La gran tarea de la reforma del Estado, entonces, consiste en avanzar hacia una burocracia profesional y meritocrática en todos los niveles e instituciones del Estado. Pues bien, para eso se dio, el 2013, la ley de Servicio Civil, para que todas las entidades revisaran y definieran bien sus procesos y los perfiles del personal que necesitaban y en función de eso convocaran a concursos dentro de la administración pública para llenar esos puestos y que luego hubiese evaluaciones de desempeño que regularan los ascensos y la salida del servicio en el caso el empleado no fuera competente.

Un bueno número de entidades, incluyendo ministerios, inició este proceso, pero solo la ONP ha llegado, hasta ahora, a la etapa de los concursos, debido a que el gobierno de PPK no le dio prioridad ni apoyo político a la implementación de esta ley clave. Al no dárselo, creó un vacío que fue aprovechado por las fuerzas del pasado para retroceder a prácticas clientelistas y parasitarias. Por ejemplo, el Congreso aprobó, hace algo más de un año, una ley que pasaba los CAS de Essalud a la 728 –estabilidad laboral absoluta sin meritocracia- en lugar de permitir que pasen al régimen la ley de Servicio Civil, precisamente, que da los mismos beneficios de la 728 pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones, de la obligación de rendir en el puesto. Y luego aprobó hace poco la ley de carrera del trabajador judicial que excluye a dichos trabajadores de la ley de Servicio Civil y les regala una carrera en la que no hay tampoco evaluaciones ni meritocracia alguna. Un retroceso irreversible.

Con la 728 no hay manera de exigirle nada a un funcionario que no cumple ni rinde. Y eso es algo que los usuarios y los ciudadanos en general no podemos aceptar, porque pagamos aportes e impuestos para que el Estado nos sirva de manera eficiente.

Entonces la segunda definición clara del gobierno de Vizcarra debería ser la de darle prioridad y voluntad política a la implementación de la ley de Servicio Civil, que es la base de la gran reforma del Estado, de su transformación en un Estado moderno, eficiente, meritocrático y profesional.

Como consecuencia de esa definición, se debería acordar con el Congreso la reorientación del proyecto de ley que pasa todos los CAS del Estado a la 728 o a la 276, en el sentido de que pasen al régimen de la ley de Servicio Civil que, como decíamos, da los mismos beneficios y derechos que la 728, pero con meritocracia y resolviendo, por añadidura, el problema de los bajos sueldos de los segmentos altos, técnicos y profesionales del Estado, ahora muy mal pagados. En realidad, no habría que dar ley alguna, pues para eso se dio precisamente la ley de Servicio Civil. Es cuestión de aplicarla, aunque quizá se pueda aprovechar para hacerle las mejoras que requiera.

Reingeniería en entidades clave

Ahora bien, dentro del marco general de la meritocracia, hay entidades que necesitan una reingeniería profunda para reorientar su organización en función de metas y resultados dejando de lado vicios y corruptelas de naturaleza patrimonialista. El propio proceso de la ley de Servicio Civil ya es un paso hacia eso. Pero hay entidades como el Servicio Integral de Salud (SIS), por ejemplo, que requieren una reingeniería completa, sobre la base de un concepto diferente. Es lo que venía haciendo el Dr. Moisés Rosas en los últimos 10 meses en el SIS, hasta que fue cesado por el ex ministro Abel Salinas. El Premier Villanueva, felizmente, ha reconocido ese esfuerzo y ha avalado su continuidad. Significa que el SIS funcione como un seguro de riesgos, que contrate no con el establecimiento sino con la red para que los recursos se orienten a reforzar el nivel básico a fin de que haya menos gasto en el más complejo, y que se pague en la medida en que los pacientes no tengan que pagar por los medicamentos y haya menos derivaciones innecesarias a clínicas particulares. Por supuesto, concesionar la gerencia de los hospitales debería ser una reforma complementaria a la anterior, a fin de asegurar eficiencia en el servicio. 

Otro ejemplo es el reciente cambio del sistema de inversión pública. Hemos pasado al Invierte.pe. Esto debe perfeccionarse, y dar el salto al Plan Nacional de Infraestructura, para sacar los proyectos del tráfico político o colusorio. Al mismo tiempo debe avanzarse hacia una verdadera modernización y potenciación de Proinversión, que ha quedado a medias.  

También están marcha, con mayor o menos velocidad e intensidad, y con avances y retrocesos, procesos de reforma y modernización en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la Policía, en Educación, en Provías, la ONP, etc.

Pero hay áreas en las cuales estamos en cero: el proceso de descentralización, por ejemplo, iniciado el 2002, que ha tenido una serie de problemas y necesita una revisión profunda, no solo por los niveles clamorosos de ineficiencia estatal prevalecientes en muchos gobiernos sub-nacionales, sino porque parte importante del crimen organizado está vinculado a autoridades locales o regionales que aprovechan la cuasi feudalización del país para asaltar los recursos fiscales. 

Pues bien, necesitaríamos instancias de impulso y monitoreo de estos procesos. Sea en la PCM, sea en el MEF. Algunos presupuestos por resultados deberían incluir metas de reforma.

Por supuesto, la reforma política es fundamental para reconstruir la autoridad central y el carácter unitario del Estado, que requiere de un sistema de partidos y de representación funcional. Pero esta es una tarea del Congreso.

Imperio de la ley

Para empujar y monitorear la modernización del sistema judicial, indispensable para implantar el gobierno de la ley en nuestro país, tendríamos que retomar y fortalecer el Acuerdo Nacional por la Justicia, pero incluyendo al Ministro del Interior entre sus miembros, y especializando una oficina en el ministerio de Justicia para ese fin. La gestión de los préstamos del Banco Mundial ($100 millones) y del BID ($100 millones) para implantar el expediente digital en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP, debería ser el centro neurálgico del impulso a la reforma del sistema judicial y al propio Acuerdo Nacional por la Justicia.   

Aquí sería bueno, además, conformar una comisión de expertos nacionales e internaciones que sugieran lineamientos para la reforma del sistema judicial, que alimenten al mencionado Acuerdo por la Justicia, pero también al Congreso. Quizá la reforma clave acá es la de la Corte Suprema, que debería reducirse a pocos miembros de muy alto nivel ocupados en un número reducido de casos paradigmáticos que permitan sentar jurisprudencia predictible para, de paso, prevenir la corrupción. Si mejoramos la cabeza, el cuerpo se arregla.

Una constatación es que en nuestro país la justicia penal no ha descendido aun a niveles locales. Funciona con deficiencias para el gran delito, pero no para el pequeño. Deberíamos ir avanzando en la descentralización distrital de la justicia penal de modo de juntar en un solo local a la Policía, el fiscal, el juez y una pequeña carceleta pera penas cortas –de días o semanas- para delitos menores, a fin de terminar con la impunidad, madre de la inseguridad y la delincuencia mayor. Y retomar de esta manera los abandonados juzgados de flagrancia. Es la atención primaria de la justicia penal.

Este proyecto podría tener la colaboración económica de las municipalidades distritales, las principales interesadas en proporcionar los locales respectivos. Es un asunto de gestión y coordinación.

La gran tarea pendiente en nuestro país es el imperio de la ley. La manera de comenzar es con la pequeña delincuencia, en los barrios, castigando con penas cortas y resocializando a los infractores. Y retomado estrategias preventivas complementarias como Barrio Seguro, que habría sido increíblemente abandonada.  

Informalidad y productividad 

Pero una manifestación clara de ausencia de ley, de la inexistencia del Estado como cuerpo legal, es la extendidísima informalidad, que significa que la mayor parte de los peruanos actúa fuera de las normas del Estado. Fuera de la ley. Para resolver eso se requiere un conjunto de reformas, sobre las que ya nos explayado en otros informes, tales como la reforma tributaria, avanzando a un sistema tributario único y digitalizado que le haga su liquidación al pequeño; las reformas laborales y, en general, el impulso a la inversión privada para incrementar la dotación de capital en nuestro país, lo que a su vez requiere de las reformas anteriores. 

Un sector importante en la informalidad es la minería informal. Allí tenemos que avanzar a una verdadera simplificación que permita la formalización. Lo que hemos hecho hasta ahora ha tenido efectos muy limitados.

Los esfuerzos de relación comunitaria que han desarrollado las empresas mineras deberían sistematizarse en una doctrina, que incluya como herramienta fundamental la masificación del Sierra Productiva, ya no solo para facilitar la inversión minera, sino para sacar de la pobreza a la Sierra entera en un plazo de tres años. La alianza entre minería y agricultura debería ser el siguiente gran paso adelante. El ministerio de Agricultura debe revisar sus políticas de desarrollo rural, que no han sido efectivas, en esta línea.

El Perú saldrá adelante si toma conciencia del proceso de modernización en el que se encuentra desde los 90, de las reformas que requiere y de las grandes y pequeñas tareas pendientes para lograrlo. Si se comprende que hay un proceso y que hay avanzar. Que la mejora es continua y no puede detenerse.

“El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú”

Elmer Cuba señala que el nuevo gobierno podría llevar a cabo una gran reforma laboral en el país si es que el mandatario así se lo propone

Entrevista a Elmer Cuba, Director del BCR y socio de Macroconsult
Jaime de Althaus
El Comercio, 02 de abril de 2018

En esta entrevista, el director del BCR Elmer Cuba, quien esta semana estuvo voceado como uno de los posibles candidatos al MEF, explica algunos de los retos que tiene en materia económica el nuevo gobierno.

— Podríamos estar creciendo a tasas mucho más altas si no hubiera habido todo ese entrampamiento político que ha detenido al país el último año y medio. ¿Hemos superado este entrampamiento político?

Sí, podríamos estar yendo al doble de velocidad. Hoy día el Perú está yendo a 2,5% de PBI, podíamos estar yendo a 5%. ¿Por qué no hemos ido a 5%? En parte, por toda la crisis política y, en parte también, por el tema Lava Jato, su mal manejo, y, en parte, por errores de política económica. Tampoco se salva Kuczynski en esto. Entonces, ¿qué puede cambiar ahora? Bueno, el choque externo sigue siendo positivo, el tema Lava Jato comienza a desenredarse con la nueva ley que reemplaza al 003, que es una mejora sustancial, y este arreglo político que era lo que todo el Perú esperaba hace año y medio entre dos grandes agrupaciones que pensaban muy parecido en lo económico, a diferencia de la izquierda que tenemos. Uno observa ahora una colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora falta saber cuáles serán las primeras medidas tributarias y de gasto público del nuevo ministro de Economía.

— Bueno, se dijo que Elmer Cuba iba a ser el ministro de Economía, pero ha sido vetado por Juan Sheput, por Violeta, por sectores antifujimoristas en las redes…

Sí, seguramente… Mira, nunca me llamó nadie del Ejecutivo en verdad, o sea que ha sido una hipótesis manejada por las redes sociales. Es lamentable que el odio sea transitivo: que por haber colaborado en la segunda parte de una campaña política, en la parte económica, la gente ya te comience a golpear más allá de tus propios méritos personales. Pero, desde donde uno esté, tiene que colaborar con ideas.

— ¿Y qué es lo que habría que hacer para recuperar la economía?

La primera medida de política económica no es propiamente macroeconómica, sino simplemente el arreglo entre el Congreso y el Ejecutivo. Esto, por sí solo, ya es positivo, en términos de una paz política por lo menos de 12 a 24 meses antes de la siguiente campaña electoral del 2021. Esto va a hacer que muchos empresarios desempolven sus proyectos que están listos, que los han guardado por esta incertidumbre. Porque el Perú es una economía muy dinámica. Incluso en la desaceleración, le hemos sacado un punto a todos los países. Además, el Perú ha sido capaz de procesar en democracia un cambio de presidente y además está metiendo a otros presidentes presos. Eso no ocurre en México o en Argentina. Eso es algo positivo más bien, nos estamos graduando como un país que es capaz de juzgar a autoridades.

— Pero tenemos un déficit fiscal…

Sí, y hay que atacarlo. Pasivamente no se va a cerrar. Es preocupante porque es un déficit de 3 puntos de producto y el Perú recauda solo 13 puntos de producto. O sea, no es que el Perú recaude 40 puntos de producto como un país europeo que tiene déficit de 3.

— Pero los ingresos fiscales están subiendo de manera sostenida desde octubre…

Han comenzado a subir efectivamente y la buena noticia es que van a ser mayores por el lado de la minería. Las principales empresas mineras han aumentado sus utilidades casi entre 50 y 100%, que no es poco, y eso va a hacer que cuando se regularice, salte la recaudación. Pero aun así no es suficiente, hay que hacer más cosas para controlar la evasión de IGV y renta que en los últimos dos años es mayor que en la década anterior.

— ¿Cómo?

Hay que identificar cuáles son los focos principales de evasión. Yo creo que están básicamente en el Impuesto a la Renta de empresas medianas, que tienen doble contabilidad e informalidad.

— ¿Por qué ha caído la recaudación?

Primero, por el error de bajar las tasas del Impuesto a la Renta a las personas y aumentar la parte no imponible. En el Perú somos 16 millones de trabajadores y solamente declaran impuestos 3 millones, pero pagan 1 millón. Los otros 2 millones son formales, pero no pagan porque están exentos, porque ganan poco. Recién a partir de 20 mil soles al año comienzas a pagar Impuesto a la Renta. Entonces solamente un milloncito paga y a ese milloncito de personas que sí pagan, digamos los profesionales del Perú, les han bajado los impuestos. Una cosa insólita.

— ¿Habría que subirles nuevamente esos impuestos?

Yo creo que sí. Es volver a lo que teníamos en el 2014. Además ocurre que las empresas se mudan a régimen mype para pagar solo 10% de impuestos contra 29,5 del régimen general. Hay que volver a los regímenes de renta previos al 2014.

— En realidad pagan 10% solo por las primeras 15 UIT de utilidad, lo que permite un incremento gradual. ¿Propones eliminar el nuevo régimen mype, que está diseñado precisamente para hacer un tránsito más gradual, sin salto mortal, al régimen general?

Hay que repensarlo antes de saltar al vacío. Habría que optimizar el RER y el RUS.

— Pero, ¿cómo optimizas RER y RUS? Son sistemas para dar apariencia de formalidad a la informalidad. No pagan IGV. No entran a la cadena tributaria. Están hechos para fragmentar empresas y evadir.

Con las tasas y simplicidad. En un híbrido entre la informalidad y la formalidad. La heterogeneidad productiva obliga a eso.

— La ex ministra Cooper propuso simplificar los regímenes tributarios unificándolos en uno solo, eliminando el RUS y el RER, acompañado esto de la digitalización de los comprobantes. Para que todas las empresas ingresen a la cadena tributaria, del IGV…

No hay estudios concluyentes que digan qué método es mejor, porque el aparato privado peruano es muy heterogéneo y quizá habría que mantener regímenes especiales por un buen tiempo, pero que suavicen el paso de un escalón al otro. Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías dos mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco…

— No sería infranqueable si la Sunat te hace la liquidación de impuestos, y al deducirte el IGV terminas pagando menos, que es lo que ocurriría según Claudia Cooper…

Ahí actuamos a ciegas, a diferencia, por ejemplo, del Midis, que tiene la Enaho, con la que mapean la pobreza para hacer políticas sociales. Nos falta conocer realmente las mypes, no las hemos censado, no las seguimos con encuestas, no sabemos cómo acumulan, cómo quiebran, cómo se endeudan, cómo pagan impuestos, cómo contratan. El nuevo ministro tendría que hacer una comisión especial en doce meses con los mejores expertos nacionales e internacionales en el tema para resolver este asunto. No podemos enfrentar bien la informalidad en todas sus dimensiones laborales, tributarias y sobre todo del sector, porque no la conocemos bien. No sabemos cuál ha sido su génesis. En cada sector la causa puede ser distinta. De repente la causa de la informalidad en el sector ‘retail’ al por menor, es la ley laboral. Pero la causa de la informalidad minera sería la ley minera que obliga a que el pequeño tenga un EIA o el cierre de impacto ambiental…

— En el tema laboral es fundamental eliminar la estabilidad laboral absoluta…

El tema es más complejo. Somos 16 millones de trabajadores; solamente 3 millones son formales. El TC, con su sentencia del 2001 que restableció la estabilidad absoluta, indujo a que 2 de esos 3 millones pasen a contrato a plazo fijo, y solamente un millón en contrato indefinido, cuando antes de esa sentencia era al revés. Pero ese problema, que hay que resolverlo con el TC o con el Congreso, va a mejorar la vida solamente de los 3 millones de formales que pasarán más fácilmente a contratos indefinidos…

— Pero también es una barrera a la formalización, ¿no? Muchas empresas no formalizan por temor a no poder desvincular cuando es necesario…

Sí, pero en el caso de las pequeñas y medianas no formalizan sobre todo por los sobrecostos laborales, por los mal llamados derechos laborales que encarecen la formalidad. Por eso hay otro milloncito de trabajadores informales en empresas formales. Ya de ahí para abajo, el tema laboral ya no es laboral, es empresarial. Va a ser imposible que una empresa que es informal per se, tenga trabajadores formales. Estamos hablando ya de 3 millones más, que son trabajadores informales en empresas informales. Entonces ahí la respuesta es: primero formalizas la empresa. El tema es más tributario, y más relacionado con la legislación de cada sector: qué se le pide a la señora que hace galletas, por ejemplo. Y, fuera de estos, los que están en la cola ya son otros 3 millones de independientes –una exageración–, que no tienen jefe ni declaran renta: el gasfitero, el taxista, el cuidador del edificio, el limpia autos, el reciclador, el estibador de mercado… Para no hablar del pequeño agricultor altoandino. Lo más fácil, aunque parezca mentira, es cambiar la sentencia del TC. Lo otro es más complejo. Es la gran reforma laboral de este país.

— ¿La podría hacer el presidente Vizcarra?

La puede hacer si la quiere hacer. Tiene todo para hacerlo. Es un cambio de Gobierno, que tiene ciertas ventajas porque tiene una oposición que no puede ser oposición. Él tiene una cosa importante: su poder de renuncia. El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú si quiere hacerlo o simplemente administrar la cosa esperando que pase el tiempo hasta el 2021.

— ¿Qué efecto va a tener esta alza del salario mínimo?

Si tú me dices, “dame una medida para aumentar la informalidad laboral”: sube el mínimo. Si quieres aumentarlo ya con daños severos, mortales, ponlo en 1.500 soles. Ahorita la mediana de ingresos en el Perú es 900 soles, la mediana. De esos 16 millones de trabajadores, la mitad gana menos de 900 y hemos puesto el mínimo en 930. Por encima de la mediana, de locos. El mínimo está totalmente pervertido. Ya no es el mínimo, es la mediana. Es un enemigo de la formalización.

— ¿Debería haber dos salarios mínimos: uno para la micro y mediana empresa y otro para la mediana y grande o no debería haber simplemente salario mínimo?

El mínimo debería ser mínimo. Deberíamos dejarlo ahí que pernocte varios años para que realmente sea mínimo. Una vez que sea mínimo, lo indexamos al IPC y a la productividad de ese segmento de bajos ingresos formales. Lo central acá es la productividad laboral.

— Entonces, ¿cómo haces para subir la productividad laboral?

¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía subcapitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

“No sería fácil políticamente eliminar las exoneraciones”

Si los cines no pue- den ganar vendiendo canchita, no va a haber más inversión en cines…

Así es. Esos microrretrocesos, si los juntas, son el principal enemigo de la inversión. Es clave pensar que cada movimiento regulatorio puede tener un daño. Si sumas esas pequeñas cosas, los peruanos nos vamos a entrampar y vamos a perder la batalla. Y lo otro son los costos de transacción por el lado legal judicial. Si la justicia es lenta o corrupta, aumenta también el riesgo de invertir, no te devuelven nunca algo. La tasa de interés en el Perú es alta en parte por el riesgo de cobranza a ese señor que te engañó. Y los que recibimos un crédito pagamos ese sobrecosto.

Se estaría trabajan- do con el Congreso la vieja idea de eliminar exoneraciones. Según el MEF, hay 16 mil millones de soles al año de beneficios tributarios…

Mira, para el mismo MEF, de esos 16 mil, solo 11.600 serían factibles en el corto plazo. Pero no sería fácil políticamente eliminarlas. Por ejemplo, la exoneración más grande, de 1.900 millones, es la del IGV a la educación: habría que cobrar IGV en los colegios, en las universidades o en los institutos. La siguiente es la intermediación financiera, es decir, los créditos, exonerados también del IGV, y la tendencia mundial es a no cobrar IGV para eso. El tercero es la exoneración del Impuesto a la Renta natural para la CTS. Debería pagar, pero habría resistencia. También tienes la devolución anticipada de IGV, que tiene sus ventajas. Y el drawback, que es bien ideologizado, pues si no hay aranceles para importar no debería haber drawback (devolución), que es un subsidio a las utilidades de los exportadores no tradicionales. Y, por último, está el sector agropecuario, que paga solo 15% de Impuesto a la Renta contra 29,5% que pagan todos los demás. ¿Ese ‘boom’ agroexportador va a llegar a su fin si pones el impuesto donde debería estar o hay que dejarlo ahí 15 años más? Esas seis son el 80% de las exoneraciones. Lampadia

Lamentablemente, en el Perú, muchas veces hacemos las cosas a medias, y luego, en vez de arreglarlas, las terminamos de malograr. Este es justamente, el caso del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

• Se hizo a medias, porque se mantuvo un sistema estatal de reparto que estafó a miles de peruanos con topes bajos de pensiones, la pérdida de los aportes de los que acumularon menos de 20 años de cotizaciones, y con bajos rendimientos de las inversiones del operador estatal, la ONP, a cargo del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
• Se hizo a medias, porque, tanto el SPP como el SNP, se basaban en aportes de las planillas de los trabajadores, o sea, solo cubrían a los trabajadores formales, dejando fuera al 75% de los trabajadores.

• Se terminó de malograr, porque en vez de unificar los sistemas hacia uno basado en cuentas individuales sin pérdidas de aportes por menos de 20 años, se atacó políticamente al sistema privado, no se fijó una pensión mínima en el SPP, y se atrajo más trabajadores al SNP, para estafar a más peruanos.
• Se terminó de malograr, porque no se enfrentó la mayor deficiencia de ambos sistemas, la falta de cobertura de los trabajadores independientes. Teniendo como hacerlo, llevando la fuente de los aportes de la renta de las planillas de los trabajadores, a canjes parciales de pagos de IGV, para todos los trabajadores. Ver en Lampadia: Sobre formalización, pensiones e IGV.
• Se terminó de malograr, porque el Estado dio el mal ejemplo de no abonar las retenciones de sus trabajadores a sus cuentas pensionarias individuales y de reparto.
• Se terminó de malograr, porque al no haber incluido en un sistema previsional a todos los trabajadores, se creó el espacio político para que los políticos populistas buscaran réditos políticos desprestigiando el SPP, y, finalmente, desbaratándolo, al permitir el retiro del 95.5% de los fondos privados al alcanzarse la edad de jubilación.

La situación actual, determina un sistema insostenible fiscalmente, porque no solo se mantiene el déficit de la ONP en el SNP, también se tendrá que crear algún esquema de protección previsional, cuando se haga patente la pérdida de protección de los afiliados al SPP, luego de que se hayan agotado los fondos retirados bajo la norma del 95.5%.

Sin embargo, como estamos en el gobierno de los economistas (PPK, Fernando Zavala, Mercedes Aráoz, Alfredo Thorne y Claudia Cooper), se esperaba el diseño de un nuevo sistema de pensiones, que cubriera a todos los trabajadores, con pensiones basadas en aportes individuales.

Pero increíblemente, según trascendidos, el gobierno está por hacer público un esquema de pensiones vergonzoso, que adolece gravemente de los siguientes defectos:

• Ha sido diseñado en secreto, a espaldas de los ciudadanos, y se mantiene bajo siete llaves.
• El nuevo esquema se olvida, se zurra, en los independientes, que no están considerados en ninguna forma.
• Se estaría descartando definitivamente, la posibilidad de usar los canjes de pagos de IGV, que podrían cubrir al universo de trabajadores.
• Se le encargaría a la SUNAT, la recaudación de los aportes individuales, con una jugosa comisión de por medio.
• Se encargaría el manejo de todo el sistema a la ONP, el brazo estatal de pensiones, que antes de cuidar los aportes personales de los trabajadores, cubriría sus costos. Costos de un monopolio estatal, el peor de todos los monopolios, pues actuaría por la libre.
• Finalmente, los fondos individuales de los trabajadores, irían a operadores privados para que gestionen la inversión de los mismos.
• Esto implicaría que los fondos individuales pasen varios días entre la recaudación por parte de la SUNAT, hasta su inversión efectiva, a cargo de algún operador de inversiones.
• El rendimiento de las inversiones, regresaría a la ONP, ya sea para que se encomiende otra gestión de inversiones, o para pagar las pensiones a los afiliados. Más días de rentabilidad perdidas.
• Se supone que la selección de los gestores de las inversiones, se haría mediante licitaciones manejadas por la ONP.

¡Dios nos libre de que semejante elucubración se convierta en ley!

En Lampadia, llamaremos a este entuerto: el NEO-SPP.

NEO-SPP por: Sistema Patético de Pensiones.

Ver la operatividad del NEO-SPP en el siguiente gráfico:

Levantemos nuestras banderas, no podemos permitir que el gobierno disponga de la suerte de los fondos previsionales, de propiedad de cada afiliado, poniéndolos en manos de entidades gubernamentales, cuyos objetivos y compromisos están muy lejos de la necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, máxime, si al mismo tiempo se abandona a los independientes, a su propia suerte.

En el empeño de la reforma en ciernes, primero se estuvo coqueteando con la idea de un funcionario del BID, Santiago Levi, de usar los canjes de IGV, pero para aportes a un pozo colectivo que determinaba pasar a un sistema de reparto. Un esquema inspirado en una visión fiscalista más que previsional, y que lamentablemente, algunos economistas peruanos, confundieron con la propuesta de Lampadia, de mantener las cuentas individuales, la esencia de la gran reforma previsional de los años 90, que se extendió por el mundo como uno de los mejores aportes sociales y fiscales de los tiempos modernos.

Otra idea que anda compitiendo con lo expresado anteriormente, es la del llamado: ‘Matching’. Incentivar a los trabajadores a hacer aportes de doble impacto, pues el Estado aportaría otro tanto, doblando el aporte del trabajador. Una solución insuficiente para superar el gran reto del sistema pensionario, la afiliación de los independientes, quienes, ya sabemos, tienen una gran resistencia a disponer recursos hoy (así sea en menor proporción), para beneficios futuros.

El nuevo Sistema de Pensiones tiene que incluir a los independientes, entre los que están los ciudadanos menos favorecidos. Su diseño debe basarse en ese objetivo. No podemos darles la espalda.

Lamentablemente, por lo visto hasta ahora, ni el gobierno, ni las AFPs, tan lejanas de sus afiliados por esa competencia de atributos patrimoniales, que capturó el enfoque publicitario del sistema durante muchos años, muestran la más mínima preocupación por servir y proteger a la gran mayoría de trabajadores peruanos, los independientes, la clase media emergente, ese pulmón social y económico de la nueva economía peruana.

El siguiente gráfico muestra el esquema propuesto por Lampadia, que se basa en aportes y pensiones individuales, originadas mediante canjes VOLUNTARIOS, de una fracción de los pagos por IGV, que hagan los ciudadanos mayores desde los 18 años de edad.

• Diez Soles aportados a los 18 años, generan un valor de S/. 240 a los 65 años, con un rendimiento promedio de 7% anual.

Como se aprecia en el gráfico, todos los trabajadores tendrían el incentivo de canjear sus pagos de IGV por aportes a sus cuentas de pensiones individuales. Cada trabajador elegiría su AFP, pudiendo cambiarla a su decisión. Las inversiones se harían bajo las regulaciones que el Estado vea convenientes, en los mercados peruanos y globales, produciendo las mejores pensiones posibles, incluyendo una pensión mínima, de ser el caso.

Entendemos que nuestras ideas, no son necesariamente las únicas buenas, lo que nos resistimos a entender, es que no se consideren cuando se buscan cambios para salir de perdedores; y que, en el Perú del siglo XXI, se siga decidiendo la suerte de los ciudadanos a puertas cerradas, entre gurús y gobernantes lejanos del sentir ciudadano. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el Congreso hay 16 proyectos de ley que, sumados a 4 ya aprobados, generan costos fiscales –menores ingresos tributarios- que pueden llegar a cerca de 5% del PBI. De aprobarse, estaríamos decretando el final de la estabilidad monetaria y fiscal, el retorno a la inflación y la imposibilidad de alcanzar el desarrollo integral. Sería el suicidio económico nacional.

Fuente: marcandoestart

Ya el Congreso avanzó el jueves con esta agenda aprobando una ley que restablece por 5 años los beneficios de la admisión temporal para las aeronaves y sus partes, con suspensión del pago de tributos hasta por 5 años, y permitiendo su nacionalización con la depreciación de la base imponible del 20% anual. Inicialmente la ley se iba a aplicar a todas las empresas aéreas, pero luego del debate se limitó a las micro, pequeñas y medianas. Esto reduce el daño, pero no lo elimina porque sólo servirá para incentivar el fraccionamiento y atomización de las empresas grandes para no pagar tributos. Según fuentes del sector economía, “una gran empresa podría crear una división de reparación con un RUC distinto y a partir de ésta realizar la importación temporal por 5 años y luego la compra de aeronaves”.

Según dicha fuente, la ley distorsiona la aplicación del régimen general de admisión temporal para reexportación pues “la deducción (depreciación) de la base imponible del 20% anual, implica en la práctica que el régimen general de admisión temporal para reexportación se convierta en un mecanismo destinado al no pago de tributos y no constituye un régimen aduanero suspensivo; por tanto, restablecer la vigencia de este mecanismo implicaría desnaturalizar el régimen de admisión temporal incorporando una exoneración del pago de tributos a la importación”.

Además, la Ley genera un tratamiento a favor del sector aéreo, lo que podría llevar al sector de transporte terrestre y a otros a solicitar el mismo beneficio.

Fuente: zestcapital.com

Pero el problema es mucho más grande. Como hemos señalado, hay en el Congreso 20 Proyectos de Ley que conceden beneficios tributarios y que ocasionarían altos costos fiscales. De esos, ya se han aprobado 4. Fuentes analíticas nos indican que el costo total de esas leyes y proyectos de ley ascendería a una cifra enorme que oscila entre S/ 27,067 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación y salud) y S/ 34,337 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación, transportes y vivienda). Lo que representa de 3.6% a 4.6 del PBI.

El más costoso de todos es PL 730/2016-CR, proyecto de ley que crea el Régimen Especial de Incentivos y Beneficios para compradores preferentes para las MYPEs, “Sello MYPE”.

Este es un proyecto de Fuerza Popular a iniciativa del congresista Edwin Vergara Pinto. Propone establecer un nuevo régimen especial de incentivos y beneficios para compradores preferentes de las MYPE — Sello MYPE. Se trata de beneficios tributarios para las empresas medianas y grandes que compren frecuentemente a las MYPE. Por ejemplo, se establece una deducción del 100% adicional de gastos para efectos del impuesto a la renta de los bienes muebles (exceptuando los vehículos automotores) adquiridos de las MYPE; un puntaje adicional en los procesos de selección que convocan las entidades del Estado; devolución en cinco días hábiles desde la presentación de la solicitud de saldos a favor de la exportación, drawback y pagos en exceso o indebidos, entre otros.

Las fuentes estiman que el costo del beneficio sobre la deducciónadicional degastos para efectos del impuesto a la renta para las compras efectuadas a MYPE por parte de las empresas medianas y grandes, ascendería entre S/ 5,310 millones (10% de las ventas de las MYPE) hasta aproximadamente S/ 10,619 millones (20% de las ventas de las MYPE).

La ley también excluye de los regímenes de retenciones y percepciones a las empresas que compren a las MYPES, lo que puede afectar la recaudación del IGV. Se calcula que el costo de la eliminación de ambos regímenes ascendería en S/ 735 millones. Fuera de que aplicar un esquema como el planteado requiere del desarrollo de un complicado sistema de información y control por parte de la administración tributaria.

En consecuencia, según las fuentes, el costo total estimando únicamente la deducción adicional de gastos para medianas y grandes empresas, así como la eliminación de los regímenes de retenciones y percepciones, ascendería potencialmente entre S/ 6,045 millones y S/ 11,354 millones.

El más inmediato de todos es el PL N° 626: Alertas Educativas, que ha sido observado por el Ejecutivo pero probablemente se aprobará por insistencia. Este proyecto obliga a la SUNAT a brindar una capacitación por cada infracción que cometa una microempresa antes de poder sancionarla por dicha infracción, y una vez por cualquier infracción en el caso de la pequeña empresa. El tema es que existen 64 infracciones posibles en el código tributario. Según el MEF, esto contraviene lo dispuesto en la Ley MYPE, que acota el acompañamiento tributario solo para las microempresas (Art. 42), condicionando ello incluso solo a las que se acojan al Registro de la MYPE (REMYPE). Asimismo, precisa que el acompañamiento es solo para cinco infracciones y solo por los tres primeros años desde la inscripción de la microempresa al REMYPE. Con este proyecto, en lugar de 5, serán 61/63 infracciones, sin pedir nada a cambio y de manera permanente.

Para el MEF no es solo que el proyecto aprobado requiere implementaciones operativas y de sistemas en SUNAT que excederán el plazo de 60 días dado por la norma para ello, y que se perderá algo de recaudación, sino el mensaje que estamos dando al contribuyente: es evidente que si le decimos que pueden cometer 50 o 60 infracciones antes de que se le ponga una multa, le comisen o le cierren su local porque por cada infracción, aunque esta sea muy grave, la SUNAT deberá primero darte una capacitación, estamos premiando su informalidad.

Esperemos que prime la cordura en el Congreso y se deseche este tipo de proyectos de ley. Mucho le ha costado al pueblo peruano alcanzar la estabilidad monetaria y fiscal para ponerla en peligro de esta manera. No nos podemos arriesgar al retorno de la inflación ni podemos sacrificar ingresos tributarios necesarios para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, con normas de la mejor tradición populista latinoamericana. Lampadia

Las relaciones entre los Estados y los ciudadanos y empresas de una nación, son la caracterización más clara de la calidad de una democracia y de su economía de mercado. Ante el absolutismo de las monarquías europeas, en nuestro continente, los ‘padres fundadores’ de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, tomaron muchísimos cuidados para privilegiar al ciudadano sobre el poder de los gobiernos.

En América Latina, con la precariedad institucional que arrastramos desde la formación de las repúblicas, las secuelas de militarismos y caudillismos, nunca hemos llegado a afirmar la condición de un Estado al servicio del ciudadano, ni democracias sólidas, y menos aún, economías de mercado. En mayor o menor grado, sufrimos de diversas formas de autoritarismos, populismo, mercantilismo y patrimonialismo.

En el caso del Perú, se puede decir que recién a partir de los años 90, empezamos a construir una economía de mercado. Además, hasta entonces, nuestra economía era muy pequeña, el Estado era determinante para todos los acontecimientos, habiéndonos empobrecido, ciudadanos, empresas y el propio Estado.

Después de vivir unos 25 años en una insipiente economía de mercado, hemos logrado cambiar las medidas de nuestra economía. Ahora, acomodando las cifras, nuestras medidas son: 90 – 90 – 90. Ahora, el sector privado aporta aproximadamente el 90% de la inversión, 90% del empleo, y 90% de los recursos fiscales.

Pero muchos todavía no entendemos nuestra nueva realidad, lo difícil del proceso de formación de una economía de mercado, la necesidad de construir, sin retrocesos, predictibilidad de las decisiones de gobierno, el respeto de los contratos, y sobre todo, el respeto al ciudadano y sus empresas a contrastar decisiones de gobierno que pueden afectar su bienestar.

Un ejemplo de esta debilidad, lo vemos estos días alrededor de la situación fiscal. Por responsabilidad de nuestros gobiernos, especialmente el del nacionalismo instalado por Ollanta Humala y Salomón Lerner, y en menor medida por el de PPK, nuestra economía ha dejado de crecer al ritmo de nuestras capacidades y necesidades. Después de muchos años, hemos vuelto a vivir con déficit fiscal. Y esto está empezando a generar una serie de comportamientos disfuncionales que pueden debilitar, aún más, nuestra alicaída economía. Veamos:

• El primer Ministro de Economía y Finanzas, del gobierno de PPK, Alfredo Thorne, el día que dejó la cartera, recaló en la noche en un programa de RPP, donde se quejó de que las empresas enjuicien al Estado por ‘deudas’ tributarias.
• Hace pocos días, la entonces viceministra de Fernando Zavala, Claudia Cooper, ahora ministra, con un ánimo fiscalista, declaró muy suelta de huesos, que eliminarían algunas exoneraciones tributarias sin especificar cuáles ni cuándo.
• El 20 de setiembre pasado, Gestión entrevistó a Diego Sánchez-Ancochea, director del Latin American Centre de la Universidad de Oxford, Inglaterra, que despachó con: “La élite de Perú debe pagar más impuestos o acabaremos con un Trump peruanos”. Otro experto que llega al país, le dan unas cifras de promedios y hace comparaciones y asertos sin base. Habría que informarle al ‘experto’, que en el Perú no hay ‘loopholes’, que los peruanos formales pagan en promedio más impuestos que los de los países ricos, que las empresas de ‘élite’ (asumamos las mineras), pagan hasta 45% de impuesto a la renta. Que nuestro sector informal, hasta el 70% tiene muy baja productividad y no tiene capacidad de generar renta más allá del soporte de sus trabajadores. Que las distintas mafias que pululan por la economía, como la de contrabando de oro, las culebras de Puno y el narcotráfico, entre otras, no son de la élite, operan con toda impunidad, en un país donde el sujeto de fiscalización es el formal.
• Ya hay mucha gente alrededor del nuevo MEF, el de la escasez de recursos, como no teníamos hace muchos años, hablando de impuestos y tasas.
• Siguiendo con esta filosofía del MEF, el nuevo Jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama(según Gestión), hace suya la prédica contra el sector formal con expresiones que debemos observar.

A la fecha, Sunat mantiene cerca de 20,000 litigios por deudas tributarias valorizadas en S/ 8,000 millones, pero la mayoría de ese monto está concentrada en disputas con grandes empresas.

Así, Sunat tiene nueve juicios con grandes empresas por una deuda de S/ 7,053 millones, informó el ente tributario. El jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, refirió que entre las empresas involucradas en estos litigios se encuentran Buenaventura, Backus, Telefónica del Perú y Cerro Verde.

“Estos litigios se encuentran tanto a nivel del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional”, señaló Shiguiyama durante su presentación realizada en la Comisión de Presupuesto del Congreso, para sustentar los ingresos tributarios del presupuesto público 2018. (…) Algunos también se encuentran en la instancia del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía.

(…) “El desafío consiste en tener un sistema ágil de resolución de controversias”. Así, solicitó modificaciones a los procedimientos normativos para acelerar los procesos judiciales.

“Lo que tiene que quedar claro es que litigar con el Estado no debe ser un buen negocio para algunos contribuyentes. Si logramos que los procesos se resuelvan en corto tiempo vamos a cambiar su conducta”, puntualizó.

En nuestra opinión, varias de las llamadas deudas no lo son. Se originan como acotaciones de la Sunat (ver ejemplo en nuestro análisis: Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar). Si una empresa considera que una acotación de la Sunat, no se condice con las normas vigentes o con las buenas prácticas fiscales, tiene todo el derecho, y también la obligación, de reclamar. La obligación, porque así, como en las democracias más avanzadas, se van ajustando los procesos para beneficio de todos los contribuyentes.

Que el procesamiento de los reclamos se haya convertido en un vía crucis, dada la complejidad procesal, es responsabilidad del Estado. Por otro lado, según una apreciación generalizada, el Tribunal Fiscal habría devenido en una suerte de filial de la Sunat, lo que obliga, a quién considera justo defender su patrimonio, aquél con el que invierte, a tener que recurrir a instancias adicionales.

Desde el punto de vista fiscal, en el corto plazo es difícil aumentar la recaudación del impuesto a la renta, sin sobrecargar la mano sobre las empresas formales, dadas las dificultades para ampliar la base de contribuyentes. Pero, aumentar la recaudación del IGV es más fácil ampliando la base de contribuyentes. Lampadia propuso hace más de un año el canje de parte de los pagos de IGV por aportes a cuentas individuales de pensiones, por parte de todos los ciudadanos. Esa medida aumentaría la recaudación, pues formalizaría a todos los ciudadanos, se podría universalizar el sistema privado de pensiones, disminuiría la evasión de IGV, y se podría cerrar el déficit fiscal de la ONP. 

Como explicamos líneas arriba, en el Perú, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y empresas, en una economía de mercado en formación, no conllevan suficientes equilibrios y no cautelan debidamente los derechos de quienes el Estado, debe proteger. Una simple declaración de un funcionario de gobierno, puede implicar una indebida presión mediática y política, sobre los débiles procesos de resolución de conflictos que se deben enfrentar.

Invocamos pues, a los funcionarios públicos a tener mejores balances. Para empezar, la escasez fiscal es responsabilidad de los gobiernos que destruyeron o permitieron que se destruya, nuestro proceso de crecimiento económico. Recuperarlo debe ser la mayor tarea del MEF. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Entre las críticas que se han formulado a la gestión del renunciante ministro de Economía, Alfredo Thorne, está la de que el nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) creado por él sólo habría servido para reducir la recaudación. Es, a nuestro juicio, una crítica miope, que no advierte que se trata de una reforma que si bien tiene un pequeño costo fiscal en el corto plazo, aumentaría la recaudación en el mediano y, sobre todo, ayudará a la formalización efectiva de las micro y pequeñas empresas incorporándolas a la cadena tributaria y productiva, reduciendo así el dualismo económico en el país, además de darles un respiro a las que estaban en el régimen general y accedieron al nuevo Régimen Mype.

Lo que pasa es que se trata de una reforma inteligente. La idea central detrás de ella es que el impuesto a la renta se incrementa gradualmente conforme suben los ingresos, de manera que no haya un salto mortal cuando se pase al régimen general, que es lo que lleva a muchas empresas a no crecer o a dividirse para no ingresar a ese régimen, pues si lo hacen perciben menos utilidades que en el nivel anterior.

Eso se resuelve casi totalmente con el nuevo RMT, cuando se establece que las primeras 15 UIT de utilidades solo pagan 10% de impuesto a la renta. El límite superior del nuevo RMT es 1,700 UIT de ventas. Esto representa  6’885,000 soles. Después de eso, ya no se tiene el beneficio de 10% de IR por las primeras 15 UIT. Pero eso significaría pagar 12 mil soles más para el que pasa el límite. Es decir, no es probable que por 12 mil soles vendiendo casi 7 millones de soles, una empresa decida dividirse para no saltar al régimen general.

Claro, lo ideal, como explica Victor Shiguiyama, jefe de la Sunat, sería que se elimine ese límite de las 1,700 UIT. Que no haya límite. De esa manera la gradualidad sería absoluta y casi no se percibiría el aumento de la tasa efectiva.

De la misma manera, debería eliminarse el límite hacia abajo. Esto para incorporar a los microempresarios. Es decir, eliminar el RUS y el RER, que son maneras de escapar de la tributación y de la formalidad con una apariencia de formalidad, porque se paga una cantidad fija pequeña y no se declara nada, no se brinda información ni se paga IGV. Quien está en el RUS está fuera de la cadena tributaria (y de la cadena productiva porque los formales no les compran puesto que no dan factura, acentuando el dualismo de nuestra economía) y fuera de todo control. Es conocido que hasta peluquerías en la Av. Conquistadores de San Isidro están en RUS. Así como cientos de miles de restaurantes que evidentemente venden más que el tope máximo de ese régimen. Los negocios se subdividen para no ingresar al régimen general.

Los negocios que están en las escalas más bajas de ingresos quizá incluso paguen menos en el nuevo régimen Mype que en el RUS, pero tendrían que dar información y la complejidad tributaria para ellos sería mayor. Ello, sin embargo, se resolverá a partir del 2018 cuando empiece a generalizarse el comprobante electrónico, que podrá ser emitido por el comerciante más pequeño desde su celular, sin necesidad de que sea un smart phone. De esa manera la Sunat tendrá el registro de todas las operaciones y podrá hacerle su liquidación de impuestos al microempresario, que ya no tendrá que hacer nada sino pagar. Según Shiguiyama, al 2019 el 100% de las transacciones en el Perú se harán mediante comprobante electrónico. Ese será un avance revolucionario, pero para que realmente lo sea habría que eliminar efectivamente el RUS y el RER de manera que todos ingresen al nuevo RMT, donde la Sunat le dirá a cada quién cuánto le corresponde pagar. 

En ese momento no solo toda la economía será formal desde el punto de vista tributario, sino que la recaudación aumentará por el simple efecto del incremento de la base y porque casi todos pagarán IGV. La evasión de este impuesto se reducirá del 35% actual a un nivel mucho menor. Será otro país.

La eliminación del RUS y del RER y del tope superior del Régime Mype Tributario debería ser materia del segundo diálogo que se produzca entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori.

En la actualidad la mayor cantidad de contribuyentes que ha pasado al RMT son aquellos que estaban en el régimen general y vendían por debajo de las 1700 UIT. Estos son más de 400 mil empresas (de las cuales declaran 341 mil). Del RUS, respecto del cual se suprimieron las tres escalas superiores (3,4 y 5), han pasado al RMT alrededor de 4 mil microempresas, de un universo de unas 15 mil. El resto se subdividió y bajó a las escalas 1 y 2 del RUS. Wilfredo Albarracín, de la Sunat, nos precisa que delas 21,900 microempresas que estaban en las escalas superiores (3,4 y 5) del RUS, que fueron suprimidas, 7,227 microempresas (33%) pasaron al RUS y 14,235 al RER (un régimen más alto que el RUS). 8,760 (40%), en cambio,  bajaron al RUS 1 y 2.[1]Probablemente se subdividieron.

Un dato interesante acerca de las virtudes del RMT es el que proporciona Carlos Gallardo, asesor de la Sunat, el viernes pasado en Gestión: que las empresas que están ahora en el RMT y que ya existían el 2016, han registrado 67 mil trabajadores más en mayo del 2017 que el mismo mes del año pasado. O han contratado más trabajadores o los han formalizado. Como fuere, considerando la caída del empleo general, este es un buen resultado, que refleja la medida en que el RMT favorece el crecimiento. Las empresas que están en este régimen estarían creciendo más que el resto.    

No solo eso, resulta que el número de RUCs nuevos es mucho mayor en el RMT que en los demás regímenes. En el RER incluso disminuyen.

Claro, estas reformas quedarán incompletas si no simplificamos y flexibilizamos la legislación laboral y no modificamos la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho acerca del artículo 27º de la Constitución. De lo contrario, será muy difícil que las microempresas pongan a su gente en planilla, con contratos indefinidos.

[1]16% dejaron de presentar declaraciones. Existe un flujo de ingresos y salidas de nuevos contribuyentes por lo que esto está  dentro del margen

Ahora bien, es lógico que si más de 400 mil empresas bajan del régimen general al RTM, la recaudación se reduce en alguna medida en el corto plazo (aunque en el mediano plazo aumente, como vimos). Pero, ¿ha sido esa la causa principal de la reducción de la recaudación estos meses? La gran mayor parte de la recaudación viene de los medianos y grandes contribuyentes, no de los pequeños. Según Shiguiyama, la recaudación neta ha caído 7.4% este año. Esta caída se descompone de la siguiente manera:

• 1,000 millones de soles en  devoluciones de impuestos;
• 1,200 millones menos de ingresos extraordinarios por ventas de grandes empresas;
• 200 millones menos por el impacto del IGV justo;
• 700 millones menos por las prórrogas en el pago de impuestos originadas en el Niño costero, y
• 150 millones menos a junio como consecuencia de la aplicación del RMT.

Eso significa que el impacto del RMT ha sido, hasta junio, de solo 0.3% del PBI. Nada en comparación a los otros efectos. No se le puede echar la culpa, entonces, de la caída en la recaudación.

En resumen, la creación del nuevo Régimen Mype Tributario contribuirá a la formalización de los microempresarios, a su incorporación a la cadena tributaria y productiva, y al incremento de la recaudación en el mediano plazo. Para ello resulta un complemento indispensable la digitalización de los comprobantes de pago, la eliminación del RUS y del RER y la simplificación en un solo sistema que elimine también el límite superior del RMT. Lampadia

Hoy en día está en proceso de desarrollo ‘la buena SUNAT’ que ofreció el gobierno de PPK y encargó a Víctor Shiguiyama. Durante el gobierno del nacionalismo, se dio rienda suelta a los fiscalizadores para que encontraran nuevos pozos de eventuales recursos fiscales. Esto llevó a comportamientos disfuncionales, pues el personal del ente recaudador tenía beneficios monetarios directos vinculados a la recaudación.

La Metamorfosis de la SUNAT

Así fue que durante los últimos años, los fiscalizadores de la SUNAT empezaron a cuestionar todo tipo de normas tributarias y prácticas de supervisión, que al reinterpretarse por ellos, podían generar nuevas fuentes de recaudación. Lo mismo pasó con acciones de control menores, por las que se empezaron a cuestionar y observar multiplicidad de gastos.

Estas prácticas determinaron que por algún tiempo, las empresas terminaran pagando más impuestos que los determinados por las tasas  nominales del impuesto a la renta. Pero, además, en algunos casos (como el que analizamos líneas abajo), se generaron conflictos mayores por la incidencia de cambios de  reglas de juego que tenían altos impactos económicos en una serie de empresas.   

El sistema de incentivos que se estableció en la SUNAT distorsionó completamente la gestión de la institución y contrarió su misión.

La SUNAT ha llegado incluso a poner en entredicho la sacrosanta vigencia de los contratos de estabilidad tributaria, que en contra de los relatos de los enemigos de la economía de mercado, no exoneran del pago de ningún impuesto, solo establecen que las  normas tributarias vigentes a la firma del contrato se mantengan por el plazo de los mismos. En otras palabras, si los impuestos suben, las empresas con convenios seguirán pagando lo establecido al momento del contrato y, si los impuestos bajan, las empresas seguirán pagando las tasas más altas, a no ser que renuncien a los contratos. Estos contratos establecen garantías que promueven la inversión privada y no pueden ser modificados ni dejados sin efecto unilateralmente por el Estado.

La siguiente sumilla explica la importancia de dichos contratos:

Contratos de estabilidad tributaria

A inicios de los años 90, el Reino Unido (RU) devaluó la Libra Esterlina en 15%, los inversionistas consideraron que el ajuste había corregido los desbalances y se volcaron a invertir.

Al mismo tiempo, Brasil hizo una devaluación de 15%, pero ésta fue considerada el inicio de un problema mayor, y los inversionistas salieron de sus posiciones.

¿Qué explicó la diferencia en el comportamiento de los inversionistas? – La historia. Mientras el RU tenía una reputación impecable y merecía la confianza de los inversionistas, Brasil llevaba atrás una larga historia de incumplimientos que lo hacían un país no confiable.

Como sabemos los peruanos, cuando en los años 90, en el Perú se crearon las condiciones internas para atraer inversiones mineras y otras, teníamos que establecer un mecanismo que permitiera que nuestra mala historia crediticia, no inhibiera inversiones de largo plazo. Solo en los años 80 tuvimos dos cortes del pago de la deuda externa, primero con Belaunde el 82, y luego con García el 86.

Fue así como el Perú recurrió a establecer ‘Convenios de Estabilidad Jurídica’ y ‘Contratos de Estabilidad Tributaria’, que permitieron una gran dinamización de las inversiones y toda la recuperación económica y social del Perú hasta la primera década del 2000.

Hasta hace pocos años, el respeto de estos contratos ha sido clave para mantener el prestigio del Perú como un serio receptor de inversiones extranjeras.

Si esta anotación no es suficiente para hacer notar la necesidad de garantizar predictibilidad tributaria a los inversionistas, veamos el primer antecedente histórico en el Perú:

Velasco Alvarado hizo el primer contrato de estabilidad tributaria en el Perú  con Southern Copper Corporation, entonces propiedad de la compaña estadounidense, Asarco, para el desarrollo del proyecto de Cuajone en Moquegua.

Hoy día, producto de la ‘mala SUNAT’, uno de los casos contenciosos más importantes y notorios es el de la compañía minera Cerro Verde. Veamos:

• En los últimos 20 años se celebraron 24 convenios entre el Estado e inversionistas.
• Estos trajeron inversiones superiores a US$ 17 mil millones.
• Cerro Verde firmó su contrato en 1998 con vigencia hasta el 2013.
• El 2004, se crearon las regalías mineras.
• Las regalías mineras no eran aplicables a Cerro Verde, pues su contrato tenía vigencia hasta el 2013.
• Desde el 2013, la SUNAT le exigió a Cerro Verde el pago de las regalías supuestamente dejadas de pagar.
• Cerro Verde inició procesos judiciales para que se declare la nulidad de las resoluciones que desconocían el Contrato de Estabilidad.
• El Juzgado Constitucional de Arequipa desestimó una acción de amparo de Cerro Verde.  
• Los procesos judiciales están pendientes.
• Los gobiernos de García II y Humala comprometieron a Cerro Verde a realizar aportes adicionales mediante el Programa de Solidaridad con el Pueblo, llamado Aporte Voluntario y el Gravamen Especial Minero (GEM), además del impuesto a la renta y del reclamo de las regalías.
• El Aporte Voluntario se diseñó para que las compañías con Contrato de Estabilidad no sujetas al pago de las regalías, las compensaran.
• Lo mismo sucedió con el Gravamen Especial Minero.

Lógicamente, el cobro de regalías, pretendido por el fiscalizador, en adición a los pagos del Aporte Voluntario y del Gravamen Minero se convertían en un pago doble.

Vista de las instalaciones mineras con el Misti, Chachani y Pichu Pichu al fondo. Fuente: www.mineriaonline.com​

Además de las obligaciones tributarias, Cerro Verde desarrolló un importante programa de ‘inversiones sociales’ en Arequipa como una Planta de Agua Potable, el cofinanciamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Cono Norte de Arequipa, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR La Enlozada). En los diversos programas de inversión no productivos, desarrollados en la Región Arequipa, entre el 2005 y 2016, Cerro Verde aportó hasta US$ 190 millones.

Planta de agua de La Tomilla

En los documentos adjuntos se puede apreciar la descripción de las operaciones de Cerro Verde, el detalle de sus aportes no productivos y el impacto del proyecto en Arequipa y el Perú:

Más allá del caso específico de Cerro Verde, es importante hacer notar que este tipo de litigios hacen mucho daño a todas las partes:

• Impacto directo en las empresas involucradas en los largos y complicados reclamos judiciales.
• Dañan de manera muy importante el prestigio del país, lo que determina un mal ambiente de inversión que redunda en menores inversiones y mayores costos de inserción global.
• Daña importantemente la consolidación de la  ‘la buena SUNAT’ en proceso de desarrollo. 

Es muy claro que el Estado necesita recursos fiscales para afrontar las muchas tareas pendientes en su mochila, pero estos no se pueden obtener de cualquier manera, y menos dañando el largo plazo del sector productivo y el prestigio del Perú como un buen destino de inversiones. Ojalá, la actual dirección de ‘la buena SUNAT‘ se avenga a colaborar en la resolución de este tipo de conflictos, no originados por sus actuales directivos. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

El nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) busca dos resultados: incorporar a la cadena económica a sectores que hoy están desconectados porque no entregan factura ni pagan IGV, es decir, reducir el dualismo económico; y permitir el crecimiento de las micro y pequeñas empresas no solo vía su incorporación a la cadena, es decir, haciéndoles posible vender a medianos y grandes gracias a que ahora emiten factura, sino sustituyendo el salto brusco del impuesto a la renta (IR) de cero a 30% cuando se pasaba del régimen especial (RUS[1], RER[2]) al régimen general -lo que desalentaba el crecimiento y la formalización porque se perdía plata al pasar al régimen general-, por un incremento gradual hasta llegar a 29.5% a partir de ventas anuales superiores a las 1,700 UIT (6’885,000 soles).