Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Los Estados democráticos se caracterizan por mantener un equilibrio de poderes, lo que llaman, un sistema de pesos y contrapesos, de modo que el sistema esté siempre en equilibrio y ninguno de ellos pueda imponerse sobre los demás.
En nuestro país, tenemos tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los dos primeros, se renuevan periódicamente por elecciones, mientras el tercero, tiene un modo particular de incorporación de sus miembros, designación de sus autoridades y un sistema de “autorregulación” que, desde mi punto de vista, deja mucho que desear.
La gente del sistema judicial -jueces y fiscales- sabe, y se precian de ello, que ni los miembros del poder ejecutivo, ni los del poder legislativo, podrán regular sus fueros, ponerles restricciones o hacerlos cumplir sus propias normas fiscalizando su actuación, puesto que éstos, al término de sus correspondientes mandatos (5 años máximo), quedarán a expensas de las decisiones, denuncias y sentencias del sistema judicial.
Todos conocemos los problemas del ejecutivo y el congreso, así que, sugiero hagamos una revisión del sistema judicial, puesto que hay temas que son muy relevantes, por ejemplo:
- La carga judicial, medida en términos del número de casos por resolver, en manos del Poder Judicial (PJ).
- Tiempo de los procesos en manos de cada instancia.
- Tipo de casos a ser admitidos a procesos judiciales.
- Habiendo doble instancia, por qué se promueve tantos casos a la Corte Suprema.
- Fijación de metas, objetivos y evaluación de desempeño, con relación al manejo procesal y presupuestal.
Con sólo estos cinco tópicos, podemos analizar cosas que no funcionan en el sistema judicial. Una institución como el PJ, debe tener un Plan Estratégico, que le permita brindar el mejor servicio de justicia a los ciudadanos y a las empresas. Para esto, lo primero que tienen que definir es, qué deben hacer, pero tal vez la pregunta más importante para llegar a una buena respuesta, tiene que ser: qué no deben hacer.
Cuando revisamos las estadísticas del Poder Judicial, vemos que cuenta con 2,674 dependencias en 35 distritos judiciales, que hay una “Carga Procesal” que excede los 4.3 millones de procesos, número que se obtiene de sumar los 3.4 millones declarados como pendientes, con los ingresos de 0.96 millones. Lo grave es que se resuelven sólo el equivalente al 71% de los casos que ingresan en cada período en evaluación.
No sólo eso, sino que, cuando uno revisa el volumen de sentencias anuladas, se puede identificar distritos judiciales con más de 20% de anulaciones de sentencia, llegando al máximo en Puno, donde se anula el 34.4% de las sentencias. Ciertamente, eso da una señal muy fuerte de incapacidad o corrupción de las cortes en Puno, aunque Moquegua, Cañete y Pasco no son muy distintos. ¿Qué correctivos se están adoptando?
Lo que preocupa, además, son los tiempos que duran los procesos.
Hay casos emblemáticos que llevan 35 años sin resolverse, casos que después de un largo proceso de más de 20 años y sentencias de la Corte Suprema, se reabren, etc. Pero claro, nada de eso nos debe sorprender si podemos verificar que aun los casos de divorcio pueden tomar fácilmente 10 años. Todo lo dicho, a pesar de haberse “modernizado” los códigos de procedimientos penal y civil.
Cuando uno revisa la historia reciente del sistema judicial, puede encontrarse tremendos casos de corrupción como el de “Los cuellos blancos”.
La forma como el Consejo Nacional de la Magistratura se conducía, que tampoco está muy distante de los niveles de cumplimiento de la Junta Nacional de Justicia actual.
El comportamiento de la Sra. Ávalos cuando actuaba como Fiscal de la Nación (FN) y los tiempos que tomaban las investigaciones (informado por la FN actual), la actuación de ciertos Vocales Supremos, entre los que contamos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (lo pudimos apreciar en las últimas elecciones) o la injerencia política de Vizcarra en la Fiscalía de la Nación (recordemos persecución al FN Chávarri e intromisión en defensa de otros).
Mención especial merece la infiltración del comunismo con centenares de jueces, o el atrevimiento -permitido- de jueces supernumerarios para interferir en actos exclusivos y excluyentes del Congreso.
Podemos pues observar que nuestro sistema judicial tiene graves problemas, no resuelve sus casos en tiempo razonable, ni calidad debida, pero se inmiscuye en actos de otros poderes, tales como: elección del Defensor del Pueblo, de los tribunos de Tribunal Constitucional, por mencionar sólo algunos.
El problema por resolver es muy serio, pues, a los niveles de incapacidad y corrupción existentes en el sistema, se debe agregar la autonomía absoluta con que se conducen los jueces, quienes no tienen que seguir necesariamente una jurisprudencia existente y, por lo tanto, impactan los niveles de predictibilidad de las sentencias ante casos similares. No tengo que resaltar la falta de confiabilidad que eso significa, lo que, entre otras cosas, afecta la inversión.
En el camino, hemos prostituido los sistemas, pues cuando se creó el sistema de arbitrajes, se contemplaba que era excluyente del sistema judicial y, por todas las ineficiencias mostradas, con frecuencia se judicializan procesos arbitrales debidamente laudados, mientras por otro lado, se pretende llevar a arbitraje procesos con sentencia judicial.
Pareciera que nadie quiere entender que debemos simplificar procesos, evitar redundancias, dar claridad y transparencia a las sentencias y laudos, eliminar la corrupción y provocar celeridad de los mismos. Aquí y ahora, los abogados litigantes y procesalistas, hacen gala de toda su imaginación para recurrir a argucias y leguleyadas, mientras el sistema esta mentalizado en procrastinar.
Debe estar claro, que la Corte Suprema debe intervenir sólo en casación, para verificar el cabal cumplimiento procesal y la correcta aplicación de la ley y, que sólo debe entrar al fondo de los casos, cuando resolviendo este, fija jurisprudencia de cumplimiento obligatorio para todo el sistema.
Dentro del tantas veces mencionado equilibrio de poderes, tenemos pues uno que va “a su aire”, al que nada lo apura, que no da cuenta a nadie de sus sentencias e interpreta las leyes y las aplica de acuerdo al criterio individual de cada juez.
Debemos mejorar la calidad de los jueces y fiscales, copiar las mejores prácticas y procedimientos mundiales, dejar en manos de notarios y jueces de paz cierto tipo de casos y así reducir la carga procesal, debemos digitalizar toda la información judicial y custodiarla en una base de datos central, con respaldo inalcanzable para quienes tienen interés por desaparecer sus procesos o quebrar sus juicios, tal como lo han hecho los comunistas en el sur del Perú.
En resumen, es imposible hablar de equilibrio de poderes, cuando alguno tiene privilegios, se arroga derechos sobre los demás y ni está sometido al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos. Entre tanto la carga procesal crece sin posibilidad de reducirse jamás. Lampadia
