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¿Incapacidad o mala fe?

¿Incapacidad o mala fe?

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Quedará claro en la historia del Perú, que justo camino al bicentenario de nuestro país, hubo un tal Vizcarra que generó las condiciones para acelerar un Estado decadente.

No perderemos el tiempo en repasar su prontuario como “lagarto”, bien descrito por el periodista Carlos Paredes, ni la forma ladina como este conspiró contra su jefe y benefactor PPK, quien lo llevó a la vicepresidencia, ministerio de transportes y, finalmente, lo salvó enviándolo a Canadá como embajador. Pero bien vale la pena repasar la manera como, de manera anti-patriótica, manipuló los hilos del poder, abusando de su condición de presidente de la república.

  • En primera instancia, “levantó las banderas anti-corrupción” de la boca para fuera, considerando que lo que más se puede observar son las acciones dolosas, de las que tendrá que dar cuenta tarde o temprano.
  • Colocó como ministros y viceministros a un grupo de gente de bajo nivel intelectual, académico y moral, sólo por el hecho de ser moqueguanos, pero sin visión de país, ni proyección global.
  • De la mano del mensaje anti-corrupción, estimuló los apetitos y aprovechó las debilidades de los jueces y fiscales, para aplastar a unos y encumbrar a otros a los más altos cargos de la fiscalía y poder judicial, con apoyo de gente de izquierda que ha copado la burocracia nacional y sub-nacional durante estos últimos 20 años, pero sin méritos suficientes (recordemos su retorno imprevisto de Brasil, cuando participó en la ceremonia de asunción de mandato de Bolsonaro, para involucrarse en una decisión del Fiscal de la Nación, respecto de la designación de fiscales).
  • Creó la Junta Nacional de Justicia (cambio de nombre al “Consejo Nacional de la Magistratura”), en base a más gente de izquierda proveniente de, o sometida a ONGs, cuyos miembros ni siquiera cumplen con las normas para su permanencia (límite de edad, por ejemplo).

Todas estas condiciones irregulares han convertido al sistema judicial y electoral, en una organización capaz de pasar por encima de todas las normas, pero que, para ellos, son de “aplicación selectiva”. Baste ver el trato dado por estos días al Dr. Luis Arce, quien, mientras les resultaba funcional en el JNE para consolidar un manejo fraudulento de las actas electorales, estaba muy bien y actuando como representante de la Fiscalía ante el JNE, pero tan pronto se resistió a ser parte de un proceso, que denunció abiertamente como a todas luces impropio, se convirtió de inmediato en un ser no ético, indigno de la fiscalía, razón por la que lo destituyeron en pocos días como Fiscal Supremo y en menos de una semana le impusieron una orden de restricción de salida del país, todo contraviniendo la legislación vigente.

Por su lado la población, que siente que le están robando el país, protesta en las calles e internacionalmente solicita una auditoría independiente, dada la actitud de indiferencia de las autoridades electorales ante la denuncia de tantas irregularidades que se pueden verificar, pues hay más de 45 denunciadas, empezando por tener un JNE compuesto sólo por cuatro miembros, cuando tienen que ser 5, o la aceptación de la candidatura de una “plancha presidencial” incompleta, incluyendo como vicepresidente a un miembro de RENIEC, cuando está explícitamente prohibido en la ley electoral.

Paralelamente, seis miembros del TC (Tribunal Constitucional) continúan aún con sus mandatos vencidos por cerca de dos años. Quién diría que el proceso de elección, que generó la pataleta de Vizcarra del 30 de setiembre de 2019, fecha en la que mandó a su primer ministro para detener el proceso de elección de los miembros del TC (función exclusiva y excluyente del Congreso) y que terminó con un golpe de Estado y disolución del Congreso, encubierto con “la denegación fáctica de confianza” sobre un tema que no incumbe al ejecutivo; fue finalmente cohonestado por la mayoría de los miembros del TC, específicamente aquellos que se beneficiaban con esta medida que prorrogaba su propio mandato.

Como consecuencia, se eligió un nuevo Congreso, probablemente el peor de los doscientos años de historia republicana, cuya principal misión era completar el proceso de elección de los miembros del TC. Es tragicómico ver la crítica de la prensa, al decir que no se cumple a cabalidad el reglamento de evaluación de este proceso, porque “la sustentación de las calificaciones dada a los candidatos al TC es de muy baja calidad”. ¿Qué esperan de 130 individuos elegidos sin exigencia académica alguna, ni experiencia? En algo más de un año, lejos de acometer la tarea pendiente, este Congreso, que ha destruido el sistema previsional y aprobado por insistencia, pero sin mayor análisis, muchas leyes inconstitucionales, afectó la marcha del sistema económico y las finanzas públicas del Perú, al extremo que el TC ha tenido que declarar inconstitucionales, al menos tres de esas leyes.

Dicho esto, y a menos de tres semanas del término de su mandato, este Congreso tampoco ha elegido el reemplazo de ninguno de los seis miembros del TC con mandato vencido. No sólo eso, sino que para reafirmar que no hay institucionalidad en nuestro país, una jueza supernumeraria ha acogido un recurso de amparo y ha ordenado al Congreso de la República, que suspenda nuevamente el proceso y se abstenga de elegir a los miembros faltantes del TC. Paralelamente, el vocero de uno de los partidos de izquierda del Congreso, ha enviado cartas a los candidatos al TC, intimidándolos e invocándolos bajo amenaza, a que renuncien a continuar en el proceso reiniciado hace nueve meses.

Hoy el Perú se debate al borde de caer en manos de la izquierda radical, la misma que ya ha amenazado con plantear el 28 julio, durante el mensaje de toma de mando, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con “color, olor y sabor a pueblo”, destruyendo así todo lo avanzado. El sistema judicial y electoral se han convertido en una organización criminal, gracias a los manejos orquestados desde marzo de 2018. Y el Congreso no ha cumplido la única tarea que debía cumplir, por lo que no tenemos un Tribunal Constitucional fuerte e independiente, así que debemos observar con pena, que nuestro país está indefenso y sólo nos queda su defensa en la calle, degradando el concepto de Nación, a su más trágico y bajo nivel.

¿Llegamos así a este bicentenario por incapacidad o mala fe? Lampadia




Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Las últimas elecciones han dejado en evidencia la precariedad de nuestro sistema electoral, y las distintas formas en que se presta a la manipulación de la voluntad de los ciudadanos. Desde la figura de personeros – que juegan más a la ofensiva que a la defensiva, hasta el copamiento de mesas por miembros de los partidos. Todo está armado para premiar al más “astuto”, sin importar la decisión del votante. Además, hemos visto el uso indebido de material electoral, anulaciones direccionadas de las actas, adulteraciones, sustitución de identidad, así como irregularidades de digitación en sistema ONPE, resoluciones de los JEE sin sustento legal y sin considerar la intencionalidad de cantidad de votos impugnados.

Sin embargo, las elecciones son sólo el reflejo de la democracia artificial en la que vivimos desde hace muchos años, producto de una infiltración sistemática de nuestras instituciones por funcionarios con agenda propia. Ellos juegan en complicidad, para mantener su poder (e impunidad) y son conscientes de que aferrarse a sus cargos en el Estado es clave para su supervivencia. Las instituciones no se deben a los ciudadanos, sino que se han vuelto armas para los gobernantes, quienes las manosean y manipulan a su antojo, concentrando el poder absoluto.

En los años más recientes, esto es lo que ha sucedido con Martín Vizcarra, quien, no contento con hacer de Moquegua su propio reinado, creó uno en Lima, previendo lo que vendría.

Sólo en los últimos dos años hemos sido testigos de eventos anormales, que serían parte de una misma jugada.

  • Hemos participado de un referéndum convocado por Vizcarra, donde se aceptó reemplazar el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que tiene en su poder la evaluación, designación, ratificación, y la diversidad de procesos administrativos respecto a jueces y fiscales.
  • También vimos la renuncia del ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, incitada por el mismo Martín Vizcarra. Con eso, se logró que la fiscal suprema Zoraida Ávalos ocupe dicho cargo, a pesar de serios cuestionamientos sobre cómo fue beneficiada por 4 resoluciones de José Peláez Bardales, para alcanzar el puntaje requerido en sus evaluaciones. De tal forma, Ávalos conformó la Comisión Especial que elegiría a quienes hoy ocupan la JNJ.
  • A raíz de la creación de la JNJ y del caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto” – aún un misterio sin resolver, el candidato menos voceado inicialmente para Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), resultó siendo elegido para el cargo. Esas elecciones se dieron sólo 2 días después de la vacancia de Martín Vizcarra. Suerte para Salas Arenas, las pugnas internas del CAL impidieron la designación de su representante en el Pleno del JNE, con lo que a Salas Arenas le corresponden 2 votos en vez de 1 – es decir, cuenta con el voto dirimente. Además, en dicho Pleno está Jovián Sanjinez, de quien existen serios cuestionamientos sobre su complicidad con César Álvarez, ex gobernador Regional de Áncash. Gracias a los votos de Salas Arenas, Sanjinez y Rodríguez, es que el “lagarto” Vizcarra pudo participar de las elecciones congresales de 2021.

Por otro lado, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial, renunciaron 3 miembros del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, aduciendo, tímidamente, a que no se habían dado las condiciones para desempeñar sus cargos.

En estos dos años también fuimos testigos del cierre “fáctico” del congreso, para evitar la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, a pesar de que llevan más de 2 años con mandato vencido.

Parece que recién ahora podemos poner en perspectiva todo lo que hemos presenciado y la magnitud de la podredumbre. Y hoy, nos sentimos absolutamente desamparados, pues no existe ni una institución a la que podamos recurrir. Es así, que debemos unirnos para defender lo mínimo que exige una democracia, que es el derecho de voto y de escoger a nuestros gobernantes. Lampadia

Referencias

https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/176/page/Que-es-el-JNE

https://www.altavoz.pe/politica/presidente-del-jne-jorge-luis-salas-arenas-ha-sido-abogado-defensor-de-terroristas-revelo-beto-a-saber/

https://gestion.pe/peru/politica/accion-popular-presenta-mocion-para-que-el-congreso-exija-la-renuncia-del-presidente-del-jne-elecciones-2021-jorge-luis-salas-arenas-nndc-noticia/

https://peru21.pe/politica/se-desata-fuego-cruzado-en-el-colegio-de-abogados-de-lima-colegio-de-abogados-de-lima-cal-javier-villa-stein-noticia/

https://andina.pe/agencia/noticia-jne-jovian-sanjinez-salazar-se-incorporo-como-miembro-del-pleno-este-organismo-814698.aspx

https://gestion.pe/peru/politica/elecciones-2021-lo-que-implica-la-convocatoria-realizada-por-el-presidente-martin-vizcarra-nczg-noticia/

https://elfoco.pe/informes/el-ascenso-y-las-condecoraciones-de-la-fiscal-de-la-nacion/

https://rpp.pe/politica/judiciales/zoraida-avalos-el-perfil-de-la-fiscal-de-la-nacion-interina-tras-la-renuncia-de-pedro-chavarry-noticia-1173964

https://peru21.pe/politica/juez-salas-arenas-se-perfila-para-ser-el-nuevo-presidente-del-jne-noticia/




Acerca del Estado legalista y maltratador

Acerca del Estado legalista y maltratador

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 24 de enero de 2020
Para Lampadia

Tal como la viví… la cuento. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) me excluyó – a mí y a varios otros candidatos, de distintos partidos políticos – de participar en la reciente contienda electoral congresal. Fuimos excluidos por errores en las declaraciones juradas que teníamos que llenar para poder postular al Congreso.

Aparte de reconocer nuestros errores, todos los candidatos excluidos apelamos al Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) con el fin de corregir nuestras declaraciones juradas. OTROSÍ DIGO: Además de los honorarios legales correspondientes, había que pagar una tasa de S/. 1,000 aproximadamente. ¡Todo por un error involuntario e irrelevante!

El JEE nos choteó a la mayoría. Ante ello, los entendidos dijeron – no se preocupen. Apelen al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)… y ahí queda todo OK –. Y así lo hicimos. Yo, y los demás candidatos excluidos apelamos ante el JNE.

Pues bien, el JNE nos volvió a chotear. – Ya fui – me dije a mi mismo. – Pero no – presenten sus Acciones de Amparo y las correspondientes Medidas Cautelares ante el Poder Judicial – insistieron los entendidos. – ¿Cómo se hace eso? – preguntaba yo. – No te preocupes – siempre aparecía el “no te preocupes” tan nuestro.

Todo un pool de abogados se involucró en la redacción de los voluminosos – e ininteligibles – Acciones de Amparo y Medidas Cautelares. Pero eso sí… había que ir hasta la propia sede del Poder Judicial en la Avenida Abancay – junto al Parque Universitario – para legalizar nuestras firmas. – Podría legalizarla ante un notario cerca de mi oficina – dije yo. – No. Tienes que ir personalmente al Poder Judicial – me dijeron. Así que fui.

Después de todo, era cuestión de llevar mi DNI y firmar frente al funcionario en cuestión… y listo. – Me tomará unos 15 minutos – pensé. Pues no. ¡Me tomó casi 3 horas legalizar mi firma en el Poder Judicial! Había una sola ventanilla para “LF” (Legalización de Firmas). Una sola ventanilla para un mar de gente. Todos maltratados a más no poder. Y ojo… no había atención de 1:30 a 2:30 pm. A esa hora todos los funcionarios del Poder judicial almuerzan. ¿Y la gente?… que espere.

Pues bien, pasaron los días y – ¡oh sorpresa! – el Poder Judicial admitió nuestras Acciones de Amparo. – ¡La hicimos! – dijimos todos los choteados. – Ahora el jurado electoral tendrá que tragarse el sapo y habilitarnos para poder candidatear al Congreso –.

Pues no. Resulta que el JEE se zurró en las resoluciones del Poder Judicial. – Es imposible ejecutar la orden de reponer a los candidatos excluidos – dijeron ellos. Y colorín colorado… este cuento se ha acabado.

OTROSÍ DIGO: El Poder Judicial es un infierno. El trato que nos brinda a los ciudadanos es pésimo. El JEE de Lima Centro y el JNE, también. En vez de penalizar faltas graves, ellos penalizan errores involuntarios e irrelevantes. Eso sí. El legalismo se aplicó – sólo – a algunos candidatos. Otros – incluso sentenciados – se la llevaron fácil.

OTROSÍ DIGO: A pesar de todo, no me arrepiento de haber postulado al Congreso. Al contrario. Estoy muy contento y agradecido. He conocido al monstruo por dentro. Con mayor razón, me siento más comprometido que nunca a luchar contra el Estado indolente, obsoleto, inoperante, abusivo, corrupto, ineficiente y displicente. ¡No al Estado legalista y maltratador! Lampadia




800 candidatos en Lima es absurdo

800 candidatos en Lima es absurdo

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La elección de un Congreso por separado, sin que se elija simultáneamente al presidente de la República, ha expuesto más claramente que nunca la disfuncionalidad de nuestro sistema electoral, que requiere urgente reforma para no repetir el problema el 2021.

Todos vemos la proliferación candidatos cada uno con su propia propuesta. La tarea de escoger uno dos candidatos o un partido en medio de los casi 800 candidatos que hay en Lima, con una multiplicación al infinito de ofertas disímiles, se vuelve imposible. Nadie puede escuchar a 800 candidatos. Ni siquiera a 50, o a 20. Ninguna democracia puede funcionar así. Por eso alrededor del 60% de los ciudadanos declaran que no saben por quién van a votar o que van a viciar su voto. Y por eso el Congreso en realidad no representa a nadie. No representa nada.

Esto es consecuencia del voto preferencial en distritos plurinominales, multiplicado por el elevado número de partidos. El voto preferencial ya es un problema en las elecciones presidenciales, porque distorsiona el mensaje del candidato presidencial, que se ve diluido en medio de cientos de mensajes distintos de los candidatos al Congreso. Pero por lo menos en una elección presidencial hay un mensaje central, que es precisamente el del candidato a la primera magistratura.

En esta elección, en la que no hay competencia presidencial, deberíamos esperar que cada lista congresal presente una propuesta legislativa única. Pero solo 5 o 6 de los 22 partidos participantes han formulado una agenda legislativa. La más elaborada y detallada es la del Partido Morado, que ha ofrecido 44 propuestas, pero ninguna a nivel de proyecto de ley. Los otros (PPC, Acción Popular, Frente Amplio, Juntos por el Perú principalmente, y algunos otros) han planteado lineamientos o grandes ejes o temas, con mayor o menos grado de desagregación. Pero en todos los casos los candidatos de esas agrupaciones exponen sus propios proyectos, muchas veces divorciados de los lineamientos generales del partido.

De esa manera, ningún elector puede orientarse en esa selva de ofertas. Es imposible. El sistema tiene que cambiar. Lo primero es eliminar de una vez por todas el voto preferencial, y canjearlo por distritos electorales pequeños, donde se elija solo a uno o dos representantes. El mejor voto preferencial es el que se da en un distrito uninominal, donde se elige a un representante, con el que, además, se puede establecer una relación. Y lo segundo es reducir el número de partidos que participan. De esa manera, si el distrito fuera uninominal, el elector elige entre 6 o 7 candidatos (si hubiera 6 o 7 partidos), y no entre cerca de 800 como es ahora en el caso de Lima (36 x 21).

Una elección como esa sí tiene sentido y es viable. Por lo demás, los candidatos no tendrían que diferenciarse de otros de su propia lista porque ya no compiten con ellos, sino contra los candidatos de otras listas. Entonces el mensaje de los postulantes de cada partido tenderá a unificarse, y por lo tanto los electores podrán diferenciar entre un número pequeño de propuestas generales.

La democracia, entonces, se vuelve inteligible y mucho más real. Ahora bien, si creamos distritos electorales pequeños, uni o bi-personales, ello debería hacerse en la cámara de diputados, eligiendo la de Senadores en distritos macrorregionales, para equilibrar allí el efecto de sobrerepresentación que producen los distritos pequeños. El restablecimiento de la bicameralidad sí forma parte de la oferta electoral de varios partidos en esta contienda, y es probable que ocurra.   

El requisito de la reducción del número de partidos, por su parte, sí se cumplirá porque el Congreso disuelto aprobó la ley que ordena elecciones primarias universales y obligatorias estableciendo que los partidos que no obtengan en ellas una votación que supere el 1.5% del número de votantes de la elección anterior, no participan en las elecciones generales. De modo que probablemente pasen a esa etapa entre 6 y 8 partidos.

Ojalá que los novatos congresistas que serán elegidos extraigan estas mismas lecciones y no se autoengañen con la misma falacia de siempre: yo fui elegido por el voto preferencial y por lo tanto funciona. Es una falacia porque está demostrado que la votación sigue en general el orden de las listas, y el voto en distritos pequeños es, como decíamos, el voto preferencial perfecto. Lampadia




Las falacias en torno al número de congresistas

Las falacias en torno al número de congresistas

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La crítica principal que se ha hecho a la propuesta de establecimiento de la bicameralidad formulada por el Ejecutivo y remitida al Congreso para su discusión y aprobación, es que el número total de congresistas -130- es muy bajo, más aún considerando que habría dos cámaras, dejando a la de diputados con solo 100 representantes. Habría entonces “sub representación” de la población. Para representarla más adecuadamente, se necesitaría un número mayor de congresistas.

En realidad, esta crítica no pasa de ser una creencia, una prenoción, sin una base empírica o científica. El argumento que se da es que, con 130 congresistas, tenemos la relación congresista – población más alta de América Latina. Es decir, en los demás países, cada congresista representa a un número menor de ciudadanos que en el Perú.

Pero si nos comparamos con Estados Unidos, una democracia mucho más asentada y desarrollada que la nuestra, veremos que allí cada congresista representa a una cantidad de electores mucho mayor que en el Perú. La Cámara de Representantes, por ejemplo, tiene 435 parlamentarios y hay 231 millones de electores, lo que significa 531,000 electores por representante. En el Perú tenemos cerca de 23 millones de electores y 130 congresistas, lo que da una relación de 176,000 electores por congresista, mucho menos que en Estados Unidos.

Con un agregado, acaso más importante: que en Estados Unidos los distritos electorales para elegir la Cámara Baja son uninominales (se elige a un representante por distrito), lo que hace que la cantidad de personas representadas esté perfectamente acotada. Cuando decimos que un congresista norteamericano representa a 531,000 electores, representa realmente a esos 531,000 (en realidad esa cantidad es un promedio). En cambio, la afirmación de que en el Perú un congresista representa a 176,000 electores es, en verdad, una falacia, porque al ser los distritos electorales plurinominales, cada congresista en realidad representa a una cantidad mucho mayor. Si nos vamos al extremo, tendremos que un congresista por Lima (uno de los 37) representa a 9 millones de habitantes.

Entonces, pasar de un sistema electoral plurinominal a uno binominal para la futura cámara de diputados, como propone el proyecto del Ejecutivo, ayuda a mejorar la relación de representación, porque ayuda a acotar mejor, a reducir la cantidad efectiva de ciudadanos que cada congresista representa. Si, como se estaría pensando –porque esto no está en el proyecto de ley- Lima se divide en 6 o 7 distritos binominales, cada diputado representará de manera efectiva a un número que, en promedio, será la sexta o sétima parte de 9 millones. Y eso que, si nos atenemos a la proporción que representa la población de Lima respecto de la población nacional, Lima debería estar dividida, como veremos, en cuando menos 15 distritos binominales.

Pero a lo que vamos es que lo de la “subrepresentación” es una falacia porque con el nuevo sistema de distritos binominales –si se aprueba- habrá mucho menos “subrepresentación” que con los distritos plurinominales departamentales actuales, manteniendo el número de 130 congresistas. Es decir, la ratio de representación será más pequeña.     

Lima sub-representada desde el punto de vista demográfico

Ahora bien, como hemos adelantado, en la propuesta del Ejecutivo Lima-Callao estará sub representada desde el punto de vista de su peso poblacional. Según informó el viceministro de Gobernanza Raúl Molina en entrevista que le hiciera en El Comercio, para elegir 30 senadores el país se dividiría en 6 macro-distritos con 5 senadores por cada uno. Uno de esos macro-distritos sería Lima Callao. 5 senadores de 30 representan un 16.6%, muy lejos del 32.6% que representa la población de Lima y Callao respecto del total nacional.[1] Si agregáramos 5 senadores más para Lima-Callao, esta región tendría el 28.6%. Habría que subir el número de senadores a 35.

Y, según el mismo Molina, para elegir diputados, Lima-Callao se dividiría en 6 o 7 distritos binominales. Es decir, tendría 12 o 14 diputados de un total de 100, un porcentaje aún inferior al que tendría en la Cámara de Senadores. Lima – Callao tendría que tener cuando menos 15 o 16 distritos binominales, lo que incrementaría el número total de diputados a 116 cuando menos. Eso es lo que habría que hacer si queremos que Lima mantenga su proporcionalidad demográfica a fin de recuperar a la élite nacional para la política.

Criterio no es demográfico, sino económico

Pero el criterio que se ha usado para delimitar los macro y micro-distritos no es el de la equivalencia demográfica, sino el de la existencia de relaciones económicas y sociales reales. Es decir, que representen a una realidad económica, social o cultural existente.

Esa es la razón por la que no se sostiene la otra crítica que se ha formulado a los 50 distritos binominales, en el sentido de que habría departamentos (regiones) como Tacna, Moquegua y Madre de Dios que no alcanzarían representación, por su escasa población. En ese sentido, ya se aclaró que cada uno de esos departamentos será un distrito binominal. Así como habrá otros departamentos que se dividirán en dos distritos electorales, en función de sus conexiones internas. 

Lo mismo se puede decir del Senado. Se dijo que con 30 senadores, cada región (departamento) tendría un senador y, considerando Lima, quizá algunas no alcanzarían a tener ninguno. Pero el proyecto de ley es claro en plantear macro-distritos electorales, basados en 6 macro-regiones considerando Lima metropolitana.

Presupuesto

También se ha criticado que sea la cámara de Senadores la que apruebe el presupuesto de la República. Y esta no es una mala idea en la medida en que se trata de que el presupuesto tenga precisamente una lógica macro-regional y más agregada, para contender la tendencia a la atomización de los proyectos y hacer posible una planificación basada en el desarrollo territorial.

Voto preferencial

En ese sentido, no se puede admitir la crítica de que esta reforma, tal como está planteada, es un mamarracho o es improvisada. Es mejorable, por supuesto. Por ejemplo, no se entiende por qué se elimina el voto preferencial en los macro-distritos para elegir senadores, y se mantiene en los micro-distritos binominales para elegir diputados. Debería eliminarse en este caso también, porque solo serviría para instalar la competencia entre los dos candidatos del mismo partido. En términos generales, y más allá de eso, sin embargo, está bien pensada. De aplicarse, tendríamos más gobernabilidad y mejor representación. No solo porque una cámara de senadores permite moderar los ímpetus populistas de la Cámara Baja, y limita el poder absoluto que puede tener una cámara única si es contraria al Ejecutivo, sino porque distritos binominales ayudan a reconstruir los canales de representación para prevenir y manejar problemas, y sirven también para reducir a la larga el número de partidos políticos, dándole más estabilidad a nuestra democracia.

Habría que agregar, a las reformas planteadas, la elección del congreso luego de la segunda vuelta presidencial, para facilitar una mayoría congresal favorable al Ejecutivo, y no prohibir que los candidatos presidenciales postulen simultáneamente al Senado, a fin de convertir a esta Cámara en un foro político de alto nivel, que ayude a la discusión y concertación.

¿No reelección de congresistas?  

Lo que resultaría contraproducente para la consolidación institucional es el proyecto para prohibir la reelección de congresistas. Atentaría contra quienes de buena fe quisieran hacer una carrera política, y contra la formación de una clase política experimentada en el país.  

Hagamos, sin embargo, un esfuerzo de imaginación para explorar si hay manera de convertir a la no reelección de los congresistas en una buena idea, o por lo menos en una no tan mala. ¿Qué tendríamos que hacer?

Para comenzar, los partidos tendrían que tener incentivos para llamar a profesionales capacitados o personalidades. Por ejemplo, recibir mayor financiación en función de un índice de calidad de la lista de candidatos, establecida con criterios objetivos.

Las empresas podrían recibir devoluciones tributarias por profesionales o ejecutivos que, luego de un cierto número años de trabajar en la empresa o en el sector, sean cedidos a partidos políticos para que integren las listas congresales. Lo mismo podría hacerse con las universidades.

Podría haber financiación partidaria específica para foros o conversatorios, debidamente fiscalizados, con universidades, gremios empresariales, o para financiar estudios y propuestas de política que obliguen a los partidos a reclutar académicos o profesionales para su elaboración.  

Se podría aplicar la propuesta de Carlos Meléndez de “Impuestos X partidos”, pero circunscrita a financiar think tanks de los partidos políticos en los cuales se puedan reciclar los congresistas que han dejado de serlo, a la espera de la siguiente elección

En el Congreso podría haber una pequeña oficina de ex congresistas del período anterior encargados de asesorar a los nuevos congresistas. Lampadia

 

[1] Lima y Callao suman 9’569,468 habitantes según el censo de 2017. Y el Perú alcanza 29’381,884 millones de personas. Ver “Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017 Lima, junio 2018 Primeros Resultados”, INEI.




No procede la vacancia, pero sí es necesaria la renuncia

No procede la vacancia, pero sí es necesaria la renuncia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no debería ser vacado, porque no corresponde y dañaría la imagen del Perú, pero sí convendría al país su renuncia.

Según el artículo 117° de nuestra Constitución, “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Es decir, si se presume que el Presidente ha cometido un delito puede ser investigado pero no acusado sino hasta luego de terminar su mandato (y aquí estamos hablando de hechos cuya naturaleza presuntamente delictiva no ha sido todavía precisada y que ocurrieron antes de que fuera elegido Presidente). La Constitución, en este sentido, busca blindar al Presidente a fin de que pueda culminar su mandato.

El problema es que la propia Constitución contradice su espíritu cuando, en el artículo 113°, establece que la Presidencia de la República vaca por “Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Pasamos del blindaje más duro a un mecanismo de destitución presidencial sin fundamentación rigurosa, subjetivo, que se presta fácilmente a la arbitrariedad de la mayoría.

Cuando las constituciones del siglo XIX establecieron la vacancia por “incapacidad moral permanente”, estaban significando “incapacidad mental”, que es fácilmente verificable. Cuando luego el concepto muta para convertirse en sinónimo de “inmoralidad” o “falta de ética”, entramos en el terreno de la indeterminación, de la atipicidad. Un delito es un hecho objetivo tipificado en el código penal que se puede y debe probar, y para eso está el debido proceso. Las mentiras no están tipificadas, aunque se pueden eventualmente demostrar, pero ¿cuán grave debe ser una mentira para que acarree la vacancia? ¿Tiene sentido que el presidente no pueda ser destituido por delitos supuestamente cometidos, y si lo pueda por una mentira, o por una falta moral?

En todo caso, lo que detonó el fallido proceso de vacancia de diciembre fue lo que a todas luces era una mentira clara del presidente al negar relaciones contractuales con Odebrecht que después se descubrieron ciertas. Su excusa fue que él no sabía nada porque su empresa se la había entregado a Gerardo Sepúlveda, de quien le separaba una muralla china pese a que se había reunido con él en varias ocasiones mientras era ministro.

Se puede argumentar que la mentira presidencial justificaba presentar una moción de vacancia, aunque ningún debido proceso hubiese sido suficiente para demostrar que la consecuencia de esa mentira debía ser indubitablemente la vacancia. La decisión, como se argumentó, era en última instancia política. Es decir, potencialmente arbitraria. Y potencialmente abusiva, porque una vez dado un motivo, la fatalidad de las leyes de la política lleva a utilizar una institución como esa –la vacancia- hasta el extremo, más aún si carece del freno del debido proceso, que es impracticable en ausencia de tipificación. Es decir, dada la existencia de esa institución, es difícil no usarla, sobre todo si, como en el caso de los dos grupos de izquierda en el Congreso, sienten que cobrar la cabeza de un presidente “neoliberal” es lo más parecido a una revolución, cuando menos simbólica. De hecho, son ellos los que están planteado nuevamente una moción de vacancia.   

Nuevos hechos

La justificación para el pedido de vacancia original fue, como decíamos, una mentira de PPK: haber negado contratos que podían implicar cuando menos conflicto de interés. Ahora han aparecido nuevos hechos: tres contratos de Westfield Capital con Odebrecht para el Proyecto Olmos, la Interoceánica Norte y para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur respectivamente, firmados mientras el PPK era ministro. Y que luego de esos contratos, Odebrecht haya conseguido efectivamente los proyectos. Y reuniones entre Barata y PPK cuando este era ministro.

Pues bien, esos son hechos que el fiscal Hamilton Castro está investigando para ver si los contratos fueron determinantes para que salieran los proyectos y si en las reuniones de Barata con PPK se acordó los mencionados contratos con Westfield. Porque, de haber sido así, estaríamos ante una forma de soborno o alguna otra figura del derecho penal que el fiscal tendría que determinar.

No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta

Pero todo eso nos lleva al terreno del art. 117° de la Constitución: que el presidente sólo puede ser acusado luego de terminar su periodo. Si la fiscalía encuentra suficientes elementos de convicción, lo acusará, pero luego de terminar su gobierno.

La vacancia, por lo tanto, no aplica. No hay una nueva mentira del presidente. Estos nuevos hechos revelados están dentro de los que fueron negados por la primera y única mentira. Y esa ya se resolvió en el proceso de vacancia, con resultado negativo. No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta. Ese, que es un principio del derecho penal, con mayor razón rige ante una falta moral.

La única salida es la renuncia

Dicho esto, sin embargo, también es cierto que la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, ya no es viable. Su autoridad y credibilidad –dos caras de la misma moneda- se han reducido al mínimo. La consecuencia es que ya no puede gobernar. Si él quisiera convocar en este momento a un nuevo Presidente del Consejo de Ministros para recomponer relaciones con el Congreso, sería prácticamente imposible que alguien que en otras condiciones tuviera esas capacidades, ahora pudiera aceptar, porque no podría lograr resultados. Es más, el desgobierno que eso implica lleva a los distintos actores a funcionar por la libre, cada uno tratando de maximizar ganancias políticas sea con proyectos de ley tan populistas como contraproducentes –véase por ejemplo las propuestas del Defensor y de Javier Velásquez Quesquén para regular precios de los medicamentos-, sea con acciones de fuerza que terminan obligando al gobierno a ceder con medidas que también resultan contraproducentes.

Por supuesto, en ese ambiente las indispensables reformas para sacar al país de la trampa de los ingresos medios, pierden cada vez más oxígeno. Tampoco los funcionarios toman decisiones y los ministros se limitan a administrar lo mínimo. Todo se detiene, creando las condiciones para un círculo vicioso de impotencia gubernamental y protestas que puede llevar a los peores escenarios. 

Por eso, lo mejor para el país sería la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, dejando el cargo en manos del primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien tendría que plantear como condición para asumir la Presidencia acuerdos de gobernabilidad con la oposición. Para ello deberá nombrar a un Premier de altas condiciones, capaz de organizar gobierno y de elaborar una agenda conjunta –que incluya reformas- con el Congreso de la República. Hay que pensar en el país. Lampadia




La propuesta de reforma electoral del Ejecutivo

La propuesta de reforma electoral del Ejecutivo

Por fin está en agenda la reforma electoral. El trabajo del Congreso tiene muy buenos aportes y, de igual manera, el del Ejecutivo. Pero cuidado en caer en una absurda competencia y descalificaciones mutuas. De lo que se trata es de ‘sumar y sumar’ para lograr un proyecto de reforma integral que conlleve un importante nivel de representación. (Igualmente, esperamos que los medios dejen de poner más carbón en la hoguera).

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La coordinadora del grupo de reforma electoral de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Donayre, se ha quejado de que a último momento el Poder Ejecutivo saque de la manga un proyecto de ley de reforma electoral y política cuando ya su comisión está muy avanzada y a punto de terminar por lo menos la primera parte, la que tiene que estar lista para las elecciones regionales y municipales del 2018. No le falta cierta razón pero también es verdad que en democracia todos tienen derecho a proponer ideas y bienvenido sea que el Ejecutivo también se interese en el tema. Claro que lo lógico hubiese sido que ese esfuerzo se hubiese hecho en coordinación con la bancada de PPK para que tuviera un carácter más organizado y su representante en el grupo de reforma política no quedara en babia y más bien hubiese podido llevar esas ideas al grupo de elaboración.

Lo positivo de todo esto, sin embargo, es que muestra que el tema de la reforma política se ha vuelto prioritario y se ha instalado en el debate público de manera clara, de modo que no podrá ser escamoteado esta vez. El problema ahora es dar con las propuestas correctas, si existen tales.

Plata sucia

El aporte principal de la iniciativa del Ejecutivo está en la preocupación por evitar la infiltración de corruptos y delincuentes en las campañas y los partidos. A diferencia del proyecto del Congreso, para el que el incumplimiento de las normas relativas al financiamiento se castiga solo con multas que, la verdad sea dicha, rara vez se pagan, el proyecto del Ejecutivo establece la pérdida de la inscripción partidaria como sanción  por dichos incumplimientos. Esto para que las normas no sean letra muerta.

Otra propuesta propia del proyecto del Ejecutivo es la de que la sola inscripción de cualquier ciudadano como candidato habilita el levantamiento de su secreto bancario y su reserva tributaria y bursátil. Habría que evaluar si esa norma pudiera tener un efecto disuasorio en personas que quisieran ingresar a la política y, ante una norma como esa, decidan no hacerlo, no porque tengan actividades ilícitas que ocultar sino, sencillamente, porque no querrán ventilar sus cuentas.

El proyecto del Congreso, por su parte, prohíbe que las empresas puedan financiar a los partidos. Esto carece de sentido. De lo que se trata es de prevenir el financiamiento de fuentes ilegales –narcotráfico, minería ilegal, organizaciones criminales, etc.-, para lo cual más bien habría que fomentar el financiamiento de fuentes o empresas formales. Con toda transparencia, eso sí. Carlos Meléndez ha propuesto la figura sugerente de “partidos por impuestos”, de modo que empresas puedan financiar, con sus impuestos,  think tanks, por ejemplo, vinculados a los partidos, o actividades de difusión ideológica, reduciendo en la misma proporción el financiamiento público que recibe el partido político.

Eliminar movimientos locales y provinciales

El proyecto del Ejecutivo es radical en normas para prevenir o castigar la corrupción y el crimen organizado en la política, pero mantiene sin embargo la existencia de movimientos locales y provinciales que, como sabemos, en muchos casos son la máscara de proa de aventureros vinculados a redes ilícitas y mafiosas para las que la municipalidad o el gobierno regional no son otra cosa que un botín presupuestal. El proyecto del Congreso, en cambio, con acertada visión, los elimina, y mantiene solo a los movimientos regionales.

La situación ideal sería que todos los alcaldes y gobernadores regionales pertenezcan a partidos políticos, porque de esa manera rinden cuenta a un sistema de obligaciones nacional y tienen comunicación con los representantes de su partido en el Congreso o en el Ejecutivo, según sea el caso. Lo que tenemos en la actualidad, con una gran mayoría de gobernadores regionales y alcaldes no pertenecientes a partidos sino a movimientos locales, es un país políticamente feudalizado en el que las autoridades locales no responden ante nadie por encima de ellas y tampoco tienen relaciones de comunicación fluidas con el nivel nacional. El Estado, así, termina desarticulado, y tiende a perder su carácter unitario.

Por eso, eliminar los movimientos locales y provinciales es un avance. Y si se mantiene la existencia de movimientos regionales, debería exigirse cuando menos que  tengan presencia y presenten candidatos en un mínimo de tres departamentos (regiones). Ninguno de los dos proyectos de atreve a tanto.

Definir objetivos

Pero la necesidad de prevenir la corrupción y la captura del Estado por grupos mafiosos no es el único objetivo que debe guiar el modelo político que queremos construir. Y es en el terreno de los objetivos donde las cosas no están claras, y tienen que estarlas si queremos construir un sistema coherente.

Distritos uni o bi nominales y no plurinominales en lista cerrada

Si lo que necesitamos es reducir el número y la volatilidad de los partidos y darles un poco mas de consistencia –aunque no podamos aspirar a reconstruir partidos clásicos basados en fuertes adhesiones ideológicas sino estructuras más ligeras y horizontales basadas en orientaciones generales- y, sobre todo, si lo que queremos es lograr que la democracia tenga un sentido para los ciudadanos, que se sientan partícipes de ella, lo que tenemos que hacer es establecer un sistema electoral basado en distritos electorales pequeños, uni o binominales, que no solo ayudan a reducir el número de partidos sino que permiten la relación directa entre el elector y su representante, es decir, acercan el elector al Estado, al Congreso. En distritos como esos solo se elige a uno o dos congresistas de modo que el ciudadano sabe quién es su representante y puede comunicarse con él.

Pues bien, ninguno de los dos proyectos propone esto. El del Congreso, porque todavía no ha definido el tema, pues lo ha dejado para la segunda etapa, cuando revisen los puntos que requieren modificación constitucional.  Pero el del Ejecutivo no solo no propone aquello, sino que retrocede en ese tema. Plantea, con razón, la eliminación del voto preferencial, que tiende a destruir la cohesión partidaria, pero en lugar de canjear el voto preferencial por el distrito uni o binominal, establece distritos plurinominales en lista cerrada y bloqueada. Es decir, el partido pone los candidatos y punto. Si el elector ya había conquistado el derecho, con el voto preferencial, de alterar el orden de la lista que le propone el partido, no se le puede retirar ese derecho sin devolverle a cambio la posibilidad de elegir a su representante entre los que propongan distintos partidos en un distrito uni o binominal. Esto es fundamental para que los ciudadanos se sientan realmente representados en el sistema.

¿Bajar la barrera de entrada?

Por lo demás, repetimos, distritos uni o bi nominales tienen la ventaja adicional de ayudar a reducir el número de partidos, pues los partidos pequeños tendrían que aliarse o fusionarse con organizaciones políticas  mayores si quieren que algún político suyo sea elegido en un distrito electoral.

Es importante esto último porque uno de los objetivos de la reforma debe ser consolidar un número relativamente pequeño de partidos políticos. Distritos plurinominales no ayudan en ese sentido. El proyecto del Ejecutivo tiene, además, otra propuesta que iría aun más en la dirección de aumentar el número de partidos en lugar de reducirlo: bajar el requisito para la inscripción de un partido a solo 1% de los que votaron en la elección anterior. El proyecto del Congreso, en cambio, mantiene el 4% actual. La propuesta del Ejecutivo responde a la idea de que hay que facilitar la renovación y la competencia dentro del sistema facilitando la entrada, pero haciendo más difícil la permanencia, obligando a participar en todas las elecciones en todos los niveles y a realizar elecciones internas primarias y universales organizadas por los organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec) en las cuales participen el 50% de los afiliados como mínimo. Y estableciendo una valla más alta para las alianzas (2% para cada aliado en lugar del 1% del proyecto del Congreso). De esta manera se controlaría, en teoría, el número de partidos, pues muchos no sobrevivirían.

Es cierto que mantener una valla alta para la inscripción se convierte en una protección oligopólica para los partidos inscritos si es que estos funcionan como argollas cerradas y carecen de canales de participación y movilidad interna. En ese sentido, habría razón en bajar la barrera de entrada al 1% de los electores. Pero si hay mecanismos que ayudan a que los partidos sean estructuras abiertas y convocantes, una barrera de entrada tan baja no se justifica (un líder político con ambiciones debería poder entrar fácilmente a un partido y disputar las posiciones que desee, sin necesidad de fundar su propia organización). ¿Existen esos mecanismos? Transparencia propone elecciones primarias abiertas (en las que pueda participar cualquier ciudadano) organizadas por los organismos electorales, para escoger a los candidatos a lo que fuera. El proyecto del Ejecutivo considera elecciones primarias abiertas o cerradas también organizadas por los organismos electorales. Que sean los organismos electorales los que organizan, da garantías a quien quiera ingresar a un partido. El proyecto del Congreso, en cambio, no da estas garantías porque mantiene como opción la elección por delegados y como voluntaria la organización de las elecciones internas por los organismos electorales. Allí sí se justificaría una barrera de ingreso más baja. De otro lado, una barrera de ingreso baja puede estimular a un líder ambicioso a formar su propio partido aun si las organizaciones políticas fuesen abiertas y convocantes, con lo que no hacemos sino socavar la consolidación de los partidos vigentes y perpetuar la fragmentación partidaria.

Lo que parecen tener en común ambos proyectos es un exceso de reglamentarismo. ¿Tiene sentido exigir un número dado de comités físicos en la era de los grupos de chat, por ejemplo?

¿Bicameralidad o dos tipos de distritos electorales?

Resta el asunto de la bicameralidad. El Ejecutivo la propone y en el Congreso parece estar gestándose la idea, pues ya ha sido lanzada por varios integrantes de Fuerza Popular, comenzando por Kenji Fujimori. La existencia de dos cámaras es sin duda importante para poder revisar decisiones eventualmente impulsivas o populistas de la cámara baja, entendiendo que un Congreso unicameral se comporta como una cámara de diputados sin posibilidad de revisión de sus resoluciones. Además de enriquecer las perspectivas al combinar los puntos de vista locales o regionales con el nacional del Senado si es que este es elegido en distrito único

En realidad, la necesidad de dos cámaras en el Perú disminuiría si es que se elevara el número de votos que se requiere para insistir en una ley observada por el Ejecutivo, que en la actualidad es de solo la mitad del número legal de miembros más uno, cuando en la mayor parte de países se requiere los tres cuartos o los dos tercios del número legal de votos. Lo que sí es cierto es que, sea en un sistema bicameral o unicameral, sería bueno tener congresistas elegidos en distritos pequeños y un número menor –los senadores o una parte del Congreso unicameral- elegidos en macro regiones o en distrito nacional, para balancear los intereses y las perspectivas.

En resumen, en cuanto a prevenir financiamientos delictuosos, aunque deba pulir excesos draconianos, el proyecto del Ejecutivo es más eficiente que el del Congreso, pero, a diferencia de este, mantiene los movimientos locales y provinciales, fuente de corrupción y de fragmentación política. En cuanto a procurar un sistema de menos partidos más estables, no es claro que una barrera baja de entrada, que alienta la renovación pero también la multiplicación de los partidos, se compense plenamente con los mayores requisitos para la permanencia y con los mecanismos de apertura y participación propuestos. Y si lo que queremos es menos partidos y efectivos canales de representación y participación, los distritos electorales plurinominales en lugar de uni o binominales no son el camino adecuado.

Hace falta todavía mucho debate honesto para lograr un diseño del sistema electoral y político que ayude a mejorar la calidad de nuestra democracia. Lampadia 




Propuestas de reforma institucional

Propuestas de reforma institucional

La Asociación Civil Transparencia, liderada por Felipe Ortiz de Zevallos, acaba de publicar sus propuestas preliminares sobre las más importantes reformas institucionales que debiéramos acometer los peruanos.

 

Lampadia, en su nuevo ‘Repositorium’ sobre “El Estado del Siglo XXI”, la recoge en su integridad, ver: “Propuestas de Reforma Institucional”.

Transparencia ha agrupado su trabajo en cuatro ejes:

  1. Sistema electoral
  2. Funcionamiento del Congreso de la República
  3. Funcionamiento del sistema de justicia
  4. Medidas para favorecer la transparencia y mejorar la gestión en la Administración Pública

Las siguientes imágenes presentan el índice de este importante trabajo:

No deje de ver nuestro nuevo ‘Repositorium’: “El Estado del Siglo XXI”. Lampadia

 

 




El sistema electoral alienta regiones inefectivas, dispendiosas y corruptas

El sistema electoral alienta regiones inefectivas, dispendiosas y corruptas

Hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que la segunda vuelta para elegir a los presidentes regionales de 14 departamentos (dónde los candidatos no superaron el 30%) se realice el domingo 7 de diciembre. Así, de acuerdo al JNE, 7’635,475 electores deberán volver a las urnas para elegir a las máximas autoridades de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lima (provincias), Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

En el 2009, se estipuló que los presidentes regionales debían ser elegidos con más del 30% de los votos. Para efectuar esta modificación se determinó que ya no se votaba por listas (como ocurre para las alcandías en que los regidores son nombrados bajo el sistema de cifra repartidora, en la que el partido del alcalde obtiene siempre la mayoría), sino por representación provincial. Es decir, se elige por separado a los consejeros regionales por provincia. Un sistema parecido al de la elección del Presidente de la República que requiere, en su caso, 50% más uno de los votos en primera vuelta para no ir al “balotaje” de la segunda. Motivo por el cual se genera un cierto divorcio político entre el Ejecutivo y el Congreso. 

Los resultados de esta mala decisión están a la vista: En 14 de 25 departamentos se tendrá que volver a votarpara elegir solo a los presidentes regionales, sin que necesariamente cuenten luego con consejeros regionales afines a sus planteamientos de gobierno.

La mayoría de estos Consejos Regionales quedará conformado tan fraccionadamente que, por un lado no le otorgan mayoría al presidente regional, y por otro, no permiten la formación de equipos de gobierno orientados en la misma dirección, más bien contrapuestos entre sí. Esto se agrava por la multiplicidad de postulantes, que al final logran dejar algún representante en los consejos.

Por ejemplo, en Arequipa, el nuevo Consejo Regional (CR) (2015-2019) tendrá representantes de seis organizaciones políticas. Este nuevo CR estará conformado por cuatro miembros del Movimiento Arequipa Renace, dos de Juntos por el Desarrollo de Arequipa, uno de Arequipa Tradición y Futuro,  uno de Acción Popular, uno de Siempre Unidos y uno por Vamos Perú.

Arequipa no es la excepción. Ni siquiera en los once departamentos que superaron la valla del 30%, obtuvieron mayoría simple en los CR, salvo en Amazonas, Cajamarca, El Callao, La Libertad y Lambayeque. De los que compiten en segunda vuelta, tan solo en tres casos, una de las candidaturas en competencia podría alcanzar esa mayoría en el Consejo Regional, de ser elegido como presidente quién ya tiene la mayoría de consejeros. Ante esto, los presidentes regionales, prácticamente incapacitados para formar equipos de gobierno coherentes, optan por cooptar, presionar u ofrecer privilegios a los consejeros que no son de su partido, cuando no, recurren a un reparto populista del presupuesto regional, señala Fernando Tuesta.

Es pues evidente que el sistema electoral de los gobiernos regionales ha logrado fortalecer la legitimidad del presidente, al conseguir una mayor representación en la segunda vuelta, pero con consejos cada vez más fraccionados, por lo tanto, ingobernables o manejados con malas artes, como se señala líneas arriba.

Estas instituciones, en las que se entronizan presidentes con poderes individuales casi feudales y desconectados del gobierno central, que asumen sus funciones sin limitarse a lo estipulado por ley, están, además, debilitadas en su estructura interna.

Por otro lado tenemos un gobierno central que, en muchos casos, “ha abdicado de sus propias funciones”, como lo señala Roberto Abusada, abandonando su presencia y gestión en los temas que le establecen las leyes de la regionalización. Además, a los gobiernos de las regiones, se les transfieren ingentes recursos, que creen que les caen del cielo, canon, regalías, etc., que las autoridades regionales asumen como propios, sin entender su origen, por ejemplo: la relación entre la inversión minera y el canon, que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas, o los libramientos del gobierno central. Recordemos que en algún momento, el grito de guerra en algunas regiones llegó a ser: “Canon Sí, Minería No”.

Sin equipos de gobierno adecuados y sin técnicos capacitados, como se ha demostrado una y otra vez, los recursos “administrados” por las regiones, son usados en obras intrascendentes pero efectistas, o se dejan sin usar y, lo que es peor, en otras ocasiones se canalizan a los amigotes y a la corrupción abierta y desmedida, que básicamente, no tiene control alguno. Muchas veces los pueblos no se benefician, por ejemplo, con sistemas sanitarios, o con carreteras, “sino” con piscinas gigantes como en Echarati, o monumentos absurdos y dispendiosos como en Huancayo, Tumbes y Cusco. 

Al fraccionamiento político del país, sin partidos políticos nacionales fuertes, se ha sumado la atomización regional. Un ridículo que lo único que hace es demostrar la necesidad de diseñar un sistema electoral nacional y regional que promueva una mejor GOBERNANZA.

Como todos los especialistas y hasta los “opinalistas” (gente que mezcla opinión y análisis) han reclamado, urge enfrentar una reforma de la regionalización que permita que el país se institucionalice, desaliente la corrupción, las actividades antidemocráticas y que genere los incentivos para una mayor coordinación política entre el gobierno central y las regiones, dentro de las propias regiones y, entre las autoridades y los ciudadanos y empresas, que son la fuente primigenia de los recursos fiscales de la nación. Lampadia




Un poco de humildad, es el momento para la reforma política

Un poco de humildad, es el momento para la reforma política

En todos los foros en los que los peruanos hemos podido intercambiar opiniones sobre nuestro sistema político y sobre la regionalización se ha planteado la necesidad de debatir y revisar, reformar o mejorar dichas instituciones. En cuanto a la regionalización, el propio Presidente de la República pidió en su presentación al Congreso del 2013, que debatamos el tema. Se pensaba que el actual Congreso iba a efectivizar algunas reformas, pero ni siquiera pudieron cambiar la denominación de los llamados Presidentes Regionales.

Las recientes elecciones de autoridades regionales y locales, han hecho patente, nuevamente, las debilidades de nuestro sistema electoral desde: la relativa ausencia de los partidos políticos nacionales; reglas que favorecen a los movimientos llamados regionales, que se pueden montar de la noche a la mañana; determinación de la idoneidad de los candidatos y una estructura política des-articuladora de la representación nacional.

Pero algo que no puede pasar desapercibido es “el fracaso de los partidos políticos nacionales”. Esto, ya sea por los resultados de los que participaron, como por la ausencia de postulaciones que cubran el conjunto del territorio nacional.

Después del reciente fracaso de los partidos políticos, estamos seguros que los ciudadanos esperan de ellos un poco de humildad y consecuencia con los reclamos nacionales. En la situación en que se encuentran, desprestigiados según todas las encuestas y con el peso que se acaban de poner a sus espaldas, ya no pueden seguir manteniendo las estructuras políticas y los sistemas electorales que favorecen sus intereses de grupo. Ahora deberían viabilizar las reformas reclamadas por la ciudadanía y puntualizadas por diferentes especialistas en múltiples ocasiones.

Por ejemplo, Enrique Bernales sostiene que los ajustes que deben efectuarse para contar con un Estado de verdad han sido identificados: “La agenda está prácticamente lista: ley de partidos políticos, revisión de leyes electorales, derogación del voto preferencial, retorno de la bicameralidad, relaciones Ejecutivo-Legislativo, revisión y mejora de la regionalización, de los sistemas transversales de gobierno, de los mecanismos de elección y funciones de los órganos jurisdiccionales y de control constitucional. Estas medidas debieron adoptarse hace tiempo, pero más vale tarde que nunca. El Estado Peruano no puede llegar al 2016 en la crítica situación en que hoy se encuentra” (ver en Lampadia (L): Se debe revisar la estructura del Estado).

A esto se puede agregar el planteamiento de Alberto de Belaunde, que sugiere rediseñar los Jurados Electorales Especiales (JEE), que son la primera instancia del sistema electoral (ver en L: Institucionalización de los JEE).

Además, según José Luis Sardón no se debe alentar la fragmentación legislativa y menos que solo una fracción de los muchos partidos inscritos tenga representación parlamentaria (ver en L: Fragmentación legislativa).

En el tema de la regionalización, es evidente que debe hacerse una evaluación seria y proceder a una reforma que se hace urgente. En Lampadia recogimos la propuesta del Presidente de la República y promovimos un debate que deberíamos enfrentar con mucha seriedad más allá del Congreso. Ver nuestras reflexiones en L: Por una descentralización más efectiva, Enfrentando el debate sobre la reforma de la regionalización y Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú. En este último artículo hacemos una clara diferenciación entre los resultados de la regionalización (que tiene carácter político) y la verdadera descentralización (que es de carácter económico y social) y que ha tenido avances extraordinarios. Eso, por supuesto, no justifica esos argumentos sobre que el divorcio de la política y la economía son positivos, eso es indeseable y contraproducente. Más bien, los éxitos económicos y sociales de los últimos 20 años, se han dado a pesar del atraso de la política.

También hemos publicado opiniones importantes sobre este tema, de múltiples autores como Jaime de Althaus, Richard Webb, Carlos Milla, Roberto Abusada, Eduardo Ferreyros, Luis Carranza, Gianfranco Castagnola y otros  que pueden revisarse en L: /analisis/opiniones-autores.

Nuestro país es extraordinario y está destinado, tarde o temprano a realizarse en el éxito y el bienestar general. No hace falta que sigamos profundizando la crisis política y el debilitamiento de la economía para reaccionar. Con un poco de humildad y consecuencia, sentados al mismo lado de la mesa, podemos resolver todos nuestros problemas. ¡Acción! Lampadia