Jaime de Althaus
Para Lampadia

El crecimiento económico que hemos tenido en el Perú en los últimos 30 años logró muchos avances, pero ha encontrado también limitaciones y ha empezado a debilitarse. Por eso, como veremos, el modelo económico debe ser repotenciado y mejorado.  

Luego de la profunda crisis económica en la que nos sumió el estatismo proteccionista de los 70 y 80, la apertura de la economía y la privatización de la mayor parte de las empresas previamente estatizadas a partir de los 90, le permitió al Perú crecer de manera sostenida y a tasas relativamente altas, con estabilidad macroeconómica.

• Por primera vez en la historia, gracias a los fondos privados de pensiones, el Perú logró acumular un ahorro nacional sustantivo que permitió y permite financiar la inversión pública y privada.
• Y se avanzó hacia una estructura tributaria progresiva y redistributiva, en la que la participación de los impuestos directos ha sido y es bastante mayor a la que existía en la época del estatismo proteccionista, supuestamente redistributivo.
• Al mismo tiempo, el modelo regeneró también la estructura productiva reorientándola en cierta medida hacia el interior.
• Los campesinos recuperaron su mercado interno y apareció una nueva industria mucho más competitiva y exportadora, más articulada a nuestros recursos.
• Las exportaciones no tradicionales crecieron más en volumen que las tradicionales.

Como consecuencia de estos cambios, la pobreza se redujo extraordinariamente de un 60% a un 20% -aunque haya aumentado el 2020 a un 27% a consecuencia de la pandemia-, el ingreso del interior del país y del sector rural creció proporcionalmente más que el ingreso de Lima y se redujo también la desigualdad social medida por el índice de Gini. Surgió una nueva clase media emergente que debería ser el fundamento de una democracia de ciudadanos plenos. 

Sin embargo, el crecimiento económico que hemos tenido no ha logrado reducir la informalidad de manera apreciable. El empleo adecuado se más que dobló, pero esto no se tradujo en la formalización de esos empleos. La informalidad laboral, que expresa una exclusión de beneficios y palancas para el crecimiento, solo se redujo de un 79% a un 72%.

De otro lado, el propio crecimiento se ha ralentizado en los últimos 8 o 9 años, y se observa que sectores industriales y algunas exportaciones no tradicionales han empezado a perder competitividad y terreno en ese mismo periodo.

Esos dos fenómenos tienen una causa común: el peso regulatorio del Estado. No es la única causa, por supuesto, pero es la más importante. Según el índice de competitividad del Foro Económico Global, el Perú está en el puesto 128 entre 141 países en peso de la regulación gubernamental. Los emprendimientos –sobre todo los pequeños y medianos- no pueden soportar el peso de las excesivas regulaciones, y por eso operan en la informalidad o contratan personal informalmente. Y eso les resta competitividad a sectores sensibles a la competencia externa. Por eso han dejado de crecer.

La causa última es el Estado patrimonialista, capturado por grupos o gremios que lo usan para poner peajes a la producción y a los servicios y beneficiarse con poder y con pagos necesarios para acelerar los trámites. Y justificado con la ideología de la protección de los trabajadores, que encubre privilegios e impide una gestión basada en el mérito, y que sirve también de justificación a las leyes de corte clientelista que aprueban los políticos en el Congreso.

Esta es también la causa de otra debilidad estructural que nuestro crecimiento no ha logrado resolver: la mala calidad de los servicios públicos. No ha habido un problema de falta de recursos. El presupuesto del sector salud, por ejemplo, se multiplicó por 7 en términos reales –en soles constantes- en los últimos 20 años, pero el servicio mejoró relativamente poco. Con frecuencia los recursos fueron desviados a bolsillos particulares por una gestión patrimonialista organizada en redes de corrupción.

En todo esto, el empresariado no ha jugado tampoco el rol fiscalizador y propositivo que debió jugar. Al fin y al cabo, el sector privado transfiere al Estado todos los años un capital muy grande que es malgastado. Es responsabilidad del sector privado exigir resultados y formular propuestas de reforma a partir de su propia experiencia empresarial.

La conclusión es que el modelo necesita ser repotenciado y mejorado. Para ello se requiere adoptar las siguientes medidas:

• Podar la maraña normativa mediante un programa intensivo a Análisis de Impacto Regulatorio de las normas existentes y de las que vayan a salir.
• Digitalización del Estado
• “Combo formalizador”: reemplazar los regímenes especiales tributarios y laborales por una escala gradual y progresiva en cada caso.
• Formalización perfeccionada de la propiedad, catastro y reforma del saneamiento legal.
• Restablecer la indemnización como compensación a la desvinculación laboral.
• Colaboración público-privada en Mesas Ejecutivas para relanzar sectores estancados y sacar adelante nuevos motores de la economía, y para profundizar un cluster minero-industrial potente.
• Empoderamiento tecnológico de las mypes y difusión masiva de las tecnologías de Sierra productiva en la economía campesina
• Implantar la meritocracia en el Estado: servicio civil. Reforma meritocrática y de gestión de rendimiento en Salud y Educación.  APPs en la gestión de servicios públicos.
• Impulso a la ciencia y tecnología
• Reforma de la ley de contrataciones y de la gestión en infraestructura
• Reforma de la descentralización
• Gobernanza minera

El Plan de Gobierno de Fuerza Popular contiene un diagnóstico que coincide en términos generales con el que hemos formulado en este artículo, y plantea como eje central facilitar la recuperación y formalización de los pequeños simplificando regulaciones, titulando y concentrando la acción de apoyo al desarrollo de las mypes e introduciendo APP en la gestión de algunos servicios públicos. Se plantea una reforma tributaria para formalizar, pero no una reforma laboral.

Si Keiko Fujimori llega a la presidencia, necesitará una coalición parlamentaria que respalde estas y otras medidas, lo que supone convicción y decisión política de las bancadas.

Y para que este camino sea sostenible, se requerirá una reforma política que le de gobernabilidad a la democracia peruana. Y una reforma Judicial y policial que instale el imperio de la ley.

Un eventual gobierno de Castillo, en cambio, iría en muchos casos en el sentido contrario de las medidas enumeradas, agravando los problemas y terminando de destruir la capacidad de crecimiento del país. Lampadia

Víctor Shiguiyama
Exjefe de la SUNAT
Para Lampadia

Recientemente, el Ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones abrió la posibilidad de generar un nuevo mecanismo para financiar las pensiones a través del consumo. Plantea la posibilidad de generar un ahorro individual a partir de los consumos de cada ciudadano.

Esta es una idea que tuvimos la oportunidad de plantear desde Sunat[1], cuando se inició el proceso de generalización del comprobante de pago electrónico, que es sin duda el medio tecnológico que permitiría este cambio paradigmático en el sistema de financiamiento de la protección social de nuestro país.

Con la crisis sanitaria desencadenada desde comienzos de año, queda claro que mantener al 70% de la población excluida de un sistema de protección social hace poco viable el desarrollo y bienestar sostenible del Perú. Adicionalmente a generar una mayor informalidad laboral, se está convirtiendo en un impresionante catalizador para la adopción de la transformación digital que ya estaba en curso (y que ni los más optimistas visionarios de la Cuarta Revolución Industrial hubieran soñado).

La informalidad, la pérdida de mercados, la economía de encargo (gig economy), los cambios en los modelos empresariales como las economías de plataforma, nos obliga a repensar los escenarios para brindar protección a la población. Finalmente, recordemos que la tributación y los diferentes sistemas de gobierno tienen como objetivo último la protección y el bienestar de las personas.

Una propuesta para derivar la demanda de bienes y servicios hacia los mercados formales, es proporcionar un beneficio en base al consumo, donde podríamos aplicar por ejemplo una fórmula como el 1,2,4 donde 1 punto porcentual (pp) del IGV pagado se le devuelve al consumidor (cash back) o permite una reducción inmediata (a lo Uruguay) para los pagos con medio electrónico; 2pp al fondo de salud y 4pp al fondo de pensiones. Todos estos aportes a cuenta individual y gestionados automáticamente por Sunat, basados en la boleta electrónica.

El 1pp de cash-back podría ser empleado para pago a cuenta del impuesto a la renta, incluso podría estudiarse un mayor reconocimiento si fuera así, de tal manera que el valor percibido de este monto sea mayor para aquellos contribuyentes que reportan la totalidad de sus ingresos y están dispuestos a un cumplimiento cabal de sus obligaciones tributarias. Podría incorporarse mecanismos para que estos puntos del IGV sirvan como pago de servicios esenciales o para el pago de impuestos al patrimonio como el predial, siendo aun muy bajo, resulta muy complicado elevarlo en el corto plazo.

Además, a vista de la pandemia, es fundamental encaminarnos hacia la universalización del seguro de salud, otorgando al 100% de peruanos un acceso a capa universal, no importando si aporta o no (actualmente tenemos más del 90% con algún sistema: 20 millones con SIS, 11 millones con ESSALUD y 1 millón en FFAA y PNP). Pero también debe quedar claro que para sostener este deseo, es fundamental incrementar los ingresos fiscales.

Las aportaciones para la protección social universal, tendrían tres fuentes de origen: las tradicionales en base a los aportes por ser un trabajador dependiente (que debieran ser menores al 9% actual de ESSALUD o sus prestaciones ser mucho mejores, porque la capa básica sería universal), por aportes o pagos voluntarios como los que actualmente sucede con seguros privados, y la tercera (2pp del IGV) en base a las compras formales que realiza un ciudadano (al pedir boleta con su DNI).

Los 4pp planteados para fondo de pensiones, deberían ser una nueva formulación de aportes donde el fondo queda en manos del Estado para obras de infraestructura. Una primera idea es que capitalice a tasas similares a bonos o deuda pública, considerando que sería una cuenta por pagar del Estado a favor del futuro pensionista. Este fondo podría capitalizarse (transferirse) al fondo de pensiones de elección del ciudadano cada determinado tiempo (por ejemplo, cada 5 ó 10 años).

Aún hay muchos detalles por discutir aún, como los mecanismos para reducir la regresividad (aunque planteando la universalización, se garantiza la cobertura esencial), el rediseño o coordinación de los sistemas de salud, pensiones, y la masificación de medios digitales de pago.

Sin duda existe un riesgo de pérdida inicial de recaudación, como todo proceso de transición, pero es indispensable moverse rápido y cambiar el modelo actual que ha demostrado absoluta ineficacia, y pensar en las mejoras sostenibles de largo plazo. Y más aún cuando una crisis como la desencadenada por el Covid y que bien podría volver a ocurrir cada cierto tiempo, ha desnudado innumerables limitaciones, debilidades, riesgos y vulnerabilidades de las actuales políticas públicas y arreglos institucionales de nuestro país.

El impacto en la caja fiscal puede ser acotado, especialmente si consideramos que actualmente las pensiones y la salud dependen de recursos corrientes, pero el cambio que se puede generar en el comportamiento de los ciudadanos puede ser fundamental, para lograr un mayor bienestar y desarrollo del Perú.

En esencia podríamos desarrollar un programa de fidelización del ciudadano que compra formal, donde lo que paga por IGV tendría un mayor valor percibido que el propio cash, de tal manera que se genere competencia real contra la informalidad. Así, a más formalidad, mayores beneficios. Lampadia

Milpo Empresa pionera del desarrollo minero peruano

Augusto Baertl M.
IIMP –Jueves Minero
Julio 9, 2020
Glosado por Lampadia

El Perú es un país minero con claro liderazgo a nivel global

La contribución socio-económica de la minería es enorme, y se puede medir no solo a través de los resultados que su actividad directamente le brinda al país, como son:

• Cerca del 50% del incremento anual del PBI
• Alrededor del 60% del valor de nuestras exportaciones

Sino también, y sobre todo, por la cadena de valor que ésta genera.

La actividad minera ha promovido el desarrollo de diferentes sectores económicos proveedores de bienes y servicios, como el metal mecánico, la construcción, el transporte, servicios financieros, entre otros, así como de industrias de transformación de los metales que el país produce. Todas ellas hoy no solo satisfacen las necesidades de la minería, sino también compiten a nivel global, exportando sus productos y servicios a otros países mineros.

Otro aspecto muy valioso ha resaltar es la generación de empleo.  Todos sabemos que, por encima de los 3,000 msnm, sino la única, sí la mas importante actividad formal que genera empleo, es la minería.

A su vez, según el IPE nuestra actividad genera 6.25 puestos de trabajo indirectos e inducidos por cada trabajador que labore en minería, por lo que podemos afirmar que hoy son un millón y medio de familias peruanas las que dependen de la actividad minera.

El origen de Milpo, los primeros pasos

• Eran los años 20/30 y el Perú era un país más descentralizado. Las personas que trabajaban en el sector minero no vivían en Lima, se establecían con sus familias en el lugar donde se encontraba la mina. Ernesto Baertl Schütz y Luis Cáceres laboraban en la mina Colquijirca, Aquiles Venegas, Ing. Agrónomo, dirigía las haciendas de Eulogio Fernandini y Amador Nycander en la Cerro de Pasco Corporation.
• Estos 4 hombres laboraban en la zona, la conocían y la respetaban. Eran empresarios que se integraron a la comunidad, llegando a asumir responsabilidades cívicas.
• Con el tiempo nació una amistad entrañable entre ellos, unidos por la pasión a la minería. Luego se sumó al grupo de amigos Manuel Montori, abogado de profesión, residente en Lima.
• En 1934 deciden iniciar su primera aventura minera: CUYUMA, muy pequeña operación situada en las alturas de Huariaca, entre Cerro de Pasco y Huánuco.
• Lamentablemente, luego de unos años fracasaron en su intento y tuvieron que paralizar las operaciones. Fueron conocidos como las 5 barretas de Cuyuma.
• Eulogio Fernandini, accionista de la naciente Atacocha le solicitaba a Ernesto Baertl que supervisara el avance de los trabajos iniciales, que se venían realizando, lo cual le llevaba a visitar Atacocha con frecuencia.
• Para llegar, él debía ir a caballo a lo largo de la quebrada Atacocha donde se encontraban las labores mineras realizadas años antes por Agustín Arias Carracedo, conocidas como el Rajo Arias.  Sus difirentes visitas le permitió evaluar su potencial y visualizar la posibilidad de desarrollar un nuevo emprendimiento minero.
• En 1942 Ernesto Baertl, luego de 21 años de trabajo para la negociación minera Eulogio Fernandini, renunció a Colquijirca para asumir la gerencia de operaciones de Castrovirreyna Metal Mines, en Huancavelica. Cada uno de sus amigos siguió trabajando a lo largo de los años en sus labores, pero sin renunciar al sueño de desarrollar  algún día una operación minera en el Rajo Arias.
• Ernesto Baertl a su retiro, le pidió permiso a Fernandini, su ex jefe, para iniciar el proyecto lo que denota el gran respeto empresarial que se respiraba en esa época.
• Luego Baertl le encarga a Aquiles Venegas y Axel Nycander adquirir los derechos mineros donde se ubicaba el Rajo Arias e iniciar progresivamente labores de reconocimiento del proyecto que denominaron  ¨El Porvenir¨.
• La perseverancia de este grupo de amigos hizo que luego de varios años finalmente naciera de su unión, amistad y respeto a la tierra un proyecto pequeño, que con el tiempo se volvió un gran emprendimiento minero, que rescató los grandes valores empresariales de la amistad y de la minería nacional.
• En los primeros meses se realizaron trabajos de exploración y desarrollo,  para el siguiente año, durante 1950 lograron producir tan solo 5,144 ton. las que debieron ser llevadas a la planta concentradora de Colquijirca para su tratamiento.
• En paralelo se construyó en  “El Porvenir” la planta concentradora con una capacidad inicial de 50 ton/día, la cual entra en operación en Febrero de 1952.  Esta fase inicial incluye la compra de las hidroeléctricas de Rayhuán y de Yanamachay así como de la construcción de las primeras viviendas, talleres y Almacén.
• Sin duda alguna, la dación de políticas a favor de la inversión privada, lo cual incluyó el Código de Minería de 1950, aunado a positivas condiciones de mercado facilitaron el crecimiento progresivo de “El Porvenir”

Profesionalismo puesto al servicio del país

• Milpo se ha caracterizado por ser una empresa que siempre miró hacia adelante. Una empresa hacedora, con muchas ganas de seguir creciendo.

Arraigo y espíritu de país

• La mediana minería se hizo con gente que estuvo muy familiarizada con su entorno. Las empresas estaban cerca de las comunidades, y las comunidades se sentían cerca de las empresas. Las familias de los trabajadores se trasladaban dónde estaba la operación y sociabilizaban con la comunidad. Se respiraba una cultura integrada con el entorno. 
• Las empresas pioneras buscaban desarrollo, ayudaban a los pueblos y los pueblos admiraban a la empresa, dado que la tomaban como un vecino serio, que les daba beneficios, pero sobretodo, las respetaba.  La relación era directa y humana. En las relaciones comunitarias participaban todos los empleados, incluidos el gerente.  Es por ello que cuando había un problema, venían y buscaban directamente.
• El liderazgo que ejerció la compañía fue un liderazgo inspirador. Siempre hubo una vocación por participar en la búsqueda de la mejora del Perú.
• En la actualidad se respira un espíritu de industria, pero lamentablemente no un espíritu de equipo. Muchas de las empresas mineras ahora son corporaciones que están distanciadas de su entorno. Se debe cerrar la brecha de ese distanciamiento para volver a conectar con las comunidades y con sus grupos de interés de una manera más directa, y sin tantos intermediarios. Se debe volver a conectar con el espíritu país.
• La organización trascendió gracias al manejo profesional y a la vez humano que se tenía. La característica que más resaltó hacia afuera fue, sin lugar a dudas, el liderazgo, el cual venía desde arriba y se interiorizaba a través del ejemplo, transmitiéndose en todos los niveles. Más que lo que dices, importa, lo que haces, era uno de los rasgos distintivos de su cultura.
• En Milpo los líderes tenían una autoridad moral muy grande para predicar con el ejemplo.  Inculcaban el trabajo en equipo y el compromiso con la sociedad con la misma fuerza que lo hacían con la productividad y los resultados operativos. El liderazgo personal, luego se volvió un liderazgo corporativo que finalmente trascendió a la empresa llegando a la sociedad.

Desarrollo Socio-Económico

• En estas épocas cuando llegaba una empresa minera las comunidades se alegraban muchísimo. Las empresas pioneras en la minería se conectaban con sus comunidades y generaban inclusión social, sin que nadie se lo haya impuesto. Solo era una genuina y sostenida relación con su comunidad, y lo hacían porque consideraban que era su responsabilidad hacerlo.

Resiliencia, una condición para sobrevivir

• Las empresas pioneras mineras como Milpo lograron sobrevivir a múltiples condiciones negativas generadas por un entorno político y económico cambiante, agresivo y desfavorable.

La estatización de la minería

• Durante los 70´s, el gobierno militar expropió la firma estadounidense Cerro de Pasco Corporation la cual se convirtió en Centromin. Milpo estuvo en la mira un tiempo.
• La estatización de algunas operaciones mineras, como la Cerro de Pasco Corporation y Marcona, estuvo acompañada con el monopolio de la comercialización de minerales por el Estado a través de Minero Perú.  
• En este periodo de incertidumbre y gran presión política se sumó también una limitación operativa debido a la prohibición en la importación de equipos y tecnología.
• Durante esta época se vivió un ambiente de gran agitación social. Las huelgas y paros se desarrollaron con frecuencia.

El primer gobierno de Alan García

• El periodo de gobierno de Alan García,  de 1985 a 1990, se caracterizó por situaciones del entorno adversas, tales como: terrorismo, populismo, hiperinflación, expropiación de bancos y por el famoso dólar MUC.
• Todo esto configuró un reto gigante para la subsistencia de las empresas, pero las que lo lograron se convirtieron en compañías sólidas y cohesionadas, y Milpo fue una de ellas.
• En la zona de Pasco que constituía el entorno geográfico de Milpo, se desarrollaron activamente acciones terroristas que ocasionaban pérdidas de vidas humanas y severos daños materiales. Todo ello deterioraba el clima laboral, causando miedo y temor en los trabajadores.
• Milpo como las otras empresas privadas hicieron suyo el deber de colaborar al esfuerzo nacional en la lucha contra el terrorismo que afectaba gravemente al país, a sus ciudadanos y a la economía nacional.
• Por el lado financiero el nivel de endeudamiento ahogaba a Milpo y amenazaba su viabilidad. Las exportaciones se pagaban con dólar MUC y los costos subían con dólar libre, expropiándose buena parte de los ingresos generados.
• La renovación de la deuda se tenía que hacer todas las semanas. Los intereses volaban. Si no lograbas renovar la deuda, te quedabas sin financiamiento y entrabas en default.
• Otro factor que generaba especial preocupación eran las dificultades en la importación de repuestos, insumos y equipos que se requerían para las operaciones, debido a la escasez de divisas en el país. 
• A pesar de las condiciones externas desfavorables, Milpo optó por seguir invirtiendo, confiando de esa manera en el futuro del Perú, en favor de la mejora de la capacidad operativa y de la eficiencia, así como en el impacto positivo de la calidad de vida de los trabajadores, a través del programa de remodelación de viviendas y obras complementarias para el bienestar de las familias. 
• El sector minero no es especulativo, es una industria que apunta al largo plazo para crecer. Y por ello las empresas que querían trascender debían soportar épocas malas y gobiernos malos, mirando siempre hacia el futuro.

Situación actual

• En estos momentos el país atraviesa nuevamente una situación económica social y política muy delicada, y rendirse no debe de ser una opción. Invito a todos los empresarios a recordar la historia y analizar las diferentes lecciones aprendidas que uno puede sacar de ella. La principal y más importante es buscar las oportunidades en medio del caos, con una estrategia clara mirando hacia el futuro. No permitamos nunca que el miedo frene su crecimiento.  Hoy el Perú requiere con urgencia que asumamos una actitud luchadora frente a la adversidad. 
• La crisis económica derivada de la segunda guerra mundial hizo que el Perú busque promover la minería y, gracias a ello, se dio el Código de Minería de los años 50´s, porque era claro que para levantar la economía del país se debía recurrir a la minería. De la misma manera, hoy, en el Perú, la minería puede, y debe, volver a jugar un rol protagónico para la reactivación de la economía y el desarrollo social a gran escala.
• Lamentablemente, la minería peruana ha perdido su sitial en la sociedad. Contradiciendo la realidad, se ha hecho creer que sus impactos negativos son mayores que los positivos. Sucesivos gobiernos han dejado de promover su desarrollo y muchos gobiernos regionales y locales combaten su presencia.
• La opinión pública está confundida sobre su naturaleza y gran parte de los medios de comunicación difunden imágenes distorsionadas de la industria.
• Este es un fenómeno peruano, puesto que los países mineros que compiten con el Perú, no adolecen de los mismos problemas. Ellos siguen teniendo a la minería como una actividad estratégica para su desarrollo.
• La minería ya ha realizado grandes contribuciones, pero ese beneficio puede ser mayor si se diera el compromiso, tanto de las autoridades como de los actuales líderes mineros de sacar adelante el país utilizando como palanca a este sector tan importante. El Perú tiene la suerte de tener los minerales, de generar la energía a buen costo y de contar con la mejor mano de obra de la región aasí como excelentes  técnicos y profesionales mineros. Nuestro país lo tiene todo, solo falta generar la atmósfera adecuada para que la inversión vuelva a florecer.  Y para ello,  solo nos basta recordar que, siempre, el Perú es primero. Cuento con ustedes. Lampadia

La reciente quiebra de Avianca – considerada la segunda aerolínea con mayores vuelos internacionales de América Latina – así como su posterior acogida en el capítulo 11 del código de bancarrota de EEUU, ha sacado a relucir las cuantiosas pérdidas económicas que viene exhibiendo el sector aeronáutico en nuestra región en lo que viene del año por la pandemia del covid. Del mismo modo, Latam se acogió al capítulo 11 y su impacto, por la penetración de sus servicios, es aún mayor.

A diferencia de lo que sucede en los países más desarrollados – en donde los gobiernos se encuentran inyectando copiosas cantidades de liquidez a las grandes aerolíneas para evitar sus quiebras a consecuencia del cierre de fronteras – por esta parte del mundo, en donde el sector es aún más importante para la productividad del sector turismo por la complejidad geográfica de los territorios y la aún vasta brecha de infraestructura vial, recién se está esbozando cómo podría ofrecérseles apoyo financiero.

Como sugiere un reciente artículo publicado por The Economist, si bien esta sería una medida acertada – sobretodo a la luz de que la crisis no permitiría una rápida recuperación del sector por lo menos en un horizonte no menor de 3 años – urge diseñarla salvaguardando la competencia en este mercado – impulsada por ejemplo por las aerolíneas de bajo costo – una característica que ha permitido un mayor acceso de las clases medias de nuestra región a sobrevolar tierras locales e internacionales, algo impensable  3 o 4 décadas atrás.

Esperemos pues que las autoridades fiscales latinoamericanas puedan recoger las reflexiones que ofrece The Economist, de manera que puedan ayudar con premura a que una de las industrias que contribuye formidablemente a engarzar la cadena productiva de sus países pueda reactivarse en el menor tiempo posible sin dejar de irradiar esa variedad ofrecida de sus servicios a sus usuarios. Lampadia

Los cielos vacíos de América Latina
Las aerolíneas están en problemas. La región no puede prescindir de ellas

The Economist
4 de junio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

El pasado diciembre, en una época diferente, Avianca celebró su centenario. Con sede en Colombia, afirma ser la segunda aerolínea más antigua del mundo y la que ha volado continuamente durante más tiempo. Es el segundo mayor operador de América Latina por ingresos. Ahora, gracias al covid-19 y sus bloqueos asociados, los aviones de Avianca están estacionados y sus tripulaciones y personal de tierra suspendidos. El mes pasado solicitó alivio de los acreedores en un tribunal de Nueva York en virtud del Capítulo 11 del código de bancarrota estadounidense. Quince días después, LATAM, una aerolínea chileno-brasileña que es la más grande de la región, hizo lo mismo. El gobierno ecuatoriano ha liquidado a TAME, un operador estatal enfermo.

Esto plantea un dilema político. Los gobiernos de Europa y EEUU han canalizado miles de millones de dólares a las aerolíneas afectadas de sus países. Sus contrapartes en América Latina tienen menos efectivo disponible y diferentes prioridades. Deben ayudar a decenas de millones de ciudadanos que enfrentan pobreza y desempleo. Los viajes aéreos en la región han sido vistos históricamente como un lujo. Con sus precios a veces molestos e impuntualidad, las aerolíneas rara vez son amadas y son una fuente de emisiones de carbono. Hasta ahora, ningún gobierno latinoamericano les ha ofrecido ayuda financiera.

Volar importa en América Latina tal vez incluso más que en otras regiones, como lo atestigua la larga historia de Avianca. Esto se debe en parte a sus grandes distancias y obstáculos geográficos, características que atrajeron el interés de los pioneros del vuelo. Antoine de Saint-Exupéry, autor de “El Principito”, fue un piloto profesional entre las dos guerras mundiales. Sus trabajos incluían llevar el correo entre París, Buenos Aires y Chile. En una memoria, escribe vívidamente sobre volar sobre los Andes, donde “ráfagas violentas barren las estrechas paredes de … corredores rocosos y obligan al piloto a una especie de combate cuerpo a cuerpo”.

Como resultado, las alternativas al vuelo son a menudo laboriosas, incluso dentro de los países. El viaje desde Bogotá, la capital de Colombia, hasta Cali, su tercera ciudad, toma solo una hora por vía aérea, pero casi diez horas por carretera, atravesando dos cadenas andinas. Hoy en día hay pocos trenes de pasajeros en la región, y no hay trenes de alta velocidad. El resultado es que “la industria de las aerolíneas es un servicio público realizado por empresas privadas”, argumenta Eliseo Llamazares, de la oficina de Santiago de KPMG, una consultora.

Sirve cada vez más a un mercado masivo. A medida que crecía una nueva clase media baja, muchos de sus miembros salieron a los cielos por primera vez. Los pasajeros en Brasil comenzaron a reflejar el arco iris racial del país. Esta tendencia fue ayudada por la llegada de aerolíneas de bajo costo, que prestan servicios a cerca de la mitad del mercado interno de México y también se han mudado a Sudamérica. Si el costo de los vuelos internacionales sigue siendo alto, es porque más de la mitad del precio del boleto son impuestos.

Aunque la expansión en el número de pasajeros se desaceleró con el reciente estancamiento económico de América Latina, la región sigue siendo uno de los mercados de crecimiento mundial para el transporte aéreo. Eso llevó a las aerolíneas estadounidenses a mudarse, como parte de una reestructuración global de alianzas de aerolíneas. En octubre, Delta gastó US$ 1,900 millones en una participación en América Latina. United había tomado previamente el control de Avianca después de que su antiguo propietario tuvo dificultades financieras. Antes del virus, United planeó una alianza más amplia con Copa, de Panamá, la quinta aerolínea más grande de la región, y Azul, una aerolínea brasileña, en la que tiene una participación.

La consolidación ahora puede acelerarse. Entrar al Capítulo 11 es una forma en que las aerolíneas pueden negociar con los acreedores mientras aún operan, sin el riesgo de que sus aviones sean incautados, señala Llamazares. Él dice que incluso después de que los transportistas de América Latina vuelvan al cielo, tal vez desde el próximo mes, pueden pasar hasta el 2023 antes de que vuelvan a los números de pasajeros y la rentabilidad que tenían en 2019. Incluso Copa, que es financieramente fuerte y no planea buscar ayuda estatal, operará a solo alrededor del 40% de su capacidad en diciembre, según su jefe, Pedro Heilbron.

Hay dos razones por las cuales los gobiernos deberían preocuparse por todo esto. Primero, si las aerolíneas carecen de efectivo, eso puede en sí mismo retrasar la recuperación económica. Y segundo, la competencia puede verse distorsionada, ya que los transportistas extranjeros subsidiados engullen más tráfico internacional hacia y desde la región. Después de una respuesta inicial de laissez-faire, los gobiernos de Chile y Colombia están considerando proporcionar ayuda. Si lo hacen, debería venir con cadenas, como reducir las emisiones y tratar de estimular en lugar de restringir la competencia en el mediano plazo. América Latina necesita sus aerolíneas. No necesita mimarlos. Lampadia

Enrique Felices
Ingeniero
Para Lampadia

El Estado ha ensayado durante décadas diferentes leyes y reglamentos para contrataciones, así como sistemas para eludir su cumplimiento. El DU-021-2020, por ejemplo, insiste en crear un nuevo sistema especial de contratación de servicios y obras, eximido del cumplimiento de la ley de contrataciones.

Pero ese régimen especial no sería necesario si se cumplieran tres requisitos:

• elevar las calificaciones de los profesionales estatales y privados en las inversiones públicas;
• crear condiciones adecuadas para su desempeño profesional y el reconocimiento de su trabajo; y
• reformular e incrementar los plazos y costos de los estudios técnicos (de factibilidad a ingeniería de detalle) que hasta hoy son artificialmente bajos.

En cuanto a lo primero, vemos que en los países desarrollados la ingeniería para las inversiones públicas es una actividad regulada, con rigurosos estándares técnicos y éticos, y reservada a los que poseen la acreditación de ingeniero profesional. Para ser ingeniero profesional es necesario aprobar exámenes sobre los conocimientos que se debieron adquirir en la universidad, y evaluaciones periódicas sobre las calificaciones obtenidas en la experiencia laboral y el desempeño registrado en la misma. Esta selectividad promueve las buenas prácticas y dificulta la impropiedad. No existe en nuestro país, pero es necesario que el Estado aplique filtros.  

La selectividad existe hace más de dos siglos. En Francia se formó en 1794 la Escuela Central de Obras Públicas, que hoy es la muy exigente Ecole Polytechnique de París.  En el Reino Unido, la Institution of Civil Engineers (ICE) impulsó la ingeniería profesional para asegurar una práctica de altos estándares que protegiera a la sociedad. En el Perú se formó en 1862 el Cuerpo de Ingenieros Civiles del Estado, con exigencias de ingreso proporcionalmente mayores a las de hoy.

En resumen, se necesita mejores ingenieros y remuneraciones competitivas, pero eso no basta. Se requieren, en segundo lugar, condiciones adecuadas para el desempeño profesional.  En el servicio público, tan importante como la remuneración es el reconocimiento del trabajo, el cual solo será posible si el Estado adquiere compromisos básicos. A saber: i) Sustraer a los profesionales de las arbitrariedades del control y sus secuelas judiciales, ii) Suprimir la noción de que incurre en falta quien al aplicar su criterio profesional o juicio técnico en asuntos que combinan calidad, plazos y costos, obtiene conclusiones distintas a las del auditor, iii) Considerar buena práctica que las conclusiones contengan análisis y sustentos registrados en borradores y hojas de cálculo apta para revisión; iv) Asegurar, ante indicios de impropiedad, que los revisores sean ingenieros de calificaciones similares, v) Suprimir la pretensión de una CGR con capacidad sancionadora, y vi) Velar que los ingenieros que incumplen la ley reciban la máxima sanción.

Y se necesita, en tercer lugar, reformular e incrementar los plazos y costos de los estudios técnicos que hasta hoy son artificialmente bajos, en perjuicio del propio Estado y de sus obras. Las características físicas y sociales el país señalan que las investigaciones básicas deben ser más profundas y detalladas; que los estudios de factibilidad deben tener un grado de elaboración que permita determinar si el proyecto es ejecutable, y estimar cabalmente el costo y plazo que demanda realizar expropiaciones, eliminar interferencias, disponer de terrenos y canteras, y obtener servidumbres; también, debe ponderar si el trabajo de replanteo previo a las obras viales debe realizarlo el consultor y no el constructor.

El DU-021-2020 no asegura ninguna de estas tres condiciones.

La ingeniería de los proyectos de inversión comienza por la definición de los alcances de los trabajos por realizar y continúa con la administración de los mismos mediante contratos de servicios y obras. Tener capacidad para definir dichos alcances es una obligación básica del Estado. Dado que el gasto público es del 20 al 25% del PIB, es indispensable que sepa como contratar y comprar. De hecho, organismos internacionales como el PNUD-Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (1965) se crearon para asistir a las nacientes repúblicas de Asia y África en la formación de dicha capacidad.

El DU 021/2020, en cambio, da por sentado que el Estado no sabe definir alcances ni administrar contratos, y necesita para sus Proyectos Especiales de Inversión (PEIP) la asesoría técnica de una empresa extranjera y los servicios de administración de organismos internacionales. Esto implica, por un lado, que al cabo de treinta años de intervenciones del PNUD y otros el Estado no ha podido aprender tareas elementales de gobierno y, por otro, que se desconoce la realidad del país y de su ingeniería.

Basta un ejemplo para mostrar que la realidad es distinta. El Perú acabó mal los años 80, la llamada “década perdida” de América Latina. El Estado no invirtió en infraestructuras de transportes y a principios de los 90 había que rehabilitar toda la red vial nacional, comenzando casi de cero. Era una tarea enorme, pero se hizo. Con apoyo financiero del BID y del Banco Mundial se formularon programas, se priorizaron proyectos, se definieron sus alcances y se contrató mediante concursos y licitaciones la ingeniería y construcción de las obras. Durante ese proceso el Asesor Técnico del Estado peruano fue una empresa peruana de ingenieros consultores.

Los conocimientos de la ingeniería nacional no se han esfumado. Si, como era lógico, se hubiese convocado a los peruanos que saben, la norma resultante habría incorporado los tres requisitos antes mencionados. En cambio, el texto del DU-021-2020 trasluce que el papel principal en su preparación lo tuvieron profesiones distintas a la ingeniería. Sólo así se explican los errores de concepto que contiene, por ejemplo, en la gestión de calidad; y el desacierto de aplicar contratos estandarizados que prevén la ejecución de obras sin supervisión, sin cuaderno de obra y sin control de los avances del trabajo para autorizar los pagos al constructor.

Aparte de lo anterior, el esquema del DU-021-2020 para los PEIP (inversiones de US$ 420 millones o más) es costoso y opaco. Los organismos internacionales cobran por administración entre 3.0 y 4.0% del costo total del proyecto y el Asesor Técnico probablemente el doble; el Estado reserva habitualmente 3% para su gestión y la CGR pretende el 2%. A la suma de todo hay que añadirle el costo de la ingeniería y supervisión del proyecto, porque aún no está incluida.

La alternativa de convocar a nacionales es más económica y técnicamente mejor para el Estado, si se cumplen las condiciones que hemos mencionado. El Estado debe convocar a los privados para trabajar conjuntamente y lograr que las inversiones públicas tengan mejores procesos de selección con una ley de contrataciones que acabe con la cultura del temor, la sospecha y la denuncia insensata. Mientras ésta perdure continuarán los sistemas especiales, opacos de por sí, que reducen las oportunidades de trabajo para los profesionales peruanos competentes. Lampadia

En los últimos días, a raíz de la crisis sanitaria y socio económica producida por el coronavirus, se ha vuelto a especular sobre la posibilidad de controlar algunos precios.

Esto con el liderazgo del propio Indecopi, llamado a velar por el mantenimiento de una economía sana.

Pues, como puede leerse líneas abajo, en el artículo que publicamos hace un par de años, el intervencionismo de la economía y el control de precios producen efectos contrarios a lo buscado, solo se genera escasez y finalmente el aumento de los precios.

Es un error gravísimo, que es fácil de cometer, pero muy difícil de enmendar. No debemos ir nunca por ese camino.

Del ‘ogro filantrópico` o la ‘mano negra’
Cuando el Estado interviene en los mercados se cae en abismos

Publicado en Lampadia
07/05/2018

Ver artículo sin glosas: https://lampadia.com/analisis/economia/cuando-el-estado-interviene-en-los-mercados-se-cae-en-abismos/

De cómo una intervención en contra del mercado avanza hasta destruir la economía de mercado y desbaratar la producción de bienes y servicios.

Las políticas públicas y las decisiones económicas son el espacio de encuentro y desencuentro de la falta de miras, el cortoplacismo y las buenas intenciones, con la cruda realidad determinada por miles de agentes económicos, personas, empresas e instituciones, que responden a incentivos y oportunidades, y no a normas y regulaciones que interfieren en los mercados.

Líneas abajo compartimos una brillante presentación de Ludwig von Mises, de mayo de 1950, que explica con una gran sencillez, cómo las decisiones de gobierno sobre los mercados, así estén inspiradas en buenas intenciones, pueden desencadenar una serie creciente de regulaciones (cada una para remediar el problema ocasionado por la anterior) que terminan conduciendo al Estado a hacerse de capacidades que sustituyen las funciones del mercado y llevan a las economías a disminuir la inversión, la producción, y el bienestar general.

Este tipo de normas terminan produciendo efectos contrarios a sus enunciados y a sus propósitos. En Lampadia desarrollamos, hace algún tiempo, una sección llamada: ‘Normas-contra-propósito’. Lamentablemente, tal como explica von Mises, en el Perú, este tipo de decisiones de gobierno se siguen multiplicando todos los días, al punto de haber intervenido en nuestro novel mercado de principios de siglo y haber creado una costra de normas, instancias, y enfoques burocráticos que, en esencia, han lisiado a nuestra economía de mercado y hecho tortuosos los espacios de innovación, creatividad e inversión.

(…)

Nuestro Congreso genera normas de este tipo todos los días. Ojalá nuestros lectores nos traigan más ejemplos. Pero ahora, los invitamos a iluminarse con la sabiduría de Ludwig von Mises:

Las políticas públicas de la tercera vía conducen al socialismo

(Primera parte)
Ludwig von Mises
Traducido y Glosado por Lampadia

Middle-of-the-Road Policy Leads to Socialism

Esta disertación se presentó en el University Club de Nueva York, el 18 de abril de 1950.
Mises Daily Articles, Mises Institute, Austrian Economics, Freedom and Peace, 12 de febrero, 2006.

(…)

De cómo el control de precios conduce al socialismo

El gobierno cree que el precio de un bien definido, por ejemplo, la leche, es demasiado alto. Quiere hacer lo posible para que los pobres les den más leche a sus hijos. Por lo tanto, recurre a un precio tope y fija el precio de la leche en un nivel menor que el que prevalece en el mercado libre.

El resultado es que los productores marginales de leche, aquellos que producen al costo más alto, incurren en pérdidas. Como ningún agricultor o empresario individual puede seguir produciendo a pérdida, estos productores marginales dejan de producir y vender leche en el mercado. Utilizarán sus vacas y sus habilidades para otros fines más rentables. Por ejemplo, producirán mantequilla, queso o carne.

Por lo tanto, habrá menos leche disponible para los consumidores, no más. Esto, desde luego, es contrario a las intenciones del gobierno. Que quería que sea más fácil para algunas personas comprar más leche. Pero, como resultado de esta interferencia, la oferta disponible disminuye. La medida se prueba como abortiva desde el punto de vista preciso del gobierno y de los grupos que pretendía favorecer. Produce un estado de cosas que desde el punto de vista del gobierno, es aún menos deseable que el estado previo de cosas, que estaba destinado a mejorar.

Ahora, el gobierno enfrenta una alternativa. Puede derogar su decreto y abstenerse de cualquier esfuerzo adicional para controlar el precio de la leche. Pero si insiste en su intención de mantener el precio de la leche por debajo del que el mercado libre habría determinado, no obstante, evitar una caída en el suministro de leche, debe entonces, tratar de eliminar las causas que hacen que el negocio de los productores marginales no sea rentable. Debe añadir, al primer decreto relacionado solo al precio de la leche, un segundo decreto que fija los precios de los insumos necesarios para la producción de leche, en un nivel tan bajo que los productores marginales de leche no sufran más pérdidas y, por lo tanto, se abstengan de restringir su oferta.

Pero luego, la misma historia se repite en un plano más remoto. El suministro de los insumos requeridos para la producción de leche cae, y nuevamente el gobierno está de vuelta donde comenzó. Si no quiere admitir la derrota y abstenerse de cualquier intervención en los precios, debe ir más allá y fijar los precios de los insumos necesarios para la producción de los insumos necesarios para la producción de leche.

Por lo tanto, el gobierno se ve obligado a ir cada vez más lejos, fijando paso a paso los precios de todos los bienes de consumo y de todos los factores de producción, tanto laborales como materiales, y a ordenar, a cada empresario y a cada trabajador, que sigan trabajando con esos precios y salarios. Ninguna rama de la industria puede dejarse de lado, de esta fijación general de precios y salarios, y de la obligación de producir aquellas cantidades que el gobierno quiere ver producidas. Si algunas ramas industriales se dejan libres, por el hecho de que solo producen bienes calificados como no vitales o incluso como lujosos, el capital y el trabajo tenderían a fluir hacia ellos y el resultado sería una caída en el suministro de aquellos bienes, cuyos precios ha fijado el gobierno precisamente porque los considera indispensables para la satisfacción de las necesidades de las masas.

Pero cuando se alcanza este estado de control general de las empresas, ya no puede haber ningún tipo de economía de mercado. Los compradores, mediante su decisión de comprar o abstenerse comprar, ya no determinan qué se debe producir y cómo. La capacidad de decidir recae en el gobierno. Esto ya no es capitalismo: es una planificación integral por parte del gobierno, es el socialismo. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video semanal esta vez sobre los planes y retos de ESSALUD.

Participan Alfredo Barredo, gerente general de ESSALUD, como invitado, y Jaime de Althaus y Gonzalo Prialé.

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 10 de enero de 2020
Para Lampadia

Eso de “burocracia improductiva” es un decir. Mejor sería llamar las cosas por su nombre. “Burocracia inoperante, indolente, maltratadora y corrupta”. Esa sería la expresión correcta. A esa burocracia me refiero. A esa costra burocrática que – desde el 2006 – viene creciendo y creciendo desmedidamente, indebidamente, irresponsablemente, e injustificadamente.

No obstante, hay que reconocer que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR) tienen excelentes sistemas de información. Y no exagero. Antes de terminar la primera semana del nuevo año, los portales web de ambas instituciones ya tenían muchas estadísticas macroeconómicas del 2019… completas. Es decir, incluidas las cifras de diciembre 2019. Un ejemplo para las demás instituciones públicas del país, muchas de las cuales publican sus indicadores de gestión… tarde, mal y nunca.

La pregunta es porqué – teniendo tan buena información, y sobre todo tan actualizada – el Estado no haga buen uso de ella. ¿Acaso alguien está controlando el crecimiento desbocado de la burocracia improductiva en el Estado? Nada que ver.

Ojo. No me refiero a maestros, médicos, policías, y jueces. Tampoco me refiero a ingenieros y técnicos que construyen obras de infraestructura. Al contrario. Bueno fuera que crezcan más los presupuestos públicos para dichos servicios. Claro que queremos más – y mejor – educación, salud, seguridad, y justicia. Claro que queremos más – y mejores – redes de agua, carreteras, puertos, escuelas, hospitales… Pero no. No me refiero a estos profesionales del sector público.

Me refiero a la burocracia que no enseña, no cura, no protege, y no juzga. Me refiero – también – a la burocracia que no construye nada. Me refiero a la burocracia chupa tinta. A los que nos hacen perder tiempo injustificadamente. A los que nos piden requisitos absurdos para atender nuestros derechos. A los que nos maltratan cruelmente. En buena cuenta, me refiero a los burócratas que no nos brindan ningún servicio.

Ahora bien. ¿Qué dicen las estadísticas del MEF y BCR, respecto al 2019? Pues que la economía creció 2.3%. Y que la recaudación tributaria creció 4.9%.

Ahí nomás tenemos 2 récords. Uno. ¡Nunca – antes – habíamos producido tantos bienes y servicios como en el 2019! Y dos. ¡Nunca la SUNAT había recaudado tantos tributos como el año pasado! Sí pues. A pesar de la crisis política. A pesar del cierre del Congreso. A pesar de los escándalos de corrupción… léanse Lava Jato, Cuellos Blancos, y varios etcéteras más. A pesar de todo ello, en el 2019 las empresas y ciudadanos peruanos pagamos más Impuesto a la Renta (IR) y más Impuesto General a las Ventas (IGV) que nunca antes en el pasado.

CONCLUSIÓN: El problema no está por el lado de la economía. Aunque – ciertamente – debería crecer mucho más. El problema está por el lado del excesivo y creciente gasto en burocracia improductiva, la cual creció ¡6.7%! en el 2019. O sea, más que la recaudación tributaria.

La burocracia improductiva del Estado se ha convertido en una enorme carga para todos los peruanos. La economía crece y la recaudación también. Pero los servicios de educación, salud, seguridad y justicia no mejoran. ¿Porqué? Pues ya sabemos. La burocracia improductiva se chupa todo el crecimiento de la recaudación tributaria… y más.

¡Ahí están los grandes aguafiestas! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 13 de diciembre de 2019
Para Lampadia

Grandes, medianos y pequeños. Los empresarios privados son los mayores generadores de trabajo, riqueza y bienestar. Hablando de inversión a nivel nacional, se estima que los empresarios privados – sobre todo los pequeños y medianos – aportan alrededor del 80%. Y el Estado – o sea, la inversión pública – alcanza apenas al 20% de todo lo que se invierte en el país.

En otras palabras. Mucho más se invierte en empresas privadas que producen todo tipo de bienes y servicios, que en carreteras, redes de agua y alcantarillado, escuelas, hospitales, etc. ¡4 veces más!

También se sabe que el principal origen de los fondos que se invierten en el país, son locales. Es decir, los inversionistas son – en su gran mayoría – peruanos.

Dicho esto ¿cómo explicar que el Estado maltrate tanto a los inversionistas privados? ¿Acaso el Estado no está para facilitar la generación de trabajo, riqueza y bienestar para la población?

Obviamente, lo van a negar. Pero es así. Las burocracias municipales – sobre todo las distritales – constituyen los mayores obstáculos para los inversionistas privados. Incluso, para las inversiones públicas.

Las Licencias de Construcción han devenido en un escollo tremendo para las inversiones. A ese respecto, las municipalidades se han convertido en unas cajas negras donde si no hay marmaja bajo la mesa… piña. ¡No hay licencia! Y lo mismo ocurre con las Licencias de Funcionamiento de hoteles y restaurantes, tiendas, locales industriales, etc.

La pregunta es ¿y los órganos de control? ¿Y la Policía y el Poder Judicial? ¿Y la Defensoría del Pueblo? En general ¿qué hace el Estado para corregir tamaño maltrato? NADA. Peor aún. El Estado forma parte de las mafias que se oponen al desarrollo empresarial en nuestro país.

Y así por el estilo. Los municipios provinciales y los Gobiernos Regionales son parte de las redes que se oponen a las inversiones. Repito. Inversiones públicas e inversiones privadas. Y el Gobierno Central, igual.

Aunque parezca mentira, Proinversión es una gran traba para las inversiones en el país. Y los ministerios también. Entre ellos, se traban unos a otros. Ambiente y Cultura son claramente anti inversionistas. La pujante y sacrificada pequeña minería iqueña ha sido ilegalizada por el Ministerio de Cultura. Yo puedo dar fe de ello. El Ministerio del Ambiente – y su séquito de Organismos Públicos Descentralizados – se opone al desarrollo portuario de Ica. Su proceder los delata.

¿Qué espera el Gobierno para corregir tanta inoperancia? No se sabe. Pero lo cierto es que los rankings de competitividad denotan este deterioro de manera objetiva, sistemática, y crónica. Cada publicación resulta más de lo mismo. “El Perú cae “x” posiciones en el Ranking Mundial de Competitividad. Cada vez es más difícil y engorroso invertir en el país. La tendencia se mantiene desde hacen 10 años”.

Conclusión: el Gobierno está en otra cosa. No le interesa la competitividad del país. Y menos, las inversiones. El Gobierno está en lo que está. Lo único que le interesa es la confrontación política. La seudo lucha contra la corrupción. Y digo “seudo” porque es falsa. El Gobierno – en el fondo – no está luchando contra la corrupción. Me refiero a la corrupción menuda… por así decirlo. A la golpea directamente a la población. A la corrupción brava. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La comunicación moderna apela cada vez más al uso de líneas para celulares o telefonía móvil.  Ciertamente cuanto más celulares se incorporen al mercado, más antenas se requerirán y cuanto mayor sea la densidad instalada de estas antenas, menor la potencia de transmisión requerida.  Igualmente, cuanto mayor sea la extensión o superficie a cubrir, más extensa será el área donde se requerirá instalación de antenas.

Las normas nacionales requieren de participación ciudadana para autorizar la instalación de antenas y si las empresas de comunicaciones no logran la aprobación ciudadana para instalar antenas, no se otorga el permiso correspondiente y en consecuencia, la antena requerida no se podrá instalar.

La consecuencia natural de una posición negativa ante la consulta ciudadana, es que se tiene un servicio de comunicaciones de menor calidad y, de otro lado, para atender a zonas remotas a la red celular, se hace necesaria la instalación de “boosters” (elementos que aumentan la potencia de transmisión de señales), para tratar de alcanzar la cobertura requerida.

Lo que no piensan quienes se oponen a la instalación de estas antenas es que, el uso de estos “booster” para aumento de potencia, aumenta el riesgo de radiaciones en las zonas donde sí se permitió la instalación de estos dispositivos.  Obviamente no es justo que quienes se oponen a la instalación de antenas en sus circunscripciones para “no sufrir daños por radiación“, cosa que es altamente discutible, le impongan esas externalidades negativas a quienes sí aceptan tener antenas instaladas en su áreas de vivienda o trabajo.

Como es fácilmente comprensible, si no estás dispuesto a contribuir a la extensión de oferta para el servicio de comunicación celular, también deberías estar dispuesto a no imponer tales externalidades a los demás, requiriendo y usando comunicación celular.

En consecuencia, deberíamos exigir que quienes se opongan en la consulta ciudadana, deban registrarse con su DNI en tal registro de oposición y la consecuencia inmediata debería ser el retiro automático y bloqueo permanente de contratación de servicios de comunicación celular a nivel nacional, pues debemos aceptar que, “lo que no es bueno para uno, no es bueno para los demás “, y por lo tanto no deberías usar un servicio que consideras maligno.

Una medida de esta naturaleza haría reflexionar a los usuarios de celulares, pues todos quieren uno, pero muchos de ellos no quieren facilitar el servicio. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE
Para Lampadia

En cualquier país civilizado del mundo que desee influir (educar) en el usuario respecto al consumo de agua o cualquier recurso escaso, se aplica reglas que induzcan al consumidor a tomar medidas correctivas.

Las medidas aplicables pasan por; precios escalonados que harían que el consumo en exceso pague un precio marginal alto que disuada a limitar el consumo. También es plausible el cobro de una tarifa por alcantarillado que te induzca a reusar el agua de los lavatorios y duchas para riego de jardines, por ejemplo, y con ello reducir la demanda de servicios de alcantarillado de la ciudad.

Por supuesto que, para poner en práctica estas reglas, la entidad prestadora de estos servicios está obligada a cumplir también reglas estrictas que eliminen malas prácticas y el abuso de su posición de dominio, tal como lo hace el monopolio de SEDAPAL.

En Lima, SEDAPAL ha instaurado la tarifa escalonada por consumo de agua: así, los primeros 20 m3 pagan S/ 1,499 por m3, los siguientes 30 m3 (de 20 a 50) pagan S/ 2,128 por m3 y el exceso sobre los 50 m3 paga S/ 5,438 por m3.  Y por alcantarillado, cobra sobre la misma gradualidad de volumen, S/ 935 por m3, S/1,309 y S/ 2,592 por m3.

Aquí tenemos que observar que la medición y oportunidad del volumen facturado es fundamental, pues los hábitos de uso de agua por ejemplo son normalmente muy estables y una variación en magnitudes importantes, resulta absurdamente anómalo y materia de autorregulación del proveedor del servicio. Lo grave es que una alta variación en el reporte de consumo y facturación, hace que pases de una tarifa regular de escalas menores, no facturada en un mes, a otra de castigo facturada al mes siguiente. Se ha verificado que, de un mes a otro, cambian el volumen facturable de 1 a 4 veces, que vuelve a reducirse al subsiguiente para multiplicarse nuevamente en los posteriores.

Adicionalmente debemos resaltar que, SEDAPAL no ha instalado medidores de flujo de desagüe para facturar el alcantarillado y la pregunta es: ¿Cómo adoptar una medida correctiva para minimizar el uso de alcantarillado y evitar que SEDAPAL esquilme a los usuarios por un servicio no usado?

En la ciudad de Lima no hay disponibilidad de agua de regadío para riego de jardines y consecuentemente se usa agua potable para este propósito, por lo tanto, si el volumen facturado por alcantarillado es el mismo que el de suministro, te están robando al cobrar por alcantarillado (servicio no brindado), hasta casi el doble del precio facturable por el agua que consumes, usada, insisto, en regar jardines.

En esencia, el regulador de SEDAPAL debe normar que las prácticas en las mediciones y aplicación de precios, permitan al usuario en su calidad de “agente económico racional”, adoptar medidas correctivas que le permitan optimizar sus decisiones económicas y que beneficie a la ciudadanía en su conjunto en la disponibilidad y uso de un recurso escaso como el agua y el sistema de alcantarillado.

Lo antes dicho debe forzar a esta entidad a evitar el abuso de su posición dominante de mercado, en su calidad de monopolio y rectificar sus malas prácticas.

Ay SEDAPAL, por qué te portarás tan mal! … y LA SUNASS, bien gracias. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 8 de noviembre de 2019
Para Lampadia

El dinero del país lo generamos todos los peruanos con nuestro trabajo. Y una parte de dicho dinero se lo entregamos al Estado – a través de la Sunat – en forma de impuestos. El Impuesto General a las Ventas (IGV), y el Impuesto a la Renta (IR) son los principales… y los más conocidos. Pero también hay otros impuestos de menor cuantía, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y otros más.

El IGV lo pagamos todos – ricos y pobres – cuando adquirimos un bien o un servicio. Puede ser una camisa, una lata de atún, una entrada al cine, o un pasaje en bus. Cada vez que compramos un bien o un servicio, pagamos 18% de IGV. El IGV es el impuesto que más ingresos le representa al Estado. Después le sigue el Impuesto a la Renta que lo pagan – principalmente – las empresas. El IR asciende a 30% de las ganancias de las empresas. Aparte del IR que pagan las empresas, los profesionales y los trabajadores también pagamos IR.

Ahora bien ¿para qué pagamos impuestos? Pues para que el Estado nos brinde – básicamente – salud, educación y seguridad. Además, para que nos de agua potable. También para que construya infraestructura pública como carreteras, puertos, escuelas, hospitales, comisarías, cárceles, etc.

La pregunta es ¿el Estado nos cura, nos educa, y nos da seguridad? ¿Nos da agua potable y limpieza pública? ¿Cómo está la Carretera Central? ¿Cómo están las comisarías y cárceles del país?

La verdad, la verdad… la respuesta a todas las preguntas anteriores es NO. El servicio de salud pública es pésimo. La educación pública deja mucho qué desear. La delincuencia está cada vez peor. Y la infraestructura pública… igual. El Estado – a quien le pagamos nuestros impuestos para que nos brinde dichos servicios – NO nos está atendiendo bien.

Pero ¿quién es el Estado? El Estado son las Municipalidades, los Gobiernos Regionales, y los Ministerios. El Estado son – también – la policía y los jueces. Incluso, los médicos y maestros de los hospitales y escuelas públicas.

Pregunta ¿cómo nos tratan las cerca de 1,800 municipalidades distritales que hay en todo el país? ¿Acaso no están llenas de burócratas inoperantes y corruptos? ¿Quién no ha sido chantajeado por un funcionario municipal para obtener una licencia de funcionamiento o – peor aún – una licencia de construcción?

¿Cómo así hemos terminado con cerca de 50 burocracias distritales entre Lima y Callao? ¿Porqué no mejor una sola autoridad municipal para toda la metrópoli, tal como tienen ciudades – tanto o más grandes que Lima – como Bogotá, Buenos Aires, Barcelona o Nueva York?

Y pasando a otras esferas del Estado ¿cuántos contratos de concesión suscribió Proinversión en lo que va del 2019? ¡Cero! ¿Cuánto nos cuesta Proinversión a todos los peruanos? ¡Más de S/. 200´000,000 al año! Mejor cerremos Proinversión y nos ahorramos ese platal.

Y así por el estilo. Hay cualquier cantidad de instituciones públicas que están por las puras. No brindan ningún servicio mínimamente idóneo, y cuestan un ojo de la cara. Y encima nos chantajean cada vez que requerimos – de ellos – un certificado, permiso, o lo que sea.

No hay derecho. ¡Basta ya de burocracias estatales inoperantes, maltratadoras y corruptas! Lampadia