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El futuro esquivo

El futuro esquivo

La economía peruana de 2013 al 2020

Roberto Abusada Salah
Instituto Peruano de Economía
Fundación M. J. Bustamante De la Fuente
Mayo, 2021
Glosado y comentado por Pablo Bustamante Pardo, Director de Lampadia

En momentos en que nuestra manera de ver la economía peruana está en la agenda política del próximo gobierno, Roberto Abusada Salah nos regala sus reflexiones sobre los fundamentos de nuestra economía, desde cuatro perspectivas complementarias:

  • Sin crecimiento no hay futuro
  • El factor confianza
  • La tentación del estatismo
  • Impacto de las instituciones

Líneas abajo presentamos el prólogo de Raúl Mendoza Cánepa, el capítulo con el que Roberto inicia sus reflexiones: Ese “maldito modelo económico”, la estructura de contenidos y el enlace al PDF del libro.

Hoy más que nunca, que enfrentamos la eventualidad de tener que enfrentar propuestas descabelladas sobre el manejo de nuestra economía, debemos revisar los fundamentos económicos que generan crecimiento y bienestar general.

Muchos de nuestros ciudadanos, frustrados con la multi-crisis sanitaria, económica, social y política, creada por el desastroso gobierno de Vizcarra, han perdido confianza en nuestros líderes y en el futuro, y en medio de una compulsa electoral esencialmente populista, están muy confundidos sobre lo que es bueno y malo, y se ha nublado el entendimiento de las relaciones causa-efecto en las políticas públicas.

El Perú debiera tener una base conceptual sólida sobre dichas disyuntivas. Hemos pasado, en 30 años, de políticas que nos empobrecieron, a las que nos hicieron crecer, reducir la pobreza, bajar la desigualdad y mejorar los ingresos en el sector urbano y rural. Sin embargo, las narrativas anti economía de mercado repetidas a lo largo de los últimos años, y la ausencia de comunicaciones asertivas sobre nuestro procesos económicos y sociales, por parte de todos los gobiernos y de los empresarios -los líderes de la gran recuperación de nuestra economía-, han socavado nuestro entendimiento.

Hemos permitido que la muy mala gestión de los servicios públicos, especialmente en salud y educación, más la ineficiencia de la gran mayoría de los gobiernos regionales y locales y, sobre todo, su generalizada y profunda corrupción, hayan malogrado el éxito de la gran recuperación del país, desde la condición de Estado-Fallido en la que nos encontrábamos en 1990.

No hemos sabido defender a nuestros pobres, para quienes la mala calidad de los servicios públicos ha sido decisiva para malograrles su calidad de vida y su entendimiento sobre las líneas maestras de la prosperidad. 

Por todas estas razones, el libro de Roberto Abusada -propulsor de la apertura económica y uno de los grandes reformadores de nuestra economía-, representa un magnífico aporte para iluminar nuestro pensamiento y acciones en la esquiva tarea de construir un futuro mejor para todos los peruanos.

1. Prólogo

Raúl Mendoza Cánepa
Febrero de 2021

El economista Roberto Abusada Salah, a través de los artículos que publicó en el diario El Comercio entre el 2013 y 2020, nos ofrece las claves del crecimiento y desarrollo económico, advirtiendo desde antes que los grandes indicadores económicos podrían revertir si es que las deficiencias institucionales, las malas decisiones políticas y las trabas a la inversión privada prevalecían a la sensatez que permitió al Perú crecer durante los años anteriores. Los terribles resultados económicos a partir de la pandemia tan solo refuerzan su punto.

El auge económico desde 1993 al 2013, nos demuestra Abusada, no se debió solo al incremento de los precios internacionales de los minerales, sino a una buena política económica. Solo en el decenio que terminó en el 2013, el crecimiento del Perú se basó fundamentalmente en un fuerte desarrollo de la inversión privada, que aumentó a una tasa promedio anual de 13.7%, y en exportaciones que aumentaron al 5.6% por año. Sin embargo, la ausencia de voluntad política e iniciativas de reformas institucionales permitieron que germinaran aquellos factores que desacelerarían finalmente el crecimiento. El presidente Ollanta Humala esgrimía un discurso que, pese a la línea de auge, llamaba absurdamente al pesimismo y a la desconfianza de los empresarios. Un modelo económico de libre empresa requiere de un liderazgo anímico, de uno que estimule a crear, emprender y creer. No hay progreso sin fe.

Cada año que transcurría desde 2013 hasta 2020 se registraba una corriente de pesimismo desde Palacio. Para el presidente Humala, gobernar era construir programas sociales y no perseverar en un modelo económico probadamente exitoso que nos consolidara como país en el siglo XXI. Los márgenes de pobreza se redujeron en el recuento global desde hace más de dos décadas, colocando al Perú en la vía del desarrollo, pero algunos baches en los liderazgos políticos contrarrestaron ese sueño inicial. De allí el título del libro, “El futuro esquivo”. Lo previsible años atrás era que los indicadores en azul se mantuvieran y que al Bicentenario el Perú creciera a un ritmo de 6%, la pobreza se redujera aún más, el empleo se incrementara, la informalidad se diluyera…pero… ese futuro no fue.

Hasta 2013 el Perú creció, en promedio, 5.4%, pero desde aquel año hasta 2019, el crecimiento promedio del país no llegó al 3%. No es que un punto o dos sean poco. Un punto del PBI adicional de crecimiento nos puede dar varias decenas de miles de trabajos formales cada año. En 2020, la contracción de aproximadamente 11% destruyó parte del tejido productivo e hizo mucho más importante que antes volver a marcar claramente una ruta de crecimiento sostenido.

Cada año ingresan al mercado laboral peruano unos 300,000 jóvenes. Por ejemplo, el 2017 no fue un mal año en el análisis comparativo mundial, pues crecimos 2.5%. Pero ¿cuántos empleos formales se crearon? Lo resaltante es que desaparecieron muchos. Lo que se deduce es que a alrededor de 300,000 jóvenes, como explica Abusada, no les quedó más que optar por la informalidad o quedarse desempleados.

Dar luces de la ruta al crecimiento en la perspectiva del modelo, precisamente, es lo que busca Abusada. El principal impacto económico de la actual crisis podría no estar en la caída del 2020, sino en el golpe al crecimiento potencial de mediano y largo plazo. Diversas crisis históricas advierten sobre esta posibilidad. En esta compilación de artículos, advertirnos, ponernos en alerta, enrumbarnos, es el objetivo. Nos dice que el gobierno del 2011 se salió de la línea de un modelo que debía perfeccionar, no deformar…Y así, sin vueltas de página, la historia desde el 2013 hasta el 2020 siguió el curso menos deseado. Por eso y, tomando la frase del poeta de Cementerio Marino (Valery), ese futuro deseable, “ya no es lo que era”, no será aquel que creíamos antaño.

Las altas tasas de crecimiento y los generosos índices económicos y sociales entre 1993 y el 2012 nos señalaban ya un derrotero feliz, pero los nuevos actores estaban lejos del credo liberal porque el populismo atrae más a los políticos, trae más loas que crear riqueza con austeridad y sacrificios. Esos políticos no han extraído como enseñanza la experiencia histórica, esa que desde Singapur hasta Botswana (el milagro africano) nos dice que la mejor política social es siempre una buena política económica.

El autor opta por ordenar sus textos en cada capítulo por sub-acápites que explican qué es y cómo ocurre el crecimiento económico y los factores de desarrollo lento en el Perú desde el año 2013. Nos dice que sin crecimiento no hay futuro y luego analiza en los siguientes sub-acápites que ordenan el texto, los factores de coyuntura anual que contribuyeron a la ralentización: el factor confianza (básicamente, la desconfianza empresarial), la injerencia estatal y crecimiento del Estado, y el impacto del marco institucional en la desaceleración (tanto en regulaciones, costos laborales, trabas a la inversión minera, etc.).

Aún en momentos previos a la actual crisis, las reformas integrales permanecían en compás de espera, pese a los anuncios oficiales. Las estériles y mezquinas confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo desde el resultado de las elecciones del 2016 pusieron la agenda en estas rencillas por cuotas de poder y la alejaron de los asuntos que realmente importaban para la competitividad y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Los economistas, no menos que los inversionistas, se preguntan si es que hay la suficiente seguridad para emprender negocios en el Perú y si el crecimiento caerá más aún de lo que las expectativas iniciales nos sugerían en este libro. Quizás los políticos deberían entender mejor sobre el impacto de las instituciones en el crecimiento, pero ese es un tema que solo podríamos abordar en un texto académico básico que quizás alguna vez debamos apurar.

Mientras se reformula al veloz paso de los acontecimientos estas líneas, en el país se debaten -como tema de cualquier día- los mismos cimientos institucionales que nos permitieron empezar a cerrar, por fin, algunas de las enormes brechas económicas y sociales que arrastramos por décadas.

Uno de los temas que se debe abordar, por tal, es el de los costos que deben asumir los formales y el desincentivo de ser formal, el funcionamiento y costo de las instituciones, la infraestructura y la reforma política centrada en el principio de república y ciudadanía real. Construir una economía de mercado supone que en paralelo se construye ciudadanía e instituciones sin olvidar que allí donde el origen social desiguala, la educación iguala en oportunidades. Ocurre cuando la competitividad individual prima a los privilegios y cuando no existe otro criterio que el de la competencia y el talento para la movilidad social.

Otro tema es el de la descentralización, sobre el que cabe un énfasis. Conviene revisar el artículo de Abusada del 21 de febrero de 2019, en el que nos recuerda el fracaso de la regionalización tal como está planteada: “La descentralización como medio para acercar el Estado a la población a fin de proveerle mejores servicios y voz en el gobierno es uno de los fracasos más grandes que ha sufrido el Perú en las últimas dos décadas. No se crearon los espacios complementarios y viables regionalmente que se planearon en un inicio, y peor aún, la manera atropellada, equivocada y desaprensiva en la que se puso en marcha todo el proceso ha contribuido a deteriorar la gobernabilidad, retardando con ello el desarrollo del país. A la vez, se ha generado un enorme espacio para el dispendio de los recursos presupuestales, y con esto oportunidades para el conflicto, la disgregación y la corrupción”.

La falta de reformas no contribuye a la formación de un Estado para los ciudadanos, entendidos como tales y no como “pobladores”, términos que se suelen confundir en esta “república de habitantes”. La estructura ineficiente, elefantiásica, del Estado nunca fue tan obvia como durante los últimos meses, y nunca fue tan clara, por tanto, la urgencia de su reforma.

No solo es visible la poca capacidad de los sucesivos gobiernos para plantear una reforma integral del Estado, desde hace unos años, este (que sirve poco y mal) ha revertido el principio de austeridad, no solo recaudando menos sino abultando la planilla pública a favor de los allegados políticos.

La falta de disciplina tiene un costo con un correlato en desmedro de los ingresos de los pocos formales que tributan. En su primer artículo de 2012, Abusada dio la clarinada de alerta, en el que abre esta compilación (“Ese maldito modelo económico”, 2016) nos ofrece su posición de principios, de allí se entiende su interés en ubicarlo como una puerta a todos los demás. La historia por la que transcurren los siguientes artículos terminará siempre por darle la razón.

PS. La terrible pandemia de 2020-2021 destruyó las perspectivas de la línea de crecimiento, una “que nos acercara en pocos años al mundo desarrollado”. El desastre sanitario y económico nos descubrió las fallas estructurales, un Estado ineficiente para el manejo de crisis, una economía mayoritariamente informal y una precariedad e insuficiencia en los servicios estatales, que nos devuelven a una realidad que era fácil evadir a través de la ilusión que nos traía el progreso. Sin embargo, descubrimos también que el ahorro estatal y la disciplina fiscal durante dos décadas nos dio una ventaja que el mundo hoy reconoce. Allí, aún en la tragedia actual, está la mejor referencia de la solidez del modelo.

2. Ese “maldito modelo económico”

Roberto Abusada Salah

¡Exigimos un cambio radical del modelo económico neoliberal extractivista primario-exportador que depreda el ambiente, precariza el trabajo, concentra la riqueza y pone al Estado al servicio de los ricos y del capital transnacional! Estoy aludiendo, naturalmente, a la caracterización de nuestro sistema económico en el discurso de nuestra izquierda conservadora, tan distinta a la izquierda moderna que mereceríamos tener.

Esa izquierda que durante toda la reciente campaña electoral ha hablado hasta las náuseas de “cambiar el modelo económico”. No importa que esa caracterización tenga poco o nada que ver con los verdaderos cambios que la gente común anhela y que concibe como un cambio que permita tener seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos, más empleo, oportunidades iguales ante la ley y la justicia, el derecho a la propiedad, el respeto a los derechos civiles y la protección de las minorías vulnerables.

Antes de predicar el cambio del modelo económico sobre el que se ha basado nuestra economía en el último cuarto de siglo, habría que enumerar cuáles son los pilares básicos de tal modelo para luego preguntar en qué consistiría ese “cambio radical”.

La economía peruana se rige por principios muy similares a los que existen hoy en todas las naciones que han logrado el progreso y el bienestar de sus habitantes. El pilar principal exige estabilidad económica. Es decir, la protección del valor de nuestra moneda, la sostenibilidad fiscal, y la existencia de un nivel bajo y predecible de inflación. Esto solo puede ser garantizado con la prudencia en el manejo de los fondos públicos y la existencia de un Banco Central independiente, poblado por funcionarios competentes. En nuestro régimen económico la creación de la riqueza está a cargo de los privados y solo subsidiariamente a cargo del Estado. El tratamiento igualitario a la inversión nacional y extranjera resulta vital, pues de otra manera estaríamos negándonos a aprovechar el ahorro externo para acelerar el crecimiento nacional.

Siendo el Perú una economía pequeña, un elemento fundamental e imprescindible es su integración al mundo. Esto garantiza el uso racional en el territorio del recurso humano y del capital en un ambiente de competencia, así como el derecho de los consumidores a comprar bienes y servicios a precios normales. Al mismo tiempo nuestros productores tienen acceso preferencial a los mercados más importantes del mundo.

El sistema de impuestos es simple: está compuesto por pocos tributos, siendo los dos principales el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas (IGV). Otro elemento central del esquema económico que se aplica en el Perú está dado por la existencia de organismos reguladores (Indecopi, Ositrán, Osiptel, SBS, etc.), de importancia vital para regular cualquier monopolio natural o estructura empresarial oligopólica, proteger al consumidor, y al mismo tiempo promover el propio desarrollo competitivo de las industrias reguladas.

Naturalmente, una cosa es el modelo económico y otra el Estado, sus poderes y sus actores. No debemos confundir la eventual incompetencia en la administración pública del Congreso o el Poder Judicial con una falencia intrínseca al modelo económico. De lo que se trata es de mejorar nuestras instituciones y no tirar por la borda un régimen económico que, a pesar de haber adolecido en muchos casos de corrupción, impericia en la administración pública, y una proliferación inaudita de controles y trámites, ha transformado al país, cortado la pobreza a la tercera parte y disminuido la desigualdad. Ha surgido una clase media y, por primera vez en decenios, las provincias han sostenido un crecimiento igual o mayor que el de la capital.

La economía es una sola y sería insensato concebirla como una suma de sectores que se benefician en desmedro unos de otros. Quienes, por ejemplo, niegan el desarrollo de la minería moderna en el que es quizá uno de los territorios mineros más importantes del mundo, están cometiendo la insania de querer privar al país de una de sus principales palancas de desarrollo. Un desarrollo que debe permitir una industria y agricultura pujantes, mejores servicios e infraestructura, y una provisión de servicios públicos de calidad en sus ámbitos de influencia y en todo el país.

Enfrentemos con información veraz a quienes quieren alzarse como los nuevos artífices de nuestro futuro prometiéndonos, tras casi un siglo, nuevamente la misma y fracasada “utopía” socialista que ya antes sumió a nuestro país en la miseria.

3. CONTENIDOS

Entre el 2013 y 2020, Abusada revisó, desde perspectivas complementarias, cuatro grandes temas:

1. Sin crecimiento no hay futuro

2. El factor confianza

3. La tentación del estatismo

4. Impacto de las instituciones

4. Enlace al libro

Recomendamos a nuestros lectores, navegar por el importante libro de Roberto Abusada.

https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/92393-el-futuro-esquivo-la-economia-peruana-de-2013-al-2020-exun3i.pdf

Lampadia




La repotenciación y mejora del modelo

La repotenciación y mejora del modelo

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El crecimiento económico que hemos tenido en el Perú en los últimos 30 años logró muchos avances, pero ha encontrado también limitaciones y ha empezado a debilitarse. Por eso, como veremos, el modelo económico debe ser repotenciado y mejorado.  

Luego de la profunda crisis económica en la que nos sumió el estatismo proteccionista de los 70 y 80, la apertura de la economía y la privatización de la mayor parte de las empresas previamente estatizadas a partir de los 90, le permitió al Perú crecer de manera sostenida y a tasas relativamente altas, con estabilidad macroeconómica.

  • Por primera vez en la historia, gracias a los fondos privados de pensiones, el Perú logró acumular un ahorro nacional sustantivo que permitió y permite financiar la inversión pública y privada.
  • Y se avanzó hacia una estructura tributaria progresiva y redistributiva, en la que la participación de los impuestos directos ha sido y es bastante mayor a la que existía en la época del estatismo proteccionista, supuestamente redistributivo.
  • Al mismo tiempo, el modelo regeneró también la estructura productiva reorientándola en cierta medida hacia el interior.
  • Los campesinos recuperaron su mercado interno y apareció una nueva industria mucho más competitiva y exportadora, más articulada a nuestros recursos.
  • Las exportaciones no tradicionales crecieron más en volumen que las tradicionales.

Como consecuencia de estos cambios, la pobreza se redujo extraordinariamente de un 60% a un 20% -aunque haya aumentado el 2020 a un 27% a consecuencia de la pandemia-, el ingreso del interior del país y del sector rural creció proporcionalmente más que el ingreso de Lima y se redujo también la desigualdad social medida por el índice de Gini. Surgió una nueva clase media emergente que debería ser el fundamento de una democracia de ciudadanos plenos. 

Sin embargo, el crecimiento económico que hemos tenido no ha logrado reducir la informalidad de manera apreciable. El empleo adecuado se más que dobló, pero esto no se tradujo en la formalización de esos empleos. La informalidad laboral, que expresa una exclusión de beneficios y palancas para el crecimiento, solo se redujo de un 79% a un 72%.

De otro lado, el propio crecimiento se ha ralentizado en los últimos 8 o 9 años, y se observa que sectores industriales y algunas exportaciones no tradicionales han empezado a perder competitividad y terreno en ese mismo periodo.

Esos dos fenómenos tienen una causa común: el peso regulatorio del Estado. No es la única causa, por supuesto, pero es la más importante. Según el índice de competitividad del Foro Económico Global, el Perú está en el puesto 128 entre 141 países en peso de la regulación gubernamental. Los emprendimientos –sobre todo los pequeños y medianos- no pueden soportar el peso de las excesivas regulaciones, y por eso operan en la informalidad o contratan personal informalmente. Y eso les resta competitividad a sectores sensibles a la competencia externa. Por eso han dejado de crecer.

La causa última es el Estado patrimonialista, capturado por grupos o gremios que lo usan para poner peajes a la producción y a los servicios y beneficiarse con poder y con pagos necesarios para acelerar los trámites. Y justificado con la ideología de la protección de los trabajadores, que encubre privilegios e impide una gestión basada en el mérito, y que sirve también de justificación a las leyes de corte clientelista que aprueban los políticos en el Congreso.

Esta es también la causa de otra debilidad estructural que nuestro crecimiento no ha logrado resolver: la mala calidad de los servicios públicos. No ha habido un problema de falta de recursos. El presupuesto del sector salud, por ejemplo, se multiplicó por 7 en términos reales –en soles constantes- en los últimos 20 años, pero el servicio mejoró relativamente poco. Con frecuencia los recursos fueron desviados a bolsillos particulares por una gestión patrimonialista organizada en redes de corrupción.

En todo esto, el empresariado no ha jugado tampoco el rol fiscalizador y propositivo que debió jugar. Al fin y al cabo, el sector privado transfiere al Estado todos los años un capital muy grande que es malgastado. Es responsabilidad del sector privado exigir resultados y formular propuestas de reforma a partir de su propia experiencia empresarial.

La conclusión es que el modelo necesita ser repotenciado y mejorado. Para ello se requiere adoptar las siguientes medidas:

  • Podar la maraña normativa mediante un programa intensivo a Análisis de Impacto Regulatorio de las normas existentes y de las que vayan a salir.
  • Digitalización del Estado
  • “Combo formalizador”: reemplazar los regímenes especiales tributarios y laborales por una escala gradual y progresiva en cada caso.
  • Formalización perfeccionada de la propiedad, catastro y reforma del saneamiento legal.
  • Restablecer la indemnización como compensación a la desvinculación laboral.
  • Colaboración público-privada en Mesas Ejecutivas para relanzar sectores estancados y sacar adelante nuevos motores de la economía, y para profundizar un cluster minero-industrial potente.
  • Empoderamiento tecnológico de las mypes y difusión masiva de las tecnologías de Sierra productiva en la economía campesina
  • Implantar la meritocracia en el Estado: servicio civil. Reforma meritocrática y de gestión de rendimiento en Salud y Educación.  APPs en la gestión de servicios públicos.
  • Impulso a la ciencia y tecnología
  • Reforma de la ley de contrataciones y de la gestión en infraestructura
  • Reforma de la descentralización
  • Gobernanza minera

El Plan de Gobierno de Fuerza Popular contiene un diagnóstico que coincide en términos generales con el que hemos formulado en este artículo, y plantea como eje central facilitar la recuperación y formalización de los pequeños simplificando regulaciones, titulando y concentrando la acción de apoyo al desarrollo de las mypes e introduciendo APP en la gestión de algunos servicios públicos. Se plantea una reforma tributaria para formalizar, pero no una reforma laboral.

Si Keiko Fujimori llega a la presidencia, necesitará una coalición parlamentaria que respalde estas y otras medidas, lo que supone convicción y decisión política de las bancadas.

Y para que este camino sea sostenible, se requerirá una reforma política que le de gobernabilidad a la democracia peruana. Y una reforma Judicial y policial que instale el imperio de la ley.

Un eventual gobierno de Castillo, en cambio, iría en muchos casos en el sentido contrario de las medidas enumeradas, agravando los problemas y terminando de destruir la capacidad de crecimiento del país. Lampadia




Híper burocracia estatal…

Híper burocracia estatal…

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 12 de marzo de 2021
Para Lampadia

La burocracia estatal está atiborrada de “servidores públicos” indolentes, ineptos y corruptos. El entrecomillado es adrede porque muchos “servidores” no son – para nada – serviciales de cara a la ciudadanía. Ciertamente hay burócratas honestos y eficientes. Pero ellos no son el problema. El problema son los burócratas que todo lo traban. Aquellos que maltratan a la ciudadanía a más no poder. Aquellos que le brindan pleitesía al dios soborno. Aquellos que se sirven de la ciudadanía, en vez de servirla.

Por ellos – por los malos burócratas – los servicios públicos están como están. Me refiero a servicios que el Estado está obligado a brindarnos como salud, educación, seguridad ciudadana, justicia, etc. Por ellos, muchas inversiones públicas están paralizadas. Por ellos, las inversiones privadas avanzan a paso de tortuga. Y para colmo de males, por ese cardumen burocrático las cuentas fiscales están en déficit. Muchos peruanos no están conscientes de que gran parte del presupuesto público se destina al pago de remuneraciones de esa burocracia parasitaria, la cual crece día a día.

El problema se ha agravado por la proliferación de instituciones públicas. Básicamente Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s), y Municipios Distritales. Tenemos 19 ministerios, alrededor de 70 OPD´s y 1,874 municipios distritales en el país. Pero eso no es todo. Hay en proceso de creación ¡120 nuevos distritos a nivel nacional!

En los últimos 20 años la burocracia estatal no esencial – es decir, excluyendo a médicos y enfermeras, maestros, policías y militares, y jueces y fiscales – ha crecido 10 veces (de S/. 3,500 millones en el 2000 a S/. 35,000 millones el año pasado). Mientras que la recaudación fiscal a cargo de la SUNAT aumentó 4 veces en dicho período (de S/. 25,000 millones en el 2000 a S/. 100,000 millones en el 2020). O sea, estamos aumentando desmedidamente la burocracia administrativa del Estado en desmedro de los servicios de salud, educación, seguridad y justicia. Y ni qué decir de las tan necesarias inversiones en infraestructura pública.

¿Qué sentido tiene que tengamos – por un lado – un Ministerio de la Producción, y – al mismo tiempo – un Ministerio de Energía y Minas, un Ministerio de Agricultura, ¿y un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? ¿Acaso no todo es “Producción”? En vez de cuatro, podríamos tener un solo ministerio que agrupe a todos.

¿Para qué tenemos Ministerio de la Mujer? ¿Y qué decir del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Un solo ministerio debería cubrir – con mayor eficiencia – todos los programas sociales. La verdad que tenemos ministerios por demás. Y como se sabe, a más ministerios… más burocracia. Y a más burocracia… más corrupción.

Algo parecido pasa con los distritos. Colombia tiene 50 millones de habitantes y 1,000 distritos en todo el país. Nosotros somos 33 millones de peruanos, pero tenemos más distritos que Colombia. ¡Casi el doble!

Bogotá – y Lima – tienen alrededor de 10 millones de habitantes, cada una. Son ciudades enormes. Sin embargo, Bogotá tiene un Alcalde y un Consejo Municipal para todo el territorio metropolitano. Mientras que Lima cuenta con un Alcalde Metropolitano y su Consejo Municipal… más 43 Alcaldes Distritales con sus respectivos Concejos Distritales. ¡Y lo mismo se repite en TODAS las provincias del interior del país! O sea… burocracias por las puras.

¿Se imaginan cuánto dinero habría para pagar mejor a maestros, médicos, enfermeras, policías y jueces; y para invertir más en carreteras, escuelas y hospitales… si elimináramos toda esa burocracia?

¡Disolver! ¡Eliminar! ¡Reducir! ¡Desaparecer! ¡Fusionar! Llamémosle como queramos. Pero para salir del caos burocrático – y presupuestal – en el que nos encontramos, tenemos que fusionar ministerios y reducir drásticamente las burocracias estatales. ¡No a la proliferación de instituciones públicas – inoperantes y costosas – a lo largo y ancho del país!

¡Quién se atreve a tomar al toro por las astas… y reducir – drásticamente – el cardumen burocrático en el Estado! ¡Quién se atreve a gobernar para servir a la ciudadanía, en vez de servirse de ella! Lampadia




El fin de la pusilanimidad

El fin de la pusilanimidad

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 20 de noviembre de 2020
Para Lampadia

Una persona o autoridad pusilánime es aquella a la que le falta valor para enfrentarse a dificultades o peligros. El expresidente Vizcarra – por ejemplo – fue pusilánime respecto al proyecto minero Tía María en Islay, Arequipa. Todos recordamos cómo se chupó frente al Gobernador Regional de Arequipa y algunos alcaldes de la zona.

Al contrario, los manifestantes de las protestas de estos días – sobre todo, los jóvenes – demostraron fehacientemente que no son pusilánimes. Efectivamente, nuestra población es valiente, enérgica, audaz y decidida. Si no, pregúntenle al efímero expresidente Merino. Bastó un multitudinario y sonoro – Merino no me representa – y Merino fue.

Más aún, Merino cayó a pesar de estar premunido de toda la legalidad del caso. La vacancia de Vizcarra y la sucesión presidencial se cumplieron de acuerdo con la Constitución y las leyes, aunque algunos discrepen de ello. Pero ese no es el tema. El tema es que la población no quería a Merino. – Merino no me representa – fue el grito de la calle… y punto. La población se zurró en las formas e impuso su poder de coacción… y triunfó.

Ahora bien, si la población – a través de su poder de coacción – se tiró abajo a un presidente de la república ¿por qué no se tira abajo a los funcionarios corruptos responsables de los servicios públicos que el Estado no brinda, a pesar de estar obligado a ello? Me refiero – por ejemplo – a los servicios de agua, salud, educación y seguridad.

A ese respecto – y contra lo que acaba de suceder en las calles y plazas de todo el país – mucho se comentaba acerca de la mansedumbre de nuestra población frente al maltrato del Estado, en general. Y en particular, frente a la pésima dotación de los servicios antes mencionados.

Por ello pregunto ¿cómo no protestar por la falta de agua en casi todas las ciudades y centros poblados del país? si el dedo acusador apunta a los alcaldes y funcionarios ediles que dirigen las empresas municipales prestadoras de servicios de agua y saneamiento… más conocidas como EPS´s.

Incluso, si los pésimos servicios de salud pública – yo puedo dar fe de ello – se deben a las mafias enquistadas en casi todas las instituciones del sector; empezando por el propio Ministerio de Salud. ¿Acaso la diosa coima no está detrás de los hospitales inacabados, inoperativos – y abandonados – que están desperdigados por todo el país? ¡Cómo no protestar por ello!

Y qué decir de la súper burocratización en el sector educación, que no es otra cosa que clientelismo político puro y duro. Más aún, sabiendo que detrás de ese clientelismo está agazapada la corrupción. ¿Y la “consultivitis” en el Ministerio de Educación? Esa que es puro “Copiar – Pegar” y que no sirve para nada… pero que cuesta un montón de plata. Eso también es corrupción. ¡Cómo no protestar por ello!

Y por último ¿acaso la Policía no está infiltrada de mafias criminales? ¿Acaso la delincuencia no está coludida con las inspectorías municipales de todo el país? ¿Y los serenos que chantajean a los ambulantes para evitar el decomiso de la poca mercadería que tienen para vivir… al día? ¿Acaso eso no es corrupción? ¡Claro que hay motivos para protestar!

Sin embargo, en vez de llamar las cosas por su nombre – léase, corrupción de funcionarios – muchos peruanos se van por las ramas y atribuyen dichas carencias a la “constitución fujimorista” o al “modelo económico neoliberal”.

No se engañen. La corrupción es la causante del maltrato del Estado a la ciudadanía. No es la Constitución… y menos el modelo económico. En Ica demostramos que la corrupción era la madre del cordero. Apenas sacamos a los médicos corruptos de los hospitales regionales, eliminamos las colas y mejoramos sustancialmente la atención a los pacientes. Lo mismo hicimos en las demás direcciones regionales y todo mejoró de cara a la ciudadanía. Mejoró la dotación de agua, gracias al hermanamiento que logramos con Huancavelica. Mejoró la educación y la seguridad. Por supuesto nunca faltan los quejosos de siempre que nada – ni nadie – los satisface… pero allá ellos con sus iras y rabias. ¡Ni hacerles caso! <El hecho es que en Ica – combatiendo la corrupción – mejoramos los servicios públicos.

Finalmente, cuidado con las generalizaciones. No todo joven es constructivo y digno. Hay vandalismo juvenil. Muchos videos lo demuestran. Y no todo policía es abusivo y corrupto. Hay integridad policial. Muchos videos también lo demuestran. Seamos objetivos. En las manifestaciones de la semana pasada se vio de todo: jóvenes dignos, jóvenes vándalos, policías abusivos, y policías dignos.

La buena noticia es que la gran mayoría de jóvenes y policías actuaron del lado del bien. ¡Un aplauso para la juventud peruana! ¡Y otro igual para la Policía Nacional del Perú!

Por fin… ¡se acabó la pusilanimidad en nuestro país! Lampadia




PANDEMIA de MUNICIPALIDADES

PANDEMIA de MUNICIPALIDADES

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

En los últimos 80 años, el Estado Peruano ha creado 2 departamentos, 74 provincias y 810 distritos adicionales.

En medio de la Pandemia, el Congreso y el Ejecutivo no han cesado en su tarea de dividir aún más nuestro fragmentado país y han seguido creando distritos:

En el Congreso hay más proyectos de ley para crear distritos, por lo cual no deberá extrañarnos los 1881 distritos actuales lleguen a 2000 en los próximos años.  La pregunta es:

¿Tener el Perú dividido en 1881 distritos ha sido mejor que tenerlo dividido en 1793 como estaba el año 1993 o en 1064 como estuvo en 1940?

Deben existir razones para pensar que sí. Veamos algunas:

  • Más cercanía de la autoridad local a la población, sobre todo rural.
  • Mayores posibilidades de participación política de los ciudadanos en las decisiones locales.
  • Posibilidad de acceder a los servicios públicos brindados por el Estado

Sin embargo, hay más razones para pensar que la fragmentación del territorio no es positiva:

  • Genera incremento del gasto público con más alcaldes, regidores, gerentes y más gasto corriente.
  • Origina la atomización del presupuesto público que ahora se parte en más y se gasta más en gasto corriente que en obras o servicios públicos.
  • Origina una constante presión de gasto desde la periferia del Estado que explica nuestras altas tasas de impuesto al valor agregado y a la renta, ya que la necesidad estatal crece cada año.
  • Origina la pérdida de la economía de escala en la gestión pública de compras estatales, provisión de servicios y obras de infraestructura.
  • Genera mayor espacio para la corrupción en la instancia local

La crisis del COVID 19 evidenció también que la gran mayoría de municipalidades distritales carecía de bases de datos eficientes sobre población vulnerable para orientar mejor la distribución del apoyo social, que no han tenido capacidad de gestión en la emergencia y que en muchas de ellas se ha dejado un gran espacio para la corrupción. No olvidemos la Contraloría visitó 946 municipalidades y encontró “deficiencias en la distribución, almacenamiento, procesos de compra y en los productos recibidos” y detectó también que “1,100 funcionarios públicos recibieron las canastas de emergencia” que se había destinado a las familias sin recursos y no a la burocracia estatal.

¿Por qué se siguen creando entonces más municipalidades distritales?

Aquí algunas respuestas.

  • Los congresistas y sus partidos tienen la necesidad de pagar favores políticos con grupos de apoyo, políticos locales y poblaciones afines. La mejor forma: crearles más Estado con presupuestos, puestos públicos y programas sociales que atender. En este afán han participado políticos de todo tipo.
  • Los congresistas buscan crear bolsones electorales afines. En un país tan fragmentado políticamente estos pequeños bolsones electorales permiten obtener un congresista aquí, otro allá y otro más allá y construir bancadas de 8, 10 o 12 en el Congreso. La supervivencia de algunas organizaciones políticas como Somos Perú y APP se explica en cierta medida por el aporte de estos pequeños bolsones electorales.
  • Existen muchos recursos de canon minero o hidrocarburífero a los cuales se busca acceder. El más paradigmático debe ser el caso del distrito de Megantoni, que se creó para administrar el canon de Camisea.
  • El Estado sigue siendo visto como el principal proveedor de empleos, recursos y servicios.
  • Los programas sociales son un espacio natural para el clientelismo. Conseguir votos en base a programas sociales no lo inventaron Humala y Nadine siguiendo el modelo chavista. Lo inventó Perón y destruyó la nación más próspera y culta de América Latina. Manejarlos es la primera tarea de los políticos y la municipalidad distrital es la primera célula para hacerlo. Allí está la razón del interés de los políticos de crear municipalidades.

Esta PANDEMIA de MUNICIPALIDADES seguirá porque responde a la agenda de los políticos. Los que están en el “negocio” de la política necesitan más Estado, más puestos públicos que repartir, más presupuestos que gastar, más obras que dirigir. Sólo una toma de conciencia de lo que esta enfermedad política genera para todo el país podría revertir este estado de cosas y llevarnos a pensar en un Estado más eficiente, más pequeño, que gaste mejor nuestro dinero y que no lo dilapide de esta forma.

Las limitaciones presupuestarias que se vienen por la crisis generada por la Pandemia debieran, al contrario, llevarnos a pensar en:

  • La unificación o reunificación de distritos en lugar de la creación de nuevos.
  • La sustitución de distritos por unidades ejecutoras, distritos menores o agencias municipales con cierto nivel de autonomía de gasto.
  • La reducción de los costos de la representación política con la reducción de dietas y sueldos municipales y el establecimiento de ratios para el gasto corriente.
  • La creación de normas que incentiven el ahorro en el gasto municipal para su empleo en obras de impacto interdistrital, en lugar de normas que alientan el gasto así sea el último día del año.
  • La prohibición franca y abierta de nuevos puestos estatales. Tenemos 1.6 millones de empleados estatales. 1 de cada 20 peruanos trabaja para el Estado. Esta cifra tiene que reducirse. No puede crecer, mucho menos en nuevos alcaldes, regidores y gerentes municipales.
  • La creación de distritos debe contar la opinión de los distritos afectados por la redistribución territorial y presupuestal.

La PANDEMIA de MUNICIPALIDES debe ser controlada por el bien de todo el país. Pensemos a la hora de votar y recordemos a los partidos que más han contribuido en esta enfermedad política. Lampadia




El crecimiento desordenado e incontrolable del empleo público

El crecimiento desordenado e incontrolable del empleo público

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que ha ocurrido en el Estado en la última década ha sido un crecimiento desordenado e incontrolable del empleo público. El gasto en personal se multiplicado varias veces, pero el desempeño de ese personal no ha mejorado. Los servicios públicos siguen siendo tan ineficientes y corruptos como antes.

Juan José Martínez, jefe de SERVIR, nos explica que hay contrataciones de personal disfrazadas, pagos no registrados. Esto comenzó a descubrirse desde que el 2001 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió información de remuneraciones a las entidades públicas. Recién informaron al tercer año, bajo amenaza. Cruzaron la data enviada con RENIEC y se encontró una cantidad significativa de personal ya fallecido que milagrosamente cobraba su sueldo.

Pagos ocultos

El 2018 se creó en la ley de presupuesto el concepto partidas restringidas, por el cual el (MEF) congela una partida cuando ésta carece de justificación o sustento. De esa manera fueron congelados 10 mil millones de soles. Para liberarlos, cada entidad debía justificar su uso. Allí fue que aparecieron negociaciones colectivas y laudos arbitrales que otorgaban beneficios unilaterales a trabajadores. Fue el caso de RENIEC, por ejemplo, cuyo personal realizó una huelga debido a que el MEF congeló algunos de esos pagos que no estaban previstos presupuestalmente.

En muchos casos se descubrió pagos a trabajadores en partidas que no correspondían, que no eran gasto de personal. Por esa vía se ocultaba aumentos irregulares a trabajadores. Muchas entidades pagan por fuera del sueldo conceptos tales como movilidad, alimentación, vestuario e inventan otros conceptos, como una manera de incrementar la remuneración. Se paga, por ejemplo, 20 soles diarios por movilidad, pero en realidad ese dinero es de libre disposición. Y 20 soles diarios más por alimentación, y así…

Parece que este año se va a empezar a ordenar este caos, y las causas que lo generan. Es decir, a controlar la expansión inorgánica del gasto en personal que, por lo demás, tampoco redunda en una mejora de los rendimientos institucionales.

Martínez nos informa que este año se formarán comisiones en las que estarán representantes de MEF y de SERVIR con representantes de cada pliego presupuestal a fin de revisar todos esos pagos que hasta ahora permanecían ocultos y determinar cuáles tienen marco legal y cuáles no. Pues el MEF no ha validado todavía esos abonos ni las justificaciones que las entidades han remitido.

Lo segundo es controlar las causas de ese desorden. Se ha establecido, por ejemplo, que cada vez que una entidad quiera contratar a una persona por Contrato Administrativo de Servicios (CAS), deberá enviar una consulta fundamentada a SERVIR, como paso previo al filtro del MEF. Esto ha entrado en vigencia a partir del 1° de enero del 2020.

Hemorragia de reincorporaciones judiciales inconstitucionales

Un problema muy serio es la hemorragia de reincorporaciones judiciales de los CAS y locadores de servicios, pese a que se trata de contratos temporales. Los gobiernos regionales y locales tienen mandatos de reincorporación por cientos. Un reciente informe de SERVIR, que analiza esas sentencias judiciales, revela que los jueces aplican indebidamente el principio de ‘primacía de la realidad’: si el demandante demuestra que hay subordinación y remuneración y que realiza labores de naturaleza permanente, entonces no puede ser cesado ni destituido. Es decir, adquiere estabilidad laboral absoluta.

Es un razonamiento que puede ser válido para el sector privado, pero no para el público, donde para tener estabilidad se requiere haber ingresado por concurso público y tener una plaza presupuestada. Lo estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia Huatuco (Expediente N° 05057-2013-PA/TC.), según la cual solo se puede reincorporar a un servidor si éste ingresó por concurso público, a una plaza presupuestada vacante y a plazo indeterminado. Y esas condiciones no se cumplen ni en los CAS ni en los locadores de servicios que, sin embargo, son repuestos con estabilidad absoluta aun cuando su contrato haya vencido. Esta práctica judicial se ha convertido en un vicio que le representa al Estado peruano una gran cantidad de dinero sin contrapartida en un servicio efectivo.

Y que, además, viola los principios de meritocracia e igualdad de oportunidades consagrados, por lo demás, en el artículo 5° de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. Los jueces no entienden aun que el Estado maneja recursos de todos los peruanos y que por lo tanto debe aplicar a su personal los más exigentes estándares de desempeño meritocrático y no puede ser botín de políticos clientelistas ni de jueces que también son pagados con nuestros impuestos.

El gobierno debería tomar la decisión de emitir un Decreto de Urgencia que fije estos criterios de reposición y capacitar sobre ello al Poder Judicial.

Dicho sea de paso, una observación interesante: cuando esos locadores de servicios o CAS pasan a la 276 con estabilidad, trabajan mucho menos que en el régimen temporal. Lo que habla de la necesidad de reformar incluso la propia ley del régimen del servicio civil para con condicionar la estabilidad del rendimiento. Finalmente estamos usando recursos de todos los peruanos que no se pueden malgastar en personal que no sirve adecuadamente al ciudadano.

Arbitrajes laborales

Otra fuente de drenaje incontrolable de recursos son los arbitrajes laborales. Ocurre que los sindicatos optan por saltarse la negociación colectiva y pasar directamente a dichos arbitrajes, como resultado de los cuales se otorga todo tipo de beneficios, sobre todo en las entidades que tienen ingresos propios. Pero los empleados que están en el régimen de la ley 276 no reciben nada. Se requiere entonces regular niveles, ámbitos y materias, mediante una ley de negociación colectiva para el sector público. Para ello sería conveniente que el gobierno promulgue por DU el proyecto de ley de negociación colectiva en el sector público que ya había sido aprobado en comisión de Descentralización del Congreso disuelto y que el propio Tribunal Constitucional había demandado.

En resumen, es indispensable que se ponga orden en el sistema de recursos humanos del Estado, a fin de controlar el libertinaje de su expansión, cortar o acotar las fuentes de contrataciones disfrazadas, pagos ocultos y reposiciones indebidas, y establecer un sistema meritocrático que asegure que los recursos de todos los peruanos se usan de la mejor manera posible para asegurar servicios públicos eficientes. En general, está pendiente la gran reforma de un servicio civil meritocrático, basado en la gestión de desempeño. La función redistributiva del Estado es vital para asegurar la igualdad de oportunidades en nuestro país y no puede ser sacrificada en aras del clientelismo político o el populismo judicial. Lampadia




La calle atormenta América Latina

La calle atormenta América Latina

Las recientes protestas en buena parte de América Latina han significado un duro golpe a la derecha política gobernante e inclusive la ha lanzado a implementar ciertas políticas públicas, que fuera de constituirse como soluciones a los problemas económicos y sociales que subyacen en tales países, son meramente placebos y populismos para calmar la violencia.

Fijación e incrementos de salarios mínimos, permanencia de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos, topes a los costos de los medicamentos, entre otras medidas reflejan cómo las ideas del liberalismo poco a poco van perdiendo terreno frente a un intervencionismo en los mercados hechos para satisfacer a un populorum que reclama cambios al “modelo” imperante en sus países.

Esta problemática es muy bien descrita en un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo, en el cual se incide sobre la aguda debilidad de los gobiernos frente a estas manifestaciones. Ello, en un contexto de desaceleración económica y escándalos de corrupción, no vaticinaría buenos visos para el futuro inmediato de la región.

Como se deja entrever del análisis The Economist, el Perú ha quedado exento, por el momento, de manifestaciones tan violentas como las acaecidas en Chile, exceptuando las recientes protestas de los colectiveros en la capital, porque el presidente Vizcarra ha evitado emprender las reformas estructurales que el país necesita pero que son impopulares frente al ojo público. Aquí se encuentra por ejemplo la reforma laboral, que lejos de concretarse, se la apuñala con un anuncio de incremento del salario mínimo que se hará efectivo a inicios del próximo año.

Dado que el populismo es lo único que mantendría los índices de aprobación de Vizcarra, sería solo cuestión de tiempo para que el descontento de la población aflore por el frenazo por el que se encuentra pasando la economía peruana. Ojalá que esto, solo por mera imitación de los del vecindario de la región, no se concrete en manifestaciones violentas y más bien llame la atención a la administración de gobierno actual para retomar la agenda del desarrollo que requiere el Perú. Lampadia

La calle desafía a los políticos de América Latina

La región sufre un caso agudo de descontento que está barriendo el mundo

The Economist
30 de noviembre, 2019
Traducido y comentado por Lampadia

Otra semana, y otro país latinoamericano está en la calle. Ahora es Colombia, donde se han producido grandes protestas desde el 21 de noviembre. En otros lugares, las manifestaciones han sido provocadas por cosas específicas, incluso si las demandas de los manifestantes iban más allá de ellas: aumentos en las tarifas del metro en Chile y los precios del combustible en Haití y Ecuador, y fraude electoral en Bolivia. Pero en Colombia solo hay un sentimiento generalizado de descontento con un gobierno impopular. Ha llevado a grupos dispares a las calles, desde estudiantes, sindicalistas y activistas indígenas y homosexuales hasta arqueólogos contra la minería. Un estado de ánimo similar prevalece en gran parte de la región. Cuanto más se prolongue, más puede paralizar a los gobiernos.

Las protestas no carecen de precedentes ni se limitan a América Latina. A principios de la década de 2000, los gobiernos elegidos fueron derrocados en Argentina, Ecuador y Bolivia (dos veces, en desórdenes liderados por Evo Morales, quien acaba de sufrir el mismo destino). Grandes protestas surgieron de casi nada en Brasil en 2013.

Como en 1968, este es un momento de descontento global, pero es particularmente intenso en América Latina. Las protestas no son su única manifestación. La ira popular apareció el año pasado en victorias electorales para populistas contrastantes, Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México. La tendencia general de las recientes elecciones latinoamericanas ha sido la derrota de los titulares, confirmada en el regreso del peronismo en Argentina en octubre. En Uruguay, Luis Lacalle Pou, de centro-derecha, parece haber terminado 15 años de gobierno de centro-izquierda en una elección presidencial el 24 de noviembre.

Las causas de este mal humor incluyen el estancamiento o la desaceleración económica, la disminución de oportunidades y el miedo a volver a caer en la pobreza en medio de una persistente desigualdad profunda. La brecha entre ricos y pobres no se ha ampliado en América Latina, pero se ha vuelto más visible. Tomemos a Chile, donde Costanera Center, un centro comercial construido alrededor de una torre de oficinas de 64 pisos en Santiago, ha sido objeto de ira. “Una persona que gana 300,000 pesos [US$ 375] al mes ve un bolso que cuesta 4 millones de pesos”, dice Marta Lagos, de Mori Chile, una encuestadora. Ferraris y Maseratis han llegado, sus propietarios aparentemente ajenos a las viviendas deficientes, los autobuses superpoblados y la atención médica irregular.

La clase política de América Latina ha sido desacreditada por la corrupción y los escándalos de financiamiento de campañas. Estos también son más visibles que en el pasado, gracias a fiscales más combativos, periodistas de investigación, denunciantes y leyes de libertad de información. En otras palabras, el crecimiento de la transparencia ha superado al de la buena gobernanza. Los partidos políticos, muchos de los cuales están debilitados y fragmentados, han dejado de hacer su trabajo fundamental de canalizar el descontento. En resumen, los políticos han sido dominados por la calle.

El diagnóstico es fácil, pero encontrar una cura será mucho más difícil, como están descubriendo los gobiernos. Muchos de los problemas tienen raíces profundas y sus soluciones son a largo plazo. Un mayor crecimiento, impuestos más progresivos, salarios mínimos más altos y una mejor provisión social calmarían el descontento. El problema es que el crecimiento depende de aumentar la productividad, lo que requiere reformas impopulares. Y las élites conservadoras se resisten a pagar más impuestos. La izquierda en Chile y Colombia se queda en la calle para ganar más concesiones. En 1968, el desorden global prolongado terminó en una reacción conservadora. Ese riesgo es especialmente alto en Chile, donde continúan el saqueo y el vandalismo.

La respuesta oficial inmediata ha sido correr para cubrirse. En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno canceló el aumento del precio del combustible y está luchando para obtener el consentimiento del Congreso para moderados aumentos de impuestos. El gobierno de Chile está luchando contra una acción de retaguardia contra las demandas de un gasto público mucho mayor. En Colombia, el presidente Iván Duque puede alejarse de las reformas laborales y de pensiones debatidas. En Brasil, Bolsonaro pospuso un proyecto de ley que recortaría los salarios y los empleos en el sector público inflado por temor a que pudiera desencadenar protestas.

La reforma rara vez ha sido fácil en América Latina. Más presidentes pueden imitar a Martín Vizcarra en Perú. En 20 meses en el cargo, eludió decisiones impopulares, como aprobar una gran mina. Montando una ola de ira antipolítica, cerró un congreso “obstructivo”. Junto con López Obrador, es uno de los cuatro únicos presidentes latinoamericanos con un índice de aprobación de más del 50%. Los gestos agradables para la multitud pueden calmar las calles. Posponen el descontento, pero no lo disminuirán. Lampadia




Los pacientes no reciben medicamentos y los genéricos son de mala calidad

Los pacientes no reciben medicamentos y los genéricos son de mala calidad

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La explosión social en Chile es una llamada de atención sobre la necesidad de mejorar sustancialmente la calidad de los servicios públicos en nuestro país, y en particular los de Salud. Los peruanos tienen que sentirse bien atendidos, que el sistema les resuelve el problema de salud por el que acudieron y que se llevan sus medicamentos gratis.

En su discurso de presentación de las políticas de gobierno realizado el 30 de octubre, el presidente del consejo de ministros, Vicente Zeballos, anunció varias medidas en ese sentido: un decreto de urgencia (DU) para que la población pueda tener acceso a medicamentos genéricos baratos, otro decreto de urgencia estableciendo el Aseguramiento Universal en Salud (AUS), por medio del cual los 4 millones de peruanos que aún no cuentan con seguro de salud alguno puedan acceder al Seguro Integral de Salud (SIS). Y la implementación de un Modelo de Cuidado Integral de Salud para las personas, familias y la comunidad a nivel nacional, entre otras medidas.

Cabe preguntarse, entonces, si esas normas implican que el gobierno ha puesto en marcha una reforma seria de la salud y si están bien orientadas.

En esta nota nos concentraremos en el primero de los DU, el de medicamentos genéricos. Este fue presentado como una medida para que la población de escasos recursos tenga acceso a medicamentos genéricos de bajo costo, obligando a las farmacias a mantener un stock determinado de 40 genéricos puros. Esta puede ser una norma positiva en la medida en que las cadenas de farmacias estén ofreciendo en mayor medida medicamentos genéricos de marca, más caros, que los genéricos puros, aunque es probable que afecte a las pequeñas boticas que no podrían cumplir con el stock obligatorio, que aún está por fijarse. Pero la mayor parte del problema, como veremos, está en la corrupción y desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos del Estado, que atienden al 80% de los peruanos.

¿Hay intervencionismo?

Comencemos por la obligación que tendrán las farmacias de mantener un stock de medicamentos genéricos puros. Jaime Dupuy, de Comex, opina que establecer listas de disponibilidad en las farmacias y boticas privadas podría considerarse inconstitucional, por afectación del libre mercado y la libertad de empresa.

Pero hay quienes opinan que tal intervención se justifica ante el carácter casi monopólico de ese mercado. Incluso hay quienes consideran que habría que ir más allá y fijar un “mark up”, es decir, un porcentaje máximo de margen sobre el costo de adquisición del medicamento, pues –se argumenta- tener genéricos disponibles no necesariamente impedirá que las cadenas vendan productos con un alto margen para ellas. Es así –se afirma- como se regula en los países de la OECD, en Europa. Se le pediría una declaración jurada a las cadenas y a los proveedores, y eventualmente se auditaría esas declaraciones.

Sin embargo, también es cierto que empezar a regular precios, aunque sea de esa manera, podría ser peligroso pues no sabemos dónde podemos acabar en un área políticamente sensible. Las empresas podrían terminar siendo afectadas en su rentabilidad y sobrevivencia.

Calidad de los genéricos: intercambiabilidad

Un problema serio es la calidad de los genéricos, pues mientras el público no confíe en la idoneidad de los genéricos puros, seguirá comprando genéricos de marca, pese a que cuestan más caro. Según Vincent Poirer-Garneau de Apoyo, el 50% de las personas prefiere genéricos de marca, por seguridad. Y los que compran genéricos puros se arriesgan a agravar su enfermedad con consecuencias que pueden ser eventualmente fatales.

Lo que debe hacerse, entonces, señala Poirer-Garneau, es aplicar la ley de intercambiabilidad que se dictó el 2009, de modo de asegurar, con estudios, que los genéricos son igualmente eficaces que los productos originales. Con eso, las marcas ya no tendrían sentido y los consumidores podrían pedir el principio activo más barato con la seguridad de que es igual al producto original.

Vincent Poirer-Garneau pone los ejemplos de Chile y México donde la aplicación de políticas de intercambiabilidad ha llevado a que el consumo de genéricos en el mercado pase de 59% a 71% en el primer caso y de 50% a 88% en el segundo caso. En el Perú ese porcentaje era del orden del 38% el 2017 y podría subir hasta el 76% si, luego de aplicar políticas de intercambiabilidad, se diera el incremento mexicano.  

Según Vincent Poirer-Garneau, el primer año el costo de las pruebas para verificar la intercambiabilidad de los genéricos no superaría el 1% de los ingresos de los principales laboratorios en el Perú (48 millones de soles). Esto basado en la experiencia chilena, en donde se exigía analizar una primera lista de 79 ingredientes farmacéutico activos (IFA), cada uno con seis moléculas (un total de 474 moléculas). De estos, 20% eran in vivo, a un costo promedio de S/385 mil por prueba, mientras que el resto eran in vitro, a un costo promedio de S/30 mil por prueba. Pero es el Estado quien tendría que exigirlo, quien a su vez tendría que gastar 24 millones de soles para supervisar el cumplimiento de la norma. Pero, según Poirer-Garneau, luego de ello, los pacientes se ahorrarían 2 mil millones de soles al comprar genéricos puros intercambiables en lugar de genéricos de marca.

Además, se puede hacer valer los estudios de intercambiabilidad de los países de alta vigilancia sanitaria, lo que está previsto en la ley, pero la Digemid, al decir de la industria, no les da trámite a los pedidos presentados. Según Angela Flores de Alafarpe, los laboratorios han elevado, desde marzo del 2019, 50 expedientes de este tipo para su aprobación a la Digemid, y no ha salido ninguno.

Establecimientos del Estado desabastecidos

Pero, como decíamos más arriba, el problema principal está en los establecimientos del Estado, donde acuden cerca del 80% de los peruanos sin que, en muchos casos, encuentren los medicamentos que les recetan. Ellos deberían tener acceso no a genéricos baratos, sino gratuitos, pero la realidad es que un 40% de las personas atendidas por el SIS no pueden llevarse sus medicamentos gratis. En muchos casos hay corrupción: recetas falsas para obtener medicamentos que luego son desviados a las farmacias cercanas a los establecimientos, por ejemplo. También hay problemas de gestión: según José Ignacio Beteta, de Contribuyentes por respeto, este año se destinó 807 millones de soles para compra de medicamentos pero al mes de noviembre el gobierno nacional, que dispone del 60% de ese monto, solo había ejecutado el 50% del presupuesto.

Es más, si los 4 millones de peruanos que aún no están cubiertos por seguro alguno y que serían incorporados al SIS, encontraran también medicamentos gratuitos en los establecimientos de Salud del Estado, ya nadie en el Perú tendría que ir a las farmacias a comprar lo que no encuentra en la botica pública.

Operador logístico central potenciado

Hay que decir, sin embargo, que el DU pretende atacar este problema definiendo unos llamados “recursos estratégicos de salud” que serán adquiridos y distribuidos por medio de un operador logístico central, el actual CENARES, que sería modernizado y potenciado para tal efecto. Según Gustavo Rosell, viceministro de Salud, este operador logístico central atendería primero a los establecimientos del Ministerio de Lima, luego a los de los gobiernos regionales y finalmente a Essalud y las sanidades de las fuerzas armadas y policiales. A todo el sector público.

La idea es centralizar las compras y los pagos. En la actualidad, hay 176 unidades ejecutoras (hospitales, regiones) compradoras de medicamentos. La idea es que, a la larga, solo haya una. El Dr. Victor Bocangel, Coordinador del Programa Creación de Redes Integradas de Salud, me informa que el CENARES ejecuta el 65% del presupuesto destinado a productos farmacéuticos adquiriendo el 40% de los ítems que comprende el petitorio nacional de medicamentos, que alcanza a 748 productos. El CENARES los compra, pero los pagan las regiones o los establecimientos, y eso es un problema porque el proveedor gana una licitación a nivel central pero luego el establecimiento no ejecuta la orden de compra y no paga. El establecimiento aprovecha el dinero sobrante para hacer compras al menudeo que suelen ser corruptas. Con este nuevo sistema el CENARES compraría y pagaría. El dinero no se descentralizaría. Además, al haber comprador único para los medicamentos y equipos para todo el Estado, se conseguiría mejores precios y habría más transparencia.

La idea es que CENARES haga todas las compras y pague a los proveedores cuando estos entreguen en el punto de destino.

¿Cómo asegurar que CENARES se convierta en una unidad eficiente, tecnificada y transparente? Según la ex Ministra Tomas, ese es uno de los 5 componentes del proyecto de Modelo de Cuidado Integral que se implementará al principio en seis redes integradas con un préstamo del Banco Mundial y del BID por un total de $300 millones de dólares, de los cuales $30 millones se destinarán al almacén central y otros elementos de este operador logístico.

En efecto, el quinto componente de ese proyecto se define así: “inversión para mejorar la dotación, programación, almacenamiento, distribución y entrega de medicamentos e insumos a los usuarios, mejorando la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud que resuelva el problema de disponibilidad y acceso a los medicamentos”.

¿Mejor tercerizarlo?

Jaime Dupuy de COMEX, sin embargo, opina que “si la idea es que el propio CENARES (MINSA) sea quien compre y a su vez sea el operador logístico, creo que no se solucionará mucho el problema. Tercerizar la figura del operador logístico y el uso de TIC para el planeamiento y distribución, como el caso de SALOG con ESSALUD, parece más efectivo”.

Essalud, efectivamente, tiene ese servicio logístico tercerizado para Lima en la empresa SALOG. La experta Janice Seinfeld dice en entrevista en La República (17/11/19): “Cuando los afiliados al SIS van a buscar algo uno de cada dos pacientes recibe todo lo recetado. Es bajo. En el caso de Essalud la disponibilidad es bastante más alta: 9 de cada 10 reciben lo recetado. Essalud tiene un operador logístico privado y cuando no hay un medicamento se puede ver en qué parte de la cadena se quedó. Ese sistema de información se necesita en el Minsa y en los gobiernos regionales. La ventaja de un privado es que se le puede exigir un estándar de calidad mucho más alto”.

Moisés Rosas, ex jefe del SIS, piensa que existe el riesgo de que la adquisición y distribución centralizadas no funcione bien, y que es clave la demanda de los establecimientos. En realidad –explica- un establecimiento o dirección regional de Salud puede ser eficiente en la adquisición y distribución de medicamentos si es que se aplica los incentivos de gestión adecuados. Si el SIS les retiene el 30% del presupuesto cuando se vea que los pacientes no se están llevando los medicamentos gratis, entonces esas unidades ejecutoras tienen que negociar y aplicar mejoras y recién se les entrega el presupuesto cuando demuestran que están entregando los medicamentos a los pacientes. Se trata del manejo de un pago condicionado muy poderoso.

Ángela Flores también pone énfasis en la necesidad de que se aplique el modelo de pago por resultados. Se trata de garantizar que efectivamente lo que compre el operador logístico llegue oportunamente al establecimiento y sea de calidad, seguro y eficaz para los pacientes. La trazabilidad es fundamental en esto.

Jaime Dupuy de COMEX advierte, por su lado, una preocupación distinta: que el DU insiste en la posibilidad de hacer compras directas en el extranjero, lo que debería permitirse solo en casos de emergencia, pues “si tienes un buen sistema de compras público no necesitarías hacerlo”. Además, señala, se dispone la posibilidad de que el mismo MINSA comercialice al público medicamentos genéricos, lo que sería inconstitucional, por el rol subsidiario del Estado.

Resumen

En resumen, si queremos que la gente compre genéricos baratos en las farmacias, estos tienen que ser intercambiables, y para eso se requiere realizar las pruebas correspondientes. Los ahorros en el gasto de bolsillo serían muy grandes. Pero el problema principal está en el desabastecimiento de los establecimientos del Estado, donde los medicamentos deben ser no baratos, sino gratuitos, para el 80% de los peruanos que se atiende allí.  Para resolver eso el gobierno está planteando reforzar y modernizar un operador logístico central, pero sería mejor que esa función fuese tercerizada en un operador privado. Lampadia




Ideas para ponerle fin a la crisis económica de Argentina

A finales del siglo XIX, Argentina ostentaba la particularidad de ser el país con el mayor PBI per cápita de la región de América Latina y del mundo. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, en 1895 se encontraba compitiendo con las grandes potencias mundiales de aquellos años como EEUU, Bélgica, Australia y el Reino Unido.

Ranking mundial de países por PBI per cápita en 1895

Fuente: Fundación Libertad y Progreso en base a Maddison Project Database 2018

Gracias a la apertura comercial, a la estabilidad monetaria, a un marco institucional estable, a un estado pequeño y a industrias pujantes en sectores clave como la producción de carne y cereales, el país brotaba prosperidad y exhibía una calidad de vida que ni la gran potencia económica mundial de hoy en aquel tiempo, EEUU, podía alcanzar.

Sin embargo, algo sucedió en la década de 1930, que puso fin a tal círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo. Los golpes militares de aquella época derrocaron a los gobernantes que otrora introdujeran las reformas de mercado que habían tenido tanto éxito en el siglo XIX y gradualmente fueron introduciendo un mayor peso del Estado en la economía. Así, el asistencialismo, el déficit fiscal, el endeudamiento público y la consecuente inflación crónica se volvieron la panacea de los gobiernos de turno y fueron reforzados por el denominado socialismo latinoamericano, emprendido por los gobiernos del general Juan Domingo Perón y de los Kirchner.

Aún con los esfuerzos del actual presidente, Mauricio Macri, para proveerle a la economía argentina un respiro ante tal exorbitante intervencionismo estatal cuya existencia ya data de 70 años, este no se ha podido revertir en su gobierno. Y sus perversos efectos en la economía aún subsisten. No es de sorprender pues que en  el 2018, se siga contando con una inflación alta ubicada en 47.6% – la más alta en casi tres décadas – con una pobreza que ascendió al 32% – un aumento de 6.3 puntos porcentuales respecto al 2017- según las cifras oficiales provistas por el Indec, ente estadístico nacional argentino.  Ello con el agravante de una caída en la actividad en el orden del -2.6%, según el mismo ente.

Ante tal escenario, ¿Cuál es el camino que debería seguir Argentina para retomar el camino al desarrollo?

Como señaló The Economist en un reciente artículo (ver artículo líneas abajo) probablemente la respuesta esté en una de sus provincias, sorpresivamente, ubicada en la cordillera de los Andes: Mendoza.

El esfuerzo emprendido por su gobernador provincial, Alfredo Cornejo básicamente consistió en llevar a cabo políticas de austeridad y de mejora en la provisión de los servicios públicos, logrando un programa estabilizador, que a su vez, era respaldado por los votantes:

  • Por el lado fiscal, redujo sobremanera el déficit gubernamental heredado por anteriores administraciones, logrando superávits en años recientes. Esto se logró  mediante un racionamiento del gasto corriente, básicamente, planillas.
  • Por el lado de los servicios, las labores principales fueron las de repavimentación y ampliación de la cobertura de agua potable y alcantarillado.

Ambos ejes estratégicos son fundamentales para Cornejo, quien afirma que gracias a ellos la mencionada provincia está bien gobernada. En sus palabras, “Argentina ha sido una economía enferma durante tanto tiempo. Queremos ser un ejemplo”.

Este es pues el principal problema de Argentina y que subyace también en buena parte de las provincias al interior de nuestro país: la falta de gobernanza, reflejada en un sector privado que es coaccionado excesivamente por el Estado, y que no recibe nada bueno a cambio, particularmente, servicios públicos de mala calidad.

Esperemos que el presidente Macri abrace el enfoque de Mendoza, que más allá de producir buen vino, es un ejemplo de buena gestión pública, que sin duda, ayudaría a toda Argentina. Lampadia

El modelo de Mendoza
La provincia vinícola de Argentina ofrece lecciones sobre cómo reformar

Muévete rápido, pero lleva a los votantes contigo

The Economist
28 de marzo, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Cuando las uvas están listas para la cosecha, Mendoza, capital de la provincia argentina que comparte su nombre, organiza una fiesta. Durante tres días este mes, los juerguistas en carrozas de vid lanzaron uvas y melones a la multitud. Gauchos desfilaron. La “reina de la cosecha” de Argentina se llevó su corona a un espectáculo al aire libre.

La bacanal era un contraste con la oscuridad nacional. El PBI de Argentina se contrajo un 6.2% en el año hasta el cuarto trimestre de 2018. La tasa de desempleo urbano es del 9% y se espera que la inflación este año sea del 40%. Mendoza parece estar mejor. Los datos de ingresos para 2018 aún no están disponibles, pero la tasa de desempleo provincial es de solo el 5.9%. Una devaluación del peso ha ayudado a impulsar las ventas de vino, el turismo y el comercio con Chile.

Otra razón de la prosperidad de Mendoza, afirma el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, es que está bien gobernada. “Argentina ha sido una economía enferma durante tanto tiempo”, dice. “Queremos ser un ejemplo”.

Cornejo ha llevado a cabo en la provincia el tipo de políticas que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, un aliado político, ha estado tratando de promulgar a nivel nacional. Pero el gobernador, que, a diferencia de Macri, cuenta con una mayoría en la legislatura, ha tenido más éxito. Cornejo heredó un gran déficit presupuestario cuando asumió el cargo en 2015. A diferencia del presidente, lo resolvió rápidamente. Mendoza equilibró su presupuesto para 2017 y tuvo un superávit el año pasado. Planea tener otro en 2019.

El proceso fue doloroso. El gobierno de Cornejo recortó 8,000 de los 103,000 empleos estatales. Redujo el número de ministerios de 14 a ocho. Funcionarios de alto rango, incluido el gobernador, redujeron sus propios salarios en un 20%, lo que ayudó a amortiguar la oposición. “Hemos estado confrontando una cultura -por ejemplo, políticos que dan trabajo a las personas para garantizar votos- y eso es difícil”, dice Cornejo.

En su lugar, ha tratado de ganarse a los votantes proporcionando mejores servicios públicos. El gobierno repavimentó un tercio de los 17,000 km de carreteras de la provincia, amplió el alcantarillado y mejoró el acceso al agua potable, que aún no llega a todos los hogares. Cornejo ató los aumentos de sueldo de los maestros a su trabajo. Eso los enfureció. El gobierno ignoró “todas las  reglas de negociación con sus trabajadores”, rabió Sebastián Henríquez, líder sindical. Pero el ausentismo cayó bruscamente. A diferencia de muchas otras provincias, donde las escuelas se cerraron por huelgas, Mendoza abrió a tiempo el mes pasado.

Cornejo, quien dirige la Unión Cívica Radical centrista de Argentina, dice que las raíces de su política no radical se encuentran en su infancia. Al crecer en el valle de Uco, una zona rural de Mendoza, vio cómo los viñedos privados traían prosperidad.

Él está fomentando la empresa en otros sectores. En 2018, Mendoza aprobó una ley que permite a Uber ofrecer su servicio de taxi. En Buenos Aires, la capital del país, los taxistas han organizado violentas protestas contra Uber. La administración de Cornejo introdujo un marco legal para que las asociaciones público-privadas construyan infraestructura, principalmente carreteras, aunque las altas tasas de interés de Argentina las han mantenido en suspenso.

El año pasado, Cornejo permitió el fracking en Malargüe, la parte de Mendoza de la reserva de energía Vaca Muerta, que se cree que tiene el segundo mayor depósito de gas de esquisto del mundo. Eso provocó resistencia en otros lugares de la provincia.

El desorden de Argentina pone límites a la prosperidad de Mendoza. La incertidumbre económica hace que los inversores sean cautelosos. “Mendoza puede ser la excepción esperanzadora, pero es casi imposible separarlo de un país que aún enfrenta muchos problemas”, dice Marc Ricart, de Exagon Partners, una empresa de inversión de inicio que se enfoca en el cono sur de Sudamérica. Macri, quien se vio obligado a solicitar un préstamo de US$ 57 mil millones al FMI, está luchando tanto para promulgar la austeridad como para ganar la reelección en una contienda electoral que se realizará el 27 de octubre.

El legado de Cornejo parece más seguro. La constitución de Mendoza le impide cumplir mandatos consecutivos como gobernador. Pero se espera que su heredero político, Rodolfo Suárez, alcalde de la capital provincial, gane las elecciones para gobernador programadas para septiembre. Con suerte, Mendoza continuará liderando con su ejemplo. Lampadia




Omisión de Funciones… salvo honrosas excepciones

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 29 de marzo de 2019
Para Lampadia

Si la ley se aplicara en nuestro país, el Estado estaría atiborrado de denuncias por Omisión de Funciones. Veamos a qué me refiero. Es función del Estado servir a la ciudadanía a través de los siguientes servicios públicos: educación y salud, agua y desagüe, recojo y tratamiento de basura urbana, infraestructura de transportes y comunicaciones, cuidado del medio ambiente, justicia, seguridad ciudadana, entre otros.

¿Y cómo es la nuez? Pues…

  • Muy pocos peruanos tenemos agua potable continua. Algunos tienen agua esporádicamente. Y muchos – simplemente – no tienen acceso a ninguna red de agua potable.
  • La infraestructura de transportes deja mucho que desear.
  • La crueldad y el maltrato son denominadores comunes en los servicios de salud pública. La corrupción está enquistada en casi todos los hospitales del Estado.
  • La basura está tirada por calles y plazas, y nuestros ríos y mares están llenos de plásticos.
  • La educación pública está muy lejos del nivel que merecen nuestros estudiantes.

Y en cuanto a los servicios de justicia ¿qué quieren que les diga? Últimamente, la prensa y la televisión se han ocupado inextenso de la corrupción en este sector. Ante tal nivel de podredumbre cabe preguntarse ¿qué justicia podemos esperar los peruanos? Y ¿qué decir de la inacción del Estado frente a su función de brindarnos seguridad? ¿Qué hace el Estado frente a los frecuentes bloqueos de carreteras, sabotajes anti petroleros, barras bravas, infracciones de tránsito, comercio ambulatorio, invasiones de tierras, y demás delitos flagrantes?

En general, el Estado se hace de la vista gorda ante muchos casos como los mencionados en el párrafo anterior. En ese sentido – en términos jurídicos – el Estado incurre sistemática y recurrentemente en delitos de Omisión de Funciones… salvo honrosas excepciones.

¿Cuáles son esas honrosas excepciones? Pues aquí van dos que merecen nuestro máximo reconocimiento. Dos extraordinarios ejemplos de lo que significan los principios de autoridad y justicia. Dos ejemplos que deben marcar la pauta respecto al orden y legalidad que queremos la gran mayoría de peruanos.

Me refiero – en primer lugar – a la estupenda intervención del Estado en el desalojo de esos infames personajes de La Pampa en Tambopata. Por fin se acabó la terrible afectación ambiental en esa parte de nuestra preciosa y sagrada Amazonía. Y ¡qué decir de la trata de menores y demás casos de lumpen y miseria humana que se habían enquistado en aquel – otrora – majestuoso paraje de Madre de Dios! Un Estado justo, firme y respetado… ¡eso es lo que queremos los peruanos!

Y, en segundo lugar – aunque no por ello menos importante – debo referirme al alcalde Forsyth de La Victoria, y reconocer su liderazgo y compromiso en el ordenamiento del emporio comercial de Gamarra. Ojalá tuviéramos más alcaldes como él. Loor también a la Policía Nacional del Perú por su efectividad e inteligencia en aquel mega operativo. ¡Impecable! Un aplauso para estos dos grandes ejemplos de autoridad y justicia de parte del Estado.

Sin embargo, la pregunta es ¿por qué tantas Omisiones de Funciones, y por qué tan pocas honrosas excepciones? ¡Tanto les cuesta a nuestras autoridades seguir el ejemplo de Tambopata y La Victoria! La Omisión de Funciones en el Estado es un sancochado de ineptitud, cobardía, sabotaje, populismo, victimización, chantajismo, corrupción… y muchas lacras más. Lampadia




La naturaleza del trabajo está cambiando

La naturaleza del trabajo está cambiando

Los temores de que los robots les quitarán empleos a las personas es un tema muy debatido, sin embargo, según el más reciente Informe del Banco Mundial titulado ‘La Cambiante Naturaleza del Trabajo’ se afirma que, en general, este miedo parece ser infundado. En cambio, la tecnología estaría brindando oportunidades, allanando el camino para crear nuevos empleos, aumentar la productividad y mejorar la prestación de servicios públicos.

El Informe de Desarrollo Mundial de 2019 del Banco Mundial estudia cómo está cambiando la naturaleza del trabajo como resultado de los avances tecnológicos actuales. Argumenta que, a la luz de la disrupción del cambio tecnológico, se necesita un nuevo ‘contrato social’ para suavizar la transición y prevenir el aumento de la desigualdad. Para esto, las inversiones significativas en capital humano a lo largo del ciclo de vida de una persona son vitales para este esfuerzo. Si los trabajadores quieren seguir siendo competitivos frente a las máquinas, deben poder actualizar sus habilidades.

Entre los principales hallazgos del Banco Mundial tenemos que:

  1. Las empresas pueden crecer rápidamente gracias a la transformación digital, que cruza límites y desafía los patrones de producción tradicionales.
  2. El auge de las plataformas digitales y la globalización significa que los efectos tecnológicos llegan a más personas más rápido que nunca.
  3. La tecnología está cambiando las habilidades que buscan los empleadores. Los trabajadores deben ser buenos en la resolución de problemas complejos, el trabajo en equipo y la adaptabilidad.
  4. La tecnología está cambiando la forma en que trabajan las personas y los términos en los que trabajan. Incluso en las economías avanzadas, el trabajo a corto plazo, que a menudo se encuentra a través de plataformas en línea, plantea desafíos similares a los que enfrentan los trabajadores informales del mundo.

Los nuevos modelos de negocios, las start-ups de plataforma digital, están evolucionando de empresas locales a gigantes globales, a menudo con pocos empleados y activos tangibles. Esta nueva organización plantea cambios de política en las áreas de privacidad, competencia e impuestos.

Para que las sociedades se beneficien del potencial que ofrece la tecnología, necesitarían un nuevo ‘contrato social’ centrado en inversiones más grandes en capital humano y proporcionar progresivamente protección social universal, como se muestra en el cuadro inferior. Sin embargo, la inclusión social requiere espacio fiscal y muchos países en desarrollo carecen de recursos financieros debido a bases fiscales inadecuadas, grandes sectores informales y una administración ineficiente.

Como afirma el Banco Mundial, “Las economías emergentes se encuentran en medio de una disrupción tecnológica que está cambiando la naturaleza del trabajo. Sea lo que sea lo que depare el futuro, la inversión en capital humano es una política sin arrepentimientos que prepara a las personas para los desafíos futuros.”

Según el informe, en muchos países en desarrollo, una gran cantidad de trabajadores sigue ocupando puestos de baja productividad, a menudo en empresas del sector informal cuyo acceso a la tecnología es deficiente. La informalidad se ha mantenido alta en las últimas dos décadas a pesar de las mejoras en el entorno regulatorio de los negocios (como muestra el cuadro inferior).

De hecho, la proporción de trabajadores informales es tan alta como 90 % en algunas economías emergentes. En general, alrededor de dos tercios de la fuerza laboral en estas economías es informal. La informalidad se ha mantenido notablemente estable a pesar del crecimiento económico o la naturaleza cambiante del trabajo. El Banco Mundial da el ejemplo del Perú donde, a pesar de todas las medidas que se han intentado crear para luchar contra este tema, la informalidad se ha mantenido constante en alrededor del 75 % en los últimos 30 años.

¿Qué pueden hacer los gobiernos?

El Banco Mundial sugiere tres soluciones:

  1. Invertir en capital humano, especialmente en grupos desfavorecidos y en educación infantil temprana, para desarrollar las nuevas habilidades que cada vez son más demandadas en el mercado laboral, como las habilidades cognitivas y socio-conductuales.
  2. Mejorar la protección social para garantizar una cobertura y protección universales que no dependan completamente de tener un empleo asalariado formal
  3. Aumentar la movilización de ingresos mediante la actualización de los sistemas tributarios, donde sea necesario, para proporcionar un espacio fiscal para financiar el desarrollo del capital humano y la protección social.

El Informe concluye que los individuos, las empresas, los gobiernos y la sociedad en general pueden adaptarse a la naturaleza cambiante del trabajo. Las personas necesitan entrenar o reorganizar las habilidades existentes para mantenerse competitivas. Las empresas deben enfrentar el desafío del cambio tecnológico acelerado y los mercados altamente concentrados. Los gobiernos y las sociedades deben buscar políticas apropiadas que protejan contra la creciente desigualdad. A medida que la tecnología facilita más formas no tradicionales de empleo, la protección social se vuelve aún más importante.

Todas las recomendaciones del Banco Mundial son loables, sin embargo, su impacto es de mediano y largo plazo y no necesariamente permiten esperar una protección efectiva contra los movimientos tectónicos que trae la cuarta revolución industrial.

En el caso del Perú, lo urgente es crear riqueza en volúmenes y oportunidades que permitan que cerremos aceleradamente las brechas de educación, salud, infraestructuras y tecnología, que nos lastran y no permiten que enfrentemos el futuro tecnológico desde una plataforma razonable. Ver en Lampadia: Estrategia para la creación de empleo y generación de riqueza en el Perú durante los próximos 20 años.




Las “Almas Mater” de la corrupción en el Estado Peruano

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 3 de agosto de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El Estado Peruano está infiltrado por gente corrupta. Los Colegios Profesionales también. Sobre todo, los Colegios de Abogados. Los tres poderes del Estado – Poder Ejecutivo, Congreso de la República y Poder Judicial – están infiltrados por esos tipos sin moral y lo mismo sucede en las Fuerzas Armadas y Policiales. La corrupción está infiltrada en TODAS las instituciones del Estado.

Sin embargo, no todos los servidores públicos son corruptos. Al contrario… hay muchos servidores públicos honestos, serviciales y eficientes, que merecen nuestro máximo reconocimiento y gratitud.

El tema es que ellos no son el problema. El problema son los corruptos. Principalmente, los coimeros. Aunque la corrupción tiene también otras manifestaciones. El tráfico de influencias. Las extorsiones, fraudes, y malversaciones. Y ¿qué decir del compadrazgo, nepotismo, e impunidad? Todo eso es corrupción.

Pero lo peor es lo que la corrupción trae consigo. Me refiero al narcotráfico, lavado de activos, prostitución ilegal, trata de personas, crimen organizado… y todo lo demás. ¡Y que terrible que jueces, congresistas, y autoridades gubernamentales estén metidas en la telaraña!

Hasta aquí… un diagnóstico del problema. Y un atisbo de sus nefastas consecuencias. Pero las causas… ¿de dónde salieron esos personajes sin escrúpulos? ¿En qué momento se troncharon? ¿Son peruanos? ¿De dónde les viene tanto cinismo y desparpajo?

Las cosas claras y el chocolate espeso. Los audios – ¡que vivan los audios! – están deshilvanando la madeja. Y el hilo nos está llevando a las “universidades” – entre comillas – que han aparecido por aquí y por allá, en los últimos años. Aquellas que no tienen nada de universidades y – sí – mucho de máquinas tragamonedas. “Universidades” cuyos mentores se graduaron gracias al dominio del COPY – PASTE. “Universidades” que – en el fondo – son tesorerías soterradas de políticos recontra cuestionados.

Veamos el siguiente puñado de “universidades” – siempre entre comillas – y sus respectivos mentores: La Vallejo – César Acuña. La Alas – Joaquín Ramírez. La San Juan Bautista – José Luis Elías. La Garcilaso – Luis Cervantes Liñán. La Telesup – Pepe Luna Gálvez. He ahí el origen de la telaraña de la corrupción política en nuestro país. He ahí la trilogía del mal: “universidad” – plata como cancha – política corrupta.

De allí – de esas “universidades” y de sus mentores – han salido los 4 congresistas de Ica… y muchos más. Las revelaciones acerca de las injerencias de Cervantes Liñán en el Poder Judicial y el Congreso de la República son groseras. Y qué decir de la relación entre Luna Gálvez y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¡Por favor!

La del estribo. Guido Águila – ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura – era nada menos que el fundador de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos (EGACAL), donde se impartían “tips” para los exámenes de jueces y fiscales.

Un consejo a los jóvenes del Perú. Y en especial a los alumnos de las “universidades” antes aludidas. No sigan el mal ejemplo de los corruptos. Sigan el ejemplo del gran Vallejo… no el de Acuña. Lean a Garcilaso de la Vega… pero aléjense de Cervantes Liñán. Y – por favor – no confundan a San Juan Bautista… con José Luis Elías. Manco Cápac, Pachacútec, Túpac Amaru, Grau, Bolognesi, Quiñones, Basadre, Belaúnde, Haya de la Torre… a ellos hay que emular. Lampadia