Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas y Senior Advisor de Spencer Stuart
Para Lampadia

Mi primer trabajo apenas terminé los estudios de ingeniería industrial y de sistemas, fue en una firma consultora internacional. Allí trabajé en proyectos de optimización de procesos operativos y administrativos, en diversos tipos de industria y en diferentes países. Una gran experiencia, ya que tuve la oportunidad de ver muy de cerca cómo se puede mejorar significativamente el servicio interno y externo de las empresas y cómo esto repercute claramente en la satisfacción de sus usuarios (clientes) y por ende en sus resultados económicos.

En esa época recién se comenzaba a utilizar la tecnología y la mayoría de los procesos eran aún manuales. Hoy los procesos manuales son casi inexistentes y la eficiencia de estos depende de la tecnología que se utilice. Esto lamentablemente no es cierto en el sector público de nuestro país, donde a pesar de invertirse en tecnología, los procesos están subordinados a un enjambre de requisitos manuales que no hacen otra cosa que hacerlos muy lentos, ineficientes e irracionales. Además, la interconectividad es casi inexistente. La tristemente célebre tramitología estatal.

Esto se conoce como burocracia, del francés ¨bureau¨ que significa escritorio y del griego ¨krátos¨ que significa poder. La burocracia es el poder detrás de un escritorio y burócrata es quien ejerce a su antojo este poder.

Esta burocracia es la principal causa de dos de los peores males que aquejan a nuestro país: la informalidad y la corrupción.

En el Perú la informalidad es practicada por mas del 70% de la población económicamente activa (PEA). Este excesivamente alto número de personas, no tributan, pero tampoco tienen acceso a los servicios estatales. Por su parte la corrupción existe en todos los frentes y a todo nivel, desde la ¨gran corrupción¨ que involucra a todos los poderes del estado, las autoridades civiles y militares y hasta a los empresarios, hasta la llamada ¨corrupción hormiga¨ que es igualmente maligna y que está enquistada en gran parte de la población, especialmente en los que tienen algún tipo de poder, como los burócratas.

Burocracia es lo contrario a eficiencia y es el común denominador en todos los entes públicos. Estas instituciones, que se deben a la población y que deberían servirla en la forma mas eficiente posible, hacen exactamente lo contrario, generando un tremendo malestar, frustración y pérdida de tiempo. Instituciones como los ministerios, las municipalidades, los entes que ¨imparten justicia¨, las comisarías, entre otros, son claros ejemplos de esta maligna burocracia que erosiona nuestro bienestar.

Esta se genera porque quien la ejerce (el burócrata), no tiene ningún incentivo para hacer su trabajo eficientemente. Por el contrario, al tener el poder de hacerlo lento o mal, se le presentan grandes oportunidades de conseguir ventajas personales: la corrupción. Además, esta ineficiencia, que es creada adrede, genera una exagerada contratación de personal a costa del erario nacional. Se calcula que hay mas de 2 millones de empleados públicos, cuando solo es necesario menos de la mitad. Burocracia, corrupción y desmedido gasto público. ¡La combinación perfecta de un aparato estatal nefasto!

La pregunta es: ¿Hay alguna posibilidad de solucionar o por lo menos mejorar esto? La respuesta es: Si, pero solo si se tiene muy claro el propósito, se le asigna una alta prioridad y se usa adecuadamente la tecnología.

Esto, que suena a imposible, tiene grandes posibilidades de conseguirse en nuestro país, aunque parezca mentira. La razón es que el Perú cuenta con los principales requisitos para enfrentarse a un proyecto de esta naturaleza, como veremos mas adelante. ¿Entonces por qué no lo hemos hecho? La respuesta es muy simple: ¡Porque se le terminaría el negocio a la burocracia y por consiguiente a la corrupción!

¿Se imaginan un estado digital, donde todas las entidades públicas estén interconectadas para darle el mejor y mas rápido servicio a todos los ciudadanos? Esto incluiría, no solo los entes que emiten permisos y licencias, sino también los que imparten justicia, salud, educación, seguridad, entre otros. Además, los trámites se harían desde casa y sin papelería. Esto en nuestro país, no solo serviría para eliminar la tramitología y mejorar la eficiencia y el servicio a los ciudadanos, sino que reduciría drásticamente la informalidad y la corrupción. ¡Eso sería lo verdaderamente trascendente!

Esto que parece un propósito imposible, no lo es. Sino miremos el caso de Estonia, un país que se independizó de la Unión Soviética a comienzos de la década de los 90s. Ellos enfocaron en un claro propósito: Convertirse en un país digital, para servir mejor a sus ciudadanos. Hoy, algunos años después, es el país más digital del mundo. El proyecto denominado e-ESTONIA, ha logrado que el 99% de los procesos estatales estén digitalizados e interconectados. Además de estos casi tres mil procesos, se incluyen frentes como salud, educación, finanzas, impuestos y hasta los procesos electorales. Como podrán imaginarse, la burocracia es inexistente y los ciudadanos están muy satisfechos con los servicios que les brinda su estado. ¡Como debe ser!

Un ejemplo puntual, pero que en el Perú serviría muchísimo para reducir la informalidad, es la creación formal de nuevas empresas, incluyendo todas las licencias y permisos necesarios. A través de e-Estonia, este proceso toma menos de una hora y se hace desde casa.

e-Estonia tiene un claro propósito: Conseguir la satisfacción de sus ciudadanos, brindando servicios estatales eficientes y libres de molestias. Para esto tiene un plan nacional centralizado, que es transversal a todos los sectores y empresas estatales y que es dirigido por un CDO (Chief Digital Officer), con rango de ministro de estado.

Según la experiencia de e-Estonia, lo que mas les costo para la implementación, fue conseguir que la mayoría de la población contara con una ¨llave¨, o sea la tarjeta única de identidad. Esto lo consiguieron, poco a poco y actualmente ya cuentan con mas del 98% de sus ciudadanos con llave. La buena noticia, es que en el Perú ya se cuenta con este requisito fundamental, ya que la Reniec ha conseguido que mas del 99% de los peruanos contemos con nuestro DNI. ¡Gran logro!

Otros requisitos importantes son la cantidad de celulares y la conectividad. En el tema de dispositivos estamos bastante bien, ya que en el Perú hay mas de 40 millones de celulares y mas de 25 millones de conexiones de internet. En cuanto a la conectividad, el proyecto de la Red Dorsal de Fibra Óptica está media trabada y requiere de decisiones estatales (¿Les suena conocido el tema?), pero existen líneas privadas de buen nivel. Además, el tema de 5G esta en la puerta y podría ser una gran oportunidad para ser pioneros en la región. Otro tema que está a favor es que en el Perú existe muy buen talento en el frente de tecnología y sistemas, por lo que no sería complicado armar buenos equipos, para que trabajen en este proyecto. Además, podrían crearse incentivos tributarios o similares, para que las universidades y/o los consultores de tecnología dediquen equipos a determinados proyectos, del Plan Nacional de Digitalización (e-PERÚ).

Como vemos, si tenemos muchos de los requisitos para poderlo hacer, solo falta la voluntad del gobierno y las agallas para enfrentar a los que harán la guerra para que esto no prospere: La burocracia y la corrupción.

En las próximas elecciones, hay que fijarnos en los planes que tengan los candidatos en este frente. Para mi está claro que quien no tenga el tema de digitalización del Estado (e-PERÚ), como un objetivo central, es porque quiere que siga reinando la burocracia y, por ende, la informalidad y la corrupción. Lampadia

Armando Caminos
Para Lampadia

Cuando el Congreso aprobó la Ley que suspende el cobro de peajes de las Redes Viales concesionadas no midió las consecuencias de la decisión, sino que solo ha considerado el impacto en la popularidad de la medida. Siempre es popular no pagar por un servicio público. Si bien ya se ha escrito bastante sobre las consecuencias del tema -incluso el mismo Primer Ministro lo resaltó en el último mensaje a la Nación del Presidente Vizcarra- me gustaría empezar resumiendo el impacto de una decisión como esa: el beneficio es para muy pocos y por un plazo muy corto mientras que el daño es para todos los peruanos, por un largo plazo y de cifras bastante importantes.

La consecuencia más importante de esta ley es la ruptura de la estabilidad jurídica de los contratos de Concesión en el Perú y el impacto que esa inestabilidad genere en el futuro. La mayoría de los contratos de concesión minera, los contratos de generación, transporte y distribución eléctrica, los contratos de explotación, transporte y distribución de hidrocarburos, los contratos de concesión de carreteras o trenes, los contratos de concesión de aeropuertos o puertos, los contratos de concesión de telecomunicaciones y de cualquier otra infraestructura que el estado decida no ejecutarla directamente tienen una base de estabilidad jurídica para el desarrollo de la inversión. Es decir, si las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, van a realizar una inversión importante de dinero generalmente acompañada de préstamos con instituciones financieras de renombre internacional y local, lo mínimo que dichas empresas solicitan es que no haya cambios legales por el plazo de dichas inversiones que afecten directamente el resultado de la inversión. La suspensión unilateral del cobro de peajes para un concesionario de carreteras es definitivamente un cambio en las reglas de juego inicialmente pactadas entre el Estado Peruano y la empresa concesionaria por lo que seremos denunciado ante el CIADI y tendremos, como país, chances muy cercanas a cero de ganar esa contienda.

La estabilidad jurídica de los contratos es el alma del desarrollo futuro del país. Sin ella, se pierde la confianza de los inversionistas y, al aumentar los riesgos, se encarece el costo financiero lo cual impacta directamente en la tarifa de futuros concesionarios. Adicionalmente, este concepto es muchas veces considerado para la calificación (rating) del país. Es decir, podría afectar nuestra calificación de Investment Grade que tanto esfuerzo y años de trabajo nos costó obtener.

En el caso específico de las concesiones viales auto-sostenibles, la tarifa del peaje incluye la recuperación de la inversión establecida y exigida en el Contrato, así como los mantenimientos periódicos y rutinarios también exigidos por el Estado, más por supuesto la operación de la concesión. El regulador Ositran se ocupa de supervisar mensualmente el cumplimiento de los niveles de servicio de los concesionarios y establece las multas en caso de no cumplirse con los estándares de servicio de la vía que va desde la limpieza de una canaleta o la disponibilidad de grúas y ambulancias hasta la rugosidad del pavimento o la existencia de sistemas de emergencia cada cierta distancia preestablecida. Al suspenderse el cobro, el gobierno peruano asume la responsabilidad y el riesgo operativo y del mantenimiento preventivo y rutinario, así como todas las otras responsabilidades del contrato, siendo la inseguridad de la vía el riesgo más crítico.

Todo lo dicho anteriormente podría sonar repetitivo y probablemente lo sea, sin embargo, es la base para la pregunta realmente importante y que poca gente se está haciendo: ¿ahora que la suspensión del cobro de peajes es un hecho, que alternativas tiene el MTC para solucionar el problema con los concesionarios mitigando lo más que se puede el impacto generado por el Congreso?

En primer lugar, si el verdadero motivo de la suspensión del cobro es evitar el contagio se debería tratar de acordar fórmulas alternativas de pago como el uso de tarjetas de débito, aplicaciones digitales bancarias como “yape”, “tunki” o “plin” complementadas con condiciones de alta protección para los trabajadores en las casetas.

En caso sea imposible optar por un mecanismo de cobro alternativo, lo que se podría hacer es acordar con los concesionarios que inmediatamente inicien la contabilización de los ejes y vehículos mediante la contratación de un auditor calificado e independiente de tal forma que genere la data que pueda servir para negociar una salida al tema sin disputas y arbitrajes mientras que los concesionarios mantengan sus responsabilidades. En ese sentido, creo que la salida más rápida y lógica es que el Estado le reconozca a los concesionarios lo que se conoce como el peaje sombra, es decir, le pague aproximadamente el 82% de los ingresos que hubiese recibido si no ocurría la suspensión. Este monto es básicamente los ingresos al 100% menos el IGV y cualquier otro monto que normalmente sea devuelto al Estado por impuestos u otro concepto según el contrato de concesión.

La otra alternativa que se puede pensar es que se le reconozca el monto dejado de percibir, así como los costos adicionales de reposición de algún daño directo adicional -en caso de existir- tales como multas o cargos que Ositran defina por incumplimiento de los niveles de servicio u otros incumplimientos durante el período en cuestión. Este concepto de reconocimiento de ingresos y de costos específicos deberían ser acordados hoy, pero hechos efectivos en un tiempo posterior luego de que exista una adenda al contrato que le extienda el plazo a la concesión. Personalmente, creo que los concesionarios estarían más que dispuestos a asumir esta alternativa mientras que para el Estado también sería muy interesante ya que podría aprovecharse dicha extensión para incluir un paquete de inversiones adicionales no previstas originalmente en el Contrato y que sean ahora necesarias por fluidez del tráfico y aumento del nivel de servicio tales como la extensión de la red vial, la ampliación de carriles, la implementación de un sistema de cobranza tipo “Freeflow” sin casetas de cobro, la ejecución de un nuevo intercambio y hasta se podrían añadir nuevos servicios o mejoramientos de los servicios no viales tales como lugares de descanso y espacios de abastecimiento.

En conclusión, si bien la problemática de la suspensión del cobro de peajes de forma unilateral por el Congreso es un hecho muy grave, se necesita pensar y tomar decisiones que mitiguen su impacto. Hagamos del problema una oportunidad para mejorar los niveles de servicio y crear más inversión, lo que significa más puestos de trabajo, más ingresos por impuestos para el Estado y un mejor servicio para la comunidad. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La repartición de culpas no cesa. ¿Quiénes son los culpables de la precaria capacidad de respuesta de nuestro sistema de Salud? No faltaba más: los “neoliberales”. Eduardo Dargent escribía en El Comercio hace un par de semanas: “Pero nuestras debilidades históricas en servicios sociales, en parte agravada por anteojeras ideológicas neoliberales más recientes, nos hacen vulnerables. Cuando esta noche aplauda al personal sanitario por su sacrificio, recuerde que su alto riesgo actual se explica en parte por nuestro pasado desinterés en la salud”.

Conozco a liberales, pero no a neoliberales. No sé qué significa eso. Pero no importa. Lo intuyo. Su única preocupación es mantener bien las cuentas fiscales a costa de los servicios sociales, porque tampoco quieren subir los impuestos, que son bajos, pues solo piensan en los negocios y no en la gente.

Falacia tras falacia. Lo que hemos hecho en los últimos 25 años ha sido reconstruir poco a poco el sistema de salud paupérrimo y en escombros que dejó el Estado intervencionista y anti liberal de los 70 y 80, donde ninguna atención -si la había- era gratis.

Es un mito que el Estado peruano haya abandonado el sector salud en las últimas décadas. En el siguiente cuadro vemos que el presupuesto del dicho sector pasó de 2,308 millones de soles el 2000 a 15,307 millones el 2020. Son soles del 2007, es decir, constantes. Lo que quiere decir que el presupuesto del sector salud se ha multiplicado ¡por 7! en términos reales en 20 años.

¿Qué se hizo con ese incremento enorme en el gasto? ¿Por qué no mejoró también de manera también sustancial la calidad del servicio? Eso es lo que vamos a responder más adelante.

Se dirá que el PBI también ha crecido en esos 20 años, y por lo tanto un incremento presupuestal de 7 veces no refleja una prioridad en el gasto. Falso nuevamente. En el siguiente gráfico, preparado por el IPE a pedido nuestro, vemos cómo el presupuesto del sector salud se ha multiplicado por 3 como porcentaje del PBI:

En otros países esa participación en el PBI es mayor, sí, pero ello tiene que ver con la estructura informal de nuestra economía, cuyos responsables podemos señalar. Es otra discusión. Lo que estamos refutando aquí es la acusación de que una supuesta ideología neoliberal, insensible, haya condenado al final de la cola al sector salud. No es así. Contradiciendo nuevamente el mito prevaleciente, constatamos en el siguiente gráfico que la participación del presupuesto del sector salud en el presupuesto nacional, se ha doblado. Redondeando, pasó de 6% al 12% de presupuesto en 20 años. Extraordinario. Significa que el gasto en Salud fue priorizado en relación a otros sectores, que perdieron prioridad.

El problema no es entonces el de una pecaminosa avaricia ideológica neoliberal que condena al servicio público de salud a la inopia. Los recursos han aumentado dramáticamente. El problema es ineficiencia y corrupción profundas en el sector. Los médicos -herencia de una ley del primer gobierno de Alan García, en épocas en las que los sueldos eran irrisorios-, tienen una jornada laboral de apenas 4 horas efectivas, si es que algunos de ellos no se escapan a sus consultorios privados a las dos horas (exceptuemos acá a los que están arriesgando sus vidas con valentía y honor estos días). No hay mantenimiento de los establecimientos ni de los equipos y más bien estos se malogran deliberadamente para poder derivar pacientes a los consultorios privados.  Los medicamentos se desvían a las farmacias vecinas mientras los asegurados no reciben todos sus medicamentos gratis, habiendo los recursos. Hay problemas serios de gestión y de corrupción. Ese es el problema.

• Si el SIS pagara a los establecimientos por resultados en términos de si los pacientes se llevan sus medicamentos gratis y resuelven sus problemas de salud, y no por número de atenciones -que incentiva el sobregasto y la corrupción-, el servicio de salud alcanzaría una calidad muy superior y con menos recursos que en la actualidad. Con menos haríamos más.
• Si los hospitales estuvieran concesionados, la gestión sería también mucho más eficiente y el margen de corrupción se reduciría al mínimo.

Pero todas esas soluciones encuentran resistencia no en la logia “neoliberal”, sino en reductos sindicales y políticos de un signo absolutamente opuesto al liberal. Sería interesante trabajar para alcanzar un consenso que permita volcar las voluntades hacia los cambios necesarios. Una ayuda para eso de parte de Dargent y compañía sería muy positiva para el país.

Lo mismo que para resolver el problema más general que advertíamos líneas arriba: el tamaño del presupuesto nacional -límite absoluto de la inversión en salud-, que podría ser mayor si la economía se formalizara y volviera a crecer a tasas altas. Pero eso requiere de una legislación laboral y tributaria inclusiva que permita a las personas y empresas invertir, crecer y contratar trabajadores formalmente. Y una reducción sustantiva del peso de la legalidad en general sobre los hombros de las pocas empresas que pueden soportarlo.

¿Quiénes se oponen? No es necesario responder.

Mas o menos los mismos que impulsaron los grandes elefantes blancos de Talara, la interoceánica y el gasoducto del sur, ductos de corrupción que solo sirven para sustraer ingentes recursos que se hubieran podido usar para mejorar la infraestructura sanitaria, dentro de los límites del presupuesto nacional actual.

Mirar la viga en ojo propio antes de ver la paja en el ajeno. Lampadia

“El Poder corrompe y, el Poder absoluto corrompe absolutamente”. Reza un antiguo dicho popular que encierra mucha sabiduría, pero que no ha logrado que tomemos conciencia de su significado y que preparemos a nuestros líderes, acomodemos nuestras instituciones, y que no dejemos la cosa pública en gente que creemos que lo van a ejercer adecuadamente. 

Son muy pocas las ocasiones en que algunos grandes hombres ejercen el poder con sabiduría y humildad. Tal vez uno de los mejores ejemplos de nuestra historia reciente, ha sido Nelson Mandela, que pudo eternizarse en la conducción de Sudáfrica e incluso hasta proclamarse Rey, pero prefirió dar un paso al costado y retirarse a la vida privada.

Mucho tiempo atrás, George Washington, uno de los ‘Padres Fundadores’ de Estados Unidos, en el siglo XVIII, después de ser su primer presidente, también tuvo la oportunidad de perennizarse en el poder, pero optó por retirarse a su pequeño fundo.

Esta reflexión sobre el poder y la capacidad o incapacidad del hombre para ejercerlo adecuadamente, no solo se refiere a los políticos, se aplica de igual manera a los líderes empresariales, académicos, sindicales y hasta a los guachimanes cuando les dan su vara y, por supuesto también, a los líderes religiosos cuando ejercen el poder terrenal, como fue el caso del Papa Alejandro VI (Borgia).

Los seres humanos no hemos sido capaces de crear conciencia sobre las dificultades de los hombres y mujeres para asumir el poder sin que se desnaturalice nuestro comportamiento. Una vez que tomamos un espacio de poder creemos que tenemos capacidades superiores a la de nuestros conciudadanos, que estamos destinados a mandar por alguna especie de designio divino. No hemos establecido reglas, ni principios éticos que limiten el poder y abarquen a políticos y líderes de otras  instituciones como: gremios, sindicatos, empresas, ONGs, asociaciones, etc.

Un ejemplo indignante es el de la FIFA, donde un individuo y una camarilla de compinches, se apropiaron de la institución usando el dinero de la misma para corromper y cooptar, con el fin de mantenerse en medio de la mermelada.

Lo mismo puede pasar en otras instituciones nombradas, como puede ser una gran empresa, un sindicato o un gremio empresarial.

Tal vez deberíamos incluir en el currículo escolar, un curso de ‘Ética del Poder’.

Donde sí hemos sido más conscientes de este problema es en el manejo de la cosa pública, aunque no siempre hemos tenido éxito.    

Es curioso que con todas las desgracias que hemos perpetrado los seres humanos; sin ir muy lejos, como sucedió en la ‘civilizada’ Europa en el siglo XX, que nos endilgó dos espantosas Guerras Mundiales y de remate las guerras de la antigua Yugoslavia. O más recientemente aún, los crímenes de lesa humanidad que están sembrando los seguidores del mal habido ‘Nuevo Califato’ (ISIS), quienes asesinan con el mismo pudor con el que se rompe una simple cáscara de nuez; que no hayamos producido libros y cursos escolares que nos preparen a todos a tomar conciencia de esta terrible debilidad humana, en el plano público.

Por este tipo de reflexiones es que los creadores de las bases institucionales de la República como forma de gobierno, plantearon las ideas que dieron origen a la ‘división o separación de poderes’. Esencialmente, la división entre las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales.  

Este fue el caso de Aristóteles y Cicerón y más tarde de Locke y  Montesquieu.

John Locke (filósofo ingles: 1632-1704), fue el precursor de la teoría de la división de poderes. Sostuvo: “en las ‘repúblicas bien ordenadas’ el poder de elaborar las leyes se halla en personas distintas de las que se encargan de hacerlas cumplir”.

Posteriormente, Montesquieu (1689-1755) en su obra magna “El Espíritu de las leyes” plantea la teoría de los tres poderes, el poder legislativo encargado de dictarlas leyes, el poder ejecutivo, responsable de ejecutarlas y el poder judicial encargado de resolver los conflictos entre personas y entre ellas y el propio gobierno.  

“La primera concreción jurídica de la doctrina de Montesquieu se dio en la Constitución norteamericana de 1787 que organizó la autoridad estatal con arreglo a un esquema de separación de poderes, sometió a éstos a un control recíproco”. Ver más sobre los arreglos políticos de la división de poderes en : Enciclopedia de la Política, de Rodrigo Borja.

Montesquieu decía que “el poder político ‘es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a su abuso’. Pero como el poder es necesario, sólo existe un medio para asegurar la vigencia de la libertad: disponer las cosas del Estado en tal forma que el poder detenga al poder y aleje la posibilidad de tiranía. ¿Cómo hacerlo? Pues fraccionando la autoridad pública”.

Lamentablemente, como vemos todos los días, no ha sido suficiente establecer reglas de separación de poderes en la política. Quién sabe si educando mejor podemos sembrar una mejor preparación para ejercer el poder.

Como dice Moisés Naím en su libro: “El fin del Poder”, es cierto que el poder está venido a menos y ya no se puede ejercer como antes. Con el advenimiento de Internet y la generación de los Millenials  se está haciendo más difícil el exceso de poder y su ejercicio abusivo, pero falta mucho para que podamos cantar victoria. Los ciudadanos comunes y corrientes, todavía no sentimos la necesidad de vigilar más de cerca a los poderosos.

Por lo menos a nivel institucional de la política en países republicanos, tenemos diseños de separación de poderes y de alternancia. Pero deberíamos extender estos principios a todo tipo de instituciones. No hace ningún sentido que un presidente de una organización deportiva se eternice en el cargo. Igualmente debiéramos establecer algunos límites al poder en todo tipo de instituciones, como gremios, sindicatos y corporaciones. Por ejemplo, estableciendo, como mínimo, períodos máximos del ejercicio de los cargos. Seguramente AIG (American International Group, la compañía  número 18, y la más grande corporación pública de seguros y servicios financieros) no hubiera tenido los mismos problemas si su Presidente no hubiera estado a cargo durante 37 años, (1968 a 2005), el que tuvo que abandonar en medio de un colosal escándalo.

Los ciudadanos, las mayorías silenciosas, tenemos que tener mayor cercanía a los temas de interés nacional y cuando nos toque ejercer el poder, preparémonos para hacerlo con sencillez y sentido de servicio. Lampadia