Jaime de Althaus
Para Lampadia

La crítica principal que se ha hecho a la propuesta de establecimiento de la bicameralidad formulada por el Ejecutivo y remitida al Congreso para su discusión y aprobación, es que el número total de congresistas -130- es muy bajo, más aún considerando que habría dos cámaras, dejando a la de diputados con solo 100 representantes. Habría entonces “sub representación” de la población. Para representarla más adecuadamente, se necesitaría un número mayor de congresistas.

En realidad, esta crítica no pasa de ser una creencia, una prenoción, sin una base empírica o científica. El argumento que se da es que, con 130 congresistas, tenemos la relación congresista – población más alta de América Latina. Es decir, en los demás países, cada congresista representa a un número menor de ciudadanos que en el Perú.

Pero si nos comparamos con Estados Unidos, una democracia mucho más asentada y desarrollada que la nuestra, veremos que allí cada congresista representa a una cantidad de electores mucho mayor que en el Perú. La Cámara de Representantes, por ejemplo, tiene 435 parlamentarios y hay 231 millones de electores, lo que significa 531,000 electores por representante. En el Perú tenemos cerca de 23 millones de electores y 130 congresistas, lo que da una relación de 176,000 electores por congresista, mucho menos que en Estados Unidos.

Con un agregado, acaso más importante: que en Estados Unidos los distritos electorales para elegir la Cámara Baja son uninominales (se elige a un representante por distrito), lo que hace que la cantidad de personas representadas esté perfectamente acotada. Cuando decimos que un congresista norteamericano representa a 531,000 electores, representa realmente a esos 531,000 (en realidad esa cantidad es un promedio). En cambio, la afirmación de que en el Perú un congresista representa a 176,000 electores es, en verdad, una falacia, porque al ser los distritos electorales plurinominales, cada congresista en realidad representa a una cantidad mucho mayor. Si nos vamos al extremo, tendremos que un congresista por Lima (uno de los 37) representa a 9 millones de habitantes.

Entonces, pasar de un sistema electoral plurinominal a uno binominal para la futura cámara de diputados, como propone el proyecto del Ejecutivo, ayuda a mejorar la relación de representación, porque ayuda a acotar mejor, a reducir la cantidad efectiva de ciudadanos que cada congresista representa. Si, como se estaría pensando –porque esto no está en el proyecto de ley- Lima se divide en 6 o 7 distritos binominales, cada diputado representará de manera efectiva a un número que, en promedio, será la sexta o sétima parte de 9 millones. Y eso que, si nos atenemos a la proporción que representa la población de Lima respecto de la población nacional, Lima debería estar dividida, como veremos, en cuando menos 15 distritos binominales.

Pero a lo que vamos es que lo de la “subrepresentación” es una falacia porque con el nuevo sistema de distritos binominales –si se aprueba- habrá mucho menos “subrepresentación” que con los distritos plurinominales departamentales actuales, manteniendo el número de 130 congresistas. Es decir, la ratio de representación será más pequeña.     

Lima sub-representada desde el punto de vista demográfico

Ahora bien, como hemos adelantado, en la propuesta del Ejecutivo Lima-Callao estará sub representada desde el punto de vista de su peso poblacional. Según informó el viceministro de Gobernanza Raúl Molina en entrevista que le hiciera en El Comercio, para elegir 30 senadores el país se dividiría en 6 macro-distritos con 5 senadores por cada uno. Uno de esos macro-distritos sería Lima Callao. 5 senadores de 30 representan un 16.6%, muy lejos del 32.6% que representa la población de Lima y Callao respecto del total nacional.[1] Si agregáramos 5 senadores más para Lima-Callao, esta región tendría el 28.6%. Habría que subir el número de senadores a 35.

Y, según el mismo Molina, para elegir diputados, Lima-Callao se dividiría en 6 o 7 distritos binominales. Es decir, tendría 12 o 14 diputados de un total de 100, un porcentaje aún inferior al que tendría en la Cámara de Senadores. Lima – Callao tendría que tener cuando menos 15 o 16 distritos binominales, lo que incrementaría el número total de diputados a 116 cuando menos. Eso es lo que habría que hacer si queremos que Lima mantenga su proporcionalidad demográfica a fin de recuperar a la élite nacional para la política.

Criterio no es demográfico, sino económico

Pero el criterio que se ha usado para delimitar los macro y micro-distritos no es el de la equivalencia demográfica, sino el de la existencia de relaciones económicas y sociales reales. Es decir, que representen a una realidad económica, social o cultural existente.

Esa es la razón por la que no se sostiene la otra crítica que se ha formulado a los 50 distritos binominales, en el sentido de que habría departamentos (regiones) como Tacna, Moquegua y Madre de Dios que no alcanzarían representación, por su escasa población. En ese sentido, ya se aclaró que cada uno de esos departamentos será un distrito binominal. Así como habrá otros departamentos que se dividirán en dos distritos electorales, en función de sus conexiones internas. 

Lo mismo se puede decir del Senado. Se dijo que con 30 senadores, cada región (departamento) tendría un senador y, considerando Lima, quizá algunas no alcanzarían a tener ninguno. Pero el proyecto de ley es claro en plantear macro-distritos electorales, basados en 6 macro-regiones considerando Lima metropolitana.

Presupuesto

También se ha criticado que sea la cámara de Senadores la que apruebe el presupuesto de la República. Y esta no es una mala idea en la medida en que se trata de que el presupuesto tenga precisamente una lógica macro-regional y más agregada, para contender la tendencia a la atomización de los proyectos y hacer posible una planificación basada en el desarrollo territorial.

Voto preferencial

En ese sentido, no se puede admitir la crítica de que esta reforma, tal como está planteada, es un mamarracho o es improvisada. Es mejorable, por supuesto. Por ejemplo, no se entiende por qué se elimina el voto preferencial en los macro-distritos para elegir senadores, y se mantiene en los micro-distritos binominales para elegir diputados. Debería eliminarse en este caso también, porque solo serviría para instalar la competencia entre los dos candidatos del mismo partido. En términos generales, y más allá de eso, sin embargo, está bien pensada. De aplicarse, tendríamos más gobernabilidad y mejor representación. No solo porque una cámara de senadores permite moderar los ímpetus populistas de la Cámara Baja, y limita el poder absoluto que puede tener una cámara única si es contraria al Ejecutivo, sino porque distritos binominales ayudan a reconstruir los canales de representación para prevenir y manejar problemas, y sirven también para reducir a la larga el número de partidos políticos, dándole más estabilidad a nuestra democracia.

Habría que agregar, a las reformas planteadas, la elección del congreso luego de la segunda vuelta presidencial, para facilitar una mayoría congresal favorable al Ejecutivo, y no prohibir que los candidatos presidenciales postulen simultáneamente al Senado, a fin de convertir a esta Cámara en un foro político de alto nivel, que ayude a la discusión y concertación.

¿No reelección de congresistas?  

Lo que resultaría contraproducente para la consolidación institucional es el proyecto para prohibir la reelección de congresistas. Atentaría contra quienes de buena fe quisieran hacer una carrera política, y contra la formación de una clase política experimentada en el país.  

Hagamos, sin embargo, un esfuerzo de imaginación para explorar si hay manera de convertir a la no reelección de los congresistas en una buena idea, o por lo menos en una no tan mala. ¿Qué tendríamos que hacer?

Para comenzar, los partidos tendrían que tener incentivos para llamar a profesionales capacitados o personalidades. Por ejemplo, recibir mayor financiación en función de un índice de calidad de la lista de candidatos, establecida con criterios objetivos.

Las empresas podrían recibir devoluciones tributarias por profesionales o ejecutivos que, luego de un cierto número años de trabajar en la empresa o en el sector, sean cedidos a partidos políticos para que integren las listas congresales. Lo mismo podría hacerse con las universidades.

Podría haber financiación partidaria específica para foros o conversatorios, debidamente fiscalizados, con universidades, gremios empresariales, o para financiar estudios y propuestas de política que obliguen a los partidos a reclutar académicos o profesionales para su elaboración.  

Se podría aplicar la propuesta de Carlos Meléndez de “Impuestos X partidos”, pero circunscrita a financiar think tanks de los partidos políticos en los cuales se puedan reciclar los congresistas que han dejado de serlo, a la espera de la siguiente elección

En el Congreso podría haber una pequeña oficina de ex congresistas del período anterior encargados de asesorar a los nuevos congresistas. Lampadia

Un ‘jurista por vocación’, el Doctor Javier de Belaunde, nos ayuda a entender la crisis judicial que actualmente toma toda nuestra atención y que esperamos no sea solo una reacción pasajera, en la magnífica entrevista de Jaime de Althaus para el diario El Comercio.

Líneas abajo, compartimos la entrevista que hemos editado para destacar su estructura y hacerla llegar a todos nuestros seguidores: 

“La no reelección me parece un desafío innecesario al Congreso”

El jurista Javier de Belaunde opina que el presidente Martín Vizcarra está exagerando la sintonía que quiere tener con el estado de ánimo del pueblo.

Entrevista de Jaime de Althaus a
Javier de Belaunde, ex miembro de la Comisión Especial para
la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus)
El Comercio, 30 de julio de 2018
Glosada por Lampadia

En esta entrevista, el ex integrante de la Ceriajus Javier de Belaunde analiza el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra, con especial énfasis en las iniciativas relacionadas a la reforma del sistema de justicia.

— ¿Tu opinión acerca de las propuestas del presidente en el mensaje al Congreso?
El mensaje presidencial es un hito. Ha sentado bases importantes. Siendo intérprete de la indignación ciudadana, el presidente busca apoyo en el pueblo, llamando a la convergencia de ciudadanos, poderes públicos y de los diversos sectores para emprender la reforma judicial y política.

• Ha resaltado que la corrupción, redes articuladas al interior del sistema de justicia, intereses políticos y económicos, no fueron detectados ni por los órganos de control del Poder Judicial ni del Ministerio Público ni menos por el CNM.
• Ha delimitado bien lo que en la reforma judicial puede ser iniciativa del Poder Ejecutivo, lo que requiere del Poder Legislativo, y lo que necesita reforma constitucional (muy destacable abordar al perverso litigante: la ONP).
• Es fundamental el anuncio de que se someta a referéndum la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, sustituyendo el sistema de representación de consejeros por un concurso público.
• Anunció una disposición transitoria que es de la mayor importancia: un mecanismo de revisión de nombramientos y ratificaciones hechos por el CNM destituido recientemente, para limpiar los malos nombramientos.

El anuncio de referéndum es en realidad un jaque al Congreso, quien tendrá que pronunciarse sobre la reforma constitucional.

—Pero incluir en el referéndum la no reelección de los congresistas, ¿no es un desafío innecesario al Congreso? ¿No sería contraproducente? Fuera de ser un error, porque nunca consolidaríamos una clase política…

Lo del Senado me parece positivo, pero la no reelección de congresistas me parece efectivamente un desafío innecesario al Congreso; está exagerando la sintonía que quiere tener con el estado de ánimo del pueblo; los estados de ánimo no pueden guiar a un estadista; además es un error. Los grandes parlamentarios de antaño han sido reelegidos porque el pueblo lo quería así; es la manera de consolidar políticos y no alentar aventureros. La no reelección de alcaldes o gobernadores regionales no es un buen ejemplo. Un error no puede inspirar otro error. En materia de proyectos de ley, quiero destacar el que anuncia la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, presidido por el presidente de la República (quien quiere liderar el proceso) e integrado por las cabezas del Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y CNM, pues la reforma judicial involucra a todos ellos. Se marca así que la reforma judicial no se trata de abordar y superar una coyuntura, sino de iniciar un proceso que requiere tiempo y convergencia.

—Hubo ocasiones anteriores en que llegamos a situaciones límite y se intentó reformas pero sin resultados…

Después del gobierno del 85 al 90 tuve una sensación de que habíamos tocado fondo en materia de corrupción, terrorismo, desorganización.

• En 1990 el presidente recién electo, Alberto Fujimori, por primera vez en la historia en su mensaje de asunción presidencial trató el tema de la justicia como un tema fundamental.
• Fue muy duro con los jueces, los llamó chacales y después en esos dos años democráticos se producen leyes importantes, como la ley orgánica del Poder Judicial, el nuevo Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal.
• Después del golpe de Estado en 1992 Fujimori echa alrededor del 80% de jueces y fiscales. Y nombra provisionales, propensos siempre a la presión política, para montar un proyecto autoritario en el Poder Judicial basado en la provisionalidad.
• Pero luego, intentando volver del golpe de Estado, convoca al Congreso Constituyente Democrático y en materia judicial se nombra un Jurado de Honor de la Magistratura, cinco personas absolutamente intachables y reconocidas en el medio jurídico, cuya misión fue dotar al Poder Judicial de una Corte Suprema y de las cortes superiores, pero solamente llegaron a la corte de Lima.
• Y la verdad es que dejaron una buena Corte Suprema y una buena Corte Superior.

—Ahora, de este 80% que fue cesado, ¿eran personas no idóneas? ¿Qué pasó con ellos?
Hubo arbitrariedad, pero de este 80% un gran porcentaje estaba bien echado.

• Lamentablemente mucha de esta gente ha regresado después vía acciones de amparo o acuerdos amistosos de la Comisión Interamericana.
• Entonces, esta purga del Poder Judicial hecha por canales no democráticos no tuvo resultados.
• Ya después se nombra una comisión reformadora, con el comandante [José] Dellepiani, que produce una importante modernización.
• Pero sobre esa comisión se monta luego un proyecto político autoritario dirigido por Fujimori y por Montesinos que pervierte los objetivos de una auténtica reforma judicial. 

Después de que cae el gobierno de Fujimori, se genera todo un movimiento de reforma muy interesante en el mismo Poder Judicial.

• Lo lidera Hugo Sivina, presidente de la Corte Suprema.
• Produce el Acuerdo por la Justicia.
• Y en ese momento aparecen dos justicias especializadas muy importantes, la justicia anticorrupción y la justicia de derechos humanos, que era la justicia antiterrorista.
• Luego se crea la Ceriajus que hace un plan de reforma judicial inclusive con apoyo de la cooperación técnica internacional.
• Lo lamentable es que después no hubo voluntad política de llevarlo adelante.
• El proyecto se disolvió en buena cuenta en el gobierno de Toledo. Y ni Alan García ni Humala estuvieron interesados. Y aquí estamos.

—Ahora, ¿es posible una reforma desde adentro? 

Yo creo que es muy difícil que una institución como el Poder Judicial se autorreforme. Porque el principal problema que tiene es la cultura judicial generada por los propios jueces, que son una serie de prácticas, y eso lo reconoce el plan que acaba de presentar la Corte Suprema, que es muy interesante. Pero también han fracasado las reformas que se han intentado hacer desde afuera. Yo creo que una reforma judicial es imposible únicamente con los jueces, pero es imposible también sin los jueces. Entonces, hay que generar un ámbito en el cual se pueda conducir la reforma y en el cual estén representados jueces, fiscales, también la sociedad civil. Y también es imposible una reforma judicial sin el Congreso y sin el Poder Ejecutivo.

—¿Cómo podemos hacer ahora para depurar el sistema judicial de los elementos corruptos o no idóneos profesionalmente?

Creo que hay muchos jueces honestos y muy valiosos que se sienten incómodos con la corrupción y no quieren un Poder Judicial ni un país corrupto. Si a estos jueces se los empodera en los órganos de control interno, va a haber resultados distintos.

—Ahora, el asunto clave es cómo elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El sistema actual, corporativo, ha fracasado. El presidente ha propuesto su elección por concurso público… 

Efectivamente. Hay que reconocer que las instituciones de la sociedad civil no han estado a la altura de las circunstancias históricas. Creo que la universidad peruana ha fallado, los colegios profesionales han fallado. Yo no recusaría un sistema de concurso público.

—Transparencia propuso eliminar la ratificación de los jueces cada siete años. Pero esto debería ser reemplazado por un sistema de evaluación permanente de los jueces y fiscales… 

Yo fui partidario de la ratificación. Pensé que era una buena manera de depurar la judicatura, pero creo que no. La inestabilidad del juez no es una buena receta. No puede estar cada siete años en la inestabilidad de si va a ser ratificado o no. Tampoco ha servido para depurar al Poder Judicial. Entonces, lo que hay que hacer es un sistema serio de evaluación de la producción, del rendimiento de los jueces.

—Ceriajus proponía una Corte Suprema pequeña, dedicada a hacer jurisprudencia, para hacer justicia más predecible… ¿Así debe ser?

Yo estuve en la Ceriajus y fui partidario de una sala única de 11 magistrados. Creo que, en el 2004, no previmos el nivel de deterioro de algunos aspectos de la sociedad peruana. Hay cortes superiores que son ‘territorios liberados’, en las cuales realmente la corrupción impera. Por eso, una Corte Suprema más pequeña dedicada realmente a generar jurisprudencia importante, tiene que venir acompañada de una reforma muy importante en las cortes superiores. Me parece terrible que determinadas cortes superiores queden como última instancia y no haya garantía de subir a la Suprema.

—Eso significa eventualmente cambiar a muchos jueces superiores. Y si vamos a una Corte Suprema pequeña de alto valor habría que nombrar nuevos jueces supremos. Si el nuevo CNM va a referéndum ya no habría que esperar hasta mayo o junio del próximo año…

Debo decir que hay magistrados en la Corte Suprema actual de muy buen nivel, de mucha honestidad. Pero la gente no idónea de la Corte Suprema tiene que irse. Tiene que haber algún mecanismo eficaz para que se vayan. Esta es una oportunidad para diseñar un sistema de control mucho más eficaz. Y hay que crear condiciones para la denuncia. Hoy día muchas veces se denuncia a un magistrado por conducta indebida y no pasa nada.

—La OCMA debería poder hacer inteligencia en las cortes superiores para descubrir vinculaciones con mafias. El presidente ha propuesto crear una autoridad nacional de integridad y control en el Poder Judicial y el Ministerio Público con apoyo de una policía especializada…

Buscaría reemplazar a la OCMA, que no ha dado resultados. Si tú vas un día al local de Alzamora, al local de Abancay, y te pasas allí una mañana conversando con los litigantes, tú sacas una idea de qué juez es honesto y cuál no, qué juez es competente o demorón… Con un apoyo de cierta inteligencia se sabría qué cosas están pasando. De hecho, el Poder Judicial acaba de proponer en su plan la creación de una “oficina de investigaciones especiales” para indagar casos graves y en especial redes de corrupción. También propone la “gestión de riesgo” a fin de prevenir la corrupción, a partir de normas internacionales ISO. Que el Poder Judicial plantee algo así, me parece notable.

—¿No deberíamos aspirar a que juristas de primer nivel ingresen a la Corte Suprema?
Sin duda. No quiere decir esto que no haya juristas de primer nivel en la Corte Suprema, muchos de ellos inclusive son provisionales, pero creo que evidentemente la judicatura debería ser un lugar atractivo para la gente más competente. Se ha mejorado la remuneración, pero lo que no ha mejorado son las condiciones de trabajo. Es decir, que un supremo tenga que salir a las dos de la tarde con siete expedientes para estudiar para mañana, es un disparate. Es un tema de descarga procesal, de adecuados asistentes…

—Y de que vea pocos casos y resuelva los casos, no devuelva… Ahora, el tema de los abogados es otro componente importantísimo. Hace unos años Beatriz Boza coordinó un código de buenas prácticas, un pacto antisoborno. Pero al final ningún estudio lo firmó… 
No es exacto que ningún estudio quiso firmarlo. Hay pocos que sí lo firmaron. Lo interesante fue que al final este proyecto se convirtió en el Código de Ética del Colegio de Abogados. No es un problema de falta de normas. A los colegios de abogados hay que reclamarles que su función no es la de sociedades de socorros mutuos, sino controlar la ética de la profesión. El abogado no puede ser un intermediario de corrupción.

—La idea de que en Lima pudiera haber más de un colegio de abogados que compitan entre sí en nivel de exigencias para dar licencias, etc., y donde sea prestigioso pertenecer a tal o cual colegio…

Podría ser. Bueno, en este momento hay el Colegio de Abogados del Cono Norte, que no ha sido creado por ley, es una asociación civil. El único colegio de abogados creado por ley es el Colegio de Abogados de Lima…

—Pero es un monopolio, es decir, tú tienes que estar colegiado allí… 

Sí, es un monopolio. Creo que sí hay varias instituciones que se dedican, digamos, a vigilar la práctica profesional sin duda sería una cosa muy positiva. Quiero ver a todos los abogados de Lima detrás de esta idea…

—Sería buenísimo. ¿En cuanto a la formación de los jueces? Las facultades de Derecho son muy malas y la Academia de la Magistratura solo capacita jueces… 

Se sigue privilegiando la enseñanza de códigos, la transmisión de información y no la enseñanza de habilidades, de razonamiento, salvo en algunas universidades.

• Es grave pensar que de ahí van a salir los futuros jueces.
• Sobre el tema de la Academia de la Magistratura, hay que pensarla como un engranaje de ingreso a la judicatura vía la Academia de la Magistratura.
• Lo está planteando el propio Poder Judicial en la propuesta que ha hecho: que los postulantes a jueces y fiscales mediante un concurso de oposición y méritos ante un CNM reestructurado, accedan a un período de formación en la Academia de la Magistratura por un período de año y medio a dos años.
• Después de aprobar la academia, serían designados.

Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El Perú necesita un Senado por muchas razones y el debate al respecto debe hacerse con la mayor seriedad y análisis.

Que el Presidente Martín Vizcarra haya puesto el tema en agenda, siendo impopular, de carácter estructural y lejano de la coyuntura, es un excelente mensaje: un Presidente que no está al tun-tun del típico cortoplacismo de la política peruana.

Lamentablemente, de forma inmediata saltaron los proverbiales opositores de establecer un Senado, con los mismos argumentos de siempre, y en todos los casos, sin hacer un análisis integral, como se amerita. “Que significa gastar más plata”. “Que ya existe una segunda instancia, que hay que hacer respetar”. “Que sería la misma vaina que los diputados”. Etc., etc.

Veamos:

Mucho más que una segunda instancia

Un Senado debe ser mucho más que una segunda instancia. Es una instancia de otra naturaleza, de otra visión, y de otro ‘tempo’.

Desde el proceso de descentralización, como se ha explicado infinidad de veces, se ha desarticulado la estructura del Estado. Las definiciones de las instancias de gobierno de las regiones y municipios, no forman parte de una estructura de gobierno que articule las acciones de gobierno de nivel nacional con las de nivel regional y municipal. Se han roto las conexiones entre lo regional y lo nacional, creándose innumerables espacios de vacío de poder, sobre-posiciones y conflictos.

La cámara única, con su sistema electoral basado en la representación de las regiones, trae al parlamento las mismas visiones sub-nacionales de los gobiernos sub-nacionales. Por lo tanto, se pierde la posibilidad de que la importante labor legislativa se inspire en una visión compartida del país que debe moldearse y construir.

Un Senado debe ser la amalgama que le dé contenido político al Perú ‘unitario’.

Por lo tanto, la instancia del Senado, elegido por distrito nacional, debe agregar valor a la función legislativa, a través de una visión nacional.

Más nos cuesta tener un Congreso cojo y disperso

La objeción de los mayores costos que traería la creación de un Senado tiene mil respuestas. Desde, que se podría mantener el número total de congresistas, como, digamos, 100 diputados y 30 senadores, con el mismo costo; hasta afirmar no hay nada más costoso que tener un Congreso que legisle sobre la base de la negociación de visiones parciales, y que asume con la suficiente madurez como para evaluar sus normas en una segunda instancia en la que afloren criterios más acabados que los de las ardorosas negociaciones previas.

Lo que si es cierto es que los congresistas le cuestan demasiado al país, en soles absolutos sin incluir el costo de los daños por malas normas.

Por alguna razón que desconozco, es difícil acceder al presupuesto del Congreso, pero de la información disponible, desactualizada, he encontrado que el costo anual total del Congreso supera los 500 millones de soles. Tomemos ese monto para el análisis:

Este costo, que en realidad es aún mayor el claramente excesivo, por sí mismo y en comparación con los costos de los congresistas de países vecinos como Chile y Colombia.

En sí mismo, el costo es muy alto, por la estructura de servicios para los congresistas. A diferencia de otros países, cada uno de los congresistas peruanos tiene asesores y oficinas propios, con todo tipo de facilidades. En otros lugares, los asesores son de la bancada y no se dispone de grandes oficinas individuales.

Ya anteriormente, en Lampadia publicamos unas interesantes comparaciones de costos entre países, veamos:

• El costo de legislar – Ahora queremos resultados (diciembre 2012)

• Alto gasto y bajísima performance: una ecuación que debemos corregir – El costo del Congreso no está a la altura de sus realizaciones (enero 2015)

Es pues imprescindible analizar y debatir la creación del Senado de la República, con información y seriedad, y aprovechar para definir las facilidades que los peruanos pagamos a los congresistas.

Como se puede ver de las cifras, las remuneraciones de los congresistas no son el problema, y es evidente que, si se incorporan a la función parlamentaria un número razonable de senadores, no necesariamente costaría más.

Debatamos pues este tema pronto y con altura. Lampadia 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En la Constitución peruana no hay nada parecido al artículo 155 de la Constitución española que le permite al gobierno nacional intervenir cuando una región o comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución o las leyes le impongan.

Como sabemos, ante la negativa del Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont de dar marcha atrás en sus propósitos independentistas, primero, y ante la declaración de independencia por parte del parlamento Catalán, después, el 27 de octubre, el Senado español aprobó aplicar el artículo 155 de la Constitución autorizando al Gobierno a restituir el orden Constitucional y Autonómico e intervenir en Cataluña. Como explica Charo Camprubí, “eso le permitió al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprobar el mismo día en Consejo de Ministros una batería de medidas. De todas ellas, la más esperada era la del cese del Presidente y el Gobierno de la Generalitat, y no falló. Pero lo que nadie esperaba, la gran sorpresa de un día plagado de sobresaltos, fue la de disolver también el Parlamento catalán y convocar elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre. Esa es una operación magistral, de gran habilidad política”, porque no prolonga seis meses la intervención como era la idea original.

Pero lo que nos interesa no es analizar la crisis catalana, sino comparar la institucionalidad española con la peruana en este punto. El artículo 155 de la constitución española (que copia casi literalmente el artículo 37 de la Constitución de Alemania), dice lo siguiente: ​

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Nótese que ese artículo no se pone únicamente en el caso de que se “atente gravemente el interés general de España”, como es obviamente el intento independentista de Cataluña, sino también en el de que una comunidad autónoma “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”. En ese caso, el gobierno, con la aprobación del Senado, “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. 

La débil Constitución peruana

En la Constitución peruana no hay nada parecido. Lo que lejanamente se aproxima es el artículo 199 que dice:

“Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente…”.

Es decir, la Constitución no se pone en el caso de que un gobierno regional incumpla la ley o desacate políticas sectoriales. No existe disposición alguna que le permita al gobierno nacional intervenir un gobierno regional o local, asumir temporalmente la administración de un servicio ni menos destituir a funcionarios sub-nacionales en casos como esos. Y ejemplos de situaciones de ese tipo tenemos constantemente. Desde el gobierno regional de Cajamarca financiando movilizaciones contra la autorización nacional a la operación de la mina Conga, hasta la inaplicación de los descuentos a los maestros que no asistieron a clases y la reciente ordenanza del Cusco que prohíbe al Minedu realizar este año la primera evaluación de desempeño sin una extensa capacitación, pasando por la resistencia a aplicar  diversas políticas sectoriales en Educación, Salud y otros sectores o el otorgamiento de licencias indebidas en pesca, tala o minería ilegal.

La ley de Bases de la Descentralización

La Ley de bases de la Descentralización (Ley Nº 27783) establece en su artículo 10.3, que “Las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y los sistemas administrativos del Estado, referidos a presupuesto, tesorería, contaduría, crédito público, inversión pública, contrataciones y adquisiciones, personal y control, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno”. Pero no señala sanción alguna ante el incumplimiento de dichas normas técnicas.

Casi el único instrumento que existe es el dispuesto por el Artículo 21.3:

“Están sujetos al control y supervisión permanente de la Contraloría General de la República en el marco del Sistema Nacional de Control. El auditor interno o funcionario equivalente de los gobiernos regionales y locales, para los fines de control concurrente y posterior, dependen funcional y orgánicamente de la Contraloría General de la República”.

Pero ya sabemos que en prácticamente todos los casos el auditor interno es nombrado por el gobernador regional, a quien debe el puesto. De modo que en la práctica este instrumento es casi inútil para abrir proceso administrativo a alguna autoridad regional que haya incumplido alguna disposición nacional.

¿Potestad sancionadora?

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley Nº 29158), por su parte, establece en su artículo 23 c que son funciones generales de los ministerios “cumplir y   hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente”. Pues bien, en la ley de organización y funciones del Ministerio de Salud (DL 1161), por ejemplo, no se especifica facultad sancionadora alguna. La que sí establece sanciones es la ley que crea la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD (Decreto Legislativo 1158, artículos 10 y 11), pero son sanciones a hospitales y establecimientos de salud que incumplan las normas o estándares de calidad.

El ministerio de Educación, un sector clave en el que se juega la unidad y autoridad del gobierno nacional, ni siquiera tiene ley de organización y funciones, sino solo un reglamento y una Ley Orgánica del año 1992, antes de que existieran gobiernos regionales. Y no la tiene pese a que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo lo ordena, precisamente para regular en esas leyes las relaciones con los gobiernos sub-nacionales. En efecto, la Cuarta disposición complementaria de la mencionada ley indica que “Las competencias exclusivas y compartidas del Poder Ejecutivo, con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, serán especificadas en las Leyes de Organización y Funciones de los distintos ministerios de conformidad con la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades”

En realidad, las leyes de organización y funciones mencionadas, cuando existen, solo hacen referencia a relaciones de coordinación y apoyo entre el gobierno nacional y los sub-nacionales. Según Jorge Danós, especialista en derecho administrativo, un ministerio no podría suspender ni menos destituir a un director regional y reemplazarlo ni siquiera temporalmente, pues no hay norma legal alguna que lo haya previsto de modo que una decisión como esa violaría la autonomía del Gobierno Regional.

Contraloría y MEF

Danós explica que cuando el Poder Ejecutivo está disconforme con la actuación de un funcionario regional practica cualquiera de estas dos medidas: i) pide que la Contraloría inicie una acción de control que eventualmente podría derivar en una “recomendación vinculante” a fin de que corrija su conducta, para que lo denuncien penalmente, para que lo demanden por responsabilidad civil o para que le inicien un procedimiento sancionador funcional ante la misma contraloría ; o ii) directamente a través del procurador del ministerio se procede a denunciar penalmente a dicho funcionario regional. Algo que, como sabemos, casi no ha ocurrido.

Danós precisa que la medida que sí ha sido aplicada en un par de ocasiones, es la suspensión de entrega de fondos por parte del MEF, según lo dispuesto en es el artículo 53° de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30115 que a la letra señala:

53.1 La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras o dependencias equivalente en las entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados, a la sola solicitud del titular de los siguientes organismos: Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior.

“En este marco legal, la Contraloría solicitó al MEF, el 31 de marzo del 2014, la suspensión temporal de operaciones de las cuentas bancarias del Gobierno Regional de Ancash y, el 22 de abril, de las cuentas bancarias del Gobierno regional de Tumbes”, recuerda Danós.

Pero esa es una disposición que no viene acompaña de la posibilidad de intervenir directamente en la administración sub-nacional asumiendo temporalmente la gestión sea del manejo económico o de los servicios. 

Capacidad de intervención en Salud

Esta falencia, sin embargo, ha sido finalmente atendida de manera parcial en el sector Salud, ante posibles situaciones de emergencia sanitaria o de incumplimiento de ciertas normas. En efecto, en abril del 2016 la ley 30423 que establece lo siguiente:

“Artículo 127-
a) La Autoridad de Salud de nivel nacional, como ente rector del sistema de salud y en el marco del proceso de descentralización, está facultada para:

b) Emitir informes de monitoreo y supervisión conteniendo disposiciones de obligatoria implementación por parte de la autoridad sanitaria regional y/o local, ante riesgos de salud pública originados por incumplimiento de sus funciones o por factores exógenos…

c) Intervenir conforme al literal j) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1161, en todo o en parte del territorio nacional, para implementar medidas de respuesta efectivas e inmediatas de carácter temporal, con el propósito de anticipar, mitigar y dar respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas, cuando exista incumplimiento de las disposiciones descritas en el precedente literal b), o por causa de un factor exógeno; sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. Esta medida no sustituye las competencias y funciones de gestión propias de los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, es responsable de monitorear, organizar, dirigir y ejecutar las medidas de respuesta efectivas e inmediatas de carácter temporal, en coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y organismos del Ministerio de Salud competentes en la materia”.

De modo que ante una situación de emergencia sanitaria o ante el incumplimiento de normativas relativas a riesgos de salud pública, el ministerio puede intervenir de manera temporal para ejecutar las medidas necesarias, aunque sin sustituir las competencias y funciones de los gobiernos regionales y locales. Es un avance importante, aunque en la medida en que no se pone en suspenso la autoridad sub-nacional en esos temas durante la intervención, queda siempre la posibilidad del conflicto de competencias y acciones. Sigue habiendo una cierta debilidad e indefinición.

El Salud también se han ensayado mecanismos no punitivos o interventores para mejorar el monitoreo y la aplicación de las políticas sectoriales. Arturo Granados, ex director de descentralización del MINSA, nos recuerda que se dio una norma para incentivar el logro de resultados, particularmente en los convenios de gestión creados con la reforma remunerativa DL. 1153: “se paga un bono anual a los trabajadores cuyas entidades hayan cumplido los indicadores de desempeño que el MINSA establece anualmente mediante Resolución Ministerial. Pero este instrumento de modulación del comportamiento del sub-nacional está siendo subutilizado o desaprovechado”, precisa Granados.

Se ha intentado, asimismo, mejorar el nivel de las gerencias regionales, lamentablemente sin mayor resultado. SERVIR, en coordinación con el Ministerio, seleccionó una promoción de gerentes públicos en salud, pero fueron pocos los que llegaron a ser tomados por los gobiernos regionales, que prefirieron nombrar gerentes siguiendo criterios de amistad o confianza. En la actualidad –informa Granados-, el Congresista César Villanueva está elaborando un proyecto de ley para crear un “Cuerpo Directivo en Salud y Educación a nivel regional”, de modo que los gerentes en Salud y Educación tengan que ser obligatoriamente escogidos de ese cuerpo. Ojalá se apruebe. 

Conclusión

En suma, la capacidad del gobierno nacional de asegurar el cumplimiento de las leyes y las políticas sectoriales por parte de los gobiernos sub-nacionales, es muy limitada. Se requiere una reforma de la descentralización que garantice el precepto constitucional del gobierno unitario y fortalezca la autoridad central, a fin de contener la tendencia a la feudalización política del país y asegurar la calidad de los servicios públicos. Dicha reforma debe comenzar con una enmienda constitucional que incorpore un artículo similar al 155º de la Constitución española y 37º de la alemana, porque de lo contrario cualquier ley que disponga la posibilidad de intervenir un gobierno sub-nacional asumiendo el control de alguna función o servicio o del gobierno mismo por parte del gobierno nacional, podría ser cuestionada en su constitucionalidad.

Si a esto agregamos que los procedimientos de delimitación de funciones y de acreditación de capacidades establecidos en la Ley de Bases de la Descentralización y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no se han cumplido, la necesidad de una reforma del proceso de descentralización se hace más necesaria aún. Es una tarea que no puede seguir siendo soslayada por el Congreso y tampoco por el Ejecutivo. Lampadia

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No es necesario crear un Senado, y sí es bueno dividir Lima en distritos electorales mas pequeños”

Martín Tanaka, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P. ¿Cuál es tu opinión acerca de las propuestas de reforma política formuladas por Lampadia? (Ver: Empecemos a debatir la Reforma Política).

R. Antes de empezar, quiero mencionar que fui parte del equipo que elaboró la propuesta de reforma institucional presentada por la Asociación Civil Transparencia, que puede verse en: http://www.transparencia.org.pe/documentos/propuestas_de_reforma_institucional.pdf.

Varias de las propuestas de Lampadia coinciden con la propuesta de Transparencia, que suscribo; otras no son parte de esa propuesta, con algunos estoy de acuerdo y con otras no. Pero más allá de esto, me parece importante contar con un diagnóstico claro de cuáles son los problemas más importantes y urgentes, cuáles serían los mejores caminos para enfrentarlos, y que al mismo tiempo puedan contar con el consenso necesario para ser implementadas. Sin una mirada integral, corremos el riesgo de tener nuevamente una falsa reforma política como la que tuvimos al final del Congreso anterior.

P. ¿Respecto de la propuesta de crear un  Senado con funciones solo revisoras, y elegido en distrito único nacional mientras no se integren regiones propiamente dichas?

R. No me es evidente cuál es el problema que se pretende resolver con el Senado, y deberíamos tenerlo claro antes de embarcarnos en su reinstauración: ¿Mejorar la representación con una lógica de elección diferente a la departamental? ¿Hacer más exigente el proceso legislativo, con otra instancia revisora? ¿Aumentar el número de legisladores? ¿Atribuir funciones específicas a una instancia electa con una lógica diferente a la departamental? El asunto es que estos problemas se pueden solucionar con medidas que no pasan por la creación de un Senado.

Si se quiere que los proyectos de ley tengan un mejor proceso de maduración, con lo que estoy de acuerdo, podríamos ser más exigentes con el proceso legislativo: más transparencia en comisiones, en la determinación de sus agendas y las del pleno, más consulta con la sociedad civil; doble votación en el pleno sin excepciones, etc. Si se quiere elegir representantes útiles que no tienen cabida en un esquema departamental, con lo que también estoy de acuerdo, podríamos elegir un grupo adicional de congresistas por lista, para acercar más la votación congresal a la proporcionalidad, como sucede en Alemania; o podríamos simplemente elegir un grupo adicional en lista única, independientemente del criterio de proporcionalidad, que también me parecería bien. El asunto es que ninguna de estas cosas requiere necesariamente de un Senado, como es evidente en la propuesta de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

En el fondo, tenemos que, sin hacer otras reformas, el Senado podría ser más de lo mismo que hemos visto en los últimos años. Preferiría por ello empezar por fortalecer los partidos, y terminar con el Senado.

P. La idea central de un Senado elegido en distrito único o en macroregiones sería limitar el poder de un congreso unicameral que, por ejemplo, tenga una mayoría absoluta y pudiera instaurar una suerte de “dictadura parlamentaria” populista (de izquierda o de derecha) por ejemplo. Y, a la vez, balancear el efecto distorsionador de la proporcionalidad de diputados elegidos en distritos pequeños…   

R. Si lo que se busca es evitar la “dictadura parlamentaria”, funciona mejor la propuesta que uds. formulan de elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo.  De acuerdo con buscar mejor proporcionalidad, y también abrir espacio para liderazgos no territoriales, pero para eso podría funcionar la idea de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

P. ¿Y sobre la propuesta de eliminar el voto preferencial y establecer distritos electorales más pequeños (uni o binominales) para elegir diputados o la parte mayoritaria de la cámara única?

R. Varios puntos diferentes en esta propuesta. De acuerdo con eliminar el voto preferencial, siempre y cuando se asegure la democracia interna en los partidos, y se asegure la alternancia de género. Respecto al tamaño de las circunscripciones, en realidad en nuestro país sólo Lima tiene un tamaño “excesivo”; estaría por ello de acuerdo con “achicar” su tamaño, partiéndola en varios: podría ser Lima norte, sur, este y oeste, y además la de peruanos en el extranjero. Las demás circunscripciones departamentales tienen tamaño chico o mediano, en realidad. No estoy de acuerdo con llegar a circunscripciones uni o binominales, porque se distorsiona en exceso la proporcionalidad del voto nacional, y porque se acentúa en demasía la “provincianización” del Congreso, ya de por sí excesiva en la actualidad.

P. No entiendo bien el argumento de la “provincianización”: no hay contradicción, un buen líder o representante, entenderá los temas nacionales. Con la ventaja de que  el distrito pequeño uni o bi nominal permite una clara relación entre representados y representantes, dándole sentido, contenido real, a la democracia, al Congreso. Y con un distrito electoral pequeño habrá muchos menos candidatos y el elector podrá elegir mejor. De modo que los representantes tenderían a ser mejores. Y en cuanto a la distorsión de la proporcionalidad, esta se corregiría precisamente con un Senado o una parte del Congreso elegida en distrito nacional o macroregional…

R. Yo sí tengo el temor de que circunscripciones uni o binominales acentúen el provincianismo, de que terminemos eligiendo “caciques” provinciales, por así decirlo. No me parece que tengamos distritos muy grandes en Perú, salvo Lima, cuyo tamaño es claramente excesivo. Madre de dios tiene un congresista; Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali, tienen dos; Ayacucho y Huánuco, tres; Callao, Ica, Lima provincias, Loreto y San Martín, cuatro; Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno, cinco; Arequipa, Cajamarca seis; La Libertad y Piura, siete. Viendo estos datos, no me preocupa tanto el tamaño, porque se trata de un número no tan grande, que permite cierta proporcionalidad. Lo que me preocupa más no es el número por región, sino la distribución demográfica de la misma, de modo que la representación se concentra en las ciudades o provincias más grandes en desmedro de otras: para solucionar ese problema aceptaría “achicar” algunas para dar cabida a otros, pero no me resulta claro que distritos más pequeños impliquen menos y mejores candidatos, o un mejor trabajo congresal.  

P. Bueno, si eliges entre un número mucho menor, puedes elegir mejor, y si tienen 4 o 5 o 6 representantes, ya no tienes ninguno… La siguiente propuesta es la de Transparencia: elegir el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, o dos semanas después de ella, para favorecer que el gobierno tenga mayoría y acelerar el proceso de reducción de partidos que ya vendría impulsado por los distritos uni o binominales.

R. De acuerdo. Para mí, la principal fundamentación está en permitir que las preferencias de los ciudadanos se dé con la mayor información posible: después de conocer los resultados de la primera vuelta, los electores decidirán si concentran el voto en las fuerzas principales o no, pero es importante saber quiénes pasan a segunda vuelta. Y de acuerdo con que la votación se concentre en las fuerzas más importantes.

P. ¿Subir la valla a las alianzas? 

R. De acuerdo. Hasta el momento, la facilidad para integrar alianzas es el mecanismo que ha permitido la supervivencia de muchos partidos cascarón. En Transparencia propusimos una barrera general del 5% de votos válidos para contar con representación, y en el caso de alianzas 2.5% de votos válidos por cada partido adicional.

P. ¿Reducir significativamente el número de firmas para formar un partido pero obligarlo a participar con candidatos por lo menos en el 50% de las regiones, provincias y distritos?

R. De acuerdo, en tanto las firmas no son un mecanismo que permita identificar la representatividad de los partidos. Ella se define a través del desempeño electoral, así que estoy de acuerdo. En Transparencia hemos sugerido algo muy parecido.

P. ¿Aumentar los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Deben acreditar existencia y presentar candidatos por lo menos en tres regiones? 

R. De acuerdo con ser más exigentes con movimientos regionales, equiparables a las de los partidos nacionales: así deberían estar obligados a presentar candidatos a en las elecciones municipales provinciales y distritales; podría ser además estén obligados a presentar candidatos en más de una región; de otro lado, si no ganan representantes en consejos regionales o alcaldías provinciales, deberían perder el registro. Finalmente, deberían desaparecer las candidaturas de organizaciones políticas locales distritales. Cada vez pierden más terreno, y fomentan la fragmentación.

P. Aumentar el financiamiento público de los partidos y subir el tope de las aportaciones privadas (transparentadas)… 

R. De acuerdo, hacer efectivo el financiamiento público, pero con controles estrictos y sanciones drásticas al mal manejo del mismo. De otro lado, transparentar y hacer más realista la normatividad referida a los aportes privados. Urge hacer transparente los gastos en medios masivos de comunicación, los más costosos.

P. ¿Y respecto de la idea de permitir la candidatura al Congreso de los candidatos a la presidencia, a fin de que los líderes partidarios estén en el Congreso y este se convierta en un verdadero foro político? 

R. De acuerdo, pero debería ir junto con todas las medidas destinadas a reducir la fragmentación política. Atención que la eliminación de la postulación simultánea buscaba desincentivar que los aspirantes al Congreso lanzaran candidaturas presidenciales solo con fines propagandísticos.

P. Jorge Morelli ha propuesto elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en la mayor parte de democracias presidencialistas, a fin de contener los impulsos populistas. 

R. De acuerdo, el Perú aparece como una rareza de poder parlamentario, a pesar de que algunos señalaban, en especial durante los años noventa, que la Constitución de 1993 es “hiperpresidencialista”. Hoy, con mayoría congresal fujimorista, señalan que el presidente es muy débil. Sería prudente subir a los tres quintos los votos necesarios para la insistencia congresal en una ley observada por el ejecutivo, que igual nos pondría en una zona moderada en el contexto regional.

P. ¿Derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general pueden conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas?

R. De acuerdo, estos cambios fueron resultado de oportunismos de última hora del Congreso anterior, que buscaban preservar el statu quo o aprobar medidas efectistas. Entonces, los partidos que no participan en elecciones (no solo nacionales) deben desaparecer; se debe permitir la reelección inmediata por un solo periodo adicional en regiones y municipios; y el reparto de dádivas debe ser sancionado, pero con castigos proporcionales a las faltas, y en donde la pérdida de registro puede ser la pena máxima aplicada solo en casos extremos, y no durante un proceso en curso.

Lampadia

El día de ayer, la Cámara de Diputados de Brasil votó para iniciar el proceso de destitución de la actual presidenta, Dilma Rousseff, por acusaciones de manipulación de las cuentas del gobierno, en un clima de rechazo popular masivo contra el gobierno, cuyos máximos líderes están implicados en niveles de corrupción de escándalo.

El proceso ahora pasará al Senado, que deberá primero aceptarlo por mayoría simple para dar paso al eventual juicio de destitución bajo la conducción del Presidente del Tribunal Supremo Federal. El voto final tendrá que contar con dos tercios de los senadores.

Este proceso tiene el respaldo del pedido de justicia de los millones de brasileños por las acusaciones de corrupción y sobre todo por el gran descontento y decepción con la peor crisis económicas desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo.

Decenas de miles de manifestantes a favor y en contra de la acusación se reunieron en la capital Brasilia y otras ciudades importantes para ver la transmisión en vivo por la televisión nacional de la dramática votación que hicieron, a viva voz, los más de 500 diputados de la cámara baja.

Los 513 legisladores votaron uno por uno, todos ellos tuvieron 30 segundos para hablar antes de emitir su voto. Al final, 367 diputados votaron a favor del impeachment, superando el mínimo legal de 342.

Líneas abajo mostramos un gráfico que explica el largo y tedioso proceso de juicio político:

El caso del juicio político contra la presidenta Dilma se centra alrededor de la contabilidad creativa, en la que el gobierno federal ha retrasado los pagos a los bancos estatales con el fin de hacer que el déficit presupuestario se viera más pequeño de lo que realmente era. Las  revelaciones de corrupción generalizada bajo el gobierno del PT, como las acusaciones de haber usado dineros negros para su campaña de reelección, debilitan su posición en los procesos políticos.

Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. El inmenso escándalo de corrupción destapado en Petrobras, considerado el mayor en la historia de Brasil, por la cantidad y calidad de los funcionarios públicos y privados comprometidos, así como los montos en cuestión. (Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff).

Estos escándalos implican a políticos, empresarios, senadores, diputados, gobernadores y altos funcionarios. De acuerdo a la revista Veja (la más seria del país), tanto Dilma Rousseff como Lula Da Silva estaban al tanto de los hechos. Una situación complicada, pues Rousseff ha sido presidenta de Petrobras antes de llegar al gobierno.

Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  

La reelegida presidenta de Brasil (por un pequeñísimo margen), ha negado constantemente haber tenido conocimiento del esquema de corrupción, pero su imagen ya ha sido fuertemente deteriorada. De acuerdo con un sondeo de Datafolha (en portugués), publicado el 11 de abril, el 63% de los encuestados en todo el país afirman que su gobierno era “malo o terrible”, con sólo el 13% diciendo que era “bueno o excelente”. Los expertos dicen que esto refleja la profunda recesión y la de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Además, la breve detención por la policía de su mentor y predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, y su nombramiento como ministro para brindarle cierta protección legal (bajo la ley brasileña, los miembros del gabinete sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, no por un juez federal), habría herido aún más la imagen de la presidenta.

El ex presidente Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Con estos escándalos políticos, no es sorprendente que la economía de Brasil esté pasando por su peor recesión en décadas después de una caída de los precios de las materias primas, como el petróleo, hierro y la soja. En 2015, la economía se contrajo un 3.8%, la inflación alcanzó el 10.7% a finales del año pasado y el desempleo aumentó a 9% , que podría aumentar a dos dígitos en los próximos meses.

Pero en dónde se manifiesta el fracaso del modelo implantado por Lula y seguido por Rousseff es en el precio del dólar. La moneda de Brasil, que perdió un tercio de su valor frente al dólar en 2015 ha recuperado algo de terreno por la inminente retirada de Rousseff.

Cabe recordar que en una visita de Lula al Perú, durante el segundo gobierno de García, el entonces presidente brasileño retó al peruano, declarando que era mejor distribuir que crecer. Lula presentó cifras para alardear de su supuesto éxito. En Lampadia no nos convencieron ni nos dejamos ilusionar por el asistencialismo y voluntarismo de Lula. Entonces comparamos sus cifras con las peruanas en Luces y sombras de la visita de Lula al Perú y mostramos que la performance del Perú era muy superior. Posteriormente, Brasil empezó a deteriorarse, y hoy tiene aún mucho peores indicadores. No cabe duda que el Perú también ha tenido un “traspié” al ningunear la importancia de la minería, pero Brasil ha llevado su modelo asistencialista y el crecimiento del Estado a límites insostenibles.

¿Cómo queda Brasil en todo esto? El juicio político en el Senado probablemente cause un gran caos institucional. Para la presidenta Dilma, la destitución sería el final de su carrera política. Para el vicepresidente Michel Temer, y la economía del país, podría dar lugar a un gobierno con un alto grado de incertidumbre y dificultad.

Por desgracia, esta incertidumbre política está dividiendo a Brasil. Parte del país (probablemente una minoría) continúa apoyando Rousseff (y a su predecesor, el ex presidente Lula) y gritan que el juicio político es un golpe de Estado. La mayoría de la población, sin embargo, está absolutamente cansada de vivir durante casi 15 años bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores y están desesperados por un cambio.

Se viene una gran lucha contra la corrupción, la cual no se acabará con la destitución de Rousseff, y la movilización popular será fundamental para que no pierda impulso. Ver en Lampadia: ¡Fora Dilma!

Esperamos que Brasil pueda acortar el tiempo de la eventual transición a un nuevo gobierno elegido por el pueblo que pueda recuperar la confianza de los brasileños en el futuro. Lampadia