Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 5 de Marzo del 2023

“Es la protesta la que rechaza el diálogo, y lo hace porque parte del mito de que el golpe lo dio el Congreso a Castillo, y Boluarte es usurpadora”.

La insurrección se ha apagado en casi todo el territorio, pero las banderas que agitó han conquistado a una amplia mayoría de la población que, según las encuestas, está a favor del adelanto de elecciones cuanto antes, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso e incluso, con una mayoría menos amplia, de una asamblea constituyente. No solo eso: Dina Boluarte tiene una aprobación bajísima y el Congreso una más baja aún.

Como si estuviéramos en una democracia plebiscitaria y no constitucional, muchos se han sumado a esas demandas. Se abusa del concepto de legitimidad, como si hubiera un punto de aprobación en las encuestas debajo del cual el gobierno ya no es legítimo y debiera renunciar. Es una trampa conceptual en la que caen muchos que se dicen demócratas sin percatarse de que es la clase de argumentos que sostienen a los autoritarismos populistas: la popularidad a cualquier costo.

Para esos ‘demócratas’, estamos ante un gobierno autoritario que, en lugar de hacer política, aplica la mano dura y usa a las Fuerzas Armadas y policiales como única respuesta frente a la crisis política. No explican cómo es posible que hasta la fecha este gobierno de mano dura no haya detenido a los líderes de las acciones violentas, los ataques, los incendios y los bloqueos, algo que no es sino simple imperio de la ley. O que se establezca una jurisdicción nacional en la fiscalía para que sea factible.

Tampoco señalan que las dirigencias de la protesta e incluso autoridades elegidas se niegan sistemáticamente a dialogar. Ninguna crítica a esos actores. Menos aún desarrollan iniciativas para propiciar espacios de diálogo. Nada de nada.

Es la protesta la que rechaza el diálogo, y lo hace porque parte del mito de que el golpe lo dio el Congreso a Castillo, y Boluarte es usurpadora. ¡Y el 51% lo cree! ¿Alguno de estos críticos ha intentado explicar que esa narrativa, que está en el origen de las movilizaciones, es falsa? Evidentemente, si estoy convencido de que los poderes limeños me robaron el voto deponiendo al presidente que yo elegí simplemente por racismo, me levanto y me movilizo.

Menos aún han salido a señalar la naturaleza abiertamente dictatorial de los regímenes que esas dirigencias radicales imponen en los lugares que controlan. En Puno, Cusco y otros sitios se bloquea para que no haya abastecimiento, se obliga a los comerciantes a cerrar, se obliga a las autoridades elegidas a pronunciarse en el sentido de que apoyan la huelga y se les azota si hablan con el Gobierno. Se amenaza a los fiscales para que no actúen, se reprime y castiga a los periodistas críticos. La disidencia está prohibida. En Cusco incendiaron un canal de televisión.

¿Hemos escuchado que se denuncie o critique a esas dictaduras locales? Nada. Ni siquiera por solidaridad con las mayorías afectadas. Por supuesto que, para pacificar y normalizar Puno, por ejemplo, se requiere algo más que un comando unificado que trata de despejar carreteras mientras son vueltas a bloquear, y que lleva ayuda humanitaria para tratar de ganarse a la población. Se requiere, además, hacer un esfuerzo supremo para buscar interlocutores que se atrevan a dialogar, una intervención política o ejecutiva –o designar a un zar, como propone Ismael Benavides– para desarrollar acciones de impacto, terminar obras largamente inconclusas debido a la corrupción, formalizar la minería informal, etc. ¿Ha venido de estos tuertos defensores de la democracia alguna sugerencia de qué hacer?

El corredor minero necesita también una respuesta integral. Quizá una mancomunidad de municipalidades con un órgano ejecutivo, para usar mejor el canon y cerrar brechas, como estaría pensando la PCM, y batallones de ingeniería para asfaltar la carretera, a fin de suprimir el polvo. Pero acá tampoco hay propuestas. Nada de nada.

Fernando Rospigliosi
Analista Político
El Reporte
5 de marzo de 2023

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha motivado el odio de todos los comunistas, progresistas y caviares del mundo entero. El motivo: ha tenido un éxito espectacular combatiendo a las maras, pandillas de delincuentes que se habían enseñoreado en ese pequeño país centroamericano, con índices de homicidios y delitos altísimos, entre los peores del mundo.

Por ejemplo, el diario El Comercio, que hoy día es prácticamente un periódico caviar, editorializó criticando completamente su política anti delincuencia, que ha logrado reducir el crimen a niveles que superan a los mejores del continente.

Significativamente, titula su editorial “El tirano seductor” (4/3/23) y señala que “los costos de su lucha contra el crimen han sido altísimos”. En realidad, no pueden señalar ninguno de los altísimos costos en lo que supuestamente ha incurrido. A lo que se refiere es a su presunta intención de convertirse en un dictador y el peligro que representa para la democracia.

Es verdad que Bukele ha recurrido a métodos poco ortodoxos para obtener poderes que le permitan desarrollar una eficaz lucha contra la delincuencia, por ejemplo, amedrentando al Congreso. Cierto ¿pero había otra manera?

Por ejemplo, habría que imaginar si hoy existiera en el Perú un gobierno que quisiera combatir la delincuencia y derrotarla, como ha hecho Bukele, con los mecanismos institucionales de la democracia fallida. ¿Alguien en su sano juicio cree que podría hacer algo similar? ¿Qué con un Congreso como el actual, o el anterior, o el anterior sería posible?

¿Acaso con la burocracia existente hoy en el Perú se podría construir una cárcel para 40,000 internos en siete meses? Basta observar que la línea 2 del Metro de Lima tiene tres lustros de iniciada y está a muchos años de ser concluida, si es que se termina algún día. O que el elefante blanco de Talara, la inútil refinería, lleva una década de empezada, y todavía no opera realmente.

La disyuntiva es entonces quedarse de brazos cruzados, porque con los podridos mecanismos existentes, penetrados por la corrupción y trabados por rencillas políticas inacabables y burocracias insensibles, es imposible avanzar. O forzar un desenlace para mejorar las condiciones de vida de la población.

El Comercio usa un absurdo argumento contra la política de Bukele. Dice que “una reciente revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos esta semana, según la cual Bukele negoció con los jefes de la MS-13 (la Mara Salvatrucha) para que redujeran los homicidios a cambio de tratos preferenciales a sus integrantes en las cárceles, demuestra lo mucho que está dispuesto a ensuciarse.”

Realmente el cinismo es monumental. En los EEUU todos los días los fiscales, la policía y el FBI (que pertenece al Departamento de Justicia) negocian con los delincuentes no solo reducciones de penas sino mejores tratos carcelarios –que es de lo que acusan a Bukele- a cambio de información o reducción de la violencia. Todos los días. (Antigua tradición que en el FBI inauguró su longevo jefe, negociando con la mafia. Ver Anthony Summers, “Oficial y confidencial. La vida secreta de J. Edgard Hoover”.).

Demás está decir que en el Perú también ocurre eso.

Cuando lo hacen las autoridades norteamericanas está bien, pero si lo hiciera Bukele –no está probado que lo haga-, está mal.

Haya o no negociado, su estrategia ha sido totalmente exitosa y ha mejorado sustancialmente la vida de los salvadoreños, lo que podría disminuir el flujo de migrantes ilegales a EEUU. Pero eso al parecer no les interesa a las actuales autoridades norteamericanas.

En el continente tenemos otras experiencias que pueden compararse con las de El Salvador. En México, la ridícula política de “abrazos y no balazos” de Andrés Manuel López Obrador no ha disminuido la exorbitante ola de asesinatos y crímenes que asolan ese país, sino la ha incrementado.

En Chile, país que tradicionalmente tenía índices muy bajos de delitos, la situación se está descontrolando con el gobierno izquierdista. En Colombia, con el antiguo terrorista, Gustavo Petro, acaban de secuestrar ignominiosamente a un grupo de policías, con toda impunidad.

Estas diferencias en resultados son las que preocupan a comunistas y caviares de todas partes. Por eso tratan de desacreditar a Bukele al que, además, odian con particular intensidad porque hasta hace poco fue uno de ellos.

En efecto, Bukele se inició en la política como miembro del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), un grupo subversivo armado que pactó y se incorporó a la democracia hace décadas. Pero Bukele pronto se desengañó y evolucionó a posiciones de derecha. Su éxito lo ha convertido en la bestia negra de comunistas y caviares de todo el mundo.

Es difícil pronosticar la deriva política en El Salvador -es de esperar que no se cumplan los oscuros augurios de los caviares-, pero de lo que no cabe duda es que la lucha contra la delincuencia encabezada por Nayib Bukele es extraordinariamente exitosa y ha beneficiado al pueblo salvadoreño, lo que se expresa en una popularidad del 90%. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La ofensiva insurreccional parece haberse agotado. Solo en Puno se mantienen bloqueos y cierres de negocios y oficinas, dictados por dirigencias radicales que lograron imponer una verdadera dictadura local que, sin embargo, también viene perdiendo fuerza. El número de puntos de bloqueo en esa región ha bajado de 36 en promedio la semana pasada a 17 esta semana, y ante los acuerdos de dirigentes aymaras y radicales de seguir obligando a los mercados a cerrar a las 8 de la mañana, un grupo de dirigentes de ocho mercados de Juliaca acordaron unilateralmente una tregua absoluta los días sábado, domingo y lunes pasados. La gente está cansada.

Fuera de Puno, queda el remanente de que todavía las empresas mineras Las Bambas, Hudbay y Antapaccay casi no pueden sacar su mineral porque, si bien el corredor minero ya no está bloqueado, sí hay piquetes que amenazan con no dejar pasar los camiones. Son bloqueos fantasmales, pero efectivos. 

En Puno, el Comando Unificado de las fuerzas armadas y policiales aplica una estrategia no confrontacional que tiene dos componentes:

Operación desgaste, que consiste en desbloquear en la madrugada las piedras que los piquetes han puesto durante el día, llevándose las piedras grandes lejos de modo que al día siguiente vuelven a bloquear, pero con piedras más pequeñas y con menos gente. Es una estrategia lenta pero efectiva porque de hecho los puntos de bloqueo se han reducido.

El otro componente consiste en tratar de ganarse el favor de la población mediante acciones de apoyo cívico tales como retirar la basura acumulada en las ciudades, traer medicinas para los hospitales, vuelos humanitarios, y desfiles los días domingo como aquel en que soldados bailaron con algunas mamachas.

Esta estrategia consigue algunos avances, pero no logra aun el control del orden interno, que sigue en manos de las dirigencias radicales.

Necesita ser complementada por una intervención político-administrativa que identifique interlocutores y desarrolle acciones de impacto, tales como el anuncio de la culminación de obras largamente paralizadas por la corrupción, introducción de tecnologías de sierra productiva en el campo, formalización de la minería informal con la instalación de bancos y plantas de procesamiento en la Rinconada, etc. Ismael Benavides ha sugerido nombrar un Zar para Puno para esos efectos.

José Figueroa, periodista del canal CNA de Juliaca, señala algunas de esas obras:

1. Culminar el hospital materno infantil de Juliaca, que por corrupción los gobiernos regionales llevan 15 años sin poder terminarlo.
2. “El sueño juliaqueño que les cambiaria la vida es la segunda circunvalación, y terminar la primera”.
3. Para los aimaras: la autopista Puno-Desaguadero-Yunguyo

Pero se debe detener y procesar a los líderes de las acciones violentas, y no solo en Puno. Esto requiere que la fiscal de la Nación y la Corte Suprema se decidan a crear una jurisdicción nacional, porque los magistrados locales están amenazados. ¿Qué esperan? De lo contrario, esos extremistas aprovecharán la primera oportunidad para organizar ataques a objetivos emblemáticos.

En cuanto al corredor minero del sur, los bloqueos no se iniciaron con estas revueltas. Vienen de años atrás y se agravaron con Castillo. Se requiere resolver el problema actual y encontrar una solución permanente. Una salida inmediata que se estaría evaluando es trasladar batallones de ingeniería del Ejército con la misión de asfaltar la carretera del corredor. Eso resolvería una fuente de conflictos porque eliminaría el polvo que levantan los camiones, y en lo inmediato permitiría instalar bases de ingeniería militar que ayudan a prevenir bloqueos.

También se estaría reactivando el proyecto que fuera planteado por el ex gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, de mejorar carretera alterna que sale de Cotabambas hacia Aymaraes y llega a Nazca-Marcona. Costaría alrededor de 320 millones de soles. Varios proyectos mineros podrían salir por allí.

Pero se requiere resolver el problema de fondo, que es el desarrollo y el cierre de brechas, el buen uso de los recursos del canon y las regalías. Al respecto, la flamante secretaria de Diálogo Social de la PCM, Alexandra Ames, está evaluando la posibilidad de alentar la creación de una mancomunidad que integre a las municipalidades provinciales y quizá a los gobiernos regionales del corredor minero a fin de que pueda ejecutar obras de carácter multiprovincial, o paquetes de obras. Esa mancomunidad tendría una unidad ejecutora. Con asistencia técnica del MEF a los gobiernos locales.

Quedaría por atender el problema directo de estos abogados y dirigentes que se han especializado en la industria de la extorsión. Al respecto, urge recomponer equipos de inteligencia policial que trabajen con la fiscalía para denunciar estos delitos. Hay que restablecer el imperio de la ley. Lampadia

Por: Alfredo Torres
Perú21, 2 de Marzo del 2023

“La inversión es el camino para reducir la desigualdad que hoy existe entre la capital y otras poblaciones del país”.

En los próximos días un grupo de manifestantes provenientes de Puno llegará a la capital para lo que denominan “la segunda toma de Lima”, asumiendo como “primera toma” las manifestaciones de protesta contra el Gobierno y el Congreso de fines de enero de este año. La verdad, sin embargo, es que Lima fue “tomada” por peruanos de distintas provincias del país hace mucho tiempo.

En efecto, cuando el Perú cumplió el primer centenario de su independencia, la ciudad de Lima contaba con 167 mil habitantes, menos del 4% de la población nacional de entonces. Para darse una idea del pequeño tamaño que tenía la ciudad entonces, nótese que solo en el distrito del Cercado de Lima residen actualmente 260 mil personas. Sin embargo, según el censo de 1920, el 30% de su población eran inmigrantes, tanto extranjeros (chinos, japoneses y europeos, muchos de los cuales habían escapado de la Primera Guerra Mundial) como nacionales. Entre estos últimos, destacados intelectuales como el arequipeño Víctor Andrés Belaunde, el moqueguano José Carlos Mariátegui, el trujillano Víctor Raúl Haya de la Torre o el tacneño Jorge Basadre.

Las grandes olas migratorias se iniciaron a mediados del siglo pasado, como bien ha relatado José Matos Mar. Varios de los distritos más poblados de la Lima de hoy fueron urbanizados en las décadas del 50 al 70: Carabayllo, Comas, San Martín de Porres, Independencia, El Agustino, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y, finalmente, Villa El Salvador. Según el censo de 1972, Lima tenía entonces 3 millones de habitantes, la mitad de ellos en los nuevos distritos que habían acogido a los inmigrantes.

Actualmente, Lima Metropolitana – que ya integra al Callao como parte de la misma metrópoli – supera largamente los 10 millones de habitantes, la gran mayoría de los cuales tiene raíces provincianas. Según la encuesta de Ipsos/Perú21 publicada recientemente, el 37% de los residentes en Lima nació en provincias y el 41% son hijos de padre o madre provinciana. Es decir, el 78% son inmigrantes de primera o segunda generación. Si sumamos a los que tienen abuelos provincianos, el 88% tiene lazos de sangre con el interior del país. Una minoría absoluta de 6% son limeños de tres generaciones y otro tanto son inmigrantes extranjeros, la mayoría venezolanos.

Los residentes en la capital representan hoy el 30% de la población nacional y generan, con su esfuerzo y productividad, el 50% del PBI. La imagen que tienen todavía muchos peruanos, de que Lima vive de las provincias, es falsa. La capital aporta más de la mitad del presupuesto nacional y, sin embargo, tres de cada cuatro soles del presupuesto de obras se invierten en el interior del país, fuera de la capital.

Es cierto que Lima ofrece mayores oportunidades de empleo y mejores servicios públicos. Entonces, lo que toca a los gobernadores regionales es atraer inversión privada para generar más empleos formales en sus regiones e invertir mejor –con más eficiencia y menos corrupción– los recursos que les son transferidos. Están demasiado atrasados en infraestructura y servicios para su población. La inversión es el camino para reducir la desigualdad que hoy existe entre la capital y otras poblaciones del país.

Por: Madeleine Osterling
Expreso, 1de Marzo del 2023

Mi más enérgico rechazo y protesta contra el DU No. 006-2023. Esta norma es un despropósito. Inaceptable que en su parte considerativa se establezca textualmente que las movilizaciones en las que se registraron actos violentos, bloqueo de vías e intento de toma de aeropuertos (que en cualquier lugar del mundo constituye delito de terrorismo y así lo establece expresamente el Protocolo de Montreal firmado por el Perú) constituye el ejercicio del derecho fundamental a la protesta.

No solo es una señal de debilidad de un gobierno que pende de un hilo sino un pésimo precedente. A la misma razón, el mismo derecho. El Gobierno ha decidido compensar las acciones terroristas con nuestro dinero. ¿Cómo se atreve, señora Boluarte? ¿No se le cae la cara de vergüenza ante las muchísimas víctimas de los sanguinarios terroristas de la década 80/90 como las de Tarata que jamás recibieron un centavo? Si lo que busca es ablandar los mercantilistas corazones caviares buscando blindaje, se equivoca; usted no se salva, deben estar salivando la persecución.

Al margen de la poca credibilidad de las encuestas del IEP publicadas por LR – que hoy constituye la prensa más desestabilizadora del país – Boluarte y en especial el Congreso tienen un altísimo rechazo. En el caso del Congreso, se lo han ganado a pulso. En un país donde la mitad de la población tiene inseguridad alimentaria y la línea de pobreza monetaria es inferior a S/ 378 mensuales, es absolutamente inaceptable que se sientan con derecho a un menú de S/ 190 diarios. Una torpeza sideral del almirante Montoya que verbalizó lo que muchos piensan y una falta de empatía inaceptable. ¡Bien que lo paguen de su bolsillo!

Su última perla es una nueva Ley de Junta de Usuarios de Agua que perjudicaría directamente a la maltratada actividad minería. El Ejecutivo la ha observado y esperemos que no se promulgue por insistencia.

Los procesos de amparo en nuestro país se han prostituido. Históricamente han sido un mecanismo muy eficiente para evadir responsabilidades y suspender obligaciones. Muchos jueces se han convertido en simples mesas de partes y admiten absolutamente todos los recursos, sin calificación previa; ya sea por falta de escrúpulos o por dinero.

Hace unos días el TC, con admirable pulcritud, emitió una impecable decisión en una contienda competencial instaurada por el Congreso que ha encendido las iras de la Izquierda. Son muy eficientes en difundir sus mentiras, capitalizan cualquier oportunidad. Emblemático ejemplo, el artículo publicado el pasado domingo en La República por una conocida abogada que funge de periodista, que barriendo el piso con el Estado de derecho afirma que el TC, escogido a la medida por el Congreso, ha prohibido en los hechos que el Poder Judicial pueda hacer control constitucional de las arbitrariedades del Legislativo, arguyendo que en este último se ha concentrado un poder sin precedentes. Es la clásica pataleta del despojado.

La Izquierda pretendía, a través de acciones de amparo, mantener a Eliana Revollar en la Defensoría del Pueblo, quien para efectos prácticos se ha convertido en una ideologizada activista, protectora de vándalos y terroristas, así como también perennizar al anterior consejo directivo de la Sunedu, que había dado carta blanca para contratar consultorías caviares por millones de soles; no quieren perder su cuota de presupuesto y manejo institucional y si para ello tienen que rendir pleitesía al Poder Judicial, lo harán.

Quizás olvidó que el TC es el órgano supremo de interpretación y control constitucional, y que, en esta materia, tiene la última palabra. Le recomiendo que lea con mucho cuidado la Constitución y, ante cualquier duda, consulte con la Dra. Delia Muñoz, prestigiosa abogada que tiene las cosas clarísimas sobre el tema.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Para diversos analistas y politólogos el gobierno de Boluarte es un gobierno autoritario que en lugar de hacer política aplica la mano dura y usa a las fuerzas armadas y policiales como única respuesta frente a la crisis política. En lugar de buscar el diálogo, recurre a la represión.

Es lo que han opinado recientemente Paolo Sosa, David Sulmont, Paula Távara y Rubén Vargas en la República y Martín Tanaka en El Comercio.

Yo no sé si el gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles para buscar el diálogo con los dirigentes de las protestas, pero somos testigos que envió a los ministros a buscar interlocutores y establecer mesas de diálogo en las regiones movilizadas, y fue muy poco o nada lo que logró. Lo que no dicen los críticos es que las dirigencias de la protesta se han negado sistemáticamente a dialogar. 

Los defensores del diálogo deberían empezar por demandar a esas dirigencias radicales que dialoguen. No conocemos de ninguna iniciativa de esos “demócratas” para buscar y persuadir a esos líderes para que se sienten a dialogar o para crear espacios de diálogo. Nada de nada.

Lo que sí hemos visto son decisiones incluso de autoridades electas como gobernadores regionales y alcaldes de no dialogar con el Ejecutivo, de no recibir a los ministros ni a nadie del gobierno. ¿Alguna crítica a esas autoridades por negarse a dialogar? Ninguna. 

Menos aún a la CGTP, que es casi la única organización visible enfrentada al gobierno. La CGTP no dialoga ni en tiempos normales en el Consejo Nacional del Trabajo, pues apenas se quiere tocar propuestas de reforma, se levanta y se va. Es profundamente antidemocrática. ¿Alguna crítica de parte de estos politólogos y analistas a esas dirigencias formales? Ninguna. Menos aún a los líderes en la sombra, que no aparecen ni quieren aparecer, dirigentes del Fenate, Movadef, Sute-Conare y otras agrupaciones. ¿Alguna preocupación por la minería ilegal que gozó de liberalidades durante el gobierno de Castillo y proporciona dinero y logística? Ninguna. 

Quien no quiere dialogar es la protesta, que tiene un carácter insurreccional. En realidad, niega la legitimidad del gobierno de Boluarte y demanda su renuncia. Parte del mito de que el golpe lo dieron el Congreso y los poderes limeños a Castillo, y Boluarte es una usurpadora. Por eso rechazan el diálogo. ¿Alguno de estos críticos ha intentado explicar que esa narrativa es falsa? Evidentemente si estoy convencido de que el Congreso y los poderes limeños me robaron el voto deponiendo al presidente que yo elegí, a mi representante, simplemente por su origen popular y por racismo, me levanto y me movilizo. ¿Alguien ha tratado de explicar que no fue así?

Ni siquiera el gobierno. Y allí si hay una falla. No ha lanzado una campaña comunicacional para explicar qué fue lo que ocurrió y cómo Castillo intentó dar un golpe de Estado, para desactivar la motivación profunda de esta revuelta. 

Menos aún estos intelectuales y analistas han salido a revelar y denunciar la naturaleza abiertamente dictatorial de los regímenes que esas dirigencias radicales imponen en los lugares que controlan. En Puno, Cusco y otros sitios se bloquea para que no haya abastecimiento, o se deja pasar a cuentagotas, atentando contra derechos fundamentales, se obliga a los comerciantes a cerrar o a vender solo hasta las 8 de la mañana, se obliga a las autoridades electas a pronunciarse en el sentido de que apoyan la huelga y están en contra del gobierno y se les azota si hablan con el gobierno, se amenaza a los fiscales para que no actúen, los periodistas o son activistas o están reprimidos, pues la disidencia está prohibida y se castiga ferozmente. En el Cusco apedrearon e incendiaron el local del canal de televisión CTC porque un congresista que tiene allí un programa osó criticar el paro.

Verdaderas dictaduras, profundamente antidemocráticas. ¿Hemos escuchado que se las denuncie o critique? Nada. Es la hipocresía. Ni siquiera por solidaridad o empatía con las grandes mayorías seriamente afectadas en sus ingresos porque no pueden trabajar o vender o desplazarse.

Por supuesto que para pacificar y normalizar Puno se requiere algo más que un comando unificado que trata de despejar carreteras mientras son vueltas a bloquear, y que lleva ayuda humanitaria para tratar de ganarse a la población. Se requiere, además, una intervención política o ejecutiva, quizá designar un Zar para Puno como sugiere Ismael Benavides, para desarrollar acciones de impacto, terminar obras largamente inconclusas debido a la corrupción generalizada – denunciándola de paso-, formalizar la minería informal, etc. 

¿Ha venido de estos tuertos defensores de la democracia alguna sugerencia o propuesta de qué hacer, con qué instrumento institucional entrar, con quién dialogar si ni siquiera el gobernador regional quiere sentarse? Nada de nada. Lampadia

Berit Knudsen
Para Lampadia

La intromisión extranjera sigue agravando la crisis del país.  Dina Boluarte respondió a las declaraciones de Gustavo Petro sobre el Perú y nuestras fuerzas armadas: “lamento que ciertos presidentes, en este caso Colombia, tengan declaraciones tristes para el Perú. No es ajena para él la situación política que estamos viviendo, y desde afuera se viene azuzando a la población peruana. Rechazamos todo tipo de injerencia (…) le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que sus calles se están llenando de protestas, y que nos deje a nosotros, los peruanos, resolver las nuestras”.

La reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no se hizo esperar anunciando su decisión de no entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú ya que, en su opinión, el gobierno de Dina Boluarte es “espurio”. 

Cabe destacar que esta alianza –establecida en 2011– tiene por objetivo la integración económica y comercial de Chile, Colombia, México y Perú; la presidencia se alterna anualmente en orden alfabético y México debió entregarla al Perú a inicios de 2023.  El marco de esta alianza compromete al 35% del PBI, 50% del comercio y atrae al 45% de la inversión extranjera de América Latina. Hablamos de importantes intereses económicos que no pueden manipularse en forma caprichosa y des aterrizada.

El problema es la coalición de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile que actúan en bloque para defenderse mutuamente o atacar a quienes consideren adversarios.  Entre ellos se adulan, se condecoran y hacen oídos sordos a la pobreza, la corrupción y las crisis de sus países. En este escenario, el Perú se ha convertido en una obsesión, exigiendo restituir a Pedro Castillo.

Durante la última cumbre de la CELAC, desoyeron las aclaraciones de la Canciller peruana, victimizando al expresidente golpista.   Pero atacan a jueces si están en contra de Cristina Kirchner o toman partido contra el presidente Lasso en el referéndum ecuatoriano.

Organizaciones como Amnistía Internacional, agregan más leña al fuego mostrando una visión muy lejana de la realidad del país, afirmando: “Perú: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población Indígena y campesina”.  Estas declaraciones no reflejan nuestro sentir, exacerban el conflicto, dificultando una solución pacífica.

El Relator de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, dijo que había observado patrones de amenazas y ataques que se repiten en Cajamarca, Piura, Cusco, Ucayali y Madre de Dios. “Sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”.  Declaración que acrecienta la inestabilidad.

¿Y adonde esta la OEA en medio de esta crisis?  Porque no aplican la Carta Interamericana y el Articulo 19: Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en asuntos internos o externos de cualquier otro.  El principio anterior excluye… cualquier forma de injerencia del Estado, elementos políticos, económicos y culturales.

No se convoca al Consejo Permanente, el secretario general Luis Almagro no se pronuncia; con flagrante injerencia se viola la Carta Interamericana y con impasividad se vulneran principios internacionales; por ello la OEA va perdiendo autoridad, se va convirtiendo en un organismo débil y difuso.

La OEA está formada por 35 estados, 14 países han firmado una carta denunciando el plan para desestabilizar al Perú.  Están incluidos Italia, Polonia y España; quiere decir que –excluyendo al bloque–, 16 países no se han pronunciado.  Ese silencio –con la OEA incluida– y falta de apoyo a la democracia es lo que sigue envenenando a nuestra región. Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 27 de Febrero del 2023

“Disimuladamente, LR y el IEP están sondeando la candidatura del rector de la UNI, López Chau, un exaprista que acabó en rojimio y que cree que esa universidad es su cuarto de huéspedes”.

-Tal vez nunca ha existido mejor momento interno que ahora para salirnos del yugo caviar de la Corte Interamericana de DD.HH., pues se pueden alcanzar fácilmente los 87 votos congresales para hacerlo si se suma la derecha con toda la galaxia parlamentaría en que se partió la izquierda cerronista anticaviar. Eso sería casi el fin del dominio caviar en el Perú, pues esa es su arma más poderosa. Y así evitaremos procesos eternos a Boluarte, sus ministros y uniformados. Asimismo, este congreso anticaviar debería elegir cuanto antes al reemplazo del saliente Augusto Ferrero Costa. Que no entre un tribuno caviar o rojo más a esa institución (dadas estas últimas votaciones, ya va quedando claro que el único caviar en el TC actual es Manuel Monteagudo).

-Según Ipsos, el 43% de peruanos cree que Castillo no hizo un golpe y que, más bien, el Congreso le “golpeó”… Esa repuesta estúpida prueba absolutamente que el coeficiente intelectual peruano es de 81 puntos (es decir, “normal inferior” o “inteligencia límite”, eufemismos para burro), como lo revelan varios estudios internacionales. Un tipo medianamente inteligente no puede sostener eso.

-A pesar de la inmensa cantidad de dinero público que el MEF le inyectó a Petroperú el año pasado, esta nefasta petrolera estatal ha perdido US$278 millones en el ejercicio pasado. Pero todavía existen muchos cretinos que creen en las empresas públicas.

-Disimuladamente, LR y el IEP están sondeando la candidatura del rector de la UNI, López Chau, un exaprista que acabó en rojimio y que cree que esa universidad es su cuarto de huéspedes.

PD.: Espero ver la misma reacción de La República y otros medios, de varios coleguitas y opinólogos y de varias embajadas (USA, Canadá, UK) de condena al acoso domiciliario que sufrió este fin de semana la congresista Tudela en los mismos enérgicos términos con que se refirieron a las protestas frente a las viviendas de R.M.P. y Gorriti. Seguramente se quedarán calladitos o alegarán que “no es lo mismo”.

Carlos Milla Vidal
Desde Cusco
Para Lampadia

De todos es conocido que la antes próspera economía Cusqueña, ha sido arteramente destruida por la violencia política, la inseguridad y el miedo al que fue sometida la ciudad, por enemigos del país. Destruyeron el turismo, Machupicchu fue cerrado por un mes. Se perdieron miles de empleos. La recuperación tomará un tiempo, según algunos un largo tiempo. El daño está hecho.

Sin embargo, hagámonos una pregunta: ¿Por qué Puno cayo en la violencia y cedió al chantaje, mientras Cusco resistió?

• Creemos que a pesar de que la economía de Puno es vigorosa, la economía Cusqueña, ha crecido más orgánicamente alimentada por una actividad cosmopolita como es el Turismo. Ha crecido en libertad, y los actores, han entendido que la economía de libre mercado es la que crea prosperidad.
• La violencia y el chantaje fueron alimentados generosamente por actividades ilegales (oro de Madre de Dios y narcotráfico del Vraem). Posiblemente en la misma proporción que en Puno.
• Sin embargo, los Cusqueños tienen una mejor clase media consolidada, y pudieron reaccionar a la asonada. Primero una acción reactiva, expresada en marchas por la paz. Estas llegaron a ser mucho más numerosas que las marchas violentistas que venían a “tomar la ciudad”. En algunos casos se tuvieron conatos de violencia, pero al final se observó que ésta era una respuesta orgánica.
• Se formaron varios grupos de WhatsApp que advertían de las acciones violentas e invitaban a reaccionar. Esto sucedió con bastante éxito.
• Los varios grupos siguen activos, pero queremos destacar a uno que se denomina CUSCO POR EL TRABAJO Y LIBERTAD. Cuya organicidad es relevante.

• La sostenibilidad está garantizada porque los integrantes del Colectivo vienen de diversos sectores (academia, empresa privada, sector público, emprendedores), y han sido capaces de organizarse en 4 áreas, con un equipo coordinador que tienen experiencia y formación política, pero sobre todo convicciones por la democracia y la libertad.

Las áreas de trabajo, tienen no sólo organicidad, sino también un liderazgo sostenible porque se evitan los caudillismos por medio de una rotación de funciones.

De todas, la que más activa está es el área legal… se están logrando denuncias penales muy sustentadas contra los azuzadores. Incluso se ha denunciado al gobernador regional por incumplimiento de funciones.

Tienen un área de comunicaciones trabajando con jóvenes periodistas que cubren: Relaciones públicas, redes sociales, y prensa.

La indispensable área logística, se encarga de movilizar, y reaccionar a bloqueos. Actúan articulados con la policía.

De la reacción, pasaron también a la reflexión. Las reuniones tienen charlas informativas sobre economía, sobre el estado de derecho y las libertades.

Una esperanzadora respuesta de la sociedad Cusqueña, que con sus jóvenes piensa en el futuro, y está dispuesta a que no nos arrebaten las libertades.

¡Un ejemplo para el resto del Perú! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 15 de febrero fue presentado en Puno el jefe del Comando Unificado “Inca Manco Cápac”, el general Edgar Rodríguez Huanqui. La misión de ese comando es asumir el control del orden interno. Restablecer el orden. ¿Lo está logrando?

El Ejército, con el apoyo de la policía, ha empezado a despejar carreteras como la Juliaca-Puno, Juliaca-Arequipa, Caracoto y otras. Con equipos de soldadura autógena logró retirar los fierros soldados que bloqueaban el puente internacional Ilave, pero al día siguiente los pobladores volvieron a soldar esa barrera. En general, los piquetes bloquean durante el día y en la noche el Ejército con equipos pesados remueve las rocas y se las lleva lejos. Al día siguiente vuelven a poner piedras, pero cada vez más chicas y menos gente, según parece.

Es una estrategia de desgaste y de no confrontación que está produciendo algún resultado, pero lento. Se apuesta al cansancio de la gente. Pero el movimiento reacciona. El domingo 20 pasado el Ejército realizó un desfile en la ciudad de Puno. Soldados bailaron con algunas mamachas, pero al día siguiente llegaron 15 mil aymaras a dar una demostración de rechazo. Sin embargo, estuvieron solo 3 horas en la ciudad y de modo pacífico, aunque sí maltrataron a ciudadanos que no se sumaban.

El martes 21 dirigentes aymaras se reunieron en Puno con dirigentes del Fenate, SUTE CONARE, el SUTEP y otros, y, según fuentes de inteligencia, se acordó:

• Tregua semanal para los comerciantes puneños (no para las cadenas comerciales formales) los días sábado, domingo y lunes.
• Mantener los bloqueos de carreteras.
• Continuar con las “movilizaciones”, por turnos. Todas las familias quedan obligadas. Las que no pueden, pagan S/ 100. Los comercios “apoyan” con productos o pagos. A quienes no apoyan se les destruye su propiedad y reciben castigos públicos (latigazos) por “traidores al pueblo”.
• Oponerse a cualquier extracción de recursos naturales en la Región.
• No recibir a autoridades nacionales
• Preparar una nueva ofensiva de protestas (violentas) en principio la segunda semana de abril

El liderazgo es asumido cada vez más por dirigencias radicales vinculadas al Movadef como el FENATE y EL SUTE CONARE,  de manera clandestina, y, según el informe, en alianza con operadores bolivianos vinculados a Evo Morales y al proyecto separatista, aunque no todos los aymaras están de acuerdo con la escindirse del Perú.

Recordemos que dirigentes del  CONARE-Movadef estuvieron en mayo del 2018 en Bolivia, donde se acordó, en alianza con el socialismo al Siglo XXI de Evo Morales, la candidatura de Castillo a la Presidencia y el mar para Bolivia.

Lo cierto es que esas dirigencias radicales mantienen hasta ahora una dictadura local con las siguientes características:

• Las autoridades elegidas están paralizadas y son obligadas a pronunciarse “a favor del pueblo y contra el gobierno”, y a mantener cerrados los locales municipales y regionales.
• El Ministerio Público no realiza actividad, pues los fiscales están amenazados.
• La Policía Nacional está recluida en las comisarías, aunque ayer salió a patrullar Juliaca. En algunos sitios la seguridad está a cargo de “organizaciones vecinales” “autoconvocadas”.
• No hay congresistas ni partidos.
• Los aymaras separatistas mantienen control territorial en zona contigua a la frontera con Bolivia.
• El comercio y los grifos abren entre las 17:30 horas y las 21:00 horas
• Los transportistas ingresan entre las 02.00 y 05:00 de la madrugada, de modo que no hay desabastecimiento.
• Los mercados abren solo entre las 05:00 y las 08:00
• Las fiestas costumbristas adquieren un carácter “antisistema” y “contra cultural”.

En resumen, el Comando Unificado a cargo del “orden interno”, no tiene real control territorial y menos político. Confía en una estrategia paso a paso, de desgaste. De hecho, de a pocos se va recuperando cierta normalidad, pero se requiere, además, una estrategia política y judicial. Supone hacer un esfuerzo para encontrar interlocutores con los cuales discutir y proponer medidas de impacto como terminar obras inconclusas y denunciar a los corruptos, cierre de brechas, formalización de la minería informal de La Rinconada, desarrollo agropecuario, etc. Supone también identificar y detener a líderes violentistas y autores intelectuales de acciones delictivas tales como los bloqueos de carreteras, para lo que es indispensable crear una jurisdicción nacional para procesar los casos en Lima.

A mediano plazo se requiere una acción sostenida e inteligente de formación de lideres y dirigencias democráticas capaces de disputar el terreno político con las orientaciones radicales y separatistas. Esta tarea le corresponde a los partidos políticos y a la sociedad civil. Lampadia

Por: José Luis Gil
Perú21, 16 de Febrero del 2023

“Iniciemos el cambio poniendo en agenda esta problemática y gritemos al mundo: Somos libres, seámoslo siempre. ¡Sí se puede!”

La feroz arremetida progresista contra las Fuerzas Armadas del país (como las “petradas” lanzadas desde Colombia por su presidente, que llamó “nazis” a la PNP), nos hacen cuestionar, nuevamente, la pertinencia y funcionabilidad de las ONGD en el Perú. El análisis de los políticos, autoridades, y la sociedad, pasa por preguntase si queremos convivir con este “neocolonialismo” que significa estar dentro de órganos supranacionales, como la CIDH, entre otras. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele hace poco, dijo: “los derechos humanos deben ser para los humanos derechos”. Sensato.

A través de los años se ha visto incrementada la intromisión perversa de las ONGD en asuntos internos del país, sobre todo, en los de connotación jurídica. Las ONGD “definen” qué son los DD.HH., quiénes los contravienen, crean historias a su conveniencia, las difunden mediáticamente. Han creado su propio sistema de justicia, asumiendo la defensa de las “víctimas”, y definen quiénes son los trasgresores, sometiéndolos a la “trituradora humana” que son procesos judiciales interminables y dolorosos, con fiscales y jueces adeptos a su misma ideología, logrando así “sentencias” contra valientes miembros de las FF.AA. y PNP. Asimismo, pretenden humillar a los peruanos, obligándonos a pagar jugosas “reparaciones” económicas que siempre “comparten” con las supuestas víctimas, como Indira Huilca, Lori Berenson, y otras historias atroces. ¡Basta!

Las ONGD utilizan fondos de cooperación internacional, conocidos por la Cancillería, para poder costear y manejar todo ese sistema a su favor, como si el Perú no tuviera otras reales necesidades socioeconómicas. Por eso, es hora de revisar los mecanismos de control que existan para conocer el origen de esos fondos y su uso correcto en beneficio del país. Es hora que quienes quieran hacer “trabajo social” o “periodismo” en el Perú, lo hagan con el sudor de su frente y sus propios recursos, en vez de usar dinero impregnado de intereses ideológicos y políticos. El Perú no está huérfano ni está mutilado de intelectualidad, de capacidades políticas o de independencia como para no poder tomar nuestras propias decisiones, ¡entiéndanlo bien!

Por eso, debemos renunciar a la CIDH y al Acuerdo de Escazú. Nada va a pasar si salimos del yugo asfixiante de quienes no les interesa los humanos derechos, ni las víctimas del terrorismo, solo el beneficio para sus “compañeros” de aventura ideopolítica. Los EE.UU. y otros países no pertenecen a este sistema perverso, y nosotros, los peruanos, tampoco tenemos por qué hacerlo. No caigamos en los “cucos” que seguramente levantarán para evitar dejarlos con los bolsillos vacíos y obligarlos a trabajar de verdad. Iniciemos el cambio poniendo en agenda esta problemática y gritemos al mundo: Somos libres, seámoslo siempre. ¡Sí se puede!

Ejército no permitirá que toquen a un soldado o a un policía

Por: Jhonny León Rabanal
Correo, 15 de Febrero del 2023

Jefe de la Tercera División del Ejército, Jhony León Rabanal, envía contundente mensaje a manifestantes en Juliaca

“Reitero mi advertencia, no vamos a tolerar el ataque artero y agresión a los miembros de las fuerzas del orden, actuaremos conforme a nuestras atribuciones para ejercer la legítima defensa, interviniendo y deteniendo a quienes atenten contra la autoridad y las pondremos a disposición del Poder Judicial”.

 Así de enfático fue el mensaje que envió a los manifestantes el jefe de la Tercera División del Ejército, general de división EP Jhony León Rabanal, durante la presentación en Juliaca del jefe del Comando Unificado “Inca Manco Cápac”, general de brigada Edgar Rodríguez Huanqui.

“No es necesario que nos confronten ni nos ataquen, nosotros no tenemos la culpa de esta situación, lo único que queremos es que el resto de la población que quiere vivir en paz, lo haga”, dijo tras anunciar la implementación del denominado “Plan Perseverancia”.

Destacó que el Ejército “hace uso extremo de la tolerancia” para evitar confrontación con los manifestantes. “No tenemos por qué confrontarnos, pero los pobladores tienen que saber que ese es nuestro rol y no pueden estar agrediéndonos por las ideas que tienen”, sostuvo en una ceremonia castrense realizada en el aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac.

NI UN SOLDADO. En otro momento, el oficial del Ejército reiteró que las instituciones armadas actúan con responsabilidad ante la misión encomendada por la Nación.

 “No vamos a permitir que nos toquen un soldado o un policía porque actuaremos respetando y cumpliendo los protocolos establecidos por la ley, siendo enérgicos con los violentistas y radicales que atentan delictivamente contra nuestro personal que solo cumplen su deber”, enfatizó.

Más adelante, apeló también a la reflexión de todos aquellos elementos que se dedican a atacar y destruir la propiedad pública y privada.

“No tienen por qué bloquear las carreteras, nosotros mismos nos perjudicamos, si entienden esto, entonces no será necesario que estemos todo el día haciendo eso”, dijo en relación a las permanentes acciones de vigilancia de los activos estratégicos.

RESPETO. Aseguró que las fuerzas del orden son respetuosas de los derechos humanos y procedimiento legales para utilizar la fuerza, y reiteró su llamado a quienes dirigen las movilizaciones para que las conduzcan en forma pacífica y respetando las leyes.

Es importante resaltar que el Comando Unificado “Incs Manco Cápac”, conformado por policías y elementos de las Fuerzas Armadas, se encargará de restablecer el orden en la región de Puno.

Durante la ceremonia castrense, el general de Brigada Manuel Fernando Alarcón Elera fue reconocido como nuevo comandante general de la Cuarta Brigada de Montaña.