Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Mientras alcaldes, congresistas y políticos proponen alternativas equivocadas para enfrentar la creciente ola delincuencial, el Gobierno, el principal responsable de la seguridad ciudadana, pasa desapercibido y evade sus obligaciones.

Los congresistas tampoco hacen su trabajo.

El delincuente venezolano que asesinó a un sereno en Surco, había sido capturado hace un año por la Policía, según una versión. Una fiscal lo dejó en libertad inmediatamente a pesar de las evidencias en su contra. El criminal siguió haciendo de las suyas. Ese es uno de los problemas que ha contribuido al crecimiento del delito: el nuevo Código Procesal Penal le quitó a la Policía la investigación preliminar y se la transfirió a los fiscales, que no saben investigar.

En el Congreso duermen desde hace años, dos proyectos de ley para restituir a la Policía la investigación preliminar -el atestado policial-, que fueron preparados por la propia PNP y presentados por Daniel Urresti cuando era congresista. Pero él no se preocupó por impulsarlos ni hizo campaña para que se aprueben.

En lugar de ratificar leyes inconducentes, como la de armar a los serenazgos con “armas no letales”, un paso más hacia la creación de dos mil policías municipales, el Congreso debería ayudar al combate contra la inseguridad convirtiendo en ley un proyecto que restituya la investigación preliminar a la PNP, lo que sí contribuiría a mejorar la seguridad y evitar que los delincuentes sean liberados después de capturados.

Otra de las constantes -y equivocadas- demandas cuando ocurren sucesos impactantes, es que las FFAA salgan a la calle a combatir la delincuencia. Además de distraer a las FFAA de sus funciones esenciales, es un desperdicio de recursos porque no sirve para lo que supuestamente se requiere. ¿Qué puede hacer un soldado con un fusil de asalto cuando un delincuente arrebata un celular y se da a la fuga? ¿Disparar una ráfaga en una calle transitada por civiles?

Como es obvio, las FFAA tampoco están capacitadas para realizar una de las funciones esenciales para el combate a la delincuencia, la investigación criminal, la labor de los detectives, que además de las pesquisas tienen que acumular las pruebas judiciales que permitan condenar a los delincuentes.

Por último, si el Gobierno hace que los militares se comporten como lo hicieron en Desaguadero, donde fueron impedidos de izar la bandera por un puñado de desadaptados, o el Ilave cuando una turba asesinó a seis soldados obligándolos a ingresar al río ¿creen que los delincuentes se van a sentir amedrentados por militares que actúan de esa manera?

Tampoco sirve invocar las lecciones de la exitosa lucha contra las pandillas en El Salvador que encabeza el presidente Nayib Bukele. Un gobierno débil y precario como el actual ni quiere ni puede hacer eso.

La responsabilidad de la lucha contra la delincuencia es del Gobierno, al que casi nadie le exige que haga su trabajo. Hay algunas cosas que se podrían hacer ahora para mejorar la seguridad de los ciudadanos: mejorar las comunicaciones, el patrullaje, el entrenamiento, etc. (Ver “La violencia se descontrola”, Expreso, 17/4/23). Hay que demandarle eso, en lugar de distraer la atención con propuestas que no solo no ayudan, sino que, de concretarse, empeorarían la situación. Lampadia

Entrevista a Adriana Tudela
Expreso, 12 de Abril del 2023

Es evidente que fuerzas políticas extranjeras están cumpliendo un rol desestabilizador en Perú y que Cuba es una dictadura que articula el socialismo del siglo XXI, afirma.

¿Cuál es la importancia de que exista un espacio como el Foro Madrid ante la embestida del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla?

El Foro Madrid, en específico la Carta de Madrid, lo que busca es lograr la unión de distintas fuerzas políticas, que podrán tener distintas posturas, pero que se unen y reconocen el peligro que representa el socialismo del siglo XXI en la región. Creo que es importante que quienes creemos en la separación de poderes, la defensa de las libertades, la vigencia del Estado de derecho y el respeto por la ley debamos unirnos para hacerle frente a quienes atacan los sistemas democráticos.

Varios políticos internacionales que llegaron al país para el Foro Madrid han destacado la forma en que el Perú se salvó del golpe, y se salvó porque las instituciones respondieron. ¿Es un ejemplo el caso peruano para la región?

Es un caso digno de ser resaltado porque Pedro Castillo y Perú Libre, que representaban un proyecto político explícitamente totalitario, llegaron al poder y, a pesar de eso, hemos logrado salir y espero que podamos seguir resistiendo para encontrar una salida a esta crisis que no implique la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que es el vehículo que utiliza la izquierda latinoamericana para enquistarse en el poder.

Si bien se han retirado a los embajadores peruanos de México y Colombia por defender al golpista Pedro Castillo, ¿por qué el Gobierno aún no expulsa al embajador cubano, el operador de la dictadura castrista “Gallo” Zamora?

No me explico por qué Cancillería se resiste a retirar al embajador cubano. Cuba es una dictadura que articula todas estas fuerzas del socialismo del siglo XXI de la región.

¿Y qué se puede hacer desde el Congreso?

Desde Avanza País hemos presentado una moción que declara ‘persona non grata’ al embajador cubano y se exhorta a que se tomen medidas, porque es evidente que estas fuerzas políticas extranjeras están cumpliendo un rol desestabilizador. Desde el Congreso podemos exhortar a la Cancillería a que retire al embajador cubano, pero nosotros no tenemos esa competencia y esperamos que sea el Gobierno el que tome esta decisión.

¿Qué tan graves te parecen estas revelaciones de que Henry Shimabukuro aportó irregularmente hasta 800 mil soles a la campaña de Perú Libre, lo que pretenden endilgarle a Dina Boluarte? ¿Es un ataque mediático o tienen asidero las denuncias?

Se tiene que investigar porque Dina Boluarte no surge de la nada, todos sabemos que ella viene del círculo más cercano de Pedro Castillo. Cuando ella asume el poder, desde Avanza País señalamos que teníamos que mantener una actitud fiscalizadora.

Pero ello no excluye que los partidarios de Pedro Castillo -incluida Maritza Sánchez- tengan ciertas motivaciones detrás para hacer este tipo de acusaciones. Es evidente que hay un intento de atacar a Dina Boluarte como presidenta de la República, lo cual no significa que esto no deba ser investigado.

Pero Boluarte debe salir a dar explicaciones, porque ha entrado en contradicciones.

Ella debería salir a explicar porque finalmente ella fue parte de la plancha presidencial y, si ha habido aportes que no han sido declarados como tal, hay explicaciones que dar.

¿Cómo es posible que blinden a ‘Los Niños’ de Acción Popular en el Congreso y no se les haya sancionado?

Es lamentable que solo uno de los cuatros informes de la Comisión de Ética haya sido aprobado en el Pleno. Yo creo que este tipo de actitudes no le hacen ningún favor al Congreso ni a la democracia en general, pero es importante identificar claramente cuáles son las fuerzas blindadoras.

¿Qué se siente estar en un Congreso donde hay, por lo menos, 17 parlamentarios que han sufrido allanamientos por presuntamente haberse vendido al Gobierno de Castillo, traicionando a sus electores?

No se tiene que generalizar. Hay que investigar cada uno de los 17 casos para sancionar si hay responsabilidad. Yo, personalmente, no me siento afectada por lo que pueda haber hecho otro congresista.

Ahora se entiende por qué nunca se iba a poder vacar a Castillo, a pesar de todas las denuncias de corrupción.

Exactamente, pero tampoco es ninguna sorpresa porque todos éramos bastante conscientes de lo que estaba pasando en su momento.

Por: Dardo López
Expreso, 8 de Abril del 2023

Para el analista, no existen coincidencias en la forma sobre cómo se realizaron las algaradas en Bolivia, Ecuador, Chile y Perú.

Muhamad Ghaleb Hamdar viene a ser la evidencia del nexo con Hezbolá, y con Irán que, en alianza con Evo Morales, aplican sus métodos de infiltración en la población, para provocar desmanes, protestas violentas y algaradas que ocurrieron en Ecuador, en Bolivia, en Chile y en nuestro país, con el propósito de dividir a la sociedad y, en medio de ese caos, lograr sus objetivos, como la toma del poder.

En este contexto, sucede que Evo Morales está vinculado a la inteligencia iraní, a través de uno de sus principales brazos, como es el ‘Passaram’, dedicado a actos de subversión, terrorismo y sabotaje. Ese órgano de inteligencia es experto en la realización de ese tipo de acciones.

La metodología del Passaram es exactamente igual a las utilizadas en Oriente Medio: personas con capucha, buzo y mochilas con piedras o maletines incendiarios, ataque a la fuerza pública, quema de locales públicos y privados, etc.

Si uno analiza bien, la metodología es la misma que siguieron en Chile, durante las infaustas y lamentables protestas que hubo en Santiago. Pero antes de eso ocurrió en Bolivia, exactamente igual a lo que transcurrió luego en nuestro país.

“Yo no creo en las coincidencias, sobre todo cuando se aplica la misma metodología. Todo ello apunta a un mismo cerebro, a un mismo pensamiento ejecutor… y en Bolivia, estuvo el brazo ejecutor iraní, que es el Passaram. Cometemos el error de pensar que vamos a ver una persona con turbante, y no pues: a veces ni siquiera es una persona de origen árabe, sino un operador de dicho grupo, que puede haber nacido en Irán, en Venezuela, en Bolivia o en Perú”, dijo el analista Dardo López.

Alejandro Deustua
27 de marzo de 2023
Para Lampadia

Si al margen de los problemas del contexto externo, el costo de las protestas sociales de fin de año e inicios de éste se ha reflejado en contracción adicional del producto y en desestabilización del sur del país que no logra aún revertirse plenamente, los agentes financieros de las mismas debieran ya haber sido identificados. Ello no ha ocurrido.

Tal omisión es especialmente grave porque esos agentes forman parte, en buena medida, de la economía ilegal como el contrabando de oro peruano (que financia a delincuentes y, no de manera insignificante, a la balanza de pagos boliviana) y de bienes no tradicionales (que alimenta la extraordinaria informalidad y la muy desigual acumulación de riqueza en el altiplano). Entre esos actores destacan aquellos que, arraigados en el sur peruano, forman parte de la creciente cadena del tráfico internacional de drogas.

Si el narcotráfico ligado a la coca y cocaína es una amenaza global y local (cuya eliminación, según algunos, se lograría con la “descriminalización” de la siembra ilegal -Petro en Colombia-), debe tenerse en cuenta que su intensidad se multiplicado en proporción directa al extraordinario incremento de la oferta (2 mil toneladas de coca sólo en 2020 subiendo desde el 2013 con picos en 2018 y 2021) y de la cocaína (44% más en 2020 que en 2006) (UNODOC).

Peor aún, si la oferta ha superado a la demanda el supuesto descenso de los precios ha sido compensada por la expansión del mercado real.

La lógica tradicional dice que si la oferta supera a la demanda (30% norteamericana, 24% Latinoamérica y 21% europea) los precios decrecientes deberían desviar la producción hacia sectores más rentables (sustitución de cultivos). Ello no parece haber ocurrido.

En efecto, el negocio es tan grande que, aun así, sigue siendo beneficioso para una producción concentrada de cultivos (Colombia 61%, Perú 26% y Bolivia 13%), para los carteles mexicanos y colombianos que producen cocaína y la trafican, y para los operadores de mercado (especialmente en los grandes puertos del Pacífico y de Europa).

De otro lado, el poder de la oferta es tan grande y localizado que no extraña que, teniendo impacto global, las acciones de interdicción se concentren en Suramérica (72% vs 18% en Europa y 12% en Estados Unidos). Es decir, el escenario andino sigue siendo el foco central de irradiación de la amenaza cocalera.

Y si bien Colombia sigue siendo el núcleo principal de producción y dominio de rutas hacia Estados Unidos y Europa, el vínculo de Perú con Bolivia es predominante en el tráfico hacia el Brasil (complicando la cuenca amazónica), el Cono Sur (siguiendo las rutas terrestres y fluviales hacia el Río de la Plata) incluyendo Chile (regiones de Antofagasta y Tarapacá).  Las rutas brasileñas y rioplatenses se proyectan al África y parte de Europa, y las chilena y peruanas lo hacen hacia el Pacífico (complicando a los puertos mayores -de los que Chancay formará parte).

Como los productores no tienen las capacidades (o no las empeñan suficientemente) para disminuir la amenaza productiva, los consumidores no aplacan su adictivo apetito y el narcotráfico encuentra terreno fértil para expandirse, lo mínimo que podría hacerse es segmentar el problema y atacar centros específicos de gran influencia.

Éste es el caso de la zona fronteriza peruano-boliviana y la del espacio fronterizo ampliado del sur del Perú que congrega a los principales centros de cultivo (el VRAEM e Inambari-Tambopata) (DEVIDA y otros). De las más de 60 mil has. de cultivos que se producen en 13 regiones del Perú, 45 provincias y 169 distritos, el VRAEM produce 32 mil has. e Inambari-Tambopata 9,730 has.  Es decir, 41 mil has. o más de 2/3 del total.

Si la eliminación de la oferta cocalera (bien distinta de la orientada al consumo legal) es un interés nacional incumplido y tantas veces voluntariamente postergado, suprimir las fuentes de Inambari-Tambopata y su conexión en el VRAEM es una tarea a la mano e indispensable a la luz de la capacidad desestabilizadora de sectores puneños (cuya mayoría poblacional no es abrumadoramente cocalera ni aymara). 

Si ello se probase inviable, interrumpir el tráfico con los narcotraficantes (especialmente extranjeros) que dominan el altiplano y con los cocaleros del Chapare boliviano (94% de cuya producción se orienta al mercado ilegal) debiera ser un objetivo realizable. Éste podría lograrse con la cooperación intensa y ad hoc de fuerzas especializadas de Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea.

Siendo realizable, ésa no es una tarea fácil. La oposición de los sindicatos cocaleros puneños y la de los del espacio central boliviano que preside Morales serían un problema mayor. Pero, a la luz de la dimensión del problema global y regional y de las externalidades desestabilizadoras en el Perú y Bolivia (que, animadas por el MAS, intenta ahora nuevas fricciones con Chile), debe congregar la voluntad de los sectores civiles sensatos de los países y regiones involucradas.

Y si el intento avivara la agresividad del gobierno de Petro, debiera recordársele al gobernante que su intento de lograr una “paz total” en Colombia va acompañada de negociaciones con agrupaciones terrorista y cocaleras que se han beneficiado de negociaciones anteriores (ONU).  

El largo plazo no puede seguir jugando a favor del narcotráfico, de la pérdida del control territorial peruano y de la desestabilización de gobiernos democráticos andinos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia 

Parece que, en el Perú, jamás aprenderemos la importancia que tiene la prevención de catástrofes. Esto tiene que ver con el recurrente Fenómeno del Niño (FEN) que, como sabemos, tiene sus impactos en la costa norte, específicamente en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, si lo vemos en términos de inundaciones. Otro tanto en todos los departamentos costeños expuestos a huaycos, producto de las acumulaciones de agua en las zonas alto andinas.

Debemos considerar también, los casos de heladas de la sierra de Puno, Arequipa y Moquegua, así como otros fenómenos ya recurrentes y conocidos en nuestro país.

De todas las actividades que demanda la presencia de esos fenómenos naturales, la principal y menos trabajada, es la prevención. Ya pareciera un problema de nuestra cultura, si no el de una desidia incurable, así como el de un desprecio extremo de nuestros políticos y gobernantes, tanto a nivel nacional, como subnacional.

Cuando se presentó el FEN del año 2017, se le planteó este asunto al gobierno de turno, así como la necesidad de hacer un estudio integral de la situación geográfica, la topografía, la hidrografía y los cauces naturales de estas avenidas, de forma que se haga un nuevo planeamiento y diseño de los drenajes adecuados, se identifique las alturas aprovechables para la construcción y diseño de protecciones ribereñas, así como un replanteo de la forma de urbanizar zonas que, a futuro, no se vean afectadas. De ahí que se adoptó el nombre de “Reconstrucción con Cambios” (RCC).

Han pasado seis años y este replanteo y nuevo diseño de drenajes, no se hizo. Hoy ya estamos sufriendo la consecuencia natural de la incapacidad de los gobernantes, quienes bien merecen el castigo de la sociedad, en lo político, civil y penal. Ser Alcalde, Gobernador Regional, Presidente o Ministro, no es cosa de juego. Eso acarrea responsabilidades civiles y penales, de modo que la incapacidad y falta de preparación para ejercer esos cargos, no es óbice para que no sean sancionados. Además, esa es una buena razón para que, ante las responsabilidades asumidas, cualquier individuo no preparado evite acceder a esos cargos.

Ciertamente, ante la tarea no realizada, tenemos la obligación de hacer los estudios adecuados de canalización de los ríos, diseño adecuado de los drenajes, descolmatación permanente de los cursos de agua y sanción muy severa a los que arrojan basura y desmonte en ellos. En esencia, debemos estar preparados para retornos de muchos años, de forma que tengamos márgenes de seguridad y podamos proteger nuestra infraestructura, puentes, carreteras y las ciudades mismas, incluyendo la protección a las viviendas, zonas industriales y comerciales, fuentes de nuestra actividad económica.

De la misma manera, las zonas expuestas a huaycos, deben ser liberadas de obstáculos y construcciones, tarea difícil pero indispensable, para evitar catástrofes con pérdida de vidas humanas.

Tenemos que trabajar en las zonas que tradicionalmente sufren heladas, para diseñar y construir casitas calientes y espacios apropiados para neutralizar los efectos del frío, especialmente en colegios y hospitales o puestos de salud. La respuesta típica del Estado de pedir y enviar frazadas y ropa de abrigo, siendo necesaria, es una acción secundaria. Lo principal es brindar espacios habitables, con temperaturas aceptables y con sistemas de calefacción saludables.

Las sequías, son otros eventos para los que debiéramos estar preparados, contar con reservorios e irrigaciones, de forma que podamos prevenir y mitigar sus efectos.

Debiéramos estar haciendo uso adecuado y provechoso del satélite, que por US$600 millones compraron Humala y Cateriano, con esto tendríamos alerta temprana de estos fenómenos meteorológicos y pudiéramos anticiparnos.

Los fenómenos de la naturaleza son inevitables, pero ante ellos, tanto el Estado como la ciudadanía, deben estar preparados para:

• Tener una rápida y adecuada respuesta a la emergencia.
• Contar con soluciones que prevean un adecuado cumplimiento ambiental y con la ingeniería adecuada.
• Contar con planes de remediación ambientales, en preparación de futuros eventos, ante las nuevas condiciones topográficas e hidrográficas.
• Ejecutar los planes de manejo de residuos ocasionados por el desastre, de modo que no se conviertan en nueva fuente de riesgo.
• Adecuar un desarrollo urbano y territorial, que eviten futuros desastres.
• Reaccionar con personal entrenado en seguridad y remediación de desastres.

En el mundo se han producidos desastres como: El Tsunami del sudeste asiático del 2004, el huracán Katrina en New Orleans en 2005, el terremoto de Haití del 2010, el ciclón de Queensland de 2011, mientras Japón ha sufrido terremotos, tsunamis y tifones (Todos los casos mucho más dramáticos que los ocurridos en el Perú). En varios de estos casos, empresas especializadas en “Manejo de Desastres” han atendido la emergencia, la remediación y el diseño de planes de prevención para el futuro. Japón ha dado ejemplo de eficiencia en la prevención de desastres, remediación y reconstrucción de zonas afectadas por ellos. Así como también ha asumido liderazgo en estas tareas, al punto de conducir la “Conferencia Mundial sobre reducción de desastres”. Pero al margen de eso, ha instituido la disciplina de que, cada vez que se produce un desastre, se vuelve a revisar el programa de prevención. Debemos aprender de ellos.

Cuando ocurrió el terremoto de Pisco en 2007 o el FEN del 2017, el gobierno debió enfrentar una Reconstrucción con Cambios, lo que debió suponer el planeamiento del desarrollo territorial y urbano, construcción de habilitación urbana en ambos casos. Igualmente, se debió trabajar en el diseño de las obras hidráulicas, canalización de los ríos, determinación de la sección adecuada de lechos de ríos y canales y plantear la construcción de diques y defensas ribereñas, en previsión de la repetición de estos fenómenos en el norte, así como definir las tareas de mantenimiento que los gobiernos subnacionales, deberían ejecutar cada año.

En lugar de tanto antropólogo, sociólogo y filósofo en el aparato del Estado, divagando sobre ideologías de género, entre otros, que no salvarán la vida de nuestros ciudadanos, debiéramos contar con más ingenieros especialistas, que deberían estar evaluando nuestros riesgos, proponiendo proyectos de prevención, así como desarrollando estos proyectos.

Lamentablemente, en el Perú, como en toda Latinoamérica, acceden a la política los peores individuos (salvo excepciones), quienes, cuando no son ignorantes, son corruptos, delincuentes y prontuariados, a quienes, lo que aquí comentamos, no les significa absolutamente nada.

Los peruanos tenemos la obligación de impedir que esa gente acceda al poder, por el bien de nuestra patria. Lampadia

Por: Yesenia Álvarez
Perú21, 10 de Marzo del 2023

Los testimonios de los militares sobrevivientes coinciden en señalar la causa de la tragedia: “era la única escapatoria para no ser linchados”, “si cruzamos el río fue porque era la única solución”, “ellos nos decían que nos iban a matar”…

Un sentido de humanidad y de compromiso cívico con los problemas de nuestra sociedad lleva a las personas de bien a escuchar siempre a las víctimas antes de informarse o informar sobre una tragedia. De allí la importancia, por ejemplo, que ante violaciones, abusos y acosos de violencia de género se ponga toda la escucha activa en las víctimas. La izquierda, que de labios para afuera siempre está pidiendo escuchar, vuelve a darle la espalda a un tipo de víctima cuando su defensa no se alinea con sus intereses. Si los agresores son de su espectro político siempre callan, manipulan, tergiversan y revictimizan.

Apenas nos estábamos enterando del trágico hecho en Ilave, en el cual un miembro de las Fuerzas Armadas había fallecido ahogado y otros cinco estaban desaparecidos, y ya se había difundido la narrativa para desacreditar a los militares que por huir de la violencia de una turba de manifestantes y para salvaguardar sus vidas se vieron obligados a cruzar el río mediante una cadena humana que por las pedradas que seguían recibiendo se desunió y la historia terminó con la muerte de seis de ellos.

Los testimonios de los militares sobrevivientes coinciden en señalar la causa de la tragedia: “era la única escapatoria para no ser linchados”, “si cruzamos el río fue porque era la única solución”, “ellos nos decían que nos iban a matar”, “nos seguían tirando piedras cuando cruzamos el río”, “eran pocos los que querían conversar, los demás nos atacaron a matar”, “se rompió la cadena porque tratamos de defendernos de las piedras y como la corriente estaba fuerte se los llevó”.

Sin embargo, los desinformadores de profesión han decidido invisibilizar a las víctimas sobrevivientes y romantizar a sus atacantes para minimizar su principal responsabilidad en estas penosas muertes. Que algunos ciudadanos hayan ayudado a salvarlos es anecdótico respecto del real problema. Es lamentable que algunos periodistas han llamado a los soldados “perritos” y otros les han echado la culpa a los muertos por no haber sobrevidido.

En lugar de escuchar sus testimonios y poner el foco en que en un Estado de derecho una turba violenta no puede atacar así a las Fuerzas Amadas, han elegido nuevamente no condenar que esos manifestantes intransigentes estaban usando la violencia como medio de reclamo, poniendo en riesgo la vida de miembros de una institución llamada a poner orden ante este tipo de violencia. Ojalá los ciudadanos no se dejen manipular y escuchen a los sobrevivientes para que saquen sus propias conclusiones.

Por: José Luis Gil
Perú21, 9 de Marzo del 2023

“Hacemos un llamado al gobierno de la presidente Dina Boluarte, a las autoridades y a los ciudadanos de Puno y del Perú, para que respaldemos a la Policía Nacional y las FF.AA., y estos actúen con energía y así evitar el fraccionamiento del país alentado por los terroristas de aquí y de allá”.

No es exagerado, a estas alturas de la situación política en el país, pensar que terroristas agazapados tras de algunos ciudadanos puneños, tengan la intención de empezar a aplicar su “plurinacionalidad”, es decir, “unir” sin fronteras a los aimaras de Bolivia y Perú. Existen hechos anteriores y recientes, que, en definitiva, hace legítimo pensar que los terroristas ya han iniciado su “proceso separatista”. No basta gritar ¡traición a la patria”, se tiene que actuar, y pronto, antes que ese mal llamado “separatismo”, corra como reguero de pólvora. Estamos advertidos.

El análisis de por qué suceden estos hechos, indica claramente que están relacionados con los constantes ingresos de Evo Morales al Perú (mientras podía), trayendo consigo el “veneno” de la palabra “naciones”, confundiendo a las comunidades indígenas o haciéndoles creer que pueden ser un “país” (nación) distinto al que hoy pertenecen, el Perú. Por otro lado, la presencia de Pedro Castillo y miembros del Movadef en Bolivia en 2017 y 2018, y, en la actualidad, como informó Perú21, las comunicaciones entre los senderistas Alex Chaman y Tito Rojas, ambos también del Movadef, planeando las asonadas en la Macrorregión Sur, específicamente en Puno. El círculo se cierra.

Un hecho reciente sumamente grave es lo sucedido la madrugada del 8 de marzo en Puno. Un centenar de pobladores atacaron con piedras y palos a los efectivos de la Policía Nacional del Puesto de Vigilancia de Fronteras (PVF) de Pisacoma, frontera con Bolivia. Los doce efectivos fueron rodeados y obligados a retirarse bajo amenazas de muerte por parte de los violentistas. El jefe del puesto de vigilancia y los once efectivos a su mando se replegaron con dirección hacia el siguiente puesto de vigilancia fronterizo denominado Hacienda Rosario, pero piquetes de manifestantes les impidieron el paso por la carretera por lo que tuvieron que refugiarse en los cerros. De acuerdo a la versión extraoficial, de los 12 efectivos del puesto de vigilancia, siete llevaban consigo armamento y munición, pero estarían prohibidos de disparar y tuvieron que esconderse en algunas viviendas campesinas para evitar ser linchados. ¿Es esto posible? No debería.

Lo sucedido es inaceptable y debemos actuar rápidamente para evitar que se propague. El uso de la fuerza requiere, además, estrategias claras de emplazamiento y desplazamiento de fuerzas, claro está, con el conocimiento y reforzamiento previo, sobre qué fenómeno enfrentan. Por eso, hacemos un llamado al gobierno de la presidente Dina Boluarte, a las autoridades y a los ciudadanos de Puno y del Perú, para que respaldemos a  la Policía Nacional y las FF.AA., y estos actúen con energía y así evitar el fraccionamiento del país alentado por los terroristas de aquí y de allá. ¡Sí se puede!

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Los culpables del asesinato de seis soldados del Ejército en Ilave son los delincuentes que los atacaron y obligaron a arrojarse al río donde perecieron. (Y los apedrearon en el río, según “Expreso”, 8/3/23). Y el gobierno que los envió a enfrentar a esas violentas turbas criminales con la orden de no defenderse si son agredidos. En particular la presidente Dina Boluarte, el PCM Alberto Otárola y el ministro de Defensa Jorge Chávez.

El gobierno ha oscilado desde el comienzo entre la debilidad y la firmeza, y en el último tiempo, asustados por la ofensiva de las ONG caviares nacionales e internacionales, y por el sistema judicial también penetrado por los caviares, volvieron a ordenar a los militares que no hagan uso de sus armas si son atacados.

Un absurdo, una irresponsabilidad, una negligencia criminal del gobierno.

¿Para qué decretan el estado de emergencia y le entregan el control de Puno a las Fuerzas Armadas si al mismo tiempo las obligan a no hacer uso de sus armas?
¿Es que ni siquiera se plantearon la posibilidad de que en la misma región en que una turba asesinó salvajemente a un policía que tampoco hizo uso de su arma para defenderse, podía ocurrir lo mismo?

Es decir, ya existía una experiencia muy cercana de lo que son capaces esas turbas asesinas en esa región. Y a pesar de eso insistieron en ordenar a los militares que no respondan si son atacados. No hay duda que ellos -presidente, PCM y Mindef- son también responsables de la muerte de esos muchachos. Que además eran oriundos de esa región.

Estos funcionarios son tan torpes e ingenuos que creen que haciendo eso se van a librar de la asechanza de comunistas y caviares. Eso, por supuesto, no va a ocurrir. Los van a perseguir hasta el último día de su vida.

Otra necedad del gobierno ha sido anunciar un enorme plan de inversiones para Puno, creyendo que con eso van a lograr que la violencia disminuya. En realidad, es un incentivo, un premio a los que provocan disturbios, muertos y heridos.

Ahora muchos piden, con razón, la renuncia de Otárola y Chávez. El asunto es que el problema principal es Boluarte. Pueden cambiar los ministros, pero ella seguirá siendo la misma, la que fue cómplice de Castillo hasta la víspera de su defenestración, la que sigue imbuida de ideología izquierdista.

Dentro de la institucionalidad de la democracia fallida no parece haber salida. Boluarte y el Congreso quieren quedarse hasta el 2026. Varias veces ambos han hecho la finta de intentar recortar el periodo, pero ellos mismos lo han saboteado con intrincadas leguleyadas, incomprensibles para la ciudadanía.

La posibilidad de una renuncia de Boluarte parece descartada, por lo menos por el momento. Y en caso que se produjera, su reemplazante, el presidente del Congreso, ha tenido un desempeño en el último tiempo que no augura nada auspicioso.

El resultado, es que el gobierno, ya débil, ahora carece casi por completo de respaldo. No lo tiene en la ciudadanía, según muestran las encuestas, carece de una bancada en el Congreso, los comunistas e izquierdistas lo abominan y ningún grupo político lo apoya abiertamente. Se sostiene solamente por inercia, porque los parlamentarios quieren quedarse todo el tiempo posible en sus curules. Lampadia

Alejandro Deustua
7 de marzo de 2023
Para Lampadia

La incalificable lapidación de un destacamento de las fuerzas armadas en Puno por un grupo insurreccional y el forzado desvío de la ruta por la que debió abrirse paso para restablecer su presencia en el área es un hecho que atenta, una vez más, contra el poder legítimo del Estado.

En efecto, si la fuerza armada es una institución central que dota de fuerza coactiva al gobierno, otorga seguridades para el ejercicio jurisdiccional, asegura la defensa territorial y respalda la política exterior (especialmente en el trato con los vecinos y el hemisferio), el vergonzoso apedreamiento del destacamento del ejército en Puno es un desafío a la organización política de la sociedad, a la seguridad de la población y a la identidad nacional. Que ello haya ocurrido en una región fronteriza agrava la responsabilidad de los atacantes en tanto debilita la defensa nacional y la percepción que se tenga de ella.

Luego de la aceleración del proceso de desinstitucionalización emprendido por Castillo estos hechos evidencian la subsistencia de una militancia antinacional y extremadamente violenta en la que muchos ciudadanos se han dejado atrapar. Sin reclamos económicos y sociales concretos que hayan conducido el ataque, el objetivo político implícito de la agresión a un destacamento inhabilitado para ejercer su legítima defensa linda con el terrorismo (y, probablemente, con el Movadef y el Fenatep).

Claramente ese resultado no puede ser un logro del que ciertos defensores derechos humanos, entendidos por ellos como los de una parte de la población, puedan sentirse orgullosos. Y mucho menos puede entenderse que el sacrifico de miembros del Ejército sea una forma sensata de establecer el orden en una región dominada por desconocidos pero letales dirigentes que desean destruirlo (como ocurre con anarquistas y con ciertas minorías conosureñas).

Si la orden de cancelación del uso de armas de fuego por la Fuerza Armada, aun en el caso extremo de la legítima defensa, provino del gobierno, éste debe responder por ello.  Como también lo debe hacer, el comando que pudiera haber interpretado de manera extrema esa disposición hasta el punto del sacrificio de sus propios subordinados. Pero, por encima de esas responsabilidades, está la de los responsables directos de la quema de comisarías, de oficinas del Poder Judicial y de la toma de vías de comunicación en Puno que han conducido a la muerte de soldados peruanos.

En la perspectiva humanitaria, esta vez ellos son los afectados (asunto no se judicializará). Pero no sólo ellos, sino el Estado mismo como sujeto responsable de la protección de la población y de sus derechos comprometida por internacionalmente.  Sobre el particular debe recordarse que sin Estado esa protección no puede lograrse por la sencilla razón de que son los Estados los suscriptores de los tratados correspondientes y porque sólo la vigencia estatal, promovida por la sociedad, permite que ésta reciba garantías para su seguridad.

Esas garantías son correspondientes, por tanto, al grado de organización social en torno de principios y normas compartidos y de la eficacia de la autoridad correspondiente. Pero si son los propios ciudadanos quienes erosionan o sabotean a esa autoridad legítima, los derechos humanos a proteger tenderán a ser peor resguardados.

Lamentablemente, no es esto lo que entienden hoy los denunciantes de violaciones humanitarias en el Perú que actúan al margen de la realidad que se vive en escenarios como el de Puno y en instituciones como las fuerzas armadas degradadas por diversos responsables.

Al respecto, el ataque en Puno no sólo sacó provecho de esa degradación o de la renuncia a hacer uso legítimo de la fuerza. También sacó partido de la insuficiencia de capacidades elementales para ejercerla.

¿Tiene la Fuerza Armada, en el sur del país, armamento no letal para cumplir con sus obligaciones?¿Dispone de transporte blindado apropiado?
¿Tiene acceso a medios de transporte aéreo adecuado?
¿Cuenta con rochabuses o gases lacrimógenos suficientes y sus elementos reciben adecuada capacitación?
¿Dispone de información de inteligencia operativa eficaz?

Si la respuesta es negativa, como parece, esa fuerza no sólo está desprotegida e incapacitada para cumplir con su misión local, sino que da muestra de indefensión en un territorio que, como el altiplano, es vulnerado a diario por el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y otro tipo de agentes que no encuentran obstáculos en mimetizarse con la población u organizaciones locales de vocación trasnacional (y, quizás, de coordinación boliviana).

Las acciones correctivas deben emprenderse a la mayor brevedad. Sin ello no habrá ni Estado, ni Estado de derecho, ni orden, ni recuperación democrática creíbles. Lampadia

Entrevista a Otto Guibovich
Perú21, 7 de Marzo del 2023
Por: Mayra Calderón Cornejo

Perú21TV entrevistó al excomandante general del Ejército del Perú, Otto Guibovich sobre los seis soldados fallecidos en Puno.

Otto Guibovich fue comandante general del Ejército y congresista de la República. Evalúa la cronología de los hechos en la muerte de seis soldados acorralados por una turba violenta en el río Ilave en Puno.

¿Cuál es su lectura de lo sucedido en Puno?

Para mí ha sido un asesinato, que, además, podría calificarse como homicidio agravado, porque se dan todas las características. El puente por donde deberían cruzar todos los ciudadanos, incluyendo las tropas que defienden al Perú, estaba bloqueado y los azuzadores comenzaron a cercar a la patrulla de 40 hombres. Entonces, no se podía, los soldados para cruzar el río hicieron una cadena humana, pero ¿qué sucede? Que estando en el agua les seguían lanzando piedras, por eso es que hay varios fallecidos con contusiones múltiples y posiblemente alguno de ellos haya fallecido como consecuencia del impacto de las ondas. Esto es lo que querían Pedro Castillo y todos sus ayayeros.

El señor Carlos Freyre, coronel del Ejército en Puno, ha comentado que ha sido decisión de los propios soldados no emplear las armas.

Esto ha sido una matanza porque los soldados no tenían alternativas. Lo que sí debemos analizar por qué no emplearon las armas, si tenían todo el derecho de hacerlo en defensa propia. Algo ha pasado e imagino que esto será producto de una investigación. Se ha degradado el concepto de autoridad, los soldados y policías además de defender a la sociedad peruana también son una expresión de autoridad, ¿cómo puede ser que a la autoridad se le agarre a palos y piedras?

¿Existe responsabilidad política?

La decisión de emplear las armas o no, no es un tema político. Cuando hay un hecho grave como este siempre se cita al ministro de Defensa o al del Interior, pero la parte política no dispone disparar o no. No creo que hayan dado una orden de no disparar, si es así sería gravísimo, quién es responsable es el Comando Conjunto que imparte las operaciones.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Seis soldados murieron ahogados en el rio Ilave debido a que la cadena humana que montaron para pasar el río fue rota a pedradas por pobladores de modo que los soldados impactados se soltaron y arrastraron a otros, según versión dada por los propios soldados sobrevivientes.

El día anterior un ataque a la comisaría y al local donde estaban acantonados los militares terminó en el incendio de la comisaría y de la sede judicial, y en la retención de 18 soldados durante dos horas. La imagen del Ejército peruano inerme en zona fronteriza atacado por turbas es penosa y preocupante porque puede terminar de destruir el principio de autoridad.

La versión que da un periodista de La República es que la población de la zona (aymara) decidió que militares y policías se fueran de Juli e Ilave debido a la manera como habían sido reprimidos en Lima, y atacaron la comisaría y la sede judicial en reacción al gaseo en helicóptero y otras demostraciones de fuerza en Juli. Y que el cruce del río fue precipitado, sin cadena humana, e innecesario porque no hubo pedradas. ¿Por qué cruzaron entonces, y de esa manera? Hemos visto piedras contra los soldados el día anterior. Fuentes militares señalan que a los dos soldados ahogados a quienes se les hizo necropsia, tienen policontusiones. Y que el médico legista solo  les ha practicado ese peritaje a esos dos soldados por temor a los pobladores que lo han amenazado. Pero no hemos podido conseguir los documentos de la necropsia para verificarlo.

En Juli hubo disparos, pero al aire. Solo un poblador de Juli fue herido de bala en el pie. Según información del general (r) Roger Zevallos, solo 4 miembros de cada patrulla de 21 soldados portaban armas letales y la instrucción del gobierno era no disparar. Es decir, no hacer uso de la fuerza, ni siquiera dentro de la ley. Zevallos señala que, si hay personas que están cometiendo el delito de atacar a las fuerzas del orden, los soldados deberían poder efectuar disparos al aire y luego, si el ataque es incontenible, disparar a los pies de los atacantes. Pero tampoco se puede enviar a una zona como esa, abiertamente hostil, apenas 40 o 50 hombres. Tendrían que ser cientos para tener capacidad disuasiva y evitar precisamente, gracias a ese número, enfrentamientos y ataques, y con la misión de desarrollar acciones de apoyo cívico incluyendo un batallón de ingeniería para mejorar caminos y otras obras.

Estos hechos penosos se suman a las declaraciones del presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola, ante la fiscalía, en el sentido de que quienes tienen la responsabilidad operativa son las fuerzas armadas y que ni él ni la presidenta dieron ordenes de disparar (en Ayacucho y Juliaca). Pero el gobierno si autorizó -como debe ser- el uso de la fuerza, dentro de la ley, e incluso publicó el 6 de febrero una resolución suprema sobre “Reglas de Uso de la Fuerza”. Lo que hace falta es revisar si se actuó dentro de la ley, y asumir la responsabilidad política correspondiente. Es posible que los mandos militares estén percibiendo que carecen del apoyo político para actuar.  

La responsabilidad política también alcanza al ministro del Interior cuando la policía pasa de recibir ataques y sufrir heridos sin responder -como en Ica, por ejemplo- a reprimir de manera innecesaria, como en la plaza San Martín, más aun considerando la capacidad de propaganda de esos sectores de convertir una acción simple de represión en un abuso innombrable contra mujeres con sus hijos. Pero nada de eso justifica ataques y destrucción como la que hemos visto en Juli. 

La insurrección aymara parte de una posverdad -el golpe contra Castillo- pero se asienta en una ideología de autoidentificación étnica que busca la autonomía, alentada por dirigencias radicales (Fenate, Sute Conare) y por influencias bolivianas. El problema es que los enfrentamientos resultan funcionales para reforzar la identidad étnica, la voluntad de lucha contra Lima y el gobierno y hasta la proclama separatista. Entonces la intervención militar en la zona debe pensarse con mucho cuidado e inteligencia. Hay un dilema entre defender el territorio de un eventual proyecto separatista y precisamente no alentarlo al ocuparlo militarmente.

Se requiere de una estrategia política. La muerte de 6 soldados debería servir para encontrar la manera de invocar una reunión con dirigentes aymaras de la zona de Ilave y Juli para abrir temas. Por ejemplo, una mayor participación política: si tuviéramos distritos uninominales para elegir congresistas, las provincias aymaras de Yunguyo, Chucuito y el Collao podrían tener un representante y las de Moho y Huancané otro. Y participación directa en parte del impuesto a la renta y el IGV generados en la región. Se requiere nombrar a un alto comisionado con autoridad que lleve un plan de desarrollo y formalización, pero también de diálogo. El problema es que el diálogo es casi imposible si la posición de partida es la renuncia de Dina Boluarte. Claro, la alternativa, si tampoco se va a llevar el número necesario y disuasivo de efectivos a la zona -que siempre puede resultar insuficiente considerando que los aymaras podrían movilizar hasta 10 o 15 mil personas- con una misión de desarrollo, es sencillamente dejar la zona en manos de las dirigencias radicales hasta que el aislamiento termine de rendirlos por asfixia económica. Lampadia

Por: Francisco Diez-Canseco Távara (*)

Intentaron cruzar el río porque no podían contener a la turba que los atacó y querían salvar sus propias vidas.

No hicieron uso de las armas pese a que, en esas circunstancias, si podían hacerlo. Una orden superior seguramente los dejó inermes frente a esa turba desenfrenada manejada, desde atrás, en forma anónima y cobarde, por expertos subversivos empeñados en lograr sus pérfidos fines sin clemencia alguna por la vida humana.

Sin compasión los apedrearon mientras se ahogaban en el río. Y habían ido a restablecer el orden y a restaurar el principio de autoridad.

Mientras tanto, la propaganda subversiva volanteaba en Puno que los subversivos habían salvado a numerosos soldados, abandonados por el Ejército, del frío y el hambre ahí en el sur de Puno, en la zona aymara, cerca de la frontera con Bolivia territorio de los ponchos rojos de Evo Morales.

Y otros libelos trataban de inducir a los soldados del Ejército del Perú a desertar, mientras que el Alcalde de Juli justificaba los crímenes antedichos y el incendio de la comisaría de esa ciudad por el maltrato sufrido por las mamachas que vinieron a la fallida segunda toma de Lima cargando bebes de tierna edad, a sabiendas de lo que hacían; y los “70 muertos” durante los actos subversivos que, disfrazados de “protestas sociales”, vienen realizando los extremistas desde hace varias semanas.

Todo ha estado debidamente orquestado para que esa minoría actuante siga impulsando sus designios a través de la violencia, la victimización, las acusaciones de racismo y la insistencia en que sus designios políticos constituyen protestas sociales.

Nada justifica la violencia. Ni los excesos que pudieran cometer las fuerzas del orden ni aquellos que caracterizan a los subversivos que hoy intentan destruir el sistema democrático en nuestra Patria, engañando a los pocos que los siguen con reivindicaciones que son en realidad objetivos políticos.

Mucha agua ha corrido bajo los puentes para llegar a la presente circunstancia pero ya es hora de hablar claro y poner las cosas en su sitio, con el debido respeto por todos peruanos.

(*) Presidente de Perú Nación

Presidente del Consejo por la Paz