Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de febrero de 2021
Para Lampadia

Si un grupo de vándalos no hubiera bloqueado a la bruta la carretera Panamericana en Ica, las protestas de diciembre pasado hubieran pasado inadvertidas. Me refiero a las protestas contra las empresas agroexportadoras. En efecto, prácticamente todos los trabajadores hubieran asistido libre y voluntariamente a sus centros de trabajo. Y – por ende – todas las empresas hubieran trabajado con total normalidad, tal como lo están haciendo actualmente… y tal como lo venían haciendo hasta antes de los bloqueos.

Por eso hay que preguntarnos – objetivamente – si lo de Ica fue una genuina protesta laboral, o un acto vandálico promovido políticamente para simular una protesta laboral. Yo estoy seguro que lo de Ica fue esto último… un acto de sabotaje político en contra de las empresas agroexportadores. Y lo mismo diría de las protestas de Chao… en la pujante irrigación de CHAVIMOCHIC. Incluso, años atrás pasó algo parecido contra las empresas mineras. Recordemos las protestas contra Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, y Las Bambas en Apurímac. En mi opinión, todas fueron “protestas” entre comillas. Es decir, actos de sabotaje político con fines anti empresariales.

El cinismo de los promotores fue tal, que siempre se ampararon en el derecho constitucional a la huelga, a la protesta, y a la sagrada libertad de expresión… con lo cual todos estamos de acuerdo. Sin embargo, el bloqueo de carreteras – y el vandalismo delincuencial – fue el común denominador en todos los casos en cuestión. ¡Pobre de aquellos que no se plieguen a la protesta! ¡Ay de aquellos que no apedreen a la Policía! Les cortaban el agua para sus parcelas, les quemaban sus casas, y hasta los agredían físicamente… la sanción era implacable y cruel. Y encima eran tildados de traidores, cobardes… y todo lo demás. ¡Quemen los vehículos que osen circular frente a los piquetes que bloquean las carreteras! Piedras, fuego, bombas Molotov… ¡todo valía! A eso le llamaban marchas pacíficas.

Bueno pues… así está la situación. No obstante, vandalismo y delincuencia hay en todo el mundo. Incluso en países desarrollados como Suiza, Estados Unidos, Japón… entre otros. La diferencia es que allá hay autoridad, mientras que acá… no. Nuestras autoridades son “autoridades” … entre comillas. ¡He ahí el problema!

• Y no me refiero – solamente – al Presidente Sagasti, quien humilló y descabezó hace poco a la Policía Nacional del Perú (PNP), y se doblegó mansamente ante a los vándalos que exigían la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.
• Me refiero también al ex Presidente Vizcarra. ¿Cómo olvidar su cobarde rendición ante el innombrable Gobernador de Arequipa, en el caso de Tía María? Y así por el estilo. El ex Presidente Humala… muy castrense él, pero hasta “cosito” lo llamaban. Y paro de contar.

Sin embargo, aparte de la pusilanimidad gubernamental frente a los bloqueos de carreteras y vandalismo delincuencial, hay un sesgo marcadamente anti empresarial en muchas autoridades políticas de nuestro país, secundadas – eso sí – por no pocos periodistas, académicos, dirigentes sociales, y ciudadanos en general. No podemos tapar el sol con un dedo.

Para esos propulsores del estatismo, las empresas privadas – todas las empresas – son abusivas, evasoras de impuestos, especuladoras, acaparadoras y mil etcéteras más. Las empresas – en esencia – son malas. Sólo el Estado – y nadie más que el Estado – puede velar por el bienestar y progreso de los trabajadores, los consumidores y la ciudadanía en general. Así se expresan muchos presidentes, ministros, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, etc. Y como acabo de mencionar, cuentan con mucho respaldo académico, periodístico y dirigencial… lamentablemente.

Pusilanimidad gubernamental y estatismo ideológico… eso es lo que tenemos. Conste que nadie – en su sano juicio – pide la vuelta del autoritarismo abusivo y arbitrario. Nada que ver. Lo que pedimos muchos peruanos – no todos… valgan verdades – es autoridad legítima. Un Estado firme, servicial y eficiente. Pero – repito – lamentablemente no lo tenemos.

¿Qué hacer entonces? Pues denunciar a los vándalos ante el Ministerio Públicos. Denunciar a los vándalos que bloquean carreteras y apedrean a vehículos particulares. Denunciar a los vándalos que masacran a policías desarmados. Y dado que el Gobierno no hace nada al respecto, hacerlo nosotros desde la ciudadanía. ¡Eso es lo que debemos hacer!

Se trata de exigir orden, estabilidad, seguridad, legalidad, predictibilidad, civismo. ¡Estamos en nuestro derecho! No queremos “protestas” entre comillas. Y menos… “autoridades” entre comillas. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En la primera quincena de diciembre 2020, escribí el artículo: “¿Estamos seguros en el Perú?”. En él me refería al atrevimiento de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, de solicitarle a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), un archivo “espejo” de toda la información que el sistema financiero le proporciona a ésta, así como de toda la comunicación sensible, manejada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El punto es que, el Estado está infiltrado de delincuentes, en todos los poderes, a nivel de gobierno nacional y gobiernos sub-nacionales.

Ahora, mediante nuevo reglamento del MEF, se ordena a los bancos, la entrega mensual de los movimientos bancarios; saldos, ingresos y egresos, de al menos 1.7 millones de ciudadanos, aquellos que son formales, manejan sus operaciones de forma bancarizada y, además, por eso, se les cobra el ITF, con el único objetivo que la SUNAT pueda contar con la información de ingresos y egresos que tanto requiere para contrastar con las declaraciones juradas de ingresos y rentas. Creo que, en primera instancia, el Estado debe explicar qué pasó con la información proporcionada por el ITF, y de otro lado, de insistir con este requerimiento de información a la banca, cuando menos derogar el ITF, pues ya no le sirve de nada.

Con este nuevo pedido de información, aunque redundante, si lo que buscan es conocer los volúmenes de ingresos y egresos de los contribuyentes, la SUNAT quiere conocer también, cuál es tu patrón de gastos, a quién le pagas, a quien le compras, si apoyas económicamente a tus hijos, familiares y allegados o si eres ese mes, el gestor de un pandero. En esencia, estos 1.7 millones de ciudadanos, somos los nuevos rehenes del fisco, estaremos “bajo la lupa” del “gran hermano” y tendremos que estar dando explicaciones, de manera detallada y mensual, de cualquier movimiento de dinero que pueda no ser renta, pero que a ojos de SUNAT, debemos explicar de forma documentada.

Ya se ha repetido que, en el Perú, más del 70% y hoy cerca del 80% de la actividad económica es informal, pero lo cierto es, que de los cerca de 18 millones de ciudadanos que conforman la PEA (población económicamente activa), alrededor del 10% está bancarizado (1.7 millones) y sujeto a este nuevo escrutinio. Estos ciudadanos, hemos pasado nuevamente, a ser un grupo discriminado y sujeto al espionaje del que la gran mayoría (alrededor de 90%) está libre. En este punto, si alguien había previsto bancarizar sus actividades económicas, de seguro reevaluará sus opciones y diferirá su decisión.

Aquí surgen varias preguntas, como, por ejemplo; ¿Por qué quiere saber el Estado a quién compro y, en consecuencia, mi patrón de consumo? Si lo que el fisco requiere verificar son todos mis ingresos, ¿Por qué requieren conocer todos mis gastos? ¿Por qué tiene que saber si gasto, invierto o regalo mi dinero? ¿Alguien quiere desarrollar nuestra biografía económica? ¿Por qué debemos confiar en funcionarios de la SUNAT, que en su momento fueron capaces de filtrar información financiera de personas que tenían “RUC sensible”? Seguro algunos recordarán que la Declaración Jurada de impuestos de Vladimiro Montesinos, en su momento de mayor control del SIN, fue publicada por la prensa, con lo que se demuestra, que no es un tema de seguridad de los sistemas de información, sino de confiabilidad de los funcionarios.

Al escribir el artículo antes mencionado, no imaginaba que el lumpen que ha infiltrado al Estado, iba a tener la dicha de contar, como los de “Piedras Gordas”, con una base de datos depurada y de primera mano, para identificar a sus potenciales víctimas de secuestro y/o extorsión. ¿Quién garantiza nuestra seguridad y la de nuestras familias, de ahora en adelante? ¿Con qué derecho, unos funcionarios del MEF, pueden ir contra la Constitución y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional?

Me temo que ahora sí se han excedido, puesto que esa información se debe abrir a la autoridad, sólo por mandato judicial (también por pedido del Fiscal de la Nación y Comisión Investigadora del Congreso), pero siempre que sea información relevante para un proceso de investigación de algún delito. No es correcto que, en un país como el Perú, con tantos casos comprobados de delincuencia infiltrada en los distintos estamentos del Estado, se permita disponer, como cosa de rutina, de información tan delicada y personal. Esa información, es parte de la intimidad financiera de los ciudadanos, que nadie debe violar, mucho menos, ser manejada y manipulada por “sabe Dios quién”, ni con qué potenciales intereses subordinados.

Siempre se repite, que el Perú es un país de discriminadores y muchos creen que es un tema étnico, socio-económico o de origen geográfico (de costa, sierra o selva), pero lo cierto es que el propio Estado es el que crea, a cada paso, condiciones que dividen y separan a los ciudadanos, que les trae obligaciones y derechos diferentes. Para unos cuantos de la Lima moderna, se imponen reglas de altos estándares, para los demás, hasta “toma de carreteras” sin consecuencia alguna. Si queremos incorporar más ciudadanos a la base de contribuyentes, desarrollemos legislación tributaria más sencilla y fácil de cumplir, eliminemos el vicio de las amnistías tributarias, nacionales y municipales. Dejemos de premiar por esa vía a los que incumplen sus obligaciones.

En esa línea, el gran cuento es que, esta disposición es una recomendación de los países de la OCDE, pero para los soñadores, los países miembros de la OCDE, no tienen el nivel de “economía subterránea” que tiene el Perú (80%), ni su Estado está infiltrado de delincuencia como el nuestro. Igualmente, el contribuyente de países OCDE, ve plasmado el pago de los impuestos que realiza en beneficios al ciudadano, vía; servicios de salud, justicia, educación, seguridad e infraestructura. En nuestro país, en cambio, se exige más recaudación a los mismos de siempre, el Estado gasta o invierte mucho menos de lo que debiera y lo que gasta lo gasta mal y con gran merma por corrupción. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ha quedado meridianamente demostrado, que el Estado peruano no tiene la más mínima capacidad de manejo y control de sus actividades básicas, tales como; proporcionar salud, educación, justicia y seguridad. Que lo poco que hace, o lo hace mal o lo ejecuta con un altísimo nivel de corrupción, a pesar del floro del “experimentado” Martin Vizcarra (potencial candidato a su denostado Congreso de la República).

Durante la última década, hemos visto crecer el número de “trabajadores” y el monto de las planillas del Estado, tanto en el gobierno central, como en los regionales y municipales, para que brinden cada vez un peor servicio. Como pruebas recientes podemos mostrar el manejo de la pandemia, las compras realizadas para estos efectos, el manejo logístico de hospitales y postas médicas (falta de oxígeno, camas y medicinas), la entrega de bonos a la población, el manejo de la entrega de canastas de alimentos, al igual que el catastrófico resultado sanitario, medido en términos de contagios y fallecidos, no sólo de la población, sino también, entre el personal de las fuerzas que dieron seguridad, particularmente la PNP. Y menciono sólo esto, para no irritarnos con la vergüenza que ha significado el manejo de la inversión pública, incluida la reconstrucción con cambios, entre otras perlas…

Es clarísimo, que el Estado tampoco es eficiente en la gestión de plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, al igual que las correspondientes redes de agua potable y residual. Otro tanto podemos decir de los servicios de distribución de energía a lo largo y ancho del país, ahí donde aún el Estado está involucrado.  Es evidente que no es un tema de dinero, el gobierno central ha transferido “plata como cancha” para que hagan veredas, parchen huecos en las pistas, entre otras obras menores. ¿Resultado? Bajísima ejecución y altísima corrupción, a pesar que se le advirtió a Vizcarra, pero tal parece que ese era su objetivo; que puedan robar mucho para contar con el apoyo masivo de estos y aumentar así su popularidad.

Por su lado, empresas emblemáticas como Petroperú, tienen también resultados económicos y societarios muy malos. Ya Guayo Paredes, en su libro “La tragedia de las empresas sin dueño”, explica cómo estas empresas, que no responden a unos accionistas interesados en el negocio, sin una clara identificación de su visión y misión, medición de resultados e incentivos de la gerencia alineados con los de sus “stakeholders”, pero sujetas a injerencia política, es claro que no deben continuar, aunque no lo afirma categóricamente. Lo dicho es también aplicable a Electroperú y a cualquier otra empresa pública peruana (DISTRILUZ, SEAL, ADINELSA, etc.).

A pesar de estos antecedentes, algunos congresistas ahora insisten en la creación de una “línea aérea de bandera”, de bajo costo y en la que el Estado cuente con una participación del 20%. ¿Para qué queremos un problema nuevo? La verdad, resulta inexplicable, a menos que añoren poder tener más injerencia en más instituciones públicas, al margen de su creación o destrucción de valor para la sociedad. Y la pregunta natural es: ¿por qué no se ocupan primero de que lo que tienen bajo su responsabilidad funcione bien? ¿que el ciudadano se sienta bien servido y atendido en salud, educación, seguridad y justicia?

Si tuviéramos un Estado minimalista, concentrado en sus tareas esenciales y comprometido con una rendición de cuentas claras y públicas de manera trimestral (como cualquier empresa listada en bolsa), habríamos dado un gran salto cualitativo y confirmaríamos que menos, es más.  Insisto en lo dicho ya tantas veces en artículos previos, y ya que, pareciera que el presidente cree como yo, de que SERVIR debe dotar a las instituciones públicas de los profesionales que las gestionen, debería iniciar esa tarea partiendo por los gobiernos municipales y regionales. Debería, además, eliminar las burocracias no capacitadas para el cargo y que llegaron al puesto por pago de favores políticos (por ejemplo: lograr un puesto en Petroperú, según se explica, es casi como ganarse la lotería. Sueldos superiores a los de mercado, dirigentes sindicales recibiendo “viáticos por negociación colectiva” de 365 días al año por 30 años sin haber trabajado un solo día. Con razón no se jubilan sino hasta los 70 años).

En esencia, si queremos que el Estado mejore su eficiencia y eficacia, debemos quitarle todo aquello que no sea parte de su rol fundamental y asegurarnos que cumpla como reloj con sus tareas básicas, que esté dotado del personal idóneo para la tarea y que rinda cuentas, transparentemente, de su gestión y progresos.

Como dicen los gringos: KISS (“keep it simple stupid”)
[no lo compliques].
Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 20 de septiembre de 2020
Para Lampadia

Decir que hay peruanos – informales – que no pagan impuestos, no es cierto. Todos los peruanos contribuimos tributariamente al erario nacional. No importa la edad, profesión, condición económica, o lugar de nacimiento. Todo peruano que compra un paquete de galletas o un balón de gas; todo peruano que echa gasolina – o petróleo – a su moto, carro, o camión; todo peruano que usa un celular, enciende un foco de luz en su casa, o se toma una cerveza, paga impuestos.

Claro que hay informalidad – y evasión tributaria – pero no al 100%. Es imposible que un peruano pueda sobrevivir sin adquirir un bien o un servicio que haya evadido todos los mecanismos recaudadores del Impuesto General a las Ventas (IGV) de la SUNAT. No hay forma.

Entonces, como contribuyentes que somos, y en contraprestación por los impuestos que le pagamos al Estado, los peruanos tenemos el derecho – y el deber – de exigirle buenos servicios de agua, limpieza pública, salud, educación, seguridad, justicia… en fin, todo lo que el Estado – supuestamente – debe brindarnos. Incluso, infraestructura como carreteras, hospitales, escuelas, etc. Si no ¿para qué están los municipios, los gobiernos regionales, los ministerios, la policía, y el poder judicial… entre otros?

Aclarado el punto de que el Estado está para servirnos – porque de nosotros sale el cuero para las correas – debemos ser mucho más exigentes en cuanto a la eficiencia y moralidad en el Estado. No puede ser que – con nuestros impuestos, y en plena pandemia – el Estado haya contratado a Richard Swing… “para motivar a funcionarios del Ministerio de Cultura”. Por sólo mencionar un caso emblemático del pésimo uso de nuestros impuestos por parte del Estado.

Porque – como sabemos – el Estado está atiborrado de amigos, cuñados, familiares, y recomendados de miles de autoridades que utilizan al Estado para favorecer a personajes que no sirven para nada; y – peor aún – que no tienen ningún mérito académico, profesional, laboral… más allá de ser amigo – o allegado – de la autoridad que los contrata. ¡Habiendo tanta gente capaz y honesta!

El hecho es que más o menos desde el 2005 – y está documentado en las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas – el gasto del Estado en contrataciones administrativas, consultorías, y todo lo demás – fuera de los ámbitos de Salud, Educación, Seguridad, y Justicia – ha subido de S/. 5,000 millones anuales, a cerca de S/. 35,000 millones por año. O sea ¡7 veces! Incluso, el 2020 – el año en curso… el año de la pandemia – el presupuesto público en esas partidas es el más elevado de toda la serie. ¡No hay derecho que malgasten así nuestros impuestos!

Pero ahí no acaba la cosa. ¿Qué proponen algunos políticos para cubrir el déficit fiscal que – obviamente – se ha disparado ante la brutal caída de la recaudación tributaria, producto de la cuarentena? ¡Aumentad los impuestos!

La pregunta es ¿acaso no hay espacio para reducir algunos gastos en el Estado… tipo Richard Swing? ¿Porqué nadie habla de ello? Incluso – ¡qué desconcertante! – muchos economistas y académicos plantean lo mismo: “hay que subir los impuestos… no queda otra”.

Pues a mi me parece una falta de respeto hacia los contribuyentes – que como expliqué al comienzo de esta nota – somos todos. Me parece una gran irresponsabilidad no tocar el tema de la súper burocratización del Estado durante los últimos 15 años. Me parece pésimo que el presupuesto público del próximo año – 2021 – no contemple ningún ajuste burocrático en dependencias estatales que están por las puras… y que nos cuestan un montón de plata.

“No se puede” dicen algunos políticos cuando se le toca el tema. ¡Falso! La respuesta que no se atreven a decir es “no nos conviene”. Lampadia

Juan Infante Alosilla
Para Lampadia

Pensemos en los próximos 24 meses.

Con el virus rondando por todas las ciudades. ¿Creen ustedes que los mercados de abastos tienen condiciones para garantizar los requerimientos de bioseguridad necesarios para evitar el contagio?

Yo no.

La infraestructura de la mayoría de los mercados de abastos no permite implementar las medidas básicas sugeridas por las autoridades de salud. Pretender hacer pequeños cambios en los mercados, es jugar con la salud de comerciantes y vecinos de las ciudades y, sobre todo, condenar al país a avances y retrocesos en el control del contagio.

En este artículo señalo por qué.

Para garantizar las medidas de seguridad hay que desconcentrar el comercio. Hay que pasar del conglomerado comercial a la desconcentración. No tenemos opción. Vienen 24 meses distintos. Las necesidades de consumo no han cambiado, son las mismas de siempre, siendo así, debemos desarrollar una logística e infraestructura que se adecúe a los requerimientos de bioseguridad para el comercio mayorista y minorista de productos.

Las actividades esenciales

El gobierno autorizó -desde el inicio de la cuarentena- unas cuantas actividades económicas, considerándolas esenciales, lo que permitió que funcionen algunos centros de salud, todas las agencias bancarias, los mercados de abastos, supermercados, bodegas y farmacias.

Al pasar de los días, parte de los espacios donde se desarrollaban estas actividades esenciales fueron considerados centros de contaminación y contagio de la Covid-19. La frase del presidente Vizcarra: “uno va al mercado a comprar y de paso se lleva el virus”, grafica esta situación.

En esa línea, pudo decir también: “uno va al hospital y de paso se lleva el virus”, “uno va a las agencias bancarias en ciudades y distritos donde hay muy pocas y de paso se lleva el virus”. Pero no sucede lo mismo con las bodegas y farmacias. Uno no se contagia ahí, aunque quizás, el bodeguero y el farmacéutico puedan haber cogido el virus.

El contagio tampoco ocurre en las agencias de los bancos si vives en una zona donde hay muchas y, además, tienes cajeros distribuidos en los grifos y buena conectividad de internet, es decir, en unos cuantos distritos de Lima.

¿Cuál es la lección? La desconcentración evita el contagio, miles de farmacias y bodegas no son centros de transmisión del virus porque permiten el respeto de la distancia entre una y otra persona. Pero ahí donde hay aglomeración de personas eso se torna imposible.

Las medidas de bioseguridad

Las medidas de bioseguridad no son muchas, ni complicadas de respetar, si uno tiene las condiciones para hacerlo. Nos piden a todos:

• Guardar más de un metro de distancia entre una y otra persona.
• Lavarnos las manos con frecuencia.
• Usar mascarillas.
• No agruparnos con otras personas.

Si cumplimos con estas simples medidas, difícilmente nos contagiaremos.

Los mercados mayoristas

La actividad y la infraestructura de los mercados mayoristas, tal como están planteadas, no permiten cumplir con las simples medidas de bioseguridad que detienen el contagio. Hay que aceptar esta realidad.

Todas las regiones del país, dependen de sus mercados mayoristas para abastecer no solo a la población de la ciudad donde están instalados, sino a sus provincias y distritos. Además, en Lima, los mercados mayoristas se convierten en centros de redistribución con alcance nacional y en algunas otras ciudades del país hay mercados con influencia macro-regional.

En los mayoristas el flujo de comercio es muy intenso y se da, principalmente de madrugada.

Centenares de choferes de los camiones que ingresan la mercadería que abastece a los mayoristas se reúnen, miles de trabajadores entre estibadores (las personas que descargan la mercadería de los camiones), cargadores manuales (las personas que trasladan la mercadería en las carretillas) y ayudantes en los puestos laboran chocándose unos con otros, apretujados entre los camiones y en los pasadizos de los mercados mayoristas de fruta y lo mismo ocurre en el más espacioso mercado de Santa Anita. La realidad en los terminales pesqueros, con sus variantes, es parecida.

El tamaño de los puestos no permite el distanciamiento entre quienes están trabajando en ellos. Entre cajas y sacos, queda muy poco espacio para las tres o cuatro personas que trabajan en cada puesto. Además, hay nula distancia entre puesto y puesto. Y no hay manera de que los clientes hagan una cola ordenada, respetando la distancia requerida.

Súmenle la muchedumbre de comerciantes minoristas que van a comprar. Sus transportes de ida y de vuelta. La congestión en los estacionamientos. Los negocios colaterales que aprovechan la concentración de gente para vender alimentos preparados a la multitud laboriosa.

Esta es la realidad que tenemos que aceptar:

• No hay manera de tener distancia social. La muchedumbre es un río caudaloso. Los comerciantes minoristas presionan y demandan velocidad. Tienen que llevar la mercadería a sus respectivas tiendas. Todos se aglomeran y topan unos con otros.
• No hay caños para lavarse las manos en los puestos. Los baños son muy pocos y están lejos de los comerciantes y trabajadores. Además, cobran por el ingreso a los servicios higiénicos. Todo está hecho para que no vayas al baño y no te puedas lavar las manos.
• En la prisa, no hay –lamentablemente- disciplina para llevar la mascarilla y no tocarse la cara.
• Todo es en efectivo. El intercambio de dinero es constante. Fluye de una mano a otra. Con guantes o sin guantes, te vas a agarrar la cara, la nariz, los anteojos, los ojos.

La solución es desconcentrar esos mercados. Dividirlos en unidades más pequeñas que se muevan a otros espacios con estructura apropiada para cobijarlos en los próximos 24 meses. Pasar del gran conglomerado al mini conglomerado de venta al por mayor.

Esto permitirá repartir el flujo de camiones con mercadería que llegan de las provincias, estibadores, cargadores, comerciantes mayoristas, ayudantes, comerciantes minoristas, camionetas, combis y station wagons de carga, en muchos más puntos.

Repartiendo el comercio mayorista, se reduce el aforo que hoy se ve en cada uno de los actuales conglomerados mayoristas, y, por tanto, se baja la velocidad requerida para las transacciones, lo que permite respetar las normas de distanciamiento e higiene básicas.

¿Qué se requiere para desconcentrar los mercados mayoristas en Lima?

Veinte terrenos amplios ubicados en lugares donde no se forme un embudo de entrada ni de salida de camiones y vehículos menores. Tienen que ser espacios donde se puedan instalar entre 100 y 150 comerciantes mayoristas, con puestos dos o tres veces más grandes que los que tienen ahora, cada uno con un sistema de agua y desagüe (es fácil y rápido hacer una infraestructura temporal que lo permita).

Esto no es difícil y en menos de una semana podemos montar este esquema si aceptamos la tarea.

Los mercados de abastos (minoristas)

La gran mayoría de los mercados de abastos tampoco pueden cumplir con las medidas de bioseguridad exigidas. Además, buena parte de los puestos de cada mercado minorista está cerrada porque su actividad no es la venta de alimentos. Esos comerciantes están desesperados y presionando porque también los dejen funcionar.

Los pasadizos en la mayoría de estos mercados son estrechos, es difícil que los clientes hagan cola dentro del mercado, delante de cada puesto y respetando el distanciamiento social. Los puestos son pequeños, generalmente tienen la mercadería amontonada y por lo menos dos personas los atienden, siendo imposible que guarden la distancia adecuada. No hay caños para lavarse las manos. Los comerciantes y sus ayudantes están usando un par de guantes para toda la jornada laboral y las transacciones son solamente con dinero en efectivo.

Un mercado es hoy un espacio cerrado con una sola puerta de acceso, para entrar hay que hacer cola y esto desespera, lo que puede llevar a un descuido y un relajamiento en el cumplimiento de las pautas de bioseguridad que cada persona está llamada a respetar.

Mi conclusión es que la gran mayoría de mercados minoristas, no están ni estarán en condiciones de cumplir con las normas de bioseguridad y si pensamos que los riesgos de contagio se extenderán por los 24 siguientes meses, conviene de una buena vez plantearse un sistema de comercio minorista barrial distinto.

¿Qué se puede hacer con los mercados minoristas?

En el caso de los mercados minoristas hay dos salidas complementarias que pueden funcionar en paralelo. Las dos estrategias implican “dividir” el mercado en unidades más pequeñas, repartidas en el distrito y que permitan a los vecinos caminar menos para abastecerse.

La primera estrategia es habilitar espacios temporales (no itinerantes) con infraestructura apropiada proyectada para resistir 24 meses. Infraestructura de calidad. Donde cada puesto tenga mayor espacio y cuente con un caño con agua y desagüe donde el comerciante y sus ayudantes se puedan lavar las manos (repito, esta infraestructura es fácil de montar).

La segunda, permitir a los vecinos habilitar pronto espacios para alquilar (garajes o espacios con puerta a la calle) a los comerciantes de los mercados minoristas. A todos los rubros, no solo los de comida. Espacios que cuenten con caño y lavatorio para lavarse las manos, ventilación y de tamaño apropiado para un aforo de cuatro personas con el distanciamiento apropiado entre una y otra.

A estas alturas necesitamos todos los productos y servicios que se vendían en los mercados antes de la cuarentena.

UNA OPORTUNIDAD PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS DE ABASTOS A NIVEL NACIONAL

Esta podría ser una oportunidad de oro para modernizar los mercados de abastos en todo el Perú.

Si comprendemos que la inmensa mayoría de ellos no está en condiciones de operar con las medidas de bioseguridad requeridas para no ser focos de contagio, si se integra a la solución a los comerciantes de todos los rubros presentes en cada mercado, si se montan espacios adecuados para que ellos puedan desarrollar su actividad por los próximos 24 meses, se puede dar paso a un programa de renovación de la infraestructura de estos centros de comercio.

Lo merecen los barrios y lo merecen los comerciantes. El Perú puede iniciar un gran programa de renovación de su infraestructura comercial barrial. Veinticuatro meses son suficientes para que emerja en el espacio físico de cada uno de esos mercados, un espacio comercial que se convierta en eje de desarrollo económico local.

Decidido este programa, dotado de fondos para que los comerciantes accedan a un financiamiento con intereses y plazos razonables, será el momento de los arquitectos y luego de las empresas, los ingenieros y los obreros de construcción.

Qué oportunidad hermosa para hacer mercados adecuados, con puestos de tamaño suficiente, con agua para el lavado de las manos, con tanques cisternas, con mejor infraestructura de baños, con pasadizos amplios y buena ventilación, con dos pisos de comercio y espacios para almacenes, talleres y oficinas en el tercer y cuarto piso, con escaleras y ascensores de tamaño apropiado.

Vamos a necesitar reactivar la economía, pongamos en paralelo fondos de crédito por 20 mil millones de soles en manos de los comerciantes propietarios de los mercados. Démosles la oportunidad que crezcan, que inviertan en su desarrollo, que, con su esfuerzo, ayuden a la reactivación económica de sus barrios. Pero que haya una institución que fije los parámetros y que estos no dependan de la discrecionalidad de cada municipio local.

Imaginemos los mercados del Bicentenario. Lampadia

Por: Álvaro Díaz C.
Abogado en Derecho Empresarial y Minería
Para Lampadia

“Tras la conducta de cada uno depende el destino de todos” (Alejandro Magno)

Reactivar la economía de forma ordenada y previendo el uso de los protocolos sanitarios que den mayores garantías para no contagiarse y no contagiar a los trabajadores, no atenta, mengua u opaca los esfuerzos sanitarios contra el Covid19, sino que, al contrario, sería considerado una ayuda directa y evitaría en parte el impacto de la siguiente crisis (que ya se siente) como es la económica que también trae consigo enfermedades, muerte y delincuencia.

En efecto, reactivar sectores como la minería y petrolera formal en zonas remotas tiene las ventajas implícitas de un aislamiento “per se” (están alejados de las ciudades o poblaciones y con accesos controlados), cuentan con los recursos económicos para hacerlo, amplia experiencia en ejecución de exigentes normas y políticas de salud y seguridad (sistemas, organizaciones y capacitaciones), y cuentan con médicos “in house”,  servicios de empresas de salud especializadas en la salud ocupacional y preventiva para ejecutar, monitorear e ir ajustando los protocolos de salud que se apliquen para tal reactivación.

Estas actividades o industrias pueden aplicar pruebas rápidas a todo trabajador convocado para reintegrarse (excluidas las personas sensibles -mayores o con enfermedades crónicas no transmisibles, entre otros padecimientos- y quienes tengan los síntomas que hagan sospechar de tener el Covid19), es decir, no todos los trabajadores pueden reincorporarse, sino sólo los de menor riesgo. 

Del grupo a reintegrarse, que es básicamente población sana, están justamente los que pueden tener o contraer el coronavirus sin manifestar síntomas (los asintomáticos).

Los asintomáticos o de leves síntomas estarían representando, se estima, entre el 50% y 60% de todos los que contraen el virus (*) y, justamente por no saberlo, lo van propagando por todo lado.  Los que tienes síntomas (los sintomáticos) al ser evidente su estado, por cuidado propio y consideración por los demás, son aislados y toman medidas de cuidado para evitar contagios.

Para saber que asintomáticos tienen el virus la mejor forma es aplicar las pruebas. La forma masiva más eficiente son las pruebas rápidas, que si bien no captan a los enfermos del virus los primeros días (mientras no generaron los antígenos), por ello es que se estima que tienen un nivel de sensibilidad del 60% a 80% según en el momento en que se aplique tal test (**).   Es mucha información que ahora no se tiene, o es poca y no focalizada. Toda esta información debería ser reportada diariamente al MINSA.

Los que salgan positivos en la prueba rápida serán incluidos dentro del protocolo del Ministerio de Salud (MINSA) para el diagnóstico con la prueba molecular (PCR) y el aislamiento correspondiente de los 14 días (recordemos que son asintomáticos, ni se enterarían que tienen el virus, pero que sí pueden contagiar).

Aquellos (asintomáticos) que, por este procedimiento, pasen los 14 o 15 días de aislamiento, se estima que estarán “vacunados”, es decir, ya no contraerían el coronavirus y, por ende, no lo contagiarían (***).

De allí, en el reingreso laboral, la toma de temperatura varias veces al día, los túneles de desinfección, las mascarillas, el distanciamiento laboral, el lavado de manos, la desinfección periódica de equipos y materiales, el no contacto entre los cambios de turno, etc., son las medidas que harían de la zona del trabajo remoto probablemente un lugar aún más seguro que estar en la ciudad, donde muchas veces se debe salir a comprar a los mercados de abastos, supermercados o instalaciones muchas veces colmadas de gente donde recién poco a poco se está respetando los estándares y recomendaciones, pero que serían reglas obligatorias  en las labores remotas formales que se anotan.

Diversos estudios están estableciendo la relación directa entre a mejor “estilo de vida saludable” (EVS) menor riesgo de mortalidad o sintomatología importante del Covid19, así como que las enfermedades o síndromes relacionado con no tener un buen EVS (nutrición, ejercicio, sueño y manejo del estrés) son las poblaciones sensibles a las peores consecuencias de tal virus. Los EVS evitan o ayudan a que maduren los síndromes metabólicos (que se incuban silenciosamente durante 5 a 20 años) y desencadenan en enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT – diabetes, hipertensión, etc.). Asimismo, el tabaquismo, drogas, alcoholismo tienen el mismo efecto negativo.

Los contratistas mineros y petroleros estarán obligados a iguales exigencias, lo que no sólo protegería de la misma forma a sus trabajadores que destaquen a esas zonas remotas, sino que generaría una cultura y ejemplo de como cuidarlos para cuando se reactiven otros sectores económicos a los que también dan servicios tales contratistas. Algo similar pasó hace treinta años con los cinturones de seguridad en el manejo de vehículos, cuando en las operaciones mineras y petroleras ya era una regla cardinal su uso y en el resto del Perú prácticamente nadie lo usaba.

Las empresas están llamadas promover los EVS en sus trabajadores, no sólo mantendrá sanos a los trabajadores, sino que el sistema inmune estará en su estado óptimo (con los beneficios colaterales de productividad, ánimo, predisposición y otros colaterales positivos).

Pero activar la economía en estos sectores (como el minero) es especialmente importante, pese a que probablemente no podrá reactivarse al 100%, igual representaría una parte importante (una gran parte del Impuesto a la Renta u otros) que recibe el erario peruano, con lo cual se podría continuar financiando, por ejemplo, muchas de las medidas que se necesitarán para que el Perú no colapse en salud y económicamente en el futuro inmediato (hoy se está consumiendo los ahorros que Perú logró los últimos 15 años). 

Un informe del Instituto Peruano de Economía resalta que, en promedio, la minería aporta en un rango entre el 20% al 30% de todo el impuesto a la renta que recauda el Perú (hablamos de pocas empresas con un altísimo impacto económico).

La propia actividad minera con rebote de 1 a 8 en generación de empleo (directo-indirecto) y dinamismo de la economía vinculada a la misma, como la contribución en impuestos al Estado Peruano, es sin duda parte importante de la ecuación para mantener a flote el país.  Mientras más se demore en reactivar este sector (cada día cuenta) más daños colaterales económicos sentirá el país.

En total, añadió, la minería ha desembolsado S/85.000 millones en impuestos y otros gravámenes en los últimos 10 años.  (fuente “El Comercio” 28/08/2019, usando data del Instituto Peruano de Economía -IPE-) (****)

Diego Macera (IPE) nos recordaba el año 2017 la realidad sobre la tributación en Perú en general, para poder entender de donde vienen y vendrán los ingresos que más que nunca necesitará el Estado y la economía privada en general:

Porque hay que decirlo claro: casi nadie paga impuestos directos en el Perú. El Impuesto a la Renta (IR) se colecta principalmente de empresas (formales) en función a sus utilidades y de trabajadores (formales) en función de sus salarios. Respecto de las primeras, de los 8,7 millones de unidades productivas que había en el Perú en el 2015, solo 2 millones eran formales. Más aun, de esos 2 millones, solo 300 empresas aportan más del 40% del IR empresarial. Y el número ha mejorado. En el 2010, el 0,02% de unidades productivas contribuía con el 63% de este tributo.

Seguir combatiendo al Covid19, que no se irá hasta que se descubra y pruebe la vacuna, se elaboren las siete mil millones de dosis que se necesitan, se distribuyan y se apliquen a todos, serán largos y difíciles meses, para ello, se necesita una economía andando y poder enfrentar esos costos y pérdidas de producción de otros sectores que tardarán más en recuperarse, intentando que el impacto, en especial sobre los más pobres, sea el menor posible.

Tengamos cuidado con esos slogans tan fácil de vender como tan manipulados y sin contenido “prefiero perder veinte, cincuenta, cien días y salvar con ello mil vidas”, “si estás por la reactivación económica estás contra la vida”, porque reactivar responsablemente la actividad económica puede y debe ayudar a mejorar aún más los controles de salud para esa población a la vez que generar fondos para las empresas de todo tamaño, vinculadas a tales sectores, y al Estado mediante los diversos impuestos.

Un eficiente y técnico sistema de fiscalización por parte de las diversas autoridades como el propio MINSA u otras, debería verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en tales empresas, y no tener tolerancia con los que quieran burlar los mismos (sin que ello sea un arma mal usada por funcionarios que quieran abusar de interpretaciones extremistas y a su vez permita evitar las “fake news” que seguro querrán elaborarse para atacar al sistema).

(* ) La República 06 de abril 2020: La comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han sugerido a los gobierno del mundo realizar la mayor cantidad de pruebas de despistaje posible, para prevenir la enfermedad COVID-19.

En ese sentido, sobresale un grupo de personas que según algunos expertos podrían ser la clave para contener el brote: las personas que no presentan los síntomas.

El diario español La Vanguardia el 08 de abril 2020 dice “Usar mascarillas en público puede ser útil para controlar la transmisión de la Covid-19 entre la población general asintomática, afirma un nuevo informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), en el que cambia, con cautela y muchos matices, las que eran hasta el momento sus recomendaciones sobre el uso de esta protección y asegura que “deben ser contempladas como una medida complementaria”.

(**) el diario La Vanguardia de España publica el 06 de abril 2020 que Los test rápidos que este domingo y mañana lunes distribuirá el Gobierno entre las comunidades autónomas tienen una sensibilidad del 64 % en pacientes que acaban de iniciar los síntomas de la COVID-19 y de más del 80% en las infectadas durante siete o más.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad ha apuntado que esa es la fiabilidad de las pruebas comprobada por el Instituto de Salud Carlos III.

(***) Existen algunos casos aislados de recaídas (reinfección) con el virus, pero esta situación aún está en estudio, una de las teorías más fuertes es que no hay reinfección sinó que la infección no terminó de curarse en esas personas (Dr. Luis Enjuanes y científico Isidoro Martínez citados por BBC Mundo 19 de marzo 2020). La excepción no debería detener lo que explica la regla, por el contrario, como dice el Dr. Elmer Huerta, es posible que el plasma de los que ya pasaron la infección sea probablemente la fuente de las primeras vacunas contra este mal, así también lo resalta CNN el 08 de abril 2020 citando al Dr. José Luis Vergara).

(****) La minería ha aportado S/. 85,000 millones en diez años, las habilitaciones de fondos para combatir el coronavirus son muchas y de los órdenes siguientes, para poder tener una idea de la necesidad de fondos para seguir atendiéndolas:

Gobierno implementa nuevas medidas para la protección de la salud de la población y minimizar el impacto sanitario del coronavirus

-Se destinan S/ 50 millones para acciones de prevención, limpieza y desinfección de las unidades de transporte público urbano y terrestre de personas.

-Se destina S/ 90 millones al Ministerio de Salud sus organismos públicos, y las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales para financiar bono extraordinario a favor del personal de salud.

-Se autoriza a Midis modificación presupuestario de S/ 40 millones para creación de una red de soporte para el adulto mayor de alto riesgo y personas con discapacidad severa.

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de abril de 2020
Para Lampadia

La frase original es “El campo es santo… la ciudad no tanto”. Y proviene de Fray Ramón Rojas – más conocido como el Padre de Guatemala – quien allá por el año 1830 hizo brotar agua en el desierto de Ica, en un lugar conocido como Pozo Santo. Para muchos iqueños, el fraile guatemalteco es un santo de facto. “Un santo buscador de hombres en su existencia, en su vida sencilla, y su trato cotidiano”. (Ver “Vida y Prodigios de Fray Ramón Rojas” escrito por Alberto Benavides Ganoza)

A lo que quiero llegar es que el Estado peruano no es – ni remotamente – tan santo como debiera. Los ciudadanos no nos sentimos adecuadamente servidos por él. La política – o, mejor dicho, la politiquería – lo ha malogrado todo. El hecho es que el Estado ha devenido en un ente inoperante, maltratador, sobredimensionado, engorroso, indolente, despilfarrador, parasitario, y – sobre todo – corrupto. Incluso, chantajista. Y encima, abusivo y mandón.

La coima y el clientelismo político son sus principales atributos. Ciertamente, hay servidores públicos honestos, eficientes, y muy serviciales. Pero – lamentablemente – hay muchos malandrines también… en todas las instituciones públicas, y a todo nivel.

La pregunta es… pasada la pandemia ¿vamos a seguir con el Estado, tal cual? ¡De ninguna manera! Lo estamos viendo en estos días de emergencia. La precariedad de los hospitales públicos. Las compras de mascarillas y equipos de pésima calidad… y recontra sobrevalorados. Alcaldes y autoridades regionales apropiándose ayuda humanitaria. Calles inmundas. Sin agua… ni para lavarnos las manos. ¿Y qué decir de la corrupción en el Poder Judicial? La verdad, la verdad… el Estado no sirve.

Bueno pues, así como la pandemia está propiciando un cambio radical de usos y costumbres en la ciudadanía y en el sector empresarial, lo mismo debe ocurrir en el Estado. Claro que los cambios en el Estado debieron ocurrir hace tiempo… mucho antes de la pandemia. Pero no discutamos eso. Traguémonos el sapo. Y discutamos – más bien – el cómo y quién debe cambiar al Estado. Más vale tarde que nunca.

El Estado tiene que concentrarse – prioritariamente – en mejorar los servicios de agua, salud, educación, y seguridad. ¡Y punto! El único gran objetivo debe ser la vida – y el bienestar – de las personas y la naturaleza. Eso implicaría aumentar significativamente los presupuestos de los cuatro servicios antes mencionados. Entonces ¿de dónde pecata mea? Pues de la reducción de muchos programas e instituciones públicas innecesarias y redundantes, que no sirven para nada… y que cuestan un montón de plata.

El clientelismo político debe terminar. La meritocracia y la carrera pública deben establecerse como normas sagradas en el aparato estatal. Para ello hay que replicar el modelo de autonomía y profesionalismo del Banco Central de Reserva (BCR) en los demás servicios básicos. Hay que acabar con las prerrogativas ministeriales, regionales y municipales de cambiar funcionarios públicos según sus filiaciones partidarias, familiares o amicales.

Hay que ir – firmes y directos – a la transformación digital del Estado. Cero papeles. Cero colas. Cero coimas. Compras y contrataciones, permisos y licencias, certificados, títulos de propiedad… todo debe digitalizarse.

Ahora bien. Dado que el Estado no se va a cambiar a sí mismo ¿quién debería cambiarlo? En mi opinión, el cambio lo tendríamos que forzar desde la ciudadanía. No queda otra. Desde la ciudadanía tenemos que evaluar con objetividad los servicios del Estado, y desenmascarar a los corruptos e indolentes. La prensa tendría que jugar un rol preponderante en esta materia. Y así por el estilo.

En fin. Estas son ideas – solo ideas – para que el Estado sea tan santo como el campo. Veremos – con el tiempo – cómo nos va. Lampadia

En un reciente artículo publicado por The Economist, que compartimos líneas abajo, se hace gala de las políticas de cuarentena emprendidas por los gobiernos de América Latina para frenar la propagación del covid 19, a la vez que hace una fuerte crítica al populismo de aquellos que, por evadir la gravedad del virus, han reportado varias defunciones que podrían haberse evitado con anticipados estados de emergencia.

En este espectro se encuentran México con AMLO y Brasil con Bolsonaro, ambos líderes políticos que, a pesar de contar con ideologías políticas antagónicas, han lidiado con esta crisis de la misma pésima manera: incitando a no parar ninguna actividad económica en plena pandemia y denigrando los protocolos de seguridad sugeridos por la OMS. De la misma manera, actuaron en su momento Donald Trump en EEUU y Boris Johnson en el Reino Unido, en los que el mismo contexto de crecientes contagios y muertes,  los obligó a dar un giro en sus políticas, generando un estado de emergencia por un lado y una cuarentena masiva por el otro.

Cabe resaltar que las medidas de cuarentena, si bien acertadas, no constituyen una solución definitiva a la ola de contagios, puesto que deben ser acompañadas de pruebas masivas para conocer la incidencia real del presente virus como hemos comentado en Lampadia: La factura del coronavirus la pagamos todos. Aún así consideramos que sí es una condición necesaria porque da tiempo a los gobiernos, en conjunto con el cierre de fronteras, para contenerlo en su etapa de incubación.

Esperemos que el gobierno de Vizcarra se siga mostrando a la altura frente a la presente crisis sanitaria en los próximos días del mes y de mayo, en los que se prevé llegarán unas 80,000 pruebas moleculares, de manera que estas puedan aplicarse con pericia y se evalúe, de cara a sus resultados, el levantamiento progresivo de la cuarentena. Esto ayudará también a que la salud económica de los peruanos, si bien atendida por las recientes medidas de reactivación económica emprendidas por autoridades fiscales y monetarias, pueda ser más llevadera en el resto del año. Lampadia

La sabiduría y el ingenio de las líderes de América Latina

Una recompensa, por ahora, para aquellos que han actuado decisivamente para combatir la pandemia

The Economist
4 de abril, 2020
Traducida  y comentada por Lampadia

Desde que asumió la presidencia de Perú hace dos años, Martín Vizcarra, un político indescriptible, no ha dejado de tomar decisiones audaces. Impulsó las reformas políticas mediante referéndum. Frente a un Congreso en serie obstructivo, el año pasado lo clausuró y convocó a una nueva elección legislativa. Característicamente, fue el primer líder latinoamericano en reaccionar ante el covid-19 imponiendo un bloqueo y toque de queda, el 15 de marzo, cuando su país solo tenía 71 casos reportados. Los peruanos aprecian esta restricción a sus libertades para el bien público. En una encuesta de Ipsos, su índice de aprobación aumentó del 52% al 87%.

Ese es el patrón en América Latina. En Argentina, Alberto Fernández, quien se hizo cargo de un país políticamente dividido en diciembre, ha visto aumentar su popularidad a más del 80% después de imponer una cuarentena y sellar las fronteras. En Colombia, la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, robó una marcha sobre un gobierno nacional vacilante cuando impuso un cierre de juicio de cuatro días. El chileno Sebastián Piñera, cuya presidencia parecía moribunda después de las protestas, desplegó pruebas y cerró zonas críticas. Su popularidad ha aumentado, del 10% en diciembre al 21%.

Este enfoque contrasta con el de los presidentes populistas de Brasil, Jair Bolsonaro y México, Andrés Manuel López Obrador, a menudo llamado AMLO. Ambos han dado prioridad a la protección de las economías débiles. Ambos pasaron semanas negando la gravedad del virus y negándose a respetar las medidas de distanciamiento social recomendadas por sus ministerios de salud.

En México, según Alberto Díaz-Cayeros, politólogo de la Universidad de Stanford, la cautela del gobierno se basaba en la confianza en la capacidad del servicio de salud para enfrentar la amenaza. Ese enfoque funcionó contra la gripe porcina en 2009. Subestimó el covid-19, que se propaga agresivamente, con muchos casos sin síntomas. El 24 de marzo, el gobierno giró, cerró las escuelas y prohibió las actividades no esenciales. Seis días después, con el virus fuera de control, declaró el estado de emergencia.

AMLO ha confundido el mensaje sobre el distanciamiento social. Bolsonaro fue más allá, saboteando activamente los esfuerzos para controlar el virus. En Brasil, los gobernadores estatales han impuesto bloqueos, incluso en São Paulo y Río de Janeiro. Estas medidas son populares. La falta de atención de Bolsonaro lo es menos. Los residentes de la ciudad organizaron protestas contra el presidente. Eso provocó un contraataque. Bolsonaro criticó a los gobernadores, emitió un video que proclamaba “Brasil no puede parar” e instó a los partidarios a organizar cabalgatas contra las cuarentenas. Solo el 31 de marzo, con 201 muertes en Brasil, reconoció (brevemente) la gravedad del virus y pidió un “pacto” en su contra “para salvar vidas sin dejar empleos”. Luego volvió a su retórica anterior.

¿Qué consecuencias políticas tendrán estas acciones? Aunque todavía es popular, el índice de aprobación de AMLO estaba disminuyendo antes del virus, debido a que no detuvo el crimen ni revivió la economía. Parece que esa tendencia continuará. En cuanto a Bolsonaro, algunos piensan que sus acciones merecen juicio político, por amenazar el derecho constitucional a la vida. Su estrategia parece apuntar a apuntalar su base. Las encuestas muestran que conserva el apoyo de un tercio de los encuestados. Eso debería ser suficiente para mantener su trabajo, dependiendo de cuántos brasileños mueran.

Quienes han actuado con decisión se están beneficiando del instinto del público de reunirse con sus líderes en un momento de peligro. Pero mantener las cuarentenas en una región donde muchos viven precariamente será difícil. Tomemos a Argentina, donde Fernández ya enfrentó una economía afectada. Su gobierno ha hecho algunas donaciones de emergencia de dinero y alimentos en las zonas pobres de la periferia de Buenos Aires, donde su movimiento político peronista lleva mucho tiempo trabajando. Aun así, los peronistas “están muy preocupados, temen una explosión social y perder el control”, dice Sergio Berensztein, un consultor político. Él piensa que el gobierno puede tener que hacer que la cuarentena sea más selectiva y flexible, con el riesgo de prolongar la epidemia. Lo mismo ocurre con el Perú.

El covid-19 golpeó a América Latina cuando sus líderes e instituciones cayeron en desprestigio, debido al estancamiento económico, la corrupción y los servicios públicos deficientes. El manejo de la pandemia requiere un gran esfuerzo para ayudar a los necesitados. También puede ofrecer una oportunidad de redención. Los líderes que imponen cuarentenas podrían salvar la vida de 2.5 millones de latinoamericanos, según los epidemiólogos del Imperial College de Londres. Tienen que encontrar formas de hacer que los ciudadanos lo recuerden, incluso cuando las dificultades económicas muerden. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 27 de marzo de 2020
Para Lampadia

Nadie jamás imaginó que el 2020 iba a empezar como empezó. Las crisis que dominaban la atención de la prensa – local e internacional – eran económicas, políticas, sociales, bélicas, migratorias, y morales. Sin embargo, todas resultaron poca cosa comparadas con la crisis – sin precedentes – que nos trajo el Coronavirus… de sopetón.

Por el lado de la ciudadanía ya sabemos. El mundo cambió – y para siempre – a consecuencia del virus de marras. La expresión más extendida – ahora – en todo el planeta es “aislamiento social”. O sea, evitar contactos con otras personas. ¿Qué personas? Con todas. Sobre todo ¡con los abuelos! Y si se enferman de Coronavirus… ni cuidarlos. Aislarlos. No acercarse a ellos. Y si se mueren… no hay que velarlos ni enterrarlos como de costumbre. ¡Son contagiosos!

Lávate las manos con frecuencia. No toques nada… ni tu cara. Cero besos. Cero abrazos. Usa mascarilla. Quédate en casa. Tele estudia. Tele trabaja. Y si tienes que salir para trabajar o estudiar, mantente – mínimo – a 2 metros de tu compañero más próximo. No viajes a ninguna parte. ¡Ay de ti si usas medios de transporte masivo… buses, trenes, aviones! Y si te subes a un barco… prepárate para vivir – para siempre – en altamar.

Y así por el estilo. El impacto del Coronavirus en nuestras vidas es brutal. La pregunta es ¿y el Estado? ¿Acaso vamos a permitir que nuestro Estado siga tan indolente, inoperante, maltratador, y corrupto… como hasta ahora? ¡Nada que ver! El Estado tiene que cambiar tanto como la ciudadanía.

El viejo Einstein decía: “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Las crisis son la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progresos”. ¡Genial!

Bueno pues. Más claro… ni el agua. Si queremos progresar – en medio de esta crisis – debemos cambiar. Por ejemplo – y a propósito del agua – ¿tiene sentido mantener el sistema municipal de suministro de agua potable a nivel nacional? Y la basura. ¿Qué hacemos con la basura en las calles, si los municipios no son capaces de recogerla? ¿Qué sentido tiene mantener tantísimas instituciones estatales que no educan, no curan, no protegen, y no juzgan? O sea, no sirven para nada… excepto para maltratarnos.

Y las colas. ¿Qué sentido tienen las colas, si la transformación digital del Estado está a nuestra disposición? Todos los permisos, licencias, y documentos oficiales deben ser digitales. Cero papeles, cero colas, cero coimas.  Incluso, en el tema de las prisiones. Hasta cuándo tendremos que esperar a los grilletes electrónicos para que miles de presos – de baja peligrosidad – purguen sus penas en casa, y no vivan hacinados y chantajeados por avezados criminales y carceleros mafiosos.

La del estribo. Agua, Salud, Educación, y Seguridad. ¿Tanto le cuesta al Estado concentrarse en esas cuatro prioridades? ¡Qué sentido tiene gastar millonadas en burocracias inútiles, ostentosos palacios municipales, monumentos adefesieros, y todo tipo de elefantes blancos que no sirven para nada!

Si como consecuencia de esta crisis brutal, el Estado se reformara para dedicarse prioritariamente a mejorar los servicios de agua, salud, educación, y seguridad, diríamos – como el viejo Einstein – que la crisis habría traído progreso.

Algo así como… no hay mal – ni virus – que por bien no venga. Lampadia

A poco más de un mes del referéndum que decidirá la creación de una nueva constitución en Chile (ver Lampadia: ¿Una nueva constitución en Chile?), The Economist brinda interesantes reflexiones sobre la pertinencia de esta decisión, a la luz de los logros del tan criticado modelo chileno y las demandas de las protestas que han vuelto a sacudir a nuestro vecino del sur en los últimos días.

Cabe resaltar de este análisis, la referencia que hace el popular medio británico respecto a cómo históricamente las izquierdas en América Latina han aprovechado este tipo de descontentos, cuyos orígenes están lejos del denostado “neoliberalismo”, para arremeter con nuevas cartas magnas e instaurar modelos fallidos con políticas trasnochadas en sus países.

Venezuela es el caso más emblemático al respecto, puesto que pasó de ser uno de los países más ricos de la región a finales de los años 90, a exhibir los peores índices de desarrollo humano a nivel mundial en gran parte por la constitución juramentada por Hugo Chávez, la cual ha posibilitado todas las nefastas políticas del actual régimen en las últimas dos décadas.

Como también enfatiza The Economist, si Chile toma este camino no solo se jugará este riesgo, sino también la posibilidad de contar con un equipo incompetente y sin la pericia suficiente para el diseño de una constitución que pueda ser si quiera viable en términos económicos y que sobretodo tome en cuenta los incentivos de los chilenos en temas tan importantes como el mercado laboral, las pensiones y el sistema de salud pública.

Como hemos comentado anteriormente y rescatando este análisis, la solución de Chile no pasa por cambiar su constitución, puesto que gran parte de las demandas de su gente está concentrada en la mala provisión de los servicios públicos y no en los marcos institucionales que rigen su economía de mercado. Estos últimos, por más que lo nieguen las izquierdas más recalcitrantes, han permitido todo el desarrollo de Chile experimentado en los últimos 30 años, cimentándolo como el país con mejores indicares económicos y sociales de la región, y con una clase media que abarca a por lo menos el 65% de la población, según recientes estimaciones del think tank chile Libertad y Desarrollo.

En tal sentido, se deben fortalecer las labores que competen al Estado y que en la actual constitución ya están claramente delimitadas como el brindar seguridad y salud pública de calidad.

Dicho esto, esperamos que estas reflexiones puedan calar en el electorado que irá al referéndum a llevarse a cabo el próximo 26 de abril y sopesen una vez más la idea de crear una nueva constitución. Podrían estar más cerca del socialismo de siglo XXI de lo que Chile nunca estuvo alguna vez. Lampadia

Una estrella empañada
Cómo reformar Chile

Una nueva constitución ofrece al país un camino para salir de la ira y el desorden

The Economist
14 de marzo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Durante gran parte de los últimos 30 años, Chile se ha destacado del resto de América Latina como un país que parecía estar haciendo la mayoría de las cosas bien. Combinaba una economía de mercado abierta con el estado de derecho, instituciones estables y una creciente provisión social. Las tasas de pobreza cayeron abruptamente y la mayoría de los chilenos se convirtieron en clase media por medidas oficiales. Por lo tanto, las protestas grandes, sostenidas y a veces violentas que han sacudido al país desde el pasado octubre han sido impactantes. Han cuestionado el éxito del “modelo chileno” y su futuro.

Lo que sucede ahora en Chile importa más allá de sus fronteras. Sus protestas, que se han reanudado este mes, son solo una manifestación del descontento que arrasa América Latina. Varios otros países también han visto protestas, aunque estas se han centrado principalmente más estrechamente. La elección de populistas contrastantes en Brasil y México en 2018 fue otra señal de ira. Así fueron las victorias de la oposición en las recientes elecciones presidenciales en toda la región.

No es difícil adivinar las causas de este descontento. América Latina ha experimentado un crecimiento económico escaso o nulo desde 2013. Sus nuevas clases medias temen tener menos oportunidades. La corrupción ha desacreditado a la clase política. Y existe una sensación generalizada de que la democracia no ha traído el mismo trato y el mismo acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos.

Varios de estos factores se aplican en Chile. La derecha identifica el problema como un crecimiento lento combinado con una clase media más exigente. Para la izquierda, las protestas son una rebelión contra la desigualdad y el “modelo neoliberal” impuesto por la dictadura del general Augusto Pinochet.

A primera vista, la queja de la izquierda es descabellada. Desde 1990, los gobiernos democráticos han hecho muchas reformas. Sin embargo, las principales quejas realmente se refieren a los legados de la dictadura: un sistema de pensiones privado que no ofrece seguridad en la vejez, un sistema de salud segregado y una sensación de impunidad para los ricos. Además, la violencia y el vandalismo han puesto en tela de juicio la capacidad del estado para mantener el orden público. La policía, una vez respetada y dejada para correr, se ha mostrado en los últimos años corrupta, brutal e incompetente. Necesitan ser completamente reformados.

En un esfuerzo por aplacar la ira popular, Sebastián Piñera, el presidente en conflicto, llegó a un acuerdo para celebrar un plebiscito el 26 de abril sobre si se debe organizar una asamblea para redactar una nueva constitución. Piñera, un ex empresario multimillonario, ha cambiado entre sonar duro y reconocer que Chile necesita grandes cambios. Como si estuviera regateando un acuerdo comercial, ofreció concesiones al margen en pensiones, subsidios de salud, etc. Se necesita un enfoque más audaz. Muchos chilenos quieren la promesa de un sistema de pensiones con una red de seguridad más fuerte y un sistema universal de salud pública. Eso significa permitir un seguro privado pero abolir los organismos de salud conocidos como Isapres, una invención de Pinochet, que drenan las contribuciones a un sistema privado de alto precio. También significa un compromiso para aumentar los impuestos, que son solo el 20% del PBI. Se deben pagar mejores servicios públicos.

¿Es esencial una nueva constitución para lograr estos cambios? Ha sido un mecanismo de la extrema izquierda en varios países latinoamericanos para tomar el control e imponer un modelo socialista (fallido). Pero a este respecto, Chile es diferente. Aunque muy enmendado, su constitución se califica de ilegítima por su origen bajo Pinochet. Las encuestas han demostrado durante mucho tiempo que dos tercios de los votantes están a favor de una nueva carta. La constitución existente es muy difícil de reformar. Las cuestiones de desacuerdo de rutina, como la atención médica y la educación, requieren una gran mayoría para cambiar.

Eso no es negar los riesgos. El 26 de abril, los chilenos votarán no solo sobre la creación de la convención constitucional, sino también sobre si esta debería ser totalmente elegida o compuesta en parte por legisladores existentes. El nuevo cuerpo puede sufrir de inexperiencia. Muchas constituciones latinoamericanas recientes han sido prolíficas y utópicas, repletas de “derechos” inasequibles y promesas de gastos. Pero Chile tiene salvaguardas. A menos que el nuevo documento sea aprobado por un voto de dos tercios de la asamblea y luego en un referéndum, la constitución existente permanecerá.

Sobre todo, la convención ofrece a Chile un camino para salir de su laberinto. La nueva constitución debería incorporar un nuevo contrato social. Debería eliminar los obstáculos para reformar la policía, brindar atención médica universal y regular las universidades privadas. Una población más sana y mejor educada sería más productiva. Una red de seguridad más fuerte alentaría a los trabajadores a ser más flexibles. Una nueva ley básica podría darle a Chile un nuevo comienzo, y a América Latina un nuevo modelo del cual aprender. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las elecciones congresales del 26 de enero han producido algunos resultados que no han sido suficientemente analizados, y revelan una tendencia que habría que preguntarse si se manifestará en las elecciones presidenciales del 2021.

El siguiente cuadro, que compara los porcentajes de votación congresal del 2016 con los del 2020 por partidos, nos sirve para darnos una idea de hacia dónde fueron los votos que perdió Fuerza Popular y los que obtuvo PPK que esta vez no participó.

Fuerza Popular perdió 29.1 puntos porcentuales entre ambas elecciones. Suponemos que los votos del FREPAP y de Podemos vinieron principalmente de allí, pero vemos que ambos sumados alcanzan 16.76 puntos, bastante menos. De modo que hay casi 13 puntos que se han ido a otros grupos, la mayor parte quizá de izquierda, como veremos.

Y ¿dónde fueron a parar el 16.46% de los votos que obtuvo PPK el 2016?   Si sumamos los porcentajes del Partido Morado, Somos Perú y ese adicional de 3.06 que obtuvo Acción Popular en esta elección en relación al 2016, llegamos a un 16.51%, proporción casi idéntica a la que tuvo PPK el 2016.

Por su parte, el Frente Amplio obtuvo un 13.84% de los votos el 2016 y bajó a 6.16% en esta elección. Pero si le sumamos el porcentaje obtenido por UPP, llegamos a un 12,93, similar al 13.84 del 2016.

Sin embargo, esto último no se puede calcular así, porque la verdad es que si sumamos el porcentaje obtenido por todas las agrupaciones de izquierda, incluyendo las que no pasaron la valla (Juntos por el Perú, Democracia Directa, Perú Libre, RUNA), vemos que las izquierdas sumaron en total 26.6% de los votos el 2020, 8.33 más que el 2016.

De modo que si clasificamos los partidos que participaron en ambas elecciones congresales -hubieran o no pasado la valla- en las categorías clásicas de derecha, centro e izquierda, constatamos que la tendencia más clara ha sido la del crecimiento de la izquierda entre ambas elecciones.

También parece haber crecido el centro en detrimento de la derecha, pero puede ser un tanto subjetivo tipificar un partido en la derecha o en el centro. Lo que es indubitable es cuando el partido es de izquierda.

Ahora bien, la pregunta es si esta es una tendencia que pueda manifestarse en las elecciones del 2021, en el sentido de que una candidatura de izquierda pueda pasar a la segunda vuelta.

Puede ocurrir, si la izquierda se une. Y se daría una cuasi unión de facto, en la medida en que la mayor parte de los candidatos presidenciales potenciales de la izquierda están en la cárcel o prófugos. Antauro Humala recién recobra su libertad el 2024. Eso deja a Verónika Mendoza sola junto con Marco Arana, quien tendría poco arrastre.

En general, sin embargo, una elección solo congresal carece de poder predictivo porque en ella no participan candidatos presidenciales. Lo que se ve hasta ahora es que hay tres grandes corrientes o demandas.

• Una, que podemos llamar anticorrupción, tendría como candidato principal a Salvador del Solar, si se presenta.
• La segunda, que responde a la demanda por seguridad y orden, se encarnaría en Daniel Urresti.
• Y la tercera, que reflejaría una demanda por mayor igualdad (de izquierda), sería encabezada por Verónika Mendoza.

Veremos. Lampadia

¡Cuidemos los pilares de nuestra economía y empujemos juntos las reformas pendientes!

Líneas abajo presentamos un video del IPE que explica la gran recuperación de nuestra economía durante la primera década del nuevo siglo y lo que necesitamos emprender para no seguir perdiendo oportunidades de desarrollo, como estamos haciendo desde el 2011.

Lampadia