El untuoso ministro del Interior fue al Congreso a responder por el secuestro de periodistas en Chota y terminó pidiendo, con todo desparpajo, facultades delegadas para legislar sobre seguridad ciudadana. Hacer eso sería como entregar a una gavilla de delincuentes -literalmente- la llave de la casa para que la desvalije. Pero en este Parlamento, donde con los votos y la activa participación de la oposición se ha aprobado una bárbara ley para armar a las rondas campesinas, cualquier cosa puede pasar.
Al anterior ministro lo censuraron a las pocas semanas de asumir el cargo por no capturar a los prófugos secuaces y parientes de Pedro Castillo. Al actual nadie lo presiona ni le exige lo mismo.
Se trata, al parecer, del “síndrome Mirtha Vásquez”. Algo similar ocurrió cuando designaron a la anti minera cajamarquina para reemplazar al impresentable Guido Bellido. Muchos medios de comunicación, sectores empresariales, analistas y, por supuesto, la mafia caviar, la saludaron como la gran esperanza de mejora del gobierno, a pesar de sus antecedentes.
Como era obvio, se trataba de expectativas infundadas. Ella se reveló como lo que siempre había sido, alentando a los vándalos que quemaron y destruyeron campamentos mineros y garantizándoles impunidad, mintió descaradamente cuando ofreció la relación de visitantes a la guarida de Sarratea. Y así hasta su salida, sin pena ni gloria de la PCM.
Aun así, tuvieron que pasar largos meses para que la legión de ilusos se desengañara. Cuando eso ocurrió, el daño ya estaba hecho y Castillo y su banda habían ganado tiempo para seguir cometiendo nuevas fechorías.
Ahora sucede algo similar con el ministro del Interior. Bastó para que, después de muchas horas en que había tratado de encubrir los hechos, pronunciara la palabra “secuestro”, para que muchos cándidos crean que es diferente a la caterva con la que comparte el gabinete ministerial.
En realidad, él, al igual que todo el gobierno, ha protegido a los perpetradores del secuestro, extorsión y robo. El delito se hizo público el miércoles 6, poco después de las 8 pm. La flagrancia, en la legislación actual, se extiende por 48 horas. El jueves 7 pudo haber enviado a la policía a detener a los delincuentes para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales, sin más trámite. Tenía tiempo hasta el viernes a las 8 pm. No lo hizo. Ahora las cosas están en manos de la fiscalía de Cajamarca, que realizará sus engorrosos procedimientos más lentamente de lo acostumbrado. Los responsables van a quedar impunes, con toda seguridad.
En otro caso, “La Defensoría critica a Gonzáles por inacción”, por el secuestro y tortura de varias mujeres por parte de ronderos de Pataz. (Expreso”, 12/7/22).
Como bien ha advertido Mario Ghibellini, “Este gobierno y quienes lo encabezan no van a cambiar. No se van a volver buenitos de un día para el otro ni, conmovidos por las reacciones adversas a su manera de actuar, van a empezar a poner repentinamente funcionarios competentes y probos, allí donde hasta ahora solo han puesto a antiguos o futuros protagonistas de las páginas policiales. No lo van a hacer, sencillamente, porque eso va en contra de aquello que los impulsó a tentar el poder en primera instancia. Lo que nos lleva de regreso a la pregunta inicial: ¿qué podría haber llevado al “ministro del amor” a sumarse a esta gavilla impresentable? ¿Lo ha hecho acaso llevado por nobles sentimientos patrios? ¿De puro iluso, de puro corazón? (“El Comercio”, 9/7/22).
En suma, nada ha cambiado ni va a cambiar mientras Castillo permanezca en Palacio. Y no deberían darle, con ningún pretexto, facultades legislativas. Porque la lucha contra la inseguridad no es un problema de leyes sino de acciones. Y porque si tienen alguna propuesta, que la envíen al Congreso para que allí sea evaluada.
Otrosí digo. La semana pasada publiqué aquí un artículo sobre el patrimonialismo de Castillo y su familia, que no diferencian entre bienes públicos y privados. Ahora el ministro de Defensa ha mostrado que él tampoco puede establecer esa distinción y se fue de fin de semana con sus hijas en un avión de la Marina. No tienen remedio.Lampadia
¿La ronda de La Palma cometió secuestro?
| 14 de Julio de 2022
Jaime de Althaus
Para Lampadia
¿La ronda campesina del caserío de La Palma en la provincia de Chota, cometió el delito de secuestro al detener durante 5 horas a periodistas de Cuarto Poder? La ex Premier Mirtha Vásquez ha declarado que “las rondas no cometen secuestro” porque tienen facultades jurisdiccionales y pueden “retener” personas.
Pero una cosa es retener o detener a un comunero por alguna falta o delito que haya cometido contra otro, administrando justicia comunal, y otra cosa es detener a personas ajenas a la comunidad para impedir que se conozca información de interés público que puede involucrar delitos cometidos por familiares del presidente de La república. Eso está completamente fuera de las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas.
El artículo 149 de la Constitución establece que:
Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.
Lo que hace la Constitución es recoger una realidad: que, de hecho, las comunidades y las rondas campesinas ejercen desde siempre formas de justicia penal que incluyen “…ordenar la detención de una persona que presumiblemente haya cometido una conducta considerada delictiva al interior de la comunidad o centro poblado, ejercer la fuerza coercitiva necesaria para que se encuentren presentes durante su juzgamiento, evaluar la responsabilidad de los acusados, determinar la consecuencia correspondiente de acuerdo a las reglas (escritas u orales) de la comunidad y ejecutar la sanción señalada. En estas y otras prácticas de la justicia comunal pueden encontrarse los elementos básicos de un debido proceso, pues el procesado es conducido ante la Asamblea Comunal, predeterminada conforme a las normas comunales y es ésta la que adopta una decisión, motivada, tras un contradictorio en el que se escucha a los acusados tanto como a los agraviados, así como a los testigos. De encontrarse responsable al acusado, la decisión, cuya ejecución es garantizada por la propia comunidad, suele tener un carácter reparador de las víctimas y resocializador, de integración a la comunidad, además de buscarse la prevención general”.[1]
La justicia comunal para resolver conflictos internos o castigar faltas o delitos entre miembros de la comunidad, tiene la ventaja de que no es formalista como la justicia regular, sino rápida y eficaz. Pero ocurren situaciones que involucran eventualmente a bandas de personas de la comunidad o de fuera de la comunidad que cometen delitos relativamente mayores, tales como abigeato o asalto en los caminos. En esos casos las rondas suelen entregar a los delincuentes a las autoridades policiales o judiciales. El problema es que, con mucha frecuencia, el sistema judicial los libera de manera casi inmediata, generando frustración en las comunidades y provocando la decisión de aplicar sanciones propias:
“Debido a ese tipo de experiencias, existe una presión social por el recurso a la institucionalidad comunal para la sanción de diversos delitos. Aunque las modalidades de sanción varían en cada lugar, la tendencia nacional es preferir la prestación de servicios comunitarios y la “cadena ronderil”, que consiste en hacer rondar a los condenados por los caseríos donde cometen sus crímenes…, al mismo tiempo que se permite su reconocimiento por los pobladores. Este reconocimiento es especialmente importante en los delitos contra la libertad o la indemnidad sexual, en los que existiría una percepción de extrema inefectividad del sistema penal común para sancionarlos”[2]
Existen, pues áreas de intersección entre la justicia comunal y el sistema de justicia nacional que no están bien reguladas, y un problema serio de ineficacia de la justicia regular que provoca respuestas comunales propias. Es posible que la oralización en marcha de la justicia penal y civil y la directiva de instaurar los procesos inmediatos o en flagrancia ayuden a proporcionarle más eficacia a la justicia ordinaria de cara a la comunal. Por lo demás, tampoco se ha avanzado con lo que dispone la última parte del artículo 149º de la Constitución: “La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”. Esa ley, que podría ayudar a delimitar ámbitos y mejorar las relaciones, no se ha dado.
Pero lo que queda claro es que la jurisdicción comunal de ninguna manera autoriza a detener a periodistas que investigan un posible delito cometido por familiares del presidente de la República. En este caso, por lo tanto, la ronda está sencillamente infringiendo la disposición constitucional que autoriza las funciones jurisdiccionales ejercidas de acuerdo con el derecho consuetudinario, “siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”. La ronda violó los derechos fundamentales a la libertad personal y a la libre expresión. El problema es que privar a una persona de su libertad configura el delito de secuestro, un delito muy grave. Dice el Artículo 152º del Código Penal:
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.
Calza exactamente con los hechos. Hubo, además, extorsión, porque se obligó a los periodistas a leer y difundir por medio de América TV, en vivo, una rectificación y una disculpa.
Si bien las rondas campesinas cumplen una función jurisdiccional y de seguridad ciudadana necesaria en sus territorios, también cometen excesos.
En algunos casos se han convertido en cuerpos de seguridad del narcotráfico, precisamente en algunas zonas de Cajamarca y la sierra de Piura, por ejemplo. Es un tema que debe analizarse con cuidado a fin de aprobar las regulaciones necesarias que permitan prevenir la perversión de estas instituciones.Lampadia
[1] EL RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LAS RONDAS CAMPESINAS COMPENDIO DE NORMAS Y JURISPRUDENCIA,
Defensoría del Pueblo, Lima, Perú, setiembre 2006, pp. 8-9
Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 8 de julio de 2022
Para Lampadia
En general, las Rondas Campesinas se ganaron el aprecio y gratitud de la gente. Me refiero a las Rondas de verdad. Aquellas que combatieron el abigeato y otras formas delincuenciales. Lo mismo ocurrió con los Comités de Autodefensa. ¿Cómo no respaldar a personas que practican la justicia, allá – en el campo – donde la justicia formal brilla por su ausencia?
Ambas organizaciones – las Rondas y los Comités – fueron determinantes en la victoriosa lucha contra el terrorismo, allá por los años 80´s y 90´s. Más aún, la clave del éxito en la lucha contra Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue la estrecha coordinación que hubo entre las Fuerzas Armadas y Policiales, y las Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa.
Para ello, hubo todo un proceso de capacitación y adiestramiento a cargo de oficiales castrenses, expertos en lucha antiterrorista. Muchos operativos exitosos se lograron como producto de esa relación fructífera entre nuestra ciudadanía organizada y nuestras Fuerzas Armadas y Policiales.
Los peruanos les debemos mucho a aquellos compatriotas que en su momento pertenecieron al Ejército, a la Marina, a la Aviación, a la Policía, y a las Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa. Peruanos todos, que con patriotismo y sacrificio nos legaron vida, libertad, paz y democracia… nada menos. ¡Claro que estamos eterna e infinitamente agradecidos a todos ellos!
Ahora bien, aclarado el sentir ciudadano – y el mío propio – respecto de nuestros héroes en la lucha contra el terrorismo, paso a comentar el secuestro de los periodistas del programa “Cuarto Poder” de América Televisión en Cajamarca, la semana pasada.
Pregunto: ¿alguien duda acerca del delito perpetrado por los secuestradores de los periodistas? Y, más relevante aún ¿alguien duda acerca del propósito de encubrir al presidente Castillo – esta vez, por intermedio de su cuñada – quien está siendo investigado por asignar a dedo obras a contratistas corruptos a cambio de jugosas coimas? Nada que ver.
Aquí, de lo que se trata es delincuencia mafiosa pura y dura, mezclada con narcotráfico y terrorismo. La hipótesis del Ministerio Público está resultando cada vez más evidente: el presidente Castillo es el capo de la mafia. Esa es la hipótesis fiscal. Y su familia está embarrada hasta el cogote. ¿Pruebas que van armando el rompecabezas?
Abundantes: Dinámicos del Centro, Pasaje Sarratea, Puente Tarata, US$ 20,000 en Baño de Palacio, Injerencia en Ascensos de Oficiales de Fuerzas Armadas y Policiales, Contratos Dolosos de Petro Perú, Sobrinos y ex Ministros Prontuariados y con Órdenes de Captura, Tesis Trucha… ¡qué más pruebas quieren!
Por otro lado, están las súper documentadas evidencias del modus operandi del narcotráfico en Cajamarca. Léase, los binomios coca – pasta básica y amapola – látex de opio. Ahí sí – ¡oh sorpresa! – las “Rondas Campesinas” no colisionan con el negocio de las drogas. Por eso el entrecomillado. Dejémonos de pelotudeces democráticas. Los personajes que aparecen en los videos en cuestión ¡no son ronderos… son narcos! Incluso, dicen no ser terroristas. Más sí, “mochileros armados”. ¡Descarados!
¿Y la policía? ¡Claro que hay malos policías metidos en la colada! Como que hay “policías” que protegen a los narcos en Cajamarca. Además ¿acaso no es sabida la estrecha relación que hay entre el presidente Castillo y sus compinches, y los organismos de fachada de Sendero Luminoso en el magisterio nacional?
Entonces, atemos cabos. El secuestro de los periodistas en Cajamarca fue eso: un secuestro. O sea, un delito gravísimo. Por ello, los secuestradores merecen algunas décadas de cárcel. Pero tan grave como el secuestro, es lo que se pretende encubrir. ¡Ahí está la pepa! Una pepa que nos lleva – indefectiblemente – al Número 1.
Por eso el Premier Aníbal Torres – en vez de sancionar a los delincuentes – denigró a las Fuerzas Armadas y Policiales. ¡Típico manotazo de ahogado! Con tal de salvarse a sí mismo – y con tal de salvar a su jefe – había que denigrar a alguien. Y en este caso ¿qué mejor que denigrar a las Fuerzas Armadas y Policiales? ¡Mediocridad a tope!
Está claro. El Gobierno del presidente Castillo es insostenible. El desenlace final y definitivo está cada vez más cerca. Firmeza, entereza, paciencia y persistencia. ¡Ánimo que falta poco para que vengan tiempos mejores! Lampadia
¿Armas para todos?
| 14 de Julio de 2022
Por: Arturo Woodman P.
Expreso, 28 de junio del 2022
Cuando el mundo desaprueba el uso indebido de las armas que provocan innumerables e innecesarias muertes y destrucción por conflictos o guerras, como la provocada por Putin, presidente de Rusia, contra Ucrania, atacando lo que en el año 887 fuera su antigua capital, Kiev.
Contrariamente en el Perú, nuestro Congreso acaba de aprobar la Ley 31494 promoviendo el uso de armas. Esta Ley reconoce a los Comités de Autodefensa en la participación para el mantenimiento del orden interno y la Defensa Nacional, así como su participación en el proceso de pacificación nacional, la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia.
En principio, el espíritu de esta Ley, con algunos artículos similares, fue brevemente utilizado en la complicada época del terrorismo encabezado por el genocida Abimael Guzmán y que se inició con el Gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde en el año 1980, incrementándose en el de Alan García en 1985 y se logró ponerle fin entre los años 1994 – 1996 durante el Gobierno de Fujimori, pero lamentablemente con más de 100 mil peruanos fallecidos entre víctimas y terroristas, además millones de dólares de pérdida en infraestructura y sobre todo un largo tiempo, alrededor de 15 años de interrupción de nuestro necesario desarrollo en paz.
Sin embargo, hoy en día ya no existe el nefasto terrorismo, aunque es real que la inseguridad ciudadana, los robos, el narcotráfico proveniente del desmedido crecimiento del sembrío de la hoja de coca se han incrementado, pero estos problemas no se van a resolver armando a los Comités de Autodefensa para que participen en el orden interno y la lucha contra el terrorismo, inclusive defender la democracia que es la función más importante del Congreso y la ciudadanía en general.
El Congreso de la República en lugar de promover esta pésima y retrograda Ley, creyendo que con armas controlarán el narcotráfico y la Inseguridad Ciudadana generando duplicidad de funciones, desorden y gastos para implementar esta Ley, deberían aumentar las comisarías del país, empoderar, fortalecer y modernizar a la Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas (Ejército, Aviación y Marina), sistemas de inteligencia, aviación civil, mejorar la educación y nuestra débil infraestructura, entre otras contribuciones para el desarrollo del país y no crear leyes que promoverán el caos y los levantamientos armados Regionales.
El Ejecutivo está en la obligación de rechazar esta negativa Ley y por su parte el Congreso no insistir en la promulgación de esta, y dedicarse a defender la democracia, promoviendo buenas leyes, como la que está en camino al cambio constitucional, reponiendo la Bicameralidad con la Cámara de Senadores.
La Bicameralidad nos permitirá tener mejores y apropiadas Leyes, ya que el Senado al tener políticos con mayor preparación, formación, edad y experiencia en el manejo de las actividades del Estado y conocimiento de los problemas del país que ayudarán a recuperar la estabilidad, el crecimiento, integración con el mundo, desarrollo que implica más impuestos, buenas obras, exportaciones, más trabajo, menos pobreza y sobre todo justicia.
Finalmente, esperemos que el Ejecutivo observe esta inoperante Ley y el Congreso no insista en su promulgación, que se logre aprobar la Bicameralidad y además que la nueva Mesa Directiva del Congreso sea eficiente y cuente con congresistas capaces como Salhuana, Chiabra, Cueto o la Dra. Echaíz, entre otros.
¡Así es la estrategia contra Las Bambas!
| 14 de Julio de 2022
Iván Arenas
Para Lampadia
Vamos a explicar en detalle lo que sucede ahora con respecto a la ronda de negociaciones iniciadas días atrás entre la empresa minera Las Bambas, funcionarios del gobierno y dirigentes y asesores-abogados de las comunidades, lideradas por Fuerabamba y otras cinco más entre ellas Chila, Choaquere o Huancuire. En esta nota conoceremos las pretensiones de los dirigentes y asesores comunales en esta nueva ronda de negociaciones y explicaremos porque consideramos que hay una estrategia para liquidar el diálogo en la operación de cobre más importante del Perú. Veamos:
De la paralización al “Comité”
La mega-operación Las Bambas estuvo paralizada durante casi 60 días debido a la invasión de sus territorios por dirigentes y pobladores de varias comunidades entre ellas Fuerabamba y Huancuire. Según los dirigentes comunales y los influyentes y poderosos abogados que los asesoran, Las Bambas ha incumplido en reiteradas ocasiones los compromisos firmados con estas comunidades, no obstante, para poner un ejemplo la minera ha logrado casi el 80% de los 264 compromisos suscritos con Fuerabamba, el otro 20% se cumplirán en medida que termine el proceso. Aún ahora, incluso en plena ronda de negociaciones, los dirigentes y sus asesores no pueden señalar los supuestos incumplimientos.
Luego de casi 60 días, exactamente el 9 de junio las seis comunidades (asesorados todos por la misma firma de abogados) suscribieron un acta de compromiso en la que daban 30 días de tregua a la minera y a los funcionarios del gobierno para llegar a una posible solución. En el punto 4 de aquella acta los propios dirigentes y sus asesores piden “instalar una mesa técnica para el acompañamiento y seguimiento de los acuerdos y compromisos” firmados entre minera y comunidades.
El gobierno, dos días después, el 11 de junio, promulgó una resolución vía la Presidencia del Consejo de Ministros (Resolución Ministerial N° 182-2022-PCM) en la que creaba un “Comité” (de largo nombre) cuyo objetivo principal era -ojo con esto- la “evaluación de los compromisos asumidos en diversos espacios de diálogo entre las partes”. Solo para entender mejor: la resolución ministerial al que nos referimos creaba el “Comité” para evaluar todos los compromisos anteriores de Las Bambas suscritos con las comunidades (sobre todo con Fuerabamba, la comunidad que inició todo paro). El “Comité” no se creó para evaluar nuevas propuestas de compromisos como hoy dirigentes y asesores pretenden lograr y hacer. Los dirigentes y asesores han amenazado: si no se integran nuevos compromisos, no hay más tregua. Seguimos explicando.
Un inicio optimista
El pasado lunes 20 de junio, con la presencia de ministros y funcionarios del gobierno, se instaló (de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 182-2022-PCM promulgada el pasado 11 de junio) el grupo de trabajo denominado “Comité para el acompañamiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos arribados entre el Poder Ejecutivo, representantes de la empresa minera Las Bambas S.A. y los representantes de las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y Huancuire de la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac”. Como indicamos arriba, según la propia Resolución Ministerial N° 182-2022-PCM, se crea solo para evaluar los compromisos suscritos por la empresa minera con las comunidades.
Hasta ese lunes por la tarde todo iba de acuerdo a lo proyectado por los ministros y funcionarios de los diversos sectores llegados exclusivamente a la zona para la instalación de este “Comité”. En el acta de instalación del “Comité” se deja constancia que el martes 22 y miércoles 23 de junio se iniciarían las reuniones con cuatro comunidades en paralelo, exactamente con Fuerabamba, Choaquere, Chila y Chuicuni con un cronograma de temas o ejes.
Empieza la estrategia de los asesores/abogados
Según el cronograma establecido entre todas las partes, entre el martes y miércoles uno de los temas ejes que se discutirían sería el de empleabilidad local. Vale recordar que, según Fuerabamba, Las Bambas tiene compromisos incumplidos en temas de empleabilidad y las denuncias giran en que hay “recurrentes maltratos” hacia los trabajadores de las comunidades y hay una “falta de oportunidades” de empleo en la zona.
Por supuesto los representantes de Las Bambas demostraron que se habían cumplido los compromisos con la comunidad de Fuerabamba. Veamos los datos. Cada trabajador local de Fuerabamba debe ganar no menos de S/2000 al mes, además de un “bono social” de S/700. Hoy en Las Bambas trabajan 507 pobladores provenientes de Fuerabamba debido al compromiso firmado con la comunidad en el que se otorga un puesto de trabajo por familia fuerabambina. En suma, los compromisos de empleabilidad local se cumplen.
A la argumentación de los funcionarios mineros, Edison Vargas, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, señaló que ellos “no han pedido que expliquen la planilla (…) nosotros queremos el aumento de sueldo (…) digan si se va a hacer, sí o no”.
Es evidente que las palabras del presidente Edison Vargas no estaban sujetas al objetivo del “Comité” que es revisar los compromisos entre empresa minera y comunidades. Vargas, como su directiva y bien asesorado por sus abogados pretende que se amplíen los compromisos, no que se revisen. El nuevo compromiso que exigen los dirigentes y asesores de Fuerabamba es que Las Bambas aumente el sueldo a los trabajadores fuerabambinos, solo por ser de la zona. Repetimos, no se quieren revisar los compromisos sino pretenden incluir otros. Aquí empieza a desarrollarse la estrategia para liquidar el proceso de diálogo. Eso fue el martes 22.
¡La estrategia de cambiar la Resolución Ministerial!
El miércoles 23, tanto funcionarios del gobierno como representantes de la minera, volvieron a recordar a los dirigentes y asesores de Fuerabamba que el objetivo del “Comité” es revisar los supuestos incumplimientos de los compromisos de la empresa minera. En ese momento los abogados y asesores de Fuerabamba pidieron un cuarto intermedio y al volver a la reunión exigieron a los funcionarios del Ejecutivo (aduciendo engaño) el cambio del objetivo de la Resolución Ministerial N° 182-2022-PCM. No quería solo revisar los compromisos sino colocar nuevos compromisos. He ahí el truco.
La reunión del miércoles 23 no duró mucho. Al mediodía ya se tenía un acta de la reunión de aquella mañana. En el acta, en una de las conclusiones se lee que el “Poder Ejecutivo ratificó que el objetivo de las reuniones que se vienen realizando se encuentran enmarcadas en el Objetivo de la Resolución Ministerial”.
En otra parte de la misma acta, en la sección “pedidos” se lee que “la representación de la comunidad de Fuerabamba remitirá una carta al Gobierno Nacional solicitando el cambio del objetivo de la Resolución Ministerial”. En las actas de aquel día de las reuniones en Chuicuini, Choaquere y Chala, entre dirigentes, sus asesores y funcionarios del gobierno y representantes de la minera, dicen casi lo mismo: revisar y cambiar la Resolución Ministerial. ¿Ya ven por dónde va la cosa?
La estrategia para liquidar el diálogo
¿Qué pretenden los dirigentes de las seis comunidades y sus asesores (que pertenecen todos a la misma firma de abogados)? Todo claro. Consideramos que pretenden acabar con toda posibilidad de diálogo y reiniciar las protestas.
¿Si la invasión violenta de la propiedad y el bloqueo contra Las Bambas que inició hace más de 60 días por unos supuestos incumplimientos de la minera entonces no es acaso sensato revisar esos compromisos?
¿Acaso la conformación y el objetivo que se busca con el “Comité” no está basado en el acta del 9 de junio que los propios dirigentes y sus asesores firmaron en el que pedían “instalar una mesa técnica para el acompañamiento y seguimiento de los acuerdos y compromisos” firmados entre minera y comunidades?
¿Qué pretenden con todo lo anterior?
¿No leyeron los abogados y asesores de las comunidades el objetivo de la Resolución Ministerial N° 182-2022-PCM en la que dice claramente que se revisarán compromisos suscritos y no nuevos compromisos o pedidos?
Seguiremos investigando.Lampadia
El caso Merino, Flórez Araos y Rodríguez Limo
| 14 de Julio de 2022
Jorge Trelles Montero
Para Lampadia
La denuncia de la Fiscal de la Nación los hacía responsables, con dolo eventual, de la comisión por omisión impropia de los delitos de homicidio en agravio de Jordán Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, y de lesiones graves y leves contra 78 personas que protestaron en las calles por la designación de Manuel Merino de Lama como presidente de la república. Esto en su calidad de Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro del Interior respectivamente.
La naturaleza de los cargos de los denunciados obligaba además a que la denuncia de la Fiscal de La Nación pasase por el Ante-Juicio Constitucional regulado por los artículos 99 y 100 de nuestra Constitución y por el art. 89 del Reglamento del Congreso. En virtud a este último se le encargó finalmente al Congresista Alejandro E. Cavero Alva el informe sobre la procedencia o no de la acusación de la Fiscal de La Nación.
Este, en más de 60 folios, da cuenta de las declaraciones de todos los Ministros de entonces, así como de todos los jefes y mandos policiales involucrados, presenta y analiza los documentos donde constan todos los planes operativos de la policía para supervisar las marchas, también analiza las necropsias de los fallecidos con el análisis minucioso de las causas de su muerte y también de todas las pruebas presentadas por la Fiscal de La Nación y, luego del análisis jurídico de las imputaciones, concluye en que los acusados no tienen responsabilidad penal alguna.
Luego de conocido el archivamiento de la denuncia han surgido voces y hasta editoriales criticando lo que llaman “el blindaje de los acusados”. Esto se explica porque estos hechos tuvieron un muy fuerte componente emocional y entonces las críticas, responden, explicablemente, a que sus autores en su oportunidad tomaron partido y quizás no han leído el informe.
En verdad, en este caso, que el Presidente de La Republica o el Presidente del Consejo de Ministros tuviesen responsabilidad penal por dos muertes y lesiones ocurridas en marchas y protestas masivas no es fácil ni siquiera de imaginar; y, para un abogado, también es difícil que la responsabilidad penal involucre al Ministro del Interior.
En efecto, la regla general es que la responsabilidad penal le alcance al autor intencional de un hecho. En este caso ninguno de los acusados mató a nadie ni lo lesionó y para involucrarlos hay que recurrir a la “comisión por omisión”, es decir, que ellos tenían el deber jurídico de impedir los homicidios y lesiones que ocurrieron en las calles de Lima y que no lo hicieron. En esto, el análisis del Congresista Cavero de las leyes y reglamentos de la policía, no deja lugar alguno para sostener que el Presidente de La Republica o el Presidente del Consejo de Ministros y hasta el Ministro del Interior, tienen el deber jurídico de evitar homicidios o lesiones en las marchas ciudadanas. Para eso están las autoridades policiales de acuerdo a la ley que las rige. La misma Fiscal duda en su acusación y por eso acude al eufemismo del “dolo eventual” al tipificar la intención de los acusados.
Hay, además, otra conclusión del informe del Congresista que aleja cualquier responsabilidad de los acusados: de las pericias balísticas y certificados de necropsias resulta que las muertes pudieron deberse a extraños y no a las fuerzas policiales.
La otra crítica que he leído es la que sostiene que el Ante-Juicio Constitucional debe constreñirse a la posible mala intención política de la denuncia y que este (el antejuicio) evita la investigación profesional y científica de la fiscalía con respecto a los hechos denunciados. Esto no es así. El Ministerio Publico mantiene todas sus facultades para investigar los hechos. Pero donde hay “altos funcionarios” su acusación pasa por el filtro del Congreso. Esto, en un país con un Poder Judicial tan precario es una garantía necesaria, ya que como ocurre en este caso y otros, la justicia debe prevalecer sobre fuertes vientos políticos.
Quizás, la única crítica posible es la falta de aparición suficiente del Congresista Cavero, en los medios de comunicación, para explicar su magnifico informe.Lampadia
¡Cuidado con los militares!
| 14 de Julio de 2022
Jorge Trelles Montero Para Lampadia
El título tiene su origen en una vieja polka, que cantaban Los Chamas y cuya primera copla decía “Como me gustan, como me gustan los militares”.
La Presidenta del Congreso María del Carmen Alva habría dicho que las fuerzas armadas “están con nosotros”, refiriéndose, me imagino, a que los militares no están de acuerdo con el régimen del Presidente Castillo. Esta declaración, para algunos expertos constitucionalistas, daría cuenta de una infracción constitucional por parte de los militares y hasta la Presidenta habría caído en falta similar, de rebote, por el solo hecho de enunciarla.
Difícil sostener que la Presidenta haya podido cometer alguna falta por el hecho de divulgar la supuesta preferencia de los militares peruanos. Sin embargo, otra es la pregunta acerca de si pueden, ellos, los militares, desaprobar y censurar a Castillo, condenarlo y hasta anatematizarle.
Al respecto, nuestra Constitución establece que las fuerzas armadas no son deliberantes y que están sometidas al poder constitucional. Dice, además, que sus miembros no pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo mientras no hayan pasado a la situación de retiro.
Es claro que se quiere evitar que las instituciones que tienen el monopolio y la exclusividad en la tenencia y uso de las armas, participen, porque ellas así lo decidan, en asuntos políticos. Están sometidas al poder constitucional y no pueden participar en las decisiones que llevan al establecimiento, organización, elección de funcionarios y decisiones de dicho poder. Hay que evitar el uso de las armas en estas cuestiones. Desde esta perspectiva se entiende el límite que enuncia claramente la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. 0017-2003, cuando establece que “por cierto esto no quiere decir que dichos institutos no puedan hacer llegar al Presidente de la Republica sus puntos de vista u opiniones sobre determinados problemas nacionales cuando así se les requiera, pero dicho criterio institucional no obliga ni vincula al Presidente de la Republica o al gobierno”.
Es claro que las fuerzas armadas no pueden tener juicios o preferencias políticas partidarias, no tanto si esta limitación les llega a sus miembros.
Claramente no. En tanto y cuanto actúen, piensen o se expresen por ellos y no por Las Fuerzas Armadas, tienen derecho al voto y a la participación ciudadana. Así reza el artículo 34 de nuestra Constitución:
Artículo 34°.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley.
Es decir, tienen derecho al voto y a la participación ciudadana sin más limitaciones que las que se precisan en este artículo y que son consecuencia de su intrínseca, aunque temporal pertenencia a la Fuerza Armada. Hay que recordar que este enunciado del art. 34 de la Constitución es fruto de una modificación del texto original dispuesto por la ley 28480 dada durante el gobierno de Toledo, por una mayoría de color político distinto al de la mayoría del Congreso Constituyente último.
En primer lugar, no hay que olvidar que los militares son personas, en el sentido que tiene esta palabra en los 3 primeros artículos de nuestra Constitución y por lo tanto tienen entre los derechos que ahí se enuncian los de libertad de conciencia, información, opinión, expresión y difusión del pensamiento.
Las gentes que garantizan la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República tienen que conocer y reflexionar, como cualquier ciudadano, acerca de lo que pasa en el país, la pobreza de muchos peruanos y la dureza de muchas desigualdades, entender la importancia de la minería en el desarrollo y riqueza del país y de sus habitantes, más precisamente en lo que a su función se refiere, la relación entre la solvencia económica y financiera de un país y su capacidad de tener la fuerza bélica de defensa necesaria.
Los militares, siempre como cualquier ciudadano, tienen el derecho de conocer las consecuencias de los movimientos políticos plurinacionales que llevan a relaciones con otros países contrarias a la soberanía nacional y a erizarse cuando en nombre de estos deberes multinacionales se dice que podrían implicar cesiones de parte del territorio nacional.
Ellos observan, siempre como cualquier ciudadano, como se nombra en el Consejo de Ministros a gente ignorante y poco instruida, muchos con antecedentes penales y otros con actividad criminal ya en el cargo, destruyendo el aparato estatal.
Y, lo que es aún más penoso, viven a diario la desdicha de ver al exsecretario del Presidente, a los sobrinos de éste y a su ministro preferido perseguidos por ladrones en latrocinios donde esta investigado el propio Presidente.
Como quiera que la Presidenta del Congreso es un símbolo de la oposición a Castillo y a su gente, no me cabe duda que debe sentir de parte de los militares (en verdad de parte de casi todo el mundo mínimamente enterado del desastre del gobierno de Castillo) una simpatía, quizás no consciente pero inocultable.Lampadia
Retroceso en la política antidrogas
| 14 de Julio de 2022
Pablo Bustamante Pardo Director de Lampadia
El narcotráfico es un negocio creciente en la región, especialmente, entre los países amigos del régimen de Castillo-Cerrón, como son Cuba, Venezuela y Bolivia. Lamentablemente, el Perú ya muestra inclinaciones de seguir por la misma senda. Y aparentemente, con el nuevo gobierno colombiano, quién quiera que gane, se va a cambiar la política antidroga, favoreciendo el incremento de la producción de cultivos ilícitos de coca y la elaboración de cocaína.
El gobierno de Castillo-Cerrón y Perú Libre está retrocediendo en la política antidrogas, ofreciendo suspender la erradicación de la coca en el VRAEM, minimizando la erradicación en el resto del país y hasta retirando las bases militares de la zona del VRAEM.
The Economist acaba de publicar un artículo al respecto, que no enfoca bien el tema, ni en el título: ‘Los políticos latinoamericanos están hartos de la guerra contra las drogas. Verlo líneas abajo’.
Siendo este un tema complejo y especializado, hemos pedido la colaboración de Jaime García Díaz, Investigador Asociado del IDEI-PUCP, para contrastar la información de The Economist.
Informe de Jaime García:
Incremento de la demanda global de cocaína
De acuerdo a Office of National Drug Control Policy (ONDCP) hay un fuerte re-incremento del consumo en los EEUU (81% crecimiento desde 2013, entre 2006 y 2013 había caído 50%)
De acuerdo a un reciente informe del European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en Europa hay record de incautación de cocaína y en la pureza de la cocaína, además los indicadores de consumo también están creciendo.
Incremento de la oferta global de cocaína
Incremento en las áreas de cultivo de hoja de coca en Colombia, Perú y Bolivia, aunque en Colombia están reduciéndose en los últimos tres años.
Adaptación de hoja de coca a nuevas condiciones agronómicas, en las últimas décadas se ha adaptado el cultivo de coca, que históricamente se cultivaba entre 800 a 2000 m.s.n.m. a nuevos pisos de 60 a 700 m.s.n.m. En Perú hay 13 millones de hectáreas con condiciones de cultivo de coca en la Amazonía.
Incremento de productividad de hoja de coca, hace 25 años se producía 1.2 tm/ha hoy en el VRAEM se registra hasta 4 tm/ha. En promedio a nivel nacional en Perú es alrededor de 2.6 tm/ha.
Mejora de factor de conversión de 340 a 240 kg de hoja de coca para producir 1 kg de cocaína.
Las organizaciones criminales reciclan el uso de insumos químicos.
La “democratización y nacionalización” del mercado de la cocaína, se refleja en la microproducción en miles de pozas de maceración cercanas a las áreas de producción de hoja de coca.
Se consolidan países de tránsito: Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina y Chile.
Incremento en incautaciones, principalmente en Colombia, pero también fuerte incremento en la producción.
Débil impacto sobre los decomisos de activos y el financiamiento del narcotráfico.
El Perú retrocede en la política antidrogas
Cambio de política antidrogas
Se diseñaron Estrategias Nacionales con metas anuales que no se cumplen desde el 2019.
Se reducen los presupuestos nacionales para financiar la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
No se aplica una estrategia integral (erradicación + desarrollo alternativo) como se venía haciendo hasta el 2019, en forma parcial en Alto Huallaga, Monzón, Aguaytía y Pichis Palcazu.
Se han debilitado los programas de erradicación de coca, menores metas y menor impacto.
Se suspende la erradicación en el VRAEM, se busca implementar un modelo boliviano de erradicación voluntaria de 1,000 hectáreas anuales que es totalmente inadecuado y que ya ha fracasado a costa de fuertes gastos del Estado (100 millones de dólares el Programa de Reconversión Productiva en el Gobierno de Humala y los cultivos de coca se incrementaron).
Reducida erradicación de cultivos de coca en Puno (frontera con Bolivia) y Loreto (frontera con Brasil y Colombia).
Se anuncia el retiro de 42 bases militares del VRAEM sin el debido reemplazo de 42 bases antidrogas. Se busca liberar el VRAEM a favor del narcotráfico.
Se redujo el área de cultivo de coca de 62,500 ha (2011) a 49,900 ha (2017), en la actualidad de acuerdo a ONDCP (EEUU) se habría incrementado el área a más de 80,000 hectáreas de coca.
Perú tendría una producción potencial de más de 700 tm de cocaína y solo incauta 30 tm, es decir exporta más de 670 tm de cocaína. Colombia produce 1,100 tm de cocaína, pero incauta 664, es decir exportaría 436 toneladas. Perú se ha convertido en el primer exportador de cocaína en el mundo.
Limitados resultados en el control de activos y financiamiento del narcotráfico.
Dinámica del narcotráfico en Perú
Se nacionaliza la cadena del narcotráfico.
Se reorienta la exportación hacia Brasil, Bolivia, Chile y rutas a Europa.
Se dinamiza la principal zona de producción de cocaína en el VRAEM.
Se fortalece la dinámica criminal internacional en el país.
Se fortalecen las organizaciones criminales nacionales vinculadas al narcotráfico, los carteles criollos y clanes familiares locales, regionales y nacionales.
Infiltración del narcotráfico en la política: Paralizan la erradicación de coca, promueven nuevas leyes en el Congreso para legalizar toda la producción cocalera y así eliminar la erradicación de cultivos de coca.
Infiltración en el proceso electoral de octubre para elección de autoridades regionales y locales, sobre todo en zonas cocaleras.
En conclusión:
El Perú ofrece hoy en día el mejor escenario y ambiente de inversiones para el narcotráfico internacional de cocaína.
Pueden sembrar coca en cualquier lugar y si lo hacen en el VRAEM el Estado Peruano les garantiza que no serán erradicados.
Además, los niveles de incautación de cocaína son minúsculos (en comparación con Colombia, Brasil, Panamá o Ecuador), es decir menor riesgo para el inversionista narco.
Los delitos de lavado de activos no son debidamente judicializados ni se logran sentencias adecuadas lo que constituye otro incentivo al narcotráfico.
Lo presentado por Jaime García es muy grave, tenemos que tomar conciencia de este proceso y denunciarlo en el Perú y el extranjero.Lampadia
Veamos el artículo de The Economist, que tergiversa algunos temas, como anota García en el texto.
Los políticos latinoamericanos están hartos de la guerra contra las drogas
Los dos candidatos presidenciales de Colombia quieren un cambio
The Economist 9 de junio de 2022
Treinta años atrás, Gilberto Rodríguez Orejuela y sus asociados eran los criminales más poderosos del mundo, y se calculaba que controlaban el 75% de los envíos de cocaína desde Colombia. Adoptaron un enfoque empresarial para un comercio sin ley, a menudo prefiriendo el soborno a la violencia, y usaron sus ganancias de las drogas para comprar empresas legales, desde cadenas de farmacias hasta América de Cali, un club de fútbol en su ciudad natal. Cuando murió el 31 de mayo después de 18 años en una prisión estadounidense, Rodríguez apenas era recordado en su país de origen. Sin embargo, el negocio del que fue pionero es más fuerte que nunca, mientras que en todo el continente americano hay un cansancio palpable con la “guerra” en su contra.
Ese cansancio lo expresan ambos candidatos en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 19 de junio.
Rodolfo Hernández, un populista de derecha, ha pedido la legalización de las drogas. Su rival de izquierda, Gustavo Petro, dice que su país debe reconocer que la guerra está perdida.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prefiere “abrazos en lugar de balas” para los soldados rasos del narcotráfico; los arrestos de capos de la droga cayeron hasta hace poco tiempo. Los funcionarios de Estados Unidos parecen más preocupados por la llegada de migrantes que por la cocaína. Las muertes relacionadas con las drogas continúan aumentando, pero más del 60% son causadas por el fentanyl, una poderosa droga sintética, gran parte de la cual se fabrica en México.
Desde la década de 1990, la política antidrogas en la región ha tenido tres vertientes: erradicar la coca, la materia prima de la cocaína; la promoción de medios de vida alternativos a través del “desarrollo rural integrado”, como dice la jerga; y decomisar o destruir cargamentos de droga, plantas procesadoras, insumos químicos y dinero.
El más visible y controvertido de los tres es la erradicación de la coca. Es una tarea de Sísifo. Entre 2000 y 2006, Colombia redujo a la mitad su superficie cultivada con coca, principalmente mediante la fumigación aérea con glifosato, un herbicida. Pero la siembra volvió a aumentar durante y después de las conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas marxistas de las FARC, que controlaban gran parte de las áreas productoras de coca. En 2015, el gobierno prohibió la fumigación aérea por motivos legales y de salud.
Iván Duque, presidente de Colombia desde 2018, es un ávido protagonista de la guerra contra las drogas. Su gobierno ha erradicado más de 100,000 hectáreas de coca al año. Perú, el segundo mayor productor, también ha cumplido sus objetivos de erradicación más modestos. Estos logros son ilusorios. En ambos países la producción total de coca ha aumentado inexorablemente.
[El aumento de los cultivos de coca en Colombia se deben principalmente a la suspensión de la erradicación con uso de glifosato y la reducción de la erradicación manual, debido a los compromisos del Acuerdo de Paz. Desde el año 2013 se reduce sostenidamente la erradicación y se incrementa exponencialmente el área de coca. Si Colombia hubiese mantenido su ritmo de erradicación manual de coca, los cultivos se hubieran mantenido por debajo de 50 mil hectáreas (J. García)].
Fuente: UNODC
Según estimaciones del gobierno estadounidense, la producción de cocaína en América Latina se ha más que duplicado durante la última década, a 2,400 toneladas al año. Eso se debe en parte a que la productividad ha aumentado, con una siembra más densa, riego y agricultura calificada. La coca ahora se ha detectado en Honduras y Venezuela, donde es un nuevo cultivo. En Colombia, el efecto de la represión ha sido llevar el cultivo a montañas remotas, parques nacionales y otras áreas protegidas.
Existe un consenso entre los expertos en que la erradicación forzosa no puede producir una disminución sostenida de la oferta. Están a favor de promover alternativas legales a la coca y confiar en la erradicación voluntaria. Eso es más fácil decirlo que hacerlo.
[La erradicación forzosa sí puede reducir los cultivos de coca, es más es la única forma de reducir los cultivos de coca, pero cuando se reduce la erradicación con en Colombia por el Acuerdo de Paz, se incrementan los cultivos. Con relación a la erradicación voluntaria, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Drogas de Colombia, en 40 meses del programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca, entre agosto de 2018 y diciembre de 2021, la erradicación voluntaria representó solo el 5.5% de la erradicación total de cultivos (J. García)].
“Pasar de un consenso a la construcción de políticas públicas requiere mucha capacidad de gobierno en el terreno”, dice Daniel Rico, criminólogo. Desde 2016, los gobiernos colombianos en teoría han querido reforzar la seguridad y la presencia del Estado en las zonas rurales, pero no lo han logrado. En cambio, algunos aspectos del negocio de las drogas se han legalizado de facto, dice Rico. Rara vez se procesa a los agricultores por cultivar coca, y la mayor parte del lavado de dinero y el suministro de insumos químicos quedan impunes.
La economía de un negocio ilegal conspira contra los guerreros de la droga. El precio minorista de la cocaína está determinado por el riesgo, no por los costos, y es quizás 60 veces más alto en una calle de California que en una granja andina. La legalización sería la respuesta sensata. Pero hay poca evidencia de que sea políticamente factible.
Eso deja a los gobiernos latinoamericanos para hacer frente a la fea realidad del crimen organizado. Las proteicas mafias traficantes de drogas se consolidan o fragmentan, actuando con mayor o menor violencia, según el gusto y las circunstancias locales. Lo que es constante es su acumulación de poder militar, político y económico ya que la cocaína se ha convertido en un negocio global. Si el próximo presidente de Colombia logra mejorar la seguridad rural y dar un impulso a la actividad económica legal, eso podría ser más efectivo que arrancar las plantas de coca.Lampadia
Congreso senderista
| 14 de Julio de 2022
Fernando Rospigliosi CONTROVERSIAS Para Lampadia
El fin de semana pasado se realizó el “Primer Congreso” de autoridades del Ministerio del Interior (Mininter) de Apurímac, según el entusiasta camarógrafo que filmó a las decenas -quizá un centenar o más- de asistentes coreando a todo pulmón “Flor de retama”, una canción convertida desde hace muchos años en una suerte de himno de Sendero Luminoso (SL).
Nunca, que yo sepa, el Mininter ha organizado un “Congreso” de sus funcionarios y/o autoridades. Sendero Luminoso y sus organismos generados lo hacen siempre. Les fascina esa denominación para varios tipos de eventos. Tampoco, naturalmente, el Mininter exigiría a los asistentes de un evento institucional dar una “muestra de unidad” política, como sostiene el locutor. Eso solo se exige a los miembros y simpatizantes de un partido.
Ya desde el año pasado se denunció que Avelino Guillén había nombrado una docena de prefectos vinculados al Movadef, al Fenate u otros organismos relacionados con SL. Después también se advirtió de la designación de 40 sub prefectos de la misma orientación. Y eso se ha generalizado.
En realidad, eso no debería sorprender a nadie, con excepción de la mafia caviar que, desde la campaña electoral, viene encubriendo sistemáticamente la filiación de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y sus secuaces. Desde el primer día, ellos han ido copando los puestos del Estado y aunque en determinados momentos han tenido que retroceder por la presión ciudadana o de las instituciones, como con Héctor Béjar e Iber Maraví, o por la censura del Congreso como Carlos Gallardo, han continuado, con la paciencia y tenacidad que caracteriza a SL, ocupando cargos estatales a todo nivel.
En este caso, los prefectos, sub prefectos, gobernadores y tenientes gobernadores son una red de miles y miles de personas en todo el país, dependiente del Mininter, que para un gobierno democrático no son muy importantes, y que no ha sido utilizada por los anteriores sino para dar puestos a militantes y amigos.
Pero tratándose de un gobierno comunista como el actual, la cosa cambia. Ellos pretenden usar esa red para lograr el sueño de una organización nacional, enquistada en todos los rincones del país, sobre todo en provincias y el ámbito rural, mediante la cual puedan difundir sus ideas, movilizar a la gente en función de sus objetivos -atacar minas, bloquear carreteras, apoyar al gobierno, agredir a los opositores, etc.- y, por supuesto, manipular las elecciones a una escala muchísimo mayor de lo que hicieron el 2021.
Mejor aún, todo eso financiado por el Estado, con los impuestos de todos los peruanos. Y con la autoridad que les da el Mininter, precisamente la institución estatal encargada de combatirlos. Ni en sus más delirantes sueños de opio Abimael Guzmán pudo imaginar algo así.
El video de la clausura del “Congreso” de dos días, muestra a los participantes vistiendo chalecos del Mininter y entonando “Flor de retama”, una canción que alude a los sucesos de Huanta, Ayacucho, en 1969, cuando manifestaciones de estudiantes contra un decreto promulgado por la dictadura militar de aquel entonces, se enfrentaron a la policía con un saldo de 9 muertos y veintenas de heridos.
La canción fue adoptada por SL como un himno, tanto porque esos hechos marcaron un hito en la fundación de Sendero por Guzmán y su esposa Augusta La Torre poco después, como porqué tiene una letra revolucionaria.
Por ejemplo, “la sangre del pueblo tiene rico perfume (…) huele a pólvora y dinamita”. Y “los sinchis rodeando están / van a matar estudiantes/ (…) van a matar campesinos”. (Sinchis es una unidad especializada en lucha anti subversiva, creada en 1965, que fue enviada a Huanta en aquella oportunidad).
Por supuesto, los comunistas, caviares y aliados, en su irrenunciable política encubridora, dicen ahora que “Flor de retama” no es un himno senderista porque no la escribió Guzmán o alguien de su banda terrorista.
Pero cualquiera que conozca, aunque sea superficialmente, la iconografía senderista, sabe que es así. Tanto por lo que significó Huanta 1969 para Guzmán y La Torre, como por su letra y, no menos importante, porque precisamente la ambigüedad de su origen les permite negarla. Así como Castillo y su gavilla niegan toda relación con SL -¡incluso Iber Maraví negaba con toda desfachatez su filiación!-, así ellos pueden negar que la canción sea uno de sus himnos preferidos.
Como recuerda Umberto Jara, Guzmán fue detenido en junio de 1969 por promover las asonadas de Huanta y Huamanga. Y en junio del año siguiente fue nuevamente apresado por los nuevos disturbios en los que intervino conmemorando los sucesos del año anterior. Y cita un manuscrito del cabecilla terrorista donde se ufana que “las masa en cabezadas por Norah” participaron en los sucesos de Huanta. “Norah”, Augusta La Torre, fue la esposa de Guzmán que tuvo un papel decisivo en la creación de SL. (“Abimael. El sendero del terror”, p. 157, 2ª. edición).
Así pues, que clausuren un “Congreso” organizado, auspiciado y financiado por el Mininter cantando un himno senderista donde se agravia a los Sinchis de la Policía Nacional -siendo el actual ministro, un coronel en retiro de la PNP, un individuo que dice ser sinchi-, es un reflejo de la patética situación a la que hemos llegado. Un individuo sin dignidad, ni decoro, ni decencia, que permite que en sus narices se injurie a la unidad a la que supuestamente ha pertenecido y que tiene muchos mártires asesinados por los que hoy patrocina.
Con esa clase de gente es que los comunistas en el gobierno van copando el Estado y avanzando en su propósito de establecer el socialismo del siglo XXI en el Perú.
Mientras tanto, las instituciones que tienen el deber de proteger al Perú del asalto de la horda chavista, duermen. O se acomodan.Lampadia
¿Presidente o Rey?
| 14 de Julio de 2022
Carlos E. Gálvez Pinillos Expresidente de la SNMPE ParaLampadia
Hasta ahora, lo que podemos apreciar es un personaje que se ha “coronado” con un sombrero chotano y que anda confundido en medio de lo que le está pasando, no habla con la prensa, ni informa a la ciudadanía. Aparentemente no sabe cuál es su rol, pareciera que no entiende cuáles son sus atribuciones y responsabilidades, ni hasta donde es sujeto al escrutinio de la ciudadanía a través de la prensa.
Pero ya tenemos dudas y nos viene la pregunta ¿No estaremos en juegos distintos y con objetivos diferentes? ¿No será que, mientras los ciudadanos pensamos en una vacunación eficiente que nos lleve rápidamente a recobrar nuestras vidas en normalidad, el “coronado” tiene otra idea? ¿No será que estamos soñando con un país próspero y seguro, mientras el “coronado” y su corte tienen otro plan?
En especial, cuando vemos el gabinete designado, lo impresentable de varios de sus miembros y la falta de calidades profesionales de estos para liderar sus sectores, va quedando claro que el “coronado” y su grupo político están en otra cosa. Para las tribunas tenemos a alguien a quien no le permiten elegir al equipo que debería colaborar con él para gobernar bien. Mientras que, con alguna frecuencia, salen en las redes mensajes de los líderes de su partido acorralándolo. Los arrestos y reacciones del coro de los partidarios de PL, ante la aparente actitud de comprensión de PC frente a la crítica de la población, por demás justificada, exigiendo que presente un mejor equipo.
El juego viene siendo otro, el objetivo es tontear al Congreso y hacerle “bajar la guardia”, particularmente al grupo encabezado por la presidente del mismo, quien recibe notitas personales “por debajo de la carpeta” para hacerle ver a ella y su grupo, que no hay mala fe y que la oposición no debe tener preocupaciones. Que no hay razón para pensar, ni preparar una vacancia presidencial y que irán corrigiendo el rumbo percibido como equivocado. Total, la Sra. Alva ya estuvo dispuesta a negociar la estructuración de la mesa directiva del Congreso con Perú Libre, siempre que ella la presidiese, y sólo volteó hacia la oposición cuando no le admitieron tal pretensión. Por eso, ahora, sin ningún empacho, le plantean que le den la confianza al gabinete y mantenga tibia a la bancada de AP, ofreciéndole que gradualmente harán algunos cambios en el mismo, con gente que no tenga los antecedentes de los actuales ministros.
Entre tanto van adormeciendo y cansando a la oposición, mientras el gobierno progresa con sus planes de compra de voluntades a la población más necesitada y recolectando firmas para una Asamblea Constituyente, entregando bonos para subsanar la falta de oportunidades de trabajo, otorgamiento de subsidios al gas y algunos alimentos e ir ganándose a la población, mientras esta pierde su dignidad y voluntad de trabajo y empresa, al mejor estilo recomendado por Fidel.
El plan de Perú Libre es radical y refundacional, su urgencia no es el tema sanitario, por eso no les importó tener en la Cancillería a alguien completamente incapaz de apurar la llegada de las vacunas, no tiene interés alguno en mejorar la economía, por eso permite que un “ministro de las culturas” pretenda desbaratar el MINCETUR, afectando la creación de puestos de trabajo en el turismo, desacelerar la velocidad de crecimiento del comercio exterior o ponerse de perfil ante el portafolio de proyectos mineros que debieran ser nuestra prioridad, ni centrar sus esfuerzos en promover el crecimiento de la agroindustria de exportación. En cuanto a la seguridad juegan con la idea de los “ronderos” y recientemente con el “patrullaje escolar voluntariado” en las comisarías.
Por todo esto, no han sido capaces de presentarnos un programa de actividades y proyectos coherente por sectores, ni el orden y premura con el que desarrollaremos los proyectos de infraestructura. Ciertamente, esa no es la columna vertebral del plan de gobierno.
Entre tanto, continuarán, como si hubieran ganado las elecciones por abrumadora mayoría, con el plan de convocatoria a la Asamblea Constituyente, que es el eje central del presidente, de los congresistas de PL y del dueño de ese partido. Recordemos que se están valiendo de los medios que la democracia les permite, pero ni su plan, ni sus métodos son democráticos.
Nunca faltarán tontos útiles y todo hace pensar que los propios congresistas de PL, estarían dispuestos hasta a votar en contra de la confianza, con tal de ganar la iniciativa, si aprecian que enfrentan a una oposición sin plan bien estructurado y debidamente coordinado para la vacancia.
Advertidos estamos, si para el 26 no se ha producido los cambios ministeriales, que incluyan a Bellido, no nos sorprendamos que ya habrán avanzado en su estrategia, tal como ya lo están haciendo (en menos de un mes) para relajar las condiciones carcelarias de los cabecillas terroristas. No puede ser que, en estos momentos de tanto peligro para la democracia en el Perú, la oposición, encabezada por la Sra. Alva, siga admitiendo reuniones del Concejo de Estado y más acercamientos con el PCM en alguna reunión casual, tipo el Acuerdo Nacional, ambos ambientes creados para tontear a la oposición, cuando se debería tomar ahora la iniciativa.
Si el presidente no está alineado con los objetivos democráticos del país, no tiene los planes y equipo para ejecutarlos, ni la disposición para comunicarlos con la debida apertura, al igual que los resultados de su gestión, debemos actuar ya. El sombrero no es corona y, por lo tanto, debemos cambiar de inmediato al presidente, por un ciudadano que esté comprometido con nuestra democracia y la defienda.Lampadia
El Perú y la redistribución del ingreso
| 14 de Julio de 2022
Carlos E. Gálvez Pinillos Expresidente de la SNMPE Para Lampadia
A veces pareciera que no tenemos claro, que el rol principal del Estado es brindar: salud, educación, seguridad y justicia, ciertamente acompañado de su rol regulador. A estas actividades, se les llama, la redistribución del ingreso. Encuentro que, algunos no han leído bien la Constitución o al menos de manera integral y creen que, cuando en el capítulo económico se da al Estado un rol subsidiario, se refiere a toda actividad y no exclusivamente a la actividad empresarial.
Claro, para algunos ha sido muy conveniente no hacer su trabajo, al amparo de esta interpretación errónea. Por eso, el sector empresarial hizo su trabajo; en lo económico, social y ambiental, y por eso el Estado se enriqueció y acumuló muchos fondos. Pero ni el gobierno nacional, ni los regionales y municipales, resolvieron las necesidades básicas sanitarias (agua potable y desagüe con plantas de tratamiento de aguas residuales-PTAR), no se habilitaron postas médicas debidamente atendidas, ni escuelas decentes con servicios higiénicos adecuados, electricidad, conectividad y maestros debidamente calificados para una enseñanza de calidad.
Los casos que mayor malestar han generado, son en aquellas regiones con grandes inversiones en proyectos mineros, gran movimiento de equipos, tecnología y modernidad, pero en los que sus pobladores, la ven pasar y no han recibido el beneficio. Lamentablemente, el Estado no está organizado para cumplir su rol y peor aún, los gobernantes no han tenido clara visión de los problemas y soluciones, capacidad de organizar y menos de ejecutar. Varios presidentes han sido “felices” transfiriendo dinero a los gobiernos regionales y locales, sin ton, ni son y peor, sin controlar.
A propósito, el sector minero paga al fisco 29.5% de impuesto a la renta (IR), 5% de impuesto al dividendo, Impuesto Extraordinario al sector Minero (IEM) y regalías, en un rango que va entre 2% y 8.4% de la utilidad operativa (no considera depreciación, ni amortización de las inversiones) y si se suscribe un Contrato de Estabilidad Tributaria, se incrementa la tasa de IR en 2% y además, se destina una Participación de Trabajadores del 8% de la utilidad antes de impuestos. Consecuentemente, la carga para el inversionista minero se acerca al 50% de la renta generada.
Como bien ha dicho un recaudador de impuestos, existe en minería lo que se llama el “Canon Minero”, que se ha fijado, para facilidad de cálculo, en 50% del IR y que se creó con la finalidad de ser destinado a obras e inversión regionales, municipales y para fomentar la investigación universitaria.Lamentablemente, ya se dieron maña para perforar la ley y usar esos fondos para gastos corrientes en “planeamiento y consultorías” (otra forma de gasto corriente) por más del 30% de lo “ejecutado”. No obstante, en los últimos años no se ha gastado más del 60% a 70% del canon en las regiones mineras. La experiencia de las dos últimas décadas, es que estos fondos han sido muy mal manejados en manos de esas autoridades regionales y locales, se ha gastado en obras superfluas e innecesarias, obras sin adecuada ingeniería y finalmente, han sido la principal fuente de corrupción (veamos Junín, Moquegua, Ancash y Cajamarca). Por eso tenemos 20 exgobernadores regionales sentenciados (entre ellos Cerrón), además de los investigados y acusados a la fecha (incluyendo a Martín Vizcarra) y un número mucho mayor de alcaldes.
Entiendo que, a la luz de estas experiencias negativas, Fuerza Popular está proponiendo la entrega de hasta 40% (lo que en promedio no se ejecuta), a los miembros de la comunidad. Esta es una idea gruesa que, me parece, se debe trabajar. Veía el esquema de Noruega, país rico en recursos naturales, como el nuestro, pero donde se hace un uso inteligente de sus beneficios y, me parece, el nuevo gobierno debiera adecuar ese esquema a nuestra situación específica.
Desde el gobierno nacional se debe diseñar los proyectos orientados al cierre de brechas de agua potable, desagüe, primer nivel de salud, educación primaria y secundaria de calidad, electrificación y conectividad. El Estado no debe permitir que se desvirtúe y desvíe los presupuestos de inversión del Canon a monumentos, edificios o piscinas, tal como hemos mencionado, mientras no se cierren las brechas de necesidades básicas. Concuerdo con el hecho que, los pobladores de las zonas mineras, deben de sentir el beneficio de estar en una zona con operaciones mineras, pero, como el diablo está en los detalles, se debe definir primero lo siguiente:
El radio de acción geográfico al que debe alcanzar las poblaciones beneficiadas por una entrega de beneficio directo.
Sabiendo que es imposible desarrollar la infraestructura propuesta para cierre de brechas en pequeños grupos de vivienda aisladas en las alturas, se debe promover zonas de desarrollo urbano, en la que las comunidades deben permitir que los miembros de su comunidad reciban título de propiedad de su terreno para vivienda. Con eso estarán debidamente empadronados y podrán ser beneficiarios de lo que proponemos.
Se debe entregar en efectivo hasta 20% del Canon, debidamente registrado en la banca y el otro 20% debe destinarse, en principio, a inversión en habilitación urbana, sanitaria, vial, eléctrica, de conexión a internet y de construcción de vivienda, mediante un crédito hipotecario respaldado por ese flujo permanente de canon futuro.
A futuro y una vez satisfechas esas necesidades, se aplicarían en mejoras en educación y como capital semilla de nuevos emprendimientos, pues debemos fomentar que las poblaciones de esas regiones también desarrollen actividades industriales y se relacionen con los mercados nacionales y globales.
Uno de los objetivos de este plan, es que desarrollemos ciudades urbanizadas en las diferentes regiones, ciudades que puedan brindar todas las facilidades de acceso, vivienda cómoda y condiciones sanitarias de primer nivel, que los niños puedan disponer de colegios de calidad, con maestros de calidad, conectividad a internet, que le permita educación global y competitividad, buenos servicios de salud y seguridad.
Está claro que, el resto del canon (60%), debe ser usado en infraestructura regional y provincial, como distribución de energía, hospitales, plantas de tratamiento de agua potable y residual, accesibilidad carretera o ferroviaria, consolidando así el desarrollo descentralizado.
Ciertamente, no podemos tener un país con cerca de 2,000 autoridades autónomas (New York tiene un tercio de la población del Perú y se maneja con 1 solo alcalde). Por su lado, Noruega tiene regiones con recursos naturales como el Perú, pero sus autoridades administran la política e inversiones del gobierno nacional, contando con un equipo de gerencia de alta calidad moral y profesional. Cuenta con un Estado muy fuerte, pero pequeño, cuyo objetivo central es proporcionar un estado de bienestar, reduciendo con servicios públicos de calidad las diferencias socio-económicas, garantizando una vida en absoluta libertad (ni la policía usa armas). Nadie busca “plurinacionalidades”, sino orgullo de pertenencia nacional, más aún, la sociedad trata de incorporar a los inmigrantes, que obviamente deben poner todo de su parte para ser incorporados y se consigue la ciudadanía, pagando impuestos e integrándose a la sociedad, trabajando para ella. Además, ha sido capaz de constituir un fondo de reserva, a partir del beneficio de sus recursos naturales, para asegurar la permanencia de ese estado de bienestar, pensiones y posibles contingencias.
Debiéramos aprender a construir una sociedad más homogénea, aprendiendo e incorporando las experiencias positivas.Lampadia
Lo que hay que cambiar radicalmente es el Estado
| 14 de Julio de 2022
Jaime de Althaus Para Lampadia
La encuesta de IPSOS presentada el domingo en Cuarto Poder reveló que un 32% de los encuestados quisiera que el próximo gobierno efectúe “cambios radicales” al modelo económico.
Esa cifra es consistente con la votación que tradicionalmente ha recibido la izquierda radical en el Perú. No obstante, cuando IPSOS, en ocasión anterior, ha preguntado en qué consistirían esos cambios que se pide al modelo económico, las respuestas están lejos de ser radicales. En efecto, en una encuesta realizada en noviembre del 2020, se constata que lo que la gente entiende por cambios al modelo económico son sencillamente mejores servicios públicos: educación, salud, seguridad, combate a la corrupción, etc., como puede verse en el siguiente gráfico:
Los cambios radicales al modelo económico, como nacionalización de las empresas extranjeras y estatización de empresas privadas, aparecen en el último lugar, con relativamente poco apoyo en una pregunta con respuestas múltiples.
Los peruanos no se equivocan. El problema no está en el modelo económico propiamente dicho, es decir, en la propiedad privada y el libre mercado. Más bien hace falta profundizar en la titulación de la propiedad y en la libertad económica para liberar a las empresas y emprendimientos de las amarras regulatorias que les impiden nacer o despegar.
El problema está en el Estado que no se ha modernizado y se ha convertido en un peso sobre la economía y en botín político e ideológico, albergando dentro de él argollas e intereses orientados al beneficio propio, y no a servir con eficiencia a los ciudadanos. El crecimiento generado por el modelo ha producido ingresos considerables para el Estado, pero estos no han servido para mejorar los servicios sino para alimentar la corrupción y para generar sobre regulaciones que son la causa del otro gran problema: la informalidad.
Esto debería llevar a Keiko Fujimori a encaminar su campaña a plantear un cambio radical del Estado. Pedir un mandato para erradicar la corrupción, implantar la meritocracia y la gestión por resultados y rendimiento. El mandato se requiere porque este último congreso ha aprobado leyes clientelistas que consolidan un statu quo patrimonialista en el Estado, absolutamente contrario a la meritocracia al buen servicio público.
Aquí hay un círculo vicioso: argollas enquistadas desvían recursos o crean regulaciones para propiciar pagos por lo bajo. Esto genera corrupción e informalidad, y desprecio al ciudadano.
Una carrera pública meritocrática junto con un plan de simplificación administrativa y regulatoria y de digitalización del Estado, es fundamental.
Rescatemos las buenas experiencias
Con participación de la comunidad. En los 90 la atención de la salud en el primer nivel mejoró mucho gracias a los CLAS, Comités Locales de Administración de Salud. La comunidad designaba un comité que se encargaba de gestionar la posta médica. Los médicos eran contratados y por lo tanto tenían que demostrar entrega y rendimiento para que sus contratos fueran renovados. Esas postas atendían a los pacientes mucho mejor y muchas más horas que las postas regulares del ministerio. Tenemos que regresar a esos esquemas.
El debate político tiene que encaminarse a resolver los verdaderos problemas.Lampadia
