Jaime Spak
Para Lampadia 

Esa frase la vengo escuchando desde niño.

¿Sera cierto que todo tiempo pasado fue mejor?

Los que hemos nacido en la década de los 50, somo testigos que la Lima de los 50 hasta mediados de los 60 era una ciudad vivible, tranquila y bastante segura.

Recordamos que en aquella época regresábamos de las fiestas a no tan altas horas de la noche con total tranquilidad y acompañábamos estas caminatas con el incipiente vicio de fumarnos un cigarrillo.

Los más avezados fumaban Inca, otros probaban los Country sin filtro y los más pudientes comparaban Lucky Strike.

Íbamos a fiestas a bailar al ritmo de Pepe Miranda, Joe Danova, Leo Dan y Palito Ortega.

En mi barrio acostumbrábamos a jugar fulbito en la pista y solo se detenía el partido cada vez que pasaba un carro, que muy prudentemente el conductor tocaba el claxon para que nos detengamos y así evitar un accidente.

La gente tenía más paciencia, no tenían el apuro del celular.

Fue la época en que Luis Bedoya Reyes, salió elegido alcalde de Lima, luego de un muy interesante debate con el ingeniero Jorge Grieve.

En aquella época, Bedoya construyo la vía expresa, más conocida como el zanjón, que después de más de 50 años sigue siendo la vía más importante de la ciudad.

Que adelantado a la época fue Bedoya, si hubiera sido elegido presidente del Perú, si habría sido un presidente de lujo.

De pronto como en un cuento de terror, todo se vino abajo con el golpe de estado de Juan Velazco en 1968.

Una importante cantidad de peruanos de toda clase social emigro al extranjero, y empezó la propaganda estatal que derivo en el odio entre peruanos.

Empezó a generar cambios en la sociedad, que no estaba preparada para tan abrupto cambio social.

La reforma agraria, la comunidad industrial, las estatizaciones de los medios de comunicación, la nacionalización de la industria de harina de pescado, fueron algunas perlas que hasta ahora no podemos olvidar.

En medio de ese gobierno se iba preparando la insania de Sendero Luminoso, que tuvo su debut justamente el dia de regreso a la democracia en las elecciones de mayo de 1980.

Vivimos más de 12 años de terror, con miles de víctimas inocentes en manos de dos de los más sanguinarios grupos terroristas que han existido en el Perú.

¿Seguimos pensando que todo tiempo pasado fue mejor?

Pues no nos olvidemos del desastroso primer gobierno de García, y del intento de Fujimori de salir re reelecto luego de dos periodos.

Si bien Fujimori fue exitoso en vencer al terrorismo, lograr bajar con gran esfuerzo de la población la hiperinflación heredada de García, privatizar tantas empresas que generaban perdidas al erario, y la paz con Ecuador, se olvidó de lo primordial:

Lograr que un político capaz y decente pueda ser el sucesor para seguir con el crecimiento económico.

En lugar de ello, se coludió con Montesinos para perpetrarse en el poder y al no lograrlo fugó al Japón.

Luego de la huida de Fujimori, tuvimos un oasis de un año con el gobierno de Paniagua, para seguir al creciendo con Toledo, con García y hasta con Humala.

De allí hemos tenido el récord de 6 presidente en 6 años con escándalos muy graves, Lava Jato, corrupción en el poder judicial, la policía y los políticos.

Estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia política del país.

Tres presidentes en la cárcel, un congreso que registra el récord de más de 20 congresistas envueltos en escándalos, ladrones, asesinos, roba sueldos, fugitivos, violadores.

Este congreso tiene a más del 50% de gente de la peor catadura moral que se haya visto.

No hemos aprendido nada.

Y seguiremos preguntándonos:

¿Todo tiempo pasado fue mejor?

Si preguntamos a la generación de nuestros hijos, que vivieron su juventud en medio de la inseguridad del terrorismo, dudo que tengan un buen recuerdo de ello.

Por ello hay tantos millones de peruanos que viven en el extranjero.

¿Cuándo será el día que la mejor gente nos gobierne y que los jóvenes sientan que este país tiene futuro?

¿Es pedir demasiado?

Cada semana un nuevo escándalo, cada semana más impunidad, cada semana más inseguridad.

Los peruanos estamos hechos de buena madera, no debemos seguir soportando que gente lumpen nos gobierne.

Merecemos un mejor futuro.

Urgente generar cambios en todo sentido.

Una mejora en la educación, salud, seguridad.

Tenemos gente muy capaz que puede hacerlo.

Mejores colegios, mejores maestros, mejores hospitales, mejores policías, mejores vías de comunicación.

Basta de bonos de solidaridad, mejoremos las condiciones de las zonas olvidadas

Si no entendemos que hay que hacer un cambio radical de todo lo que está funcionando mal, entonces para nuestros nietos ningún tiempo pasado será mejor.

Es urgente un cambio para que el futuro sea promisorio, sino todo tiempo pasado seguirá siendo peor. Lampadia

Por: Ricardo León Dueñas
Expreso, 1 de Junio del 2023

La legítima defensa -en sus modalidades propia e impropia- es una figura jurídica mediante la cual se defiende bienes jurídicos propios o de terceros ante una agresión ilegítima, actual o inminente.

Para accionarla deben concurrir los requisitos que prevé el artículo 20° inciso 3, del Código Penal peruano vigente, a saber: a) agresión ilegítima: b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa y c) la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa.

Nos detendremos en la proporcionalidad de medios, quizás la que más polémicas y discusiones generan entre los que estamos por considerar -de manera absoluta- que ante un ataque inminente que implique peligro a la vida de uno o de una persona cercana, se debe actuar de inmediato y con razonabilidad para detener la agresión.

En estos casos, no cabe distinguir dicha proporcionalidad, pues dada la situación que generalmente es de segundos, se debe actuar instintivamente para preservar el supremo valor de la vida. De esta manera, si un sujeto se acerca blandiendo un cuchillo de manera amenazante, se puede y se debe disparar -y a matar si es necesario- al atacante sin dudas ni murmuraciones.

El ciudadano Ney Chávez Santillán -dueño de un restaurante en el distrito de Villa El Salvador- abatió a un avezado ladrón cuando éste intentaba asaltar su local. Chávez Santillán recurrió a su arma de fuego luego que el delincuente inclusive amenazara a su esposa e hijo.

Increíblemente y pese a que había actuado en legítima defensa (cautelando su vida, la de sus seres queridos y su propiedad) la policía lo detuvo como si fuese un delincuente más y por varios días; una potente campaña vecinal y la creciente indignación de la gente ante la indefensión ante la que nos encontramos por la ola de inseguridad ciudadana permitió que obtuviese su libertad. Sin embargo, no se salvará de un largo, engorroso, kafkiano e injusto proceso penal, propio de nuestro espantoso sistema judicial.

La noción legal de la legítima defensa tiene un sólido sustento en la “Doctrina del Castillo”, mediante la cual si tu hogar o tu propiedad es tu castillo, tienes derecho a usar fuerza letal para defenderlo y no retirarte de él, debe por cierto utilizarse dicha fuerza letal legalmente al tener la certeza absolutamente razonable de que temes por tu vida y por la de tus seres queridos, ante la inacción de un Estado ausente e indolente que no toma la debida acción para preservar la ley y el orden.

Por: Perú21
31 de Mayo del 2023

De espaldas al paro. Puno le dijo ayer no al enfrentamiento, al caos, a la violencia, al terror que pretendían imponer la Fenatep-Movadef y otras facciones de la izquierda extrema. La región más golpeada por las protestas desatadas tras la caída de Pedro Castillo ha preferido no repetir la historia reciente y mirar de reojo este paro seco; ha elegido no dejar de trabajar para recuperar lo perdido.

La convocatoria de los extremistas no tuvo la respuesta esperada en las calles. Los comerciantes y transportistas, afectados económicamente primero por la pandemia y luego por las violentas movilizaciones, de las que muchos participaron, decidieron en las horas previas al paro no detener sus actividades en la mayoría de las 13 provincias de esta región.

Así, la protesta programada por 24 horas se desarrolló en medio de locales abiertos y vehículos de transporte público en tránsito, reduciendo la paralización a unos cuantos piquetes con escasos manifestantes, que lograron bloquear algunas vías en cinco provincias. Un tramo de la Interoceánica fue interrumpido en Azángaro y se reportaron bloqueos en las carreteras Juliaca-Cusco, en Ayaviri, y Huancané-Vilquechico. El tránsito por el puente Internacional Ilave también se vio afectado de manera parcial.

En la capital puneña, el paro pasó casi desapercibido, con movilizaciones pacíficas, sin contundencia ni el apoyo popular esperado. Incluso, el dirigente del Movadef, César Tito Rojas, en medio de la desinflada marcha de los organizadores extremistas en la que participaron maestros afiliados a la Nueva Fracción Roja de Sendero, reconoció el poco respaldo de la convocatoria.

Sin actos de violencia y con el resguardo de más de cuatro mil policías en las calles y otro grueso de militares, no se registraron ataques a las instituciones públicas y el recién reabierto aeropuerto, al que los violentistas solían ingresar a la fuerza, pudo cumplir con su programa de vuelos.

PUNO NO QUIERE PARAR

El reinicio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso fue calificado de “débil intensidad” por Francisco Aquise, de la Cámara de Comercio y Turismo de Puno. El directivo explicó que el fracaso de esta convocatoria obedece a que los puneños “no quieren perder más dinero ahora que la región está iniciando su reactivación”, tras las violentas protestas del último verano.

“Los puneños saben que no están para perder más dinero. Muchos están endeudados, han perdido sus negocios, están empezando de cero. No tenemos cifras oficiales, pero este paro no ha generado un fuerte impacto económico; claro, igual la región ha perdido”, explicó Aquise, quien mostró su confianza en que los puneños seguirán priorizando su recuperación económica, más allá de estar en contra del Gobierno.

“Puno está en contra del Gobierno, eso está claro. La gente quiere la salida de Boluarte y el Congreso, pero el costo social y económico de su incondicionalidad ha sido muy alto. La población sabe que su cuota de apoyo ya la dio”, sentenció.

FACCIONES DIVIDIDAS

El paro seco en esta región encontró divididas a las dirigencias de las organizaciones sociales, muchas de ellas incómodas por la presencia del Movadef. Félix Soasaca, del Frente de Defensa Unificado en contra de la contaminación de la cuenca Coata y el Lago Titicaca, señaló días antes de esta protesta que no habrá consenso mientras el Movadef no se aparte.

Detrás de este paro está el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp),que tiene como cabeza visible a Lucio Colla Callata, de estrecha vinculación con el Movadef y cercano al expresidente Pedro Castillo.

Para el analista político Iván Arenas, esta división al interior del movimiento y la posición de los comerciantes y transportistas de no apoyar el paro fueron determinantes para que la protesta no haya tenido respaldo.

“Después de esto, lo único que les queda es radicalizarse, y eso podría ser el próximo miércoles 7 de junio”, señaló el especialista, que explica que según la agenda de acciones ese día se impedirá el izamiento del Pabellón Nacional en las plazas, lo que provocaría un enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Los promotores del paro tienen previsto reunirse en junio con gremios sindicales del sur y de Apurímac con el objetivo de buscar apoyo para lo que será la denominada tercera ‘Toma de Lima’. La movilización partiría el 16 de julio a Lima y busca la salida de la presidenta Dina Boluarte, el cambio de la Mesa Directiva del Congreso y nuevas elecciones generales.

Por: Federico Salazar
El Comercio, 28 de Mayo del 2023

“No se debe aceptar la acusación especulativa y sesgada. Tenemos, también, derecho a la verdad”.

Quieren que abandonemos la razón. No quieren que pensemos. Quieren agitación, falsedad y sublevación.

Amnistía Internacional (AI), una ONG de alcance global, ha publicado un informe sobre las protestas y la represión de inicios de año. No es un documento serio.

AI concluye que se usaron “armas letales” y “armas prohibidas para tarea de control del orden público (perdigones)”.

Todas las armas que usan las Fuerzas Armadas son, obviamente, “letales”. La redundancia quiere causar una impresión.

Los mismo sucede con la expresión “armas prohibidas”. AI no informa sobre el contexto en que se recurrió a las Fuerzas Armadas.

Hubo incendios de aeropuertos, de sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial, además de empresas, así como vías tomadas y bloqueadas. Todo ello inmovilizó a buena parte del país que quería trabajar.

Las autoridades esperaron a que las cosas se calmaran. Cuando el Gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas y Policiales, ya había una situación de vulneración de los derechos de los ciudadanos que quieren vivir en paz.

No es falso que hayan muerto decenas de personas. Culpar al Gobierno de esas muertes es, sin embargo, irrazonable e irresponsable.

Es cierto que hubo efectivos de las fuerzas del orden que persiguieron a manifestantes. Cuando vemos a uno de ellos arrodillarse, apuntar y disparar, estamos ante un asesinato. La pregunta es: ¿obedecía una orden de matar?

Esta es la conclusión del informe de AI. Para ellos, “lejos de tratarse de incidentes aislados de excesos policiales y militares individuales, el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad peruanos apuntaría a una respuesta estatal deliberada y continua”.

¿Apuntaría? ¿Es eso serio? Acusas a alguien de cometer asesinato ¿y le dices “todo apuntaría a que ordenaste”? Eso es de una colosal irresponsabilidad.

La mejor acrobacia argumental de AI se refiere al racismo. Las fuerzas de seguridad actuaron letalmente, dice, en regiones que representan el 13% de la población total. Pero en ese 13%, la mayoría se considera indígena.

El 80% de las muertes ocurrió en esas regiones. Por lo tanto, “hubo una sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”. Ergo, ¡fue un ataque racista! Y si es contra una etnia, ¡es genocidio!

Las muertes se “sobrerrepresentan”. Este atentado contra la razón tiene una finalidad. ¡Tener un acusado de genocidio!

AI no nos puede contar lo que vimos. Lo que vimos no fue, en todos los casos, manifestaciones y protestas. Muchas veces vimos delitos, como asaltar e incendiar una empresa o una comisaría o matar y quemar a un policía.

Imaginemos que un grupo protesta en París y toma por asalto y quema un “Comissariat de Police”. ¿No tendrían que acudir las fuerzas del orden con todo su equipamiento?

Esto ya lo vivimos antes. Se cometen delitos muy graves para que la respuesta de las fuerzas del orden sea desmedida. Y entonces viene la acusación no para el que inició la violencia, sino para el que respondió.

Las fuerzas del orden deben actuar bajo la ley. Están facultadas a usar su equipamiento, según lo establecen el decreto legislativo correspondiente y su reglamento. Se debe investigar quiénes infringieron su propia ley.

No se debe aceptar la acusación especulativa y sesgada. Tenemos, también, derecho a la verdad.

Alejandro Deustua
23 de mayo de 2023
Para Lampadia

En el marco de una agenda compleja, la reciente reunión del G7 en Hiroshima concentró su atención en las prioridades de la guerra en Ucrania y la respuesta de sus integrantes al desafío chino.

Sin referir el cambio cualitativo que los nuevos armamentos llevarán al escenario bélico, el G7 ha reiterado su apoyo a Ucrania. Y teniendo en cuenta anteriores definiciones estratégicas y la nueva disposición militar del anfitrión, la referencia a China se ha planteado en dos campos.

En el global se ha reiterado la preocupación por las políticas chinas anti-mercado, de “coerción económica” y de discriminación internacional en el trato laboral y empresarial.

Y en el lado geopolítico, el escenario ha sido el regional (no global) del Indo-Pacífico concentrado en el estrecho de Taiwán y en la preocupante situación en los mares del Sur y del Este chinos.

La agenda ha incluido, por cierto, capítulos sobre defensa de principios liberales (humanitarios, democráticos, de integridad territorial, solución de controversias, defensa del régimen multilaterales de comercio) y objetivos generales (recuperación económica, desarrollo sostenible, banca multilateral, cambio climático).

Dos factores exógenos calificaron la orientación de la conferencia.

Primero, la presencia de Zelensky que materializó la prioridad mayor (y que, en apariencia, sorprendió a algunos, como a Lula, quien se negó una entrevista con él).

Y luego, la interesada invitación a selectos miembros del “sur global” (una definición antojadiza de los países en desarrollo) destinada a que éstos cedan posiciones cercanas a la neutralidad. Lo curioso es que el conjunto de sus representantes (salvo en el caso de Brasil) eran miembros del Surestes asiático, ribereños del Indo-Pacífico y miembros, en su mayoría, del G20 (Australia, Brasil, las islas Comoras, las islas Cook, la India, Indonesia, Corea del Sur y Vietnam).

Ese origen indicó que los eventuales socios del “sur global” habían sido invitados con el interés de afrontar el desafío chino de manera tanto o más intensa que la atención a la guerra en Ucrania. Tal interés corresponde a la categoría de rivalidad que presenta China para Estados Unidos (un “competidor sistémico o cuasi-paritario” según ese gobierno o una “amenaza geopolítica mayor” según la CIA), para la Unión Europea (“un rival sistémico”) o para la OTAN (“un desafío sistémico).

Si, esa apreciación es correcta, es razonable interrogarse sobre la ausencia de los países del Pacífico latinoamericano.

Sobre este punto hay tres repuestas posibles.

Primero, salvo México, ningún país latinoamericano ribereño del Pacífico pertenece al G20, agrupación que el G7 reconoce como interlocutor y socializador de políticas.

Segundo, estos países son integrantes de la cuenca del Pacífico (foro APEC, p.e.) pero no del Indo-Pacífico (muy lejos de las alianzas o alineamientos del QUAD o AUKUS, p.e.). Al respecto, nuestras instituciones no han hecho gran cosa por clarificar el punto concentradas como están en las mezquindades colombo-mexicanas de la Alianza del Pacífico que señalan cómo la fragmentación subregional erosiona el interés global de nuestro conjunto ribereño.

Tercero, América Latina ha perdido jerarquía estratégica en el sistema internacional de manera muy intensa y, por tanto, su participación es menos requerida.

Ello implica que la región no sólo no ha reemplazado ni puesto en valor cohesivo la pérdida de hegemonía norteamericana en el área. Tampoco ha logrado establecer un núcleo de poder propio cuyo vacío quiere ser llenado por terceros.

Entre éstos, China destaca ostensiblemente. Pasado el “momento unipolar” norteamericano, hoy la realidad dice que China está construyendo, con perspectiva global, varias zonas de influencia económica instrumentadas por el programa de la Franja y la Ruta. Si el desarrollo del mismo ha cubierto zonas del Asia, África, Medio Oriente y Europa, éste ya incluye a América Latina (el Perú se incorporó en 2019) aprovechando la complementación comercial y financiera sino-latinoamericana, las necesidades de estímulo del crecimiento regional y el menor dinamismo de la actividad económica occidental en el área.

Si China se ha convertido en el primer socio comercial de países como Perú, Brasil y Chile y principalísimo de otros, es claro que, en términos de generación de recursos para la región, la complementariedad comercial es positiva. Pero a costa de la persistencia de un problema estructural: una nueva relación de dependencia derivada de la exportación de materias primas y la importación de manufacturas y tecnologías sofisticadas. A China le interesa una oferta segura de minerales y de alimentos para sustentar su desarrollo industrial y tecnológico y las necesidades básicas de una población que envejece. Bajo esos patrones, el comercio con China ha crecido 17 veces desde el 2001 cuando ésta se incorporó a la OMC (Evans).

La importancia cuantitativa de ese tipo de relación se expresa en el comportamiento de la inversión china en el área que ahora representaría 19% del total (vs 3% en 2016) y que, colocando US$7/10 mil millones en 2022, compitió ese año con inversiones más sofisticadas en la Unión Europea (US$ 8.4 mil millones) y en Estados Unidos (US$4.7 mil millones) (AQ). Ese dividendo regional se deriva también de la fricción europea y norteamericana con China que produce desacoplamiento (FMI) y que el G7 dice hoy no promover.

De otro lado, si esos montos devienen en control de sectores estratégicos, el valor de la inversión cambia. Hablemos de puertos. A diferencia de su gran marina de guerra, China no tiene capacidad suficiente aún para establecer bases militares en el exterior. Pero sí para construir terminales portuarios (eventualmente de doble uso y aprovisionamiento preferencial) que extiendan su influencia global. Aquí el programa de la Franja y la Ruta (que ha crecido 18% interanual en el primer trimestre-EY-) juega un rol principal: en 2022, las empresas estatales chinas ya operaban o eran dueñas de 95 puertos en 53 países (CFR).

En América Latina el proyecto Chancay es uno de los 40 proyectos abordados en la región por empresas estatales como COSCO y Hutchinson Ports Holdings (Evans). Si ese puerto va convertirse en un “hub” en el Pacífico suramericano, ¿es realmente sensato que una de esas empresas sea dueña del 60% del proyecto?

Si la pregunta es también pertinente para los sectores tecnológico, manufacturero o de energías limpias, la conveniencia de que nuestros socios occidentales contribuyan a compensar el avance de la influencia china en la región está a la vista. Pero, como en estos predios, el G7 también puede responder con simple diplomacia declarativa. Lampadia

Covid-19 (1)

En Lampadia hemos invitado al doctor Omar Neyra, experto en salud pública, para hacer un balance de la gestión de la pandemia del Covid-19, que le costó la vida, innecesariamente, a una gran parte de los 220,000 peruanos que fallecieron en situaciones muy penosas.

Como dice el doctor Neyra, tenemos que aprender de nuestras experiencias, y también debemos retirar de la gestión pública a quienes se distinguieron por el error, por persistir en el error, y a aquellos que responden a agendas disfuncionales o a las redes de la corrupción.

Agradecemos a Omar Neyra su compromiso patriótico y su vocación educativa, que asume con valentía y pundonor.

Omar Neyra
Doctor en Salud Publica
Para Lampadia

“El que no conoce su historia, está condenado a repetirla”
Filósofo español Jorge Ruiz de Santayana

¿Cómo el Perú terminó encabezando de largo la mayor tasa de mortalidad del mundo por covid-19? Es una pregunta que nos hacen en diversos foros académicos internacionales reiterativamente, y es algo que como peruanos debemos tratar de comprender por una razón principal: aprender de los errores para no volver a repetirlos, porque lidiamos y lidiaremos otra vez con epidemias y pandemias a futuro, y en nombre y memoria de los más de 220 mil Peruanos que murieron, muchos de los cuales habrían podido sobrevivir si se hubiese tomado las decisiones correctas.

Fuente: Our World in Data

Durante una secuencia de publicaciones, realizaré con ustedes un análisis de hechos para intentar responder la pregunta central de este artículo, y teniendo en cuenta que en una pandemia tan compleja como la que vivimos con la covid-19, ocurren un sin número de condicionantes. Presentaré algunas hipótesis y/o hechos concretos que nos lleven a un aprendizaje de qué herramientas debemos usar cuando se presente, como se a presentar, un evento futuro similar.

Quiero empezar este análisis respondiendo directamente a la pregunta de este artículo: ¿se pudo evitar? Mi respuesta es sí, se pudo evitar largamente haber tenido esta tasa tan alta de fallecidos, pues en el Perú se tomaron decisiones sin mayor evidencia científica o incluso contra la evidencia científica.

El primer error del manejo de la pandemia fue motivado por decisiones políticas en materia sanitaria, sin evidencia científica que respaldara tales determinaciones. La figura el ex presidente Vizcarra como líder y “estratega sanitario” creo que explica mucho de este desastre sanitario, desde poner a un lado el liderazgo del sector salud, no tomar en cuenta las opiniones diferentes de la academia, su interés de protagonismo, hasta no comprender la “salud pública” como una herramienta científica para la toma de decisiones. A diferencia de otros líderes mundiales como el primer ministro de Corea del Sur que, cuando le preguntaron, en la primera etapa de la pandemia, como había logrado manejar tan bien el problema sanitario dijo: “me puse al lado y las decisiones se las dejé a los científicos”.

Así, dejando de lado la evidencia científica, decide su gobierno comprar las pruebas serológicas (rápidas) en contra de toda recomendación a ese momento disponible. Es falso el argumento de quienes dicen que no había información disponible, si hasta la OMS y OPS recomendaban como única prueba de laboratorio las pruebas moleculares, como puede observarse en las siguientes notas:

Esta es una decisión política concreta que llevó, en la primera parte de la pandemia, a que miles de peruanos no tuvieran una atención oportuna. Fácilmente comprensible con el fallecimiento del excongresista Ushñahua, a quién no se trató por la información equivocada de la prueba rápida, algo que gráfica fielmente la experiencia que costo miles de vidas.

El acudió con los primeros síntomas de la covid-19 al centro de salud, y cuando le realizaron el examen con la prueba rápida, esta dio como resultado negativo, y dado que la política sanitaria del MINSA había establecido que solo aquellos que dieran el resultado positivo fueran hospitalizados, no recibió atención oportuna. Días después fallece sin recibir atención adecuada. Este caso fue el de miles de Peruanos, y es la explicación real y concreta de una alta tasa de fallecidos en esta etapa de la pandemia.

La decisión de comprar pruebas rápidas ha sido motivo de controversias inclusive hasta la fecha. El ex Ministro Zamora ha declarado recientemente que cuando llega al cargo la decisión de compra ya estaba dada (pero la implementó; si no estaba de acuerdo retiraba esta decisión o renunciaba). La Ex Ministra Hinostroza indica que ella renunció porque no estaba de acuerdo con la compra de estas pruebas rápidas. A partir de estas declaraciones podemos inferir que quien tomó la decisión es un funcionario de mayor cargo que la de los ministros de salud, y ese sólo podría ser el presidente de la república.

Esta compra fue larga y sostenidamente defendida por el propio Martin Vizcarra y su Ex ministro Zamora en innumerables conferencias de medio día. ¿Cuál fue su interés y motivación? Solo ellos podrán decirle al país. Lo cierto es que la evidencia científica disponible a marzo del 2020, previa a la fecha de compra, no solo por organismos como OMS/OPS, sino otras autoridades sanitarias mundiales y expertos de la academia, era clara: solo se recomendaba para diagnostico las pruebas moleculares. Es lo que podemos ver en los siguientes documentos:

Esos fueron los primeros errores que nos llevaron a ser al país con la más alta tasa de letalidad del mundo.

En las próximas entregas analizaremos la cuarentena más larga del mundo, el cierre absurdo del primer nivel de atención, el problema de oxígeno casi único en el mundo, vacunas y otros aspectos que nos hagan recordar para no volverlos a repetir. Lampadia

Alejandro Deustua
10 de mayo de 2023
Para Lampadia

La crisis del tránsito ilegal de migrantes venezolanos de Chile hacia el Perú ha puesto en evidencia un problema internacional que es necesario definir, gestionar y regir adecuadamente.

Para empezar, la calificación del problema de las migraciones como global parece, en este caso, excesivo porque sus componentes materiales tienen parámetros y asientos territoriales localizados evidentes. Si la globalización ha tendido a definirse en términos trasnacionales o mediante la simple agregación de problemáticas similares, de cadenas de valor o de un número considerable de estados, es claro que el problema de migrantes venezolanos entre Chile y Perú no puede definirse bajo esa categoría.

Ello ocurre porque las características de origen y la responsabilidad de solución de la crisis no sólo no son trasnacionales ni están a cargo principalmente de organismos internacionales (que ciertamente pueden ayudar) sino que implican el compromiso concreto de muy específicos estados que sufren impactos de carácter nacional.

Por lo demás, este problema ha demostrado que, a pesar de su micro-escala territorial, la problemática referida puede escalarse bilateralmente a la manera más tradicional y poner en riesgo una relación fronteriza sensible. Ello no encaja bien en los presupuestos globales.

De otro lado, parece evidente que ese potencial de conflicto en un contexto general proclive a la confrontación merecía una mejor gestión migratoria acorde con su propia realidad. Ello no ha ocurrido.

En Perú y Chile la menor escala del problema (alrededor 300 ciudadanos venezolanos agitando la frontera peruano-chilena) se encuadra en diferentes urgencias de gestión. El Perú dio un primer paso para atenuar la porosidad del conjunto de sus fronteras declarando en emergencia a las zonas nacionales colindantes. Para ello ha convocado la atención de la Fuerza Armada como complemento de las fuerzas policiales existentes.

Esta iniciativa tiene el propósito de controlar unas fronteras extremadamente vulnerables a transeúntes informales, organizaciones terroristas o al crimen organizado. Pero la crisis con Chile surgió sin que el Perú hubiera dado el segundo paso al respecto. La falta de preparación saltó a la vista.

De manera similar, Chile ha convocado a sus militares pero, en este caso, para atender principalmente las fronteras del norte (especialmente la boliviana por donde se infiltraban -vía Colchane- migrantes ilegales a discreción). Esa decisión fue estimulada por los excesos de delincuentes venezolanos en ciudades principales del país vecino. Y quizás también por la proximidad de las elecciones de integrantes del Consejo Constitucional (que ganó la oposición). Sin embargo, en este caso la falta de cooperación de la fuerza armada chilena con nuestras autoridades fue también evidente. Ello motivó la protesta de Cancillería.

Prueba de tal falta de preparación sería la eventual inducción de migrantes venezolanos por fuerzas chilenas para que aquéllos ingresen por vías informales a territorio peruano (asunto que aún parece estar en proceso de esclarecimiento). Y también la superación de la capacidad de la policía peruana por migrantes desarmados que ejercieron violencia contra la fuerza de resguardo peruano, bloquearon la carretera Panamericana, se infiltraron por el desierto (que, con anterioridad, fue un espacio minado) y agredieron a la policía en la frontera.

Como se ve, bastaron unos cuantos migrantes sin documentos para activar remanentes de falta de cooperación de fuerzas chilenas con consecuencias potenciales de mayor riesgo. Al punto que la protesta de la Cancillería peruana tuvo que requerir el compromiso de las autoridades del vecino para brindar la seguridad que corresponde a los complejos fronterizos de Santa Rosa-Chacalluta en territorio de ese país y asegurar el desbloqueo carretero.

En el proceso, variables locales, como las irresponsables declaraciones del alcalde de Tacna sobre el presidente de Chile, entraron en juego.

Felizmente, más tarde que temprano, necesarias negociaciones bilaterales, quizás sobrecargadas de requerimientos consulares, instigaron la decisión del dictador Maduro (¿o fue su iniciativa?) de enviar, a la hora nona, un avión para transportar a sus compatriotas a su país.

Ello mostró otro potencial nivel de escalamiento entre Perú y Chile en esta materia: ha dependido de la voluntad del dictador venezolano, responsable directo del gran problema migratorio que comprende a siete millones de sus conciudadanos, la solución parcial y de corto plazo de la crisis.

Del impasse han resultado, sin embargo, acuerdos del Perú con los organismos de Naciones Unidas encargados de los asuntos de refugiados (ACNUR) y de migrantes (OIM) con el propósito específico de asistir en el micro-manejo del problema (p.e. la OIM establecerá en Tacna un centro de orientación para el servicio de los migrantes).

Como, la escala del problema de la diáspora venezolana abarca al conjunto de los países andinos, las conversaciones sobre el particular debieran extenderse a ese ámbito con propósito de armonizar legislaciones y prácticas y de adoptar una posición común frente a Venezuela. En este punto no debe permitirse que el dictador que ha devenido, desde hace tiempo, en el causante y moderador de conflictos en Suramérica (y en especial, en la zona andina) continúe siendo quien maneja las riendas de controversias y confrontaciones en el área.

Si el Grupo de Lima fracasó en promover una salida democrática en Venezuela y el diálogo abierto ahora en México entre el gobierno y la oposición venezolanos para lograr ese mismo propósito tampoco tiene éxito, es hora de que sea el foro hemisférico de seguridad colectiva o el Consejo de Seguridad de la ONU promuevan el fin de la dictadura de Maduro y ayuden a generar condiciones de normalidad que permitan el retorno de los millones de venezolanos cuya magnitud se acerca más a los lamentables éxodos de Siria, Ucrania o de la Segunda Guerra Mundial. Lampadia

Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 6 de Mayo del 2023

“El duelo nacional por las muertes que jamás debieron ocurrir requiere de una reflexión mucho más profunda y equilibrada que la que ha producido la CIDH”.

Es evidente que las muertes ocurridas durante las revueltas de diciembre y enero deben ser investigadas con celeridad para determinar si hubo uso excesivo y criminal de la fuerza, pero el informe de la CIDH se funda en narrativas cercanas a los sectores de izquierda, que no ayudan a pacificar el país.

Para comenzar, es muy importante el origen y legitimidad de las protestas para entender su naturaleza. La información que movilizó a muchas comunidades fue un mito: que el expresidente Pedro Castillo, campesino como ellos, había sido derrocado por el Congreso en alianza con los poderes económicos. Les habían robado el voto. La protesta, entonces, era lógica, pero se basaba en una falsedad infundida por la prensa alternativa de izquierda y las dirigencias radicales, fraseada en clave de lucha étnica y de clases. Aún hoy más de la mitad de la población sigue creyendo que el golpe lo dio el Congreso. La comisión debió dar cuenta de esto para tranquilizar a la población falazmente agraviada.

También el informe debió incluir una evaluación de la legitimidad de las demandas. Estas eran claramente inconstitucionales (asamblea constituyente, cierre del Congreso, liberación de Castillo, adelanto de elecciones). Por lo tanto, las revueltas tenían un carácter insurreccional que, en última instancia, buscaba, las primeras semanas, reponer a Castillo. Era importante establecer este carácter insurreccional, porque eso es lo que explica el nivel de violencia extrema que alcanzaron las protestas, con ataques a aeropuertos, comisarías, fiscalías, empresas, etc., impulsados en medida importante por dirigencias radicales de izquierda tales como el Fenate-Movadef –desplazado del gobierno–, cuyo papel el informe no evalúa ni juzga.

Y es en el marco de esa violencia extrema que debe analizarse la reacción de las fuerzas del orden, para ver si hubo o no un exceso injustificado. En el caso de Juliaca el informe sí reconoce que las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas, pero eso no le impide concluir que allí hubo un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado. ¿Debieron los policías actuar como en Ica, donde se limitaron a recibir piedras, palos y bombardas? ¿No hay responsabilidades compartidas en el doloroso saldo de muertes que aún enluta a las regiones del sur y al país entero?

El informe desdeña el carácter insurreccional de las movilizaciones para poner énfasis –como telón de fondo de las protestas– en condiciones de discriminación y desigualdad generadas por el modelo económico y por el “extractivismo” que destruye el ambiente, asumiendo sin pudor un claro discurso de izquierda. Por supuesto, desconoce que los conflictos con la minería se deben mucho más a reclamos rentistas que ambientales y que fue ese “modelo” económico el que redujo la pobreza del 60% al 20% (antes de la pandemia) y logró que los sectores rurales andinos mejoraran su ingreso en mayor proporción que los demás, como demostró Richard Webb. Lo que ha ocurrido es que esa burguesía rural ve impotente cómo los gobiernos locales y regionales se roban la plata, los servicios no funcionan y las obras se paralizan. Y no puede formalizarse por el costo de las leyes.

Debido a su orientación ideológica, la comisión no registró ni condenó la entronización de verdaderas dictaduras locales regidas por dirigencias radicales que bloquearon carreteras, cerraron mercados y tiendas, acallaron periodistas, incendiaron canales de televisión y locales institucionales, azotaron a autoridades que osaban hablar con el Ejecutivo, entre otras abiertas, flagrantes y continuadas violaciones a los derechos humanos de las personas comunes y corrientes.

El duelo nacional por las muertes que jamás debieron ocurrir requiere de una reflexión mucho más profunda y equilibrada que la que ha producido la CIDH.

Rafael Venegas
Para Lampadia

“Más peligroso que mono con metralleta” es una frase muy utilizada en varios países y según nuestra recordada lingüista y política Martha Hildebrandt, se aplica a alguien que ataca a otros de manera irresponsable y peligrosa.

La Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés) es uno de los avances tecnológicos de mayor relevancia de los últimos años, estando al mismo o tal vez mayor nivel disruptivo que el Internet y el Smart Phone. Sus aplicaciones son de muy amplio espectro, extensivas a casi cualquier campo incluyendo la medicina, la seguridad, las comunicaciones, la educación, la industria, el transporte, los servicios financieros, etc., etc.

Sin embargo, así como tiene enormes beneficios en todos esos campos, también tiene grandes inconvenientes, ya que no sólo generará problemas en la empleabilidad, sino que estará al alcance de personas con perversas intenciones y carentes de ética y moral, que podrán poner en serio riesgo a la humanidad. Es pues un arma muy peligrosa y de doble filo, que dará vida a muchos “monos con metralleta” globalizados.

Ante este gravísimo problema, las grandes empresas tecnológicas que vienen desarrollando aplicaciones positivas de AI, como Google, Microsoft, IBM, Amazon, etc. están muy preocupadas y trabajan con equipos multidisciplinarios, que incluyen a filósofos, psicólogos y abogados, para diseñar estrategias que eviten o al menos mitiguen este enorme peligro.

No obstante, hasta el momento y dado que el tema es casi imposible de controlar, sólo se han conseguido soluciones paliativas, como códigos de ética, declaraciones juradas y otras de similar índole, pero que al final del día siempre se apoyan en la ética y valores morales de las personas, tema que como sabemos, hay cada vez menos en el mundo.

Parecería entonces que la humanidad tendrá que aprender a vivir con la amenaza permanente del “mono con metralleta”.

Sin embargo, para los países menos desarrollados, como los de nuestra región, este será “un mono armado más”.

¿Y por qué digo un mono armado más?

Porque desde hace mucho tiempo los países de nuestra región ya convivimos con varios de estos peligrosos personajes, que además de metralleta usan todo tipo de armas, como el poder político, el mediático y el dinero sucio. Esto, por supuesto, es moderado en los países desarrollados, pero de gran trascendencia en nuestros países.

En nuestra región, la mayoría de los políticos son incapaces intelectual y moralmente y se aprovechan de la pasividad del resto de la población, así como de la reinante impunidad, para adueñarse de los estados y dar rienda suelta a la corrupción, el tráfico ilícito y el abuso de autoridad, entre otros crímenes. Estos son los “monos con poder”.

Otro tipo de simios que participan activamente apoyando a los monos con poder, son una especie a la cual le gusta mucho el dulce, sobre todo si es en mermelada. Me refiero a los malos y mercantilistas periodistas y “analistas políticos” que permanentemente envenenan a la población con sus mentiras, su cinismo y sus exageraciones, para satisfacer sus odios y falsas dignidades, así como a sus obsoletos y fracasados ideales doctrinarios, a cambio de un vergonzoso pago. Estos son los “monos con micrófono”.

También hay otra especie de macacos que utilizan a más de un arma al mismo tiempo, pero que son cobardes ya que se escudan en el anonimato. Me refiero a los trolls políticos, que utilizan las bondades de la AI a través de las redes, para manipular las mentes vulnerables y sumisas, también a cambio de un vergonzoso pago. Estos son “los monos subterráneos”.

¿Y quién es el gran financista de todos estos simios? Pues nada más y nada menos que un mono salvaje y criminal: “el narco mono”, cuyo gran objetivo es lograr convertir a estos países en narco estados.

Como se puede ver claramente, los “monos con micrófono” al igual que los “monos subterráneos” están a las órdenes de los “monos con poder” y estos a su vez son financiados por los “narco monos”. Esto no hace más que certificar que “por la plata baila el mono”.

Ante esta gran arremetida de los monos armados a nivel global, pero especialmente a nivel regional y dada la patente imposibilidad de encontrar medidas efectivas para controlarla o al menos mitigarla, parecería que lo único que nos quedaría es la resiliencia, es decir, que la humanidad se acostumbre a vivir en “EL PLANETA DE LOS SIMIOS”. Lampadia

Por: Anthony Laub
Perú21, 28 de Abril del 2023

“Es urgente retomar el control de Puno, pues es inadmisible que hoy sea un territorio ‘liberado’”.

Mucho. Pese a estar bastante mejor desde que el golpista Castillo fuera vacado por el Congreso (lo único bueno que ha hecho hasta ahora) y apresado, la situación actual de tensa calma no tiene visos de mejorar si Dina y Otárola no dan resultados pronto.

La convulsión social promovida por la izquierda ha impactado seriamente en la economía. Aunada a las infortunadas inundaciones del norte, nos ha pasado una factura por encima de los 7 mil millones de soles.

Felizmente, el BCR –¡cuando no!–, ha capeado el ciclón socialista y el temporal y ha mantenido el valor del sol. Pese a ello, aún estamos lejos de recuperar nuestro potencial de crecimiento y la calma política requerida.

Los constantes embates de la izquierda internacional y local solo hacen presagiar que han replegado sus fuerzas y pronto reactivarán las protestas “sociales” a fin de promover la caída de Dina, el cierre del Congreso y nuevas elecciones. El objetivo es simple: retomar el poder e introducir al Perú en el caos socialista, que es donde ellos habitan y se sienten cómodos. El mercado, la libertad (y por ende la responsabilidad) y la competencia, los aterra y repele.

No basta con que Lima, Ica y parte del norte recuperen su dinamismo, el sur tiene que sumarse y recibir una fuerte inyección de inversión. Es urgente retomar el control de Puno, pues es inadmisible que hoy sea un territorio ‘liberado’ que no responde a la autoridad. A los demás, nos toca dejar en evidencia a la nefasta y corrupta izquierda radical peruana, esa de Castillo, Cerrón y la Vero, esa que apoyan los Maduro, AMLO, Evo, Petro, Boric y Fernández.

Jodidos, pero no vencidos.

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

El socialismo de Chavez y Maduro, según cifras de ACNUR, ha originado que 7 millones de venezolanos huyan de su país y se refugien en el resto del continente. 1.5 millones de ellos en el Perú.

El socialismo de Boric, que cacarea la solidaridad, pero no la practica, ha expulsado, sin destino ni sustento, a miles de venezolanos, so pretexto de la muerte de 2 carabineros. Usa a los venezolanos como cortina de humo para disimular que es ahora él quien criminaliza la protesta y usa el gatillo fácil para sostener las medidas que pronto pondrá en práctica en ese país.

Mujeres, hombres, niños (algunos de ellos peruanos, hijos de venezolanos) están en la frontera de Chile con el Perú, sin saber a dónde ir, ni qué hacer.

Ante esta grave crisis humanitaria, cabe preguntarse:

– ¿Tendrá alma el socialismo latinoamericano?
– ¿Tendrá alma el socialismo chavista que gobierna Venezuela al que no le importa que la cuarta parte de su población está refugiada en el resto del continente y que miles de ellos estén mendigando, delinquiendo o prostituyéndose para sobrevivir, mientras ellos siguen saqueando su país y comprándose propiedades en El Doral?
– ¿Qué alma tiene el socialismo chileno de los Borics y las Vallejos que expulsan a la nada a niños, mujeres y hombres para disimular sus deficiencias internas, su giro estalinista, sin atribuirle ninguna responsabilidad a su mentor de Caracas?
– ¿Tendrán alma los gobiernos que disimulan sus propias inepcias en el manejo de sus fuerzas armadas y policiales, los gobiernos que han desarmado y menoscabado sus fuerzas de seguridad, cuando les atribuyen a los venezolanos la culpa de todos los crímenes que afectan a sus países?
– ¿Tendrá alma la burocracia diplomática de la OEA que no actúa frente a los verdaderos responsables de esta crisis, mientras sigue tomando cafés y martinis en Georgetown?

Al ver las imágenes de la frontera. Al ver a niños y mujeres desesperados y atrapados en medio de la nada, pienso que sólo gobiernos y burócratas sin alma pueden tratar una crisis así, de ese modo, sin el sentido humanitario que corresponde.

Hay que enfrentar esta crisis en la dimensión y en el plano correctos.

Maduro y su camarilla de bribones deben pagar la factura de su criminal e inepta dictadura. Deben pagar la repatriación de sus compatriotas. Deben ser compelidos a enviar a Colombia, Perú, Ecuador y Chile recursos necesarios para atender a sus connacionales. Deben recibir, sin demora, a los criminales venezolanos que delinquen en nuestros países y agudizan esta crisis humanitaria. Deben compensar con los petrodólares que recibe los gastos, costos y perjuicios que el resto del continente asume al tener a 7 millones de venezolanos en su territorio. Nuestro Gobierno debe liderar la solución de esta crisis.

El socialismo de Castillo y sus aliados desarmaron el Grupo de Lima, que era una herramienta de presión diplomática sobre la dictadura de Maduro.

Este nuevo gobierno, si quiere mostrar que tiene una entraña distinta y que tiene alma latinoamericana no puede contentarse con medidas administrativas de poca monta. Nuestro Gobierno debe escalar este problema humanitario al plano multilateral que corresponda, acudir a foros, liderar el reclamo internacional, acudir a asambleas, tribunales y embargos si es necesario, para que la dictadura que origina este problema asuma las consecuencias de sus actos. Lampadia

Fundación para el Progreso – Chile
Jorge Gómez
Publicado en La Tercera, 20.04.2023 

Aprendamos de la experiencia de nuestros vecinos.

El deterioro de lugares públicos es notorio. Basta pensar en Plaza de Armas, Parque Bustamante o el sector de Plaza Baquedano. No son los únicos lugares del gran Santiago que lucen descuidados. Días atrás la fachada de la más antigua construcción capitalina, la Iglesia de San Francisco, fue nuevamente garabateada por desadaptados. Entre estos estaba el tristemente conocido Roberto Campos, el profesor que destruyó un torniquete en metro San Joaquín durante el mal llamado estallido social.

La vandalización constante de espacios públicos e incluso patrimoniales denota el predominio de la ramplonería. El problema es que hace años que en Chile se validan conductas inciviles como si fueran expresión de cultura o conciencia social. Se ha estimulado el imbunchismo, ese cultivo de la fealdad del que hablaba Joaquín Edwards Bello. Algo que también es apreciable cuando se construyen ampliaciones o rascacielos sin criterio estético.

El mejor ejemplo del daño que ha generado el imbunchismo cultural, donde cualquier cosa por grotesca que sea es considerada cultura o arte, es sin duda Valparaíso. Bajo la apelación a lo carnavalesco se instaló una cultura de la indecencia que, con performances truculentas mediante, ha terminado por convertir al puerto en un gran baño público.

El creciente deterioro de algunas ciudades chilenas refleja el declive de nuestra civilidad. Semanas atrás, por ejemplo, se viralizó la imagen de un sujeto orinando en un andén del Metro. Fue la guinda de la torta para un proceso de deterioro, del históricamente ordenado servicio de Metro, que comenzó con la invasión del comercio ambulante en sus estaciones. Toda esta majamama ha derivado en un desorden que incluye constantes agresiones al personal de Metro que intenta despejar espacios y evitar la evasión del pasaje, otra clara expresión de la generalizada falta de cultura cívica.

El respeto de las normas es esencial para vivir civilizadamente. Pero no todo puede depender de la fiscalización. La cortesía es importante como norma social básica. Antiguamente, las iglesias, las escuelas, los clubes e incluso los partidos políticos cumplían un rol importante en cuanto a promover la civilidad en ese sentido. Ahí se aprendían normas de urbanidad. El problema es que, en Chile, al parecer, se presumió que el simple acceso al consumo generaría eso entre los ciudadanos. Un error garrafal que Tocqueville advirtió al resaltar la importancia de la asociatividad como base de la democracia. Así, el valor del trabajo y la compostura fueron reemplazados sin más por la simple pasión por el dinero y el consumo. Ello en parte explica el auge del llamado lumpen consumismo y la cultura narco en Chile, junto con el notorio declive de la cortesía como pauta de conducta. Todo esto no es un tema de riqueza o pobreza, ni de clases sociales, sino un problema ético.

El mejor ejemplo de lo anterior son los liceos emblemáticos. El nivel de incivilidad entre algunos de sus estudiantes supera la capacidad de los docentes de imponer autoridad, lo que ha llevado el asunto a un nivel policial. Pero tampoco hay que ser hipócritas. Es decir, qué clase de civilidad esperamos si algunos mal llamados profesores, como Roberto Campos, actúan como vándalos.

El problema es que la incivilidad es terreno fértil para los delincuentes. Sean chilenos o extranjeros. Piense en los automóviles sin patente y como eso alimenta la impunidad. Algo similar ocurre con las tomas, que se han vuelto terreno fértil para mafiosos, como los asesinos del carabinero Daniel Palma, que venden terrenos o cobran arriendo por propiedades que no les pertenecen.

Frente a todo esto hay que hacer cumplir las leyes con rigor y claridad. Se deben evitar medidas contraproducentes como la anunciada por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien dijo: «cada vez que vuelvan a rayar, pintaremos nuevamente, una y mil veces». Pero, subvencionar el vandalismo no es la solución.

La crisis de seguridad en Chile se hace más compleja porque es en la disociación que produce la incivilidad donde no solo permea la criminalidad, sino también la demagogia y el autoritarismo. No vaya a ser que, bajo la promesa de seguridad, terminemos gobernados por un encapuchado de la primera línea, un líder de una barra brava o un típico caudillo latinoamericano. Lampadia