Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El gran fracaso de los últimos 30 años en el Perú, ha sido no haber logrado un Estado eficiente y eficaz, que acompañara la gran revolución desarrollada por el sector privado en el ámbito productivo.

El Estado peruano, desde los gobiernos nacionales, regionales y municipales, ha saboteado el desarrollo integral del país, trabando y entorpeciendo las actividades de los ciudadanos y de las empresas, además de haber propiciado la corrupción, especialmente desde los gobiernos sub-nacionales.

El año 1990, después de 30 años de un izquierdismo torpe, el Perú se tornó en un ‘Estado Fallido’:

• Los ingresos del Estado habían colapsado a 3.8% del PBI (de un PBI 8.6 veces menor que el de 2019)
• La pobreza afectaba al 60% de la población
• Las empresas privadas más grandes facturaban US$ 600 millones anuales, cuando las de Ecuador facturaban más de US$ 1,500 millones por año

Desde entonces, con normas más modernas y predictibilidad de las políticas públicas, esencialmente, de la mano de la Constitución de 1993, el sector privado se volcó a invertir, liderando el crecimiento de la economía, aumentando los ingresos de los trabajadores, e incrementando sustancialmente los ingresos del Estado. La inversión se dirigió mayormente a las regiones, generando mayores incrementos de ingresos que en Lima, incluyendo al sector rural. Ver en Lampadia: Las cifras de la prosperidad y La prosperidad sin precedentes del Perú.

En sentido contrario al del sector privado, que buscaba mejorar su productividad, el Estado se burocratizó, multiplicó leyes y normas y malgastó sus importantes nuevos y abundantes ingresos, en obras faraónicas, o inconclusas y en corrupción, especialmente en las regiones.

Entre el año 2000 y 2020, la burocracia pura, excluyendo a los maestros, médicos, enfermeras, jueces, fiscales, militares y policías, creció en diez veces.

En el mismo período, el presupuesto del sector de salud, el más sencible a las necesidades de la población, creció en siete veces en términos reales, mientras la calidad del servicio se deterioraba y la corrupción crecía, con médicos que se ausentaban a sus consultas privadas, se malograban los equipos para vender servicios individuales y se saboteaban los mejores desarrollos, como los de los hospitales de bata blanca de Essalud, que no se puedieron replicar desde hace más de diez años.

Lo que necesita el Perú es priorizar la mejora de la calidad de los servicios públicos de salud y educación, desrrollando una gran reforma del Estado, que instale procesos eficientes y transparentes y meritocracia, convocando a los mejores profesionales. Para eso hay que pagar bien a los funcionarios públicos, todo lo contrario de lo que ahora plantea el gobierno de Castillo.

Veamos al respecto, el reciente informe del IPE:

LOS PERJUICIOS DE TENER SALARIOS MENOS COMPETITIVOS EN EL SERVICIO CIVIL

Instituto Peruano de Economía (IPE)
Teodoro Crisólogo, Fernando Gonzáles y Rodrigo Chang
12 de agosto del 2021

Desde el periodo de campaña electoral, el actual Presidente de la República Pedro Castillo ha señalado, en múltiples ocasiones, que en su gestión implementará medidas para terminar con las “planillas doradas” de funcionarios en el Estado. Recientemente, este planteamiento se ha materializado a través del anuncio de la reducción de las remuneraciones de los congresistas, ministros y altos funcionarios del sector público a la mitad.  Esta propuesta, además de posiblemente traer consecuencias vinculadas a una mayor corrupción y menor calidad en los servicios públicos, representa una interrupción de los esfuerzos que han venido desarrollándose para modernizar la gestión  pública a través de un servicio civil cada vez más profesional y meritocrático.

Antecedentes

Durante los  últimos quince  años,  las  remuneraciones de  los  cargos  directivos del  Estado  han  estado expuestas   a la  falta   de  continuidad en  la  ejecución de  políticas salariales que  faciliten la  retención y atracción de talento al sector  público.

Entre el 2006 y 2011, durante el segundo gobierno de Alan García, se redujeron los sueldos de los ministros de Estado de S/  42,000 a S/  15,600 con  la  finalidad de implementar medidas de austeridad en  el  gasto público. El recorte remunerativo fue también aplicado para el caso de congresistas, presidentes regionales, alcaldes, consejeros regionales y regidores. Más adelante, durante el gobierno de Ollanta Humala se revirtió parcialmente esta medida a través del aumento de los sueldos  de los ministros a S/ 30,000, nivel salarial que se ha mantenido hasta la actualidad.

Recientemente, en el año 2020, se redujeron de manera temporal las remuneraciones de altos funcionarios públicos durante los meses de junio, julio y agosto, con el objetivo de orientar recursos hacia la ejecución de acciones de mitigación para frenar la propagación del COVID-19. Aquellos funcionarios con sueldos entre S/ 15,000 y S/ 20,000 tendrían una reducción del 10% de su salario, mientras que en el caso del personal con una remuneración por encima de S/ 20,000 el descuento fue del 15%.

Es necesario   resaltar que  los  altos  funcionarios del  sector   público no  sólo  comprenden a  ministros, congresistas, gobernadores regionales o alcaldes,  sino  también a servidores públicos que  laboran en el Estado bajo los esquemas de contratación que brindan el Fondo de Apoyo  Gerencial  (FAG), y el régimen de Personal Altamente Calificado (PAC). Es una práctica usual en la gestión de recursos humanos en  entidades públicas  que los gabinetes de asesores y los directores generales  de los ministerios, así como los gerentes o directores sectoriales de  los  gobiernos regionales o municipalidades, se encuentren contratados bajo estas modalidades que ofrecen remuneraciones que van desde los S/ 8,000 hasta los S/ 25,000.

¿Son competitivos los salarios del sector público en el Perú?

La  propuesta  de   reducir  las   remuneraciones  para   cargos   directivos  en   el   sector   público   asume implícitamente que estos deben  estar  dispuestos a ganar salarios  menores  a los que podrían recibir en el sector  privado, ya que su principal motivación tendría que estar  asociada al servicio del país. Si bien este supuesto puede ser razonable, diferencias muy significativas entre los sueldos del sector público y privado podrían ir en contra de la atracción de personal calificado para desempeñar funciones clave al interior de la burocracia gubernamental. En efecto, la evidencia a nivel internacional apunta a que en realidad la mayoría de los países cuentan con un servicio civil que ofrece una mayor competitividad salarial que en el sector  privado.

Según cifras recopiladas por el Banco Mundial con datos al 2015 – sobre la base de un análisis de encuestas de hogares en 72 países – lo trabajadores del  sector público a nivel global reciben un  beneficio salarial de 9% en  comparación  con  los  empleados  asalariados  en  el  sector   privado  que  poseen   características demográficas y niveles de calificación similares.

Esta figura se replica en el caso de algunos países de América Latina como Brasil, Chile y Colombia, donde – en promedio – los trabajadores reciben un 23% de salario adicional si deciden participar en el mercado laboral a través de entidades del sector público en vez de asumir cargos con niveles de responsabilidad equivalentes en el sector privado. Por el contrario, el sector público en el Perú impone una penalidad salarial de 8% a aquellos trabajadores que optan por desempeñarse como funcionarios del Estado. Más aún, la brecha remunerativa es mayor para el caso de cargos que demandan un alto grado de instrucción profesional como gerentes o personal de alta dirección, donde las pérdidas salariales llegan hasta el 52% del sueldo que se podría percibir como trabajadores similares en empresas privadas.

De esta manera,  el recorte de sueldos de altos  funcionarios del sector  público planteado por el Presidente Castillo podría volver incluso menos atractivas estas plazas para el personal con  las  mejores calificaciones y, por  el contrario, ocasionar una fuga  de talentos desde entidades gubernamentales hacia  empresas  del sector  privado.

En esa línea, de acuerdo con Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, reducir los salarios de los ministros a  la  mitad  no   resulta   competitivo  con   las  remuneraciones  que   ofrecen  los   organismos internacionales o  el  sector privado a las  personas con  perfiles para ocupar estos cargos. Una potencial consecuencia de la reducción de los salarios ministeriales sería una escala remunerativa menos competitiva para funcionarios de menor jerarquía, lo cual generaría desincentivos para retener y atraer a personal técnico calificado en el sector público.

Mayor corrupción y peores servicios públicos

El Centro de Recursos Anti-Corrupción (2009) revela que en el caso de países en vías de desarrollo una de las   consecuencias    que   trae    consigo    la   persistencia de   salarios    para  funcionarios  de   entidades gubernamentales en   niveles bajos es la  reducción en   la  eficiencia y productividad en   la  provisión de servicios básicos, además de crear  incentivos y oportunidades para  la corrupción y el uso inadecuado de los recursos  públicos.

La lógica detrás de esta conclusión es que los servidores públicos mal remunerados encuentran diferentes estrategias – basadas en su mayoría en el clientelismo y la creación de situaciones favorables a conflictos de interés – para compensar sus bajos salarios, en línea con lo sugerido ya previamente por los trabajos de Becker y Stigler (1974) y también de Akerlof y Yellen (1994).  Además, con sueldos poco competitivos frente al sector privado, es limitada la capacidad que podría llegar tener el servicio civil para atraer y retener a recursos humanos con altos niveles de calificación, motivación y ética profesional, lo cual perjudicaría a la calidad  en la provisión de servicios públicos (Gindling  y otros,  2020).

En el caso peruano, una medida como el recorte de salarios de los altos funcionarios del sector público podría acentuar los problemas que exhibe en materia de corrupción y la calidad de los servicios básicos que brinda el Estado.

Según estimaciones de Shack y otros (2020), en el 2019 el perjuicio económico generado por la corrupción y la inconducta funcional ascendió a cerca de S/ 23 mil millones, lo cual representa aproximadamente a 3% del PBI y al 15% del presupuesto público ejecutado durante ese periodo. Al desagregar este cálculo a nivel subnacional, los autores encuentran que las pérdidas por corrupción han sido mayores – en promedio – en aquellas regiones que presentan un menor nivel de desarrollo económico y social.

Contrarreforma del servicio civil

La reducción salarial del personal de alta dirección del sector público también iría en contra de los avances que ha mostrado el servicio civil en el Perú desde la década de los 2000.

En efecto, de acuerdo  con el Índice  de Desarrollo del Servicio Civil  (IDSC) elaborado por  el BID, el puntaje obtenido por  Perú  pasó  de  15  a 41  puntos   entre  el  2004 y 2015, uno  de  los  mayores crecimientos registrados entre  los países de América  Latina  analizados. No obstante, los niveles alcanzados aún sitúan al servicio civil peruano en un grado de desarrollomedio – entre 40 y 59 puntos en el IDSC – según la clasificación del BID, por debajo de otros países como Chile y Brasil, que son calificados como sistemas profesionales para la gestión de servidores públicos – con puntajes que oscilan entre 60 y 100 puntos.

Al comparar el desempeño del Perú respecto de Chile en los criterios de análisis del IDSC, se encuentra que uno los aspectos de mayor rezago es la gestión de las compensaciones de los servidores públicos. En este subsistema, a pesar de los recientes avances, el Perú alcanza un  puntaje que refleja un  bajo nivel de desarrollo, afectado en la práctica, tal como señala Iacoviello (2015),  por una baja competitividad salarial y la ausencia  de una coherencia estratégica en la determinación de las remuneraciones de los funcionarios públicos.

De acuerdo con Cortázar y otros (2014), la consistencia y continuidad de adecuadas políticas salariales es un gran punto diferencial en los servicios civiles a lo largo de América Latina.  Los autores señalan que los sistemas más sólidos encuentran soporte en cuatro pilares:

1. voluntad política, para posicionar y abordar el tema en la agenda del Poder Ejecutivo y Legislativo;
2. visión estratégica de la escala salarial del sector público, con metas y una secuencialidad basada en méritos,
3. herramientas técnicas para gestionar incentivos por resultados, y
4. alta coordinación entre la entidad rectora de los recursos humanos y la autoridad presupuestal.

En Perú los avances en este aspecto se han materializado a través de la introducción de esquemas de incentivos salariales basados en resultados de gestión como lo ocurrido con el Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP), que inició en el 2009 y es actualmente liderado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil  (SERVIR). Los   gerentes    que   forman parte   de   este   programa son   constantemente  evaluados  para   que   sus remuneraciones se encuentren basadas en criterios de productividad y generación de valor que aportan a la institución donde  son asignados.  Algunos  resultados que exhibe  la incorporación de funcionarios mejor remunerados a diferentes gobiernos subnacionales ha sido el incremento de más de 90% – en promedio – en la ejecución del presupuesto asignado  a inversión pública (SERVIR, 2014)[1]

El Gobierno  entrante, en lugar  de plantear medidas  que reducirían el atractivo del sector  público a través de  una  escala  remunerativa poco  competitiva, podría   impulsar  políticas que  permitan  solucionar los problemas de fondo en la gestión  de compensaciones del servicio civil peruano.  Videnza  Consultores, por ejemplo, propone la actualización del reglamento de compensaciones de la Ley SERVIR – Decreto  Supremo N° 138-2014-EF –, con  la  finalidad que sea adecuado a los  perfiles de puesto desarrollados considerando las  escalas  vigentes y las  experiencias en  el  CGP. Asimismo,   sugiere  la  aprobación de  una  normativa simplificada para un  acceso más rápido a la nueva carrera pública promovida en  el marco de la Ley  SERVIR.

La efectividad de un Estado para cumplir con las expectativas de la ciudadanía, solo será posible si el sector público es capaz  de atraer con remuneraciones competitivas a servidores motivados y con la capacidad para implementar políticas y servicios de forma óptima. Lampadia

Bibliografía

Akerlof, G., & Yellen, A. (1994).  Gang behavior, law enforcement, and community. En H. Aaron, T. Mann, & T. Taylor, Values in Public Policy. Washington, D.C.: Brookings Institution.

Anti-Corruption Resource Centre. (2009).  Low salaries, the culture of per diems and corruption.

Transparency International.

Becker, G., & Stigler, G. (1974).   “Law   enforcement, malfeasance, and the compensation of enforcers. Journal of Legal Studies, 2, 1-19.

Gindling, T., Hasnain, Z., Newhouse, D., & Shi, R. (2020).  Are public sector workers in developing countries overpaid? Evidence from a new global dataset.  World Development, 104737.

Lacovello, M.  (2015).   Diagnóstico institucional  del  servicio   civil   en  América   Latina:   Perú.

Washington, D.C.: BID.

Lacovello, M., & Strazza, L. (2014).  Diagnóstico del servicio civil en América Latina. En J. Cortázar Velarde,  M. Lafuente, & M. Sanginés,  Al Servicio  del Ciudadano  – Una Década de Reformas  del Servicio Civil en América  Latina (2004-2013) (págs. 13-58). Washington, D.C.: BID.

SERVIR. (2014).  Nuevos  Gerentes para  un Nuevo  Estado:  el Cuerpo de Gerentes Públicos  como

Modelo de Dirección Pública en el Perú. Lima: SERVIR.

Shack, N., Pérez, J., & Portugal, L. (2020).  Cálculo del Tamaño  de la Corrupción y la Inconducta Funcional   en  el Perú:  Una  Aproximación Exploratoria.  Lima, Perú:  Contraloría General de la República del Perú.

Como podemos apreciar en los cuadros del Índice de Competitividad Regional, la disparidad de performance entre el sector público y privado, ha devenido en un país que pudo crecer y disminuir la pobreza, con el gran impulso de la inversión privada; pero no pudo lograr que el Estado, gobierno central, y gobiernos regionales, entendieran que su rol es promover el desarrollo integral, la inversión y el empleo, antes que el juego de poder y los afanes presupuestívoros.

Es difícil encontrar un gobierno regional que entienda que el sector privado es su socio en el desarrollo y que promueva la inversión privada. Solo les interesa incrementar sus presupuestos, sobre los que no rinden cuentas, ni a la población, ni a la estructura estatal.

La revisión de la estructura del Estado y el proceso de descentralización, deben ser una de las reformas más importantes para permitir el desarrollo integral y sostenido.

Veamos los resultados del Incore 2021:

INCORE
Índice de Competitividad Regional

IPE – Instituto Peruano de Economía
Editado y comentado por Lampadia

“El Instituto Peruano de Economía (IPE) presenta por noveno año consecutivo el Índice de Competitividad Regional –INCORE 2021– como parte de su esfuerzo por analizar y dar a conocer los avances en el desarrollo económico y social de las regiones del Perú. La compresión y el estudio comparativo de las dinámicas económicas y sociales de las regiones permite identificar su nivel de competitividad relativo y los factores que la determinan. Ello resulta fundamental para la discusión y la toma de decisiones de políticas públicas que impulsen el desarrollo a nivel regional, más aún en un contexto particularmente adverso a raíz de la crisis sanitaria a nivel mundial.

El INCORE cuantifica la posición relativa de las 25 regiones a través de seis pilares de competitividad: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Los seis pilares comprenden un total de 40 indicadores, los cuales se construyen a partir de los últimos datos disponibles de las fuentes oficiales. A partir de la edición 2018, se presenta información desagregada para Lima* (comprende a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao) y Lima Provincias.

El INCORE intenta replicar, en la medida de lo posible, la metodología usada por el Foro Económico Mundial para la elaboración del Índice de Competitividad Global. Con dicha metodología, se calcula la dinámica de la región y la diferencia respecto a otras regiones, lo cual permite determinar su nivel de competitividad relativo.

De esta manera, el índice constituye una fuente de información oportuna que permite analizar las condiciones económicas y sociales de cada región e identificar sus principales fortalezas y debilidades. Con ello, se pueden centrar los esfuerzos e implementar políticas públicas adecuadas que generen un mayor impacto sobre su desarrollo”. IPE

Como podemos ver en el siguiente gráfico, las regiones más competitivas, aparte de Lima, son las que tienen un buen desarrollo minero, como Arequipa, Moquegua y Tacna, más Ica, con el desarrollo de las agroexportaciones.

Minería y agroexportaciones, los mejores motores del crecimiento y generación de empleo de calidad, son los sectores más atacados por nuestras izquierdas retrogradas. ¿Casualidad o urgencia política de cortarle las piernas al desarrollo peruano?

El siguiente gráfico muestra el PBI de cada región. En el que destacan Arequipa, La Libertad, Cusco, Ancash y Piura.

Aprovechamos para dar una información que se viene distorsionando. El PBI informal es solo el 18%. No confundir con el empleo informal que supera el 75%.

Esta diferencia se da por las diferencias de productividad laboral de las múltiples empresas pequeñas, que es muy baja, versus la alta productividad de las empresas más grandes. Es importante tener claridad sobre estas cifras, pues hay gente interesada en crear confusión y desaliento.

En 1950, la esperanza de vida en el Perú era de solo 43 años. Ahora, la región menos desarrollada tiene una esperanza de vida mayor a 74 años. Este índice muestra que en las últimas décadas hemos tenido un importante desarrollo social. Contrario al destructivo verbo de los enemigos de la economía social de mercado, que es el vehículo de la prosperidad que de continuar generando bienestar, dejaría sin discurso político a las izquierdas, que solo buscan acceder al poder político, olvidándose del bienestar de la población.

El siguiente indicador también muestra que las regiones que han recibido más renta del sector minero, han generado mejores niveles de educación.

Vale recordar que la educación privada ha mejorado sustancialmente. Lamentablemente, el Estado, en vez de asociarse a ese desarrollo, pretende destruirlo y aplanar a todos hacia abajo. Vean la comparación de la calidad educativa del sector público y privado, con relación a la región latinoamericana:

En empleo adecuado, Ica destaca sobre todos los demás. Como dice Fernando Cillóniz, ex gobernador de Ica:

¿A qué conclusiones llega el INCORE 2021 con respecto a Ica en el ámbito laboral? Pues que Ica es la región mejor rankeada en materia de empleo adecuado. Incluso, mejor que Lima, Arequipa, Tacna, Piura… mejor que todas. Entonces cabe la pregunta ¿a qué se debieron las violentas protestas laborales de diciembre pasado? ¿Por qué no protestaron los trabajadores de las regiones peor rankeadas? ¿Por qué Ica fue el centro de atención a nivel nacional por supuestos maltratos laborales? ¿Acaso no somos la región que lidera el empleo adecuado en todo el país?

Al pan, pan; y al vino, vino. Las protestas de diciembre pasado en Ica fueron un farsa política – ideológica donde primó la mentira, la demagogia y el vandalismo.

En cuanto a calidad de la gestión pública, todas las regiones están jaladas. Sin embargo, parece que no hay conciencia sobre esto, pues no se llega a entender que desde la equivocada descentralización, los servicios de salud y educación dependen en gran medida de los gobiernos regionales y ya no del gobierno central.

El siguiente indicador es tal vez el que debiera llevarnos a concluir que es una barbaridad que en el Perú, la ideología y la política estén por encima del bienestar de la población. Por ambas razones es que tenemos pésimos servicios sanitarios de agua y desagüe. Trampas políticas que en vez de superarlas se profundizan cada vez más. Por ejemplo, el cuadro muestra que ninguna región tiene continuidad en la provisión de agua. O sea, 24 horas de servicio ininterrumpido, como debe ser. Por ejemplo, Piura, Ica, Tumbes y Loreto, tienen menos de 10 horas diarias de agua. Un escándalo, que muestra con claridad que para nuestros políticos, la población vale menos que el poder político.

Ver el portal de INCORE en: https://incoreperu.pe/portal/

Saludamos el trabajo del IPE, y esperamos que otras instituciones y gremios hagan y difundan más análisis al respecto. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 21 de mayo de 2021
Para Lampadia

El 2020 fue un año brutal. A diferencia de lo que veníamos logrando en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza, el año pasado ésta aumentó casi 10% a nivel nacional. El retroceso económico y social fue tal, que ahora – dramáticamente – uno de cada tres peruanos es pobre. ¡Hemos retrocedido diez años! Repito, el 2020 fue un año brutalmente empobrecedor.

Pero escarbemos más acerca del tema. ¿Cuál fue la región que más se empobreció el año pasado? Aunque parezca mentira… Lima. Antes de la pandemia, 14% de los limeños – migrantes la mayoría – eran pobres. Ahora, 28%. ¡La pobreza en Lima se duplicó el año pasado!

La pandemia – ciertamente – tuvo mucho que ver con el empobrecimiento de nuestros compatriotas en todo el país. Pero ¿por qué nos fue tan mal a los peruanos, y a otros no tanto? Me refiero a otros países. ¿Por qué tuvimos la más alta tasa de mortalidad, y la mayor caída económica y productiva… del mundo? ¿Por qué fuimos el país que peor manejó la pandemia a nivel mundial? ¿Por qué?

Por lo que he podido indagar y comparar con otros países, el Perú fue el país que menos recurrió al sector privado – léase empresas – para confrontar la pandemia. El Estado, sólo el Estado, y nadie más que el Estado debía actuar frente a la pandemia. El resto… inmovilización social y confinamiento total. #YoMeQuedoEnCasa. ¡Absurdo!

Efectivamente, nuestro Gobierno fue el que estableció la cuarentena más radical del mundo en materia empresarial, al inicio de la pandemia. Todas las empresas mineras, pesqueras, industriales, constructoras, hoteleras, restaurantes, cines… todas tuvieron que parar compulsivamente, por disposición del Estado. Las únicas excepciones fueron la agricultura, algunos comercios, la salud, y unos cuantos servicios básicos más.

Sigamos escarbando. ¿Cuál fue la región a la que mejor le fue – económicamente – en el 2020? Según un reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ica fue la región que registró menos pobreza a nivel nacional. Objetivamente – según el INEI – Ica tiene menos pobreza que regiones como Arequipa, Piura, La libertad, incluso Lima Metropolitana. Y ni qué decir si nos comparamos con la pobreza en regiones de la Sierra y Selva del país.

La pregunta es ¿cómo así Ica registró la menor pobreza del país? Y la respuesta es obvia: por sus empresas y sus trabajadores. Y particularmente por su agricultura exportadora, la cual – gracias a Dios – no paró por la pandemia.

Entonces ¿por qué las protestas contra las agroexportadoras de Ica en diciembre pasado? ¿Por qué el presidente Sagasti – feliz – derogó raudamente la Ley de Promoción Agraria, que tanto empleo formal y desarrollo social había generado desde su promulgación en el año 2000?

Atemos cabos. El común denominador detrás de toda esta – aparente – insensatez es la fobia empresarial de parte de nuestras autoridades, secundada – valgan verdades – por algunos periodistas, académicos, políticos, y demás.

Por ello, precisamente – por la fobia empresarial – el Gobierno dispuso la paralización total de actividades empresariales que bien pudieron operar normalmente siguiendo los protocolos de seguridad por todos conocidos: distanciamiento social, protección facial y lavado de manos. Por ello – porque las aborrece – el Gobierno desestimó el ofrecimiento de numerosas empresas de realizar pruebas moleculares de COVID a sus trabajadores. Por ello – al inicio de la pandemia – el Gobierno rechazó los ofrecimientos de algunas empresas textiles de fabricar mascarillas, prendas de vestir y sábanas para uso hospitalario. Y también por ello – en el colmo del estatismo retrógrado y acomplejado – el Gobierno rechazó ofrecimientos de oxígeno y compra de vacunas por parte de empresas mineras.

¡Cuánta pobreza, cuánto odio, cuánta injusticia, cuánta envidia, cuánta muerte nos está trayendo el estatismo a los peruanos! Lampadia

Hace un tiempo venimos escribiendo sobre el denominado “capitalismo consciente”, una tendencia corporativa que busca reformular el rol de las empresas desde su compromiso con la sociedad, con una misión y valores que expliciten el verdadero sentido de los negocios, como una fuerza creadora de bienestar. Ello más allá de su rol tradicional de maximización de ganancias en el largo plazo, enunciado por el economista Milton Friedman (ver Lampadia: Recuperando lo mejor del capitalismo).

En general en el Perú, los empresarios han evitado participar directamente en la política. Lo que es más, últimamente, los gremios empresariales han disminuido sustancialmente su participación en el debate político, dejando un vacío que viene siendo llenado por académicos, generalmente de izquierda, que no llegan a abogar por la consolidación de una economía de mercado sólida y convocante.

Esto, en un ambiente, desde el sector público, de una alarmante lejanía con el sector privado. Desde el gobierno de Humala, el sector público ha incorporado muchos funcionarios anti empresa y anti economía de mercado. Esto ha ido generando una absurda brecha con el sector privado, que llegó a su clímax en el gobierno de Vizcarra, en que incluso durante la emergencia nacional de la crisis sanitaria, no solo no se buscó el apoyo privado, sino que hasta se lo rechazó puniblemente, rehusando aceptar  donaciones de plantas de oxígenos y otros.

Además de esta actitud anti empresa del sector público, tenemos otro desarrollo muy pernicioso: el crecimiento de la burocracia pura, aquella que no incluye a los maestros, médicos, enfermeras, jueces y fiscales, y policías y militares, que desde el año 2020 ha crecido diez veces, sin correlato del crecimiento de la recaudación fiscal, que solo creció cuatro veces.

Como toda burocracia, se alimenta sola, creando cada día miles de normas que solo entorpecen al sector empresarial, desde la empresa más grande a la más pequeña, y al conjunto de la sociedad.

En estas condiciones la pregunta no es si los empresarios deben participar en política o no, sino que la sociedad civil, con los empresarios a la cabeza, no puede desentenderse del devenir del país.

En nuestra opinión, para evitar la participación en política y no caer en la búsqueda de la defensa de los intereses empresariales a puertas cerradas en las oficinas públicas, tenemos que fomentar una presencia transparente del sector empresarial en el debate público, ya sea mediante divulgación de propuestas a la opinión pública a través de sus gremios o, mejor aun, mediante el empoderamiento de Think Tanks y portales de análisis y opinión, que promuevan con autonomía la economía de mercado. Ver en Lampadia: Penetración de los Think Tanks en las redes.

Líneas abajo compartimos un artículo publicado por The Economist sobre este tema en EEUU. Lampadia

Empresas y democracia
El CEO político

Las empresas y la política se están acercando en EEUU, con preocupantes consecuencias

The Economist
15 de abril, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

Cuando los estadounidenses notan que las empresas y la política se mezclan en otros países, a menudo lo ven como un signo de decadencia institucional, capitalismo de amigos o autoritarismo. Hoy en día, la mezcla de gobierno y corporaciones está sucediendo en EEUU. A veces, eso se hace en pos de causas honorables, como en la protesta de los directores ejecutivos por las nuevas leyes que restringen la votación en Georgia y otros estados. A veces es visible en el estadista-CEO: el último manifiesto de Jamie Dimon, jefe de JPMorgan Chase, se pronuncia sobre adquisiciones militares y justicia penal, entre muchas otras preocupaciones importantes. En general, se refleja en la forma en que el Business Roundtable, un grupo de lobby, ha ampliado el ámbito empresarial para incluir el servicio a todas las partes interesadas para el éxito de sus empresas, comunidades y países.

Este periódico apoya firmemente la protección de los derechos de voto. Creemos que las empresas que operan en mercados competitivos impulsan el progreso social. No obstante, como liberales clásicos, también creemos que las concentraciones de poder son peligrosas. Los empresarios siempre presionarán para su propio beneficio, pero cuanto más se acercan al gobierno, más daño amenazan tanto a la economía como a la política.

EEUU fue pionero en la separación de las empresas de los políticos en el siglo XIX al poner fin al requisito de que las empresas de responsabilidad limitada sean autorizadas por el estado. Esta innovación fue contraria al patrocinio y ayudó a enriquecer a EEUU. Las relaciones entre el Estado y las empresas aún han sido turbulentas, desde la ambición y el injerto de la Edad Dorada hasta el corporativismo posterior a 1945. En las últimas décadas, el pensamiento dominante ha mirado a Milton Friedman, un economista del siglo XX que argumentó que la autoridad de los gerentes se deriva de los propietarios de las empresas, y que deberían priorizar los intereses de los propietarios, que suelen ser maximizar las ganancias a largo plazo.

Pocas empresas alguna vez estuvieron a la altura de ese ideal, pero hoy lo rechazan abiertamente debido a varias fuerzas. A medida que más ciudadanos quieren que las empresas apoyen las causas que aprecian, los directores ejecutivos que guardan silencio corren el riesgo de ser acusados de complicidad. Los administradores de fondos buscan evaluar los puntajes “sociales y de gobernanza” de las empresas, en respuesta a la demanda de sus clientes, y cobrar tarifas más jugosas. Las empresas de tecnología ejercen influencia sobre el discurso político. Muchos estadounidenses piensan que el gobierno de Washington está roto y pueden esperar que las empresas puedan llenar el vacío. Donald Trump intimidaba y seducía a las empresas. El presidente Joe Biden tiene una agenda de gran gobierno que se basa en una alianza con las empresas para lograr la renovación nacional, luchar contra el cambio climático y ceñir a EEUU contra el ascenso de China.

Incluso si esos objetivos son loables individualmente, todo esto equivale a un cambio en el papel de las empresas que conlleva riesgos subestimados. Uno es un despliegue de hipocresía que desacredita a todos. Muchos fondos de inversión con conciencia social están repletos de acciones de gigantes tecnológicos acusados de infracciones antimonopolio. Los miembros de la Business Roundtable que se comprometieron a cuidar de todas sus partes interesadas recortaron cientos de miles de puestos de trabajo el año pasado y están ocupados haciendo campaña contra los aumentos de impuestos para pagar el costo social de la pandemia. Querer defender los derechos de voto, que son fundamentales para la democracia, es natural. Pero eso conduce inevitablemente a la siguiente prueba: el apoyo a, digamos, nuevas leyes federales de votación, la reforma de la Corte Suprema y los boicots a China por los abusos de los derechos humanos en Xinjiang. Si los directores ejecutivos afirman que sus empresas son actores morales, ¿serán coherentes?

También está en juego el vigor de la economía. Los llamamientos a las empresas para que atiendan a todas las partes interesadas corren el riesgo de ser vacíos porque brindan poca orientación sobre cómo priorizar sus reclamos en competencia o medir el desempeño de los CEO. Un panorama empresarial saludable es heterogéneo, no uniforme: incluso en una economía que está creando puestos de trabajo, algunas empresas necesitan despedir a la gente, y un país que está reduciendo las emisiones todavía necesita algunas empresas para vender petróleo. Algunas de las empresas actuales ya están protegidas gracias a sus vínculos con el gobierno, a expensas de los innovadores externos que no lo están. Piense en Delta Airlines, que presionó en privado para enmendar la legislación electoral en Georgia. Es parte de un oligopolio que perjudica a los consumidores, acaba de recibir US$ 8,500 millones en efectivo del gobierno, redujo su fuerza laboral en un 19% durante la pandemia y es un importante contaminador.

El riesgo para los políticos es más sutil. Su inconsistencia es flagrante: los progresistas que alguna vez aborrecieron la participación de las empresas en la política ahora la instan, mientras que los líderes republicanos que se complacieron con las grandes empresas ahora quieren que se silencie. Pero los políticos desvían rutinariamente las acusaciones de hipocresía. El peligro real es que cuando se pide a las empresas que ayuden a resolver problemas políticos, como la reforma de las votaciones, los ejecutivos explotan su lugar en la mesa para promover sus propios intereses estrechos. Existe una profunda disonancia en la idea de que el descontento popular con la política puede resolverse dando más poder a una élite de CEO’s no electos.

La competencia que aprobó Friedman es una mejor forma de pensar sobre las empresas y la política. La competencia hace que sea legítimo y lucrativo adoptar el cambio social. En un mercado, las empresas deben anticiparse y adaptarse a las preferencias de la sociedad. Los consumidores quieren productos más humanos y menos derrochadores, por lo que las empresas están innovando para proporcionarlos, desde Beyond Meat hasta Tesla, lo que a su vez obliga a McDonald’s y General Motors a adaptarse. Para contratar al mejor personal, las empresas necesitan cada vez más culturas abiertas y diversas. Y para prosperar a largo plazo, las empresas deben anticipar cómo cambiarán las leyes sobre externalidades a medida que cambie la opinión pública. Hoy en día, pocos capitalistas harían inversiones duraderas basadas en el supuesto de cero impuestos sobre las emisiones de carbono o los suministros de los campos de trabajo en Xinjiang.

Quizás la nueva agenda corporativa sea solo otro frente en esta competencia: el marketing para ganar talento y clientes. Si es así, hay disponibles tácticas mejores y más efectivas, como el programa de Home Depot para aumentar la participación electoral entre su personal. Porque no se equivoquen, las empresas no sustituyen a un gobierno eficaz. Es el estado el que garantiza que los mercados sean competitivos y no estén sesgados por monopolios o corrupción. Solo los gobiernos pueden gravar externalidades como la contaminación y construir una red de seguridad social. Y la única forma legítima de mediar en las amargas divisiones de EEUU y proteger sus derechos fundamentales es a través del proceso político y los tribunales, no la suite ejecutiva. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Nunca se ha visto tan claro, que el gobierno de Vizcarra no se ocupó del tema de las vacunas para resolver el problema sanitario del Perú. Lo más probable, es que, con lo limitado de su mundo, no haya pensado en las múltiples opciones que la industria farmacéutica mundial le podía ofrecer, con posibilidades de éxito para el logro de vacunas eficaces, de laboratorios de primer nivel en el mundo y la conveniencia de lograr múltiples fuentes de abastecimiento de las mismas.

Con una típica mentalidad tercermundista, se acercó, principalmente, a Covax Facility, ONG orientada a apoyar a países en vías de desarrollo, pero no fue capaz de convocar y conectar con los principales laboratorios del mundo.

Tampoco fue capaz de convocar a los representantes de esos laboratorios en el Perú, ni de escuchar a quienes conocen de estos asuntos.

Es cierto que, para las cámaras, convocó al “Comando Vacuna”, pero ni Vizcarra, ni sus entonces ministros; Zamora primero y Mazzetti después, ambos burócratas de toda la vida, sin conocimiento de ese mundo globalizado, prestaron oídos ni se apoyaron debidamente en gente que, con la mejor voluntad del mundo y vocación de servicio al país, les hubiera resuelto el problema y abierto las puertas que ellos no conocían.

Más triste aún, cuando asume Sagasti, comete el mismo error, sigue apoyándose en la ministra Mazzetti, no deslinda con la incapaz gestión de Vizcarra y continúa la misma dinámica de no convocar y escuchar a los que saben algo más que ellos sobre este tema. Felizmente, Sagasti permitió apoyo logístico privado para plantas de oxígeno, suministro de oxígeno medicinal y aceptó, en aras de mayor rapidez, que el sector privado se ocupe de la logística y pago de la importación del primer lote de vacunas Sinopharm, desde China.

El problema de fondo es que, siguiendo el sentimiento de quienes jamás han gestionado nada en el sector privado, sino que han pasado la vida entre ONGs y entidades públicas o haciendo “consultorías”, ellos tienen un profundo recelo y resistencia respecto del sector empresarial. No entienden su dinámica, sus procesos y la necesidad fundamental de cumplir objetivos de calidad, tiempo y costos. ¡En el sector privado se paga por resultados!

Esta distancia y diferencia de óptica, los ha llevado también a impedir que el sector empresarial privado compre vacunas, maneje la logística del proceso de vacunación y lleguen al extremo de decir que, “no desean que el que tiene plata se vacune y que, el que no la tiene se quede sin vacunar”. Como si la diferencia entre el adinerado y el pobre, fueren a lo sumo 100 soles por las dos dosis de vacuna. Como resultado, en enero se anunció la compra de vacunas con arribo en febrero y ya estamos en abril, y hasta ahora, no tenemos un abastecimiento suficiente ni continuo de vacunas. En dos meses se ha aplicado vacunas a medio millón de personas, pero las dos dosis, sólo a 250 mil, mientras nuestro vecino Chile, ya pasó los 7 millones de vacunados.

Después de mucha insistencia y de haber negado, múltiples veces, el apoyo de las compañías aseguradoras y clínicas privadas para vacunar a sus afiliados, apareció como una sorpresa la noticia de que, el gobierno habría aceptado el apoyo de estas empresas, para que empiecen a vacunar a partir del 1 de abril. Todos los afiliados a seguros privados y clínicas, se alegraron pensando que el gobierno había reflexionado en aras de una vacunación más eficiente, menos aglomeración y mejor atención, pero no. Todo fue una “mecida”, el gobierno dispuso que esa disposición sólo sea válida para los que tengan únicamente seguro privado y ningún seguro adicional, tales como ESSALUD o SIS, sabiendo que, el 90% de los asegurados en EPS, son asegurados de ESSALUD.

Nuevamente la ideología los gana, pues ESSALUD y el SIS no tienen registros confiables y esto, también demora todo el proceso. Se ha reportado que, ESSALUD tiene un error de registro de 743,937 personas (7.7% de su población asegurada), lo que entorpece la vacunación. ¿Por qué no empezamos por la información más clara y fidedigna de las aseguradoras privadas? ¿Por qué no separar entonces a los afiliados de seguros privados y clínicas, utilizando para el resto de la población el registro de RENIEC, después de descontar los reportados de los seguros privados? ¿Es legal que a los ciudadanos se le impida el derecho a la vacuna por errores en las bases de datos de ESSALUD y SIS, en lugar de usar el registro de RENIEC? Total, todos debemos ser vacunados.

Como resultado, después de un año de “Estado de Emergencia Sanitaria”, tenemos reconocidos 52,000 fallecidos por COVID, pero más del doble según SINADEF y 1.54 millones de contagiados, pero por incapacidad burocrática, no contamos con oxígeno ni plantas de oxígeno, camas UCI, ni personal calificado en número suficiente para atender a una creciente población enferma y aún no tenemos un sistema de monitoreo y control sanitario, que permita confinar a la población contagiada. Hasta hoy, tampoco tenemos vacunas de calidad en cantidad suficiente, ni tenemos una logística de vacunación debidamente organizada (basta ver los videos de los ancianos de la PNP tratando de vacunarse en el hospital de Policía o asegurados, adultos mayores, haciendo cola de dos a tres horas, al sol y sin poderse vacunar).

El ofrecimiento de vacunación a los miembros de mesa de estas elecciones, ya quedó en nada e incluso, los ciudadanos que se prestaron para participar en el estudio Fase 3 de las vacunas chinas, pero que recibieron placebo, hoy están a su suerte y sin respuestas de nadie. El anuncio del Presidente, de contar con por lo menos 15 millones de vacunados para julio 2021, se redujo a 10 millones, más tarde a 5 millones y ahora, si Dios quiere y la Virgencita nos acompaña, a 3.5 millones.

En esencia, esto es una mezcla de incapacidad absoluta e indolencia que, con un manejo y lenguaje sibilino y edulcorado, ha llevado a la población a creer que las cosas progresan, sabiendo que no tienen soluciones a mano, ni en un plazo razonable. Las cosas así, ya pasaron de un nivel de negligencia a uno de comportamiento doloso, atentando contra los derechos constitucionales básicos de los ciudadanos. Felizmente, tres abogados constitucionalistas reconocidos, han planteado una acción de amparo de garantías constitucionales, para permitir que los ciudadanos tengamos acceso de manera libre, pública o privada, a las vacunas requeridas.

Todo indica que, en una típica actitud burocrática, este gobierno viene esperando, con Sagasti vacunado antes de tiempo, que el próximo gobierno se haga del problema. A esto en inglés se le llama “procastinating” y en criollo se le llama “una mecida”.

¿Será por esta “calidad de gestión” que el Partido Morado tiene 1% y fracción en las encuestas de preferencia electoral a la fecha? Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre la vacuna candente.

Participan como invitados Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, y Omar Neyra, doctor en salud pública, junto con Jaime de Althaus y Fernando Cillóniz, asociados de IIG

Omar Neyra

El sector privado está tramitando compras de vacunas. Conozco por lo menos tres grupos que están en proceso. Si no logramos inmunizar por lo menos al 60% de la población en los próximos tres meses, corremos el riesgo de enfrentar una tercera ola.

Antonio Pratto

Al 18 de febrero hay 13 billones de dosis comprometidas en el mundo. Ya se adelantaron los pagos por 8 billones de dosis.

El gran problema que tenemos es la oferta. Los rusos afirman que si se puede negociar con privados. El gobierno debería alentarlo, cosa que no afectaría en absoluto a los procesos que maneja el gobierno.

No perdemos nada si el sector privado empieza a negociar.

Fernando Cillóniz

Mi experiencia como gobernador de Ica me mostró que el Estado no funciona en el manejo de la salud. Es muy trabado, no detecta corrupción jamás. El problema no es presupuestal, es moral. No logro entender como el presidente, bien formado en las mejores universidades, ha dicho lo que dijo sobre la aplicación de las vacunas.

No entiendo que el presidente se oponga a la participación del sector privado. Es temerario. El futuro se oscurece con esta actitud.

Omar Neyra

Si entra otro operador al proceso, el tema sanitario avanzaría a mayor velocidad. No entiendo porque pusieron a la cancillería a negociar la compra de vacunas. El Minsa tampoco tiene experiencia en compra de medicamentos. Hay que poner a expertos a comprar.

Se debió poner a expertos del sector privado.

Antonio Pratto

Chile lo hizo bien desde el primer día. Con expertos del tema de medicamentos. Acá se puso burócratas sin experiencia. Por ejemplo se rechazó la oferta de Aztra Zeneca para marzo de este año.

Hace dos meses les dijimos firmen con Johnson & Johnson, hasta ahora siguen negociado. ¿Por que Colombia puede firmar contratos y el Perú no? ¿Los contratos para nosotros son diferentes, no lo creo?

Fernando Cillóniz

Yo viví al inicio de la pandemia las ofertas de las industrias de confecciones de Ica para hacer ropa especializada para el tema sanitario, mascarillas, etc., Nada, no se les permitió ayudar. Tampoco se dejó que Caritas apoyara en la distribución de alimentos, nada, no se permitió. Se ofreció apoyar con las pruebas moleculares, tampoco. Rechazaron ofertas de oxígeno.

Estamos hablando de una actitud. No depender para nada del sector privado. Hay una actitud, una ideología, que nos está llevando a la muerte.

Omar Neyra

No hay liderazgo en el tema de salud. Se contradicen entre las distintas partes. Hay que tener un liderazgo claro que permite implementar una buena estrategia sanitaria.

Hay que ir a los laboratorios a comprar lo que se pueda, un millón por aquí, otro por allá. Un grupo de expertos en salud tiene que ir a ver como compra vacunas pronto.

Antonio Pratto

Hay que firmar contratos. No hay otra cosa que hacer.

Lampadia

Recientemente una importante cadena de TV israelí destacó una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida en el exacerbado pesimismo que prevalece en los medios internacionales a pesar del inicio de la vacunación global: el descubrimiento de un medicamento con una efectividad del 96% frente al covid 19 (ver artículo líneas abajo).

Según estas fuentes, el mencionado fármaco “EXO-CD24” – que fue descubierto en un conocido hospital de Tel Aviv – ya se encuentra siendo impulsado en las más altas esferas del poder público en Israel para que pueda ser inoculado masivamente en los enfermos por covid con los permisos regulatorios necesarios y conforme se siguen desplegando las vacunas en el país que lleva la delantera global con más del 30% de su población ya inmunizada.

Desde ya deberíamos saludar esta iniciativa y dar cuenta de la enorme capacidad de innovación que tiene el sector privado y la ciencia para seguir dando batalla en esta pandemia. Ya lo vimos con la tecnología del ARN mensajero, que permitirá dar un salto cualitativo no solo en el ámbito de las vacunas sino en toda la ciencia médica que será beneficiaria de su uso (ver Lampadia: La innovación tecnológica se dispara).

Esperamos que en nuestro país aquellos que enarbolan el desprecio hacia el sector privado y sus aportes en la pandemia – como mostró el gobierno el año pasado enfrentando a la población con las farmacias, las clínicas y más recientemente, denegándole a los laboratorios a comercializar vacunas – vean esta noticia y recapaciten sus discursos. Probablemente el fármaco pueda constituirse como una posible cura al covid, de ser eficaz con todas las cepas, como ya han adelantado algunos entendidos del tema.

La pandemia solo podrá ser vencida con la colaboración del sector privado y la sociedad civil. No hay otro camino. Lampadia

El medicamento contra el coronavirus desarrollado en Israel es 96% efectivo, dice el hospital

Nati Shohat/Flash90Tel Aviv Sourasky Medical Center

i24NEWS
5 de febrero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

De los 30 pacientes que recibieron el fármaco, 29 mostraron una notable mejoría en dos días

Un hospital israelí puede haber encontrado la cura para el COVID-19 en un potencial cambio de juego en la lucha contra la pandemia global, según el Centro Médico Tel Aviv Sourasky, también conocido como Hospital Ichilov.

El desarrollador del medicamento, el profesor Nadir Arber del Centro Integrado de Prevención del Cáncer del hospital, lo administró a pacientes en condiciones moderadas y graves, informando una tasa de éxito impresionante del 96 por ciento.

El profesor Arber elogió al fármaco denominado EXO-CD24 como “eficaz y económico”.

“El medicamento se administra por inhalación, una vez al día, en un procedimiento que toma sólo unos minutos, durante cinco días”, especificó el profesor Arber.

“Se basa en exosomas que el cuerpo libera de la membrana celular y utiliza para la comunicación intercelular. Enriquecemos los exosomas con la proteína 24CD, que se sabe que juega un papel importante en la regulación del sistema inmunológico”, según el director del profesor Arber del laboratorio Dr. Shiran Shapira, quien ha estado realizando investigaciones sobre la proteína CD24 durante más de dos décadas.

De los 30 pacientes que recibieron el fármaco, 29 mostraron una notable mejoría en dos días y fueron dados de alta del hospital entre tres y cinco días después.

La paciente restante también se recuperó, pero su recuperación tomó más tiempo, dijo el hospital.

El ex coordinador del coronavirus de Israel, el profesor Ronni Gamzu, calificó el avance como “excelente” y dijo que ayudaría personalmente al profesor Arber a asegurar el visto bueno del Ministerio de Salud para probar el medicamento en un grupo más amplio de pacientes.

“Estoy orgulloso de que aquí en Ichilov estemos entre los líderes mundiales en encontrar la cura para la horrible epidemia”, dijo el profesor Gamzu, quien ahora ha regresado a su puesto como director ejecutivo del hospital.

No está claro si el fármaco es igualmente eficaz contra las cepas recientes y, según se informa, más virulentas del virus, incluidas las procedentes de Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil.

A pesar de su campaña de vacunación líder en el mundo, Israel ha seguido registrando un número de casos diario superior a los 5,000, a pesar del cierre nacional vigente desde el 27 de diciembre.

Desde el comienzo de la pandemia mundial el año pasado, el estado judío ha registrado más de 680,000 casos, incluidas 5,019 muertes. Lampadia

Tras haber sido uno de los países más golpeados por la pandemia – contaba con una de las cifras más altas en exceso de muertes por millón al cierre del año pasado – el Reino Unido ahora se asoma como uno de los líderes de la vacunación global, junto a Israel y EEUU, habiendo inoculado a casi la cuarta parte de su población. Ello le ha valido una notable reducción de sus contagios y muertes por covid 19 como se observa en el siguiente gráfico.

Fuente: Macroconsult

¿Qué lecciones se pueden extraer del país británico desde el Perú que aún se encuentra en un nivel bastante lento de vacunación, sin contar además de las carencias de oxígeno y cama UCI que limitan los niveles de atención en la primera línea y exacerban las muertes día a día?

Un reciente artículo publicado por The Economist presenta las líneas de acción emprendidas por el país británico que cualquier país debería implementar no solo en la pandemia sino para potenciar la innovación en muchos otros campos del desarrollo, a destacar: flexibilizar los procesos gubernamentales, explotar la data existente de contagiados para acometer aislamientos rápidos y lo más importante, trabajar de la mano con el sector privado.

En este último punto, The Economist es enfático en decir que esta relación fue clave para cerrar los contratos con las vacunas por el know how del sector farmacéutico que tuvo el equipo técnico que asesoró al gobierno, algo que en nuestro país por el contrario fue siempre rechazado.

Si bien en los últimos días el ministro Ugarte ha declarado que los privados pueden negociar con los productores de la vacuna rusa Sputnik V, la premier Bermúdez ha vuelto a torcer sus declaraciones mencionando que ninguna empresa privada podrá cerrar contratos con privados “por el momento”. Todo ello sin considerar que hay por lo menos 10 plantas de oxígeno donadas por el sector minero que no están operando por absurdas trabas burocráticas (ver Lampadia: Hay diez plantas [de oxígeno] paradas por burócratas).

Esperemos pues que nuestras autoridades tomen en cuenta del éxito que está siendo la experiencia británica y den cuenta sin el apoyo y la innovación del sector privado, difícilmente podremos darle buena batalla al covid 19. Lampadia

Chispas vuelan
Lecciones de la pandemia británica sobre la promoción de la innovación

Actuar con rapidez y eliminar las barreras es lo mejor que puede hacer el gobierno

The Economist
27 de febrero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

 “Lo que es importante rara vez es urgente”, declaró Dwight Eisenhower. “Y lo urgente rara vez es importante”. Eisenhower no tuvo que liderar a EEUU a través del covid-19. La urgencia y la importancia de la tarea durante el año pasado han desterrado casi todo lo demás de la mente de la mayoría de los líderes. Pero ahora que la vacuna está entrando en acción, el gobierno británico está comenzando una vez más a pensar en las cosas que importarán más adelante. La próxima semana, junto con un presupuesto diseñado para hacer frente a las tensiones fiscales en el país, se espera que publique un “plan de crecimiento” para impulsar la productividad, con la innovación en el centro.

El gobierno tiene razón al intentar tirar la palanca de la innovación. El mundo puede estar en el umbral de un boom tecnológico con las ciencias de la vida, en las que Gran Bretaña sobresale, en su corazón. La innovación es crucial para la productividad y, en este frente, el desempeño de Gran Bretaña se ha quedado a la zaga de sus competidores en los últimos años. Su bajo gasto en I + D -menos de las tres cuartas partes del promedio de la OCDE, como porcentaje del PBI- aboga por un impulso.

Aquellos que recuerdan la década de 1970 pueden considerar esto como un camino peligroso. La promoción de la innovación puede convertirse rápidamente en un ejercicio para elegir ganadores o, como suele ser el caso, perdedores. La compra por parte del gobierno de 500 millones de dólares el año pasado de una participación en OneWeb, una empresa de satélites en quiebra, sugiere que ha olvidado las lecciones humillantes de esa triste década. Un segundo peligro es que las agendas políticas se confundan. El gobierno ha prometido “nivelar” las áreas más pobres del país, por lo que las ciudades desfavorecidas están presionando para obtener más dinero para sus universidades. Pero tratar de impulsar la innovación enviando dinero a instituciones débiles probablemente lleve a que las universidades promedio produzcan ideas sin importancia. El sistema británico de financiación de la investigación es despiadadamente elitista. Debe permanecer de esa manera.

El primer paso del gobierno para impulsar la innovación fue el anuncio el 19 de febrero de un plan para una Agencia de Investigación e Invención Avanzadas (ARIA), que se basa en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de EEUU. Ese es un comienzo prometedor. El propósito de ARIA es financiar investigaciones de alto riesgo y alta recompensa, probablemente financiando directamente a científicos excepcionales. Pero el dinero no es todo lo que importa. La exitosa traducción de la investigación de las ciencias de la vida en tratamientos durante la pandemia sugiere algunas medidas económicas que también pueden marcar la diferencia.

Uno es acelerar los procesos gubernamentales. La rapidez con la que se movió el regulador médico británico durante la pandemia es una de las razones por las que el despliegue de la vacuna está atravesando la población y los medicamentos identificados en Gran Bretaña están salvando vidas en todo el mundo. La urgencia no es exclusiva de las pandemias. Hacer las cosas rápidamente puede hacer que una inversión valga la pena y determinar dónde elige un emprendedor como base.

Otra medida útil que el gobierno debería utilizar es su capacidad única para superar las barreras. Al comienzo de la pandemia, los investigadores de covid-19, por ejemplo, no pudieron acceder a diferentes líneas de datos de servicios de salud. El gobierno alivió las restricciones sobre los datos existentes y permitió que los investigadores pidieran a las personas que habían dado positivo por covid-19 que se unieran a los ensayos. Ambos fueron cruciales para el esfuerzo.

Un último principio es el valor de las conexiones entre el gobierno y el sector privado. Kate Bingham, una capitalista de riesgo que dirigió el esfuerzo de adquisición de vacunas, sabía cómo tratar con las compañías farmacéuticas. Muchos de los funcionarios que trabajaban con ella tenían experiencia comercial. La cercanía del gobierno con las empresas durante la pandemia ha sido criticada, y quizás se otorgaron algunos contratos inútiles a compinches. Pero sin él, el esfuerzo de la vacuna no habría tenido éxito.

La innovación llevó a los seres humanos de las cuevas a las computadoras. Es algo difícil de alcanzar. Una buena educación, un régimen de inmigración acogedor y un entorno empresarial amistoso harán más para atenderlo. Pero algunos principios sensibles pueden ayudar a mantener encendida la llama. Lampadia

Alejandra Benavides
Para Lampadia

Hace una semana, el Ministro de Salud, Oscar Ugarte, declaró que los privados podrían comprar, distribuir y comercializar vacunas. Nació la esperanza de que finalmente ideologías y mezquindades pasarían a un segundo plano, para dar espacio a la razón. Además, dejó claro que no habría ningún impedimento para que esto suceda, mientras que se dé en el marco de la Ley N°31091. “No es nuevo que haya una interacción público-privada para muchas cosas en salud. La ley dice ‘se autoriza la participación del sector privado con una sola condición’, que el precio no sea mayor al que ofrece el sector público”.

Sin embargo, días después retrocedió, e indicó que esto ya no se podría dar, pues alteraría el proceso de inmunización, y que por lo menos se debía esperar hasta que el Estado termine de cerrar los contratos con los laboratorios. Asimismo, dijo que “para que un privado pueda comprar, tiene que haber registrado el medicamento en Digemid. ¿Cuántas vacunas están registradas para que se pueda vender hoy? Solo dos: Sinopharm y Pfizer”. También se escudó en que “la norma solo impone una condición, que no contravenga el artículo 234 del Código Penal, que indica que cuando son bienes esenciales, como ha sido categorizada la vacunación, no pueden cobrar más de lo que cobra el Estado. El Estado no cobra, es gratuito”, anotó.

Acá hay tres premisas que el señor Ugarte está tomando como ciertas o “correctas”:

1. que los privados estarían dispuestos a vacunar sólo para lucrar,

2.  que como el Estado aún no cierra todos los contratos de compra necesarios – por las
       razones que ya conocemos, entonces los privados deben esperar

3.   que no se pueden hacer excepciones en situaciones de emergencia.

Primero, desde inicios de la pandemia en 2020, las empresas prestadoras de salud (EPS) aseguraron que cubrirían la atención médica para pacientes diagnosticados con COVID-19, por lo que la pandemia ya les ha costado bastantes millones de dólares. Vacunar gratuitamente a los más de 800,000 afiliados a un costo promedio de US$40 por persona, sumaría un total de US$32 millones más costos logísticos que serían marginales, pues diversas compañías de seguros tienen su propia red de clínicas y consultorios, así como convenios en los que pueden apoyarse para hacer una vacunación masiva. Este monto parece mínimo en comparación con los costos potenciales de continuar desprotegidos frente a esta y las próximas olas que parecen inminentes.

Segundo, Ugarte asume que es “correcto” esperar al Estado. Inclusive como argumento toma el que la mayoría de países sólo han hecho contratos gobierno-laboratorio. La diferencia con el Perú es que esos países han manejado mejor la pandemia, y han sido más eficientes en la compra de sus vacunas, así como más transparentes. A estas alturas no estamos en posición de rechazar posibles soluciones a algo que se ha salido completamente de las manos del Estado.

Tercero, estamos en una emergencia sanitaria, por lo que el Estado se debe adaptar a las nuevas necesidades y establecer procedimientos transparentes pero ágiles. En vez de poner trabas, debe dar todas las facilidades para que otros puedan solucionar los problemas que ellos mismos no pueden. Si las compañías de seguro quisieran comprar vacunas de Moderna, ¿no podrían?

Aquí parece que hay miedo de que, ante la posibilidad de que privados puedan comprar y distribuir vacunas, se deje al descubierto la incapacidad e indolencia de nuestros gobernantes y el Estado, así como la corrupción que habita en él. La ideología también parece cegar a muchos de lo evidente. Finalmente, un peruano vacunado es un peruano menos que contagia, un peruano con mayor probabilidad de vivir, no hay que ser genios para deducir esto. Lampadia

Referencias

https://gestion.pe/peru/vacunagate-minsa-sinopharm-oscar-ugarte-empresas-no-podran-comprar-vacunas-antes-que-el-estado-asegure-todas-las-dosis-nndc-noticia/

https://www.apnoticias.pe/peru/el-popular/oscar-ugarte-retrocede-con-participacion-de-empresas-privadas-y-vacunacion-a-miembros-de-mesa-405013

https://gestion.pe/economia/coronavirus-en-peru-apeseg-y-apeps-garantizan-cobertura-de-eps-y-seguros-de-salud-para-infectados-nndc-noticia/

https://andina.pe/agencia/noticia-tres-cada-10-trabajadores-formales-estan-afiliados-a-una-eps-747752.aspx

No podemos dejar la vacunación en manos del gobierno

Empresario Consciente
Para Lampadia

El problema de este gobierno (y muchos otros antes) es su ya comprobada inutilidad de gestión, por un lado, y la soberbia, por otro. Combinación mortal.

Creo que ya deberíamos haber dejado en libertad a los privados de adquirir las vacunas.

Estoy completamente seguro que en el sector privado tenemos la capacidad económica y de gestión para comprar y distribuir las vacunas.

Además, creo también que en el sector privado tenemos la grandeza moral para donar lo necesario no solo para vacunarnos nosotros sino a todo el Perú.

Sacando cuentas: necesitamos aproximadamente 50 millones de vacunas, a US$ 10 cada una, suman 500 millones de dólares.

¿No creen que podemos hacer una Campaña (tipo Teletón) y reunir ese dinero?

Por mi lado, en mi empresa, tenemos 30,000 clientes en la base de la pirámide social. Bien podríamos donar 30,000 vacunas.

Y si el gobierno permitiera ‘Vacunas por Impuestos’, fácil, pero recontra fácil, reunimos los 500 millones de dólares. Lampadia

Iván Arenas
Para Lampadia

Según una encuesta pasada, el 65% de peruanos se considera y reconoce en el arco conservador y semi conservador. Si a ello le añadimos otra encuesta en la que se revela que cuatro – Keiko, López Aliaga y Hernando de Soto, entre ellos- de los seis primeros candidatos representan de algún u otro modo las ideas conservadoras no queda sino reafirmar que el Perú popular se ve representado por estas ideas.

No obstante, si el Perú es un país de mayorías conservadoras ¿por qué la izquierda, con sus analistas, sus académicos y sus ONGs se las arreglan para colocar estratégicamente temas en la agenda política al margen de las verdaderas demandas de amplios sectores de la sociedad? ¿Por qué la izquierda, por ejemplo, intenta colocar en la agenda pública la legalización de la marihuana recreativa cuando el empleo cae estrepitosamente? 

Ahora, si vale decir, que si bien la izquierda es un reducto delgadito en las mesocracias, su capacidad de influencia en la política nacional tiene que ver más con la capacidad de desarrollar estrategias mediáticas y con la extraordinaria utilización de dinero público o extranjero financiando campañas en redes sociales, sin embargo esa discusión es harina de otro costal.

Pero como indicaba arriba, la orfandad ideológica en toda la izquierda la ha llevado a ser solo una pequeña porción que se arraiga sobre todo en las clases medias y altas, no obstante que en el Perú popular es un desierto.

Así como el mainstreem académico zurdo no sabe cómo procesar que la economía de mercado ha logrado un país menos desigual, con menos pobreza y con mercados populares, este mismo sector se resiste también a reconocer que en ese Perú conservador y plebeyo existen instituciones poderosas y arraigadas que va a contra pelo de los juicios ideológicos marxistas. Donde el académico zurdo vio y ve socialismo y auto gestión, hay en realidad capitalismo popular.

De allí que es entonces imposible explicar este Perú real sin la familia, sin la red vigorosa de mercados populares, sin la propiedad privada o sin el principio del orden, instituciones que están – como diría un marxista de viejo cuño- en la realidad concreta. Quizá, además y entonces es imposible entender este nuevo país sin el sector privado plebeyo que avanza a pesar de la pandemia o de las dificultades que impone el Estado.

No reconocer que hay un Perú real pero conservador le ha llevado al establishment académico zurdo a calificar a ese inmenso espacio como “virtuales iletrados”, “cachueleros” o “limeños pre modernos”.

En medida que se acercan las elecciones presidenciales se podrá ver con mayor nitidez este programa conservador y que explica de alguna manera también la vigencia de Keiko a pesar de la anti propaganda y los auges de De Soto y López Aliaga, candidatos que representan la defensa de la familia, el mercado y el principio orden, que no son sino instituciones populares que la academia zurda se resiste a ver. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ya estamos prontos a cumplir un año con la pandemia del COVID 19 y no hemos aprendido, ni mejorado nada. Para marzo 2020, cuando se declaró oficialmente la emergencia sanitaria en el Perú, nadie analizó ni evaluó debidamente la situación, nadie en el gobierno estableció una estrategia y peor aún, sin el menor dimensionamiento del problema, alcance e implicancias, decretaron una cuarentena de 15 días, que duró muchos meses. Una disposición efectista pero irracional ¡existo, porque doy órdenes!  Mientras se disponía el uso de mascarillas y del distanciamiento social, simultáneamente se enviaba a la gente de menores recursos, en transporte masivo, a hacer colas para recibir un bono que les llegó tarde, mal y en muchos casos, nunca. El monstruo de la corrupción se alimentó transfiriendo dinero a las municipalidades, etc.

En pocos días se dispuso la paralización de toda la economía, sin ningún criterio, sin análisis costo/beneficio. Dominados por la ideología, nadie estudió la tabla Insumo/Producto nacional, no definieron las actividades esenciales, ni aquellas que contribuyen a su funcionamiento. En suma, no había un ministro de economía que defina el funcionamiento adecuado de las actividades necesarias, para que nuestro sistema económico sufra lo menos posible, mientras controlábamos y combatíamos la pandemia.

El Perú demostró que, entre la regionalización y los gobiernos municipales, se había convertido en la versión actualizada de “La Torre de Babel”, pues mientras el gobierno general no sabía qué hacer y menos, mostrar alguna capacidad para disponer medidas racionales, paralelamente, los “reyezuelos sub-nacionales” dispusieron su control territorial, impedían el libre tránsito nacional, (no faltó un loquito, en La Molina, que quiso usar a las FFAA para que nadie entre al distrito sin su permiso).

Por otro lado, mientras contábamos con un Estado lleno de dinero, producto de la tributación del sector privado, pero no usado debidamente por los sucesivos gobiernos, el sector salud no contaba con una estructura adecuada que le permita un adecuado manejo de la atención primaria, menos con un equipo profesional honesto que defina y ejecute la estrategia sanitaria. En febrero de 2020, el MINSA determinó el uso de pruebas moleculares para definir un cerco sanitario, pero cambiaron a la ministra y el reemplazante optó por las pruebas rápidas y sin criterios adecuados.

El país contaba en ese momento con menos de 200 camas UCI y se fijaron el objetivo de contar con 5,000 camas UCI. No obstante, a la fecha, con menos de 1,700 pacientes, ya hemos saturado la capacidad instalada. Ha transcurrido casi un año y “hemos armado hospitales para las fotos de Vizcarra”, que hoy en la segunda ola, no existen. No tenemos respiradores, las empresas han donado plantas de oxígeno y el Estado ha llegado a declinar tales donaciones. Hay que resaltar, que mientras el 6 de mayo 2020, el presidente Piñera recibía en Santiago un avión de su Fuerza Aérea, con un primer lote de 117 respiradores, de un total de 500, en el Perú, Vizcarra y su ministro Zamora, andaban “como perro tras de su cola”, sin comprar pruebas moleculares, sin importar respiradores mecánicos, ni querer recibir oxígeno o plantas de oxígeno en donación de las empresas, al punto que a fines de julio 2020, la empresa privada entregó 30 respiradores fabricados por la Marina de Guerra del Perú.

Hoy tenemos las mismas debilidades y no hay lecciones aprendidas en aplicación.

Ahora, con las vacunas, somos el país que más tarde ha reaccionado a la necesidad de compra. Ni siquiera se toma decisiones de gobierno para traer el primer lote de un millón de estas en un avión de la Fuerza Aérea, tampoco de la empresa aérea privada que ofreció un avión y hasta para contratar los servicios logísticos de despacho de China al Perú, se requiere que el sector privado contrate el servicio y pague por éste.

La empresa privada, siempre ha estado en la primera línea para resolver los problemas del país, pero desde el aparato de gobierno, tal como decía mi abuelita, “ni se ponen ni se encluecan”, no toman decisiones, no ejecutan, no gestionan y al llenarse de “oenegeneros”, no tienen la menor idea de lo que es gerenciar. En conclusión, mientras todos los países del mundo están en plena vacunación, aquí pasan las semanas y nadie se ha planteado siquiera un plan comunicacional para invocar a la población a vacunarse, al punto que, hemos pasado de 22% en agosto 2020, a 48% a la fecha, que no quiere vacunarse.

Mención singular merece, que la ex-ministra de economía que le pagó a la ONG COVAX Facility US$50 millones para que nos ayude a conseguir vacunas, se haya ido a trabajar con ellos a Ginebra. (Ahí si no hay puertas giratorias, ni se trata de corrupción…). Debiéramos contar con una publicación detallada de los sucesivos ministros, que cierran contratos con ONGs, BID, Banco Mundial, entre otros y al término de su función, se van contratados por ellos.

¿Nadie le ha dicho a la “generación equivocada”, que fruto de sus marchitas de protesta, se ha triplicado el número de hospitalizados por COVID en sólo un mes de maduración de los contagios ahí generados y que producto de su gracia, ya no hay camas UCI disponibles en el Perú? ¿Que el gobierno no está trabajando un plan serio de pruebas moleculares y formación de cercos sanitarios, ni está agilizando la importación y aplicación masiva de vacunas? ¿Que no hemos aprovechado para progresar en la masificación de cuentas bancarias electrónicas, para posibles depósitos por bonos de forma bancarizada? Ojalá no se les ocurra volver a imponer las mismas medidas absurdas que no funcionaron en la primera ola, aunque por la prohibición de circular en vehículos privados los días domingo, ya me dan qué pensar.

Debiéramos dar a conocer estos hechos, a todos aquellos que reclaman más Estado. No nos confundamos, necesitamos un Estado pequeño, pero fuerte, ágil en la gestión y simple en su estructura, que use los recursos públicos en resolver las necesidades básicas de la población más necesitada y reduzca la burocracia que tenemos enquistada y que cada día destruye valor para la sociedad.

Bien decía Ronald Reagan, que; “El gobierno no es la solución a nuestros problemas, sino que, el gobierno es el problema.” Lampadia