Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En ‘El Arte de la Guerra’, Sun Tzu dice: “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla”.

Introducción

En los últimos 10 años se observa un crecimiento de los conflictos mineros en el país. Ese incremento está relacionado a la efectividad de las estrategias conflictivas desarrolladas por los grupos anti-mineros. Estas, hoy sistematizadas en sus manuales y cursos de formación de activistas[1], reflejan décadas de aprendizaje nacional e internacional en ese campo. Por ello es muy importante entender cuáles son y cómo funcionan.

Aclaración: Los conflictos mineros no surgen con las ONGs y partidos políticos que hoy viven de la conflictividad. Hacen muchas décadas que asistimos movimientos políticos y gremiales contrarios a las empresas mineras. Además, ya se sabe que la conflictividad social está ligada a las deficiencias institucionales del país, y que son esas deficiencias lo que hace que estos conflictos sean en gran medida, negocios muy rentables, económica y políticamente. Sin embargo, con las estrategias conflictivas desarrolladas por los anti-mineros, el problema se ha vuelto más complejo. Por ello, vamos explicar muy brevemente cuál es la lógica detrás de algunos de estos casos.

Dos tipos de conflictos

El uso de las estrategias para expandir la conflictividad depende del tipo de conflicto que los anti-mineros estén promoviendo. La experiencia de los últimos años permite identificar dos tipos:

1. Los primeros, los conflictos de bloqueo, pretenden bloquear proyectos nuevos. Como ejemplo tenemos los casos de Tambogrande, Majaz, Santa Ana, Conga, Tía María, y otros. En estos casos se busca impedir la realización de los proyecto extractivos.
2. Los segundos, los conflictos de desgaste, pretenden desgastar operaciones existentes, como en los recientes conflictos contra Xstrata en Espinar y contra MMG en Las Bambas.

Aún que sus intensidades son muy distintas, como las enfermedades agudas son distintas de las crónicas, ambos tipos de conflictos dificultan el desarrollo minero del país y alejan las inversiones.

En los “conflictos de desgaste” los anti-mineros tienen dos objetivos principales: El primero es propiciar una redistribución agresiva en favor de sectores de la población local afines a ellos. Esa redistribución agresiva, de darse, generaría un sistema de incentivos que estimularía aún más la conflictividad.  El segundo objetivo es llevar a la empresa minera a enfrentar un “cerco social” que impida cualquier potencial expansión de un proyecto recortando severamente la duración del mismo. En el Perú hay un grupo de empresas mineras que están hoy bajo cerco social y enfrentan grandes dificultades para dar continuidad a sus operaciones en el largo plazo. (Yanacocha y Cerro Quilish, por ejemplo).

¿Cuándo optan los grupos conflictivos por el bloqueo o el desgaste? Los conflictos de bloqueo se aplican cuando los proyectos están todavía en sus fases de exploración, de tramitación o de construcción.  Los conflictos de desgaste se promueven cuando no ha sido posible bloquear los proyectos y ellos ya están en operaciones.

Los grupos conflictivos también clasifican los conflictos mineros en esas dos categorías, pero eufemísticamente los llaman conflictos de rechazo y conflictos de convivencia. En su lógica interesada, la promoción de conflictos sociales es la forma más efectiva de establecer una convivencia pacífica. Recuerdan a quienes promueven guerras diciendo que buscan la paz. Para esos grupos los conflictos mineros no son materia de preocupación. Al revés, ellos promueven y celebran los conflictos sociales pues consideran que, al margen de sus costos económicos y sociales, los conflictos son oportunidades para el logro de sus objetivos ideológicos y de interés de grupo.

Los conflictos orientados al bloqueo de los proyectos son los preferidos de esas fuerzas políticas y sus ONGs, pues encajan mejor con su filosofía post-extractivista, permiten consolidar sus relaciones con sus donantes y generan ganancias económicas y políticas importantes en unos pocos años. Como ejemplos tenemos que uno de los líderes anti- Conga se ha reelegido Gobernador Regional (Gregorio Santos), ha encabezado una lista presidencial, casi pasó la valla, y ya sueña con el 2021; y que el otro líder anti-Conga ha salido del anonimato, ha logrado financiar la inscripción de su partido político, se ha elegido congresista de la República y también ya sueña con 2021 (Marco Arana).

La alta rentabilidad económica y política de los conflictos de bloqueo a los proyectos mineros es muy clara. El problema es que los proyectos mineros posibles de bloquear se están volviendo escasos. En cierta medida estos grupos están siendo víctimas de su propio éxito al haber podido imponer un riesgo tan alto a los nuevos emprendimientos mineros que han llevado a que todos los nuevos emprendimientos en el país enfrenten un “riesgo Perú” asociado a la conflictividad social, llevando a que muchos inversionistas prefieran dirigirse a otros países.

En la falta de nuevos proyectos mineros, posibles de bloquear, y ante la abundancia de empresas mineras operando en el país, los conflictos de desgaste están incrementando su importancia en la agenda de esos grupos. Hoy los conflictos de desgaste constituyen la principal forma de dificultar el desarrollo de la minería en Perú.

Las estrategias

Las estrategias que presentamos líneas abajo son aplicadas tanto en los conflictos de bloqueo como en los de desgaste, aunque con pesos diferenciados según los casos.

1. Propagación de temores ambientales: Su propósito es generar temores ambientales en la población local y en la opinión pública nacional. Impactada por esos temores, la población se queda más vulnerable a su narrativa contra la minería. Con la justificación de la necesaria educación ambiental de la población, esos grupos propagan ideas de que la minería está contaminando el ambiente, especialmente las aguas, y que esta contaminación está generando enfermedades en la población, en los animales y en los cultivos. Para ellos, la veracidad y representatividad de las historias e imágenes difundidas es secundario, lo importante es que sirvan a la propagación de los temores en la población local, pues los temores aumentan su disposición hacia la conflictividad. Una táctica recurrente en esta estrategia consiste en proveer con un discurso de denuncia ambiental a los grupos que están reclamando un beneficio económico a las empresas mineras: contratos, empleos etc.

2. Estímulo a los sentimientos de exclusión: Estimular el sentimiento de exclusión en poblaciones de comunidades y distritos que, estando próximos a las actividades mineras, no son parte de las áreas de influencia directa de los proyectos (AID) y promover su participación en los conflictos. El objetivo aquí es incrementar el número de personas dispuestas a movilizarse en contra de las empresas mineras con la expectativa de obtener algún beneficio. Para los sectores que se sienten excluidos de las AID el conflicto es la única opción para lograr su inclusión entre los beneficiados. Si la empresa define su AID por anillos, los anti-mineros buscan movilizar la población de nuevos anillos. Si la definición es por distritos, ellos buscan movilizar otros distritos o movilizar la provincia en su conjunto. Lo importante es ampliar las movilizaciones conflictivas para presionar a las empresas.

3. Reclamo de condiciones de impunidad: Aunque los anti-mineros lo nieguen, la violencia es un componente indispensable de los conflictos que promueven. En los comunicados y entrevistas ellos hablan de manifestaciones pacíficas, pero en esas “movilizaciones pacíficas” siempre hay un grupo más radical entre los participantes de los conflictos, un grupo interesado en destruir las instalaciones de las empresas, secuestrar a su personal y agredir violentamente a la Policía. Los conflictos combinan esas dos modalidades de acción (pacífica y violenta) para maximizar el impacto negativo hacia las empresas y hacia el gobierno nacional. Por la necesidad del uso de la violencia, los anti-mineros buscan la impunidad para las personas que aplican la violencia. Al uso de la ley contra los violentos le llaman criminalización de la protesta social, como si el Estado fuera represivo y estuviera criminalizando manifestaciones pacíficas. Su aspiración de largo plazo es lograr que las poblaciones de las zonas mineras adquieran el status de poblaciones indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT y que, estando al margen del sistema jurídico nacional, alcancen niveles de impunidad mucho mayores.

4. Producción de una cobertura técnica: En las fases preparatorias de los conflictos, los anti-mineros producen abundante material técnico que es utilizado para promover una interpretación de los problemas que están detrás de los conflictos, futuros o presentes. Uno de los propósitos de esos estudios técnicos es sustentar los temores ambientales y descalificar a los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) y a sus procesos de aprobación. Otro propósito es ganar respetabilidad técnica para sus instituciones y voceros ante los medios, y los órganos públicos y privados que pueden influenciar el desenlace de los conflictos y así maximizar los recursos que logren extraer de las empresas mineras. El rigor investigativo de esos materiales puede ser muy cuestionable[2], y las exageraciones son muy frecuentes, tanto como el uso de falacias analógicas, o menciones a la existencia de riesgos sin mencionar su intensidad. Aquí lo más importante para los anti-mineros es su utilización como material de propaganda o de incidencia política.

5. Descalificación del Estado y las empresas: La descalificación ética del Estado y de las empresas cumple un rol fundamental para los anti-mineros. Lo que buscan es generar un clima de desconfianza y de polarización hacia las instituciones públicas, el gobierno nacional y las empresas mineras. Las instituciones públicas son presentadas como corruptibles y serviles a las empresas mineras, y como irresponsables hacia el país y su población. Sus resoluciones son presentadas como resultado de ese servilismo con el poder económico. Las empresas son presentadas como entes corruptores, que no respetan al ambiente, las aspiraciones, ni los derechos de la población. Sin poder confiar en las instituciones ni en las empresas, la movilización social, a los ojos de la población local, se vuelve la única forma de protegerse. La siembra de dudas y la descalificación de los procesos de aprobación de los EIA es un tema predilecto de los anti-mineros. Sus materiales “técnicos” son muy útiles aquí.

6. La difusión de una narrativa conflictiva: Los sentimientos negativos, para durar, necesitan de una explicación. Estabilizar la influencia sobre la población requiere entonces de la difusión de una interpretación de los conflictos, de sus actores y sus actividades, y de la misma actividad minera. Esta narrativa permite pasar de una emotividad a una forma de pensar, una racionalidad sobre la realidad. Para los anti-mineros es importante que líderes y grupos locales aprendan y posteriormente difundan ese entendimiento de los conflictos mineros. Para ello, y con el apoyo de sus aliados europeos y americanos, han elaborado una serie de videos, manuales, historietas, y cursos. Esa labor de difusión de su narrativa es realizada por los anti-mineros meses, o a veces años antes que los conflictos eclosionen. Cuando los conflictos ocurren, ellos ya disponen de un número significativo de activistas capaces de argumentar a favor del conflicto y en contra de las empresas y del Estado.

7. El manejo del marco institucional local: Los conflictos de desgaste tienen momentos de confrontación y momentos de negociación. En los momentos de negociación los anti-mineros buscan que el marco institucional sea lo más negativo posible para las empresas mineras. Buscan maximizar el número de representantes con postura negativa hacia las empresas, y excluir o minimizar el número de actores con postura amigable hacia la empresa y hacia la minería. El nombre, la composición, la agenda y las reglas de funcionamiento de las mesas de diálogo buscan aumentar la capacidad de presión sobre la empresa, antes que generar acuerdos que den perspectivas de largo plazo a la actividad minera en la zona. Mientras más precaria sea la institucionalidad local, más decisivo se vuelve el marco institucional que canaliza el conflicto. Las Mesas de Dialogo y sus mecanismos de funcionamiento pueden ser de gran importancia y volverse un permanente campo incidencia de los anti-mineros.[3]

8. Generar una resonancia mediática: Los anti-mineros están ligados a organizaciones políticas que se benefician de la conflictividad y para ellas los conflictos son instrumentos de propaganda. Son plataformas para ganar espacios gratuitos en los medios, y los mensajes que se propagan son lo más importante. Por ello esas organizaciones se han vuelto expertas en generar versiones interesadas de los conflictos. Cuando un conflicto es desencadenado, vemos o escuchamos a los voceros anti-mineros dando su versión de lo que está sucediendo. Su imagen como analistas imparciales es fundamental para sostener esa presencia en los medios y poder ejercer una influencia significativa en la opinión pública. Más allá de los detalles es posible encontrar un patrón en sus interpretaciones: (1) ellos y los grupos conflictivos son los buenos, (2) las empresas son los malos, y (3) el conflicto ocurre porque las empresas no quieren respetar los derechos de las comunidades locales. Observando su actuación en los medios y visitando sus páginas Web podemos ver que ellos tienen una serie de materiales y protocolos ya preparados para ampliar y alimentar la resonancia mediática nacional e internacional de los conflictos locales.

9. Cumplir un rol mediador en el conflicto: Siempre que hay un conflicto minero, los anti-mineros se ofrecen como mediadores, como personas que buscan viabilizar una negociación justa que permita concluir el conflicto. Ellos justifican su accionar diciendo que el conflicto ocurre por falta de respeto a los derechos de la población (sus ideologías determinan el entendimiento de los derechos y a quienes se le aplican) y que las empresas deben aceptar las exigencias que les son hechas para viabilizar una convivencia pacífica. Naturalmente, los anti-mineros silencian su participación activa en la promoción y preparación del conflicto, buscando darse la imagen de ser una entidad pacífica, imparcial y promotora del diálogo. Para ellos, los conflictos son oportunidades y lo dicen en sus documentos. Leyendo sus documentos se puede ver que ellos están conscientes de que sus organizaciones se benefician y crecen con los conflictos. No por nada los casos como los de Quilish o de Espinar en el que se les permitió intervenir como mediadores terminaron con la paralización de los proyectos o con altos niveles de violencia.

Con ese rol mediador ellos logran varios objetivos simultáneos: logran credibilidad en los medios para difundir su perspectiva del conflicto, influencian el proceso de diálogo y en su desenlace, y se legitiman antes los donantes y organismos internacionales.

Conclusiones

Esta lista de las estrategias o de las grandes líneas de acción utilizadas para promover la conflictividad rescatan aspectos comunes de lo que ha ocurrido en más de una docena de conflictos mineros en el Perú y en otros países de América Latina.

Estas estrategias han sido desarrolladas a lo largo de muchos años, y se mantienen porque han demostrado una buena efectividad. Los anti-mineros, además, se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias, afinar y ajustar sus estrategias. Esta es una especie de carrera evolutiva en que minería y anti-mineros evolucionan juntos, pero en la que los anti-mineros van claramente por delante.

Quienes creen que la minería puede cumplir un rol positivo en el desarrollo del país, especialmente quienes tengan en sus manos proyectos u operaciones mineras que están siendo afectadas por conflictos, de bloqueo o de desgaste, necesitan entender bien como esas estrategias son desplegadas en cada caso.

Igualmente, los medios serios deben internalizar las lógicas de los conflictos. En este aspecto hay una gran responsabilidad de los gremios empresariales y think tanks, que debieran hacer una tarea permanente de investigación, difusión y educación.

Más allá de sus discursos, los anti-mineros no pueden ofrecer mucho a la población que afirman defender. Su portafolio de ofertas contiene temores, resentimientos, ideologías, búsqueda de rentas y conflictos.

La minería tiene una gran ventaja, puede ofrecer a la población y a las regiones una ruta real de progreso. Con entendimiento e inteligencia es posible neutralizar esas estrategias conflictivas y construir en las regiones mineras una amplia coalición social orientada al desarrollo compartido.

El pleno de Congreso de la República derogó el Decreto Legislativo 1198 que promovía la puesta en valor de nuestra riqueza cultural. Un nuevo acto de cobardía y falta de liderazgo desde las más altas esferas del poder político del país, que demuestra que quienes gobiernan en el Perú son las turbas oportunistas guiadas por adalides de la pequeña política parroquial que se enseñorea en nuestras tierras.

El bendito decreto permitía promover la participación de la inversión privada para poner en valor la multiplicidad de bienes culturales del país que, de otra manera, permanecen en estado larval, pues el Estado no tiene la capacidad ni los recursos para desarrollarlos. Esta iniciativa, que no implica la desnacionalización de nuestra cultura es indispensable para que los peruanos y el mundo puedan apreciar nuestra fabulosa herencia cultural. Ver en Lampadia: La Gestión cultural más allá del chauvinismo.

Las alianzas con el sector privado, se plantearon como optativas para cada caso y se excluyó la mayor parte de los bienes culturales del Cusco, seguramente con el cuidado de evitar las reacciones típicas del ‘puputismo’ y chauvinismo cusqueño. Aún así, en el Cusco, tirios y troyanos, se opusieron a la norma y convocaron paros y marchas, que al final determinaron las acciones cobardes de los supuestos padres de la patria.

Un par de reflexiones adicionales:

Primero: El sector privado peruano no es una fuerza de ocupación extranjera, como se pretende hacer constar tantas tristes veces. Este sector es tan o más peruano que el sector público, cuyos funcionarios están contratados por la sociedad para administrar el bien común.

Segundo: Un líder va delante del rebaño, el pastor va detrás. Para desarrollar sus nuevos productos, Steve Jobs, de Apple, nunca hizo un estudio de mercado (preguntar qué se necesitaba), pues sus innovaciones no estaban en la mente de la gente, sino en la de un líder preclaro. Henry Ford decía: “si yo le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos”.

Estas invitaciones desde el poder a que gobiernen las turbas tiene que parar para siempre. Lo mismo ha sucedido antes con Tambogrande, con la mina de Santa Ana, Conga, Tía María, Combayo, el lote 192 y tantos otros casos. Hay que calatear a los falsos líderes-pastores, el Perú necesita un verdadero liderazgo. Lampadia    

Todos los peruanos nos hemos visto afectados con la postergación del proyecto Conga. Como ha señalado en un reciente informe el IPE, nuestro crecimiento, la reducción de la pobreza y la desigualdad habrían mejorado sustancialmente, si es que este y otros proyectos de igual importancia se hubieran puesto en marcha (Ver en Lampadia: El costo de la trampa anti-minera). Sin embargo, existe un grupo de ciudadanos que se ha visto directamente afectado por la paralización de Conga: se trata de los pobladores de Cajamarca que viven en las 32 comunidades (pertenecientes a los distritos de Sorochuco y Huasmín) que forman parte de la zona de influencia de este proyecto.

La zona está habitada por diez mil pobladores (aproximadamente), diez mil ciudadanos que no pueden ejercer sus derechos, que no pueden seguir progresando, que no pueden salir de la pobreza. A pesar de tener la oportunidad que les ofrece el hecho de que en sus tierras se halle un rico yacimiento de cobre, no pueden beneficiarse como quisieran de ello, porque los ronderos de Bambamarca y Celendín y, los dirigentes anti-mineros que gobiernan Cajamarca a su antojo lo impiden sin que el gobierno central haga nada al respecto. El último comentario del Presidente Humala sobre Conga fue que su puesta en marcha dependía de la empresa.

Vistos con distancia y frialdad, los acontecimientos de Conga del 2011 que originaron la parálisis de la inversión minera y el enfriamiento de nuestra economía, son un despropósito y una vergüenza para el gobierno, la clase política, los empresarios y los medios, que no supieron mostrar la realidad y se dejaron amilanar por unos cuantos falsos dirigentes populares.

Mediante tácticas de terror y uso indiscriminado de la violencia, los anti-mineros han amenazado, golpeado y hasta saqueado a los comuneros de Sorochuco y Huasmín por el solo hecho de apoyar las labores de Yanacocha. Así lo denuncia, el dirigente del Centro Poblado Santa Rosa de Huasmín, Faustino Rillo Huamán. “Nos han pegado, nos han dicho que somos mineros. Así nos amenazan. Esto no puede ser. Nosotros queremos trabajar”, asegura. Su voz demuestra la impotencia, la amargura que le causa que nadie los defienda de este atropello.

Durante las protestas anti Conga del 2011, la violencia, la manipulación y la intimidación a los cajamarquinos que apoyaban el proyecto, fueron los únicos argumentos para detener el inicio de las operaciones (ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca). Esa estrategia se despliega hasta hoy. Los comuneros de Sorochuco y Huasmín viven con temor por desear que el proyecto se ejecute.

Esta situación se asemeja a un secuestro. Les han quitado la libertad para decidir como desean vivir y desarrollarse. Ellos más que nadie saben las ventajas que trae que una inversión como la de Conga se lleve a cabo, pues los beneficios que ya han recibido han trasformado radicalmente su vida y sus ingresos. 

“La mina ha construido la carretera a Cajamarca, antes no teníamos. Nos demorábamos dos o tres días en nuestros caballos para llegar a Cajamarca y vender nuestra papa. Ahora, en dos o tres horas llegamos. Ya hay movilidad. Nos podemos trasladar sin problema”, manifiesta Rillo.

Más allá de la enorme importancia de la carretera, la obra que parece haberles traído más beneficios y de la que se sienten más orgullosos es la de los reservorios de Chailhuagón (en el caserío de San Nicolás), construido en el 2013 sobre la laguna del mismo nombre. Actualmente almacena unos 2.6 millones de metros cúbicos y fue levantada por contratistas locales usando materiales de la zona. (La antigua laguna contenía un poco más de la mitad de lo que actualmente se almacena)

En el estío sus aguas benefician los cultivos y las zonas de pastoreo de las comunidades de San Nicolás, Quinuapampa, San Juan de Yerbateros, Yerbabuena Chica, Porvenir, el Valle Maraypata y Lagunas de Combayo.

Esto ha permitido que la productividad de estos poblados mejore sustancialmente. Los cultivos de papa y el ganado (por que ahora tiene pastizales de mayor calidad) se han incrementado subiendo los ingresos de la zona. De esta forma la calidad de vida de los comuneros es superior a la que tenían antes del proyecto.

El reservorio Chailhuagón, es además una demostración de que la minería y la agricultura no compiten por el agua, sino que por el contrario, el encausamiento de las fuentes de este recurso, permite un mejor y mayor aprovechamiento del mismo. Los beneficiados son los propios comuneros que continúan dedicados a la agricultura y ganadería.

Es por ello, que a toda costa los dirigentes anti-mineros se oponen a que se construyan otros reservorios. Por eso, con justa razón, los comuneros de San Nicolás se preguntan: “Si tanto quieren agua ¿por qué se oponen a los reservorios?” Incluso las rondas anti-mineras están exigiendo que el reservorio Chailhuagón sea entregado al gobierno regional de Cajamarca. Un despropósito.

Los comuneros de la zona de influencia de Conga están a favor del proyecto porque entienden que ese es el camino para salir de la pobreza. Como indica Wilson Cotrina Palma: “Nosotros defendemos la oportunidad de desarrollo que nos abre el proyecto de la mina. Sabemos que va a mejorar la alimentación y la educación de nuestros hijos. Nuestros sembríos van a mejorar con abonos y fertilizantes… Por eso comunidades y empresa vamos a seguir de la mano para que el proyecto Conga salga adelante”.

Ya es hora que las autoridades defiendan el derecho de estos peruanos que apuestan por el desarrollo y se desmarcan de las posiciones interesadas e ideologizadas. Lo mismo ocurre en otras zonas del país (en Puno, por ejemplo con las comunidades que desean que Bear Creek explote el yacimiento Santa Ana. Ver en Lampadia: Santa Ana: La decisión del mes). La democracia no es compatible con la imposición de ideas por medio de la violencia. Se puede estar de acuerdo o no con un proyecto como este, pero jamás se puede emplear la violencia para imponer una postura.

La realización de obras como el reservorio Chailhuagón, pone en evidencia que los argumentos de los anti-mineros son falsos. Primero, porque ahora hay más agua que antes y porque los comuneros de la zona de influencia se benefician de ella en gran forma,mejorando su calidad de vida. Basta de engaños y de falacias. Los peruanos  queremos crecimiento, desarrollo y mejor calidad de vida. Lampadia

El año electoral en Cajamarca lo inauguró Gregorio Santos y diversos dirigentes  afines a su postura política, convocando una manifestación contra el proyecto minero Conga. A pesar de la logística empleada y la violencia desplegada, el llamado de Santos tuvo escasa acogida y poca prensa. Un fracaso al que se sumó el llamado de las autoridades de la zona de influencia solicitando responsabilidad.

Mientras cerca de 600 personas llegadas en distintos vehículos desde Celendín, Bambamarca y la propia Cajamarca se manifestaban en contra del Proyecto Conga efectuando una serie de actos vandálicos, la Coordinadora de Autoridades de las 32 Comunidades del Área de Influencia de dicho proyecto, solicitaba asumir actitudes responsables para evitar mayor fragmentación social.

Como han informado diversos medios, el jueves 16 de enero último a las 9 de la mañana los manifestantes ingresaron a los terrenos de la empresa Yanacocha, destruyeron una torreta de vigilancia y mantuvieron maniatado durante varias horas a un vigilante. Luego, sin que haya una explicación aparente, destruyeron una antena de la empresa telefónica Claro.

Según comunicó esta empresa, la antena afectada está ubicada en el cerro Pencayoc y dejó sin servicio a las localidades de Namococha, El Alumbre, Polonia, La Polca, El Lirio, Linda Flor, Corral Pampa, San Antonio de Pachachaca, Tora Cocha, Lagunas de Combayo y Quinuapampa. Diez comunidades perdieron conexión por culpa de los vándalos, viendo perjudicadas sus actividades.

Como se informó en un comunicado de la empresa Yanacocha, “los pobladores de las comunidades ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto Conga no han participado en la movilización. Por el contrario, han condenado que personas provenientes de otras localidades de Cajamarca provoquen disturbios y actos de violencia en sus comunidades”.

La situación de Conga se viene pareciendo cada vez más a la afrontada por el proyecto Santa Ana en el 2011. La empresa Bear Creek obtuvo de las comunidades aledañas a los yacimientos su apoyo incondicional para la explotación del mineral. Sin embargo, dirigentes radicales de otros lugares, como Walter Aduviri marcharon en Puno saqueando e incendiado locales públicos, para oponerse a este y otros proyectos mineros. El resultado: varios muertos. El Gobierno del entonces saliente presidente, Alan García, cedió a estas presiones y canceló el permiso de Bear Creek sobre Santa Ana. Hoy el Estado enfrenta la amenaza de una millonaria demanda internacional. (Ver artículo).

Lo mismo sucede con el caso de Conga, son los dirigentes de Celendín, Cajamarca y Bambamarca los que se oponen al mencionado proyecto. Todos radicales y con una agenda política propia, mientras que las autoridades de las  comunidades  que se ubican en el área de influencia del proyecto si están de acuerdo con la explotación minera de la zona. Los dirigentes antimineros  debieran tener en cuenta lo que le sucedió a Aduviri, hoy prácticamente ha desaparecido del mapa político puneño y, por supuesto, del nacional.

Una campanada de alerta han debido recibir estos “líderes” tras constatar la pobre convocatoria a la marcha y la escasa cobertura en prensa. Ni los desmanes cometidos  les han generado las cámaras y flashes que esperaban

Lo que sorprende es que, como demostraría el hecho de que la Policía haya detenido una camioneta en la que viajaba un sujeto armado, la Municipalidad de Bambamarca estaría apoyando logísticamente a los manifestantes. El solo hecho de usar vehículos y recursos del Estado para efectuar desmanes es en sí un delito que debiera castigarse. Lo que no se comprende es como un alcalde (Hernán Vásquez), de un distrito que debe su prosperidad reciente al dinero del canon, apoye manifestaciones antimineras. Todo indica que el interés sería el que se incluya a Bambamarca como zona de influencia y así obtener más canon. En buen español, una coerción.

Este tipo de mezquinos intereses, como el de preparar la campaña reeleccionista de Gregorio Santos, son los verdaderos móviles de la oposición a Conga. Como Santos no puede mostrar obras que respalden su aspiración electoral, ha decidido realizar su campaña bajo el lema de “Coraje y Dignidad”, supuestamente alusivos a su “lucha” por impedir la realización de proyectos mineros en Cajamarca que lo único que han traído es la recesión a esta región. Aun así, los ingresos a las principales ciudades de Cajamarca y muchos barrios de la capital regional lucen pintas con esta inscripción. Coraje  debiera darles a los cajamarquinos por su lamentable gestión como presidente regional. Lampadia