Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las elecciones congresales del 26 de enero han producido algunos resultados que no han sido suficientemente analizados, y revelan una tendencia que habría que preguntarse si se manifestará en las elecciones presidenciales del 2021.

El siguiente cuadro, que compara los porcentajes de votación congresal del 2016 con los del 2020 por partidos, nos sirve para darnos una idea de hacia dónde fueron los votos que perdió Fuerza Popular y los que obtuvo PPK que esta vez no participó.

Fuerza Popular perdió 29.1 puntos porcentuales entre ambas elecciones. Suponemos que los votos del FREPAP y de Podemos vinieron principalmente de allí, pero vemos que ambos sumados alcanzan 16.76 puntos, bastante menos. De modo que hay casi 13 puntos que se han ido a otros grupos, la mayor parte quizá de izquierda, como veremos.

Y ¿dónde fueron a parar el 16.46% de los votos que obtuvo PPK el 2016?   Si sumamos los porcentajes del Partido Morado, Somos Perú y ese adicional de 3.06 que obtuvo Acción Popular en esta elección en relación al 2016, llegamos a un 16.51%, proporción casi idéntica a la que tuvo PPK el 2016.

Por su parte, el Frente Amplio obtuvo un 13.84% de los votos el 2016 y bajó a 6.16% en esta elección. Pero si le sumamos el porcentaje obtenido por UPP, llegamos a un 12,93, similar al 13.84 del 2016.

Sin embargo, esto último no se puede calcular así, porque la verdad es que si sumamos el porcentaje obtenido por todas las agrupaciones de izquierda, incluyendo las que no pasaron la valla (Juntos por el Perú, Democracia Directa, Perú Libre, RUNA), vemos que las izquierdas sumaron en total 26.6% de los votos el 2020, 8.33 más que el 2016.

De modo que si clasificamos los partidos que participaron en ambas elecciones congresales -hubieran o no pasado la valla- en las categorías clásicas de derecha, centro e izquierda, constatamos que la tendencia más clara ha sido la del crecimiento de la izquierda entre ambas elecciones.

También parece haber crecido el centro en detrimento de la derecha, pero puede ser un tanto subjetivo tipificar un partido en la derecha o en el centro. Lo que es indubitable es cuando el partido es de izquierda.

Ahora bien, la pregunta es si esta es una tendencia que pueda manifestarse en las elecciones del 2021, en el sentido de que una candidatura de izquierda pueda pasar a la segunda vuelta.

Puede ocurrir, si la izquierda se une. Y se daría una cuasi unión de facto, en la medida en que la mayor parte de los candidatos presidenciales potenciales de la izquierda están en la cárcel o prófugos. Antauro Humala recién recobra su libertad el 2024. Eso deja a Verónika Mendoza sola junto con Marco Arana, quien tendría poco arrastre.

En general, sin embargo, una elección solo congresal carece de poder predictivo porque en ella no participan candidatos presidenciales. Lo que se ve hasta ahora es que hay tres grandes corrientes o demandas.

• Una, que podemos llamar anticorrupción, tendría como candidato principal a Salvador del Solar, si se presenta.
• La segunda, que responde a la demanda por seguridad y orden, se encarnaría en Daniel Urresti.
• Y la tercera, que reflejaría una demanda por mayor igualdad (de izquierda), sería encabezada por Verónika Mendoza.

Veremos. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

La amenaza del presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar de que el gobierno “no se quedará con los brazos cruzados” frente a la decisión de la Comisión de Constitución del Parlamento de archivar el inconstitucional proyecto de adelanto de elecciones y su llamado, (pálidamente correspondido la noche ayer), a que se movilicen los ciudadanos en contra de la decisión del Congreso de la República, abre nuevamente las puertas a la inestabilidad y  la confrontación política en el mejor de los casos, si es que no es la antesala misma de una maniobra en ciernes de ruptura del orden constitucional y las reglas de juego democráticas.

Esta situación, genera un inevitable parte aguas en la coyuntura política nacional.

Los aliados del presidente Vizcarra no se han hecho esperar y aparecieron en primera plana en los medios aliados al gobierno, arengando a la movilización callejera y exigiéndole que patee el tablero democrático y altere el mandato popular de las urnas de abril de 2016. Para ello, Mendoza, Arana, Guzmán y Lescano, la falange roja del presidente, le abre el terreno político por el extremo izquierdo exigiéndole no sólo la disolución del Congreso, sino el cambio de Constitución. Los aliados menores, esos que consigue con favores presupuestales, apoyan desde sus regiones, en tono un poco más moderado.

Del otro lado el presidente del Congreso Pedro Olaechea se ha convertido en la figura que encarna la resistencia republicana, democrática y constitucional, haciendo respetar la Constitución y la voluntad soberana de las urnas del 2016 que Vizcarra traiciona y desoye. Olaechea, sin provenir de canteras políticas ni tener oficio partidario, ha sacado a relucir una estirpe constitucionalista encomiable, que lo lleva a defender mejor que muchos fujimoristas el orden Constitucional vigente, sin por ello dejar de tender puentes al Gobierno para voltear la página y construir una agenda común. “Presidente le sigo extendiendo la mano”, ha dicho el jefe del Parlamento, por tercera vez y en un reiterado gesto dialogante que sólo la necedad, el odio o los intereses de seguir acaparando el poder y sus granjerías pueden dejar de ver.

Ha llegado entonces la hora de optar.

Cuando las aguas se dividen, cuando de un lado queda la República y del otro lado su negación, y su desmontaje, hay que tomar partido. Hay quienes lo hemos hecho hace mucho tiempo: Una reflexión necesaria antes del Referendum (Lampadia 07 de diciembre de 2018) y El presidente va por más. (Lampadia 03 de enero de 2019), para citar las columnas más remotas. Sin embargo, hay quienes no lo han hecho aún, por su aversión al fujimorismo, por su afán de ser políticamente correctos o por muchas otras razones que les impiden ver lo que hay detrás del supuesto afán moralizador del gobierno y sus aliados. Para estos últimos, unas citas muy pertinentes, que les harán ver los riesgos del cambio de las reglas de juego democráticas, extraídas de un libro cuyo título no necesita explicaciones: Como mueren las democracias. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt:

“Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes, de primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Algunos de esos dirigentes desmantelan la democracia a toda prisa, como lo hizo Hitler… Pero, más a menudo, las democracias se erosionan lentamente, a pasos apenas apreciables”[i]

“En Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez era un político marginal que clamó contra lo que describía como una élite gobernante corrupta y prometió construir una democracia más auténtica (…) Empatizó hábilmente con la ira de los venezolanos de a pie…”

“La senda electoral hacia la desarticulación es peligrosamente engañosa. Con un golpe de estado clásico como ocurrió en el Chile de Pinochet, la muerte de la democracia es inmediata y resulta evidente para todo el mundo. (…) Por la vía electoral en cambio… la Constitución y otras instituciones nominalmente democráticas continúan vigentes. La población sigue votando. Los autócratas electos mantienen la apariencia de democracia, a la que van destripando hasta despojarla de contenido”.

 “… un conjunto de cuatro señales conductuales que pueden ayudarnos a identificar a una persona autoritaria cuando la tenemos delante. Deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: 1) rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego, 2) niega la legitimidad de sus oponentes, 3) tolera o alienta la violencia o 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores”.

Es hora de tomar partido entre la República o la autocracia en ciernes. La República, democrática, imperfecta, incompleta y mal representada es preferible, sin ninguna duda a la autocracia del señor Vizcarra y sus aliados. Lampadia

En los últimos días diversas autoridades provenientes tanto de instituciones públicas autónomas como del mismo Poder Ejecutivo se han pronunciado respecto a las órdenes de prisión preventiva dictadas por el Poder Judicial y solicitadas por el Ministerio Público, a propósito de los recientes intentos de detención de los ex presidentes Alan García – fallecido el pasado 17 de abril tras cometer suicidio en su vivienda – y Pedro Pablo Kuczynski – quien permanece internado en una clínica por un problema cardíaco. Veamos:

• Martín Vizcarra –  Presidente de la República del Perú (Entrevista en TV Perú el pasado 21 de abril): “Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos. Ahora [la prisión preventiva] tiene ese carácter de extraordinaria. Entonces, que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos [Ministerio Público y Poder Judicial], que son los que solicitan y dan las medidas preventivas”.
• Salvador del Solar – Presidente del Consejo de Ministros (Entrevista en RPP Noticias el pasado 22 de abril): “¿Estamos haciendo de una medida excepcional como la prisión preventiva, sin que alguien haya sido juzgado, una moneda corriente que se ha vuelto de uso cotidiano? Creo que hay un espacio para que se reflexione al respecto y creo que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben hacer esa reflexión”.
• Ernesto Blume – Presidente del Tribunal Constitucional (Entrevista en Agenda Política – Canal N el pasado 21 de abril): “Hay una suerte de uso excesivo, y yo diría en algunos casos, abusivo de esta figura, y no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido dos informes. El primero es del año 2013, y se llama ‘Medidas para reducir la prisión preventiva, y el segundo es del año 2017, que se refiere a informes del uso de la prisión preventiva”.
• Walter Gutiérrez – Defensor del Pueblo (Publicado en El Comercio el 22 de abril): “Claramente hay excesos ¿qué parte del principio que refiere que la restricción de la libertad es una excepción no se ha entendido? No es la regla ¿Qué parte de la limitación de la libertad debe ser gradual y siempre debe ser motivada no se ha comprendido?”

Así, dichas declaraciones constituyen el punto de ebullición de los excesos cometidos hacia la privación de la libertad en nuestro país a partir de una medida que, vale la pena reiterar, es de carácter cautelar y excepcional, y que para su implementación debe ser correctamente sustentada con circunstancias como el peligro de fuga, la obstaculización de la justicia, entre otras. Prueba de estos abusos por ejemplo se han dado bajo esta modalidad con ex presidentes y notables personajes políticos en los últimos años y meses. Veamos:

• La ex pareja presidencial Humala fue detenida en julio del 2017 para comparecer 18 meses de prisión preventiva; sin embargo, fue liberada en abril del 2018, tras un fallo del Tribunal Constitucional.
• Keiko Fujimori y 10 personas asociadas al partido Fuerza Popular fueron condenadas a 36 meses de prisión preventiva el pasado 31 de octubre por delitos que no eran tales en el 2011. Ya llevan 4 meses en prisión.
• El dos veces presidente Alan García Pérez intentó ser detenido bajo la misma modalidad el pasado 17 de abril, allanando también su vivienda, ante especulaciones respecto a una supuesta vinculación en una entrega de dinero hecha a su ex secretario Luis Nava en el caso Lava Jato. Se suicidó antes de ser esposado.
• El mayor abuso se dio con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski – requerido también a 36 meses de prisión preventiva – cuando se pretendía enmarrocarlo mientras se encontraba muy delicado de salud en la clínica Angloamericana el pasado 19 de abril.

Pero lo realmente peligroso de los abusos de esta medida es que ya están afectando al resto de la población peruana, más allá de los políticos. Así, del total de 91,0000 presos en el Perú, cerca del 30% están sin sentencia, muchos de ellos con prisión preventiva. Ello muestra la incompetencia absoluta de los funcionarios del Poder Judicial que han hecho suya una medida en base a un abuso extremo e injustificable.

Todo este contubernio político, producido en su mayoría por las cuatro declaraciones mencionadas al inicio del artículo, ha suscitado inclusive que la misma Presidencia del Poder Judicial emitiera un comunicado el pasado 22 de abril señalando que existen vías procesales idóneas – como las apelaciones – para anular sus decisiones judiciales asociadas a las prisiones preventivas. Lamentablemente este no es el caso del Ministerio Público, puesto que el fiscal José Domingo Pérez, uno de los principales artífices del abuso de estas medidas en los últimos meses, ha pedido respeto a la independencia de la administración de justicia hacia al Ejecutivo, siendo dichas declaraciones una exageración puesto que en ninguna de las declaraciones anteriormente mencionadas se pretendió entrar en conflicto con la autonomía de poderes.

Ya es hora de parar esta herramienta inquisitorial. Eso no es justicia, es ensañamiento que puede estar motivado por la rabia o inclusive por ideologías perversas. No podemos permitir que uno de los principales derechos de una sociedad democrática, como es el derecho a la libertad, se vea pisoteado por tales funestos sentimientos. En ese sentido, esperamos que estas declaraciones desde el Ejecutivo, TC y Defensoría del Pueblo, que establecen los correctos lineamientos, así como un adecuado proceder para los investigados por casos de corrupción, calen en el accionar de los funcionarios que integran ambos órganos rectores de la justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lampadia