Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

En promedio la región latinoamericana ha tenido impactos muy negativos por la pandemia del Coronavirus.

• 30% de las muertes con el 8% de la población global
• 7% de contracción de la economía, mayor a la del resto del mundo
• Las escuelas han permanecido cerradas más tiempo que en el resto de regiones

Ver líneas abajo el artículo de The Economist sobre la tragedia de las aulas vacías.

El caso del Perú es incluso peor que el de nuestra región, tenemos la mayor cantidad de muertes por millón en el mundo, la mayor caída del producto y nuestras escuelas siguen cerradas.

Peor aún, el año 2020, el incompetente gobierno de Vizcarra y sus aliados de las izquierdas, no fueron capaces de conseguir, habilitar y distribuir tabletas electrónicas y dar acceso a internet para una gran parte de los estudiantes del sector público. Los resultados de este año también son largamente insatisfactorios.

Las escuelas siguen cerradas y el ver como abrirlas está muy lejos de la preocupación del gobierno. No se ha priorizado la vacunación a los profesores y no se han diseñado protocolos que permitan, por lo menos, aperturas parciales. Por otro lado, la sociedad civil y los medios de comunicación, no muestran ninguna preocupación al respecto.

La cobertura de internet ha sido propiciada por maniobras políticas de distintos gobiernos, que han impedido el desarrollo de una mayor oferta de servicio.

Además, desde el inicio de la pandemia, se ha acentuado la guerra de guerrillas del sector público contra las escuelas privadas, a las que se ha debilitado y regulado de maneras incapacitantes. En vez de haber hecho una alianza para diseñar estrategias que permitan desarrollar un esfuerzo conjunto que favorezca a la mayor cantidad posible de estudiantes, buscando inclusive, que alumnos del sector público puedan acceder a las facilidades de las escuelas privadas, que cuentan con mucho mejor infraestructura.

Lamentablemente, al igual que en el desastroso manejo de la salud pública, que también abrió brechas y distancias con el sector privado, impidiendo soluciones colaborativas ad-hoc a la crisis, el gobierno privilegió la búsqueda de victorias ideológicas pírricas para debilitar el prestigio de la educación privada a los ojos de la opinión pública. Esto a pesar de que en el último estudio PISA, quedó probado que la educación privada ofrecía mejor calidad. Ver en Lampadia: A propósito de PISA – Públicos y privados aliados por la educación.

Como en todos los temas sociales, para nuestros últimos gobiernos, la ideología ha estado antes que la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello se mantienen servicios públicos de muy mala calidad y hasta abusivos con los peruanos más pobres.

Se privilegia el control estatal de los servicios de agua y desagüe, antes que mejorar su cobertura, castigando, además, a los más pobres a gastar en agua, más que los pobladores de mejores ingresos.

Durante la pandemia se ha impedido el apoyo del sector privado en servicios de salud, y se ha llagado hasta a rechazar donaciones de plantas de oxígeno, servicios de testeo y softwares especializados para el seguimiento del virus, con tal de afirmar el rol (patético) del Estado.

Se miente y hasta se sabotea, la educación privada, que ofrece mejor calidad, para mantener un servicio público deficiente, que no puede siquiera nutrirse de las mejores prácticas de las escuelas privadas, que hacen todo tipo de esfuerzos para brindar servicios que se acerquen a los estándares internacionales.

Por todo esto es que, con toda razón, la población está insatisfecha con la calidad de vida que se le brinda en el Perú.

Los cierres prolongados de escuelas están causando un daño duradero a una generación

The Economist
19 de junio, 2021
Glosado y traducido por Lampadia

Por primera vez en más de un año, este mes pequeños grupos de niños con sus mochilas y charlando han entrado en algunas escuelas de la Ciudad de México. Es una reapertura cautelosa. Depende de las escuelas si abren o no, y solo una minoría ha optado por hacerlo. Solo una parte de la clase asiste cada día. Lo mismo ocurre con 18 de los otros 31 estados de México; en los demás, todas las escuelas permanecen cerradas. Con la pandemia lejos de terminar, la precaución puede ser comprensible. Pero entre los vivos, los niños continúan siendo sus principales víctimas, en México y en toda América Latina.

La región se ha visto especialmente afectada por el covid-19 de tres formas. Con el 8% de la población mundial, ha sufrido alrededor de un tercio de las muertes registradas oficialmente por covid-19 (y muchas más no registradas). Sus economías se contrajeron en un promedio de 7% el año pasado, peor que el mundo en su conjunto. Mucho menos discutido es que las escuelas de América Latina han permanecido cerradas por más tiempo que las de cualquier otra región. Los efectos se sentirán mucho después de que la pandemia haya terminado y las economías se hayan recuperado.

Las escuelas cerraron en casi todas partes de la región en marzo de 2020 y muchas han permanecido cerradas desde entonces. Están completamente abiertos solo en seis países más pequeños. Algunos países, como Argentina y Colombia, comenzaron a abrir sus escuelas a principios de este año solo para cerrarlas nuevamente debido a que sufrieron una segunda ola de la pandemia.

La pérdida prolongada de aprendizaje empeorará los pésimos estándares educativos. Las pruebas internacionales de pisa de jóvenes de 15 años en 2018 encontraron que, en lectura, matemáticas y ciencias, los participantes latinoamericanos estaban en promedio tres años por detrás de sus pares en el grupo de la OCDE de países principalmente ricos. Con las escuelas cerradas durante 13 meses, el Banco Mundial calcula que alrededor del 77% de los estudiantes estarían por debajo del rendimiento mínimo para su edad, frente al 55% en 2018. Esto tiene efectos a largo plazo. Incluso si solo se pierden diez meses de clases, el banco calcula que el estudiante promedio podría perder el equivalente a $ 24,000 en ganancias a lo largo de su vida. Los más pobres, los de las zonas rurales y las niñas son los más afectados por el cierre de las escuelas, lo que agrava las ya amplias desigualdades en América Latina.

Muchos países latinoamericanos han realizado grandes esfuerzos para organizar el aprendizaje a distancia durante la pandemia. Pero una minoría considerable de escuelas carece de acceso a Internet con fines educativos. Mientras que el 98% de la quinta parte más rica de los estudiantes de la región tiene Internet en casa, solo el 45% de los más pobres la tiene. En Brasil, los teléfonos móviles ofrecen el único acceso a Internet para más del 60% de los estudiantes negros e indígenas. Muchos gobiernos utilizan canales tradicionales, como televisión, radio y material impreso. México ha ofrecido educación a distancia por estos medios para 25 millones de alumnos.

Esto no sustituye a la enseñanza presencial. “No todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo”, dice Marco Fernández, especialista en educación de la Universidad Tecnológica de Monterrey en México. “No pueden hacer preguntas ni recibir comentarios como lo harían en el aula”. Más allá de la pérdida de aprendizaje, los cierres de escuelas han traído costos emocionales y un gran aumento en el número de abandonos.

Las escuelas en muchos países de otras regiones reabrieron hace meses, con distanciamiento social, pruebas y limpieza a fondo. Aparte de la gravedad de la pandemia, hay varias razones por las que esto no ha sucedido en América Latina. Por lo general, los padres no se han mostrado interesados. En México, hasta que la mayoría de las personas se vacunen “pensamos que lamentablemente no existen las condiciones para un regreso masivo a la escuela”, argumenta Luis Solís de la Unión Nacional de Padres, un grupo voluntario. Los sindicatos de docentes también se han mostrado reacios. En Argentina, cuando el alcalde de Buenos Aires intentó reabrir las escuelas en marzo, recibió la oposición tanto del sindicato como del gobierno nacional, su aliado. “No hay presión” sobre los gobiernos para que reabran, lamenta Fernández.

Los gobiernos podrían hacer mucho más para promover una reapertura segura mediante la información y la consulta. “A estas alturas, todos los países deberían haber hecho al menos un esfuerzo sustancial para abrir escuelas”, dice Emanuela Di Gropello del Banco Mundial. “No estamos donde deberíamos estar”. Ponerse al día será un desafío formidable. Las escuelas necesitan evaluar rápidamente el nivel de cada alumno, organizar la enseñanza de recuperación y recuperar el tiempo perdido con clases los sábados y períodos más largos. Esto requerirá tanto dinero como esfuerzo. Muchos gobiernos han gastado más en atención médica y ayuda de emergencia a familias y empresas durante la pandemia. La educación debería tener la misma prioridad si América Latina no quiere fallar a toda una generación. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 23 de abril de 2021
Para Lampadia

El agregado es mío. La expresión original es, efectivamente: tras cuernos, palos. Y se refiere a situaciones en las que un mal sobreviene a otro, de manera consecutiva. O sea, cuando las cosas van de mal en peor. 

Bueno pues, ese es el caso de Ica en materia de salud pública. A la penosa categoría de “Riesgo Extremo” en materia de Covid 19; hay que agregar que Ica registra la más alta infestación de Dengue de su historia. ¡2,368 casos en las primeras 14 semanas del año! Sólo Loreto y San Martín nos superan en cuanto a casos de Dengue en lo que va del 2021. Y – vergonzosamente – estamos peor que regiones como Huánuco, Ucayali, Junín y Madre de Dios… todas regiones amazónicas, donde el Dengue es endémico.

¿Cómo es posible que Ica – no siendo una región amazónica – tenga tantos casos de Dengue? ¡Esa es la cuestión! La cuestión es que el Gobierno Regional de Ica es un fracaso en materia de salud pública. 

¿Por qué el actual Gobernador Regional de Ica destituyó a todos los Directores de Hospitales y Redes de Salud de la región… el primer día de su gestión? (Lo mismo hizo con todos los directores y gerentes de todas las dependencias del Gobierno Regional anterior.) ¿Por qué destituyó a los Gerentes Públicos de SERVIR que habían mejorado ostensiblemente la atención de los pacientes en todos los hospitales y centros de salud de la región?

¡Esa es la otra cuestión! La otra cuestión es la corrupción y el clientelismo político. ¿Cómo llamar si no a aquella perversa costumbre – tan arraigada en la política de nuestro país – de cambiar a todos los funcionarios públicos cada vez que hay cambio de autoridades?

Jamás la salud pública peruana va a estar bien mientras siga politizada y supeditada a la voluntad y preferencia de los Gobernadores Regionales. Por ello – precisamente – el ambiente en el sector salud está tan cargado de corrupción. Efectivamente, aunque parezca mentira – por más emotivo y conmovedor que sea el juramento Hipocrático de los médicos – hay mucha corrupción en el sector.

Claro que hay muy buenos médicos, enfermeras y técnicos de salud en Ica… y en todo el país. Médicos y enfermeras excelentes, extraordinarios, abnegados, heroicos, y todo lo demás. Muchos podemos dar fe de ello. Pero también hay de los malos. Parafraseando al gran Basadre… también hay médicos podridos.

¡Ese es el problema! Muchos hospitales públicos – incluidos algunos de Lima – están dominados por mafias compuestas por médicos corruptos. Mafias que venden puestos de trabajo a cambio de cupos. Mafias de médicos que abandonan los hospitales – y a sus pacientes – en horarios de trabajo para atender a otros pacientes en clínicas privadas. Mafias que trafican delictuosamente con medicamentos, materiales y equipos hospitalarios. Mafias que le rinden pleitesía a la diosa coima. ¡Así es la nuez en la salud pública en nuestro país!… lamentablemente.

Por ello sostengo… craso error haber transferido la responsabilidad de la salud pública a los Gobiernos Regionales. ¿A quién se le pudo ocurrir semejante barbaridad? Asumir que Gobernadores Regionales clientelistas, corruptos, e ignorantes en la materia pudieran gestionar eficientemente un servicio tan vital y especializado como la salud de las personas, era – y sigue siendo – una aberración. Típica medida populista, irreflexiva, irresponsable… y politiquera.

En artículos anteriores en Lampadia he propuesto la creación de una Autoridad Autónoma de la Salud Pública – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – altamente especializada, profesional, meritocrática, y apolítica. La “regionalización” de la salud fracasó en Ica y en todo el país. No obstante – entre nos – veo muy poco probable que alguna autoridad esté dispuesta a ponerle el cascabel al gato. En otras palabras, no veo a ninguna autoridad que se atreva a confrontar a las mafias de la salud.

A lo que quiero llegar es que en Ica – aparte de la pandemia – el Dengue también se ha ido de las manos… a pesar de que estaba totalmente bajo control cuando dejamos la gestión regional anterior en el 2018.

Tras cuernos, palos. Tras Covid, Dengue. Así está la salud pública en Ica. ¡Una desgracia para los iqueños! Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por Infraestructura Institucionalidad y Gestión – IIG, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video sobre reformar la salud con participación privada.

Participa como invitado Fernando Barrios, ex presidente de ESSALUD junto con Fernando Cillóniz, Gonzalo Prialé y Rodrigo Acha, asociados de IIG.

Las opiniones vertidas no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 1 de mayo de 2020

No pasó mucho tiempo para que la pandemia se convirtiera en apetitoso botín ideológico para algunos, que ya empezaron a repartir culpas para cosechar seguramente en las elecciones. Sinesio López (“La República”) acusa a la “derecha neoliberal” de haber “construido un Estado en el que sus aparatos económicos (MEF, BCR, SBS, etc), al servicio del capital, recibieron todo el apoyo, mientras los aparatos sociales… fueron abandonados a su suerte… Se hizo perversamente que la salud pública y educación pública fueran un desastre para convertirlas en un negocio privado”.

Pero quien llevó al Estado social a su mínima expresión fue el socialismo intervencionista y estatista de los años 70 y 80, al punto que hacia la segunda mitad de los 80 los hospitales públicos carecían hasta de jeringas y los médicos cobraban por atender en clínicas privadas al interior de los hospitales: una verdadera privatización “fáctica”.

Más bien fue la relativa liberalización y privatización a partir de los 90 la que permitió reconstruir paulatinamente el Estado, y de una manera notable considerando los escombros en los que quedó luego del experimento socialista.

En los últimos 20 años el presupuesto del sector Salud ¡se ha multiplicado por 7 en soles constantes!, es decir, en términos reales (IPE). Y se ha multiplicado por 3 como porcentaje del PBI, y por 2 como porcentaje del presupuesto. Lo que significa que no solo ha tenido muchos más recursos, sino que ha recibido un tratamiento prioritario en el presupuesto nacional, a costa de otros sectores.

Entonces es un mito, una mentira escandalosa, lo de que la salud pública fue abandonada. La pregunta es qué se hizo en el sector con esos mucho mayores recursos que los tecnócratas “neoliberales” aprobaron y que los impuestos pagados por las empresas posibilitaron. La respuesta hay que pedírsela a un sistema de gestión patrimonialista dominado por la corrupción y los intereses particulares de sus distintos estamentos, donde los recursos se desvían a toda clase de beneficiarios menos a los pacientes.

No es falta de presupuesto, es exceso de corrupción, que sifonea medicamentos a farmacias privadas, malogra deliberadamente equipos para derivar pacientes a consultorios privados, e impide una gestión racional, meritocrática y por resultados.

Por eso, la iniciativa de Transparencia de convocar a un nuevo “Acuerdo Nacional”, no puede consistir, como el anterior, en ponerse de acuerdo en lo que todos estamos de acuerdo. Sino en plantear los problemas que tenemos que resolver y buscar acuerdos sobre qué hacer. Uno de ellos es la reforma del sistema de salud. En general, el gran tema es la incorporación de todos a la República, que tiene dos dimensiones: a la ley (formalización), y a servicios públicos de calidad (universalización). ¿Qué hacer para lograrlo? Esa debe ser la agenda.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

Covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

• Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:
• Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.
• Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.
• Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.
• Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 26 de febrero de 2021
Para Lampadia

En el 2018, Lampadia publicó un artículo mío titulado “Ideas para acabar con el fracaso estrepitoso del Estado”. Lo repito… palabras más palabras menos.

Hablemos a calzón quitado. Los sistemas de abastecimiento de agua potable – en todo el país – son un fracaso estrepitoso. Lo mismo sucede con los sistemas de tratamiento de aguas servidas.

• Los sistemas de limpieza pública – o recojo de basura – también son un desastre.
• Los sistemas de tratamiento de residuos sólidos… peor. Por ello vivimos rodeados de moscas y ratas.
• El tráfico vehicular es otro fracaso estrepitoso. Congestión vehicular, contaminación ambiental, ruidos molestos, inseguridad vial, rompe muelles por las puras, violación sistemática de las reglas de tránsito… no hay un solo indicador favorable a este respecto.
• Y lo mismo se puede decir de los sistemas de planificación y desarrollo urbano. Invasiones de tierras promovidas por funcionarios corruptos. Autoconstrucción generalizada… sin ningún criterio urbanístico. Agua en cisternas. ¿Desagüe?… ¿qué es eso? Desorden total. El urbanismo en el Perú es otro fracaso estrepitoso.

Pero eso no es todo. La corrupción enquistada en casi todas las instituciones encargadas de emitir licencias o permisos se ha vuelto endémica. Me refiero a las licencias de construcción, licencias de funcionamiento, brevetes, licencias de circulación… y todas las demás. Gobiernos locales y regionales, y gobierno central… todos están metidos en la colada.

Los procesos de compras y contrataciones son más de lo mismo. Incluso las contrataciones de personal. Ese tango lo bailan empresarios y servidores privados, en pareja con funcionarios corruptos del Estado.

En materia laboral… aquel ominoso 70% – o más – de informalidad lo dice todo. Seamos sinceros. La Legislación Laboral peruana es otro fracaso estrepitoso. Y la lista continúa. La salud pública es un fracaso estrepitoso. El Congreso de la República… ¿qué quieren que les diga?

Por otro lado, el Sistema Nacional de Justicia ha quedado reducido a escombros. Sobre todo, después de los audios de la vergüenza de Los Cuellos Blancos. Y ¿las universidades bamba? Aquellas que – en vez de instituciones académicas – más parecen impresoras de títulos en serie. He ahí más fracasos estrepitosos.

Oh dios soborno… ¡cuántos fracasos estrepitosos nos has dejado! Has malogrado municipalidades y gobiernos regionales. Has manchado ministerios y universidades. Has quebrado empresas de agua potable. Has ensuciado nuestras ciudades y medio ambiente. Has destruido el Congreso y el Poder Judicial. ¡Hasta presidentes has embarrado! Oh dios soborno… ¡cuánto daño nos has hecho a los peruanos!

Simplificar y digitalizar – al máximo – todos los trámites y procesos de emisión de licencias. Depurar y racionalizar – al máximo – la maraña burocrática del Estado. Eliminar instituciones públicas que no sirven para nada… sobre todo ministerios y burocracias municipales distritales. La meritocracia debe primar en todos los procesos de contratación de funcionarios públicos.

Digitalizar todos los procesos de compras y contrataciones. Ninguna municipalidad, ningún gobierno regional, ninguna institución del Estado debe comprar ni contratar nada por sí sola. Una Red Interconectada de Compras y Contrataciones del Estado – 100% digital – se encargaría de ello. ¡Cero sobornos! ¡Cero discrecionalidad! ¡Transparencia total!

La legislación laboral debe ser flexible. Eso que parece ir en contra de los trabajadores, resulta que los favorece. El Ica hay pleno empleo, gracias a la flexibilidad laboral que establece la legislación agraria… la derogada y la actual. La flexibilidad laboral – además – formaliza y mejora las remuneraciones de los trabajadores. Repito. Los iqueños pueden dar fe de ello.

Hay que evaluar a los estudiantes graduados de todas las universidades del país. El que sabe… sabe. Así, la estafa de las universidades bamba quedaría desenmascarada en dicha evaluación.

Finalmente… la del estribo. Otra idea que no estaba en el artículo anterior. Que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE´s) dejen de actuar como esos Jueces de Mesa deportivos, que – triquiñuelas más, triquiñuelas menos – descalifican a jugadores y equipos, o convierten en triunfadores a equipos que perdieron en la cancha.

Palabras más palabras menos, eso es lo que escribí en el 2018. Entonces, reflexionemos. ¿Qué ha cambiado en el Estado en los últimos 3, 5, 10 años? Nada. La vida… sigue igual. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 19 de febrero de 2021
Para Lampadia

Sinceramente, no entiendo por qué tanto asombro por el caso de la vacunación subrepticia del expresidente Vizcarra y sus amigos. ¿Acaso el tipo – aparte de corrupto y coimero – no era un mentiroso patológico… un mitómano? ¿Tan rápido se olvidaron de los contratos moqueguanos y de los favores pandilleros… con el inefable Richard Swing a la cabeza?

Por otro lado, yendo al grano de la salud pública en nuestro país ¿acaso en los hospitales del Estado no se esconden camas hospitalarias para luego venderlas – por lo bajo – al mejor postor? ¿Acaso no se compran – por millones – medicamentos vencidos, previas coimas millonarias de por medio?

Y ¿qué decir del robo sistemático de medicamentos de las farmacias de los hospitales públicos?

• ¿De dónde – si no – se abastecen los miles de farmacias y boticas que se ubican frente a los hospitales del Estado?
• ¿Acaso no hay médicos corruptos que abandonan los hospitales en horarios de trabajo, y cobran como si hubieran trabajado normalmente?
• ¿Acaso no es así la situación en la Salud Pública de nuestro país?

Ojo. Por enésima vez debo aclarar que tenemos muy buenos médicos, enfermeras y servidores en la salud pública. Ciertamente no me estoy refiriendo a ellos cuando doy cuenta de la corrupción, indolencia y crueldad en el sector. Pero no seamos ingenuos. El sector de la Salud Pública está dominado por la corrupción. A esa corrupción me estoy refiriendo en el presente artículo. A la corrupción de las vacunas… por ejemplo.

En ese sentido se nota que no todos los peruanos conocen al monstruo por dentro. Bueno pues… yo sí lo conozco. Lo conocí cuando fui Gobernador Regional de Ica, allá por los años 2015 al 2018. Efectivamente, yo vi con mis propios ojos la corrupción, la crueldad y la indolencia del sistema que – dicho sea de paso – es igual en Lima, en Chiclayo, en Cusco, en Iquitos… en todo el país. Colas interminables – de amanecida – simplemente porque médicos indolentes abandonan los hospitales… ¡en horario de trabajo! Falta de medicamentos, falta de oxígeno, falta de instrumentos hospitalarios, equipos malogrados, pésima atención… muerte y desolación por todos lados.

Así las cosas ¿alguien – en su sano juicio – esperaba que el Estado iba a gestionar bien la lucha contra la pandemia… sobre todo la cuestión de las vacunas? ¡No pidamos peras al olmo! Aunque – valgan verdades – no solo autoridades políticas insisten en el monopolio estatal para el manejo de la pandemia. En fin… a los políticos y médicos corruptos – por obvias razones – les conviene el estatismo. Pero ¿por qué tantos periodistas, académicos, personas en general – y ciertamente, candidatos presidenciales y congresales – insisten en el tema?

He ahí la responsabilidad ciudadana a la cual me he referido en varios artículos anteriores, en Lampadia. Los ciudadanos debemos alzar la voz, y exigir nuestra participación – y la de muchas empresas e instituciones no gubernamentales – en la lucha contra la pandemia. Tal como lo están haciendo casi todos los países del mundo.

Debemos exigir la despolitización de la gestión de la salud pública… tal como hicimos en Ica durante el Gobierno Regional 2015 – 2018, con excelentes resultados. Es decir, encargar la gestión de los hospitales y centros de salud a gerentes públicos idóneos; muchos de los cuales provinieron de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Lamentablemente, el actual Gobernador Regional ha deshecho todo lo avanzado y cambió a todo el equipo directivo de los hospitales de Ica. Efectivamente, por la política – mejor dicho, por el clientelismo político – volvieron las colas, los maltratos, la corrupción… y hasta el Dengue que estaba totalmente bajo control. Aparte – por supuesto – de la pandemia, que en Ica viene siendo de extrema gravedad.

CONCLUSIÓN: Despolitizar la salud pública en el país. La Salud Pública no debe estar en manos de los Gobiernos Regionales, ni del Ministerio de Salud. Una institución autónoma y apolítica – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – altamente profesionalizada, meritocrática y respetuosa de la carrera pública… eso es lo que se necesita para el sector salud.

El Estado peruano es un pésimo proveedor de servicios especializados… salud, educación, agua y desagüe, limpieza pública, etc. Participación ciudadana activa y especializada – sobre todo empresarial e institucional – eso es lo que se necesita para acabar con este desmadre de las vacunas… y – en general – para acabar con la pésima gestión de la salud pública en nuestro país. Lampadia

La pandemia dejó al descubierto las brechas estructurales del Perú y de muchos otros países latinoamericanos. Por un lado, nuestro precario sistema de salud pública, junto a la terrible gestión de Vizcarra y de sus ministros de salud Víctor Zamora y Pilar Mazzetti – que subsiste en el gabinete Sagasti – no solo no permitieron una adecuada respuesta a la crisis sanitaria, sino que nos posicionó como el peor país en muertos por la covid-19 (ver Lampadia: Perú encabeza exceso de muertes por millón).

La debilidad de la salud pública en el Perú, se presenta a pesar que durante los últimos 20 años, el presupuesto público de salud creció un 7% anual en términos reales.

Asimismo, la destructiva cuarentena que impuso el gobierno en marzo del año pasado – que además no tomó en cuenta las altas tasas de informalidad y la baja bancarización de la población – nos sometió a la peor crisis económica de nuestra historia republicana y la peor caída económica del mundo, a pesar de los subsidios al ingreso dirigidos a los hogares más vulnerables.

En este contexto diversas voces se han alzado desde el ámbito político – no solo en nuestro país sino en toda nuestra región – sobre la necesidad de un “nuevo contrato social” que permita generar las condiciones para que más personas puedan acceder a servicios públicos de calidad y cuenten con un mínimo nivel adecuado de vida (ver artículo de The Economist a continuación).

Al respecto, si bien coincidimos con que deben realizarse reformas, consideramos que estas no deben pasar por retroceder en lo avanzado. Los pedidos de la izquierda en nuestro país por ejemplo se empecinan en forjar desde cero una nueva Constitución que le otorgue mayores funciones al Estado. Pero es justamente el Estado, como ya explicamos, el que no ha estado a la altura de las necesidades de gestión. Su incapacidad generó una calamidad con la pandemia, exacerbando la crisis con su mal manejo y generando la tragedia de la que aún somos parte. Además ha sido su complejo de “Superman”, lo que ha hecho nula su cooperación con el sector privado, no solo en el tema sanitario, sino también en otros ámbitos que hubieran gestado mejores servicios públicos desde antes de la pandemia, como son los mecanismos de inversión de cofinanciamiento privado (ver Lampadia: Lecciones para impulsar la inversión pública). El impulso de estos esquemas de inversión, que se han venido menguando con el tiempo como porcentaje de la inversión pública (ver gráfico líneas abajo), no sólo hubieran generado mejores hospitales y postas médicas con mejor equipamiento, sino mayor empleo de calidad.

Fuente: SIAF-MEF,BCRP y Proinversión, 2020. Elaboración CPC

Como dice Carlos Oliva, el tema es mejorar la eficiencia del Estado. No es darle más responsabilidades. Ni siquiera con lo que está en la Constitución puede, entonces como le quieres dar una mayor preponderancia en el capítulo económico. Donde miremos, lo que es responsabilidad del Estado, no lo estamos cumpliendo. Por lo tanto, el análisis para mejorar tendría que ser al revés. Pásale a otros lo que no puedes hacer. Ver en Lampadia: Cambiar la Constitución no resuelve nada.

Es necesario pues que ad portas de las elecciones reflexionemos sobre las propuestas de los candidatos cuya bandera se alza en agigantar el Estado, pues ya sabemos de qué pie cojean. No volvamos a caer en esta trampa populista de nuevo, como caímos en los años 70-80, la cual nos estancó por 30 años. Será, por el contrario, el camino de la reducción y la racionalización del Estado, así como la cooperación con los privados y la sociedad civil, lo que realmente nos hará tener mejores prospectos en los años venideros. Lampadia

América Latina necesita un nuevo contrato social

Pero debe ser realista

The Economist
6 de febrero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

En la ciudad de México y Lima, los pacientes con covid-19 vuelven a ser rechazados en hospitales sin camas de sobra, mientras que en Manaus, en el norte de Brasil, una nueva variante del virus está matando a cien personas al día. La recesión de la pandemia empujó a 33 millones de latinoamericanos por debajo de la línea de pobreza de 5,50 dólares al día el año pasado, según el Banco Mundial. Los gobiernos de la región están luchando por alinear las vacunas. Por tanto, puede parecer un momento extraño hablar de un nuevo contrato social: una abstracción.

Sin embargo, el término se ha convertido en un mantra en América Latina. Tanto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la OCDE, un grupo de países principalmente ricos, están trabajando en importantes informes relacionados con el tema. Esto se debe a que la pandemia ha dejado al descubierto fragilidades de larga data. Los planes de salud y protección social de la región están fragmentados y son desiguales. Sus economías se han estancado durante los últimos seis años, en gran parte debido a la baja productividad. Los sistemas políticos están desacreditados. Los ciudadanos están enojados. La gente siente que las democracias latinoamericanas no pueden seguir así. La pregunta es cuánto y con qué rapidez pueden cambiar.

Para algunos de la izquierda, un nuevo contrato social ofrece un espejismo de convertir América Latina en Escandinavia con un chasquido de dedos de un burócrata internacional. Otros piensan en una nueva constitución. En Chile, en abril se elegirá una asamblea para redactar una; es probable que exija más prestaciones sociales estatales. La izquierda en Perú también quiere una nueva constitución, para darle un mayor papel económico al estado. Algunas personas de la derecha temen un deslizamiento hacia el socialismo.

Algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, tienen estados de bienestar de base amplia. En otros, se han superado los regímenes de seguridad social contributiva de Bismarck, establecidos a mediados del siglo XX. En promedio, la mitad de la población trabaja en la economía informal y está fuera de estos esquemas. Los gobiernos han ofrecido algunos beneficios no contributivos a estas personas, creando incentivos para permanecer informales. Las ideas más sensatas para un nuevo contrato social enfatizan tres cosas: crear un piso de protección social universal; aumentar los impuestos para pagar esto; y aumentar la participación de los ciudadanos en la política de manera que fortalezca la democracia representativa.

La pandemia ha puesto de relieve el problema de la informalidad, con trabajadores que violan los cierres para ganarse la vida diaria. Los reformadores sostienen que todos los latinoamericanos, cualquiera que sea su situación en el mercado laboral, deberían ser elegibles para el seguro de desempleo financiado por los contribuyentes y las pensiones básicas de jubilación e invalidez. Eso significaría reservar financiación contributiva para seguros complementarios y planes de pensiones. Esto alentaría el empleo formal con menores costos de nómina. Los planes de transferencias de efectivo condicionadas pueden ofrecer un ingreso mínimo para los ciudadanos más pobres.

Estos cambios costarían anualmente alrededor del 3% del PBI, estima Luis Felipe López-Calva, jefe del PNUD para América Latina. Cree que esto podría pagarse en parte aumentando los impuestos a la propiedad, que recaudan solo alrededor del 0.5% del PBI en América Latina, en comparación con alrededor del 3% en Europa.

El dinero será especialmente escaso durante los próximos años y hay muchas necesidades urgentes. Estos incluyen, inmediatamente, implementar programas de vacunación y hacer que las escuelas vuelvan a funcionar. Muchos países necesitan gastar más en infraestructura de transporte y educación. Los gobiernos están acumulando deudas que tendrán que pagar. Los reformadores proponen un plan mediante el cual nuevas medidas de protección social e impuestos y otras reformas entran en vigor, digamos, en tres años.

Habrá resistencia. Tomemos a Colombia. “La clase media alta dice ‘basta’”, dice Sergio Clavijo, un economista colombiano. Señala que la tasa máxima del impuesto sobre la renta ha aumentado constantemente (hasta el 39%) y que los colombianos acomodados pagan un impuesto sobre el patrimonio. Aboga por cerrar las lagunas a través de las cuales los ricos evitan impuestos y ampliar la base impositiva (solo 1 millón de colombianos paga impuestos sobre la renta). Ambos pasos tomarán tiempo.

Con legislaturas y partidos políticos en descrédito en muchos países, se necesita un debate público más amplio para establecer prioridades, que reúna a políticos, empresarios, sindicatos y otros grupos sociales y cívicos. Uno de esos ejercicios comenzará pronto en Panamá. “Si no reunimos a la gente para discutir el camino a seguir, la alternativa es muy caótica, probablemente con mucho descontento”, dice López-Calva. “Esto no es fácil. Pero es la mejor manera de capear la tormenta”. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Construir un sistema de salud eficiente y resolver el problema de la informalidad se han convertido en los dos grandes objetivos nacionales a partir de la pandemia. Alcanzarlos requiere de un diagnóstico certero acerca de lo que impide avanzar en ambos temas. En un pequeño ensayo recientemente publicado[1], Alberto Vergara señala que “en los últimos 20 años teníamos un Estado hábil para administrar la macroeconomía del país y defectuoso para gobernarlo”, muy bueno para acumular ahorros, malo para gestionar servicios y soluciones.

Eso es cierto, y la descripción es muy buena, pero en lo que falla, a mi juicio, el ensayo, es en la explicación, en la asignación de responsabilidades. Algo clave, porque una equivocación en eso puede agravar los problemas en lugar de ayudar a resolverlos.

Su argumento es, de un lado, una versión sofisticada de la conocida imputación ideológica de la izquierda en el sentido de que la respuesta del Estado ante el COVID ha fracasado porque el neoliberalismo precarizó los servicios de salud para beneficiar a los negocios privados. Vergara no llega a ese extremo, pero escribe: “somos una región donde se deja a los pobres una salud, seguridad y educación pública de pésima calidad, mientras los ricos y las clases medias pagan por esos servicios. Con un pacto de ese estilo, no había forma de actuar como Alemania, Corea del Sur o Singapur”. Explica que tenemos un gasto público en Salud muy bajo y que ha crecido solo en términos brutos, con el crecimiento del PBI, pero no como proporción del PBI. Y agrega: tenemos “un Estado que puede tener dinero, pero desvinculado del país. Ni lo extrae de su ciudadanía, ni lo invierte en su desarrollo”.

Es verdad que la calidad de la salud pública es muy mala, pero ello no se debe a falta de recursos. No es cierto que el Estado peruano no haya invertido Salud ni que haya abandonado presupuestalmente ese sector.

Como mostré en artículo anterior sobre la base de cálculos del IPE,[2] no es solo que el sector salud ha tenido más dinero porque la economía creció, sino que lo ha tenido en una proporción mucho mayor al crecimiento nacional. El gasto público en salud se ha multiplicado nada menos que por 7 en términos reales (soles constantes) en los últimos 20 años. ¡Por 7! Y se ha multiplicado por 3 como porcentaje del PBI y por 2 como porcentaje del presupuesto nacional. Según el INEI la cobertura de los seguros de salud subió del 42% de la población en el 2007 al 85% el 2019. Y el número de médicos por habitante subió en 50% entre el 2010 y el 2018.[3] En el sector ha habido una evolución incremental que debe reconocerse.[4]

Cierto es que la ampliación de la cobertura no significa incremento de la calidad, pero el hecho es que el gasto en Salud no creció inercialmente, sino por voluntad política.[5] El sector fue priorizado.

Entonces no es cierto que “quienes defendieron las políticas económicas favorecieron también la mediocre inercia de todo el resto”, como argumenta. No son ellos quienes forman parte de ese “pacto” de pobres servicios. Los “defensores de las políticas económicas” no solo autorizaron más presupuesto, sino que crearon instrumentos para mejorar la calidad de los servicios, tales como presupuestos por resultados y la ley del Servicio Civil (SERVIR) para implantar la meritocracia y la gestión de desempeño. Si, pese a todo ello, las mejoras fueron limitadas, lo que debemos hacer es identificar bien el mecanismo que traba las reformas e impide el cambio.  

Un par de ejemplos sirven para ello. A instancias del MEF, se aprobó la mencionada ley que crea el régimen de la Ley del Servicio Civil. Un gran avance para pasar de un Estado patrimonialista (y corrupto) a uno profesional y eficiente. Pero ante un reclamo de los sindicatos de Essalud, el Congreso anterior pasó los CAS no al régimen Servir sino a la 728, que atornilla en el puesto sin evaluación ni posibilidad de exigir rendimiento. Y el Congreso actual ha consagrado la propiedad absoluta de los puestos de trabajo y el ascenso automático en todo el sector Salud. ¿Es posible conseguir una salud pública eficiente en esas condiciones?

En los 90 se crearon los comités locales de administración de salud (CLAS), con médicos contratados y participación de la comunidad en el directorio. Las postas funcionaron mucho mejor porque se exigía más rendimiento y horas de trabajo. Pero luego de un paro el Congreso de Toledo nombró a los médicos, y los CLAS perdieron toda capacidad de exigir desempeño.

El mecanismo que traba las mejoras es una alianza natural entre el clientelismo político en el Congreso y las demandas de privilegios patrimonialistas por parte de los sindicatos del sector. Una cosa son las demandas remunerativas justas -que también han ayudado a incrementar el presupuesto- y otra rechazar la introducción de regímenes de gestión modernos, exigentes y meritocráticos.

Lo que esa alianza produce es una pésima gestión patrimonialista sin metas ni evaluaciones y organizada en torno a la corrupción, que ha impedido que los mayores recursos se transformen en calidad del servicio.

El propio Vergara parece por momentos darse cuenta de ello: “…la avalancha de dinero llegado al Estado en los últimos años lo engordó, encareció y ayudó a la propagación de la corrupción”, reconociendo, en esta parte del ensayo, que sí hubo más recursos. “Teníamos muchos recursos, pero la crisis de salud vino a reconfirmar, una vez más, que la plata no compra eficacia gubernamental”.

Se convertiría entonces en un eficaz aliado de la reforma si profundizara en esa línea para identificar con precisión los factores que la han impedido una y otra vez. En cambio, si insistimos en poner en la mira a los “defensores de las políticas económicas”, vamos a sacar del tablero a los únicos que intentan introducir principios y modelos de gestión modernos y eficientes y vamos a empeorar aún más la situación.

Esto es clave porque neutralizar el mecanismo que impide mejorar los servicios requerirá de un fuerte consenso nacional, que solo puede basarse en una conciencia clara de la existencia de dicho mecanismo. 

Y es mas o menos el mismo que está detrás de nuestros niveles tan altos de informalidad. Pues esta formalidad tan costosa y farragosa que excluye a los informales, expulsa a los formales, impide el crecimiento de los pequeños y mantiene bajos los salarios, se ha formado también en parte a punta de presiones de grupos de interés recogidas en leyes y normas. 

El asunto no es fácil porque se trata del interés difuso de la sociedad, que no puede defenderse, versus el interés rentista de grupos organizados, que tiene a su favor la precaria institucionalidad política que tenemos, tremendamente proclive a favorecer las presiones patrimonialistas. Un sistema de muchos partidos, híper fragmentado hasta el delirio con el voto preferencial, solo sirve para que cada partido busque apuntalarse ofreciéndole alguna ventaja a algún bolsón electoral. Fomenta la irresponsabilidad, la entrega de beneficios presentes a costa del futuro. En el otro extremo, un sistema bipartidista fomenta la responsabilidad, porque el partido que está en la oposición sabe que en el próximo periodo puede ser gobierno, y entonces no socava el futuro.

Tenemos que entender el sistema que bloquea cada vez más la transformación de los servicios públicos en el Perú. De lo contrario, nunca podremos mejorarlos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 10 de julio de 2020
Para Lampadia

El viejo Einstein decía: “Las crisis son la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progresos”. Y agregaba: “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”.

Bueno pues, al margen de expresar nuestra admiración por las expresiones del gran científico alemán – e inspirados en su manera positiva de ver las crisis – hay que formularnos las siguientes preguntas: ¿Cuándo pase la crisis de la pandemia… vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Nada va a cambiar en las instituciones de la salud pública? ¿Vamos a seguir con el Ministerio de Salud tal cual… y con los Gobiernos Regionales politizando la gestión de los hospitales del Estado?

• ¿Acaso los municipios provinciales y distritales seguirán manejando las empresas de agua y saneamiento?
• ¿Seguiremos pasivos frente a las mafias municipales que promueven las invasiones de tierras y las viviendas de esteras en todo el país?
• ¿Seguirán los mercados de abastos en manos municipales, si ni siquiera cuentan con baños… ni las más elementales condiciones de higiene y seguridad?

Y yendo más allá de los temas sanitarios y urbanísticos ¿seguiremos con las numerosas instituciones estatales que – supuestamente – están para promover inversiones en infraestructura pública; pero que en la práctica no promueven nada? Llámense PROINVERSIÓN para inversiones en infraestructura en general, PRONIS para inversiones en infraestructura de salud, PRONIED para inversiones en infraestructura educativa, PROVÍAS NACIONAL y PROVÍAS DESCENTRALUZADO para inversiones en infraestructura vial. Y por si fuera poco ¿seguiremos con las numerosas Direcciones Regionales de Infraestructura que no fueron capaces de reconstruir la infraestructura dañada por El Niño Costero del 2017?

Ahora bien ¿cómo reacciona el Gobierno ante tamaña inoperancia? Pues recurriendo a otros Gobiernos – de otros países – para que se hagan cargo de nuestros fracasos.

Efectivamente, tal es el caso del reciente acuerdo de Gobierno a Gobierno – entre el Gobierno Peruano y el Gobierno Británico – para que éste último se haga cargo de la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero del 2017. Es decir, pasados más de tres años del desastre natural, el Gobierno Peruano – reconociendo su fracaso – [avance de solo 24% de lo programado], recurre al Gobierno Británico para que éste asuma la responsabilidad de la reconstrucción de las carreteras y puentes, hospitales y postas médicas, escuelas, e infraestructura hidráulica dañada por El Niño.

Pero hay más. Para terminar la construcción de los hospitales Antonio Lorena de Cusco y Sergio Bernales de Lima, el Gobierno Peruano acaba de suscribir otro convenio parecido con el Gobierno Francés, para que éste se encargue de terminar la construcción de ambos hospitales.

Ante todo ello cabe preguntarnos ¿vamos a seguir con las instituciones que fracasaron en la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero, y con las que debieron terminar la construcción de los hospitales de Cusco y Lima?

En mi opinión, para que las cosas no sigan como están – y mejoren en el futuro – hay que hacer cambios radicales en la estructura institucional del Estado. El Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales NO deben seguir manejando la salud pública en nuestro país. Los municipios NO deben seguir manejando las empresas de agua y saneamiento. Y menos… los procesos de desarrollo urbano. Incluso, PROINVERSIÓN y todas sus derivadas, NO deben seguir gastando la millonada que vienen gastando… por las puras. ¡Han fracasado! No pretendamos que las cosas mejoren, si seguimos haciendo lo mismo.

De allí la propuesta – contemplada en la Constitución – de crear Organismos Autónomos para la salvaguardia del Estado de Derecho y la mayor eficiencia de la salud pública, el desarrollo urbano, y la infraestructura pública en nuestro país. Y – lo más importante – que no dependan de ninguno de los poderes del Estado. Tipo BCR. Tipo Juegos Panamericanos Lima 2019. Cero clientelismos. Cero corrupciones. Cero politiquerías. Profesionalismo, carrera pública, meritocracia, gestión enfocada en resultados… y todo lo demás.

Pero no… parece que todo seguirá tal cual después de la crisis. ¡Lamentablemente! ¡Ojalá me equivoque! Pero de ser así – contrario a lo que decía el viejo Einstein – esta habría sido una crisis sin ningún provecho. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 26 de junio de 2020
Para Lampadia

Un tema tabú es como un secreto a voces. Todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a hablar de él públicamente. Lo políticamente correcto – o incorrecto – tiene mucho que ver en el asunto.

Veamos. El fracaso de la Ley General del Trabajo… es un tema tabú. El desmedido crecimiento burocrático del Estado peruano durante los últimos 15 años… también. El fracaso de las empresas municipales de agua y saneamiento. La corrupción en la salud pública. El fracaso de la regionalización. La proliferación de las burocracias distritales en todo el país. Las mafias municipales que promueven las invasiones de tierras. La inoperancia del Estado en materia de administración de justicia. La precariedad del Congreso de la República. La corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones. La redundancia institucional en el Estado. El chantaje periodístico en todo el país. La infiltración del narcotráfico en el Estado.

La política peruana está llena de temas tabúes. Sin embargo – en aras del bien y la justicia – es mejor cantar las verdades, aunque resulte políticamente incorrecto. Siempre – por supuesto – proponiendo soluciones para corregir los problemas. Además… ¿no es acaso la ciudadanía la gran perjudicada de los temas en cuestión?

Precisamente por ello – por los trabajadores informales…. jóvenes, sobre todo – hay que flexibilizar la legislación laboral. La Ley General del Trabajo – seamos sinceros – es la madre del cordero de la informalidad laboral en nuestro país. ¡Qué importa que chillen las élites laborales formales! La pregunta es ¿cómo formalizar a 12 millones de peruanos que trabajan en condiciones informales? ¡Ese es el reto!

El tema del agua potable no da para más demagogia. Hay que seguir el ejemplo de las concesiones de otros servicios públicos, supervisados por el Estado; como la telefonía, la electricidad, el gas domiciliario, etc. El objetivo es llevar agua potable a la población, a precios razonables. El objetivo no debe ser – tal como ocurre actualmente – mantener las burocracias enquistadas en las empresas municipales de agua y saneamiento… fallidas. Y lo mismo hay que hacer con el recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos.

Por el lado de la salud pública, hay que replicar en todo el país las exitosas experiencias de los hospitales Alberto Barton del Callao, y Guillermo Kaelín de Villa María del Triunfo – de la red de hospitales de EsSalud – donde empresas especializadas se encargaron del diseño, construcción, equipamiento, y operación y mantenimiento de los hospitales. Aquí la palabra final la tienen los pacientes y sus familiares. Y las palabras más recurrentes de parte de los pacientes de estos hospitales son: satisfacción, gratitud, aprecio, y otras por el estilo.

Y termino – por cuestiones de espacio – con las mafias municipales distritales. Me refiero a las que promueven invasiones de tierras para la instalación de asentamientos humanos sin ningún criterio urbanístico. Es decir, viviendas de esteras o de cartón… sin agua, sin luz, sin parques ni áreas de recreación, sin escuelas, sin postas médicas, sin comisarías, etc. En síntesis, la indignidad humana en su máxima expresión.

Ante ello, hay que quitarles a las municipalidades distritales la competencia de otorgar certificados de posesión de terrenos. Simplemente, porque en la mayoría de los casos, son los propios alcaldes – y sus regidores – los promotores de dichas invasiones, para lucrar indebidamente con todo lo que sigue a continuación: ventas de esteras y agua en cisternas, titulación de las propiedades invadidas, servicios de seguridad y vigilancia, y otros negocios de baja estofa.

La solución a este respecto pasa por la creación de una autoridad nacional autónoma cuyo fin único sea el de desarrollar – a nivel nacional – urbanizaciones populares para acoger a cerca de un millón seiscientas mil familias peruanas que carecen viviendas dignas. Demás está decir que el financiamiento de este vasto programa urbanístico no requeriría de fondos públicos por cuanto el mismo dinero que cobran las mafias de las invasiones de tierras, alcanzaría – y sobraría – para financiar el proyecto urbanístico en mención.

En fin… estas son ideas – solo ideas – respecto de ciertos temas tabúes de la política peruana. Lampadia

Úrsula Letona Pereyra
Abogada, Ex congresista
Para Lampadia

Observamos y así lo hemos señalado, que las principales reformas que beneficiaron a nuestro país y que se han dado en el mundo, fueron motivadas por situaciones de crisis extremas. Esta regla parece aplicarse en esta terrible situación de pandemia, hace unos días el Congreso de la República, siempre tan criticado, ha declarado en emergencia el sistema de salud pública, sustentando tal declaración en las carencias crónicas evidenciadas con ocasión del Covid-19, para emprender y concretar esta reforma se ha contemplado cuatro meses de plazo. En el mismo sentido, el otro actor relevante, el Poder Ejecutivo, ha enviado mensajes sobre la misma necesidad, ojalá este sea el punto de encuentro entre nuestras autoridades, para beneficio de todos los peruanos.

Las reformas demandan un marco de legitimidad, esa exigencia parece tomarse por descontada, la pandemia ha evidenciado ante la colectividad la absoluta ineficiencia de nuestro sistema de salud, (los últimos gobiernos han pretendido solucionar las carencias con incrementos presupuestales, pero este esfuerzo ha sido insuficiente, requerimos de una reforma disruptiva. Sin dejar de considerar muchos otros aspectos sobre los cuales se ha dicho y escrito, la reforma debería sustentarse en tres ejes fundamentales: i) La necesaria recentralización de la gestión integral, ii) La Segregación de las Funciones: financiamiento y prestaciones y, iii) El énfasis en la atención primaria.

Sobre la necesaria recentralización de funciones, existen ya muchas experiencias exitosas con muy buenos resultados en el exterior, básicamente en los sectores como Educación y Salud. El fundamento obedece a la necesidad de que las políticas públicas tengan una misma velocidad, transversalidad y criterios unificados, características que no concuerdan con nuestro desfasado y lento proceso de descentralización. En efecto, sólo cuando se evidencia un responsable único, es que se puede señalar con certeza, la autoridad encargada de conducir hacía el éxito la reforma, de igual manera, cuando existe una mala gestión o el fracaso de una medida, es fácil identificar al responsable.

Una política pública en salud genera resultados en el mediano y largo plazo, por ello la gestión de la salud no ha sido prioridad para las autoridades políticas. Este es uno de los graves problemas que surgen como producto de una descentralización de presupuesto o bienes, pero no de capacidades y menos de eficiencia en la gestión de recursos, la evidencia es el sistema caótico en la prestación de servicios de salud pública en nuestras regiones. Ha habido sin duda, autoridades regionales que han prestado atención al tema de la salud, pero en un número reducido y aunque haciéndolo, sus mejoras no son parte de una política pública a largo plazo, sino son coyunturales, subordinadas siempre a la voluntad política de la autoridad de turno, poniendo de manifiesto que la rectoría a cargo del Ministerio de Salud no se ha cumplido.

Respecto a la segregación de funciones, es importante señalar que hace un par de años –diciembre de 2017-, la Comisión de Protección Social – CPS, evidenció que la reforma de mayor trascendencia consistía en ejecutar una división del componente de las prestaciones de salud respecto del financiamiento de la salud pública. Justamente sobre el financiamiento, la CPS manifiesta que éste constituye el eje central de la reforma, recomendando la conformación del Fondo Único, que permita centralizar todos los esfuerzos vinculados al financiamiento de la salud permitiendo el acceso universal en el largo plazo. Esta segregación de funciones permitirá, además, un debido control de sus componentes, pasando por las mediciones y correcciones en su ejecución de forma transparente, garantizando una evaluación por resultados.

Aquí es necesaria una precisión, no sólo existe el Informe de la CPS, sino diversa experiencia de reformas emprendidas en el mundo bajo el esquema de segregación de funciones, gran parte del éxito radica en evitar la segmentación de los servicios de salud y sus consecuentes ineficiencias. En nuestro país, existe una severa segmentación: Minsa, Essalud, Gobiernos Regionales, Sistemas de salud de FFAA y Policía, entre otros), por lo que se requiere, como punto de partida, la integración en la provisión de los servicios, evidenciándose que solución no pasa por lo presupuestal –se ha incrementado sostenidamente, casi al nivel óptimo del 6%-, pero los resultados en la eficiencia del servicio no han seguido la misma trayectoria.

Donde radica la conveniencia de la segregación, si vemos el presupuesto del sector salud -integral- para el año 2020, el gasto corriente representa aproximadamente 77%, tan sólo el 23% es gasto de capital. Del primero, el 30% representa gastos de personal y obligaciones sociales, el otro 47% se destina para la adquisición de bienes y servicios. Centralizar el financiamiento genera eficiencias significativas en la administración y la gestión de ingentes recursos, podríamos centralizar hasta el 70% del Presupuesto General, además de fortalecer el monopsonio en la contratación de infraestructura, equipamiento, medicamentos y otros, por parte del Estado.

Finalmente, sobre la tención primaria– que tiene relación con la segmentación en el componente prestacional, es importante señalar que existen diferentes formas de organizar los sistemas de salud, todas deben lidiar con dificultades que emergen de las necesidades variables y complejas de sus poblaciones. Sin embargo, se sabe que un componente fundamental para tener un sistema de salud exitoso y sólido es orientarlo firmemente a la atención primaria de salud. Este aspecto es de vital importancia, ya que implica tener una adecuada priorización en el lado prestacional.

Destacamos la reorganización de los servicios de salud bajo un esquema de redes integradas organizadas territorialmente, propuesta que también es compartida por la CPS, permitiéndose maximizar la disponibilidad de recursos sobre la base de la priorización de los servicios cubiertos por una atención primaria fortalecida, en el objetivo final, de cubrir 50% de las prestaciones en salud. En la actualidad enfrentamos un problema crónico en la parte prestacional, el enfoque de atención hospitalaria concentra el 80% de las prestaciones y sólo el 20% en atención primaria.

Una mejora en la atención primaria permite descongestionar hospitales de mayor envergadura para que se puedan dedicar a las labores que exigen mayor especialización. Cuando eso ocurre, dejamos de gastar ingentes recursos que se destinan para paliar enfermedades crónicas que no se han prevenido, que es uno de los fines de la atención primaria, justamente ser el mecanismo de prevención de enfermedades y lograr una sociedad más productiva.  The Economist -2017- describió la atención primaria de salud como el “sistema nervioso central dentro del sistema de salud de cualquier país”. Concentrarnos en la atención primaria constituye una inversión que a largo plazo dará mayor bienestar a los peruanos.

Sin duda, esta reforma pública será ardua, pero confiamos en que la convergencia de esta necesidad unirá al Ejecutivo, al Legislativo y al país en general, para que juntos podamos mejorar cualitativamente la salud de todos los peruanos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 1 de mayo de 2020
Para Lampadia

Tuvo que ocurrir una pandemia – como la que estamos viviendo – para tomar conciencia del nivel de corrupción enquistada en el sistema nacional de salud pública. La inoperancia del Estado en cuanto a compras de insumos y equipos para el diagnóstico de pacientes sintomáticos, las idas y venidas en las compras de respiradores mecánicos, y las compras de mascarillas sobrevaloradas – y de pésima calidad – fueron la gota que derramó el vaso. La gente – con razón – dice… “el sistema de salud es una porquería”. Y agrega… “hay que reformarlo todo”.

De acuerdo, pero ¿cuál es la propuesta? Existe el Instituto Nacional de Salud. Pero no… el INS es un organismo del Ministerio de Salud. ¡He ahí el problema! El Ministerio de Salud es una institución inoperante, inestable, recontra burocrática… y muy corrupta.

Por ello, no solo el INS, sino la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), y – por supuesto – los hospitales y otros organismos del MINSA, no funcionan. En buena cuenta… la politiquería ha malogrado la salud pública en el país.

Los Gobiernos Regionales no debieran seguir al mando de los hospitales del MINSA. El tiempo lo ha demostrado… ¡no son capaces! Aunque lo mismo sucede en Lima. El MINSA tampoco ha sido capaz de administrar bien los hospitales de la capital.

Hay que crear una institución autónoma – de cero – que se encargue de la salud pública a nivel nacional. ¡No queda otra! Para ello habría que replicar el modelo del Banco Central de Reserva (BCR). Me refiero a su autonomía técnica y administrativa, y a su profesionalismo, meritocracia, independencia… y todo lo demás.

La idea sería blindar a la nueva institución de la politiquería. Hay que evitar que cuando cambien los Ministros de Salud – que dicho sea de paso, cambian a cada rato – los ministros entrantes pongan y saquen a su antojo a directores y funcionarios del ministerio… y de todos los organismos adscritos al MINSA. A eso se debe – en gran medida – el fracaso del sistema de salud en el país.

La institución a la que me refiero también debería de blindarse de la influencia de organismos como el Colegio Médico y la Federación Médica… entre otras.

A los hechos me remito. En Ica, el Colegio Médico y la Federación Médica eran parte de la mafia de la salud. Los médicos que abandonaban los hospitales en horarios de trabajo, y que derivaban a los pacientes a sus clínicas privadas, y que sustraían subrepticiamente medicamentos de las farmacias de los hospitales, eran – aunque usted no lo crea – directivos del Colegio Médico y de la Federación Médica.

Afortunadamente – como en todas las instituciones públicas – hay muy buena gente en el Estado. Hay excelentes profesionales de la salud… médicos, enfermeras, y técnicos. El problema es que están opacados por la corrupción enquistada en los cargos directivos de los hospitales públicos… y del MINSA.

Con ellos – con los excelentes médicos, enfermeras y técnicos – hay que rehacer el sistema nacional de salud. Pero – previamente – hay que salir de la podredumbre moral antes mencionada.

En Ica procedimos así y nos fue muy bien. Un excelente equipo de dirección en cada hospital hizo la diferencia entre el fracaso heredado y el éxito logrado. En nuestro caso, los equipos de dirección provinieron de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)… una excelente fuente de gerentes públicos – íntegros e idóneos – ampliamente capacitados para mejorar los servicios hospitalarios de todo el país.

Está clarísimo. La política peruana – incapaz de diferenciarse de la politiquería clientelista y corrupta – es la causa principal de los males en nuestro sistema de salud pública.

Ergo, una institución nacional de salud autónoma, altamente profesional y meritocrática – tipo BCR – podría ser la solución. Lampadia