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Tía María cumple con los criterios de rentabilidad social

Tía María cumple con los criterios de rentabilidad social

EDITORIAL DE LAMPADIA

¿Por qué el gobierno no impulsa el proyecto?

El gobierno ha puesto como condición para la viabilidad de los proyectos mineros, que estas tengan “rentabilidad social”. Por lo tanto, si el proyecto Tía María cumple con los indicadores de rentabilidad social, pues debería recibir luz verde, ¿no es así? Solicitamos información a Southern sobre el tema y nuestra conclusión es que Tía María efectivamente cumple con los requisitos, es socialmente rentable.

Veamos. Según el ministerio de Energía y Minas, hay siete medidas de la rentabilidad social:

1) Dinamización de la economía;

2) Ingreso nacional, balanza fiscal y balanza de pagos;

3) Nivel y calidad de empleos y salarios;

4) Infraestructura local y nacional;

5) Tecnología;

6) Distribución del ingreso, estructura social;

7) Ecosistema y cultura.

De acuerdo a la información brindada por el proyecto, Tía María cumple ampliamente con esos criterios. En efecto, aun antes de comenzar su construcción, ha venido desarrollando un plan de desarrollo que abarca los ejes de salud, educación y mejora en las actividades productivas, lo que significa que viene cumpliendo con los criterios 1, 3, 5, 6 y 7 del concepto de Rentabilidad Social. Esto aun antes de haber entrado la fase de producción.

El proyecto ha desarrollado una filosofía de coparticipación, lo que significa que no es la solución para los problemas o carencias de la población, sino parte de la solución.

  • A través del programa “Proyectos por Convocatoria”, por ejemplo, los pobladores presentan proyectos que buscan resolver algunos de sus problemas o mejorar su calidad de vida, ya sea en educación, infraestructura, salud, mejora ambiental, esparcimiento, entre otros.
  • En esa línea, entre el 2017 y el 2019[1], la población presentó 277 iniciativas, siendo calificadas 96 de ellas por los líderes de la propia población.
  • Sólo en el 2019 fueron calificados 50 de estos proyectos.
  • A la fecha se ha desarrollado el 95% de los mismos con magníficos resultados, según Carlos Aranda, ejecutivo de Southern.  

Lo interesante es que estos proyectos ayudan a generar proveedores de la zona y transfieren tecnología (criterios 1 y 5).

Por otro lado, el proyecto desarrolló programas de trabajo temporal para paliar los estragos que la pandemia ocasionó a la economía local (criterios 1 y 6). Así, pobladores laboraron en acciones de limpieza en las calles de Mollendo, desinfección de instalaciones, apoyo a las autoridades de salud en la toma de muestras para detección de COVID-19 y –recientemente- en las campañas de vacunación promovidas por el gobierno nacional.

En recientes días, los medios de Arequipa resaltaron el avance en la construcción del nuevo hospital en el sector de Alto Inclán en Mollendo, así como el nuevo Centro de Salud del distrito de Cocachacra, ambos basados en expedientes técnicos financiados por Southern Perú (criterio 4). De esa manera, la población ya no tendrá que viajar entre 2 y 3 horas hasta la Ciudad Blanca para recibir la atención correspondiente.

El propio equipo de personas encargadas de implementar los programas y acciones del proyecto proviene de la provincia, con contadas excepciones.

La conclusión es clara: si Tía María ya cumple con los criterios de rentabilidad social aun antes de empezar a producir, ¿qué espera el gobierno para impulsar su desarrollo?

La negativa del gobierno, ¿es parte del sabotaje político contra la minería, iniciado en Cajamarca para frenar el desarrollo del Perú y la superación de la pobreza? Lampadia

[1] En el 2020 no se realizó la convocatoria debido a las restricciones sociales generadas por la pandemia. En el 2021 se está por retomar este programa.




“Protestas y autoridades” … entre comillas

“Protestas y autoridades” … entre comillas

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 12 de febrero de 2021
Para Lampadia

Si un grupo de vándalos no hubiera bloqueado a la bruta la carretera Panamericana en Ica, las protestas de diciembre pasado hubieran pasado inadvertidas. Me refiero a las protestas contra las empresas agroexportadoras. En efecto, prácticamente todos los trabajadores hubieran asistido libre y voluntariamente a sus centros de trabajo. Y – por ende – todas las empresas hubieran trabajado con total normalidad, tal como lo están haciendo actualmente… y tal como lo venían haciendo hasta antes de los bloqueos.

Por eso hay que preguntarnos – objetivamente – si lo de Ica fue una genuina protesta laboral, o un acto vandálico promovido políticamente para simular una protesta laboral. Yo estoy seguro que lo de Ica fue esto último… un acto de sabotaje político en contra de las empresas agroexportadores. Y lo mismo diría de las protestas de Chao… en la pujante irrigación de CHAVIMOCHIC. Incluso, años atrás pasó algo parecido contra las empresas mineras. Recordemos las protestas contra Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, y Las Bambas en Apurímac. En mi opinión, todas fueron “protestas” entre comillas. Es decir, actos de sabotaje político con fines anti empresariales.

El cinismo de los promotores fue tal, que siempre se ampararon en el derecho constitucional a la huelga, a la protesta, y a la sagrada libertad de expresión… con lo cual todos estamos de acuerdo. Sin embargo, el bloqueo de carreteras – y el vandalismo delincuencial – fue el común denominador en todos los casos en cuestión. ¡Pobre de aquellos que no se plieguen a la protesta! ¡Ay de aquellos que no apedreen a la Policía! Les cortaban el agua para sus parcelas, les quemaban sus casas, y hasta los agredían físicamente… la sanción era implacable y cruel. Y encima eran tildados de traidores, cobardes… y todo lo demás. ¡Quemen los vehículos que osen circular frente a los piquetes que bloquean las carreteras! Piedras, fuego, bombas Molotov… ¡todo valía! A eso le llamaban marchas pacíficas.

Bueno pues… así está la situación. No obstante, vandalismo y delincuencia hay en todo el mundo. Incluso en países desarrollados como Suiza, Estados Unidos, Japón… entre otros. La diferencia es que allá hay autoridad, mientras que acá… no. Nuestras autoridades son “autoridades” … entre comillas. ¡He ahí el problema!

  • Y no me refiero – solamente – al Presidente Sagasti, quien humilló y descabezó hace poco a la Policía Nacional del Perú (PNP), y se doblegó mansamente ante a los vándalos que exigían la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.
  • Me refiero también al ex Presidente Vizcarra. ¿Cómo olvidar su cobarde rendición ante el innombrable Gobernador de Arequipa, en el caso de Tía María? Y así por el estilo. El ex Presidente Humala… muy castrense él, pero hasta “cosito” lo llamaban. Y paro de contar.

Sin embargo, aparte de la pusilanimidad gubernamental frente a los bloqueos de carreteras y vandalismo delincuencial, hay un sesgo marcadamente anti empresarial en muchas autoridades políticas de nuestro país, secundadas – eso sí – por no pocos periodistas, académicos, dirigentes sociales, y ciudadanos en general. No podemos tapar el sol con un dedo.

Para esos propulsores del estatismo, las empresas privadas – todas las empresas – son abusivas, evasoras de impuestos, especuladoras, acaparadoras y mil etcéteras más. Las empresas – en esencia – son malas. Sólo el Estado – y nadie más que el Estado – puede velar por el bienestar y progreso de los trabajadores, los consumidores y la ciudadanía en general. Así se expresan muchos presidentes, ministros, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, etc. Y como acabo de mencionar, cuentan con mucho respaldo académico, periodístico y dirigencial… lamentablemente.

Pusilanimidad gubernamental y estatismo ideológico… eso es lo que tenemos. Conste que nadie – en su sano juicio – pide la vuelta del autoritarismo abusivo y arbitrario. Nada que ver. Lo que pedimos muchos peruanos – no todos… valgan verdades – es autoridad legítima. Un Estado firme, servicial y eficiente. Pero – repito – lamentablemente no lo tenemos.

¿Qué hacer entonces? Pues denunciar a los vándalos ante el Ministerio Públicos. Denunciar a los vándalos que bloquean carreteras y apedrean a vehículos particulares. Denunciar a los vándalos que masacran a policías desarmados. Y dado que el Gobierno no hace nada al respecto, hacerlo nosotros desde la ciudadanía. ¡Eso es lo que debemos hacer!

Se trata de exigir orden, estabilidad, seguridad, legalidad, predictibilidad, civismo. ¡Estamos en nuestro derecho! No queremos “protestas” entre comillas. Y menos… “autoridades” entre comillas. Lampadia