Jaime de Althaus
Para Lampadia

La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso ha culminado con el otorgamiento de la confianza. Es de esperar, entonces, que en la Comisión de Constitución se alcance un consenso para avanzar en la aprobación de los proyectos de reforma política que, junto con la reforma del sistema judicial, es muy importante para construir una institucionalidad que mejore la gobernabilidad e instaure el Estado de derecho, bases fundamentales de la prosperidad y el crecimiento.

Pero no es necesario esperar hasta el mediano o largo plazo para que esos objetivos se alcancen. El gobierno puede y debe ir avanzando con decisiones cruciales que tendrían un impacto muy grande en el corto plazo para mejorar sustancialmente las condiciones para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo formal e inclusivo en el Perú. Y también el Estado de derecho. Se trata de la licencia de construcción de Tía María, que debería darse antes del 31 de julio que vence la vigencia del estudio de impacto ambiental de ese proyecto, y la inclusión en el Plan Nacional de Competitividad de un conjunto potente de reformas laborales y tributarias que permitan incluir en la legalidad formal a muchísimas empresas y trabajadores hoy excluidos y que permitan su crecimiento económico, hoy reprimido.

La primera decisión tendría el valor simbólico de señalar que el Estado peruano se decide a desarrollar el enorme potencial minero que tenemos y que puede convertirnos en un país desarrollado, y que empieza a crear las condiciones para ello. Es decir, que empieza a tener la madurez suficiente para manejar procesos que permitan la inversión asegurando los derechos de todos.

La segunda indicaría que hemos empezado un proceso para cerrar la mayor desigualdad estructural y social existente el país: la que separa a los formales integrados al mundo moderno, de los informales e ilegales arrinconados en los márgenes del desarrollo y la legalidad.

Sobre la decisión de otorgar la licencia de construcción a Tía María ya nos explayamos la semana pasada en este mismo portal. Respecto de lo segundo hay que decir que el Estado peruano ha agotado ya todas las instancias de diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), y no ha sido posible conseguir la participación ni el aporte de las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza. Por lo tanto, es necesario tomar una decisión ante un tema que tiene que resolverse si queremos volver a crecer con oportunidades para todos.

El proceso comenzó a mediados del año pasado con la pre publicación del “documento de política”. En el Objetivo de Política Nº 5, orientado a “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, se identificaron con claridad los problemas e implícitamente las soluciones:

• El Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores.
• El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México): 50.3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador mientras que Colombia es el 30.4%, Chile el 15.8% y México el 21.1%.
• En el Perú la indemnización por concepto de despido injustificado es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México)

Ese documento de política, luego de recibir comentarios, se convirtió en la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, aprobada por decreto supremo el 31 de diciembre del 2018. El problema es que la “Política…” diluyó y relativizó el diagnóstico que estaba en el documento de trabajo llegando a decir que en realidad la solución no pasa por reducir esos costos no salariales porque ya tenemos regímenes especiales menos onerosos y no han resuelto el problema, una falacia que ya desbaratamos en un artículo anterior.  

La CGTP no se presentó

El hecho es que las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza, protestaron porque no habían sido consultadas para la elaboración del Objetivo de Política Nº 5, y se retiraron, una vez más, del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), pese a que el mencionado capítulo no contenía propuesta de cambio alguna. El presidente de la República las invitó a Palacio y allí les solicitó que se reincorporen para discutir precisamente ese capítulo, que se decidiría en el CNT, y se dictó un decreto para disponerlo así.

El pasado jueves 30 de mayo se llevó a cabo la reunión del CNT en la que los sindicatos y los gremios empresariales debían presentar sus propuestas finales respecto del Objetivo de Política Nº 5, pero las centrales no se presentaron. Si hubieran tenido propuestas y argumentos, habrían asistido. No lo hicieron. El gobierno, entonces, tiene el camino libre para incorporar en el Plan Nacional de Competitividad que se apruebe próximamente las reformas necesarias para desentrampar el mercado laboral e incorporar a los marginados.

Los gremios empresariales, en cambio, habían unificado posiciones y presentaron un documento completo que incluye no solo propuestas relativas a la regulación de las relaciones laborales sino otras para resolver problemas de desnutrición y anemia, educación, educación tecnológica, condiciones para la inversión y el crecimiento de las Mypes, simplificación administrativa y análisis de impacto regulatorio de las normas que emite el Estado, extensión de régimen agrario y exportador, etc.

La importante propuesta de Macroconsult

Macroconsult, por su parte, con el auspicio de la Cámara de Comercio de Lima, formó un equipo liderado por Elmer Cuba y Claudia Cooper que elaboró una muy bien pensada propuesta de formalización laboral y tributaria que también ha sido elevada al gobierno. Dicha propuesta tiene como concepto central cambiar el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Así, en lo laboral se plantea un régimen general único basado en una escala gradual de ampliación de beneficios en función del tamaño del sueldo, tal como podemos ver en el siguiente cuadro, que compara al régimen actual de la microempresa con la escala que se propone, hasta llegar al régimen general actual que sería la última escala de un régimen general gradual:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Lo interesante es que la unidad de ampliación de beneficios ya no es la empresa según su número de trabajadores, sino la persona misma, el trabajador, en función del tamaño de su remuneración. Eso implica que en una misma empresa podría haber varios regímenes o escalas o que en una empresa con muy pocos trabajadores pero de servicios profesionales bien remunerados, sus empleados estarían en la escala más alta, por ejemplo.

La propuesta incluye la idea de que cuando el trabajador pasa a la segunda escala (salario entre 1,500 y 2,500 soles), la empresa empieza a pagar a Essalud aunque solo 6%, pero el trabajador no perdería el acceso al SIS, que es más valorado por su prontitud en la atención que Essalud. De esa manera, al mismo tiempo, Essalud tiene un nuevo ingreso sin que tenga que dar el servicio.

La propuesta implica que cuando una empresa crece no pasa de un régimen a otro incrementando sustancialmente los costos no salariales del trabajo, sino que estos se incrementan gradualmente en la medida en que suben las remuneraciones de sus empleados. Pero mejor aún sería plantear una escala de ampliación de beneficios más continua, con rangos más pequeños.  

Evidentemente, sin embargo, el límite al potencial formalizador de esta propuesta y de cualquier otra, está en el nivel relativamente alto del salario mínimo que, según cálculos del IPE, es superior al salario promedio en el sector informal. Se constituye, entonces, en una barrera absoluta a la formalización. Dicho salario no debería ser subido hasta que técnicamente su nivel se adecúe a la realidad del mercado laboral y permita la formalización de los trabajadores sin derechos.

Ahora bien, la propuesta laboral facilitará el crecimiento de las empresas ya constituidas formalmente y evitará la informalización del trabajo dentro de ellas. Pero la gran mayoría de empresas es informal, informal tributariamente, o está en regímenes como el RUS que disfrazan la informalidad o se usan para sacarle la vuelta al fisco. En ese sentido, para facilitar la formalización y el crecimiento de las empresas formales, Macroconsult plantea suprimir los regímenes especiales (parte del RUS, RER, Mype tributario –RMT-, régimen general) y reemplazarlos por un régimen general único gradual y progresivo, algo que siempre hemos demandado en Lampadia. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Esto supone mantener el RUS con un techo más bajo y solo para casos especiales (mercados de abastos y bodegas), que las personas naturales que usan RUS deban migrar hacia el impuesto a la Renta de personas naturales, que las personas con negocios que usan RUS y las que tienen RER y RMT deban migrar al Impuesto a la Renta de tercera categoría progresivo, y que las personas con negocios deben registrarse como persona jurídica. Todos los individuos tendrían que emitir una declaración jurada obligatoria. Por supuesto, la Sunat ayudaría con una contabilidad progresiva.

Nuevamente acá la escala podría ser más continua, para eliminar al máximo los saltos. Y, de hecho, una escala como esta ayudaría a la formalización y el crecimiento  empresarial. La masificación de los comprobantes electrónicos haría todo esto posible.

Las propuestas de Lampadia

Sería conveniente que el gobierno analice esas propuestas y las compatibilice con las que formuló el Consejo Privado de Competitividad en relación al mercado laboral, e incluya también las que hemos discutido en Lampadia en un taller en el que participaron Miguel Jaramillo, Gustavo Yamada, Germán Lora, Jorge Toyama y Pablo Bustamante, que adjuntamos al presente. En dicho taller se elaboró una lista mínima de reformas:

• Cambio de criterio del Tribunal Constitucional, limitando la posibilidad de reposición a despido nulo, conforme a ley (posición de magistrado Sardón de Taboada). O, en su defecto, modificación de artículo 27 de la Constitución Política de 1993, fijando la indemnización por despido arbitrario como mecanismo protector frente al despido, abriendo la posibilidad de reposición únicamente para despido nulo (hay un proyecto de la congresista Letona en este sentido).
• Modificación del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, permitiendo pactar la Remuneración Integral Anual (RIA) sin que exista un límite mínimo de remuneración (2 UIT es en la actualidad) para ello (salvo la RMV).
• Considerar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) solo como seguro de desempleo. Establecer un tope de 6 sueldos en la cuenta de trabajador. Llegado a dicho tope, el empleador no tiene obligación de seguir haciendo depósitos. Esa cuenta solo podrá ser abierta por el trabajador cuando esté desempleado. No se podrá hacer retiros parciales.
• Mejorar la regulación del tiempo parcial: aumentar número máximo de horas trabajadas a la semana a 30 horas. Modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será trabajo a tiempo parcial el trabajo realizado en menos de 24(30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.
• Aprobar la ley de empleo juvenil.

Fuera de eso, en Lampadia hemos desarrollado una propuesta clave indispensable para formalizar la economía y el trabajo y resolver el problema pensionario:

• Que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado.

El gobierno está ante la responsabilidad histórica de incorporar en el Plan Nacional de Competitividad estos y otros cambios orientados a modernizar la legislación laboral, tributaria y social para hacerla más inclusiva y más adaptada a la cuarta revolución industrial que se nos viene, y a la que no podremos sobrevivir si es que no actualizamos nuestro marco regulatorio. De paso propiciaría una gran revolución: la que haga posible reducir sustancialmente la gran desigualdad estructural de nuestro país, que es la que excluye al sector informal emergente de la formalidad y el crecimiento económico. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ha quedado claro, luego de la composición del gabinete, que el gobierno de Martín Vizcarra no aspira a realizar reformas importantes en el terreno laboral y quizá tampoco en otros. Este inmovilismo reformista cuenta con la complicidad de Fuerza Popular, que parece conforme con la designación del ministro de Trabajo, Christian Sánchez, conocido defensor del carácter rígido y excluyente de la normatividad laboral.

Es lamentable, pero así es. Por eso, cuando se habla de la reactivación de la inversión privada, se está pensando en la inversión privada grande, aquella que puede trabajar con la inflexibilidad y los costos de la legalidad laboral en el país. Pero no se está pensando en una reactivación que venga también desde abajo, desde la micro y pequeña empresa, cada vez más excluida de toda posibilidad formal, condenada a no crecer.

Sin embargo, todavía hay una oportunidad de avanzar en reformas inclusivas de las mayorías informales en la economía, pero desde otros frentes: principalmente desde el tributario, el financiero y el de la seguridad social, y de una manera articulada, conjunta. Y desde allí hacer ver la necesidad de las reformas laborales correspondientes, sin las cuales tampoco se avanzaría mucho.  

En efecto, no es lo laboral la única barrera a la formalización. El sistema tributario tampoco fomenta la incorporación de los informales a la cadena tributaria si no, al revés, facilita la informalización de los negocios y el dualismo económico. En parte por eso los niveles de bancarización son bajos. Y, para coronar el cuadro, tenemos un Seguro Integral de Salud (SIS) y un sistema de pensiones que también fomentan la informalidad empresarial y laboral pues la subsidian. ¿Para qué formalizarse si no necesito ni Essalud ni aportar a un sistema de pensiones, puesto que el Estado me los da gratis? Por supuesto, los altos costos no salariales del trabajo y la estabilidad absoluta en los contratos indefinidos, se suman para forzar aún más a las actividades hacia la informalidad.

Los efectos perversos del RUS

Todo esto debe ser atacado de manera simultánea. Pero comencemos con el sistema tributario. Su problema central es su fragmentación entre diversos regímenes, que lleva a los contribuyentes a jugar o “arbitrar” entre regímenes para pagar menos o no pagar, haciendo artificios para bajarse, por ejemplo, al Régimen Único Simplificado (RUS), donde no se paga IGV ni impuesto a la renta sino solo una cantidad fija al mes de 20 o 50 soles según el tamaño.

Concentrémonos en el análisis de las implicancias del RUS. Para comenzar, al no pagar IGV ni Renta, está desconectado de la cadena de valor, de la cadena tributaria: no se sabe a quién le compra ni tiene incentivos para pedirle factura o comprobante, ni se sabe a quién le vende. Es un informal disfrazado de formal. Un informal registrado en la Sunat.

En principio emite boletas de venta, pero estas no les sirven a las empresas que están en el régimen general para descontar gastos salvo hasta cierto tope, ni para descontar IGV. Entonces las empresas formales del régimen general no les compran a las microempresas del RUS. Se profundiza, así, el dualismo estructural de nuestra economía, entre un sector moderno e integrado y un sector tradicional de baja productividad, excluido. Peor aún, este microempresario no podrá descontar el IGV que paga en las compras que hace.

El otro efecto es también perverso: si la empresa crece y debe pasar al régimen general, sabe que en este régimen terminará teniendo menos utilidades o ingresos porque pagará muchos más impuestos que en el RUS. El salto resulta mortal. Eso lleva a las empresas que crecen a dividirse para seguir en el RUS. Y lleva también a empresas que están en el régimen general, a fraccionar algunas tareas y pasarlas al RUS, a fin de pagar menos impuestos. Un estudio hecho por la Sunat reveló que en San Isidro hay 1,800 empresas en el RUS, algunas de las cuales se ubican nada menos que en la ¡Av. Conquistadores!

Fuentes vinculadas a la Sunat nos cuentan el caso de una clínica que está, como empresa, en el régimen general, y que, como tal, asume todos los costos por insumos, productos y servicios empleados y paga IR e IGV. Pero dentro de ella había cinco personas que estaban en el RUS y que declaraban una parte de las ventas de la clínica a su nombre, a través de boletas de venta o recibos por honorarios, y pagaban una cuota fija mensual en lugar de IGV y Renta. A través de este fraccionamiento se estima que la clínica dejó de pagar más de S/ 400 mil en impuestos el 2016. También el caso de un salón de belleza que, como empresa, estaba en el Régimen Mype Tributario. Pero el titular, su hija y el administrador estaban en el RUS y declaraban una parte de las ventas del salón de belleza a su nombre, a través de boletas de venta o recibos por honorarios. Es decir, pagaban una cuota fija mensual.

También ocurre que muchas mypes contratan a personal vía RUS en lugar de incorporarlas en planilla. RUS en lugar de contrato laboral. Es decir, el RUS también sirve no solo para evadir impuestos sino también para evadir la ley laboral. De las 680 mil contribuyentes que están en el RUS, una parte apreciable estaría conformada por trabajadores contratados vía RUS.

El resultado de todo esto es una gran evasión. Según cálculos de la Sunat, el RUS recauda alrededor de 200 millones de soles al año, pero debería recaudar cuando menos 1,000 millones. Es decir, hay una evasión ¡del 80%!

La conclusión lógica es obvia: debería eliminarse el RUS y cualquier régimen especial que sea aprovechado por contribuyentes para evadir impuestos, que acentúe el dualismo estructural y que penalice el crecimiento de la empresa. Debería haber un solo régimen gradual y progresivo que comience con contribuciones a la renta inexistentes pero que suponga pagar IGV. La complicación que para los pequeños significaría calcular y declarar el IGV, se resolvería cuando la propia Sunat les haga el cálculo y liquidación correspondiente, lo que sería factible a partir del momento en que la masificación de los comprobantes de pago electrónicos llegue al 100% de las transacciones, cosa que se espera alcanzar el 2019. Y es posible, como veremos, que en las escalas más bajas los contribuyentes paguen menos que con el RUS, considerando cero impuesto a la renta y la posibilidad de descontar el IGV.

El intento del régimen Mype

Como sabemos, para apuntar hacia eso, el ex ministro Alfredo Thorne creó el nuevo régimen Mype Tributario (RMT), que incluye a empresas que venden hasta 1,700 UIT y, en la parte de abajo, elimina y reemplaza a las tres categorías de ingresos más altas del RUS, correspondientes a los que vendían entre 8 mil y 30 mil soles mensuales. Las empresas que estaban en esos rangos del RUS y se pasan al RMT, ya no pagan el 2% del total de sus ventas como todo concepto, sino IGV e impuesto a la renta con la ventaja de apoquinar solo 10% de IR por las primeras 15 UIT (62,250 soles) de utilidad. Esto permite incorporarlas en la cadena de valor (al pagar IGV) y hace posible una gradualidad en la tasa neta, hasta llegar al 29.5% del régimen general, a fin de no sentir el paso de un régimen a otro.

El régimen, sin embargo, ha sido criticado por haber perdido recaudación y no haber incorporado suficientemente a quienes estaban en el RUS. El ministro de economía, David Tuesta, nos dijo: “el régimen MYPE Tributario tiene la lógica de dar gradualidad, pero desde un punto de vista recaudatorio lo único que se ha visto es que el 95% de las personas que están en este régimen era gente que ya estaba pagando en el régimen general. Solo un 5% son nuevos”.^[1]

En realidad, es lógico que eso haya ocurrido así, precisamente porque no se eliminó, en el umbral, los regímenes RUS y RER.[2] Eliminarlos era la idea original cuando se pidió facultades para crear el régimen Mype tributario, pero el Congreso sólo las dio para eliminar las categorías 3, 4 y 5 del RUS, que suman alrededor de 24 mil contribuyentes, pero no las categorías 1 y 2, que (supuestamente) venden hasta 8 mil soles mensuales, que son alrededor 630 mil contribuyentes. Pues bien, con el RUS abierto, es difícil sustraerse a la tentación de dividir los negocios para pagar ese 2% de las ventas.

Y, naturalmente, al no haberse eliminado esos otros regímenes, el Mype se convierte en uno más que se presta a la evasión o al juego elusivo o evasor entre regímenes, por supuesto.

La razón por la que se prefirió mantener el RUS y el RER en lugar de unificar la tributación en un solo régimen gradual y progresivo, fue la creencia de que en el general o en el MYPE los microempresarios pagarían más que en el RUS o el RER, excluyéndolos de toda posibilidad de formalización, por más débil que sea.

Eso fue lo que nos dijo, efectivamente, Elmer Cuba: “Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías 2 mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco”.^[3]

Pero no necesariamente es así. La ex ministra de Economía, Claudia Cooper,^[4] nos explicó que, según datos de la Sunat, las empresas que estaban en los tramos del RUS que debían pasar al régimen Mype, tenían una utilidad de alrededor del 6%, con lo que podrían terminar pagando menos que en el RUS. Haría falta demostrar esto claramente con números. 

La propuesta de la Sunat

La Sunat, sin embargo, está considerando, en una propuesta de reforma integral que está elaborando, ya no eliminar del todo sino mantener el RUS pero suprimiendo la categoría 2 y dejando solo la categoría 1, hasta 15 UIT anuales de ingreso (unos 5 mil soles mensuales), considerado un nivel de subsistencia. Y, al mismo tiempo, dar incentivos para que esos RUS pidan facturas o comprobantes y acrediten así sus compras. ¿Qué incentivos? Fuentes vinculadas a la Sunat nos explican que un incentivo sería subir la cuota fija que paga ese RUS por todo concepto, pero con posibilidades de bajarla si se acredita compras. Y un segundo incentivo consistiría en que parte del IGV que paga la persona natural con RUS pueda destinarse a pagar Essalud o pensiones -una propuesta formulada inicialmente por Lampadia. Debe notarse que en un RUS de subsistencia lo más probable es que solo haya personas naturales con RUS. (En el caso de las empresas con trabajadores, sean del régimen que sea, la Sunat está pensando que el IGV que pagan pueda usarse también contra su costo de Essalud y de pensiones de su planilla).

Ahora bien, esos incentivos sirven para averiguar quiénes son los proveedores de estos RUS, a quiénes les compran. Por esa vía ayudan a mejorar la recaudación. Pero no resuelven el problema de que las empresas formales no les comprarán a los RUS si es que no pueden dar factura. Quedan marginados de las cadenas de producción. No resuelven el dualismo estructural.

La Sunat también está considerando la propuesta de eliminar tanto el RER como el régimen Mype, yendo a un régimen que absorba lo mejor de los dos, pero cuyo techo no pase de 150 UIT de ventas al año. Para este régimen habría depreciación acelerada, en un año, de los activos adquiridos, y no tendrían que presentar declaración anual de impuestos porque la propia Sunat les haría la declaración a partir de la masificación de los comprobantes de pago electrónicos.

Nótese que estamos hablando de una disminución drástica del límite superior de 1,700 UIT a 150 UIT, lo que sin duda afectará a muchas empresas del régimen general que se pasaron al Mype, razón principal de que la recaudación haya caído en algo.

Aquí tenemos una preocupación. Recordemos que la novedad del régimen Mype era su carácter gradual y progresivo, dado por el hecho de que, si las primeras 15 UIT de utilidades pagaban solo 10% de IR, conforme las utilidades fueran crecientes y se alejaran más de esas 15 UIT, la tasa ponderada que se paga es mayor, hasta llegar al límite del régimen general. El salto, entonces, entre un régimen y otro, es casi imperceptible y por lo tanto no disuasivo. ¿Cómo se mantendrá esa gradualidad entre los nuevos regímenes que quisiera crear la Sunat?  

Un solo régimen gradual y progresivo

A nuestro juicio, una fórmula mucho más limpia, clara y coherente sería la de ir a un solo régimen gradual y progresivo. ¿Cómo? Pues incorporando lo de las primeras 15 UIT que pagan sólo 10% de IR, dentro del propio régimen general –de modo que no haya ningún salto, por más pequeño que sea- , y eliminando el RUS y el RER de la base cuando la masificación de los comprobantes electrónicos haya alcanzado su punto máximo, a fin de que la misma Sunat les calcule sus impuestos a los contribuyentes de los niveles bajos de la escala general y única, simplificando de manera absoluta la declaración mensual, que sería hecha por la propia Sunat. De esa manera, si todos, por más pequeños que sean, emiten comprobante o factura desde su propio celular, de manera sencilla, se habrá terminado para siempre con el dualismo de la economía y con la informalidad económica.    

La Sunat también está preparando una propuesta para simplificar el impuesto a la renta de las personas naturales, eventualmente bajando el umbral a partir del cual se paga. Y para darle valor a la factura, para incentivar a las personas naturales que la pidan, la Sunat, como decíamos, está considerando en su propuesta tomar la idea de Lampadia de usar parte del IGV que se paga para aportar a Essalud o al sistema de pensiones. Lo que, de paso, aceleraría la formalización y aumentaría la base de cobro del IGV, fuera de ayudar a universalizar la protección social vía salud y pensiones.

El SIS, las pensiones y el pago con parte del IGV

Pero la idea de descontar parte del IGV que se paga para aportar al sistema de pensiones o a Essalud, que es fantástica, tiene que ir de la mano con reformas integrales precisamente del sistema de salud y la seguridad social, y del sistema de pensiones. Pues el Seguro Integral de Salud (SIS), tal como está organizado, es un subsidio a la informalidad y un desincentivo a formalizarse. Si puedo acceder a un seguro de salud sin aportar nada, ¿para qué formalizarme si el principal incentivo para hacerlo es poder acceder a Essalud? Incluso se creó el 2013 el llamado “SIS emprendedor”, para los RUS, que les daba acceso al SIS a quien hubiese hecho tres pagos de RUS.

El SIS fue creado para quienes están por debajo de la línea de pobreza y no pueden aportar a un Seguro. Pero en la actualidad hay casi 17 millones de personas en el SIS y solo tenemos algo más de 6 millones de pobres. Habría 10 millones que sí podrían aportar, en mayor o menor medida.

La propuesta que formuló la comisión de Protección Social consistía en conformar un fondo único a partir de Essalud y del SIS, a fin de financiar con ese fondo una capa básica universal, para todos (salvo para los pobres, que tendrían la cobertura completa actual del SIS) y que los no pobres aporten a Essalud para la capa más compleja. Esos aportes podrían hacerse, precisamente, con parte del IGV que los ciudadanos y las empresas pagan cuando compran algo, disminuyendo, de paso, los costos no salariales del trabajo, otra fuente de informalidad.

Algo similar se plantearía para el sistema de pensiones. Debe notarse que en la actualidad en Pensión 65 hay 545 mil pensionistas, casi la misma cantidad de los que son administrados por la Oficina Nacional Previsional (ONP), que son 567 mil. Existe el peligro, luego de la populista ley 95.5, que mata la pensión como concepto, cada vez más gente termine acudiendo a Pensión 65 para asegurar su vejez.

La propuesta de usar parte del IGV para aportar al sistema de pensiones y a Essalud no solo tendría la virtud de acelerar la formalización de la economía e incrementar la recaudación a la larga, porque incentiva a pedir facturas (aunque en el corto plazo la Sunat  propondría subir 1 punto el IGV para financiar el costo inicial de la reforma), sino que permitiría entrar al difícil tema de la reducción de los costos no salariales del trabajo, como decíamos, porque por lo menos parte de los aportes a Essalud y a las AFP ya no saldrían del sueldo de los trabajadores o de la empresa, sino del IGV que de todas maneras pagan. Sería la puerta de entrada a las necesarias reformas laborales que permitan generar más inversión y más empleo formal con derechos. Es decir, avanzar a una normatividad laboral inclusiva que deje de expulsar trabajadores hacia la informalidad. 

Conjunto de reformas

La conclusión es que, si queremos acabar con el dualismo estructural, reducir sustancialmente los niveles de informalidad, formalizar el país e incrementar los ingresos fiscales, tenemos que hacer este conjunto de reformas (tributaria, salud, pensiones y laboral) de manera orgánica, integral y simultánea. Como vemos, están imbricadas entre ellas. No podemos hacer unas sin las otras. No tendría efectividad. 

Norman Loayza, del Banco Mundial, escribió: “En el 2013, la producción informal en el Perú representó alrededor del 55% del PBI, lo que ubicaba a Perú en el 10% de países con el nivel más alto de producción informal en el mundo”.[5] Esto sin mencionar que más del 90% de las empresas y el 73% del trabajo es informal. No podemos seguir así. Los efectos no son solo económicos o sociales. La informalidad se intersecta con la ilegalidad y ambas se retroalimentan. Incluso desde el punto de vista de la seguridad ciudadana son indispensables estas reformas. El Ejecutivo y el Congreso no pueden eludirlas. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

El nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) busca dos resultados: incorporar a la cadena económica a sectores que hoy están desconectados porque no entregan factura ni pagan IGV, es decir, reducir el dualismo económico; y permitir el crecimiento de las micro y pequeñas empresas no solo vía su incorporación a la cadena, es decir, haciéndoles posible vender a medianos y grandes gracias a que ahora emiten factura, sino sustituyendo el salto brusco del impuesto a la renta (IR) de cero a 30% cuando se pasaba del régimen especial (RUS[1], RER[2]) al régimen general -lo que desalentaba el crecimiento y la formalización porque se perdía plata al pasar al régimen general-, por un incremento gradual hasta llegar a 29.5% a partir de ventas anuales superiores a las 1,700 UIT (6’885,000 soles).

La siguiente reflexión de Peter Sanguineti, que presentamos líneas abajo sobre como tratar el deseable paso entre la informalidad y la formalidad, nos revela una serie de elementos de la realidad de la mayoría de esos peruanos trabajadores a los que no les dimos otra oportunidad de vida.

La idea llevarlos al mundo de la formalidad es hoy día muy necesaria, pero esto debe hacerse rescatando sus capacidades y sus sustentos de vida, sin destruir una realidad que, tal como está definida nuestra profusa y ciega normativa, puede ser incompatible con ella.

Fuente: Instituto Continental

El tema de la formalización es crucial para el desarrollo futuro del país. En Lampadia hemos presentado anteriormente esta realidad en: La Realidad del Perú Informal y el retorno a la miopía. Más recientemente, hemos propuesto ligar este objetivo de formalizar al tratamiento del IGV y el de las pensiones, ver: Sobre formalización, pensiones e IGV. 

Peter Sanguineti

Para Lampadia

Lo que hace décadas era un tema tabú deliberadamente soslayado en los planes de gobierno, se ha convertido finalmente en una fuente de preocupación ineludible y no es para menos. Se hace indispensable incorporar la economía informal a la formalidad.  Es evidente por tanto que una de las tareas fundamentales del presente gobierno consista en dictar las políticas necesarias para enfrentar este problema del que depende la viabilidad del Perú como nación.

En su habitual columna dominical Richard Webb (Un debate informal) se ha referido a la informalidad desde otro enfoque, haciéndonos notar el error de declarar una guerra contra la informalidad al mirarla desde la perspectiva del blanco puro y el negro puro como si en esta realidad no existiera un sinfín de gradaciones de gris.  

A mi juicio la informalidad no es todo lo malo que los economistas, académicos y politólogos nos quieren pintar. Se trata más bien de la respuesta creativa y pujante de una inmensa mayoría de la población peruana en edad de trabajar que por diversas razones se ha visto marginada por la economía formal. No creo que exista una expresión más cabal de la preferencia de la población peruana por la economía de mercado que la demostrada por los empresarios informales.

Fuente: gestionpyme.com

Sucede que nuestra realidad formal, la oficial, ha optado por mirar a la realidad informal como a un enemigo al que hay que combatir y eliminar. Pero las armas que utiliza para ello consiguen el efecto contrario. Falta inteligencia y empatía. Una manera de comprender uno de los muchos matices de gris de este fenómeno es verlo desde la óptica del empresario informal. En el discurso académico y oficial se lo suele ver como a un delincuente que evade impuestos, infringe las leyes laborales y perturba a la sociedad y por ende hay que castigarlo, reprimirlo y sancionarlo. En este discurso hay cierta tendencia a imaginarlo torpe y menospreciarlo por no acogerse a los evidentes beneficios de la formalidad.  

Pero las aplastantes estadísticas indican que algo no anda bien en el diagnóstico de los que solo ven entre el blanco puro y el negro puro. La propuesta de PPK de rebajar los niveles del IGV para motivar a los informales a dejar la informalidad toca uno de esos matices de gris. Puede ayudar no cabe duda. Pero hay otros matices de gris en mi concepto no menos importantes de observar que separan al empresario formal del informal. Uno de ellos es la excesiva tramitología resultante de un marco regulatorio desproporcionado que bloquea al informal y promueve la corrupción. Urge implantar una auténtica y cabal simplificación administrativa a todo nivel.

Otro de esos matices generalmente ignorado por los analistas y al que me voy a referir es la Contabilidad. La expresión cabal de la formalización es llevar una contabilidad en orden. ¿Qué significa la contabilidad para el empresario informal?

Este empresario sobrevive en base a su esfuerzo e ingenio creativo, a su perseverancia y su instintiva capacidad de hacerse productivo en un medio hostil. Para crecer y desarrollarse contrata al personal que le es indispensable, muchas veces reclutado entre los miembros de su propia familia. Siendo informal, no necesita de la contabilidad tradicional, le basta con un minucioso seguimiento de sus ingresos y gastos. Sin embargo sabe que si algún día se le ocurriese formalizarse necesitará de un contador, el que será su nexo con la formalidad, representada por la SUNAT. Esa condición es un disuasivo para formalizarse ya que si esa vinculación no es positiva el contador será una carga ingrata de sostener. Normalmente las pequeñas empresas informales por su volumen de operaciones no pueden contratar a un contador full time, ergo para formalizarse lo contratará por horas.

Del contador dependerá la presentación oportuna y exacta de las declaraciones mensuales ante SUNAT y eso es algo que el empresario informal rehúye por intuición. Todos los que tienen alguna experiencia empresarial saben de los errores de los que son capaces los contadores. Esos errores se convierten en multas a veces impagables impuestas por la SUNAT y quien paga esos errores no es el contador sino el empresario, que da la cara ante SUNAT.

Es cierto que hay un régimen simplificado (RUS) que exonera a quien allí se inscribe de llevar libros y registros contables, pero no les permite emitir facturas y por ende sus clientes no pueden deducir el IGV. Las personas jurídicas sí deben llevar contabilidad completa aunque la obligación de presentar libros es parcial para los de menores ingresos. Lo cierto es que luego de varios años de la aplicación del RUS la informalidad continúa rampante.

La necesidad de un contador público resulta ineludible para el informal que busca formalizarse. La tramitología engorrosa y la necesidad de conocer de Windows, manejo del internet, Office, Excel y dominio de computadoras y conocimientos de la contabilidad por partida doble (libros Diario, Mayor etc.) le impide resolver este requisito formal por sí mismo. Su tiempo está dedicado a producir, a ver no solo el hoy, sino el futuro; el contador se dedica a ver el pasado, a registrar los hechos contables ocurridos en su empresa. El empresario informal tiene demasiadas otras cosas de las que ocuparse.

Hace poco vimos en un programa dominical un caso que grafica esto y que lamentablemente no es una excepción sino la regla. Un modesto ganadero informal de Cajamarca es empujado por la empresa lechera que le compra a formalizarse a fin de descontar el IGV de sus facturas. Contrata a un Contador, quien para mala suerte comete un error en una de sus declaraciones ante la SUNAT la que le impone una multa de S/. 80,000.00 que para él, con una venta bruta mensual de no más de S/.10,000 resultó descomunal e impagable. Trató de razonar con la SUNAT, quien le dijo que como requisito previo para revisar su caso, debía primero pagar la multa.

Asombrado por esta absurda lógica (pero infortunadamente usual) de la implacable SUNAT, acude al poder judicial de Cajamarca donde le dan la razón, pero la SUNAT, con todo el poder que tiene, apela ante varias instancias en un proceso que por lo difundido en ese reportaje televisivo lleva más de 9 años mientras le ha congelado sus cuentas e hipotecado su casa. Angustiado y con su vida familiar rota el reportaje televisivo daba cuenta de que ahora la multa era de S/. 200,000 por los intereses acumulados.

La experiencia de este humilde empresario es expresión de una cruda realidad. Fue manifiesta su indignación cuando resaltó la injusticia de su caso frente a empresas multinacionales que deberían miles de millones al fisco y no son tocadas por la SUNAT debido a su enorme peso específico en la sociedad y su capacidad de defenderse con poderosos estudios de abogados. Desigualdad inaceptable ante la ley.

Mientras un informal que se formaliza sea tratado como un delincuente será un ejemplo para todos los informales de lo hipócrita de un sistema que busca formalizarlos para someterlos a un sistema de recaudación injusto y prepotente. Un cambio de visión estratégica frente a este problema es urgente. El empresario informal debiera merecer todo el respeto posible porque tiene la grandeza de procurar empleo al 70% de la población peruana, siendo que en la práctica constituye un colchón que asegura la paz y la tranquilidad en un país por ahora incapaz de ofrecer puestos de trabajo formales a toda su población.

Se necesita una nueva cultura que valore la recaudación pero simultáneamente reconozca el valor del empresario informal en nuestra economía. Una idea sería invitarlo a formalizarse pero desde una perspectiva de genuina empatía con su situación, que sienta que se le toma en cuenta con respeto. Ello sería un paso fundamental para incorporarlo sin trampas ni emboscadas propias de un sistema punitivo y abusivo.

Una medida práctica seria permitirle deducir el IGV en sus operaciones.  Semejante respetuosa invitación supone un esfuerzo de dos vías, tanto de la formalidad como del lado de la informalidad. Tal vez para ello se deba crear una SUNAT 2, una filial o subsidiaria de la SUNAT 1 a crearse con la finalidad de acoger transitoriamente a los informales en un entorno tributario menos severo y con una filosofía de transición –más tolerante– mientras se le educa y capacita en sus obligaciones tributarias y contables.

Con este aprendizaje en dos vías, por un lado, el gobierno que honra la palabra empeñada e invierte en infraestructura física y social y, del otro, el informal que ingresa a la formalidad, se logrará una relación win-win en la que el informal, al ver que su esfuerzo se traduce en mejoras concretas en su nivel de vida, se sentirá más comprometido moral y socialmente en contribuir con sus tributos al gobierno. Este es tan solo uno de los aspectos de gris en este complicado fenómeno de la informalidad pero que merece una mirada particular si se desean resultados concretos.

Lampadia