La oportunidad para el gran punto de inflexión

| 10 de Junio de 2019

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso ha culminado con el otorgamiento de la confianza. Es de esperar, entonces, que en la Comisión de Constitución se alcance un consenso para avanzar en la aprobación de los proyectos de reforma política que, junto con la reforma del sistema judicial, es muy importante para construir una institucionalidad que mejore la gobernabilidad e instaure el Estado de derecho, bases fundamentales de la prosperidad y el crecimiento.

Pero no es necesario esperar hasta el mediano o largo plazo para que esos objetivos se alcancen. El gobierno puede y debe ir avanzando con decisiones cruciales que tendrían un impacto muy grande en el corto plazo para mejorar sustancialmente las condiciones para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo formal e inclusivo en el Perú. Y también el Estado de derecho. Se trata de la licencia de construcción de Tía María, que debería darse antes del 31 de julio que vence la vigencia del estudio de impacto ambiental de ese proyecto, y la inclusión en el Plan Nacional de Competitividad de un conjunto potente de reformas laborales y tributarias que permitan incluir en la legalidad formal a muchísimas empresas y trabajadores hoy excluidos y que permitan su crecimiento económico, hoy reprimido.

La primera decisión tendría el valor simbólico de señalar que el Estado peruano se decide a desarrollar el enorme potencial minero que tenemos y que puede convertirnos en un país desarrollado, y que empieza a crear las condiciones para ello. Es decir, que empieza a tener la madurez suficiente para manejar procesos que permitan la inversión asegurando los derechos de todos.

La segunda indicaría que hemos empezado un proceso para cerrar la mayor desigualdad estructural y social existente el país: la que separa a los formales integrados al mundo moderno, de los informales e ilegales arrinconados en los márgenes del desarrollo y la legalidad.

Sobre la decisión de otorgar la licencia de construcción a Tía María ya nos explayamos la semana pasada en este mismo portal. Respecto de lo segundo hay que decir que el Estado peruano ha agotado ya todas las instancias de diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), y no ha sido posible conseguir la participación ni el aporte de las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza. Por lo tanto, es necesario tomar una decisión ante un tema que tiene que resolverse si queremos volver a crecer con oportunidades para todos.

El proceso comenzó a mediados del año pasado con la pre publicación del “documento de política”. En el Objetivo de Política Nº 5, orientado a “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, se identificaron con claridad los problemas e implícitamente las soluciones:

El Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores.
El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México): 50.3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador mientras que Colombia es el 30.4%, Chile el 15.8% y México el 21.1%.
En el Perú la indemnización por concepto de despido injustificado es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México)

Ese documento de política, luego de recibir comentarios, se convirtió en la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, aprobada por decreto supremo el 31 de diciembre del 2018. El problema es que la “Política…” diluyó y relativizó el diagnóstico que estaba en el documento de trabajo llegando a decir que en realidad la solución no pasa por reducir esos costos no salariales porque ya tenemos regímenes especiales menos onerosos y no han resuelto el problema, una falacia que ya desbaratamos en un artículo anterior.

La CGTP no se presentó

El hecho es que las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza, protestaron porque no habían sido consultadas para la elaboración del Objetivo de Política Nº 5, y se retiraron, una vez más, del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), pese a que el mencionado capítulo no contenía propuesta de cambio alguna. El presidente de la República las invitó a Palacio y allí les solicitó que se reincorporen para discutir precisamente ese capítulo, que se decidiría en el CNT, y se dictó un decreto para disponerlo así.

El pasado jueves 30 de mayo se llevó a cabo la reunión del CNT en la que los sindicatos y los gremios empresariales debían presentar sus propuestas finales respecto del Objetivo de Política Nº 5, pero las centrales no se presentaron. Si hubieran tenido propuestas y argumentos, habrían asistido. No lo hicieron. El gobierno, entonces, tiene el camino libre para incorporar en el Plan Nacional de Competitividad que se apruebe próximamente las reformas necesarias para desentrampar el mercado laboral e incorporar a los marginados.

Los gremios empresariales, en cambio, habían unificado posiciones y presentaron un documento completo que incluye no solo propuestas relativas a la regulación de las relaciones laborales sino otras para resolver problemas de desnutrición y anemia, educación, educación tecnológica, condiciones para la inversión y el crecimiento de las Mypes, simplificación administrativa y análisis de impacto regulatorio de las normas que emite el Estado, extensión de régimen agrario y exportador, etc.

La importante propuesta de Macroconsult

Macroconsult, por su parte, con el auspicio de la Cámara de Comercio de Lima, formó un equipo liderado por Elmer Cuba y Claudia Cooper que elaboró una muy bien pensada propuesta de formalización laboral y tributaria que también ha sido elevada al gobierno. Dicha propuesta tiene como concepto central cambiar el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Así, en lo laboral se plantea un régimen general único basado en una escala gradual de ampliación de beneficios en función del tamaño del sueldo, tal como podemos ver en el siguiente cuadro, que compara al régimen actual de la microempresa con la escala que se propone, hasta llegar al régimen general actual que sería la última escala de un régimen general gradual:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Lo interesante es que la unidad de ampliación de beneficios ya no es la empresa según su número de trabajadores, sino la persona misma, el trabajador, en función del tamaño de su remuneración. Eso implica que en una misma empresa podría haber varios regímenes o escalas o que en una empresa con muy pocos trabajadores pero de servicios profesionales bien remunerados, sus empleados estarían en la escala más alta, por ejemplo.

La propuesta incluye la idea de que cuando el trabajador pasa a la segunda escala (salario entre 1,500 y 2,500 soles), la empresa empieza a pagar a Essalud aunque solo 6%, pero el trabajador no perdería el acceso al SIS, que es más valorado por su prontitud en la atención que Essalud. De esa manera, al mismo tiempo, Essalud tiene un nuevo ingreso sin que tenga que dar el servicio.

La propuesta implica que cuando una empresa crece no pasa de un régimen a otro incrementando sustancialmente los costos no salariales del trabajo, sino que estos se incrementan gradualmente en la medida en que suben las remuneraciones de sus empleados. Pero mejor aún sería plantear una escala de ampliación de beneficios más continua, con rangos más pequeños.

Evidentemente, sin embargo, el límite al potencial formalizador de esta propuesta y de cualquier otra, está en el nivel relativamente alto del salario mínimo que, según cálculos del IPE, es superior al salario promedio en el sector informal. Se constituye, entonces, en una barrera absoluta a la formalización. Dicho salario no debería ser subido hasta que técnicamente su nivel se adecúe a la realidad del mercado laboral y permita la formalización de los trabajadores sin derechos.

Ahora bien, la propuesta laboral facilitará el crecimiento de las empresas ya constituidas formalmente y evitará la informalización del trabajo dentro de ellas. Pero la gran mayoría de empresas es informal, informal tributariamente, o está en regímenes como el RUS que disfrazan la informalidad o se usan para sacarle la vuelta al fisco. En ese sentido, para facilitar la formalización y el crecimiento de las empresas formales, Macroconsult plantea suprimir los regímenes especiales (parte del RUS, RER, Mype tributario –RMT-, régimen general) y reemplazarlos por un régimen general único gradual y progresivo, algo que siempre hemos demandado en Lampadia. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Esto supone mantener el RUS con un techo más bajo y solo para casos especiales (mercados de abastos y bodegas), que las personas naturales que usan RUS deban migrar hacia el impuesto a la Renta de personas naturales, que las personas con negocios que usan RUS y las que tienen RER y RMT deban migrar al Impuesto a la Renta de tercera categoría progresivo, y que las personas con negocios deben registrarse como persona jurídica. Todos los individuos tendrían que emitir una declaración jurada obligatoria. Por supuesto, la Sunat ayudaría con una contabilidad progresiva.

Nuevamente acá la escala podría ser más continua, para eliminar al máximo los saltos. Y, de hecho, una escala como esta ayudaría a la formalización y el crecimiento empresarial. La masificación de los comprobantes electrónicos haría todo esto posible.

Las propuestas de Lampadia

Sería conveniente que el gobierno analice esas propuestas y las compatibilice con las que formuló el Consejo Privado de Competitividad en relación al mercado laboral, e incluya también las que hemos discutido en Lampadia en un taller en el que participaron Miguel Jaramillo, Gustavo Yamada, Germán Lora, Jorge Toyama y Pablo Bustamante, que adjuntamos al presente. En dicho taller se elaboró una lista mínima de reformas:

Cambio de criterio del Tribunal Constitucional, limitando la posibilidad de reposición a despido nulo, conforme a ley (posición de magistrado Sardón de Taboada). O, en su defecto, modificación de artículo 27 de la Constitución Política de 1993, fijando la indemnización por despido arbitrario como mecanismo protector frente al despido, abriendo la posibilidad de reposición únicamente para despido nulo (hay un proyecto de la congresista Letona en este sentido).
Modificación del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, permitiendo pactar la Remuneración Integral Anual (RIA) sin que exista un límite mínimo de remuneración (2 UIT es en la actualidad) para ello (salvo la RMV).
Considerar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) solo como seguro de desempleo. Establecer un tope de 6 sueldos en la cuenta de trabajador. Llegado a dicho tope, el empleador no tiene obligación de seguir haciendo depósitos. Esa cuenta solo podrá ser abierta por el trabajador cuando esté desempleado. No se podrá hacer retiros parciales.
Mejorar la regulación del tiempo parcial: aumentar número máximo de horas trabajadas a la semana a 30 horas. Modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será trabajo a tiempo parcial el trabajo realizado en menos de 24(30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.
Aprobar la ley de empleo juvenil.

Fuera de eso, en Lampadia hemos desarrollado una propuesta clave indispensable para formalizar la economía y el trabajo y resolver el problema pensionario:

Que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado.

El gobierno está ante la responsabilidad histórica de incorporar en el Plan Nacional de Competitividad estos y otros cambios orientados a modernizar la legislación laboral, tributaria y social para hacerla más inclusiva y más adaptada a la cuarta revolución industrial que se nos viene, y a la que no podremos sobrevivir si es que no actualizamos nuestro marco regulatorio. De paso propiciaría una gran revolución: la que haga posible reducir sustancialmente la gran desigualdad estructural de nuestro país, que es la que excluye al sector informal emergente de la formalidad y el crecimiento económico. Lampadia

¿Es el nuevo régimen tributario Mype realmente formalizador?

| 10 de Junio de 2019

Jaime de Althaus

Para Lampadia

El nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) busca dos resultados: incorporar a la cadena económica a sectores que hoy están desconectados porque no entregan factura ni pagan IGV, es decir, reducir el dualismo económico; y permitir el crecimiento de las micro y pequeñas empresas no solo vía su incorporación a la cadena, es decir, haciéndoles posible vender a medianos y grandes gracias a que ahora emiten factura, sino sustituyendo el salto brusco del impuesto a la renta (IR) de cero a 30% cuando se pasaba del régimen especial (RUS[1], RER[2]) al régimen general -lo que desalentaba el crecimiento y la formalización porque se perdía plata al pasar al régimen general-, por un incremento gradual hasta llegar a 29.5% a partir de ventas anuales superiores a las 1,700 UIT (6’885,000 soles).

Como sabemos, el decreto legislativo Nº 1269 obliga a los que están en el RUS y venden más de 8 mil soles mensuales, a pasarse al nuevo RMT, donde pagarán ya no 2% del total de sus ventas como todo concepto, sino IGV e impuesto a la renta con la ventaja de pagar solo 10% de IR por las primeras 15 UIT (60,750 soles) de utilidad. Según el ministerio de Economía, pagarán menos impuestos que antes, aunque se incrementa la complejidad del pago. Para atenuar dicha complejidad, el decreto legislativo 269 crea también un registro de ventas y compras y un libro diario de formato simplificados, para aquellos que tengan ingresos netos anuales hasta 300 UIT. Además, al dar factura, podrán vender a empresas formales pequeñas, medianas o grandes. Es decir, se incorporan a la cadena económica, ampliando su mercado.

El asesor tributario Jorge Picón opina lo contrario: que los ex RUS en el nuevo régimen Mype pagarán bastante más que lo que pagaban antes. Presenta un cuadro (verlo a continuación) que muestra cómo los costos tributarios directos se multiplican de 2 a 7 veces, precisando que los costos que plantea son incluso muy conservadores y se dan bajo la premisa que el ex RUS logre conseguir facturas por TODAS sus compras, y usar su crédito fiscal.

Según la viceministra de Economía, Claudia Cooper, Picón parte de supuestos que no son ciertos (y que no sustenta). Presume que las utilidades representan el 20% de las ventas, lo cual puede ser cierto para las empresas grandes que tienen que mostrar utilidades para atraer capitales, pero no es cierto para las micro y pequeñas empresas. Cooper nos envía el siguiente cuadro, elaborado con data de la Sunat relativa a contribuyentes que están en el régimen general pero que tienen ingresos correspondientes al RUS. Muestra cómo los tramos de ingresos de 50 – 60 y 60 – 100 UITs (en rojo), que son los que pasarían del RUS al RMT, reportan utilidades sobre ventas que están algo por debajo del 6%, lo que resultaría en un impuesto cuando menos 5 veces menor al estimado por Picón.

Esto es así, además, porque en el RMT se pagará sólo 10% de Impuesto a la Renta por las primeras 15 UIT de utilidad, como decíamos. En muchos casos la utilidad puede ser incluso inferior a esas 15 UIT. Es posible, sin embargo, que esas empresas tengan utilidades algo mayores que ese 6%, pues quizá inflen costos en alguna medida, pero, en todo caso, para hacer más atractivo el paso al RMT, la viceministra anuncia que se está diseñando “beneficios a quienes integren este régimen, tales como créditos con tasas preferenciales cuyos intereses podrán ser deducidos”. Probablemente COFIDE garantizaría a los bancos una parte de estos créditos.

El jefe de la Sunat, Victor Shiguiyama, por su parte, señala que una parte significativa de quienes están en el RUS están allí no porque les corresponda considerando el nivel de ventas que tienen, sino como una manera de “sacarle la vuelta al sistema”. Es decir, venden más de 30 mil soles al mes, pero declaran menos o subdividen su negocio en varios a fin de que calcen dentro de los límites de régimen. En esos casos, añade, es muy probable que el paso al RMT sí les signifique pagar más impuestos de lo que pagaban antes (ya que antes estaban evadiendo o eludiendo). Un estudio que están haciendo revela que en San Isidro hay 1,800 empresas en el RUS, de las cuales hay algunas en la ¡Av. Conquistadores!

La verdadera solución, explica Shiguiyama, sería sencillamente desaparecer el RUS y el RER[3], para incorporar a todos a la cadena y no haya posibilidad de utilizar estos regímenes para evadir o eludir el pago de impuestos o vender facturas. Pero el Congreso sólo les dio facultades para hacerlo a partir de las categorías 3, 4 y 5 del RUS (los que venden entre 8 y 30 mil soles al mes), que suman alrededor de 24 mil contribuyentes. La gran mayoría, alrededor 630 mil, que venden hasta 8 mil soles mensuales, podrán permanecer en el RUS. De todos modos, es un avance. Si funciona en estas categorías, luego se podrá proponer la desaparición total del régimen. Finalmente, apunta Shiguiyama, “es más sano ser informal que creer que porque pagas 20 soles eres formal”.

Cooper lo pone así: la idea fundamental “es incorporar más mypes a la cadena productiva, y para ello lo que debe hacerse es uniformizar los diferentes regímenes del impuesto a la renta en una sola estructura y así evitar los arbitrajes y la elusión”.

Ahora bien, el problema que se plantea es la declaración de impuestos, que sí es más compleja puesto que hay que calcular el IGV y el impuesto a la renta. Se ha creado unos libros simplificados, pero el mecanismo que permitirá a la larga suprimir el RUS y el RER e incorporar a todos al RMT, es la generalización de la factura o el comprobante de pago electrónicos. Shiguiyama explica que en el momento en que el 90% o 100% de las transacciones se haga con comprobante electrónico, se podrá eliminar el libro de compras y ventas de modo que las Mypes ya no tendrán que hacer una declaración pues la propia Sunat les generará su liquidación automáticamente. Allí la complejidad disminuye a cero.[4]

En la actualidad sólo el 10% de los contribuyentes opera con el sistema electrónico. Los proveedores grandes, por ejemplo, venden ahora con factura electrónica. Pero en julio se inicia la fase de masificación y a fines de año o en el primer semestre del 2018 la gran mayoría operará electrónicamente. Para ello se podrá usar un celular simple –ni siquiera un smart phone-, por medio del cual se podrá enviar el informe de ventas de cada día, por ejemplo. El vendedor de alimentos perecibles en un mercado o el pescador en un terminal pesquero podrá emitir un comprobante de venta con su celular, indicando simplemente el DNI y el monto. El comprador podrá entonces deducir de sus gastos esa compra, pese a que no haya habido factura ni IGV porque se trata de productos exonerados, pero para el comprador –digamos un restaurante o una cafetería- será un gran alivio poder deducir esas compras como gastos, cosa que ahora no puede hacer, con lo que termina pagando un impuesto a la renta irreal y asfixiantemente alto.

Si esta apuesta funciona y los microempresarios empiezan a pagar IGV y dar facturas, no solo se beneficiarían ellos porque podrían venderle a la pequeña, mediana y gran empresa formales, que demanda facturas, sino que se beneficiarán aún más las pequeñas o medianas empresas formales que venden entre 30 mil soles mensuales y algo menos de 7 millones de soles anuales (1,700 UIT), muchas de las cuales –restaurantes, cafeterías, como decíamos- compran a proveedores que no dan factura sin poder descontar esos gastos, con lo que pagan un IGV e IR mucho más alto de lo que deberían, ahogándose. En el futuro, si desaparece el RUS, podrán registrar el gasto, descontar el IGV de lo que compran y, además, pagarán sólo 10% de IR por los primeros 60,750 soles de utilidad. Lo que, de paso, implica un incremento gradual del IR para que no se tenga que pagar proporcionalmente más impuestos cuando se crece y no se desaliente el crecimiento de la empresa.

Una consecuencia de la aplicación de esta reforma será, por supuesto, el incremento de la recaudación del IGV. Shiguiyama explica que en la actualidad recaudamos solo el 70% del IGV, cuando Colombia y Chile, por ejemplo, están en alrededor del 80%. Shiguiyama se propone llegar a ese 80%. Allí sí se podría empezar a bajar la tasa del IGV, lo que reforzaría aún más la incorporación de todos en la cadena productiva, poniendo punto final al dualismo estructural de nuestra economía. Lampadia

[1] Pagan por todo concepto un impuesto equivalente al 2% de las ventas. Solo para los que venden hasta 30 mil soles mensuales. Hay 5 categorías, según nivel de ventas.

[2] Pagan por todo concepto un impuesto equivalente al 1.5% de las ventas, y dan factura aunque no pagan IGV. Para quienes tienen ingresos y compras hasta S/ 525 mil, activos fijos hasta S/ 126 mil y un máximo de 10 trabajadores

[3] Pagan 1.5% de las ventas por todo concepto y dan factura, pero no les interesa la factura de compra pues no necesitan descontar el IGV de venta, ya que no pagan IGV. Como no les sirve la factura, la piden con el RUC de otra empresa, a la que se la venden, por ejemplo.

[4] Los contadores quizá protesten. Cuando en octubre se eliminó la declaración mensual que había que hacer así no se hubiese vendido nada, que eran 350 mil declaraciones, el Colegio de Contadores emitió un comunicado en el que expresaba su disconformidad