Jaime de Althaus
Para Lampadia

No es populismo exactamente sino clientelismo desvergonzado lo que ha hecho el Congreso con la ley de reposición de maestros que no pasaron evaluación y con el proyecto de extender licencias de rutas por 10 años. Con ello, el Congreso perjudica a los sectores populares que asisten a colegios públicos o usan transporte público, solo para beneficiar a intereses particulares.

Lo mismo ocurrió, aunque en una magnitud aun mayor, con la ley que regaló nombramientos y ascensos automáticos en Salud y Essalud. En los tres casos se otorga beneficios estatales a particulares a costa de los usuarios y a costa de las reformas respectivas. Una forma de corrupción. Peculado en buena cuenta, en la medida en que entraña ingente gasto público que se desvía a los favorecidos. ¿Qué diferencia esencial hay entre regalarle un contrato a Richard Cisneros y distribuir puestos a profesores que no califican para la función?

Si la pandemia hizo ver más que nunca la necesidad de una reforma profunda del sistema de salud, ella se torna casi imposible cuando se suprime el principio meritocrático en los nombramientos y ascensos y se pasa al personal a la ley 728 en lugar de implantar el régimen de la ley de servicio civil. Lo mismo ocurre con la reciente ley que beneficia a maestros no evaluados saboteando la meritocrática ley de carrera magisterial, que tanto trabajo costó aprobar en su momento y cuya aplicación es una lucha diaria debido a las resistencias que mantienen los sindicatos magisteriales, que han logrado hasta ahora postergar las evaluaciones de desempeño –requisito para los ascensos en la carrera- de modo que luego de muchos años solo se ha podido realizar una a alrededor de apenas 5 mil profesores de inicial.  

El ministro de Educación nos explica que la evaluación de desempeño se iba a implementar por fin este año, pero se pasó para el próximo debido a la emergencia. Ojalá la pandemia no haya sido una coartada para postergarla. Y aunque el ministro nos informa que los concursos de nombramiento tienen ahora una etapa descentralizada en la que se evalúan competencias pedagógicas del docente mediante la observación de aula y entrevista, ¿cómo exigir luego evaluación de desempeño para ascender si se puede nombrar sin examen de ningún tipo? El Sutep no dejará pasar esa pica en Flandes para ir degradando cada vez más la meritocracia.

Habría que investigar cuales son esos grupos de interés que obtienen estas granjerías. Según Cecilia Valenzuela, en el caso de la reciente ley de los 14 mil maestros, se trata del lobby de Patria Roja que necesita los votos de estos 14 mil maestros en su disputa por el control del Sutep y de los millones de la Derrama Magisterial con facciones como el Conare del Movadef.

¿Cómo detener este saqueo sistemático del erario público y del futuro del país, impedido de profundizar las reformas necesarias para mejorar los servicios en beneficio de los ciudadanos? ¿Cómo contener a estos enemigos del Perú?

En lo inmediato, observar esta ley. El Ministro de Educación ya anunció que lo hará. Pero, como en el caso de Salud y Essalud, el Congreso posiblemente la apruebe por insistencia. Entonces no queda sino la segunda línea de contención, que es el Tribunal Constitucional, que no sabemos cómo se pronunciará.

En el caso –suponemos improbable- de que el TC le diera la razón al Congreso, no quedaría más qué hacer. Solo aguzar la conciencia de las reformas que tenemos que introducir para neutralizar estos impulsos destructivos en el futuro. Aquí aparecen en toda su necesidad dos reformas políticas clave. La primera es que el Congreso solo pueda aprobar por insistencia una ley observada por el Ejecutivo, con los 2/3 del número legal de congresistas, como en todas partes, y no con la mitad como es ahora. Más aún si no tenemos Senado. La segunda es precisamente el restablecimiento de la bicameralidad. Es menos probable que leyes predatorias como estas salgan del Congreso si el Senado las revisa.

Necesitamos que ingresen a la política ciudadanos más calificados y más comprometidos con el país. Pero es difícil si no es posible hacer carrera política porque se ha eliminado la reelección –acaso el mayor daño ocasionado a la institucionalidad política-, si el financiamiento por parte de las empresas formales está prohibido y si sigue siendo relativamente difícil formar un partido. El país tiene que abrir un foro permanente de discusión de la reforma política para que se apruebe durante el próximo periodo gubernamental de modo que podamos recomponer el timón del país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La detención preliminar de 10 funcionarios o ex funcionarios públicos vinculados a la supuesta contratación indebida de Richard Cisneros es un exceso que sólo tendría algún sentido si se convirtiera en el punto de partida de un movimiento de implantación de la meritocracia en el Perú vía la imposición de sanciones draconianas.

Es una expresión más del populismo judicial que ha dominado la administración de justicia desde que se dio inicio a la llamada lucha anticorrupción, cuyo substrato es lo que Carlos Meléndez ha llamado la “politización de la moral” ejercida por el antifujimorismo y expresada en decisiones fiscales y judiciales severas que aplican detenciones violando derechos fundamentales como el de la presunción de inocencia, como ha sido señalado por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

Al punto que el populismo judicial no distingue y se vuelca contra su principal socio, el presidente Martín Vizcarra, cuyo populismo político jugaba en pared con los fiscales anticorrupción. César Nakasaki piensa que se trata de un “deslinde” del ministerio Público con el Presidente Vizcarra, una manera de querer demostrar que los fiscales -particularmente Zoraida Avalos y José Domingo Pérez- no están sujetos a las influencias presidenciales reveladas en los audios y dichos de Karem Roca.  

La fiscal Janny Sánchez y la jueza Solía Bazalar justifican en parte las detenciones en el hecho de que las personas investigadas (menos Karem Roca) habrían cometido presuntamente un delito relativamente grave:  colusión agravada, que tiene una pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años.

El artículo 384º del código penal tipifica la colusión agravada así:

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa

Todas estas personas (incluyendo el Presidente Vizcarra, quien, según la Fiscal, supuestamente ordenó, dispuso o recomendó la contratación), se habrían coludido para que Richard Cisneros sea contratado por más de 170 mil soles para unos servicios innecesarios o para los que no estaba calificado. En última instancia se habría robado 170 mil soles al Estado.

Si ese es efectivamente el delito que corresponde a estos hechos, querría decir que en él incurren las personas que han participado en la contratación de decenas de miles de empleados públicos que ingresaron a la administración pública no por medio de un concurso de méritos, o para realizar brindar algún servicio realmente necesario y para el cual estuviese realmente calificado, sino simplemente por tratarse de un amigo, familiar o partidario de la autoridad o el funcionario que contrata. Como ha señalado Fernando Cillóniz, en el Estado hay decenas o cientos de miles de Richard Swings, aunque seguramente no tan pintorescos como él.

Entonces si realmente queremos sacar algo positivo de este caso, habría que aprovecharlo para convertirlo en el punto de partida de la implantación de la meritocracia en el Estado peruano, de la toma de conciencia general de que si no se contrata a alguien por sus méritos y para resolver necesidades objetivas de la acción estatal, pues se comete delito de colusión agravada y uno puede terminar con sus huesos en la cárcel por un mínimo de 6 años. O cuando menos el delito de negociación incompatible (art. 399º del código penal), con pena de cárcel no menos de 4 años ni mayor de 6.   

Se trataría de una sanción draconiana que solo podría establecerse luego de un análisis más fino de la tipología y la gradualidad de la pena, y de una suerte de acuerdo nacional para dar un salto de meritocracia y honestidad en el Estado sobre la base de penas muy severas a quienes incumplen las normas de contratación. Y tendría que hacerse de ahora en adelante, porque revisar todas las contrataciones del pasado con ese criterio podría prestarse a la razzia política. Lo que sí se puede hacer hacia atrás es revisar los títulos universitarios y recomendaciones de trabajo de los funcionarios estatales para ver sin son verdaderos o falsos, y cesar a los que hubiesen falsificado sus documentos.

Parte de este movimiento deberá ser un impulso político para implantar el régimen de la ley del servicio civil en todas las entidades del Estado. Esto, y la revisión de los documentos de los contratados y nombrados, sí sería el comienzo de una verdadera lucha anticorrupción, de una revolución moral en el Estado peruano. Lampadia