En el siguiente artículo de Ricardo Hausmann en Project Syndicate, se hace un análisis de la formación de las escuelas de políticas públicas, que resulta muy interesante para juzgar la performance de las propias políticas públicas.

Hausmann explica cómo, a diferencia de la formación de los médicos, que incluye prácticas extensivas, previas al ejercicio de la profesión, en las carreras de políticas públicas se llega hasta a evitar las prácticas como elemento formativo.

Interesante análisis que nos lleva a reflexionar sobre el desarrollo de los Estados y sus políticas públicas, sobre la performance de los economistas y la búsqueda del bienestar general.

No culpen a la economía, culpen a la política pública

Project Syndicate
1 de setiembre, 2019
RICARDO HAUSMANN

Hoy es costumbre culpar a la economía o a los economistas por muchos de los males del mundo. Los críticos sostienen que las teorías económicas son responsables de la creciente desigualdad, de la escasez de buenos empleos, de la fragilidad financiera y del bajo crecimiento, entre otras cosas. Pero si bien las críticas pueden impulsar a los economistas a mayores esfuerzos, la arremetida contra la profesión ha desviado involuntariamente la atención de una disciplina que debería asumir una porción mayor de la culpa: la política pública.

La economía y la política pública están estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo, y no deberían ser vistas como si lo fueran. La economía es a la política pública lo que la física es a la ingeniería, o la biología a la medicina. Si bien la física es fundamental para el diseño de cohetes que pueden usar energía para desafiar la gravedad, Isaac Newton no fue responsable del desastre de la nave espacial Challenger. Tampoco hay que culpar a la bioquímica por la muerte de Michael Jackson.

La física, la biología y la economía, en tanto ciencias, dan respuesta a preguntas sobre la naturaleza del mundo en el que vivimos, generando lo que el historiador económico Joel Mokyr de la Northwestern University llama conocimiento proposicional. La ingeniería, la medicina y la política pública, por otro lado, responden interrogantes sobre cómo cambiar el mundo de maneras específicas, lo que conduce a lo que Mokyr califica como conocimiento prescriptivo.

Si bien las facultades de ingeniería enseñan física y las facultades de medicina enseñan biología, estas disciplinas profesionales se han desarrollado de forma bastante independiente del desenvolvimiento de sus ciencias básicas. De hecho, al desarrollar sus propios criterios de excelencia, planes de estudio, revistas académicas y carreras profesionales, la ingeniería y la medicina se han convertido en especies distintas.

Las escuelas de política pública, por el contrario, no han sufrido una transformación equivalente. Muchas de ellas ni siquiera contratan a su propio personal docente, sino que utilizan a profesores de ciencias fundacionales como la economía, la psicología, la sociología o la ciencia política. La escuela de política pública de mi propia universidad, Harvard, sí cuenta con un amplio cuerpo docente propio –pero esencialmente contrata doctores recién graduados en las ciencias fundacionales y los promueve sobre la base de sus publicaciones en las principales revistas especializadas de esas ciencias, no en política pública.

A los profesores jóvenes se les desaconseja adquirir experiencia práctica en políticas públicas antes de que alcancen la titularidad (tenure) y no es frecuente que la adquieran. Y hasta los profesores titulares tienen una interacción sorprendentemente limitada con el mundo exterior, debido a las prácticas de contratación prevalecientes y al miedo de que un compromiso externo pueda implicar riesgos para la reputación de la universidad. Para compensar esta carencia, las facultades de política pública contratan a los llamados “profesores de la práctica”, como es mi caso, que han adquirido previamente una experiencia en políticas públicas en otra parte.

Desde el punto de vista de la enseñanza, uno podría pensar que las escuelas de política pública adoptarían una estrategia similar a las facultades de medicina. Después de todo, tanto los médicos como los especialistas en política pública son llamados a resolver problemas y necesitan diagnosticar las causas respectivas. También necesitan entender el conjunto de posibles soluciones y descifrar los pros y los contras de cada una de ellas. Finalmente, tienen que saber cómo implementar la solución que proponen y evaluar si funciona o no.

Sin embargo, las escuelas de política pública ofrecen sólo programas de maestría de uno o dos años, y tienen un pequeño programa de doctorado con una estructura típicamente similar a la que se aplica en las ciencias. Eso se compara desfavorablemente con la manera en que las facultades de medicina capacitan a los médicos e impulsan su disciplina.

Las facultades de medicina (al menos en Estados Unidos) admiten a los alumnos después de que hayan terminado una carrera universitaria de cuatro años en la que hayan tomado un conjunto mínimo de cursos relevantes. Los estudiantes de medicina luego participan en un programa de dos años de enseñanza principalmente en aulas, seguido por dos años en los que rotan por diferentes departamentos en los llamados hospitales escuela, donde aprenden cómo se hacen las cosas en la práctica al acompañar al médico principal y a sus equipos.

Al final de los cuatro años, los médicos jóvenes reciben un diploma. Pero entonces deben empezar una residencia de tres a nueve años (dependiendo de la especialidad) en un hospital escuela, donde acompañan a médicos principales, pero donde se les asignan cada vez más responsabilidades. Después de siete a trece años de estudios de posgrado, finalmente se les permite ejercer la práctica como médicos sin supervisión, aunque algunos hacen pasantías adicionales supervisadas en áreas especializadas.

Por el contrario, las escuelas de política pública esencialmente dejan de enseñarles a los alumnos después de sus dos primeros años de una educación esencialmente en las aulas y (aparte de los programas de doctorado) no ofrecen los muchos años adicionales de formación que brindan las facultades de medicina. Sin embargo, el modelo de hospital escuela podría ser efectivo en política pública también.

Consideremos, por ejemplo, el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, que fundé en 2006 después de dos experiencias en políticas públicas sumamente enriquecedores en El Salvador y Sudáfrica. Desde entonces, hemos trabajado en más de tres docenas de países y regiones. En algunos sentidos, el Laboratorio se asemeja un poco a un hospital escuela y de investigación. Se centra tanto en la investigación como en el trabajo clínico de atender “pacientes”, o gobiernos en nuestro caso. Es más, reclutamos PhDs recién graduados (equivalente a los profesionales médicos recién recibidos) y graduados de programas de maestría (como los estudiantes de medicina después de sus dos primeros años de universidad). También contratamos graduados de licenciaturas como asistentes de investigación, o “enfermeros”.

Al abordar los problemas de nuestros “pacientes”, el Laboratorio desarrolla nuevas herramientas de diagnóstico para identificar tanto la naturaleza de las restricciones que enfrentan los países como los métodos terapéuticos para superarlas. Y trabajamos junto con los gobiernos para implementar los cambios propuestos. En verdad, es allí donde más aprendemos. De esa manera, garantizamos que la teoría enriquezca a la práctica, y que los conocimientos obtenidos en la práctica enriquezcan nuestra investigación futura.

Los gobiernos tienden a confiar en el Laboratorio, porque no tenemos un ánimo de lucro, sino más bien el simple deseo de aprender con ellos al ayudarlos a resolver sus problemas. Nuestros “residentes” permanecen con nosotros durante tres a nueve años, como en una facultad de medicina, y suelen asumir puestos de relevancia en los gobiernos de sus propios países cuando nos dejan. En lugar de utilizar nuestra experiencia adquirida para crear “propiedad intelectual”, la hacemos ampliamente disponible a través de publicaciones, herramientas online y cursos. Nuestra recompensa es que otros adopten nuestros métodos.

Esta estructura no fue planeada: simplemente emergió. No fue promovida desde arriba, sino que sencillamente se la dejó evolucionar. Sin embargo, si se abrazara la idea de estos “hospitales escuela”, podría cambiar radicalmente la manera en que la política pública se desarrolla y se enseña, y se la pone al servicio del mundo. Si esto llegara a ocurrir, quizá la gente deje de culpar a los economistas por cosas que nunca debieron haber estado bajo su responsabilidad.

Ricardo Hausmann, ex ministro de planificación de Venezuela y ex economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor en la Harvard Kennedy School y director del Harvard Growth Lab.

Lampadia

La crisis humanitaria, económica, social y política de Venezuela parece no tener fin. Según los últimos datos proyectados del FMI al cierre del presente año, el déficit fiscal en este país superaría el 7% del PBI y la deuda pública ascendería a casi el 70%. Esta política de mayor gasto público, financiada en gran parte por un banco central capturado por la dictadura de Maduro, más allá de reactivar la economía – Venezuela fue la única economía de América Latina y el Caribe que no creció en el 2017, caída que ascendió al 14% – ha generado una hiperinflación, que el FMI estima que cerrará este año en un 1’000,000%. 

Este aumento generalizado y desenfrenado de precios que parece de nunca acabar ha destruido los salarios reales de los venezolanos que, según un reciente artículo escrito por Ricardo Haussman, profesor de economía de la Universidad de Harvard, a duras penas les permite comprar 2 huevos al día.

Sin embargo, aún cuando la solución del problema económico de Venezuela se encuentre en cualquier libro de texto de macroeconomía básico de primeros ciclos de un estudiante universitario de economía, estos no son sus únicos problemas.

Como indica Haussman, existen también graves problemas de salud y de delincuencia que afectan a la población venezolana como por ejemplo, un aumento notable de enfermedades, como la malaria y la anemia, así como una mayor presencia de organizaciones delictivas, como las FARC y el ELN de Colombia, que han hecho de gran parte del territorio venezolano, su hogar.

Como bien señala uno de los fundadores de la escuela de economía de la Universidad de Chicago y también Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, si deseas saber cómo se siente la gente ordinaria con respecto a la condición de vida de su país, debes mirar cómo votan con los “pies”. Y en el caso de Venezuela, lo que se ha observado es la mayor inmigración que ha podido presenciar Las Américas, con magnitudes semejantes a las de Siria. En este sentido, ¿Es posible darle fin a esta crisis que tanto aqueja a nuestros hermanos venezolanos y que los obliga a buscar mejores oportunidades en la región?

Ciertamente es posible, pero como sugiere Haussman, requiere de una coordinación entre la comunidad internacional y las fuerzas democráticas venezolanas. Es necesario que el 10 de enero, la Asamblea Nacional, que fue elegida y respaldada en el 2015 por más del 60% de la población, designe a un nuevo gobierno y a un nuevo mando militar, que permitan retornar a la democracia, aún cuando esto implique una falta a la constitución vigente.

Asimismo, para un correcto proceder en este proceso, es fundamental que las fuerzas armadas respeten las decisiones de la Asamblea, con el objetivo de asegurar que no se vulneraran los derechos humanos de ningún ciudadano venezolano que apoye la reforma.

Con respecto al apoyo internacional, este ya está dado pues los resultados de las elecciones que tuvieron lugar en mayo del presente año no fueron avalados ni por los países más importantes de América Latina ni por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón, entre muchos otros. En ese sentido, el apoyo está más que garantizado si es que se toma esta  dura decisión.

Urge ponerla en práctica a la brevedad, de ser posible, el 10 de enero del 2019, día en el que empieza el nuevo mandato, no reconocido interna y externamente, de Maduro. ¡Nuestros hermanos venezolanos lo piden a gritos! Lampadia

Cómo poner fin a la pesadilla de Venezuela

3 de diciembre, 2018
RICARDO HAUSMANN
Traducción de Ana María Velasco

Ricardo Hausmann, ex ministro de planificación de Venezuela y ex economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es director del Centro para el Desarrollo Internacional (CID) en la Universidad de Harvard y profesor de economía en la Kennedy School of Government de Harvard.

CAMBRIDGE – Desear que un problema desaparezca, rara vez es una estrategia efectiva. Mientras la comunidad internacional ha estado enfocando su atención en otros asuntos, la catástrofe venezolana se ha profundizado. Y de continuar las tendencias actuales, ella solo puede empeorar.

Con un día de trabajo al salario promedio, ahora se compran 1.7 huevos o un kilo de yuca, la caloría más barata disponible. Un kilo de queso local cuesta 18 días de trabajo al salario promedio, y un kilo de carne cuesta casi un mes, dependiendo del corte. Los precios se han estado elevando a tasas hiperinflacionarias durante 13 meses seguidos y la inflación va camino a exceder la marca de 1,000,000% este mes. La producción continúa cayendo como una piedra: según la OPEP, en octubre de 2018 había bajado el 37% en relación al año anterior, o casi 700,000 barriles diarios.

De acuerdo a Alianza Salud, una coalición de ONG, los nuevos casos de malaria en 2018 se han multiplicado por 12 desde 2012, lo que se traduce en un total de más de 600,000, que es el 54% de todos los casos en Las Américas. Amplias extensiones de territorio venezolano han sido cedidas a organizaciones delictivas, entre ellas grupos terroristas como las FARC y el ELN de Colombia, que actúan en colusión con miembros de la Guardia Nacional en la producción de oro y coltan, como también en el narcotráfico.

Como consecuencia, los venezolanos han estado saliendo de su país de manera masiva, creando una crisis de refugiados de proporciones semejantes a Siria, y que es la más grande de la historia de Las Américas. Dado que Facebook informa que tiene 3.3 millones de usuarios venezolanos en el exterior, mi equipo de investigadores en el Center for International Development de la Universidad de Harvard estima que debe haber por lo menos 5.5 millones en total. Entre quienes tuiteaban solo desde Venezuela en 2017, para noviembre, más del 10% había dejado el país. Pese a sus valerosos esfuerzos, Colombia, Ecuador y Perú encaran cada vez mayores dificultades para hacer frente al flujo de refugiados.

Es más que evidente que los problemas de Venezuela no se resolverán a menos que y hasta que haya un cambio de régimen. Después de todo, tanto el régimen como el colapso económico son consecuencia de la eliminación de los derechos básicos. Los venezolanos no pueden invertir y producir para satisfacer sus necesidades debido a que se les han arrebatado sus derechos económicos; y tampoco pueden cambiar políticas desatinadas porque también se les han arrebatado sus derechos políticos. Un giro requiere el re-empoderamiento de los venezolanos.

Afortunadamente, se vislumbra un fin a esta pesadilla, pero ello exigirá coordinación entre las fuerzas democráticas venezolanas y la comunidad internacional. El 10 de enero marca el fin del periodo del presidente Nicolás Maduro, el que comenzó con su elección en 2013. Su elección a un segundo periodo en mayo de este año fue una farsa: no se permitió que participaran los principales partidos de oposición y sus candidatos, y Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y los países más importantes de América Latina, entre muchos otros, se negaron a reconocer el resultado de dicha elección. Esto significa que no reconocen la legitimidad de la presidencia de Maduro más allá del 10 de enero.

La solución lógica es que la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015 con una mayoría de dos tercios de la oposición, resuelva el impasse constitucional designando a un nuevo gobierno interino y a un nuevo alto mando militar, capaces de organizar el retorno a la democracia y de poner fin a la crisis. Sin embargo, los diputados están actuando con cautela en relación a esto, puesto que, en el mejor de los casos, temen ser ignorados o, en el peor, ser encarcelados, exiliados o torturados a muerte y luego arrojados por la ventana de un décimo piso, como le ocurrió en octubre a Fernando Albán, concejal de la ciudad de Caracas. A menos que las fuerzas armadas respeten las decisiones de la Asamblea Nacional, será muy difícil hacerlas cumplir.

Es por ello que esta solución requiere de la coordinación entre la comunidad internacional y las fuerzas democráticas venezolanas. Estas no saben con certeza cuánto apoyo internacional van a recibir, y la comunidad internacional tampoco sabe con certeza cuáles son los planes ni el nivel de cohesión que tienen dichas fuerzas.

Como es el caso con todos los problemas de coordinación, hay buenos y malos resultados que se auto cumplen. Por ahora, dado que la comunidad internacional no ha dejado en claro a quién se reconocerá como gobernante legítimo de Venezuela después del 10 de enero, las fuerzas democráticas venezolanas no han logrado unirse en torno a una solución.

Pero los venezolanos han estado haciendo sus tareas y sentando las bases organizacionales para el cambio. Los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, las ONG y la Iglesia Católica se han unido para formar una iniciativa llamada Venezuela Libre. Han organizado congresos en los 24 estados del país, en los que han participado 12,000 delegados, y, el 26 de noviembre, llevaron a cabo un evento nacional para lanzar un manifiesto que esboza el camino de regreso a la democracia. Además, han estado elaborando un detallado plan económico, que han discutido ampliamente con la comunidad internacional, para superar la crisis y restaurar el crecimiento.

Esta es una excelente oportunidad para que la comunidad internacional se mueva hacia una solución coordinada: una negativa explícita a reconocer a Maduro después del 10 de enero, junto con el reconocimiento de las decisiones de la Asamblea Nacional con respecto al gobierno de transición, y ayuda para implementarlas. Además, es preciso enviar un claro mensaje a las fuerzas armadas venezolanas de que las decisiones de la Asamblea Nacional deben ser respetadas.

Una solución a la catástrofe venezolana no solo es deseable, sino también posible. El mundo no puede dejar pasar esta oportunidad. El 10 de enero puede convertirse en un nuevo comienzo. Lampadia

Comentario de Lampadia

En el Perú estamos a días de la reunión anual del FMI (Fondo Monetario Internacional) y del BM (Banco Mundial), que se desarrollará en Lima, en el complejo del nuevo auditorio del Banco de la Nación, el Museo de la Nación, el Gran Teatro Nacional y la Biblioteca Nacional. Reunión que se llevará a cabo en Latinoamérica después de cincuenta años.

El la historia política global y muy claramente en la peruana, el FMI y el BM han sido una suerte de ‘punching balls’ de las izquierdas anti mercado. Ambas instituciones han sido demonizadas y junto con el llamado ‘Consenso de Washington’, acusadas de haber propiciado programas de ajuste y privatizaciones (que terminaron siendo muy exitosos y explican los buenos años de crecimiento de Latinoamérica, hasta hace pocos años).

La verdad, como explica Ricardo Hausmann en el artículo que presentamos líneas abajo, es lo contrario. Si bien faltan algunas reformas a este tipo de instituciones, como mejorar los pesos de sus miembros en función del mundo de hoy, si han tenido contribuciones muy importantes para la salud económica y social de muchos países,  desde el Reino Unido en los años 70, hasta prácticamente todos los países menos desarrollados como el Perú.

En nuestro caso, el deterioro de nuestra economía que empezó a labrarse en los años 60, nos llevó a que  a principios de los años 80, nos alejáramos de estas instituciones y nos convirtiéramos en un paria internacional. Fue justamente con el apoyo del FMI y del BM, que regresamos al mundo global y que pudiéramos recuperar la economía del país. Ver en Lampadia: Detalles no revelados de cómo se liberalizó la economía en los noventa – Crónica de una Reinserción.

Compartimos a continuación el artículo de Hausmann:

No teman al FMI

Por Ricardo Hausmann

Publicado por Project Syndicate el 28 de setiembre 2015

En muchos lugares del mundo, el Fondo Monetario Internacional es la organización a la que todos aman odiar. Según algunos, el FMI es malo para los pobres, las mujeres, la estabilidad económica y el medio ambiente. Joseph Stiglitz, cuya influencia es más amplia debido a su premio Nobel, culpa al FMI de causar y luego empeorar las crisis económicas que se le pidió que resolviera. Supuestamente, hace esto para salvar a los capitalistas y a los banqueros, no al ciudadano de a pie. Si bien no es cierta, esta creencia hace enorme daño y limita el bien potencial que el FMI puede hacer.

Para empezar, consideremos la forma en que el mundo enfrenta las crisis de refugiados, como la de Siria, y la forma en que enfrenta las crisis económicas. Como su nombre lo indica, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados no es una institución, sino una persona, quien está a cargo de una “oficina”, no de una organización plenamente dicha. Es esta debilidad la que llevó a la Canciller de Alemania, Angela Merkel, a apremiar a sus socios de la Unión Europea para que respondieran de una manera más coherente al incesante flujo de personas en busca de asilo.

Por el contrario, el sistema para evitar y resolver las crisis financieras está anclado en una institución plenamente constituida: el FMI. Puede que ésta no sea perfecta, pero en comparación con cuestiones como las de los refugiados, los derechos humanos o el ambiente, está a años luz.

Es fácil no comprender bien lo que hace el FMI. La mayor parte de sus esfuerzos están dirigidos a la prevención de crisis. Como lo expresara Franklin D. Roosevelt en 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, donde se establecieron el FMI y El Banco Mundial, “Las crisis económicas son fuertemente contagiosas. Por ello, la salud económica de cada país es un tema de preocupación para todos sus vecinos, próximos o distantes”.

Es por esta razón que los 44 países asistentes, y los 188 que hoy día pertenecen al FMI, acordaron que: “Las naciones deben consultar y acordar los cambios monetarios internacionales que afectan entre sí… y deben ayudarse mutuamente para superar las dificultades cambiarias de corto plazo”. A nivel operacional, esto se expresa en las llamadas consultas del Artículo IV. Estas discusiones formales sobre políticas económicas entre el FMI y los gobiernos de los países miembros, que por lo general se realizan anualmente, se redactan, pasan por la revisión de la Junta de Directores Ejecutivos del Fondo (donde están representados los 188 países) y se publican para que cualquiera pueda acceder a ellas en línea. Esto constituye un estándar de vigilancia y de transparencia colectiva al que deberían aspirar las organizaciones que se ocupan de otros temas.

El FMI ha sido instrumental en el desarrollo de las herramientas que los países emplean para medir, evaluar y mejorar su posición macroeconómica en un momento determinado: la política fiscal y monetaria, así como la estabilidad financiera, cambiaria y de precios. Además, ayuda a los países a encontrar mejores maneras de implementar medidas en todos estos aspectos, y procura identificar lecciones amplias provenientes de la experiencia de muchos países que sirvan para iluminar las opciones que cada país en particular pueda tener.

A través del diálogo, así como de la investigación, asesoría, asistencia técnica y capacitación, el FMI ha contribuido a la creación de una comunidad de prácticas a nivel mundial. Hoy día, es más fácil ser presidente de un banco central o ministro de hacienda, que ser ministro de salud o de justicia. Esto no se debe a que los desafíos sean menores, sino a que la comunidad de prácticas a nivel internacional, liderada por FMI, proporciona un apoyo que simplemente no existe en otros ámbitos.  

Las actividades más polémicas del FMI se producen durante los momentos de manejo y resolución de crisis. Los países solicitan la ayuda financiera del FMI cuando están en problemas y han perdido, o temen perder, su acceso a los mercados internacionales. El FMI puede movilizar cientos de miles de millones de dólares de sus países miembros con el fin de darles a los deudores tiempo para recuperarse. Sus recursos eclipsan los montos que la comunidad internacional puede movilizar para otros objetivos, debido a que su dinero se presta y se supone que se debe devolver.

A cambio de su apoyo financiero, el FMI típicamente exige que los países corrijan los desequilibrios que condujeron a sus problemas, no sólo para que puedan repagar su deuda, sino también para su propio bien, para restaurar su solvencia y, por lo tanto, su acceso a los mercados de capital. Pero es muy fácil confundir el dolor causado por la crisis misma con el que causa el remedio.

Sin lugar a dudas, es inevitable que el FMI cometa errores, lo que obedece en parte a que los problemas y las cuestiones que debe enfrentar cambian constantemente, de modo que nunca sabe si el estado actual del conocimiento es adecuado para los nuevos desafíos. Sin embargo, siendo una organización lo suficientemente abierta, puede y debe responder a las críticas.

Ahora, consideremos la alternativa. Un mundo sin el FMI sería muy parecido a lo que hoy es Venezuela. Hugo Chávez pasó a ser el regalón de los detractores del FMI, incluso Stiglitz, cuando suspendió las consultas del Artículo IV en 2004. Como consecuencia, los venezolanos perdieron el acceso a la información económica básica que el país tiene la obligación de compartir con el mundo a través del FMI. El quiebre impidió que la comunidad internacional se expresara cuando el país emprendió políticas verdaderamente irresponsables, gastando en 2012 como si el precio del petróleo estuviera a US$197 por barril en lugar de US$107.

Con el colapso del precio del petróleo desde entonces, la economía está cayendo en picada: el PIB se contrae a un ritmo récord, la inflación sobrepasa el 200%, la moneda se ha hundido a menos del 10% de su valor previo, y ha surgido una escasez masiva.

Venezuela ha tratado de financiarse con la ayuda del Banco de Desarrollo de China, el que se abstiene de imponer el tipo de condiciones que desagradan a quienes despotrican contra el FMI. El BDC otorga préstamos en términos secretos, para usos corruptos que no se divulgan, y que incorporan privilegios para empresas chinas en sectores como telecomunicaciones (Huawei), línea blanca (Haier), automóviles (Chery) y la perforación de pozos petrolíferos (ICTV). Los chinos no han exigido que Venezuela haga nada para aumentar la probabilidad de recuperar su solvencia, tan sólo exigen más petróleo como garantía. Sean cuales sean las deficiencias del FMI, en comparación, el BDC es una vergüenza. 

La tragedia es que la mayor parte de los venezolanos (y muchos ciudadanos de otros países) creen que el papel del FMI no es ayudar sino perjudicar. En consecuencia, evitan los recursos masivos y los conocimientos que la comunidad internacional puede ofrecer en un momentos de crisis económica con el fin de disminuir el dolor y acelerar la recuperación. Esto los ha hecho quedar en una situación mucho peor de la que los detractores del FMI pueden llegar a reconocer. L

La verdadera materia prima de la riqueza Comentado por Lampadia

Ricardo Hausmann, Ex ministro de planeamiento de Venezuela, Jefe de Economía del BID y profesor de Harvard.

Publicado por Project Syndicate, julio 2014

Traducido del inglés por Ana María Velasco

TIRANA – Los países pobres exportan materias primas en bruto, como cacao, hierro y diamantes. Los países ricos exportan -con frecuencia a esos mismos países pobres- productos más elaborados, como chocolates, automóviles y joyas. Si los países pobres quieren hacerse ricos deberían dejar de exportar sus recursos naturales en bruto y concentrarse en agregarles valor. De lo contrario, los países ricos se quedarán con la mayor parte del valor y con todos los buenos empleos. Una forma de lograr esto es siguiendo el ejemplo de Sudáfrica y de Botsuana y emplear la riqueza natural para forzar la industrialización aguas abajo a través de restricciones a la exportación de minerales en bruto, una política que llaman “beneficiación”.

[Este pensamiento trae de regreso la concepción de la teoría de la dependencia, que asumía que el valor de los commodities bajaría cada vez más, mientras el valor de la tecnología subiría hasta producir una brecha que se podía denominar como la “Cruz de la Muerte”. La realidad de los largos últimos años, es lo contrario, los precios de la tecnología bajan aceleradamente mientras los de los commodities suben, una suerte de “Cruz de la Vida”. Ver en Lampadia: Grave error de lectura de América Latina y Más sobre los perjuicios de la Teoría de la Dependencia.

Además, este razonamiento asume que los commodities, por ejemplo, los concentrados de cobre en el Perú, tienen un bajo valor agregado. La realidad es todo lo contrario, ver: Más allá de los mitos – La minería tiene un alto valor agregado.]

¿Son estas ideas acertadas o erradas? La verdad es que hay ideas que son aún peor que erradas, son castrantes. Esas ideas hacen que uno enfatice las cuestiones secundarias -por ejemplo, la disponibilidad de materias primas- pero impiden ver las oportunidades más prometedoras que existen en otros ámbitos.

[Comentario que no es aplicable al Perú, pues a diferencia de casi todos los países del mundo, en esta tierra se proscribió la inversión privada por treinta años (60,70 y 80s). Como resultado de semejante política, nos empobrecimos, se sembró exclusión en las regiones (ricas en RRNN), solo se invertía algo en Lima, Arequipa y en las fronteras de la costa, Tacna y Tumbes, con tremendos subsidios. Adicionalmente a los impactos económicos y sociales, al dejar de invertir como el resto del mundo, acumulamos una “reserva productiva” que aún no hemos podido poner en valor. Al mismo tiempo, obviamente, acumulamos también, una gran brecha social y económica en educación, salud, instituciones, infraestructuras, pobreza y tecnología, que seguramente supera el 50% de nuestro PBI. Semejante brecha solo puede ser cerrada en un plazo razonable, poniendo en valor dichos RRNN.]

Tomemos como ejemplo a Finlandia, un país nórdico donde existe una enorme cantidad de árboles en relación a su escasa población. Un economista clásico diría que, en vista de esto, Finlandia debiera exportar madera, cosa que ha hecho. En contraste, un economista del desarrollo tradicional diría que Finlandia no debe exportar madera en bruto, sino agregarle valor, transformándola en productos como papel o muebles, cosa que este país también ha hecho. Sin embargo, los productos relacionados con la madera representan apenas el 20% de las exportaciones de Finlandia. [Pero, como lo explica el propio Hausmann, Finlandia siguió un proceso paulatino e incremental en su estrategia productiva.]

Esto se debe a que la madera abrió un camino diferente y mucho más próspero hacia el desarrollo. Talando árboles y cortando madera, los finlandeses encontraron que sus hachas y serruchos perdían el filo y se dañaban. Afilando y reparando estas herramientas, a la larga Finlandia se convirtió en un buen productor de máquinas para talar árboles y cortar madera.

Los finlandeses pronto se dieron cuenta de que también podían fabricar máquinas que cortaran otros materiales, ya que no todo lo cortable está hecho de madera. Su próximo paso fue automatizar las máquinas cortadoras, porque cortar todo a mano puede llegar a ser muy tedioso. De ahí pasaron a otras máquinas automatizadas porque, al fin y al cabo, no todo en la vida es cortar. Y de las máquinas automatizadas eventualmente terminaron en Nokia. Hoy en día, las máquinas de diferentes tipos constituyen el 40% de los bienes que exporta Finlandia. [Un proceso natural y de larga duración que debe seguirse desde el desarrollo de los mercados y las inversiones correspondientes, sin dar saltos aventureros. En el Perú esto ya está sucediendo con el sector industrial, el cual, por ejemplo, está exportando maquinaria minera a China y a varios otros países, justamente por haber seguido el mismo proceso de Finlandia. Este proceso no requirió de la intervención de ningún burócrata ni de ningún iluminado gobernante.]

La moraleja de esta historia es que agregarle valor a las materias primas que uno posee es uno de los posibles caminos hacia la diversificación, pero no necesariamente el más largo ni el más fructífero. [En el caso del Perú, la gran inversión minera de los últimos 20 años, ha ayudado a formar el sector industrial más grande, más fuerte, competitivo y exportador de nuestra historia.] Los países no están limitados por los recursos naturales que poseen. Al fin y al cabo, en Suiza no hay cacao y China no fabrica chips de memoria avanzados. Pero ello no ha impedido que estos países tengan una posición dominante en el mercado del chocolate y de las computadoras, respectivamente.

Tener la materia prima cerca es una ventaja sólo cuando el costo de trasladarla es muy alto, [o cuando la demanda internacional compensa los costos de  transporte y, cuando los desarrollos industriales sobre la base de las mismas materias primas, está más cerca de los mercados finales] lo que es más válido para la madera que para los diamantes o incluso el hierro. Australia, pese a su lejanía, es un importante exportador de mineral de hierro, pero no de acero, mientras que Corea del Sur exporta acero aun cuando debe importar hierro.

Lo que revela la experiencia de Finlandia es que los caminos más prometedores hacia el desarrollo no implican agregar valor a las materias primas, sino añadir capacidades a las capacidades ya existentes. Esto significa combinar capacidades nuevas (por ejemplo, la automatización) con las ya establecidas (como las que se utilizan para hacer las máquinas cortadoras), y así poder penetrar en mercados diferentes y más atractivos. En contraste, para obtener materias primas, basta con llegar al puerto más cercano.

Pensar el futuro en base a la ventaja de tener cerca cierto recurso natural limita a los países a productos que emplean de manera muy intensiva ese recurso, lo que resulta ser extremadamente restrictivo. Por ejemplo: ¿la cercanía a qué materia prima en particular hace que un país sea competitivo en la producción de automóviles, impresoras, antibióticos o películas? La mayor parte de los productos exige numerosos insumos y, en general, la proximidad a un par de ellos no marca una diferencia suficiente. [Otro razonamiento forzado, pues el acceso a teléfonos celulares, internet e impresoras 3D, es perfectamente compatible con la puesta en valor de RRNN,  máxime, si la riqueza que pueden generar se canaliza a las inversiones estratégicas que pueden crear capacidades ampliadas en la sociedad del conocimiento.]

La política de beneficiación obliga a las industrias extractivas a vender su producto localmente a precios más bajos que los de exportación, por lo cual opera como un impuesto implícito que sirve para subsidiar las actividades aguas abajo. En principio, no hay nada oprobioso en gravar eficientemente a las industrias extractivas, pues permite que las sociedades se apropien del valor que genera su riqueza natural. Pero no hay motivo para dedicar esa capacidad de gravar para favorecer a las industrias aguas abajo. [Tampoco es el caso del Perú, pues sus RRNN son para exportación y localmente se venden en base a las cotizaciones internacionales. Pero habría que preguntarle a los americanos que piensan de la posibilidad de reindustrializar su país con la explotación del Shale Gas y crear un camino de reducción de las desigualdades que generó la tercerización de dichos procesos.] Como mis colegas y yo hemos demostrado, estas actividades no son ni las más próximas en términos de capacidades, ni tampoco las más valiosas como trampolines hacia un mayor desarrollo. 

Se puede afirmar que el impacto económico más notable que tuvo la industria del carbón de fines del siglo XVII en Gran Bretaña, fue el haber fomentado el desarrollo de la máquina de vapor como solución al problema de bombear el agua fuera de las minas. Pero ese invento terminó revolucionando la manufactura y el transporte, lo que cambió la historia del mundo, el lugar que en ella ocupó la Gran Bretaña – y hasta la ventaja de tener carbón cerca.

En contraste, darle prioridad a plantas siderúrgicas o petroquímicas en países ricos en hierro o petróleo refleja una profunda falta de imaginación dado que a menudo los beneficios son muy limitados, pues la proximidad a la materia prima  no es una ventaja significativa. Mucho más creativos fueron los Emiratos Árabes Unidos, donde utilizaron los ingresos del petróleo para invertir en infraestructura y servicios, transformando así a Dubái en un exitoso centro turístico y empresarial.

Esta discusión es relevante hasta para Estados Unidos, donde está imperando desde hace pocos años y casi por casualidad, una importante política de beneficiación. En 1973, durante el embargo petrolero, el país restringió la exportación de crudo y gas natural. En los años subsiguientes, Estados Unidos se convirtió en un gran importador de energía, por lo que la restricción a las exportaciones se volvió irrelevante, aunque nunca se abandonó formalmente. Pero la reciente revolución energética producida por el shale o esquisto ha hecho que la producción de petróleo y de gas aumente dramáticamente en el último quinquenio. Ahora la restricción a la exportación causa que el precio interno del petróleo y sobre todo del gas natural esté hoy muy por debajo del precio de exportación.

Esto constituye un subsidio implícito a las industrias que emplean gas y petróleo de manera intensiva, y es posible que desplace ciertas inversiones hacia Estados Unidos. Pero ¿es ésta la mejor manera de emplear la capacidad del fisco de gravar o regular el comercio? ¿No estaría mejor Estados Unidos usando su capacidad de gravar el gas natural para estimular el desarrollo del equivalente tecnológico actual a lo que representó la máquina de vapor? [No lo creemos, su problema más álgido hoy, es la desigualdad de ingresos que pretenden aliviar con el uso interno de energías más económicas.]