Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Para la correcta marcha, entendimiento y logro de resultados de cualquier organización, es esencial que se tenga claro, cuáles son los roles que le competen a cada institución de la misma. Que se tenga claro que el equipo que asuma la dirección y gestión, le plantee a su máximo organismo (Junta de accionistas o Congreso de la República, en representación del Pueblo), sus objetivos principales dentro del marco de su constitución, las metas anuales y proyectos a construir o ejecutar. Este marco regulatorio y plan de acción, son la piedra angular sobre la que se sustenta, no sólo el presupuesto anual, sino la ejecución de tareas y metas mensuales o trimestrales de avance de ejecución física y el reporte pormenorizado de la ejecución financiera, producto de estas tareas.

Los informes contables trimestrales y reportes pormenorizados de las principales actividades y obras de cualquier corporación listada en una bolsa de valores, están sujetos a revisión de auditores, los que, junto a sus acciones operativas, indicadores de eficiencia y avance de proyectos, con indicadores de seguridad y cumplimiento de metas parciales, físicas y financieras, se exponen al escrutinio de sus mandantes.

La Constitución del Perú, en su artículo 77°, da una gran importancia al Presupuesto General de la República, el 79° restringe la iniciativa de gasto a los congresistas, el 80° responsabiliza al MEF de sustentar el pliego de ingresos del presupuesto y a los demás ministros, de los egresos de su respectivo sector, igual que a los representantes de la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La Constitución es muy precisa respecto a los plazos para aprobar el presupuesto por el Congreso (30 de noviembre), caso contrario, el Ejecutivo aprueba por DL el proyecto que presentó. Igualmente indica, que la Cuenta General de la República, con informe de auditoría, se debe presentar al Congreso hasta el 15 de noviembre del año siguiente al de su ejecución, para su revisión, con un plazo de 90 días para pronunciarse (14 meses después de concluido el período presupuestal y que ya a nadie interesa), de forma que el Ejecutivo, promulgue el DL con dicha Cuenta General de la República, para el archivo, pero no se especifica que, el Ejecutivo, tiene la obligación de reportarnos el cumplimiento trimestral de las tareas a que se comprometió.

Como se puede observar, el propósito, los procedimientos y los plazos, son sumamente laxos y tienen más, un propósito burocrático, que uno de planeamiento, gerencia del Estado y de control de gestión. Mientras, los miembros del Ejecutivo se “van de alivio” y, para colmo, hacen campañas periodísticas en contra del Congreso por no producir leyes, como lo hizo Vizcarra en su momento, o la de estos días en el periódico “El Puka”, aliado del inefable ex PCM, olvidando que su jefe es “El Pueblo”, representado por el Congreso, cuyo objetivo central es fiscalizarlo y no funcionar como una fábrica de leyes.

Lo antes descrito, permite que tengamos ya prácticamente un trimestre, sin que alguien del Ejecutivo haya presentado un plan de trabajo pormenorizado, con metas precisas, con responsables identificados, tiempo de ejecución y presupuestos debidamente establecidos. No sólo eso, sino que, en ese lapso, el Ejecutivo “se dio un crédito suplementario de S/. 2,900 millones”, por DU y sin someterlo a la aprobación del Congreso, único responsable de tal acto y sin seguir las pautas del Consejo Fiscal.

Estando ya en octubre, tampoco hay propuestas claras para el año 2022, que detallen las tareas para completar y reforzar la vacunación, sin abandonar las otras responsabilidades sanitarias para con nuestra población, reactivar la inversión productiva e incrementar las oportunidades de trabajo decente, bien remunerado y acompañado de un adecuado plan de recuperación y fortalecimiento de las finanzas públicas. Hasta la fecha, ni una palabra del reinicio de proyectos de infraestructura paralizados, los que debieran completarse antes de iniciar obras nuevas y mucho menos, se trabaja en la convocatoria firme y seria a la inversión privada, que tanta falta nos hace.

Si los miembros del Ejecutivo fueran miembros de una empresa, ya todos hubieran sido debidamente despedidos por falta de capacidad, empezando por la cabeza.

Propongo que el gobierno se maneje con el mismo nivel de exigencia al que están sujetas las empresas serias:

• Presentar anualmente un Plan estructurado.
• Metas físicas y financieras cuantificables.
• Presentación pública de estos planes y programas.
• Revisión de auditoría trimestral.
• Reporte público trimestral de cumplimiento y explicación de las desviaciones.
• Adecuada gobernanza, control y sanción inmediata de faltas a la constitución como cambios en el presupuesto, sin la debida autorización.
• Separación y sanción de funcionarios, ante conflicto de intereses.
• Cierre anual de cuentas y reporte auditado al cierre de marzo de cada año.
• Identificación de los responsables de la falta de cumplimiento e inmediata destitución.
• La labor del Congreso debe estar centrada en la labor de fiscalización, tanto del gobierno central, como de los regionales y municipales.

No es posible que tengamos proyectos paralizados por varios años y que no se haya sancionado a los responsables, que el sistema de control a nivel nacional, no esté completamente en manos de la Contraloría y que ella no tenga capacidad sancionadora.

No es posible tampoco, que algunos miembros del Ejecutivo se hayan propuesto hacer creer a la población y trafiquen con la idea de que, su capacidad para hacer uso de la “cuestión de confianza” es ilimitada, yendo no sólo contra la lógica más elemental, puesto que no corresponde hacer “cuestión de confianza” sobre temas que no son de su incumbencia, como; cambios a la constitución o temas de responsabilidad exclusiva y excluyente de otros poderes. Se olvidan finalmente que, el Ejecutivo es el sujeto a fiscalización por parte de sus mandantes y no al revés.

Esto ya parece ¡los patos disparando a las escopetas! Lampadia

Con la lámina que vemos a continuación, Lampadia quiere hacer un homenaje a los peruanos de la tercera edad, que han mostrado con su sacrificio personal, que la devoción por la patria nunca termina.

Todos ellos, cada uno con su voto, nos han enseñado que más allá de nuestros problemas y angustias, lo más importante es siempre pensar en el futuro. Recogemos esa visión patriótica en la imagen de un niño peruano, con su linda expresión de sincero optimismo.

¡Viva el Perú!
¡Juntos todo se puede!

Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Es importante tener presente los roles y atribuciones que le competen al JNE. Para ello, cuando uno ve sus funciones, tenemos los siguientes:

1. Rol jurisdiccional de inscribir candidatos, resolver apelaciones sobre sus inscripciones, resolver apelaciones de tachas a estos, proclamar resultados electorales y convocar a referéndum y consultas populares, entre otras.
2. Fiscalizador de todos los procedimientos y procesos, velando por el cumplimiento de las normas aplicables.
3. Educativo, brindando asistencia técnica, formación y promoción de valores democráticos.
4. Difusión, promoviendo espacios deliberativos, con eventos masivos dirigidos a la ciudadanía.
5. Normativo de los procesos electorales y procedimientos propios. Y
6. de Administración electoral.

Dentro de ese marco y con la finalidad de lograr una ciudadanía bien informada, tiene la obligación y la responsabilidad legal de efectuar las acciones que, a su criterio, permitan el logro de este objetivo.

Así pues, el JNE propuso el desarrollo de cuatro debates, como parte de la labor de difusión necesaria para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2021. Planteó pues, dos debates de los candidatos presidenciales, uno de los candidatos a las vicepresidencias y uno de los equipos técnicos que soporten los planteamientos políticos de los candidatos. Hasta ahí, el JNE estuvo cumpliendo su rol.

Los problemas comienzan cuando uno de los candidatos rehúye las coordinaciones, evade las convocatorias a debatir hechas por el JNE, reclama que no son necesarios los debates, hasta que finalmente, Pedro Castillo pone como condición previa a los debates oficiales del JNE, un debate en Chota, su tierra natal, donde él había ganado con 64% de los votos, bajo las reglas fijadas por sus personeros, sin participación de los de Keiko Fujimori y fijando también los personeros de Castillo, los temas a tocar.  Cuál no sería la sorpresa de Castillo, cuando Fujimori le aceptó todos los términos del debate; lugar planteado, que éste le cambiara fecha y hora del debate y que fijara todas las demás condiciones, incluyendo que los partidarios de Castillo entren a la plaza para aplaudirlo a él y abuchear a Fujimori. Todo, a condición de que Castillo aceptara los cuatro debates planteados por el JNE.

Cabe resaltar todas las condiciones adversas a la visitante, largo viaje nocturno (11 horas, en lugar del de 4 horas normales), falta de respeto de los partidarios de Castillo y Cerrón, sin normas de comportamiento adecuadas de la gente en la plaza y condiciones precarias para la seguridad. Llegar a la plaza, subir al estrado del debate y empezar con las mismas, sin un descanso previo, para enfrentar un debate de más de una hora y media.

No obstante, Fujimori aceptó y superó todas las condiciones y caprichos que, al mejor estilo dictatorial, impuso Castillo y de acuerdo a las encuestas inmediatas y comentarios especializados posteriores, Fujimori le ganó el debate a Castillo, fijándose en ese momento un punto de inflexión en las preferencias electorales y generación de una nueva tendencia; Castillo bajando y Fujimori subiendo.

Pero, más allá de los temas anecdóticos, no podemos minimizar el rol y atribuciones del JNE al respecto, quien debió establecer públicamente y mediante el nivel de resoluciones que le competa; cuantos debates tenía programado realizar, de qué características, en qué lugares, en qué fechas y convocar a los personeros para coordinar detalles. Pero no, resulta que, sin ejercer ninguna autoridad, el JNE dijo que esperaba que los personeros se pongan de acuerdo sobre el número de debates, sus características y demás detalles. ¿Nos quiere hacer creer el JNE, que en la primera vuelta dejó a los representantes de los 18 candidatos, que se pongan de acuerdo entre ellos sobre los debates, sus formatos, temas y orden de aparición?

En este caso, un candidato sin preparación, ni plan, sin equipo técnico, ni capacidad para convocar a un equipo que pueda darle contenido técnico a su ideario y llevar adelante un gobierno para el Perú, se corrió tanto como pudo.  Se dio maña para llevar de las narices al JNE, forzó el paso del tiempo para que sea imposible organizar y realizar los debates que la ciudadanía merece ver y oír, pues ahí se podría apreciar cuales son los planes y programas a ejecutar, cuán viables son las propuestas de gobierno, cuales son los estilos de liderazgo de los candidatos y qué tan consistentes son los diagnósticos, propuestas de solución y capacidades de gestión y ejecución de tales planes.

Los ciudadanos merecemos respeto por parte del JNE y de los candidatos y, por el modo como se han conducido, podemos calificar de muy mala la actuación del JNE al respecto, pues no ha cumplido la misión encomendada e impidió que los ciudadanos tomemos la mejor decisión en momentos tan difíciles para el Perú.

Los miembros del JNE merecen una censura, pues lo que han hecho es una de las formas como se deteriora nuestro sistema democrático y se induce a su descrédito. Lampadia

Enrique Felices, Ingeniero*
Para Lampadia

El artículo anterior planteó una pregunta ¿Por qué la ingeniería nacional no puede realizar en el 2020 los trabajos que hacía en 1985? Una respuesta es que durante treinta años nos hemos dado maña para alejar a los mejores profesionales de la concepción de las inversiones públicas, de los procesos de selección de contratistas, y de los estudios de factibilidad, ingeniería básica y de detalle para los proyectos; y para ceder competencias del Estado a organismos internacionales u otros gobiernos a fin de salir del ámbito de nuestras propias leyes y evitar eventuales arbitrariedades de la CGR. En suma, hemos perdido capacidad nacional. Para suplirla necesitamos ahora un sistema de inversión pública que incorpore a los mejores profesionales, incluyendo una CGR no más grande sino más tecnificada. Los siguientes hechos sustentan esta respuesta.

Hasta la década del 50 las obras públicas se hacían con ingeniería extranjera. Para los hospitales, colegios y otros se trajeron planos del exterior. Después vino el aprendizaje de las firmas observando, acompañando y adaptando el trabajo de sus asociadas extranjeras. Los ingenieros individuales aprendieron en proyectos mineros y eléctricos.

En las asociaciones las firmas nacionales tomaron responsabilidades cada vez mayores, y en los 80 asumieron solas la gerencia de algunos proyectos. En esos años las inversiones públicas atraían a empresas internacionales de primera línea.

Eso no ocurre más. Desde los 90 nos hemos auto infligido la noción de que los estudios técnicos deben der baratos. Como consecuencia, las inversiones públicas atraen a las firmas extranjeras menos competentes, que subcontratan localmente todo lo posible y lo completan en su país de origen. El resultado ha sido malo , pero el formato gobierno a gobierno no se anuncia mejor. La empresa extranjera se encarga de la gerencia y supervisión (campos de mayor competencia de los nacionales), mientras la ingeniería y ejecución de obras se contratan EPC (Engineering, Procurement and Construction) con constructoras que se dejan a su libre albedrío. Estas, que  no son competentes en ingeniería, la subcontratan en condiciones desfavorables para el país porque, en efecto, la  ingeniería contratada y la subcontratada no son lo mismo.

Cuando el cliente es el propietario, la ingeniería está al servicio de las metas del proyecto, y la relación entre las partes es del tipo “Deseo contratar con usted, al precio debido, y usted desea contratar conmigo”. Cuando el cliente es una constructora, cuya meta es maximizar beneficios, la relación es “Contrato con usted, a precio de descuento, porque no me queda otra”. En los contratos EPC gobierno a gobierno (Panamericanos) los resultados están por verse. Si la construcción de edificios iguales y con plantas típicas excedió el 5% del presupuesto, la ingeniería no anduvo bien.

Para la reconstrucción del Norte vendrán firmas de primer nivel para aplicar técnicas modernas de gestión. Muchas de esas técnicas ya las usan las firmas nacionales (excluidas del formato gobierno a gobierno) salvo en inversiones públicas, debido a las normas. Así lo confirma el reciente DU 021-2020 que crea los “Proyectos Especiales de Inversión Pública” (PEIP) y los exceptúa de la Ley de Contrataciones a fin de que apliquen sistemas de trabajo tipo BIM (Building Information Technology) y contratos estandarizados NEC (New Engineering Contract), FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) y ENAA (Engineering Advancement Association of Japon).

Los formatos FIDIC (1987) y NEC (1991) se aplican extensamente, aunque no en USA y China, y tienen modelos específicos para contratos EPC, como los de los Panamericanos: el FIDIC EPC/Turnkey (1999) y el NEC3-ECC (2005). Ambos, para el Perú, necesitarán ajustes sustanciales porque, como señala FIDIC, el modelo fue ideado para proyectos privados a ejecutarse con mínima intervención del propietario, sin supervisión de obras ni pago de valorizaciones por avance, algo que no cabe en obras públicas. Los ENAA, por su parte, no son para obras públicas sino para proyectos industriales y de generación de energía.

El BIM es uno de los sistemas ideados para dar unidad de propósito a los participantes en un proyecto. Basados en VDC (Virtual Design and Construction), permiten la pre-construcción virtual de la obra en 3D y facilitan la interacción durante todo el ciclo del proyecto. Estos sistemas ya se usan en el Perú en proyectos no públicos.

El DU-021 el Estado reconoce que las normas legales no permiten contratar las innovaciones necesarias para los proyectos y que implementarlas requiere normas especiales.  Sin embargo, no da disposiciones para superar nuestra incapacidad para realizar debidos procesos de selección. Por el contrario, autoriza que los PEIP cedan sus concursos y licitaciones a organismos internacionales mediante contratos (los contratos gobierno a gobierno están regulados desde el 2013). Persiste así en tratar el problema de la integridad de contratantes y contratistas como si fuese una cuestión de pasaporte.

A la situación actual contribuyeron varios factores. La creciente propensión al credencialismo, o acreditación del conocimiento con documentos y no con pruebas, potenciado por la proliferación de universidades; la orientación cada más gremial y menos deontológica de los colegios profesionales; y el arraigo de la presunción de culpabilidad en la actuación pública, que ocasiona conductas a contrapelo de nociones básicas de la ingeniería. Así, mientras el ingeniero,  por formación, frente a un problema busca soluciones,  el funcionario de hoy, por temor, busca culpables para descargar responsabilidades. Rasgos así se filtraron en las normas de contrataciones y se retroalimentaron. Contribuyó también el tipo de acreditación profesional de nuestros ingenieros: automática, perpetua y sin más requisito que el título profesional, algo que ocurre solo en América Latina y África.

Estas materias se deben abordar con seriedad. Para ser competitivos hay que corregir errores, revertir tendencias y pensar a largo plazo. No será sencillo. La ingeniería de proyectos ha sufrido  años normas y prácticas adversas, y desde siempre en las sociedades humanas cuanto menor es la capacidad mayor es el amor propio. Veamos:

– La disposición dada para que en los procesos de selección para estudios se pudiese ofertar el 60% del valor referencial. Ella dio paso a contratos pactados a sabiendas de que se incumplirían las exigencias técnicas mínimas. Esa práctica continúa y se refleja en proyectos mal construidos, a los que parecemos acostumbrados.

– El tope de 5% del costo de las obras, para su supervisión. Se derogó años después, favoreció la colusión entre supervisores, constructores y funcionarios.

– La creación del sistema internacional de evaluación de procesos, destinado a encargar licitaciones y concursos a organismos internacionales mediante contratos protegidos por inmunidades y privilegios. El DU-021-2020 consolida el sistema.  

– La elusión de las reglas del SNIP (por ley) y la posterior eliminación del sistema. Bajo las reglas del SNIP de seguro se habría objetado a tiempo proyectos con inversión subvaluada, como la carretera interoceánica y la nueva refinería de Talara.

Los temas relativos a la incorporación de mejores profesionales a las inversiones pública los trataremos en los siguientes artículos.  Lampadia

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*No tiene relación de propiedad o dependencia con empresas de ingeniería. Durante treinta y cinco años fue consultor privado en proyectos de inversión pública. Fue Presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC) e integró el Tribunal de Ética del Colegio de Ingenieros – CD Lima

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

Ocupar el primer lugar de Latinoamérica en el porcentaje de población infectada con el coronavirus (Perú 3,385 x millón – Brasil 1,419 por millón), estar en el exclusivo puesto 12 a nivel planetario por encima de China, haber destruido la economía del país, haber quebrado miles de empresas particularmente pequeñas, haber dejado a millones de peruanos sin empleo y tener en la espalda más de 3,000 muertos según la escuetas cifras oficiales, debieran hacer caer burócratas, ministros, gabinetes y presidentes y porque no congresos cómplices en un país normal que no estuviera anestesiado por la información de una prensa oficialista venal y confundido por los despistados aplausos de una parte de la clase media, todos los cuales buscan atribuirle la responsabilidad del fracaso gubernamental en esta crisis al peruano pobre que sale a la calle a buscar el pan de cada día, con tal de liberar de responsabilidad y culpa al gobierno y al presidente.

¿Tan exótico es el Perú que estas cifras no hacen mi mella en la política nacional?

El Perú fue un país donde los políticos asumían la responsabilidad por los muertos, los homicidios no evitados, las crisis sanitarias o las revueltas políticas, así no hubiera habido culpabilidades o errores. En ningún caso se vio que fatales fracasos como el que estamos sufriendo sean maquillados por un millonario aparato de publicidad, contención mediática y troleo a los opositores y que la responsabilidad política estuviera tan ausente. Veamos algunos ejemplos de nuestra historia política más reciente:

• En 1981, José María De la Jara y Ureta, Ministro del Interior del segundo belaundismo asumió la responsabilidad política por la muerte del joven aprista cusqueño Marco Antonio Ayerbe Flores, producto de la represión policial, pese a que el Ministro no ordenó el acto luctuoso. Una sola víctima bastó para que De la Jara se fuera a su casa, sin necesidad de que el Congreso se lo pida.
• En 1989, Armando Villanueva del Campo, histórico líder del APRA, dejó el Ministerio del Interior con frustración y cansancio luego del asesinato del congresista Li Ormeño por parte de Sendero Luminoso, el virus político que asoló nuestro país en esa década. El no lo mató. Ni lo dejó matar, pero su frustración por no evitar esa muerte lo llevó a apartarse del cargo.
• En marzo de 1991, pese a haber tenido una mejor gestión de la crisis originada por la epidemia del Cólera y contar con el respaldo de los colegios médicos y la Federación Médica de entonces, el Ministro Carlos Vidal Layseca renunció cuando las cifras superaron los 22,000 contagios y los muertos no superaban los 400.
• En el 2009, Yehude Simon Munaro, reconocida figura de la izquierda peruana asumió la responsabilidad política por la crisis en el Baguazo y, a mi juicio sin tener responsabilidad por una artera emboscada montada por el humalismo que cobró la vida de más de una decena de policías y nativos, renunció a causa de esas muertes. Simon asumió, como es uso en esas lides, el costo político de las crisis.

Asumir la responsabilidad política frente a hechos graves como los que nos afectan es la salida institucional prevista por el sistema político y la Constitución, para evitar que la crisis llegue hasta el presidente de la República. El Jefe de Estado tiene que dejar ir a quienes no pudieron evitar la crisis, la agravaron o no supieron ser contrapesos a su voluntarismo que dio marchas y contra marchas. Los ministros protegen la figura presidencial en escenarios de crisis, no es la figura presidencial y su artificial popularidad la que los protege. El gabinete es un conjunto de fusibles necesarios para que la alta tensión a la que está sometido el ejercicio del poder no queme la institución presidencial, aunque en este caso en particular tenga bien merecidas razones para irse pronto a casa. Además, todos los ministros saben, como bien me lo dijo un veterano abogado sureño al dejar un cargo de alto nivel, que aquellos que ingresan al vértigo de la política “deben tener siempre el paracaídas puesto”.

Si el Jefe de Estado no actúa y responsabiliza políticamente al Gabinete por el fracaso en esta crisis, advertido aquí en este medio desde marzo pasado, sólo quedan dos opciones: que la crisis le llegue a él mismo o que el Congreso exija esa responsabilidad y niegue la confianza solicitada, dando paso a un gabinete de unidad nacional, con profesionales independientes y políticos hábiles de diferentes orientaciones políticas capaces de ver el interés del Perú y no el termómetro de la popularidad presidencial, aptos para disentir del Presidente y su asesor de imagen, aptos para estar por encima del lenguaje político impuesto por el caviarismo burocrático.

Obviamente, también cabe una tercera posibilidad.

Que el Congreso, débil, fragmentado, provisional, con urgencias electorales, populista, que le debe su existencia al Jefe de Estado y a su Premier, entonces Ministro de Justicia, sólo enjuague al gabinete, le otorgue la confianza y no quiera contradecir la artificial popularidad presidencial.

En este caso, la CONFIANZA SERIA COMPLICIDAD. Complicidad con los infectados generados por la irrupción del discurso de género en la política sanitaria, complicidad en la muerte de los jóvenes médicos de Iquitos ahogados por la falta de oxígeno en los respiradores del Estado, complicidad con las compras corruptas en la emergencia, complicidad en la muerte de los venezolanos arrollados en la carretera cuando volvían porque el gobierno que les abrió la puerta los ignoró y los deja morir, complicidad con la quiebra de miles de micro empresas, complicidad con el desempleo de millones de peruanos, complicidad con la represión a los peruanos que tienen que salir a trabajar para sobrevivir o querían volver a sus pueblos y en buena cuenta, librar un cheque en blanco para que esta crisis siga mal, peor y no se sabe hasta cuando .

Ojalá que el Congreso mire y vea el juicio de la historia. No encuentre la salida leguleya para no hacer lo que constitucionalmente le corresponde. Que asuma el rol que le toca y ponga punto final a este fracaso y haga posible el cambio necesario. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Hace 5 días, el editorial de uno de los diarios oficialistas del país decía: “Más Keynes que Hayek durante el post covid -19”.  En el texto se auspicia de acuerdo a la línea política de ese diario, lo que muchos tememos:  que esta emergencia justificará un nuevo envión a las ideas en favor del control, la intervención y el mayor protagonismo del Estado en la economía y en la sociedad, en nuestro país y en otras partes del mundo.

Lo que parece no advertir la nota es que, en medio de la crisis, antes del “post Covid 19” que no ha llegado aún, ya estamos viviendo y pagando las consecuencias de esta “fatal arrogancia”. Digo “Fatal Arrogancia”, precisamente para citar el título de la última obra de Friedrich Hayek, a través de la cual este Premio Nobel austriaco criticó esa tradición utópica según la cual, ante la incertidumbre y la complejidad, se admite que las sociedades puedan ser diseñadas en su totalidad de acuerdo a un plan establecido. Para Hayek, tan bien intencionado propósito no es factible debido a que el planificador no puede acceder a toda la información necesaria para esta arquitectura ideal de la realidad. Existe un conocimiento disperso que no es posible concentrar en una sola mano, existe un orden espontáneo contra el cual resulta arrogante pretender actuar compulsivamente.

Lo que está sucediendo en el Perú en plena crisis del Covid 19 nos demuestra precisamente esa limitación que Hayek ya advirtió. Ante la incertidumbre y la complejidad de la Pandemia se admitió como válido un diseño social de emergencia centralizado en manos del Estado. Todos creímos que esto era lo indicado: suspensión de actividades masivas, cuarentena, aislamiento social obligatorio, inmovilidad, paralización de actividades económicas no esenciales, cierre de fronteras, control de las pruebas diagnósticas en manos del sistema de salud pública, bonos de auxilio económico, etc. Lo que olvidamos es que, más allá de la validez lógica de muchas de esas medidas, la pretensión planificadora es per se, de por si, arrogante, porque olvida que hay información necesaria que no podrá conocer, que hay un conocimiento disperso y un orden espontáneo.

El profesor malagueño Juan Carlos Martínez Coll[i] lleva esta idea de Hayek a un plano aún más concreto y nos habla de la “fatal arrogancia del planificador”, afirmando, para mal de nuestra realidad presente que “la planificación logística que incluye la actividad de un individuo no puede ser realizada sin la aportación de información de ese individuo”, y que, aunque no nos guste reconocer en estas circunstancias:

“es imposible que la actividad de cualquier empresa o país puede ser completamente planificada por un único planificador, debido a que:

a) La información necesaria es excesiva y no cabe en una sola mente.

B) La información necesaria está en la mente de los individuos y no es fácilmente accesible.

C) La información es cambiante, dinámica.

D) El carácter coactivo de la planificación corrompe la misma información, la distorsiona.

El presidente Vizcarra pese a sus buenas intenciones, no puede junto con su gabinete, asesores y adulones incluidos, tener la capacidad de acceder a toda la información necesaria en esta crisis. Mucho menos pueden ingresar a la mente, intenciones, deseos, necesidades o angustias de los ciudadanos que huyen de la cuarentena pese a haber sido identificados como positivos o que salen a vender o trabajar para subsistir. Ni el presidente, ni su flamante Ministro de Salud hábil en el troleo en redes sociales pueden detener el cambio, la mutación de la información. Ni las amenazas del ejército o las extorsiones de algunos malos policías pueden evitar que la información necesaria se corrompa.

Esto explica en alguna medida que hayan más de 36,000 detenidos en la emergencia, que el número de víctimas siga creciendo, que los contagios crezcan más rápidamente de lo que vimos la semana anterior y que a causa de todo esto, se adopten nuevas medidas en la misma dirección: planificar sin la información suficiente.

Bien haría entonces el diario oficialista, en lugar en auspiciar el retorno a las ideas de Kelsen para un post Covid 19 que aún se ve lejano, en advertir las consecuencias de esta fatal arrogancia y su alto costo en estas circunstancias. Podría empezar por publicar, por ejemplo, este fragmento del discurso de Hayek al momento de recibir el Premio Nobel de Economía:

“Para que el hombre no haga más mal que bien en sus esfuerzos por mejorar el orden social, deberá aprender que aquí, como en todos los demás campos donde prevalece la complejidad esencial organizada, no puede adquirir todo el conocimiento que permitirá el dominio de los acontecimientos. En consecuencia, tendrá que usar el conocimiento que pueda alcanzar, no para moldear los resultados como el artesano moldea sus obras, sino para cultivar el crecimiento mediante la provisión del ambiente adecuado, a la manera en que el jardinero actúa con sus plantas.”

Solo la comprensión de que estamos siendo víctimas de esta fatal arrogancia nos llevará a tomar mejores y más atinadas medidas. Solo la comprensión de los límites del gobierno y del Estado en esta tarea nos permitirá entender que la solución no llegará únicamente desde arriba, sino que se construye también en la decisión cotidiana de cada ciudadano, comunidad, gremio o pueblo. Sólo así la ciudadanía asumirá también su responsabilidad y las consecuencias de esta crisis. Estamos a tiempo. Lampadia

Carlos Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE
Para Lampadia

Esta pandemia nos está llevando a situaciones límite, tanto al sector público como al privado. Como hemos podido observar, el gobierno tuvo el coraje de asumir la decisión de una cuarentena que, si bien se planteó por dos semanas, era de suponer que tomaría cuando menos cuatro semanas.

No es el momento de criticar los errores cometidos por impericia o improvisación, lo que seguro discutiremos en el momento oportuno. Lo importante ahora, es ver cómo resolvemos el problema que enfrenta el país y todos los ciudadanos desde el punto de vista económico. No es necesario insistir que un mes de paralización de actividades destruye muchas fuentes de trabajo para mucha gente y quiebra a muchas empresas, las que al quedarse sin oportunidad de producir, vender y cobrar, rompen la cadena de pagos.

Hay sectores altamente sensibles a este fenómeno y cuyas posibilidades de retomar su actividad comercial a niveles adecuados, tomará por lo menos un mes adicional al de la cuarentena. Nadie irá, por auto-protección, a un restaurante o un cine al día siguiente del levantamiento de la cuarentena. A los hoteles y servicios de transporte aéreo y terrestre les tomará mucho recuperarse, lo mismo que a profesionales y trabajadores independientes, entre otros.

Recordemos que, si bien se logró en los últimos 15 años sacar de la pobreza al 30% de nuestra población, estos se mantenían bien mientras “pedaleaban”, pero cuando se para la actividad económica y se les impide trabajar por tanto tiempo, inmediatamente regresan a la condición de pobreza de la que salieron gradualmente a base de un gran y perseverante esfuerzo.

Ha sido muy importante que desde el Estado se otorgue un bono en efectivo para aproximadamente 3,2 millones de pobres, pero la población que debemos atender es a 12 millones de personas que se han quedado en la miseria de súbito y que tendrán que “capear el temporal” durante entre 30 y 60 días, en la medida que sus empleadores o contratantes se repongan y tengan posibilidad de reiniciar sus actividades regulares y generar la liquidez que les permita cumplir con los pagos a trabajadores, proveedores y tributos.

Es cierto que el ahorro con que cuenta el Estado peruano, producto de un manejo responsable de las finanzas públicas durante tres décadas, nos da hoy el respaldo para atender esta emergencia. Pero el Perú tiene que reponerse de esta caída lo más rápidamente posible y retomar un crecimiento vigoroso para reponer sus reservas de seguridad.

En estas circunstancias críticas, debemos también diseñar un plan que permita recuperar el paso que hemos perdido. Debemos dejarnos de improvisar y plantearnos la activación inmediata de los proyectos y operaciones que nos permita, en el más corto plazo, generar puestos de trabajo e ingresos personales y fiscales.

Lo antes dicho requiere tomar decisiones y asumir las responsabilidades con mucho más coraje que el aplicado para decretar la cuarentena. Debemos priorizar en base a nuestras posibilidades técnicas y económicas la ejecución de los proyectos mineros que tenemos en cartera, pues si las empresas ya resolvieron sus ingenierías y cuentan con los recursos financieros para asumir sus riesgos y ejecutarlos, debemos darles prioridad y no permitir que trámites burocráticos nos paralicen.

Debemos también alinear la construcción de infraestructura que sirva de apoyo a estos proyectos.

Estamos en la obligación legal y moral de generar rápidamente las máximas posibilidades de trabajo directas, indirectas e inducidas, en base a las oportunidades que nuestro país puede aprovechar. En el corto plazo no encontraremos una opción más eficaz que el inicio de la construcción de proyectos mineros e infraestructura, con lo que podríamos reactivar la economía del Perú.

Repito, debemos poner CORAJE para tomar las decisiones que se requiere y eliminar las trabas que ciertas circunstancias nos han impuesto a lo largo de los años si efectivamente pensamos en que debemos poner “EL PERÚ PRIMERO”. Lampadia

Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas y Senior Advisor de Spencer Stuart
Para Lampadia

Todos los que hemos sido CEO, de una o de varias empresas, sabemos la gran responsabilidad que conlleva este cargo, pero también lo solitario que es. La combinación de estas dos características genera una sobredosis de stress, la cual muchas veces es agravada, si es que la relación con los stakeholders no es la adecuada (especialmente con los accionistas y/o los directores). Una buena y fluida relación entre el CEO y sus stakeholders es un principio básico para la sostenibilidad de la empresa.

La soledad del CEO se genera porque este actúa como puente entre el Directorio (o los accionistas), que son los que definen los lineamientos y las políticas de la empresa y los gerentes (C-Suite), que son quienes ejecutan los Planes de Acción elaborados por el CEO, para así lograr los resultados esperados. Este proceso está plagado de decisiones de todo calibre, las cuales deben ser tomadas por el CEO y solo por el CEO.

En los últimos años han surgido algunas ayudas para que el CEO pueda manejar mejor esta soledad (y este stress). El coach, el Thinking Partner o una combinación de ambas, son servicios ejecutivos, cada vez mas utilizados.

Esta presión que vive el CEO, es probablemente el principal motivo que determina la duración del ciclo de vida de este en la empresa, ya sea por decisión propia o del directorio. El promedio de este ciclo es 7.2 años, en las empresas del S&P 500 USA (2017).

Hace un par de meses, Harvard Business Review (HBR) publicó un estudio denominado ¨The CEO Life Cycle¨, elaborado en el 2019 por Spencer Stuart (una de las ¨Big Four¨ de Consultoría de Liderazgo Ejecutivo). El objetivo del estudio era determinar si existe un patrón de la creación de valor de un CEO, a través de su ciclo de vida en una empresa.

Para esto se analizaron historias reales de 750 CEOs, que cumplieron su ciclo entre los años 2004 y 2017 en empresas S&P 500. También se completaron mas de 50 entrevistas a profundidad, tanto a CEOs, como a directores de estas empresas. La información recabada en el análisis permitió determinar cinco claras etapas en la vida de los CEOs, las cuales resumo a continuación.

1. LA LUNA DE MIEL (El primer año). En esta etapa el nuevo CEO entra con las baterías a ¨full¨ y listo para tomar el liderazgo. Generalmente ya ha analizado y definido las primeras acciones que tomará, por lo que hay mucho dinamismo, cambios y actividad positiva. Esto genera entusiasmo a todos los stakeholders, lo cual también repercute positivamente en el precio de la acción. Por esta razón la mayoría de nuevos CEOs logra desempeños por encima del promedio en su primer año de gestión, pero eleva peligrosamente la valla de las expectativas. En esta primera etapa, la clave para un buen futuro desempeño, es cuanto aprende el nuevo CEO, versus cuanto se dedica solo a operar.
2. LA DEPRESIÓN DEL SEGUNDO AÑO (The Sophomore Slump). Después de la efervescencia de la luna de miel, el péndulo generalmente oscila hacia el otro sentido, esto debido principalmente a expectativas no cumplidas, mas que a problemas significativos. Muchas veces esto es potenciado por una inmerecida atención negativa de los analistas e inversionistas. En esta etapa los CEOs deben reconocer este declive y actuar de inmediato manejando las expectativas mediante una efectiva comunicación interna y externa. Este es un periodo que, si es bien liderado por el CEO, puede convertirse en una gran oportunidad de reforzar la estrategia, construir confianza (transparencia) con todos los stakeholders y ¨resetear¨ lo que sea necesario. En esta etapa es clave la sintonía entre el Directorio y el CEO ya que, si ésta se pierde, se creará un alto riesgo de problemas potenciales en el futuro.
3. LA RECUPERACIÓN (Años 3 al 5). Si sobrevive la depresión del segundo año, la mayoría de CEOs entran a un periodo de vientos favorables, en el cual la actuación de sus dos primeros años, comienzan a darle dividendos. Los stakeholders (especialmente el directorio y el personal) retoman la confianza, al haber sido espectadores de un buen manejo del lanzamiento y del declive. En este periodo los CEOs trabajan fuertemente para el futuro. La dirección estratégica esta clara, la cultura organizacional sigue asentándose y la dinámica con el directorio esta claramente establecida. Es la etapa para desarrollar nuevas iniciativas y seguir implementando el plan estratégico. Hacia el final de este periodo, algunos CEOs comienzan a inquietarse, a cuestionar el futuro y a pensar en forma mas crítica sobre las inversiones de largo plazo. En esta etapa, los CEOs que no lograron recuperarse de la depresión de la segunda etapa, estarán bajo una creciente presión del directorio.
4. LA TRAMPA DE LA COMPLACENCIA (Años 6 al 10). El periodo de recuperación es generalmente seguido por uno de estancamiento de resultados mediocres y variables. Al entrar a esta etapa, el riesgo a la complacencia es muy alto en el CEO, en el Directorio y en la organización. El CEO comienza a participar mucho en actividades extra empresariales. También se tiende a practicar la mentalidad de ¨Si no esta roto, porque cambiarlo¨. Periodo de inercia. Muchos de los CEOs entrevistados dejaron sus funciones en este periodo.
5. LOS AÑOS DORADOS (Años 10 a 15). Los CEO´s que sobreviven el periodo de la complacencia, típicamente pasan a experimentar una de sus mejores etapas de creación de valor, dado el cumplimiento de su compromiso a largo plazo y a su habilidad de reinventarse. En esta etapa se gozan los resultados de largo plazo de proyectos e inversiones que inicialmente no tuvieron efectos. Los CEOs que llegan a esta etapa tienen un profundo conocimiento institucional, conseguido al haberla liderado a través de varios ciclos de negocio, así como de variadas crisis. Se ha construido un legado.

En el estudio, los CEOs entrevistados sugirieron que el ciclo de vida de un CEO debería ser de 7 años en promedio, mientras que los directores pensaban en un promedio mayor de 9.2 años.

¡Lo curioso es que en el ranking del 2019 de ¨The Best Performing CEOs¨ (HBR), la mayoría tenían mas de 15 años en la función! Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La pregunta que cae de madura luego de que se hizo pública la demanda de ODEBRECHT contra el Estado Peruano por 1,200 millones de dólares es, ¿quién pagará esa cuenta?

Siempre somos todos los peruanos a través de nuestros impuestos directos, nuestro consumo (impuestos indirectos) y el perro muerto que el Estado hace de sus deudas con empresas y ciudadanos, quienes pagamos estas cuentas que alegremente asumen gobernantes y autoridades. Cada uno de los 32 millones de peruanos deberá agregar a su cuenta aproximadamente US$ 37.00 per cápita.

¿Siempre tiene que ser así?

• ¿No es hora de cambiar y buscar a los verdaderos responsables, para que sean ellos los que asuman estas cuentas y no todos los peruanos?
• ¿No sería lógico que gobernantes, autoridades y funcionarios sean responsables de sus actos y asuman con su peculio las decisiones que adoptan y los perjuicios que le causan al Estado?
• ¿No sería conveniente pensar en nuevos mecanismos legales de responsabilidad administrativa y civil que, por encima y más allá del show mediático de los procesos penales, los fiscales y las prisiones preventivas vaya a buscar responsabilidades efectivas y reparaciones concretas?
• ¿No sería este un primer paso para cambiar la forma artera, irresponsable y demagógica en que se ejerce la política en nuestro país?
• ¿No debiera ser esta la primera reforma política que permita ejercer la función pública con seriedad?

Pienso que sí.

Que el ejercicio de la función pública, de la labor legislativa, de la función ejecutiva o de la función municipal o regional debiera estar garantizada por hipotecas, avales, fianzas, cartas de garantía bancaria o por lo menos cauciones juratorias de bienes, para que cada autoridad, gobernante o funcionario que ejerza un cargo, cuando pretenda embarcarnos en obras faraónicas, construcciones sobrevaluadas o hechos de similar naturaleza, vea como sus bienes e ingresos se ponen en peligro. Tal vez esto podría ser disuasivo para gobernantes populistas, dispendiosos y derrochadores. Al fin y al cabo, por mucho menos en juego, se exige a contratistas o prestatarios garantías de este tipo. Resulta razonable empezar a exigirlo a quienes manejan el erario nacional y las finanzas en ministerios, gobiernos regionales o municipalidades.

¿Sin embargo, en tanto esto se dé, que hacemos con la cuenta de ODEBRECHT?

Habría que individualizar a sus responsables y hacer que asuman, si no es posible las garantías propuestas, por lo menos las responsabilidades políticas, administrativas y civiles que correspondan, por haber permitido algo tan obvio: que ODEBRECHT, encima de haber corrompido a la estructura política del país, de haber cobrado al Estado, de no haber pagado la reparación civil, ahora nos demande y nos exija pagar 1,200 millones de dólares, adicionales a los 400 millones ya demandados por ENAGAS, por el mismo proyecto.

Aquí una lista de los responsables más obvios:

• En primer lugar, la familia Humala, responsable de haber virado la política peruana para hipotecarnos al mercantilismo brasileño que financió su llegada al poder.
• En segundo lugar, los acólitos del Cartel de Sao Paulo, mal llamado Foro de Sao Paulo, que han seguido las encíclicas políticas de Lula y han avalado la colonización brasilera al costo más alto de nuestra historia republicana. ¿No sabe usted quienes son esos acólitos en el Perú?, los señores Arana, Santos, Mendoza, Cerrón, Glave, Villarán, entre otros.
• En tercer lugar, PPK, quien lejos de encontrar una salida inteligente a este problema, canceló el proyecto, dando el pretexto necesario para una demanda como la que se ha planteado contra el Perú.
• En cuarto lugar el presidente Vizcarra y todo su gobierno, que en lugar de defender los intereses del Estado Peruano y contratar una defensa de talla que negocie un acuerdo integral con ODEBRECHT considerando todas las variables en juego, prefirió y alentó que la negociación con ODEBRECHT se subordine al criterio e interés de dos fiscales neófitos en materia constitucional y sin ninguna experiencia en el manejo de conflictos financieros de esta envergadura, que dejaron pasar lo obvio que cualquier negociador de conflictos con algún oficio hubiera exigido: todo lo que pides siempre y cuando quede cerrada la contingencia de una demanda judicial millonaria como la que enfrentamos.
• En quinto lugar y tal vez antes que todos, el MINISTERIO PUBLICO, que, en su afán de ganar titulares, redujo el conflicto a las colaboraciones eficaces para conseguir nuevos nombres a quienes perseguir, denunciar y encarcelar, dejando pasar lo obvio. Y aquí hay nombres propios: la Fiscal de la Nación, los fiscales Vela y Pérez y los que han validado todo este despropósito.
• Los congresistas y los aliados del gobierno en ONGs que defendieron el acuerdo, tildando de fujiapristas, naranjas y corruptos a los otros congresistas que cuestionaron los acuerdos con ODEBRECHT y a todos quienes advertimos de la corrupción que quedaba escondida detrás del ruido anticorrupción (Lampadia 2019).
• La prensa bien pauteada por el gobierno y las encuestadoras que dieron insumos a la medida de las necesidades de las campañas mediáticas de aquella.
• Los miles de peruanos que en su afán de dignificarse denostando a fujimoristas y apristas se prestaron con sus likes, sus tweets, sus posts y sus historias a convertir en héroes a un par de fiscales no importa que en su afán de protagonismo entregaban en bandeja la posición jurídica del Estado peruano frente a ODEBRECHT.

Todos ellos deberán pagar esas cuentas, si no es con su peculio, con sus renuncias, sus destituciones, la suspensión de sus vergonzosos contratos de publicidad o por lo menos el escarnio de ser los cómplices de una de las felonías más grande al Perú.

El Presidente Vizcarra, al igual que sus aliados, no tendrá ante la historia, los atenuantes que el presidente Balta tuvo con sus ferrocarriles por el oneroso Contrato Dreyfuss, ni la justificación de reconstruir el país que tuvo Andrés A. Cáceres ante el polémico contrato Grace. Vizcarra sólo podrá decir que negoció en contra del Perú para llevar a la cárcel a sus adversarios políticos. Una razón que tal vez le otorgue el aplauso efímero del presente, pero que no lo libera de asumir su cuenta, por lo menos ante el implacable cobro de la historia. Lampadia

La ONP planea dejar de lado los procesos de tercerización que permitieron notables mejoras de la atención a los jubilados. Según nuestra información se estaría por cambiar los procesos de Atención al Cliente en los 34 Centros de Atención al Público, cambiando el modelo de outsourcing por uno de atención directa.

Este es un error enorme que va a costarle al Estado (a todos los peruanos) un sobrecosto de cerca de $20MM anuales para una tasa de valor ganado a todas luces negativa con el nuevo administrador estatal. ¿Que no hemos aprendido nada? ¿dónde esta la responsabilidad del Estado? ¿Quién asumirá los costos? ¿El asegurado? La irresponsabilidad de decisiones similares sin un adecuado balance beneficio-costo solo trae pobreza y mediocridad con un serio impacto económico que se traduce en mayores costos de proceso, menor productividad, pérdida de experiencia, necesidad de reaprendizaje y nuevo entrenamiento, riesgo laboral y sindical con el incremento de puestos estatales y riesgo logístico en la cobertura del servicio donde estado siempre ha demostrado ser ineficiente. En suma, un sobrecosto absolutamente innecesario cuya factura será pagada nuevamente por el contribuyente de a pie, mediante el perjuicio de los jubilados.

Los procesos de tercerización agregan valor en particular ahí donde el Estado no es eficiente y permiten contratar operadores que obligan a gestionar en función de estándares específicos necesarios para cada componente del proceso de atención, en este caso de los jubilados. La tercerización de los procesos en el modelo ya desarrollado con la experiencia en la ONP en la atención al público suele fijar estándares de proceso para optimizar los niveles de colas, las demoras máximas en todos los procesos, y establecer penalidades por las fallas.

En cambio, lo que propone ONP con este retroceso hacia una gestión directa, conducirá a que el personal de la entidad responderá a los procesos burocráticos tradicionales donde nadie asume responsabilidades ni puede ser castigado ante fallas del servicio. Se premia la ineficiencia y se desincentiva el estimulo a mayores productividades. Es simplemente el regreso al limbo de la ineficacia en los servicios públicos.

Desde la creación de la ONP, este servicio se viene desarrollando bajo el modelo de tercerización, habiéndose logrado significativos progresos tales como la disminución en los tiempos de atención y los tiempos de espera en los centros de atención al público, se lograron tres premios de Creatividad Empresarial, medición del servicio por indicadores de gestión prediseñados y contratación en función de ‘Service Level Agreements’ (SLA), o estándares de calidad de servicio.

Sin embargo, desde el 2015, la ONP incorporó personal propio para las atenciones de Inicio de Trámite (parte del proceso de Atención al Público), con malos resultados, veamos:

a. DETERIORO DE LA ATENCIÓN:

• El tiempo para otorgar una cita pasó de 4 días a 10 días.
• Los tiempos de espera del público en las oficinas para ser atendidos en el Inicio de Tramite se incrementaron en 167% (de 3.27 minutos a 11.15 minutos).
• Los tiempos de atención se incrementaron de 25 a 72 minutos por atención.

b. MAYORES COSTOS:

• La productividad mostrada por el personal de la ONP extrapolada a todo el servicio de Atención al Público generaría un costo anual de S/. 64’260,000.84 contra los S/. 25’670,227.12, del servicio tercerizado, es decir, un sobrecosto del 150% en personal.
• En el piloto de una parte del proceso se utilizó el doble del personal para realizar la misma operación, es decir, se paso de 41 personas en la empresa tercerizada a 80 personas directas de la ONP.

c. RIESGO OPERATIVO:

Existe un riesgo de sindicalizar la atención al público, teniendo el sindicato recién formado en la ONP, un incentivo perverso y arma de mayor poder para negociar a costa del perjuicio al pensionista.

d. EN ADICIÓN:

• Como parte de la transformación digital, el servicio de outsourcing atiende casi un 30% de las transacciones en forma automatizada, siendo la institución de mayor RPA (Robotic Process Automation) en el Perú.
• El proceso tercerizado ha demostrado ser mucho más eficiente, con personal motivado, con un esquema de compensación variable orientado al logro de resultados (disminución de los tiempos de atención y de espera así como en la satisfacción del pensionista y la calidad en la atención brindada). El esquema de pago fijo de la ONP ha disminuido drásticamente la productividad, con lo cual la ONP ha perdido valor en este proceso.
• El servicio requiere 40% más de capacidad de atención en las mañanas lo cual exige personal a tiempo parcial, modalidad que no es posible con personal directo.
• Dejar la tercerizacion requiere hacer más de 12 concursos diferentes (limpieza, equipos de computo, suministros, materiales de oficina, sistemas, gestores de colas, mantenimiento, etc.).

Este cambio hacia el deterioro de la calidad de servicio a los jubilados de la ONP es un tremendo despropósito. No hay manera de justificar semejante desarrollo, excepto por intereses subalternos y el abandono de una de las poblaciones más necesitadas y sufridas del país, los viejitos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 28 de setiembre de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Primero… lo primero. ¡Qué está pasando en nuestros hogares! Allí, en el seno de nuestras familias. Allí, donde el espacio es inviolable frente a cualquier intervención externa. Allí, donde los padres son el máximo ejemplo para los hijos, y los hijos son todo imitación frente a los padres.

Lo digo porque resulta que las denuncias más frecuentes registradas ante nuestra Policía Nacional en Ica son – nada menos que – las de “violencia familiar”. O sea, el esposo le pega a la esposa… o viceversa. El padre – o la madre – le pega al hijo o hija. El tío abusa del sobrino o sobrina. Y hasta el abuelo entra en la colada. Repito… ¡qué está pasando en nuestros hogares! En Ica hay más denuncias por violencia familiar, que robos y asaltos callejeros… por ejemplo.

Nuestros hogares – léase… nuestras familias – están en una profunda crisis. Estoy convencido de que ahí está el germen de la violencia – y la crisis moral – que azota a nuestro país. Toda la podredumbre que vemos en el Sistema Nacional de Justicia, en el Congreso de la República, y – en general – en el Estado y en nuestra sociedad, viene de nuestros hogares. Toda la agresividad que se vive a diario en las calles viene – también – de nuestras familias violentas y disfuncionales. ¡Qué está pasando en nuestros hogares!

Más aún. ¡Cómo es posible que haya anemia en Ica!… si somos grandes productores de frutas y hortalizas. Si producimos de todo… pescado, carne y huevos, leche, menestras, papa, etc. Si tenemos pleno empleo. Si cada vez se venden más vehículos nuevos, ropa de marca, licores, electrodomésticos, computadoras, celulares… y hasta viviendas nuevas. Si la concurrencia a nuestros centros comerciales es cada vez mayor. Y nuestra economía crece y crece sin parar. ¡Cómo es posible que haya anemia en Ica!

La razón es muy sencilla. La anemia se mide en niños de 3 a 36 meses de edad. O sea, en niños recién nacidos… hasta niños de 3 años. Precisamente, la edad en la que los niños no concurren a las escuelas… donde el Estado sí podría intervenir. La edad donde los niños están – al cuidado de sus padres – en los hogares.

Al pan, pan… y al vino, vino. Los hogares peruanos están en crisis. La crisis moral nace en los hogares. La violencia ciudadana también. Incluso la anemia. Y todos tenemos vela en este entierro. No sólo el Estado.

Por ello – dada la importancia y relevancia del tema – he querido referirme a la educación en la región Ica, como una responsabilidad muy importante y difícil de gestionar… que le compete – en primer lugar – a los padres de familia, – en segundo lugar – a los directores y maestros de las escuelas, y – en tercer lugar – a las autoridades y ciudadanos en general. Como se ve – al margen del ranking de las responsabilidades – la educación es tarea de todos… no solo del Estado.

A este respecto, hay países que sancionan a los padres de familia, cuando los hijos cometen actos delincuenciales. Yo creo que se trata de una medida justa. Y yo agregaría. Si un niño – o niña – tiene anemia, y proviene de una familia que tiene casa propia, carro nuevo, televisor de pantalla plana, laptop, celular, etc.… ya saben quiénes son los responsables. Lampadia

Ser empresario no es una cuestión de estatus o poder. El verdadero empresario no puede desligarse de sus responsabilidades. El liderazgo dentro de la empresa conlleva a hacerse cargo de los problemas, analizarlos, asumir las responsabilidades y tomar las decisiones más  adecuadas.

Fuente: cdn.urgente24.com

Un claro ejemplo del comportamiento empresarial puede verse en la reciente bancarrota de la naviera surcoreana Hanjin Shipping, que dejó 540,000 contenedores (valorizados en unos  US$14,000 millones) varados en 45 embarcaciones. Hanjin es una de las diez mayores empresas mundiales de transporte marítimo, y realiza envíos a más de 90 puertos y seis mil destinos en el mundo.

Tras la falta de apoyo de los puertos y demás navieras, el presidente del grupo, Cho Yang-ho aportó US$ 31 millones de sus activos personales para “solucionar el problema” y lograr que se les permita a estos barcos llegar a los puertos y que tanto las tripulaciones como las mercancías lleguen a sus destinos.

 Fuente: The Guardian

Y es que desde que Hanjin Shipping solicitó la protección de la ley de bancarrotas a principios de setiembre, los buques no fueron autorizados para entrar a puertos, dejándolos literalmente a la deriva. Los puertos de EEUU, Europa y Asia no les dejaban atracar ante el miedo de no cobrar las tasas portuarias o que sus cargas sean confiscadas por los acreedores. En su preocupación por la incertidumbre, los puertos se olvidaron de las personas que todavía se encontraban en los navíos. Los capitanes buscaban lugares donde poder atracar, aunque solo fuera para que su tripulación tuviera agua y comida. 

“Nuestros cargueros se han convertido en buques fantasma”, explica Kim Ho Kyung, del sindicato de Hanjin Shipping. “El agua y la comida se están acabando en aquellos barcos que están en aguas internacionales”, alerta. Cada barco varado tiene alrededor de 15 a 25 tripulantes a bordo. No pueden llegar a ningún puerto, por lo que van a tener que depender de los suministros que tienen con ellos hasta que se encuentre una solución. Aunque la comida debe durar el tiempo suficiente, eventualmente requerirán combustible.

Un ejemplo de esta triste situación fue narrado por Bloomberg, donde se afirma que “un capitán de un buque de Hanjin que actualmente está en aguas internacionales cerca de Japón ha recibido permiso para descargar, pero con el compromiso de abandonar inmediatamente el puerto. Además, sus peticiones de agua y comida han sido rechazadas.”

Fuente: elperiodicodemexico.com

Además de la clara necesidad humanitaria de Hanjin, esto también ha causado gran incertidumbre a las empresas y clientes que tienen mercancías y contenedores varados en el mar.  Por ejemplo, Samsung tiene 38 millones de dólares en mercancía bloqueada en dos buques.

Dada la falta de apoyo de las aduanas en no aceptar recibir los bienes en una situación tan particular (y la falta de apoyo de los puertos y demás navieras), los mayores stakeholders y principales acreedores de Hanjin Shipping confirmaron recientemente que ellos mismos van a proporcionar los fondos para pagar por la descarga de la mercadería.

 Cho Yang-ho, presidente de Korean Air Lines, la empresa matriz del conglomerado Hanjin Shipping, acordó el miércoles pasado que, además de los recursos personales del accionista individual, la aerolínea prestará 60 mil millones de wons (US$31 millones) para ayudar a descargar los buques. Esto muestra el compromiso y responsabilidad de un verdadero empresario y en Lampadia,  donde defendemos la economía de mercado y la inversión privada, celebramos el ejemplo de Cho Yang-ho. La actitud personal que ha demostrado el presidente de Hanjin Shipping ante los problemas, al afrontar la situación y ayudar a las tribulaciones a llegar a sus destinos y cumplir con entregar las mercancías de sus clientes.

El Banco de Desarrollo de Corea (KDB), después de haber sido muy duro, anunció la semana pasada que renovaría más fondos a la endeudada naviera. Los expertos afirman que sólo un rescate del gobierno surcoreano podría salvar a la naviera. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Yoo Il-ho, afirmó que “crearíamos un problema aún más grande si comenzamos a utilizar el dinero de los contribuyentes para resolver la situación.” Efectivamente, este es un tema privado sin ningún tipo de impacto sistémico y debe ser  resuelto por los privados, así esto implique que absorban las pérdidas correspondientes.

A su vez, la naviera francesa CMA CGM, asociada a Hanjin Shipping, envió un comunicado a sus clientes en el que destacó: “entendemos que esta noticia puede haber generado preocupación respecto del transporte de confiado a CMA CGM. Hanjin Shipping, aparte de ser un miembro de la Alianza CKYHE, es un socio de CMA CGM en cinco de las 200 rutas marítimas del Grupo”. Todos los contenedores de CMA CGM, actualmente en los buques de Hanjin, están siendo descargados y serán transbordados a buques propios de la naviera francesa y a otros socios comerciales. Así, CMA CGM aseguró que entrará en contacto con sus clientes para dar seguimiento a sus contenedores y comunicará cualquier actualización respecto de los servicios con Hanjin.

Fuente: El País

En Lampadia queremos aprovechar esta publicación para elogiar las encomiables acciones de los stakeholders de Hanjin Shipping, quienes ante la cruda realidad de los puertos, han sabido reaccionar y apoyar a los navíos para que éstos sean permitidos de anclar y que la tripulación esté sana y salva. Lampadia