Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

José Antonio Olivares Morante es el tercero de los cusqueños del bicentenario que no ha usado la tinta roja para escribir sus ideas y defender la libertad. Este es un cusqueño contemporáneo, de este tiempo, lamentablemente fallecido hace un mes, cuando más lo necesitaba la defensa de la República y la libertad.

En 1979, a los 12 años polemizamos por primera vez sobre los idearios del APRA (partido del cual fue militante desde joven) y del PPC en la Asamblea Constituyente de ese momento. Luego compartimos la misma vocación por el derecho, nos juntamos en AREMOS para desarrollar iniciativas ciudadanas sobre la descentralización y luego de varios años de lejanía por los avatares de la práctica profesional, confluimos en la defensa de la libertad.

Su verbo no ha partido junto con él en el viaje sin retorno. Ha quedado, como testimonio de que en la cima de los andes, en medio del “encanallamiento populista” como le gustaba decir, se puede defender la libertad de las personas, su derecho a decidir y los valores republicanos que han edificado nuestra sociedad. Su verbo también ha quedado en poemas que dan cuenta de su humanidad, su fe, sus amores y sus desamores. Su verbo ha quedado para orgullo de su hija y su familia, como simiente para nuevas generaciones de cusqueños que escriban la historia de este país, sin tinta roja.

Su legado está en muchas columnas, algunas de ellas en Lampadia y muchas de ellas en Café Viena, entre otros medios escritos y digitales y en su cuenta en Facebook que se ha convertido en una mina de ideas. También en debates políticos, en entrevistas televisivas y programas de televisión local. Aquí unas cuantas de sus reflexiones sobre la coyuntura actual:

• En junio de 2019 y luego en mayo de 2021 trajo a colación las ideas de Alberto Manseuti para reclamar un debate justo sin difamación del contrario, intimidación o chantaje como lo hace el marxismo cultural: Desbarató la supuesta superioridad moral que se auto atribuye el pensamiento de izquierda y en este mismo artículo dio cuenta de los tópicos que desde el resentimiento se imponen en la agenda ciudadana.[i]
• En la brega electoral de la segunda vuelta y desde mucho antes, desnudó la “magia y prestidigitación comunista”, desenmascaró los “maquillajes progresistas” y denunció la injustificada pretensión de la izquierda de atribuirse el “monopolio de la decencia”.[ii]
• Antes del 06 de junio, nos advirtió que esta elección era entre “libertad o comunismo”[iii] y que “si los habitantes de un país o una región no pueden disponer libremente de sus rentas para sobrevivir al socavón económico y continuar generando empleo, serán esclavos de un Estado que los manejará a su antojo y que lo único que será capaz de construir es un país arruinado”.
• En su última entrega hizo una paráfrasis del artículo del mismo nombre del profesor español Jorge Vilchez “La Izquierda Desilustrada”[iv] y nos recordó, citándolo, como estamos atrapados por una izquierda de estas características y como los socialistas son herederos del despotismo y no de la ilustración, con su absurda pretensión de ser los poseedores del único modelo social para el progreso que debe ser asumido por parte del resto de la sociedad. En esta misma entrega, nos recodó que “La izquierda desilustrada puede ser incendiaria. No sería la primera vez. Es capaz de arrasar con todo con tal de tener protagonismo. La resistencia de la realidad a las aspiraciones políticas de los socialistas y compañía empujan al incendio que enlodan la democracia y lo llenan todo de rencor. Por eso sus mesnadas marchan blandiendo machetes y conjurando fusiles”.

El pensamiento de José A. Olivares será una fuente inagotable de ideas sobre la libertad y de argumentos para desbaratar la falsa superioridad moral del progresismo. Será también una más de esas tantas lecciones que los pueblos no aprenden. Sólo cuando el atrape de la izquierda des ilustrada haya cesado, cuando esta deje el poder, sus advertencias sonarán como ecos en la conciencia de todos aquellos que han entregado su libertad por un puñado de odio. Lampadia

[i] https://www.cafeviena.pe/index.php/2021/05/13/confrontando-la-politica-del-resentimiento-desde-un-articulo-de-alberto-mansueti/?fbclid=IwAR2Dvs45x8Bfk1H70eT69N0pXwnJVvjgC0RgwrSLCVsfCacFuPCwTyjqN-w#.YJ0suI_fiTQ.facebook

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Ha llegado el año del Bicentenario. Ya van a ser 200 años desde que San Martín proclamará que nuestro país es “libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende.”

¿Que implica esa frase tan importante que está en el acta fundacional de nuestra República?  

• La libertad es la pieza fundante, esencial, imprescindible de nuestra República. Es la roca sobre la cual se ha edificado nuestra nación.
• No dependemos de un imperio, ni de otra nación o ideología.
• Ha sido la voluntad general la que ha gestado nuestra libertad e independencia.
• Hay un sustento moral adicional en los cimientos de nuestra República. No somos una república amoral.

¿Como está nuestra República 200 años después?

• Aun somos libres. Pero cada vez menos. Ideas ajenas a nuestro momento fundacional, que llegaron un siglo después, han mermado nuestras libertades en pro de la igualdad, la justicia, pero sobre todo para beneficio de un monstruo que no existía hace 200 años: el Estado. Un Estado que nos asfixia y que ha demostrado en el 2020 ser más inútil e incapaz que nunca.
• Seguimos siendo independientes. No somos ni colonia, ni enclave. Sin embargo, sigue habiendo hermanos nuestros que nos quieren entregar al yugo de otras naciones y de otras ideologías.
• La voluntad general impera, pero no sabe a donde va.
• El sustento moral de nuestra República ha sido ignorado. La propia voluntad general conspira contra él, como si pudiera sustituirlo, cambiarlo o desecharlo cuando quiera y reemplazarlo por valores contingentes.

¿Qué riegos tiene nuestra República 200 años después?

• Hay quienes creen que podemos ser una república sin libertad. Que pueden sustituir fácilmente nuestra libertad por otros valores, muchos de ellos falsos y contingentes (efímeros, circunstanciales). Olvidan (o nos esconden) que todas las naciones que tomaron ese camino se quedaron sin libertad, sin justicia, sin igualdad y sin pan.
• Hay quienes quieren que el Perú vuelva a ser colonia. Esta vez de Cuba, Caracas, Beijin o del Foro de Puebla y sus tóxicas consignas. Lo hacen para sacarnos de la supuesta hegemonía del “imperialismo norteamericano”, como si a este le hubiera importado América Latina en los últimos 30 años.
• Nuestra voluntad general debe dejar de ser una oclocracia: el gobierno del tumulto, la muchedumbre y la turba que no sabe lo que quiere, para que lo quiere ni las consecuencias de lo que pide. Nuestra voluntad general debe ser encausada, debe asumir la responsabilidad de su poder democrático y las consecuencias de su decisión.
• El sustento moral de nuestra República donde la libertad es pieza esencial debe ser rescatado. Debe seguir siendo la camisa de fuerza que impida que la propia voluntad popular o cualquier otra fuerza ajena, destruya nuestra Nación.

200 años después podemos buscar nuevos rumbos, enmendar errores, mejorar, cambiar lo que este mal, pero no podemos dejar de ser lo que somos: libres e independientes. Lampadia

Aníbal Quiroga León
Jurista. Profesor Principal PUCP
Para Lampadia

Una ley, por su propia naturaleza, es exequible. Y se dice que la ley es considerada exequible cuando su contenido se ajusta a la Constitución Política del Estado. El término, en la interpretación jurídica a contrario sensu, se contrapone a su antónimo de inexequible que ocurrirá cuando la ley no se ajuste al contenido expreso de la Carta Política y, por lo tanto, no pueda ser válidamente exigida en su cumplimiento.

Una norma jurídica, explicaba James Goldschmidt en su teoría trilógica, siempre contiene tres elementos: un supuesto de hecho normativo (fattispecie), un valor (axiológico) y una sanción (coertio). El supuesto de hecho no es otra cosa que una representación de la realidad que el legislador hace en el imaginario de su descripción normativa: no matar a otra persona, es decir, no ocasionarle la muerte intencionalmente. No depredar el medio ambiente. Cumplir con los contratos. Ser buenos padres de familia en la crianza apropiada de los hijos y entre la relación de ambos cónyuges, etc. Son descripciones normativas detalladas en abstracto que necesariamente deben calzar con la realidad para que la norma tenga vigencia, efectividad y hacerse concretas y tangibles. Para ser concretizadas, dicen los alemanes.

Si, por ejemplo, una ley del Congreso estatuyese por rabiosa unanimidad que el embajador de los EEUU estuviese obligado en el término perentorio de tres días, a través de la Cancillería del Perú, a darle cupo a todos los interesados en el próximo viaje del transbordador de la Nasa hacia Marte, esa norma absurda carecería de eficacia alguna ya que su supuesto de hecho estaría tan alejado de la realidad (en verdad irreal, una irrealidad) que sería de imposible cumplimiento.

Así ocurre muchas veces en el derecho del civil law que es la familia jurídica en la que nos movemos y a la que estamos adscritos: el legislador, en un gabinete, imagina un supuesto de hecho que cree que calzará con la realidad.  La mayoría de las veces, con técnica y profesionalismo acertará, pero a veces estará muy distante de ella, haciendo la norma de muy difícil cumplimiento o, simplemente, de imposible cumplimiento. En este último caso se tratará de las leyes inexequibles, término jurídico de uso común en la jerga forense colombiana, por ejemplo.

La ley que ha aprobado el Congreso para la supuesta devolución de parte de los fondos de los jubilados de la ONP que tendría que hacer el Ejecutivo, adolece clamosamente de esa irrealidad y, por ende, de ser jurídicamente exigible: carece de exequibilidad. Dicho en buen cristiano, es absolutamente inexequible, incumplible, inejecutable. Y la razón es muy simple: el Congreso ordena que el Ejecutivo tome una parte de los “fondos” de la ONP producto de los aportes de los trabajadores formales que se quedaron bajo ese régimen (y no migraron a las AFP´s), que mensualmente les es descontado de su salario, para que, a cuenta de su jubilación, retiren una determinada cantidad de dinero. Pero es del caso que “ese fondo” es inexistente. El Congreso ha redactado y aprobado una ley con un supuesto de hecho que no coincide ni por mucho con la realidad, ya que, para mal de todos, ese fondo no existe.  En el sistema de la ONP los trabajadores que aportan de su salario no crean una cuenta personal capitalizable que signifique un ahorro, y que dé lugar a un “fondo” del cual el Estado sea depositario con cargo de su jubilación, de manera que, hipotecando parte de su jubilación futura, hoy puedan recibir una parte de ese “fondo fantasma” para paliar la crisis producida por la pandemia. No hay tal.

Los aportes del hoy sirven para pagar las jubilaciones del hoy generadas en el ayer, y las jubilaciones del futuro serán pagadas -en parte- con los aportes de los futuros trabajadores (nuestros hijos y nietos). Y encima hay un descalce, ya que lo que aportan los trabajadores del hoy no alcanza para pagar las actuales pensiones de los jubilados, trabajadores del ayer, por lo que mensualmente el Estado echa mano al presupuesto público (es decir, a nuestra plata) para completar las magras y míseras pensiones con las que pretende atender a los jubilados del ayer, del hoy y del mañana. ¿Tan difícil es entender algo tan simple?

Al no haber ese fondo, no hay como cumplir el supuesto normativo de la ley.  Por eso, esta ley, una vez observada por el Presidente de la República y votada por insistencia con mayoritaria y entusiasta algarabía, será promulgada directamente por el Presidente del Congreso.

¿Qué hacer? Los leguleyos ya piensan en acciones de amparo, en la Defensoría del Pueblo y en sendas medidas cautelares que no harían otra cosa que pervertir y desnaturalizar nobles instituciones y jalar interpretaciones forzadas a fin de detener su vigencia hasta que, llevada al banquillo de los acusados en el Tribunal Constitucional (TC), sea fulminada por éste en un plazo no mayor a cuatro meses.  Es decir, responderle al Congreso con la misma criollada y falta de rigurosidad jurídico-constitucional.

¿Qué pasará en esos cuatro meses?  Pues nada, si el obligado a hacer cumplir una ley es el Poder Ejecutivo conforme a la Constitución, y el es el destinatario de una ley absurda e irreal, lo más propio es que devuelva al Congreso la ley vigente, pero impracticable, con la firma del Presidente de la República y del Premier, teniendo atrás el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y premunido de por lo menos cinco informes jurídicos de los juristas más prestigiosos del país, no los áulicos del Gobierno, los verdaderos juristas, solicitándole al Congreso le aclare, mediante una ley interpretativa, dónde está el famoso fondito del cual se sacará el dinero para pagar ese adelanto de jubilación que la ley de marras pretende disponer.  En esas idas y vueltas, se pasaron los cuatro meses y ya el TC habrá fulminado la ley, tal como ayer lo hizo con la no menos famosa ley de los peajes, también inconstitucional por los cuatro costados.

Paralelamente a eso, el Poder Ejecutivo puede, al día siguiente de que la ley en cuestión sea promulgada por el Presidente del Congreso, aprobar junto con el Consejo de Ministros, un Decreto de Urgencia, suspendiendo los efectos de la misma hasta tanto no haya pronunciamiento final acerca de su constitucionalidad y viabilidad real en el TC. No por nada la propia Constitución dice que mediante decretos de urgencia -normas jurídicas con rango material de ley- el Presidente de la Republica puede “dictar medidas extraordinarias (…) con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso…”.

Las dos medidas no se contraponen, tendrían a la opinión pública de su lado y daría tiempo a que apenas se promulgue la ley sea ingresada la demanda de inconstitucionalidad al TC, para su admisión y tramitación urgente hacia el Congreso, su defensa, audiencia y sentencia, tal como ha pasado ayer -ya se dijo- con la no menos famosa ley de los peajes.

Un sistema constitucional mínimamente ordenado requiere de leyes basadas en la realidad, razonabilidad y constitucionalidad. Y ello debe recaer en un sistema económico de las mismas características, dado que la riqueza de una nación no se crea por leyes, sino por el esfuerzo de todos sus estamentos, sobre todo de los trabajadores de todos los niveles, de los servidores públicos y de los empresarios. Una absurda ley -de corte chavista/bolivariano- no puede tirar eso por la borda y crear un forado económico que nos condene a todos, como país, a más crisis y más pobreza. Si no, nos bastaría crear el ministerio de la felicidad con la dirección general del goce y riqueza perpetua, y tendríamos el problema resuelto.

Sin esos requisitos: realidad, razonabilidad y constitucionalidad no es ley válida de la República, será tan solo un remedo de ley y ella sola se pondrá en el lado de su no exigencia, de su no vinculatoriedad, de su inexequibilidad; deslegitimando aún más al actual Congreso corto y mocho producto apresurado de una muy errada decisión de dudosa constitucionalidad como fue la disolución del anterior Congreso. Pero esa es otra historia…

Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

La amenaza del presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar de que el gobierno “no se quedará con los brazos cruzados” frente a la decisión de la Comisión de Constitución del Parlamento de archivar el inconstitucional proyecto de adelanto de elecciones y su llamado, (pálidamente correspondido la noche ayer), a que se movilicen los ciudadanos en contra de la decisión del Congreso de la República, abre nuevamente las puertas a la inestabilidad y  la confrontación política en el mejor de los casos, si es que no es la antesala misma de una maniobra en ciernes de ruptura del orden constitucional y las reglas de juego democráticas.

Esta situación, genera un inevitable parte aguas en la coyuntura política nacional.

Los aliados del presidente Vizcarra no se han hecho esperar y aparecieron en primera plana en los medios aliados al gobierno, arengando a la movilización callejera y exigiéndole que patee el tablero democrático y altere el mandato popular de las urnas de abril de 2016. Para ello, Mendoza, Arana, Guzmán y Lescano, la falange roja del presidente, le abre el terreno político por el extremo izquierdo exigiéndole no sólo la disolución del Congreso, sino el cambio de Constitución. Los aliados menores, esos que consigue con favores presupuestales, apoyan desde sus regiones, en tono un poco más moderado.

Del otro lado el presidente del Congreso Pedro Olaechea se ha convertido en la figura que encarna la resistencia republicana, democrática y constitucional, haciendo respetar la Constitución y la voluntad soberana de las urnas del 2016 que Vizcarra traiciona y desoye. Olaechea, sin provenir de canteras políticas ni tener oficio partidario, ha sacado a relucir una estirpe constitucionalista encomiable, que lo lleva a defender mejor que muchos fujimoristas el orden Constitucional vigente, sin por ello dejar de tender puentes al Gobierno para voltear la página y construir una agenda común. “Presidente le sigo extendiendo la mano”, ha dicho el jefe del Parlamento, por tercera vez y en un reiterado gesto dialogante que sólo la necedad, el odio o los intereses de seguir acaparando el poder y sus granjerías pueden dejar de ver.

Ha llegado entonces la hora de optar.

Cuando las aguas se dividen, cuando de un lado queda la República y del otro lado su negación, y su desmontaje, hay que tomar partido. Hay quienes lo hemos hecho hace mucho tiempo: Una reflexión necesaria antes del Referendum (Lampadia 07 de diciembre de 2018) y El presidente va por más. (Lampadia 03 de enero de 2019), para citar las columnas más remotas. Sin embargo, hay quienes no lo han hecho aún, por su aversión al fujimorismo, por su afán de ser políticamente correctos o por muchas otras razones que les impiden ver lo que hay detrás del supuesto afán moralizador del gobierno y sus aliados. Para estos últimos, unas citas muy pertinentes, que les harán ver los riesgos del cambio de las reglas de juego democráticas, extraídas de un libro cuyo título no necesita explicaciones: Como mueren las democracias. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt:

“Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes, de primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Algunos de esos dirigentes desmantelan la democracia a toda prisa, como lo hizo Hitler… Pero, más a menudo, las democracias se erosionan lentamente, a pasos apenas apreciables”[i]

“En Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez era un político marginal que clamó contra lo que describía como una élite gobernante corrupta y prometió construir una democracia más auténtica (…) Empatizó hábilmente con la ira de los venezolanos de a pie…”

“La senda electoral hacia la desarticulación es peligrosamente engañosa. Con un golpe de estado clásico como ocurrió en el Chile de Pinochet, la muerte de la democracia es inmediata y resulta evidente para todo el mundo. (…) Por la vía electoral en cambio… la Constitución y otras instituciones nominalmente democráticas continúan vigentes. La población sigue votando. Los autócratas electos mantienen la apariencia de democracia, a la que van destripando hasta despojarla de contenido”.

 “… un conjunto de cuatro señales conductuales que pueden ayudarnos a identificar a una persona autoritaria cuando la tenemos delante. Deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: 1) rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego, 2) niega la legitimidad de sus oponentes, 3) tolera o alienta la violencia o 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores”.

Es hora de tomar partido entre la República o la autocracia en ciernes. La República, democrática, imperfecta, incompleta y mal representada es preferible, sin ninguna duda a la autocracia del señor Vizcarra y sus aliados. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno creó la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, presidida por Allan Wagner e integrada por Delia Revoredo, Hugo Sivina, Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna, Ana Teresa Revilla y Walter Albán Peralta.

Notemos, primero, que ha sido creada haciéndola depender directamente de la Presidencia de la República y con una Secretaría Técnica que estará a cargo del Despacho Presidencial. Esto es novedoso. Significa que el Presidente Martín Vizcarra ha decidido liderar personalmente este tema. Lo que está muy bien. Significa que tiene la más alta prioridad política.

Ahora, no deja de llamar la atención el contraste entre esa prioridad y el hecho de que la Comisión tenga solo 12 días para presentar “un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia. Dicho informe incluirá la propuesta de creación de un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, que garantice la sostenibilidad de una reforma integral”.

Claro, se trata solo de un primer informe. Probablemente tendrá recomendaciones generales. Todavía no proyectos de ley o de modificación constitucional, sino la indicación de formularlos con determinado contenido. De hecho, luego se dispone que la Comisión continuará funcionando hasta la instalación del mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, oportunidad en la hará entrega de sus recomendaciones finales al Señor presidente de la República, en sesión del Consejo de Ministros.

Sería importante que la Comisión convoque a juristas de pensamiento liberal y a administradores o personas de otras profesiones que puedan ofrecer una visión diferente a la común orientación que parecen tener los comisionados, así como a gremios y a facultades de administración y gestión pública.

Es probable que la comisión tome como referencia dos documentos: uno, el plan propuesto por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justica (CERIAJUS) el año 2004. Este es un documento muy amplio y muy detallado, que llega incluso a calcular el costo presupuestal de los cambios planteados, que en ese momento estaba alrededor de los 3 mil millones de soles. (ver: Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia). El resumen de las propuestas puede encontrarse entre las páginas 29 y 56 de ese plan. Queda claro, de su revisión, que algunas de ellas han perdido vigencia y otras son discutibles. Pero hay otras tantas que pueden ser recogidas. La más interesante es la propuesta de una Corte Suprema integrada solo por 11 miembros dedicados a establecer jurisprudencia. Un cambio como ese es fundamental.  

Un aporte mucho más sintético pero con ideas claras, que seguramente será tomado en cuenta dado que el presidente de la Comisión es, a su vez, presidente de la Asociación Transparencia, es  la propuesta de reforma institucional formulada por esta institución (ver:  Propuestas de reforma institucional para el fortalecimiento democrático).

En ella no se acoge la idea propuesta por la CERIAJUS de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se haga cargo no sólo de la selección, nombramiento y promoción de los magistrados, sino también del control y régimen disciplinario de todos los jueces y fiscales, eliminando el sistema de control interno que está en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y propone suprimir las ratificaciones de jueces y fiscales cada siete años, pues en la práctica se han convertido en un poder discrecional, absoluto, secreto e incuestionable.

Transparencia plantea también la eliminación de la ratificación cada 7 años, pero no el control externo total. En realidad, dicha ratificación debería ser reemplazada por un sistema de evaluación de desempeño permanente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que sea base de los ascensos y del retiro de los magistrados en los casos de incompetencia.

A nuestro juicio, el elemento clave en todo esto es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros hemos propuesto que se haga mediante un concurso público organizado por una junta de personalidades intachables o alguna otra fórmula que dé garantías de idoneidad. Los consejeros designados por el sistema judicial, universidades y colegios profesionales han demostrado carecer del nivel profesional y ético necesario en una institución tan decisiva como esta.

Es evidente que una reforma del sistema judicial bien hecha tendrá un costo presupuestal. De hecho, la CERIAJUS plantea que el presupuesto formulado por el Poder Judicial no podrá ser observado por el Ejecutivo, salvo que exceda el 4% del monto total del presupuesto general de la República. Si bien 4% parece mucho, sobre todo considerando que hay mucho por ganar en eficiencia de los despachos y en reducción de personal excedentario –¡hay más de 8 administrativos por juez! – y también en el impulso a fórmulas tales como el arbitraje civil y penal que descarguen procesos en el sistema judicial, de todos modos quizá se requiera más jueces en algunas áreas e invertir en diversas mejoras, de modo que la reforma sin duda tendrá un costo.

En ese sentido, la Comisión debería pedir a expertos formulen una propuesta de reducción o eliminación de dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado, que se han multiplicado en los últimos 20 años. Y el gobierno debería retirar de la administración pública a todos aquellos funcionarios que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, que serían una cantidad apreciable. Y también a todos aquellos que resulten excedentarios luego de los Análisis de Calidad Regulatoria y de Impacto Regulatorio y de la simplificación administrativa en general que está llevando a cabo la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Pues la primera prioridad en un Estado de Derecho es la seguridad física y jurídica, el imperio de la ley.    

A lo largo de estos últimos años Lampadia ha venido formulando propuestas de reforma institucional, particularmente en lo relativo al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía. Queremos aportarlas a la Comisión.

En relación al Poder Judicial recomendamos ver las siguientes propuestas:

La impostergable reforma del Poder Judicial

¿Es posible una reforma judicial desde adentro?

En relación al Ministerio Público:

La reforma del Sistema Judicial

Y en relación al Consejo Nacional de la Magistratura:

Reforma del CNM y de la administración de justicia

Aportamos estos escritos a los trabajos de reforma que próximamente se emprenderán.

Nuestra propuesta se puede resumir así:

• Elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura mediante concurso público organizado por una junta de personas intachables (como, por ejemplo, Allan Wagner, Fernando de Trazegniez, Felipe Ortiz de Zevallos, Eduardo Vega, Beatriz Boza, Richard Webb entre otros) o por un organismo o junta de instituciones que ofrezca garantías.  
• Eliminar la ratificación de los jueces cada 7 años por parte del CNM pero reemplazarla por un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales aplicado por las propias instituciones que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente.
• Pasar a una Corte Suprema pequeña y de muy alto nivel dedicada a establecer jurisprudencia a partir de casos emblemáticos.
• Alargar el periodo del presidente del Poder Judicial de dos a cuatro años, empoderándolo tanto a él como al gerente general.   
• Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
• ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
• Impulsar el arbitraje civil y penal
• Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micropolíticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
• Que la Corte Suprema empodere a un equipo o misión extranjera para llevar a cabo la modernización interna del Poder Judicial.
• Fortalecer la OCMA y a la Fiscalía Superior de Control Interno para que puedan efectuar labores de inteligencia en las Cortes Superiores a fin de identificar nidos de corrupción y de vinculación de jueces con organización criminales, y darles la facultad de firmar convenios con unidades de inteligencia de la Policía Nacional con el mismo objetivo.  
• Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
• Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. 
• Aprobar una ley de carrera del trabajador judicial que tenga carácter meritocrático, y racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez.
• Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Aunque son cosas distintas, la denunciada compra de votos mediante obras públicas que provocó la renuncia del Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, ha puesto bajo los reflectores de la luz pública una supuesta práctica de algunos congresistas para conseguir la inclusión de obras patrocinadas por ellos en el presupuesto de inversión pública.

La variante más corrupta sería la que aparece graficada en el audio del funcionario Fredy Aragón, cuya secuencia es la siguiente: el congresista le ofrece al alcalde incluir un proyecto grande de la municipalidad en el presupuesto de la república a cambio de un 5% del monto de la obra, para lo cual el congresista cuenta con los servicios de este funcionario quien le ofrece conseguirle la programación de la obra en el MEF. Esta sería toda una cadena, una industria de la corrupción.

Se sabe asimismo que hay congresistas que tienen empresas de construcción o tienen amigos constructores que formulan proyectos para la municipalidad o para el gobierno regional y que luego ellos gestionan ante los ministerios o logran que se incluyan en la ley de presupuesto.

También puede ocurrir que el congresista visite a los ministros para presionar por la inclusión de las obras de sus alcaldes, sin que haya corrupción de por medio.

Las municipalidades ejecutan algo más del 40% de la obra pública. El presupuesto que manejan es, entonces cuantioso. Y si agregamos los gobiernos regionales, llegamos a un 65% de la inversión pública. ¿Qué porcentaje de ese total se manejará de esta manera corrupta? No lo sabemos. ¿En qué porcentaje intervienen los congresistas apoyando a sus alcaldes? Tampoco lo sabemos. Pero la ex ministra Claudia Cooper calculaba que cuando menos el 80% de los congresistas gestionan proyectos ante los ministerios. Es una parte más importante de su actividad como congresistas.

Ahora bien, la labor de gestión ante los ministerios debe diferenciarse de la asignación directa que hacen los congresistas en la Comisión de Presupuesto del Congreso. En ambos casos, sin embargo, hay que precisar que los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser presupuestados.  

Como sabemos, el 30 de agosto el Ejecutivo envía al Congreso el anteproyecto de ley de presupuesto que contiene un anexo con los proyectos de inversión a ser ejecutados el año que viene. Allí se incluyen los proyectos enviados por los ministerios y los gobiernos regionales y locales que hayan pasado los filtros. El primero de ellos es que sea priorizado, para lo cual el criterio principal, desde el modelo diseñado por Thorne, es que cierre brechas. Además, los proyectos no deben estar fraccionados, ni sobredimensionados, ni deben duplicarse, y debe cumplir con las normas técnicas sectoriales. En el último presupuesto, por ejemplo, fueron rechazados el 59% de los proyectos remitidos, porque no cumplían estas reglas.     

Entonces, cuando los congresistas van a abogar por ciertos proyectos, el ministro tiene que decirles que esos proyectos serán considerados si es que cumplen con los requisitos señalados.

Ahora bien, de todos modos, en el anteproyecto de presupuesto que se envía al Congreso queda un pequeño margen de libre asignación, de aproximadamente 800 millones de soles según nos informa Cesar Liendo, ex viceministro de Economía, respecto del cual los congresistas asignan proyectos. Pero ese monto es apenas alrededor del 2.5% del monto total de la inversión pública, que está alrededor de los 32,000 millones de soles, aunque pueda representar un 6 o 7% del monto municipal.

Según la viceministra de Hacienda, Rossana Polastri, ese monto no es tampoco una bolsa, no lo es por definición. “Lo que ponen los sectores en su presupuesto es una partida para financiar estudios de pre inversión. Cuando el legislativo propone incluir proyectos, estos entran contra esa partida. Sustituyen la asignación que habíamos puesto para pre inversión”. 

En realidad, entonces, esos mismos proyectos que los congresistas incluyen directamente en el presupuesto, tienen que pasar también los filtros señalados. Este año ha ocurrido, por ejemplo, que solo el 15% del monto asignado por los congresistas cumplía los requisitos. Se ha dado 15 días más para ver si se puede subsanar las deficiencias, pero de no hacerlo el monto en cuestión queda sin asignarse o termina siendo redistribuido por medio de algún crédito suplementario que reasigna esos recursos a proyectos que no estaban en el presupuesto y que están listos para ejecutarse.

Medidas

Entonces, una medida para asegurar cuando menos la idoneidad de los proyectos escogidos en el Presupuesto, debería ser reforzar los criterios de priorización y selección. Para ello, el MEF ha elaborado un proyecto de ley de priorización de proyectos de inversión pública, que ya envió al Congreso. Liendo nos explica que hoy existen procedimientos y requisitos técnicos para seleccionar un proyecto de inversión pública, pero son solo directivas de ministerios. La idea es darles rango de ley para que tengan un mayor blindaje legal.

Otra posible medida sería establecer estándares para las obras referidas a inversiones recurrentes, fijando diseños, metrados, costos unitarios y márgenes de supervisión, para las diversas zonas del país. Este esquema puede usarse con facilidad para la construcción de escuelas, postas médicas, hospitales, caminos, etc.

Lo otro es consolidar de una vez el Plan Nacional de Infraestructura, a fin de que haya menos espacio para la asignación arbitraria o política de proyectos. Lo que tenemos ahora es la llamada Programación Multianual de Inversiones, que tiene un alcance de tres años. En este momento hay una versión preliminar del Plan Nacional de Infraestructura que está siendo validado con los sectores.

Pero según la ministra Cooper, la mayor parte de la corrupción no está en la programación sino en la ejecución de la obra, desde la confección de las bases, que con frecuencia se orientan a beneficiar determinado postor. Una idea era que la OSCE pudiera designar funcionarios que elaboren esas bases, lo que demandaría un presupuesto apreciable. Por supuesto, el hecho de que los jefes de las oficinas de control interno de las municipalidades y gobiernos regionales vayan a ser pagados desde este año por la propia Contraloría, ayudará a mejorar el control.

Diversas formas de participación de la sociedad civil en alianza con la Contraloría deberían ayudar. Es algo que el nuevo gobierno podría impulsar. Lampadia

En su discurso de inauguración, Martín Vizcarra, el flamante Presidente de la República anunció que “lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país”.

Excelente manera de iniciar su mensaje a los peruanos. Como hemos explicado en Lampadia, PPK y su equipo erraron clamorosamente en la orientación de su gobierno. En lo político confrontaron con Fuerza Popular (FP) en la campaña y en el gobierno; y prefirieron gobernar cerca de las izquierdas anti-sistema, con la ilusión de conseguir algunas capacidades para enfrentar los conflictos sociales.

Ellos, los PPKs, son los responsables de haber generado reacciones de FP, que propicionó que guardara sus luces y ofreciera su lado oscuro. Una prueba al canto:

Días antes de la investidura, Keiko Fujimori convocó a don Luis Bedoya Reyes (LBR), para encomendarle que le alcanzara a PPK, la propuesta de un nombre para posible primer ministro, un independiente de buen nivel, que podría haber provocado un acercamiento entre el ejecutivo y el legislativo. Lo increíble, es que a pesar de las tratativas del ínclito Bedoya Reyes para juntarse con PPK, previas explicaciones del tema a su personal de apoyo, el presidente electo no recibió a LBR y frustró la mejor oportunidad de convergencia de las fuerzas democráticas pro-mercado.

Ver en Lampadia: Un pésimo gobierno y renuncia con veneno

Otra prueba de la actitud que embargó el gobierno de PPK, son las declaraciones de su congresista Juan Sheput, de ayer, después de la asunción de Vizcarra:

“Si Vizcarra designa a Elmer Cuba, la bancada de PPK debe evaluar pasar a la oposición”. Correo, domingo 25 de marzo.

Gracias a Dios y a los aires limpios que nutren a nuestros provincianos, Martín Vizcarra está probando estar muy por encima de esas pequeñeces y errores.

Un primer elemento de diferenciación de Vizcarra con sus antecesores, es el estilo y contenido de su discurso de investidura, que plantea corregir los errores del gobierno de PPK y sus allegados, empezando por hacer un compromiso de gobierno en vez de un juego de poder. Ver en Lampadia: Le toca a Martín Vizcarra traer la fuerza provinciana.

Veamos algunas frases que hemos glosado del discurso del presidente Vizcarra:

• Llegó el momento de decir Basta. Los graves acontecimientos que se han conocido en los últimos tiempos ameritan que se esclarezcan responsabilidades.
• Lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país.
• La clase política tiene la obligación de dar respuestas y no enredarnos en peleas encarnizadas.
• El Nuevo Gabinete será completamente nuevo.
• Primero: pondremos nuestro mayor esfuerzo en La lucha contra la Corrupción. La transparencia será un pilar fundamental.
• Segundo: lograr la Estabilidad Institucional. La división de poderes es la base de cualquier democracia.
• Tercero: nuestro horizonte es el de un país estable, con crecimiento ordenado y equitativo, y debemos avanzar rápido en este camino. El país debe ser cada vez más competitivo, y generar empleo de calidad. Fomentaremos la inversión privada, la iniciativa de los emprendedores y apoyaremos a nuestras pequeñas y medianas empresas. La Construcción de Infraestructura sostenible también será un pilar de nuestra gestión.
• Cuarto: el desarrollo del Perú no es otra cosa que la mejora de la calidad de vida de cada uno de los peruanos. La Salud, la generación de empleo y la seguridad ciudadana, serán       centrales. La Educación será pilar central de nuestra gestión.
• A nuestros jóvenes quiero decirles que hemos enfrentado problemas aún más grandes que los que afrontamos hoy. No pierdan la fe en sus instituciones. PERMÍTANNOS DEMOSTRARLES QUE EL PERU ES MAS GRANDE QUE SUS PROBLEMAS.
• Somos un país con futuro, pero ese futuro dependerá de nuestro comportamiento.
• Propongo un Pacto Social que nos comprometa, a luchar sin distingo alguno contra la corrupción e impulsar el desarrollo equitativo, democrático e integrador.
• ¡El Perú Primero!
• Miguel Grau, en una de sus frases más importantes, dijo “Yo no soy más que un pobre marino que trata de servir a su patria” Ese es el espíritu de humildad y entrega que el país requiere de nosotros.
• La educación no puede esperar, la salud no puede esperar, las regiones de nuestro país no pueden esperar, y sobre todo, cada uno de los 32 millones de peruanas no puede esperar.
• LOS INVITO A QUE INICIEMOS ESTE CAMINO POR LA GRANDEZA DE NUESTRA PATRIA. LOS INVITO A TRABAJAR UNIDOS, PARA SALIR DE ESTA CRISIS Y CONSTRUIR JUNTOS EL FUTURO QUE SOÑAMOS.
• ¡NO HAY TIEMPO QUE PERDER!

Ver el discurso completo en: Discurso de investidura de Martín Vizcarra

El Perú es un país fértil. Con solo hacer las cosas en la dirección correcta, las calidades de nuestra gente y nuestros inmensos y variados recursos, nos permitirán retomar el camino de la prosperidad que abandonamos el 2011.

¡Bienvenido Presidente Vizcarra! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 16 de febrero de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Roberto Abusada escribió un artículo muy bueno titulado “La República Burocrática del Perú”. Allí dijo “la economía peruana está trabada en grado extremo por un sistema administrativo que ha hecho metástasis y que es capaz de frenar cualquier plan de inversión”.

Ciertamente se refería a la necesidad que tenemos – como país – de crecer de la mano de la inversión privada. 100% de acuerdo. Pero el problema es aún mayor. El sistema administrativo al que hace alusión, no solo traba inversiones. Traba TODO. Incluso los trámites más sencillos que todo ciudadano requiere para su vida cotidiana. Atenciones médicas, entregas de placas de rodaje, certificados de estudios, y mil etcéteras más.

Sí… nuestro sistema administrativo ha hecho metástasis. Todo es lento y engorroso. El maltrato al ciudadano es grosero. La plata por lo bajo se ha hecho ley en nuestro país.

SOLUCIÓN: “Eliminar trámites” proponen algunos. De acuerdo. Pero yo voy más allá. Además de trámites, yo propongo eliminar burócratas. Aunque el término adecuado es depurar. O sea, quitar lo que no sirve.

“Los problemas se resuelven… o se disuelven” decía mi profesor de estadística. En vez de “resolver” la metástasis burocrática, yo prefiero “disolverla” … depurándola. Quitando lo malo. Lo que no sirve.

Claro que hay que eliminar – y simplificar – trámites. La digitalización de procesos – está probado – produce resultados extraordinarios en beneficio de la ciudadanía. Nosotros – en Ica – lo hemos hecho en varias direcciones regionales. Y muy bien.

Pero más que la tramitología que de por sí es atroz, la causa principalísima de la metástasis burocrática es la cantidad – excesiva, innecesaria, perniciosa, onerosísima – de funcionarios que no merecen estar donde están. Funcionarios – todos – que entraron al Estado por la puerta falsa. Generalmente impuestos por algunos congresistas o consejeros regionales… sus padrinos políticos.

La última década fue la debacle. El ministro Carlos Bruce lo describió así. “Cuando dejé el Ministerio – de Vivienda – en el 2005 había 300 funcionarios. Cuando volví en el 2017 encontré 3,000”. ¡1,000 % de incremento burocrático! Y lo mismo ha ocurrido en todas las instituciones públicas. ¡Cómo no iba a revivir el cuco del déficit fiscal!

Vamos con una breve descripción de las 7 plagas que configuran la metástasis burocrática:

(1) Los CORRUPTOS son los clásicos coimeros. Los que sobrevaloran las compras y contrataciones a cambio de sobornos. Los que falsifican documentos para obtener beneficios ilícitos. Los que abandonan su trabajo y cobran como si hubieran trabajado. Y todo lo demás.

(2) Los BOICOTEADORES – como su nombre lo indica – son los que boicotean la gestión pública. Por ejemplo, los que taponean los desagües de nuestros hospitales para inundar las Unidades de Cuidados Intensivos. Los que “construyen” chats falsos para incriminar a nuestros funcionarios honestos. Son unos miserables.

(3) Los MALTRATADORES son eso… los que maltratan a los ciudadanos. Los que gritan e insultan a la gente. Ustedes saben a quienes me refiero. Son detestables.

(4) Los INDOLENTES son los que no se inmutan ante el dolor de la gente necesitada. Los que hacen esperar a la gente por las puras. Son crueles.

(5) Los INEPTOS son los que no saben hacer su labor. Están donde están por sus padrinos políticos. Pero no hacen nada porque no tienen idea cómo hacerlo. Y los paganos son los ciudadanos.

(6) Los COBARDES son los que no hacen nada – no firman nada – por temor a ser sancionados o criticados. Son perniciosos.

(7) Los OCIOSOS son los que – simplemente – no les gusta trabajar. Son adictos a la Internet y a los periódicos faranduleros. Se la pasan chismeando. Son unos parásitos.

Pues bien. En Ica estamos “disolviendo” la metástasis burocrática… depurándola. Con todas las de la ley. Sacando lo malo. Lo que no sirve. Sobre todo, a los corruptos. Y quedándonos con lo bueno. Y ¡vaya que tenemos excelentes funcionarios! Gracias a ellos, estamos progresando. Lampadia

En Lampadia hemos criticado muchas veces a nuestra clase dirigente, a unos por acción, los políticos; y a otros por omisión, las dirigencias gremiales, académicas y sociales.

Hoy nos encontramos en medio de una grave crisis de liderazgo, con el desprestigio generalizado de todos los políticos, y el consecuente vacío de referentes que puedan prender las luces que nos permitan evitar el caos y mantener un sentido de futuro común.

Para reflexionar sobre este tema, hemos rescatado un artículo del 2014, del principal columnista del Financial Times, Martin Wolf, titulado: Las élites fallidas amenazan nuestro futuro.

Wolf sostiene que cuando las elites fracasan son reemplazadas. A diferencia de los estados despóticos en los que este proceso se efectúa de manera sangrienta, en las democracias, las elites políticas son cambiadas de forma “rápida y limpia”. Y a pesar de los controles y los equilibrios de poder, de la prensa libre y otras instituciones, las elites están expuestas a llevar al desastre a los países que conducen.

En el Perú, estamos ad-portas de un segundo voto de vacancia del presidente de la República. El vacío de poder es casi absoluto, y el espectáculo de los miembros del partido de gobierno, con la congresista y primera ministra, Mercedes Aráoz a la cabeza, procurando destruir la figura del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, es, por decir lo menos, clamoroso. Con el presidente cuestionado, se ataca al vicepresidente y se profundiza el vacío y la incertidumbre.

En Lampadia hemos opinado que la vacancia es algo que debiera evitarse por traumática y riesgosa. Pero tenemos que reconocer, que como dice Juan de la Puente en una reciente entrevista: “Ya se ha producido una vacancia simbólica en la mente de la gente”. Para la salida de un presidente gravemente cuestionado y debilitado, como es el caso de PPK, sería mucho mejor la renuncia. Pero parece que, por todos los lados, se llevarán las cosas a los extremos.    

La gran debilidad histórica de nuestra sociedad, es la debilidad de nuestra clase dirigente. Algo que denunciaron, Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco y Jorge Basadre. En general nuestras elites siempre han estado ausentes, carentes de visión, compromiso cívico y de fallas de liderazgo.

Hoy no hay liderazgo, los políticos se atacan entre sí, la economía está parada, el desprestigio de las instituciones del Estado ha llagado a niveles absurdamente peligrosos, y los ciudadanos están perdiendo su esperanza de un futuro mejor. Pareciera que las cosas ya no pueden empeorar, pero si quienes están en el escenario político, no rescatan mayor cordura, podríamos tener aún mayores costos.

Pero también, este debiera ser el momento en que deben ponerse de pie nuestros mejores ciudadanos, aquellos que están en las reservas, y que pueden compartir sus pensamientos y su visión, para no perder de mira las grandes posibilidades de desarrollo del Perú. Como hemos dicho varias veces, ‘el Perú es infinito’. No nos dejemos amilanar.

Líneas abajo, presentamos el artículo de Martin Wolf, que nos muestra el daño que pueden hacer las malas élites.

Es hora de salir al frente y rescatar nuestros caminos a la prosperidad.  Lampadia

Las élites fallidas amenazan nuestro futuro

No se puede confiar en líderes mediocres y ricamente recompensados cuando las cosas van mal

Martin Wolf
Financial Times
14 de enero, 2014
Traducido y glosado por Lampadia

En el 2014, los europeos conmemoraron el cien aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta calamidad dio inicio a tres décadas de barbarie y estupidez, y a la destrucción de la mayoría de los aspectos positivos de la civilización europea de principios del siglo XX. Al final, como Churchill predijo en junio de 1940, “el Nuevo Mundo, con todo su poder y fuerza”, tenía que intervenir “para rescatar y liberar al antiguo”.

Los fracasos de las élites políticas, económicas e intelectuales de Europa crearon el desastre que afligió a sus pueblos entre 1914 y 1945. Su ignorancia y prejuicios permitieron la catástrofe: las ideas falsas y los valores equivocados intervinieron. Estos incluían la creencia atávica, no solo de que los imperios eran magníficos y rentables, sino también de que la guerra era algo glorioso y controlable. Era como si una voluntad de suicidio colectivo se habría apoderado de los líderes de las grandes naciones.

Las sociedades complejas dependen de sus élites para guiarlas, y, aunque los resultados no son necesariamente siempre perfectos, por lo menos no serán grotescamente malos. Cuando las élites fracasan, es probable que colapse el orden político, como les sucedió a las potencias derrotadas después de la Primera Guerra Mundial. Los imperios rusos, alemanes y austriacos se desvanecieron, y dieron paso a sucesores débiles y después al despotismo. La Primera Guerra Mundial también destruyó los cimientos de la economía del siglo XIX: el libre comercio y el patrón oro. Los intentos por restaurarlos produjeron más caídas de las élites, esta vez de la estadounidense y de la europea. La Gran Depresión contribuyó en gran parte en la creación de las condiciones políticas que dieron como fruto la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, el conflicto de las democracias con una dictadura engendrada por la Primera Guerra Mundial, siguió.

Resultados terribles como consecuencia de los fracasos de las élites no son sorprendentes. Existe un acuerdo implícito entre las élites y el pueblo: los primeros obtienen los privilegios y prebendas del poder y la propiedad; los segundos, a cambio, obtienen seguridad y, en los tiempos modernos, un cierto grado de prosperidad. Si las élites fracasan, se exponen a su reemplazo. La sustitución de las élites fracasadas es siempre muy tensa. Pero en una democracia, la sustitución de las élites políticas, al menos, es un proceso rápido y limpio. En un entorno despótico, por lo general será lento y casi siempre sangriento.

Esto no es solo historia. Sigue siendo cierto hoy en día. Si buscamos las lecciones que dejó la Primera Guerra Mundial para nuestro mundo, las encontramos no en la Europa contemporánea, sino en el Oriente Medio, en las fronteras de India y Pakistán, y en las tóxicas relaciones entre una China creciente y sus vecinos. Existen las posibilidades de un error de cálculo letal en todos estos casos a pesar de que las ideologías del militarismo y del imperialismo son, afortunadamente, mucho menos prevalentes de lo que fueron hace un siglo. Hoy en día, los Estados poderosos aceptan la idea de que la paz es más conducente a la prosperidad que los botines ilusorios que deja la guerra. Sin embargo, esto no significa, por desgracia, que el Occidente es inmune a los fallos de sus élites. Por el contrario, vive con ellos. Pero sus fracasos son de una paz mal administrada, no la guerra.

Aquí hay tres fallas visibles.

En primer lugar, las élites económicas, financieras, intelectuales y políticas no comprendieron las consecuencias de la liberalización financiera en general. Arrulladas por fantasías de mercados financieros auto-estabilizantes, no solo permitieron, sino que estimularon una apuesta enorme y, para el sector financiero, sumamente rentable, por la expansión de la deuda. La élite diseñadora de políticas no valoró los incentivos que operaban y, sobre todo, los riesgos de un colapso sistémico. Cuando sucedieron, los frutos de esa ruptura fueron desastrosos en varias dimensiones: las economías se derrumbaron, el desempleo saltó y la deuda pública explotó. La élite hacedora de políticas públicas fue desacreditada por su fracaso en la prevención de desastres. La élite financiera fue desacreditada al necesitar ser rescatada. La élite política fue desacreditada por su voluntad de financiar el rescate. La élite intelectual (los economistas) fue desacreditada por no prever la crisis o ponerse de acuerdo con respecto a lo que debía hacerse cuando sucedió. El rescate era necesario. Pero la creencia de que las clases poderosas sacrificaron a los contribuyentes para ayudar los intereses de los culpables es correcta.

En segundo lugar, en las últimas tres décadas hemos visto el surgimiento de una élite económica y financiera global. Sus miembros se han separado cada vez más de los países que los vieron surgir. En el proceso, el pegamento que une a toda democracia (la noción de ciudadanía) se ha debilitado. La estrecha distribución de los beneficios del crecimiento económico aumenta en gran medida ese fenómeno. Esto, entonces, es cada vez más una plutocracia. Un cierto grado de la plutocracia es inevitable en las democracias construidas, como debe ser, sobre una economía de mercado. Pero siempre es una cuestión de grados. Si el pueblo ve su élite económica tan ricamente recompensada por un desempeño mediocre e interesada solo en sí misma, y esperando el rescate cuando las cosas le salen mal, los lazos se cortan. Podríamos encontrarnos justamente en el comienzo de esta decadencia a largo plazo.

En tercer lugar, al crear el euro, los europeos llevaron su proyecto más allá de lo práctico a algo mucho más importante para la gente: el destino de su dinero. Nada era más probable que las fricciones entre los europeos sobre cómo su dinero se estaba gestionando de manera adecuada o inadecuada. La probablemente inevitable crisis financiera ha dado ahora lugar a una serie de problemas aún no resueltos. Las dificultades económicas de las economías afectadas por la crisis son evidentes: grandes recesiones, una extraordinariamente alta tasa de desempleo, la emigración masiva y el sobreendeudamiento pesado. Todo esto es del saber general. Sin embargo, es el desorden constitucional de la Eurozona lo que menos se resalta. Dentro de la Eurozona, el poder se concentra en manos de los gobiernos de los países acreedores, principalmente Alemania, y de un trío de las burocracias no electas: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Los pueblos de los países afectados negativamente no tienen ninguna influencia sobre ellos, y tampoco la tienen sus representantes políticos. Este divorcio entre la responsabilidad y el poder afecta directamente el seno de cualquier noción de gobernabilidad democrática. La crisis de la Eurozona no es solo económica. También es constitucional.

Ninguna de estas fallas coincide en modo alguno con las locuras de 1914. Pero son lo suficientemente grandes como para provocar dudas acerca de nuestras élites. El resultado es el nacimiento de un populismo iracundo por todo Occidente, sobre todo el populismo xenófobo de la derecha. Si las élites continúan decepcionando, veremos el surgimiento del populismo rabioso. Las élites tienen que hacer un mejor trabajo. Si no lo hacen, la rabia podría abrumarnos a todos. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Es lamentable que el gobierno de PPK tenga que enfrentar, tan temprano en su administración, una serie de procesos críticos que le están haciendo perder iniciativa en los más importantes cometidos del gobierno, como son las reformas del aparato estatal y el impulso al crecimiento de la economía.

El affaire de los asesores Moreno, Villacorta y Labán ha generado muchas especulaciones y desasosiego. A esto se suman los acontecimientos en Las Bambas, la pésima actuación del Ministro del Interior, las pujas y zancadillas que están desintegrando la bancada del gobierno y las tardías reacciones del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. De alguna manera, se ha producido una suerte de intempestiva ‘gloria interruptio’.

Fuente: crimina.es

El ambiente generado alrededor de estos acontecimientos no permite que se perciba a un gobierno que avanza con tesón en pos de sus metas. Ya se empiezan a sentir muchas dudas sobre si se podrá generar un nuevo impulso que convoque el entusiasmo del conjunto del país.

A estas alturas nos parece que sin un cambio de ritmo y de instrumentos, será difícil tocar las notas del entusiasmo y esfuerzo convergente. El gobierno ya agotó su período de gracia y es muy difícil que su bancada congresal se recomponga.

Necesitamos urgentemente un escenario ganador.
¿Cómo podemos construirlo?

Fuente: 4.bp.blogspot.com

Después de cavilar y conversar con amigos de la casa hemos llegado a las siguientes conclusiones, que queremos compartir con nuestros lectores y rogar a los Dioses que iluminen a los actores de la política peruana, en cuyas manos estaría la posibilidad de plasmarlas en acciones de gobierno:

• Solo seis meses atrás (10 de abril), los electores optaron por respaldar con su voto las opciones electorales pro-mercado, representadas por los partidos de Fuerza Popular, PPK y otros menores (hasta en un 80%).
• Por diversas circunstancias que no es menester analizar ahora, estas fuerzas, en vez de converger, divergieron y compitieron entre sí ferozmente.
• Finalmente se instaló el gobierno de PPK en el Ejecutivo y Fuerza Popular tomó el control del Legislativo.
• Había mucho temor sobre la relación de ambos poderes, sin embargo, tanto en el place al nuevo gabinete presidido por Fernando Zavala, como en la aprobación de facultades legislativas para el ejecutivo, Fuerza Popular ha demostrado una clara capacidad de sobreponerse a los imperios de la política partidaria y optar por privilegiar la política de gobierno.
• Como hemos explicado, la coyuntura política siembra muchas dudas sobre si la estructura actual de gobierno podrá estar a la altura de las imperiosas necesidades de conducir las reformas reclamadas por la sociedad y el indispensable reinicio de un alto crecimiento de la economía.
• Todo esto lleva a plantear un nuevo escenario político que haga viable el logro de las metas de gobierno: ‘Una Alianza por el Bicentenario para la Gobernanza y la Prosperidad’ entre el partido de PPK y Fuerza Popular.
• Esta alianza representaría a la gran mayoría de la población, crearía un ambiente de armonía y permitiría que el gobierno y la sociedad nos enfoquemos en la construcción del Perú con el que queremos llegar al Bicentenario Patrio.

Desde acá convocamos la ‘Alianza por el Bicentenario para la Gobernanza y la Prosperidad’ inspirados en las palabras de don Nicolás de Piérola antes del primer centenario de la República: “Nuestros padres nos hicieron libres, nos toca a nosotros hacernos grandes”. Pues sí: ¡Este es un momento de grandeza, no podemos volver a fallar!

Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

He aquí una solución sencilla a relativamente bajo costo para mejorar sensible y rápidamente la seguridad ciudadana en Lima y en el Perú, que solo requiere liderazgo y capacidad de coordinación. Se trata de la creación de lo que el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona, ha llamado  Unidades de Flagrancia Delictiva: establecer en un mismo local a jueces, fiscales y policías, quienes operarían conjuntamente en cada sede, con lo que se evitaría desplazamientos en las diligencias que se requieran para investigar y sancionar a un imputado, ahorrando tiempo y dinero. Y si a ese trípode le agregamos una pequeña carceleta para que los jueces puedan condenar a delincuentes menores a penas cortas de una semana o uno o más meses, con asistencia social, pues se acabaría la sensación de impunidad que indigna a la población y disminuiría apreciablemente la percepción de inseguridad.

Fuente: portal.andina.com.pe

Dichas “unidades de Flagrancia”, agregándoles la carceleta, serían la base de  lo que nosotros hemos denominado “atención primaria de la justicia penal”. El Dr. Ticona anunció que el Poder Judicial ha considerado, inicialmente, implementar dichos módulos en los Distritos Judiciales de Lima Sur, Lima Este, Lima (Cercado) Lambayeque y Arequipa, lo cual requerirá –precisó- de presupuesto adicional. Es decir, no tiene el presupuesto. Y tampoco ha coordinado con el Ministerio Público ni con la Policía para hacerlo ni para sumar recursos. Es una buena idea, pero que no se ejecutará. Salvo que se haga lo que proponemos a continuación.

La idea es sencilla: requiere que el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Ministro del Interior y la de Justicia (o el jefe del INPE), se pongan de acuerdo en un plan de implementación que identifique en qué distritos de Lima habría que comenzar por habilitar dichas “unidades de flagrancia”, y acto seguido hablar con los alcaldes respectivos para solicitarles que hagan la inversión correspondiente en el local y equipamiento.

Algo de esto ya se está haciendo, pero de manera descoordinada, parcial e inorgánica. Por ejemplo, las municipalidades de Miraflores y San Isidro han habilitado sendos locales para la instalación de fiscales, y pronto lo harán las de Magdalena, Breña y San Borja. Y Surco y Surquillo, por su parte, han acondicionado locales para la instalación de juzgados. En todos esos casos faltan las otras partes. Lo lógico hubiese sido una coordinación previa entre el PJ, el MP, la PNP y el INPE para instarse conjuntamente. De todos modos, esos distritos podrían ser el punto de partida para hacerlo de esa manera, ahora sí.

La ventaja de esto es que no se requiere presupuesto adicional. El Dr. Ticona no tendría que pedir más presupuesto al MEF. Las municipalidades, a las que sin duda les interesa, lo ponen. No solo eso, El Poder Judicial y el Ministerio Público podrían terminar ahorrando recursos. Es lo que nos dice el gerente general del Ministerio Público, José Echevarría: “La idea también es expandir las fiscalías descentralizadas a provincias del interior del país; esto aliviará nuestro presupuesto porque dejamos de pagar alquileres (los locales de las descentralizadas los pagan los municipios). Actualmente pagamos 24 millones al año en alquileres, 2 millones al mes, una locura. Esta es una forma innovadora de acercar nuestros servicios al ciudadano bajando nuestros costos”.

Aquí lo que se necesita, entonces, es que alguien tome el liderazgo y los demás no se sientan menos por eso. O que todos lo tomen simultáneamente y coordinen para instalarse conjuntamente. Un escenario natural para estas coordinaciones podría ser el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde están todas instituciones partícipes de estos módulos, incluyendo el alcalde de Lima. Se reúne cada dos meses, pero puede conformar una comisión específica para este tema que avance entre reunión y reunión. Allí sería el Ministro del Interior quien tomaría el liderazgo (o el propio Presidente de la República). Los alcaldes distritales, por su parte, podrían tomar el liderazgo en los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

Otro foro propicio para esto sería el “Acuerdo por la Justicia”, recién estrenado. Allí el liderazgo correspondería a la ministra de Justicia. Según el documento presentado recientemente al Acuerdo Nacional, las instituciones partícipes de “Acuerdo por la Justicia”, donde no está la PNP, acuerdan institucionalizar “una mesa de trabajo permanente entre los Titulares de las Instituciones del Sistema de Justicia, la misma que sesionará el último viernes de cada mes”, así como crear “una Oficina de Enlace para Coordinación interinstitucional durante los próximos cien días para llevar adelante la agenda de reuniones y acuerdos en el marco del presente Pacto por la Justicia. Dicha Oficina estará a cargo de la Dirección de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

En teoría, entonces, podría ser un foro adecuado, aunque no estén ni la PNP ni los alcaldes. Pero, respecto del tema que nos ocupa, se les ha escapado la tortuga, pues figura la propuesta del Ministerio Público de firmar “un convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y los gobiernos locales, estableciendo las contrapartidas de cada una de las instituciones, lo que permita la implementación y puesta en funcionamientos de las fiscalías provinciales penales en los distritos focalizados”. Es decir, lo que decíamos antes: que la municipalidad ponga el local. Sorprende que el Dr. Ticona o el Ministerio no hayan advertido que en dicho convenio hay que incluir también de una vez al Poder Judicial, a la PNP y al INPE para conformar las “Unidades de Flagrancia Delictiva”. También podría hacerse a partir de las comisarías.

Como fuere, se trata de sentarse a coordinar un plan de implementación progresiva de estos módulos, convocando a los alcaldes respectivos. Quizá el programa de incentivos municipales que maneja el MEF podría incluir, en la parte de seguridad ciudadana que ya existe, un plus para los municipios que brinden estos locales. ¿Quién toma el liderazgo? Lampadia

Comentario de Lampadia

El populismo ha sido una de la mayores plagas de la política latinoamericana durante casi cien años. Es interesante, por ejemplo, recordar una carta de uno de sus grandes propulsores y, todavía hoy, uno de sus principales inspiradores, Juan Domingo Perón al General Carlos Ibáñez, recién elegido presidente de Chile: “Mi querido amigo: dele al pueblo, especialmente a los trabajadores, todo lo que pueda. Cuando le parezca que ya les está dando demasiado, deles más. Verá los resultados. Todos tratarán de asustarlo con el espectro de un colapso económico. Pero todo eso es una mentira. No hay nada más elástico que la economía, a la que todos temen tanto porque nadie la entiende” (Publicado por Sebastián Edwards en su libro “Populismo o mercados, el dilema de América Latina”).

El populismo es una alianza entre la mentira y la esperanza.

La mentira, porque el político populista sabe que no va a cumplir con lo que ofrece, solo lo hace para conseguir votos de los más necesitados y carentes de alternativas.

La esperanza, porque resulta ser como el último pedazo de madera del cual uno se puede agarrar en medio del mar, después de haber llegado a creer que ya nada puede darle algo que lo ayude a mejorar su situación.

El populismo tiene todos los colores, todos los tonos y ropajes. Debe ser denunciado cada vez que sea adoptado por un candidato y combatido con propuestas sustentadas en la realidad, pero que se orienten a mejorar la vida de los ciudadanos. Todos saben que no hay lonche gratis, las cosas buenas cuestan, la mejora de la vida de los ciudadanos requiere el esfuerzo de todos, nunca será regalada, a no ser que sea el espejismo que se desvanece tan pronto querramos alcanzarlo.

Gloria Álvarez, una joven guatemalteca ha tomado la bandera de la lucha contra el populismo en nuestra región. En Lampadia creemos que todos debemos apoyarla, difundiendo sus mensajes, compartiendo ejemplos de los fracasos de los políticos sinverguenzas que durante las últimas largas décadas engañaron a sus poblaciones. Hagamos una lista de los políticos latinoamericanos populistas y un concurso, un ranking de los peores. Esperamos sus contribuciones y mientras tanto seguiremos a Gloria Álvarez y trataremos de ver que se le invite al Perú para que comparta su pasión para curarnos de esta enfermedad social.

‘Aquellos con tecnología deben tener una ideología definida’ 

El Comercio de Quito, Ecuador, 2 de mayo 2015

Entrevista a Gloria Álvarez, politóloga y activista guatemalteca cree que hay que trabajar en el mismo método que el Foro de Sao Paulo, que estableció la agenda para el Socialismo del siglo XXI. A través de la tecnología, armar foros para recuperar la institucionalidad republicana.

SU VIDA: Es una activista y politóloga guatemalteca. Luego de su participación en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, en Zaragoza, tuvo una gran repercusión. Forma parte del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala.

Ver en Lampadia su presentación en Zaragoza:  No queremos más populistas.

Usted es una detractora del populismo. Pero, ¿cómo lo define?


Lo identifico como un mecanismo de manipulación que es utilizado por políticos para conseguir votos de una forma fácil y sencilla de poblaciones que económicamente han sido marginadas y que han sido siempre excluidas del sistema jurídico. El populismo resurge con la caída del muro de Berlín, el desplome de la Unión Soviética, cuando la izquierda latinoamericana, las guerrillas marxistas y los partidos comunistas se ven sin financiamiento del gran gigante. En ese momento se estructura para saber cómo llegar al poder. Van al foro de Sao Paulo, a principios de los 90 y delimitan la agenda de lo que se conoce como el Socialismo del siglo XXI.

¿Esa agenda llega al poder?


Lo estamos viendo en mayor o menor medida. También es debido al descontento ante los gobiernos de derecha a principios de los años 90. Se había pensado que el capitalismo y el libre mercado habían triunfado, pero dejó un mal sabor. Los presidentes de la época no fueron capaces de liberar el mercado; privatizaron industrias pero las convirtieron en oligopolios y monopolios que beneficiaron a su círculo cercano y la población latinoamericana fue rezagada otra vez de la política.

¿Y nos llegó el populismo?

Ahí fue donde el populismo y el Socialismo del siglo XXI propuso una nueva vía: la transferencia de la riqueza. Llevamos más de 15 años de verlo implementado y solo hemos visto más postergación de la pobreza, un desmantelamiento de las instituciones. Y esto ha hecho que la derecha también se vuelva populista porque ve que funciona a la izquierda.

 ¿América Latina tiene una vocación populista?


Cada vez que hay una crisis, el latinoamericano no ha tenido reparos en seguir a este superhombre en forma de caudillo, cacique, dictador militar y ahora del populista electo democráticamente. En la historia se ha mantenido a la población psicológicamente aplastada y aún piensa que un superhombre la puede salvar. Yo, apuesto por la institucionalidad sobre todo del organismo judicial.

¿Cómo armar la transición hacia la república? 


La república concibe el equilibrio y autonomía de los tres poderes. La ingeniería constitucional por la que caímos en el hiperpresidencialismo hace que debamos cuestionarnos la elección de magistrados y legisladores porque responden más al presidente que a sus representados. También, cree en la meritocracia, que las mejores personas lleguen al poder. No sé si habrá que implementar alguna evaluación de inteligencia emocional, de aptitudes académicas para determinar un cierto estándar y no que cualquiera pueda legar al poder solo porque tiene la habilidad para manipular.

 ¿Y el rol del ciudadano?


El ciudadano sí se puede parar por sí mismo y que en el uso de sus tres derechos fundamentales (vida, libertades y propiedad privada) trace el camino de su vida. Necesitamos ciudadanos cuestionadores. La república no se hizo para adiestrar una masa de borregos sino para que administre seguridad y justicia.

¿Cuál sería la estrategia?


La tecnología. Abarata los costos de educación y permite extender puentes para darnos cuenta que somos víctimas de los mismos males y hacer lo mismo que en el foro de Sao Paulo: una agenda para rescatar nuestras repúblicas. La izquierda dirá que es una proclama de la derecha y que tampoco es creíble… 
 Anular algo solo porque quien lo dice nos cae mal es una falacia. Las cosas hay que evaluarlas por el peso que tiene en el examen de realidad. Me rehúso a pensar en el pobre como una boca que alimentar. Hay mucha gente en situación de pobreza que busca oportunidades. Quiero dejar en claro que con la derecha también tengo conflictos.

¿Cuáles?


No soy conservadora religiosa ni homofóbica. No tengo problemas con que la droga se legalice. Con la izquierda estoy de acuerdo con las libertades civiles y que cada quien tiene derecho a vivir bajo sus propios principios morales, pero no con que el Estado transfiera riqueza. Tomo las libertades económicas de derecha y las libertades individuales de izquierda para formar mi propia escala de principios que se acogen en una ideología que se llama “libertarianismo”.

¿Qué hacer con las personas en tal grado de exclusión que no tienen esas posibilidades de crecimiento?


Primero, hay que empezar a educar a aquellas personas que ya tiene acceso a la Internet, pero que no la están usando para ningún beneficio personal. Está comprobado que cuando se usa la tecnología como un instrumento de empoderamiento, surgen movimientos de diferentes tipos. Aquellos que sí tienen acceso a la tecnología que tengan una ideología definida. Los jóvenes deben definirse ideológicamente, que lean de capitalismo, de comunismo, de anarquismo y lleguen a sus propias conclusiones porque sino cualquiera los puede venir a babosear. La juventud quiere salir a protestar pero si no tiene ideas claras de cuál es el gobierno o el país que quiere, de nada sirve.

Pero ¿cómo hacer para que el Estado no sea asistencialista, pero sí permita que haya esa oportunidad de crecimiento de los postergados?


La forma más rápida de acabar con la pobreza es acabar con las fronteras migratorias y con los obstáculos comerciales: abajo aranceles, abajo impuestos, arriba la libertad económica absoluta. No estoy hablando de empresas que se refugian en las faldas del gobierno, sino que un peruano, si está muriéndose de hambre en una favela de Quito, pueda hacer negocios con otro que esté en alguna favela de México y así ver nuevas oportunidades. Si un país no puede dárselas, tal vez varios países en conjunto sí. No es fácil. Es una tarea de empoderamiento individual. Lo que pasa es que se culpa al gobierno pero quiere que resuelva sus problemas. Yo no. Yo creo que si el problema es el gobierno, no puede ser la solución. La economía tiene que trabajar completamente independiente de los intereses lucrativos que han llevado a personas inescrupulosas al poder.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO de Ecuador en la siguiente dirección:

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