Jaime Spak
Para Lampadia

Con mucha indignación luego de este breve periodo gubernamental, hemos comprobado que el presidente Castillo no tiene idea cómo gobernar nuestro país.

El gabinete Valer que duró lo que dura un suspiro, me parece que es el inicio del fin de este gobierno.

Las renuncias de Mirtha Vásquez, Avelino Guillen y Carlos Jaico han venido premunidas del mismo mensaje, es imposible trabajar con un presidente que no es líder, que no oye, que no puede brindar una idea hacia donde debe de ir el gobierno y lo que es peor, está rodeado por asesores sumamente mediocres que lo hacen cometer errores imperdonables.

Una persona que no tiene la mínima vergüenza de decir que no estaba preparado para gobernar, y así y todo se lanza a ser candidato a la presidencia, no tiene perdón de los peruanos.

Una vez elegido decir que está ejerciendo la presidencia para aprender es inadmisible.

El Perú, un país maravilloso que creció en los últimos 20 años y que redujo la pobreza de una manera sostenida no se merece estar pasando por esta crisis generada por un solo hombre, Pedro Castillo.

Lo único que le queda es disculparse ante el pueblo y renunciar.

Como lo he indicado en anteriores artículos, nunca será vacado pues no hay los votos suficientes para ello, los congresistas de Perú Libre nunca votaran por la vacancia y otros partidos votaran de acuerdo a sus intereses y no pensando en el futuro del país.

Haber elegido a Valer de presidente del consejo de ministros es un desatino que no resiste el mínimo análisis, lo único que se puede colegir es que no tiene capacidad de convocar a gente de calidad.

Al momento de escribir este artículo estará tratando de armar un cuarto gabinete en estos 7 meses, creo que es un récord mundial.

Todos deseamos que pueda elegir a una persona de calidad, con la capacidad de poder congregar a los mejores cuadros para salir de este entrampamiento.

Pero si hacemos una apuesta seria 10 a 1, sabemos que no lo conseguirá y tendremos una nueva crisis.

Ojalá me equivoque.

Una persona que ha ingresado a la política sin saber para que, no podemos pedirle que tenga la capacidad de congregar gente competente, cuando vemos que los únicos que congrega son conocidos nacidos en Chota.

Lo peor de todo es que tenemos un presidente que sigue siendo un enigma para mucha gente.

Algunos opinan que es un plan premeditado, pero mi humilde opinión es que Pedro Castillo es una persona muy limitada con una preparación política para el sindicalismo, pero no para dirigir los destinos de un país.

Ya lo dije antes, es como si a un soldado raso lo pongan a dirigir a todo el ejército.

Para muestra un botón, del grado de ignorancia: “el miércoles 02 de febrero a las 10 am visitó el palacio de justicia para preguntar si el ministro se encontraba allí, sin entender que el ministro despacha en el ministerio de Justicia y no en el palacio de justicia”.

Tuvo que salir raudamente para evitar que mas gente descubra esta barbaridad.

Hoy en día periodistas y analistas de diferentes pensamientos políticos tienen un denominador común, Castillo es una persona que debe dejar de ser presidente.

Pedro Castillo debería de reflexionar sobre su situación, y tomar una decisión al respecto.

Lamentablemente sus mediocres asesores lo confunden, pues ellos mismos deben de estar viviendo en la isla de la fantasía.

No van a dejar la mamadera del poder, a la que tampoco están preparados para dar un mísero consejo positivo para el bien del país.

Más del 70% de la población rechaza su gobierno indicando que esta persona no debería de ejercer la presidencia.

Un tema muy preocupante es el tema del gabinete en la sombra, ¿Quiénes lo conforman? son los mediocres amigos suyos o es gente de inteligencia de países extranjeros.

Esto merece una muy urgente investigación, no vaya a ser que nos demos con tremenda sorpresa.

Por enésima vez, señor Castillo haga un bien al pueblo y renuncie, porque de lo contrario este pueblo al que usted permanentemente menciona se va a levantar en su contra con lamentables consecuencias. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Aunque son cosas distintas, la denunciada compra de votos mediante obras públicas que provocó la renuncia del Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, ha puesto bajo los reflectores de la luz pública una supuesta práctica de algunos congresistas para conseguir la inclusión de obras patrocinadas por ellos en el presupuesto de inversión pública.

La variante más corrupta sería la que aparece graficada en el audio del funcionario Fredy Aragón, cuya secuencia es la siguiente: el congresista le ofrece al alcalde incluir un proyecto grande de la municipalidad en el presupuesto de la república a cambio de un 5% del monto de la obra, para lo cual el congresista cuenta con los servicios de este funcionario quien le ofrece conseguirle la programación de la obra en el MEF. Esta sería toda una cadena, una industria de la corrupción.

Se sabe asimismo que hay congresistas que tienen empresas de construcción o tienen amigos constructores que formulan proyectos para la municipalidad o para el gobierno regional y que luego ellos gestionan ante los ministerios o logran que se incluyan en la ley de presupuesto.

También puede ocurrir que el congresista visite a los ministros para presionar por la inclusión de las obras de sus alcaldes, sin que haya corrupción de por medio.

Las municipalidades ejecutan algo más del 40% de la obra pública. El presupuesto que manejan es, entonces cuantioso. Y si agregamos los gobiernos regionales, llegamos a un 65% de la inversión pública. ¿Qué porcentaje de ese total se manejará de esta manera corrupta? No lo sabemos. ¿En qué porcentaje intervienen los congresistas apoyando a sus alcaldes? Tampoco lo sabemos. Pero la ex ministra Claudia Cooper calculaba que cuando menos el 80% de los congresistas gestionan proyectos ante los ministerios. Es una parte más importante de su actividad como congresistas.

Ahora bien, la labor de gestión ante los ministerios debe diferenciarse de la asignación directa que hacen los congresistas en la Comisión de Presupuesto del Congreso. En ambos casos, sin embargo, hay que precisar que los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos para que puedan ser presupuestados.  

Como sabemos, el 30 de agosto el Ejecutivo envía al Congreso el anteproyecto de ley de presupuesto que contiene un anexo con los proyectos de inversión a ser ejecutados el año que viene. Allí se incluyen los proyectos enviados por los ministerios y los gobiernos regionales y locales que hayan pasado los filtros. El primero de ellos es que sea priorizado, para lo cual el criterio principal, desde el modelo diseñado por Thorne, es que cierre brechas. Además, los proyectos no deben estar fraccionados, ni sobredimensionados, ni deben duplicarse, y debe cumplir con las normas técnicas sectoriales. En el último presupuesto, por ejemplo, fueron rechazados el 59% de los proyectos remitidos, porque no cumplían estas reglas.     

Entonces, cuando los congresistas van a abogar por ciertos proyectos, el ministro tiene que decirles que esos proyectos serán considerados si es que cumplen con los requisitos señalados.

Ahora bien, de todos modos, en el anteproyecto de presupuesto que se envía al Congreso queda un pequeño margen de libre asignación, de aproximadamente 800 millones de soles según nos informa Cesar Liendo, ex viceministro de Economía, respecto del cual los congresistas asignan proyectos. Pero ese monto es apenas alrededor del 2.5% del monto total de la inversión pública, que está alrededor de los 32,000 millones de soles, aunque pueda representar un 6 o 7% del monto municipal.

Según la viceministra de Hacienda, Rossana Polastri, ese monto no es tampoco una bolsa, no lo es por definición. “Lo que ponen los sectores en su presupuesto es una partida para financiar estudios de pre inversión. Cuando el legislativo propone incluir proyectos, estos entran contra esa partida. Sustituyen la asignación que habíamos puesto para pre inversión”. 

En realidad, entonces, esos mismos proyectos que los congresistas incluyen directamente en el presupuesto, tienen que pasar también los filtros señalados. Este año ha ocurrido, por ejemplo, que solo el 15% del monto asignado por los congresistas cumplía los requisitos. Se ha dado 15 días más para ver si se puede subsanar las deficiencias, pero de no hacerlo el monto en cuestión queda sin asignarse o termina siendo redistribuido por medio de algún crédito suplementario que reasigna esos recursos a proyectos que no estaban en el presupuesto y que están listos para ejecutarse.

Medidas

Entonces, una medida para asegurar cuando menos la idoneidad de los proyectos escogidos en el Presupuesto, debería ser reforzar los criterios de priorización y selección. Para ello, el MEF ha elaborado un proyecto de ley de priorización de proyectos de inversión pública, que ya envió al Congreso. Liendo nos explica que hoy existen procedimientos y requisitos técnicos para seleccionar un proyecto de inversión pública, pero son solo directivas de ministerios. La idea es darles rango de ley para que tengan un mayor blindaje legal.

Otra posible medida sería establecer estándares para las obras referidas a inversiones recurrentes, fijando diseños, metrados, costos unitarios y márgenes de supervisión, para las diversas zonas del país. Este esquema puede usarse con facilidad para la construcción de escuelas, postas médicas, hospitales, caminos, etc.

Lo otro es consolidar de una vez el Plan Nacional de Infraestructura, a fin de que haya menos espacio para la asignación arbitraria o política de proyectos. Lo que tenemos ahora es la llamada Programación Multianual de Inversiones, que tiene un alcance de tres años. En este momento hay una versión preliminar del Plan Nacional de Infraestructura que está siendo validado con los sectores.

Pero según la ministra Cooper, la mayor parte de la corrupción no está en la programación sino en la ejecución de la obra, desde la confección de las bases, que con frecuencia se orientan a beneficiar determinado postor. Una idea era que la OSCE pudiera designar funcionarios que elaboren esas bases, lo que demandaría un presupuesto apreciable. Por supuesto, el hecho de que los jefes de las oficinas de control interno de las municipalidades y gobiernos regionales vayan a ser pagados desde este año por la propia Contraloría, ayudará a mejorar el control.

Diversas formas de participación de la sociedad civil en alianza con la Contraloría deberían ayudar. Es algo que el nuevo gobierno podría impulsar. Lampadia

Ha terminado, de la peor forma, uno de los peores gobiernos de nuestra historia. En menos de dos años, el gobierno de PPK, nos dejó una economía coja, un tremendo desorden institucional y una crisis política de dimensiones. Pero el juicio es aún peor, si lo hacemos con los criterios de la Parábola de los Talentos, en función de las capacidades que dispuso.

Hace varios meses se hizo evidente que PPK no estaba capacitado para conducir el país. Y durante los últimos meses, su gobierno fue transitando hacia la parálisis y la pérdida de capacidad de convocatoria de nuevos colaboradores.

Acá no vamos a recorrer el largo proceso de errores que cometió PPK, desde los de frivolidad, pasando por los de gestión de gobierno, hasta los de falta de ética. Pero si vamos a destacar el divorcio entre la realidad que él ayudo a construir, y su percepción de ‘pobre víctima’, expresada en su último acto como gobernante, su falaz y venenosa carta de renuncia.

En el primer párrafo, PPK afirma: “(…) a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno.”

Es cierto que hubo animadversión del Fuerza Popular hacia el gobierno, pero también es verdad que PPK y su gente más cercana confrontaron a Fuerza Popular (FP) desde el día siguiente a la primera vuelta electoral. Veamos:

• El 11 de abril del 2016, al día siguiente de la primera vuelta, en la que resultó favorecido por una serie de votos cruzados, entre ellos, los de muchos fujimoristas, a las 8:30 de la mañana, PPK abrió la puerta de su casa a un periodista de Correo, a quién le dijo que se aprestaba a visitar en la cárcel, al anti-minero de la izquierda tradicional, Gregorio Santos. (Quién horas después lo desairó). Ver en Lampadia: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado.
• Durante la segunda vuelta, PPK optó por acercarse a Ollanta Humala y Nadine Heredia, y a todas las izquierdas, traicionando el voto popular, que hasta en un 80% mandó que se profundizara el modelo de economía de mercado, se avanzara en reformas institucionales, y se rechazaran los cantos de sirena de las izquierdas de una nueva constitución. Ver en Lampadia: Gobernabilidad con un gabinete multipartidario.
• En los debates finales, previos a la segunda vuelta, PPK extremó su lenguaje descalificador hacia su oponente, con expresiones como: “Lo más probable es que hijo de ratero es ratero también. De tal palo, tal astilla” y además la acusó de estar vinculada con el narcotráfico. 
• PPK polarizó la campaña electoral reactivando el anti-fujimorismo, y recibió algunas ayudas non-sanctas, como la denuncia de Cuarto Poder (o Poder de Cuarta) sobre una supuesta investigación de la DEA a Keiko Fujimori (KF) por el lavado de US$ 15 millones. Brulote desmentido luego por la agencia anti drogas, pero que desencadenó un rosario de errores, que FP no supo manejar.
• En el muy importante proceso de transferencia de gobierno, PPK y su equipo pasaron por alto todos los errores del gobierno de Ollanta Humala, y taparon los graves problemas que dejaba. Además, conservó un 35% de los viceministros del nacionalismo. Con esto perdió la oportunidad de hacer un indispensable análisis causa-efecto que sentara las bases para que las reformas, correcciones y nuevos desarrollos de gobierno, fueran entendidos y apoyados por la ciudadanía.
• Ad portas de la toma de mando, desde la Oroya, convocó a los ciudadanos para marchar contra el Congreso: “Hagamos marcha al Congreso para que no dejen morir a La Oroya”.
• Una primicia (de buena fuente): Días antes de la investidura, Keiko Fujimori convocó a don Luis Bedoya Reyes (LBR), para encomendarle que le alcanzara a PPK, la propuesta de un nombre para posible primer ministro, un independiente de buen nivel, que podría haber provocado un acercamiento entre el ejecutivo y el legislativo. Lo increíble, es que a pesar de las tratativas del ínclito Bedoya Reyes para juntarse con PPK, previas explicaciones del tema a su personal de apoyo, el presidente electo no recibió a LBR y frustró la mejor oportunidad de convergencia de las fuerzas democráticas pro-mercado.
• Ya en el gobierno, PPK y sus allegados plantean un gobierno basado en una alianza con los gobiernos regionales, para obligar al Congreso de la República, a apoyar la agenda de gobierno del ejecutivo.
• Posteriormente, PPK vuelve a desairar a LBR como componedor de la relación con KF, pero se reúne con Keiko. Sin embargo, se presentó a la reunión sin llevar una agenda para un acuerdo sobre reformas que Keiko no hubiera podido rechazar.
• Un par de días después, PPK hace unas declaraciones públicas que rompen cualquier posibilidad de acuerdos.

Nuevamente, sin desconocer los errores de la bancada mayoritaria del Congreso y la equivocada ausencia de Keiko Fujimori ante la opinión pública, no se puede desconocer que, en los temas de facultades legislativas, presupuestales y otros, el Congreso colaboró con el Ejecutivo.

En su carta de renuncia, PPK afirma: “(…) Inmediatamente después aparecen grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos a favor de los congresistas que votaron en conciencia”. Desconociendo, una vez más, la realidad.

Lamentablemente, el gobierno de PPK no tenía ya ninguna proyección ejecutiva. Su salida es traumática, pero permite encontrar un gobierno con mayor viabilidad.

Por otro lado, tenemos que rechazar el que PPK haya hecho una carta de renuncia llena de veneno con el propósito de aceitar la continuidad de la conflictividad política y el caballo de troya que representa para los trabajadores más pobres el aumento del salario mínimo vital.

En estas circunstancias, no podemos dejar de rechazar expresiones de personajes que también son poseedores de importantes talentos, como el abogado José Ugaz y la periodista Cecilia Valenzuela, que proponen convocar a elecciones generales, en contra de lo estipulado por nuestra Constitución.

Hoy debemos ser escrupulosos en cuidar los procesos constitucionales y debemos superar la fallida campaña para desestabilizar al primer vicepresidente Martín Vizcarra, a quién le toca ahora asumir en plenitud, la primera magistratura del Estado con el apoyo patriótico de las bancadas democráticas del Congreso.

Esperamos que Vizcarra sepa formar un gobierno de recuperación del camino a la prosperidad, convocando a un primer ministro que permita la convergencia de los mejores peruanos, para retomar la inversión y el crecimiento de la economía, la agenda de reformas, y un ambiente de colaboración, que supere confrontaciones que nunca debieron darse.

El Perú es infinito, no nos olvidemos lo rápido que pasamos de ser un ‘Estado Fallido (1990)’, a ‘Estrella Internacional (2011)’, en una incipiente economía de mercado que permitió el crecimiento, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Lampadia    

Algo que ya se percibía de los efluvios del poder, permitía intuir la existencia de un movimiento que pretendía ir debilitando la figura del vicepresidente Martín Vizcarra, como el eventual sucesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ante la posibilidad de escenarios políticos que lo alejen del poder.

Ahora, ante el pedido expreso de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, el partido de mayor representación congresal, de que PPK renuncie y permita una sucesión constitucional que destrabe el nudo político que ha paralizado al país, así como por la inminencia de un segundo proceso de vacancia; se ha desatado una campaña contra Vizcarra, que linda en la desesperación.

El día de hoy, los promotores de esta campaña se han multiplicado en los medios para apabullar a Vizcarra. La figura más común que se está repitiendo, es el pedido de que Vizcarra se pronuncie sobre la vacancia. Como siempre, estos dislates son reverberados en los medios, con gran soltura y aparente sensatez. Por ejemplo, esta mañana en RPP, Patricia del Rio, decía que no puede ser que Vizcarra no se pronuncie.

La pregunta es: ¿Por qué y sobre qué, debe pronunciarse Vizcarra?   

El vicepresidente es la figura de respaldo del presidente de la República ante cualquier evento que determine la ausencia del mismo. Si como en estos días, la figura presidencial está fuertemente cuestionada, se repiten los pedidos de renuncia, y nos amenaza un voto del Congreso por la vacancia, lo último que debe hacer el vicepresidente es pronunciarse, comprometiendo su posición, que debe mantenerse ajena a la situación del presidente, y mantener su independencia para, si la situación lo exige, asumir la presidencia de la República, en las mismas condiciones de PPK, representando a todos los peruanos.   

Es interesante ver las expresiones de las personas que, ya sin vergüenza, están socavando la figura del vicepresidente.

Las siguientes son citas textuales del recorte mostrado:

• Debe hablar, el vocero de Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput, emplazó al embajador a que fije una postura sobre la vacancia de PPK y que aclare si se ha tenido conversaciones con el fujimorismo, tal como lo sugirió Maritza García. “El señor Martín Vizcarra tiene que decir si está en esta componenda política (con el fujimorismo) o no lo está. Es importantísimo que, en este momento, el vicepresidente se pronuncie”, indicó.
• Gilbert Violeta le pidió a Vizcarra que deslinde de estos trascendidos. “Sería lamentable para una figura respetable, como Martín, que eso sea cierto.
• Guido Lombardi fue más radical. “Yo esperaría que Vizcarra fuera claro, como Mercedes Aráoz, sobre la vacancia (…). Haría bien, por su honor personal y por la estabilidad del país, en pronunciarse sobre este asunto”, dijo.
• Mercedes Aráoz se sumó al pedido de sus colegas. “Vizcarra está trabajando. Él dice que está trabajando. También quisiera escucharlo. Espero que pronto salga a plantear el tema (de la vacancia) porque es un hombre leal al presidente”, detalló. Ante la insistencia de la pregunta, la titular de la PCM indicó que si ella tuviera el cargo de Vizcarra, “sí defendería al mandatario, porque tiene principios”. “A mí no me engañan con el saborcito gracioso ‘ay te voy a cuidar’, ‘te voy a hacer meme’, eso es mentira”, dijo en referencia a los rumores de una posible negociación entre el fujimorismo y el primer vicepresidente.
• No hay conversaciones, la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, negó que su partido haya tenido alguna reunión particular o conversación con el embajador en Canadá.

En la misma nota, Fernando Rospigliosi afirma que el silencio de Vizcarra es conveniente.

El oficialismo está tratando de presionar y desacreditar a Martín Vizcarra con ese tipo de declaraciones. No solamente han pedido que se pronuncie, sino también han insinuado que es parte de una suerte de conspiración contra PPK. Es claro que el vicepresidente estaría dispuesto a reemplazar a Kuczynski si este es vacado, por eso no ha dicho nada hasta ahora. A Vizcarra le conviene quedarse mudo, no debería meterse en esa discusión y caer en la provocación, porque si entra al debate se expone a nuevas críticas, no importa lo que le digan los adversarios. Los pocos partidarios de Kuczynski dirán que Vizcarra es un traidor, pero la gran mayoría piensa que es lo mejor. Según las encuestas, PPK es un presidente con bajísima popularidad e inmensa desaprobación.

Está pues claro de donde viene esta campaña antidemocrática. Basta de politiquería. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no debería ser vacado, porque no corresponde y dañaría la imagen del Perú, pero sí convendría al país su renuncia.

Según el artículo 117° de nuestra Constitución, “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Es decir, si se presume que el Presidente ha cometido un delito puede ser investigado pero no acusado sino hasta luego de terminar su mandato (y aquí estamos hablando de hechos cuya naturaleza presuntamente delictiva no ha sido todavía precisada y que ocurrieron antes de que fuera elegido Presidente). La Constitución, en este sentido, busca blindar al Presidente a fin de que pueda culminar su mandato.

El problema es que la propia Constitución contradice su espíritu cuando, en el artículo 113°, establece que la Presidencia de la República vaca por “Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Pasamos del blindaje más duro a un mecanismo de destitución presidencial sin fundamentación rigurosa, subjetivo, que se presta fácilmente a la arbitrariedad de la mayoría.

Cuando las constituciones del siglo XIX establecieron la vacancia por “incapacidad moral permanente”, estaban significando “incapacidad mental”, que es fácilmente verificable. Cuando luego el concepto muta para convertirse en sinónimo de “inmoralidad” o “falta de ética”, entramos en el terreno de la indeterminación, de la atipicidad. Un delito es un hecho objetivo tipificado en el código penal que se puede y debe probar, y para eso está el debido proceso. Las mentiras no están tipificadas, aunque se pueden eventualmente demostrar, pero ¿cuán grave debe ser una mentira para que acarree la vacancia? ¿Tiene sentido que el presidente no pueda ser destituido por delitos supuestamente cometidos, y si lo pueda por una mentira, o por una falta moral?

En todo caso, lo que detonó el fallido proceso de vacancia de diciembre fue lo que a todas luces era una mentira clara del presidente al negar relaciones contractuales con Odebrecht que después se descubrieron ciertas. Su excusa fue que él no sabía nada porque su empresa se la había entregado a Gerardo Sepúlveda, de quien le separaba una muralla china pese a que se había reunido con él en varias ocasiones mientras era ministro.

Se puede argumentar que la mentira presidencial justificaba presentar una moción de vacancia, aunque ningún debido proceso hubiese sido suficiente para demostrar que la consecuencia de esa mentira debía ser indubitablemente la vacancia. La decisión, como se argumentó, era en última instancia política. Es decir, potencialmente arbitraria. Y potencialmente abusiva, porque una vez dado un motivo, la fatalidad de las leyes de la política lleva a utilizar una institución como esa –la vacancia- hasta el extremo, más aún si carece del freno del debido proceso, que es impracticable en ausencia de tipificación. Es decir, dada la existencia de esa institución, es difícil no usarla, sobre todo si, como en el caso de los dos grupos de izquierda en el Congreso, sienten que cobrar la cabeza de un presidente “neoliberal” es lo más parecido a una revolución, cuando menos simbólica. De hecho, son ellos los que están planteado nuevamente una moción de vacancia.   

Nuevos hechos

La justificación para el pedido de vacancia original fue, como decíamos, una mentira de PPK: haber negado contratos que podían implicar cuando menos conflicto de interés. Ahora han aparecido nuevos hechos: tres contratos de Westfield Capital con Odebrecht para el Proyecto Olmos, la Interoceánica Norte y para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur respectivamente, firmados mientras el PPK era ministro. Y que luego de esos contratos, Odebrecht haya conseguido efectivamente los proyectos. Y reuniones entre Barata y PPK cuando este era ministro.

Pues bien, esos son hechos que el fiscal Hamilton Castro está investigando para ver si los contratos fueron determinantes para que salieran los proyectos y si en las reuniones de Barata con PPK se acordó los mencionados contratos con Westfield. Porque, de haber sido así, estaríamos ante una forma de soborno o alguna otra figura del derecho penal que el fiscal tendría que determinar.

No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta

Pero todo eso nos lleva al terreno del art. 117° de la Constitución: que el presidente sólo puede ser acusado luego de terminar su periodo. Si la fiscalía encuentra suficientes elementos de convicción, lo acusará, pero luego de terminar su gobierno.

La vacancia, por lo tanto, no aplica. No hay una nueva mentira del presidente. Estos nuevos hechos revelados están dentro de los que fueron negados por la primera y única mentira. Y esa ya se resolvió en el proceso de vacancia, con resultado negativo. No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma falta. Ese, que es un principio del derecho penal, con mayor razón rige ante una falta moral.

La única salida es la renuncia

Dicho esto, sin embargo, también es cierto que la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, ya no es viable. Su autoridad y credibilidad –dos caras de la misma moneda- se han reducido al mínimo. La consecuencia es que ya no puede gobernar. Si él quisiera convocar en este momento a un nuevo Presidente del Consejo de Ministros para recomponer relaciones con el Congreso, sería prácticamente imposible que alguien que en otras condiciones tuviera esas capacidades, ahora pudiera aceptar, porque no podría lograr resultados. Es más, el desgobierno que eso implica lleva a los distintos actores a funcionar por la libre, cada uno tratando de maximizar ganancias políticas sea con proyectos de ley tan populistas como contraproducentes –véase por ejemplo las propuestas del Defensor y de Javier Velásquez Quesquén para regular precios de los medicamentos-, sea con acciones de fuerza que terminan obligando al gobierno a ceder con medidas que también resultan contraproducentes.

Por supuesto, en ese ambiente las indispensables reformas para sacar al país de la trampa de los ingresos medios, pierden cada vez más oxígeno. Tampoco los funcionarios toman decisiones y los ministros se limitan a administrar lo mínimo. Todo se detiene, creando las condiciones para un círculo vicioso de impotencia gubernamental y protestas que puede llevar a los peores escenarios. 

Por eso, lo mejor para el país sería la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, dejando el cargo en manos del primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien tendría que plantear como condición para asumir la Presidencia acuerdos de gobernabilidad con la oposición. Para ello deberá nombrar a un Premier de altas condiciones, capaz de organizar gobierno y de elaborar una agenda conjunta –que incluya reformas- con el Congreso de la República. Hay que pensar en el país. Lampadia