Una de las limitantes que enfrentó y sigue enfrentando el gobierno en la pandemia es la carencia de un sistema de identificación digital que pudiese integrar y actualizar información en tiempo real de varios importantes ámbitos de la población peruana que incluyan por ejemplo la salud, la ocupación, la disponibilidad de una cuenta bancaria, el hogar de residencia, por mencionar los más importantes.

El costo de no tener información completa, y en muchos casos totalmente desfasada, ha sido duro y se ha visto en todos los servicios provistos por el estado durante la emergencia desde una lenta y aún errática entrega de bonos y una falta de atención hospitalaria oportuna hasta una prácticamente inexistente aplicación de un sistema de rastreo de contactos que evitase mayores contagios.

Afortunadamente ya se han empezado a plantear iniciativas al respecto como la “cuenta DNI” que apuntaría a generar cuentas bancarias para toda la población identificada en RENIEC, asegurando un mecanismo de percepción de subsidios de ayuda a partir de la información actualizada del DNI.

Pero hacen falta muchas más medidas dada la tremenda reducción de tiempos en procedimientos burocráticos que implicaría digitalizar toda la información del ciudadano de manera centralizada. A continuación, compartimos un reciente artículo publicado por The Economist que aborda cómo algunos países – sin ser necesariamente del primer mundo – han construido sus sistemas de identificación digital y los beneficios que han logrado con él.

Si bien consideramos, al igual que The Economist, que estos sistemas pueden ser peligrosos en manos de un régimen autocrático, creemos que sí es posible generar mecanismos para salvaguardar la privacidad de las personas para que no sea usada para malos fines. El tremendo costo de no generar estos sistemas, como hemos visto en el Perú con la pandemia, imprime la necesidad de avanzar en la digitalización. Lampadia

Hora de la prueba
Covid-19 refuerza el caso de las tarjetas de identificación digitales

Con garantías de privacidad y seguridad, hacen que el gobierno funcione mejor

The Economist
5 de setiembre, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

La pandemia ha tenido pocos rayos de luz. Una es que una gran variedad de actividades humanas se ha movido en línea con mucha más fluidez de lo que casi nadie esperaba. Las empresas han dejado que su personal administrativo trabaje desde casa durante medio año. La gente asiste a clases de yoga de forma remota. Los británicos aparecen en los tribunales de forma digital; los neoyorquinos se están casando en línea.

Sin embargo, a medida que migran al mundo virtual, muchas personas descubren que no tienen los documentos adecuados para demostrar su identidad. Las empresas utilizan las tarjetas de crédito, en efecto, como una prueba aproximada de que las personas son quienes dicen. Los gobiernos no pueden hacer eso. En lugar de simplemente intercambiar bienes por dinero, regalan dinero y emiten órdenes, por lo que necesitan saber más sobre sus “clientes” que, por ejemplo, un supermercado. En países sin un sistema de identidades digitales seguras, el cierre de oficinas gubernamentales tradicionales y el cambio de servicios públicos en línea han causado estragos. Los divorcios y las adopciones se han topado con una pared de ladrillos virtual. El sistema de Italia para distribuir los pagos de emergencia colapsó y luego exigió trámites que los solicitantes no podían obtener porque las oficinas gubernamentales estaban cerradas. En EEUU, el estado de Washington pagó 650 millones de dólares en seguro de desempleo a los estafadores que presentaron solicitudes utilizando identidades robadas.

No se produjo tal estrago en Estonia, un pequeño estado báltico donde todos los ciudadanos tienen una identidad electrónica. Más que una simple tarjeta de identidad, vincula los registros de todos los estonios. Entonces, cuando el gobierno creó un sistema de licencias para los trabajadores afectados por la pandemia, ya sabía dónde trabajaban y cómo pagarles. Nadie en Estonia tenía que hacer cola en la acera para reclamar beneficios, como lo hacía la gente en otros lugares.

Otros países, como Gran Bretaña y EEUU, se han resistido durante mucho tiempo a introducir un sistema de identidad nacional. Algunos temen que al gobierno le resulte demasiado fácil espiar a la gente, o que sea demasiado fácil de piratear, o que simplemente burócratas incompetentes lo estropeen. Los sentimientos se disparan. Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, una vez prometió que si tenía que llevar una tarjeta de identificación y un funcionario mandón exigía verla, se la “comería físicamente”.

Sin embargo, la pandemia ha fortalecido el caso de una identificación digital. No solo facilitaría y agilizaría el acceso a los servicios gubernamentales de forma remota. También haría que los sistemas de seguimiento y localización fueran más eficaces. Si, en una emergencia como la pandemia, los datos de salud estuvieran vinculados a los datos del trabajo, los gobiernos podrían detectar rápidamente cuándo un grupo de pacientes con covid trabajaba en la misma fábrica.

Las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad se pueden disipar, aunque de manera imperfecta. Los estonios, que se enteraron de una sana sospecha sobre Big Brother [referencia al ‘gran hermano’ de Orwell] durante cinco décadas bajo la bota soviética, están ampliamente tranquilos por una ley de protección de datos y salvaguardas contra la piratería continuamente actualizadas que incluyen la autenticación de dos factores. Del mismo modo, se pueden aprobar leyes para evitar que la policía exija ver las tarjetas de identificación de las personas. Los regímenes autocráticos abusarán de los sistemas de identidad, por supuesto, pero los gobiernos democráticos pueden verse limitados. El sistema de Estonia registra cada vez que se visualiza un dato, y es un delito que cualquiera, incluidos los funcionarios, acceda a información privada sin una buena causa. Ese es un buen modelo.

Crear un sistema de identificación digital es difícil y costoso. Sin embargo, India, un país gigantesco y en gran parte pobre, lo ha logrado. Su sistema biométrico “Aadhaar” ha creado identidades digitales para 1,300 millones de personas. Tiene fallas: muchos indios que no pudieron registrarse han sufrido gravemente por no poder acceder a los servicios. Pero ha simplificado los servicios gubernamentales y ha reducido enormemente el fraude. Si los indios rurales pueden demostrar quiénes son en línea, es escandaloso que muchos británicos y estadounidenses no puedan.

Los sistemas de identificación digital se pueden introducir gradualmente, basándose en plataformas preexistentes. No tienen por qué ser obligatorios. Si son razonablemente seguros y reducen la molestia de tratar con el Estado, la gente se inscribirá voluntariamente. Lampadia

Roque Bravo Basaldúa
Ex secretario general del JNE
Para Lampadia

Los equipos pueden ser extraordinarios, pero si el arbitraje es malo, lo complica todo y el resultado no satisface a nadie.

En el fútbol, si se pretende conseguir un buen nivel competitivo, se requiere de clubes sólidos, dirigentes eficientes y eficaces, los mejores jugadores elegidos según su capacidad técnica y profesional; así como, organismos reguladores y árbitros que actúen de manera imparcial y en cumplimiento de las reglas.

Si no se cuenta con lo anterior, ¿qué sentido tiene apresurarse en realizar el próximo campeonato? Si se hace sin mejorar se tendrá más de lo mismo, malos dirigentes, jugadores mediocres, autoridades y árbitros parcializados e incompetentes, así como resultados insatisfactorios y un nivel competitivo deficiente, esto es, lo contrario a lo que se esperaba lograr.

¿Y qué pasa si no se habla de una actividad económica específica sino del proceso electoral para elegir autoridades? Bueno, ahí la cosa toma color de hormiga porque es un escenario que, se quiera o no, afectará la vida de los más de treinta millones de peruanos. Y vale la pena hacer hincapié en el “se quiera o no” porque muchas veces se escucha la expresión “no me interesa la política porque los políticos no me dan de comer”, cuando la realidad es completamente diferente y se presenta cotidianamente cuando se constata  que un país extremadamente rico en petróleo tiene a sus ciudadanos buscando otros destinos porque no hallan futuro en el propio. Bueno, los políticos no dan de comer, pero las decisiones que toman, afectan, ¡y de qué modo!, ¿o acaso ya se olvidó que millones de peruanos están fuera del país por un motivo similar?

Entonces, se puede presentar una primera conclusión: no se puede ir a un adelanto de elecciones sin solucionar o superar aspectos mínimos que permitan lograr un buen proceso electoral con resultados que se sientan legítimos. Lo demás es pura irresponsabilidad e improvisación que, lamentablemente, abunda en el país.

¿Y qué se debe mejorar para tener un buen proceso electoral? Bueno, el proceso de mejora de toda actividad humana nunca acaba, en este caso se trata de un proceso que tiene casi todas las patas flojas.

Se puede afirmar, aunque ya sin mayor sorpresa, que el sistema electoral se encuentra en crisis y al límite de sus capacidades. Un claro indicio que permite afirmar lo anterior es que se pretenda ampliar el plazo del proceso electoral. El plazo inicial era de cuatro meses o ciento veinte días, por tal motivo, el artículo 134 de la Constitución establece que el decreto de disolución del Congreso contiene la convocatoria a proceso electoral que debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes. Sin embargo, a inicios del año 2017, se modificó la ley electoral para incrementar el tiempo del proceso electoral de cuatro meses, al actual plazo, de nueve meses o doscientos setenta días. Además, en la última propuesta de los tres organismos del sistema electoral se ha pedido ampliar nuevamente el plazo del proceso electoral para alcanzar los doce meses o trescientos sesenta y cinco días.

¿Se puede llevar a cabo un proceso electoral en cuatro meses? Definitivamente no, no se puede. Primero, porque hay muchas cosas que cambiar previamente para tener un buen proceso electoral y asegurar resultados legítimos, de lo contrario pasa lo del último proceso presidencial. Segundo, porque el proceso requiere incluir más actividades y eso exige más tiempo, específicamente, las referidas a la democracia interna, que son clave para la legitimidad de las autoridades elegidas y para fortalecer las organizaciones políticas.

Así, con relación a los cambios que se requiere en los órganos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. De hecho, los órganos del sistema electoral deben mejorar sus procedimientos, proponer cerrar el padrón un año antes de la elección es excesivo, demorar o no resolver las controversias electorales es inaudito y pedir más plazo para imprimir y distribuir el material electoral tampoco ayuda. En el caso de las organizaciones políticas la falta de actualización de sus directivas y de sus padrones de afiliados impide que se adopten decisiones legítimas y representativas del partido; asimismo, la aplicación restrictiva de la democracia interna afecta el corazón mismo de la organización, por ejemplo, como cuando se impide nuevas afiliaciones. En el caso del Poder Judicial o Ministerio Público, la lentitud de sus procedimientos y sus bases de datos desactualizadas, juega, definitivamente, en contra de la sanción e identificación oportunas de los candidatos.

Con relación al incremento de actividades de democracia interna. En un sistema democrático no puede haber espacio social que no respete los principios que lo caracterizan. De hecho, eso incluye a las organizaciones políticas y se ha avanzado cada vez más en su implementación y exigencia, pero falta dar el paso definitivo.

Aquí una segunda conclusión: los cambios necesarios para mejorar el sistema electoral tienen que realizarse antes de convocar a un nuevo proceso electoral, deben ser efectivos y ejecutarse dentro de un plazo prudencial. Y, ojo, no se trata de sacar o eliminar competidores, para nada, las mejoras deben ser asumidas como una tarea de todos y en beneficio de todos, pero deben darse, no se puede seguir con más de lo mismo.

¿El proceso de reforma política favorecía el cambio requerido? El actual proceso de reforma había obtenido algunos logros importantes: la elaboración del padrón partidario por el Reniec, la organización de las elecciones internas por la ONPE y la resolución de los conflictos por el JNE. Lo que muchas veces fue combatido u objetado por algunas organizaciones políticas se ha conseguido mediante las reformas aprobadas y que están pendientes de promulgación por el Ejecutivo. Este es un cambio potente que ejecutado correctamente por los organismos electorales podría significar una reforma sustancial del sistema de partidos políticos.

Una última conclusión: el proceso de reforma está en marcha, pero requiere de tiempo para su implementación, tanto para los organismos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. Sin cambios reales y significativos no es prudente adelantar ninguna elección. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como ha señalado un reciente editorial de El Comercio, al no existir animosidad entre el presidente Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, porque éste no ha llegado al poder luego de una contienda que los haya enfrentado, pues existe la oportunidad ahora sí de acordar y poner en marcha un plan de trabajo conjunto basado en las coincidencias programáticas entre ambas agrupaciones, que sin duda son muchas.

Ese plan, a mi juicio, debería partir de una toma de conciencia del proceso de modernización y desarrollo en el que estamos embarcados desde que abrimos y liberalizamos la economía en 1990, los avances que hemos realizado, los retrocesos que en esa progresión hemos tenido y debemos enmendar, y las tareas pendientes para seguir avanzando hacia un país cada vez más moderno e institucionalizado capaz de crecer a las tasas necesarias para desaparecer la pobreza.

Retirar “intervencionismo de baja intensidad” y digitalizar

Los avances son conocidos. Los retrocesos también: si en los 90 se liberalizó la economía y se retiró el intervencionismo estatal en los distintos mercados, haciendo posible un crecimiento acelerado, lo que hemos tenido, sobre todo a partir de la segunda década de este siglo, ha sido la restauración de lo que hemos llamado un ‘intervencionismo de baja intensidad’, consistente en la sobre regulación creciente de las distintas actividades económicas, frenando la iniciativa privada y ahogando la economía de las empresas.

El gobierno de PPK comenzó la tarea de simplificar los trámites y desregular algunas actividades. 290 procedimientos en varios ministerios han sido eliminados y 243 simplificados. Esto tiene que seguir. Además, 12 ministerios han iniciado ya el Análisis de Calidad Regulatoria de sus normas, que lleva también a eliminar o simplificar procedimientos. Es una tarea a la que debe dársele más impulso, a fin de restablecer la libertad económica que permita el florecimiento de los emprendimientos.

Hay un esfuerzo interesante de digitalización del Estado, que debe profundizarse. Hay ahora 94 servicios WEB en la plataforma de interoperabilidad y 234 entidades públicas usándolos. Se quiere ir a Cero Papel en el Estado a fines del 2019. Eso implica también, de por sí, simplificar procedimientos porque no se los puede digitalizar si no se simplifican. Por último, en la actualidad, 121 tasas (72%) se pueden pagar por internet (págalo.pe) en lugar de ir a BN. Hay que seguir avanzando en todo esto. 

Construcción institucional e islas de excelencia

Ahora bien, la gran tarea pendiente desde los 90 es la institucional, que requiere acuerdos porque en algunos casos puede afectar intereses. Hemos crecido, pero la institucionalidad general se ha quedado atrás. Tarde o temprano ese retraso afecta el propio crecimiento.

Es cierto que desarrollamos una institucionalidad de mercado, unas reglas de juego que funcionaron, hasta que han sido en algunos casos ahogadas, como decíamos, por una sobreregulación estéril que hay que desmontar. Esa institucionalidad de mercado tuvo su correspondencia en la modernización y profesionalización de ciertas entidades del Estado, que se convirtieron en islas de excelencia. Allí tenemos al Banco Central de Reserva, la Sunat, la Reniec, la ONPE, el Indecopi, los organismos reguladores, la Defensoría y, en alguna medida, algunos ministerios como el MEF, Energía y Minas y, recientemente, el MIDIS. 

Algunas de estas entidades tienen que actualizarse y re modernizarse. Se necesitaría una agenda para eso, quizá de la mano con las recomendaciones de la OCDE. Osiptel, por ejemplo, ha iniciado recientemente un proceso de adecuación en ese sentido.

Implantación de la meritocracia: ley de Servicio Civil

Pero la excelencia no debe limitarse a unas islas, sino a todo el Estado. Pues, como sabemos, esa modernización no alcanzó a casi todo el resto del Estado, donde prevalece, en mayor o menor medida, un patrón de gestión que podríamos llamar neo patrimonialista, donde se favorece en los puestos y contratos a familiares, amigos o correligionarios con poca o ninguna meritocracia. Esto también se aplica, por supuesto, al Poder Judicial y al Congreso en su parte administrativa.

La gran tarea de la reforma del Estado, entonces, consiste en avanzar hacia una burocracia profesional y meritocrática en todos los niveles e instituciones del Estado. Pues bien, para eso se dio, el 2013, la ley de Servicio Civil, para que todas las entidades revisaran y definieran bien sus procesos y los perfiles del personal que necesitaban y en función de eso convocaran a concursos dentro de la administración pública para llenar esos puestos y que luego hubiese evaluaciones de desempeño que regularan los ascensos y la salida del servicio en el caso el empleado no fuera competente.

Un bueno número de entidades, incluyendo ministerios, inició este proceso, pero solo la ONP ha llegado, hasta ahora, a la etapa de los concursos, debido a que el gobierno de PPK no le dio prioridad ni apoyo político a la implementación de esta ley clave. Al no dárselo, creó un vacío que fue aprovechado por las fuerzas del pasado para retroceder a prácticas clientelistas y parasitarias. Por ejemplo, el Congreso aprobó, hace algo más de un año, una ley que pasaba los CAS de Essalud a la 728 –estabilidad laboral absoluta sin meritocracia- en lugar de permitir que pasen al régimen la ley de Servicio Civil, precisamente, que da los mismos beneficios de la 728 pero a cambio de meritocracia, de evaluaciones, de la obligación de rendir en el puesto. Y luego aprobó hace poco la ley de carrera del trabajador judicial que excluye a dichos trabajadores de la ley de Servicio Civil y les regala una carrera en la que no hay tampoco evaluaciones ni meritocracia alguna. Un retroceso irreversible.

Con la 728 no hay manera de exigirle nada a un funcionario que no cumple ni rinde. Y eso es algo que los usuarios y los ciudadanos en general no podemos aceptar, porque pagamos aportes e impuestos para que el Estado nos sirva de manera eficiente.

Entonces la segunda definición clara del gobierno de Vizcarra debería ser la de darle prioridad y voluntad política a la implementación de la ley de Servicio Civil, que es la base de la gran reforma del Estado, de su transformación en un Estado moderno, eficiente, meritocrático y profesional.

Como consecuencia de esa definición, se debería acordar con el Congreso la reorientación del proyecto de ley que pasa todos los CAS del Estado a la 728 o a la 276, en el sentido de que pasen al régimen de la ley de Servicio Civil que, como decíamos, da los mismos beneficios y derechos que la 728, pero con meritocracia y resolviendo, por añadidura, el problema de los bajos sueldos de los segmentos altos, técnicos y profesionales del Estado, ahora muy mal pagados. En realidad, no habría que dar ley alguna, pues para eso se dio precisamente la ley de Servicio Civil. Es cuestión de aplicarla, aunque quizá se pueda aprovechar para hacerle las mejoras que requiera.

Reingeniería en entidades clave

Ahora bien, dentro del marco general de la meritocracia, hay entidades que necesitan una reingeniería profunda para reorientar su organización en función de metas y resultados dejando de lado vicios y corruptelas de naturaleza patrimonialista. El propio proceso de la ley de Servicio Civil ya es un paso hacia eso. Pero hay entidades como el Servicio Integral de Salud (SIS), por ejemplo, que requieren una reingeniería completa, sobre la base de un concepto diferente. Es lo que venía haciendo el Dr. Moisés Rosas en los últimos 10 meses en el SIS, hasta que fue cesado por el ex ministro Abel Salinas. El Premier Villanueva, felizmente, ha reconocido ese esfuerzo y ha avalado su continuidad. Significa que el SIS funcione como un seguro de riesgos, que contrate no con el establecimiento sino con la red para que los recursos se orienten a reforzar el nivel básico a fin de que haya menos gasto en el más complejo, y que se pague en la medida en que los pacientes no tengan que pagar por los medicamentos y haya menos derivaciones innecesarias a clínicas particulares. Por supuesto, concesionar la gerencia de los hospitales debería ser una reforma complementaria a la anterior, a fin de asegurar eficiencia en el servicio. 

Otro ejemplo es el reciente cambio del sistema de inversión pública. Hemos pasado al Invierte.pe. Esto debe perfeccionarse, y dar el salto al Plan Nacional de Infraestructura, para sacar los proyectos del tráfico político o colusorio. Al mismo tiempo debe avanzarse hacia una verdadera modernización y potenciación de Proinversión, que ha quedado a medias.  

También están marcha, con mayor o menos velocidad e intensidad, y con avances y retrocesos, procesos de reforma y modernización en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la Policía, en Educación, en Provías, la ONP, etc.

Pero hay áreas en las cuales estamos en cero: el proceso de descentralización, por ejemplo, iniciado el 2002, que ha tenido una serie de problemas y necesita una revisión profunda, no solo por los niveles clamorosos de ineficiencia estatal prevalecientes en muchos gobiernos sub-nacionales, sino porque parte importante del crimen organizado está vinculado a autoridades locales o regionales que aprovechan la cuasi feudalización del país para asaltar los recursos fiscales. 

Pues bien, necesitaríamos instancias de impulso y monitoreo de estos procesos. Sea en la PCM, sea en el MEF. Algunos presupuestos por resultados deberían incluir metas de reforma.

Por supuesto, la reforma política es fundamental para reconstruir la autoridad central y el carácter unitario del Estado, que requiere de un sistema de partidos y de representación funcional. Pero esta es una tarea del Congreso.

Imperio de la ley

Para empujar y monitorear la modernización del sistema judicial, indispensable para implantar el gobierno de la ley en nuestro país, tendríamos que retomar y fortalecer el Acuerdo Nacional por la Justicia, pero incluyendo al Ministro del Interior entre sus miembros, y especializando una oficina en el ministerio de Justicia para ese fin. La gestión de los préstamos del Banco Mundial ($100 millones) y del BID ($100 millones) para implantar el expediente digital en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP, debería ser el centro neurálgico del impulso a la reforma del sistema judicial y al propio Acuerdo Nacional por la Justicia.   

Aquí sería bueno, además, conformar una comisión de expertos nacionales e internaciones que sugieran lineamientos para la reforma del sistema judicial, que alimenten al mencionado Acuerdo por la Justicia, pero también al Congreso. Quizá la reforma clave acá es la de la Corte Suprema, que debería reducirse a pocos miembros de muy alto nivel ocupados en un número reducido de casos paradigmáticos que permitan sentar jurisprudencia predictible para, de paso, prevenir la corrupción. Si mejoramos la cabeza, el cuerpo se arregla.

Una constatación es que en nuestro país la justicia penal no ha descendido aun a niveles locales. Funciona con deficiencias para el gran delito, pero no para el pequeño. Deberíamos ir avanzando en la descentralización distrital de la justicia penal de modo de juntar en un solo local a la Policía, el fiscal, el juez y una pequeña carceleta pera penas cortas –de días o semanas- para delitos menores, a fin de terminar con la impunidad, madre de la inseguridad y la delincuencia mayor. Y retomar de esta manera los abandonados juzgados de flagrancia. Es la atención primaria de la justicia penal.

Este proyecto podría tener la colaboración económica de las municipalidades distritales, las principales interesadas en proporcionar los locales respectivos. Es un asunto de gestión y coordinación.

La gran tarea pendiente en nuestro país es el imperio de la ley. La manera de comenzar es con la pequeña delincuencia, en los barrios, castigando con penas cortas y resocializando a los infractores. Y retomado estrategias preventivas complementarias como Barrio Seguro, que habría sido increíblemente abandonada.  

Informalidad y productividad 

Pero una manifestación clara de ausencia de ley, de la inexistencia del Estado como cuerpo legal, es la extendidísima informalidad, que significa que la mayor parte de los peruanos actúa fuera de las normas del Estado. Fuera de la ley. Para resolver eso se requiere un conjunto de reformas, sobre las que ya nos explayado en otros informes, tales como la reforma tributaria, avanzando a un sistema tributario único y digitalizado que le haga su liquidación al pequeño; las reformas laborales y, en general, el impulso a la inversión privada para incrementar la dotación de capital en nuestro país, lo que a su vez requiere de las reformas anteriores. 

Un sector importante en la informalidad es la minería informal. Allí tenemos que avanzar a una verdadera simplificación que permita la formalización. Lo que hemos hecho hasta ahora ha tenido efectos muy limitados.

Los esfuerzos de relación comunitaria que han desarrollado las empresas mineras deberían sistematizarse en una doctrina, que incluya como herramienta fundamental la masificación del Sierra Productiva, ya no solo para facilitar la inversión minera, sino para sacar de la pobreza a la Sierra entera en un plazo de tres años. La alianza entre minería y agricultura debería ser el siguiente gran paso adelante. El ministerio de Agricultura debe revisar sus políticas de desarrollo rural, que no han sido efectivas, en esta línea.

El Perú saldrá adelante si toma conciencia del proceso de modernización en el que se encuentra desde los 90, de las reformas que requiere y de las grandes y pequeñas tareas pendientes para lograrlo. Si se comprende que hay un proceso y que hay avanzar. Que la mejora es continua y no puede detenerse.

El Presidente del Consejo de Ministros del Perú anunció la aprobación del ‘Paquete Simplificador Administrativo’, cuyo objetivo es eliminar los trámites inútiles que deben realizar los ciudadanos ante la administración pública. Entre los beneficios, se destaca la medida que obliga a entidades a interconectarse y compartir bases de datos para que no pidan más documentos a los ciudadanos.

Fuente:  www.hnworth.com

Fernando Zavala, jefe del Gabinete de Ministros, dio a conocer los trámites eliminados en conferencia de prensa. “Son acciones concretas dentro de las facultades dadas por el Congreso al Ejecutivo para beneficio de los ciudadanos y de las pequeñas empresas”, manifestó. Según explicó, las entidades públicas podrán pedir documentos o información del usuario solo una vez, estas deberán estar interconectadas, y no podrán exigir documentos inútiles, entre otras.

Además afirmó que “¿Por qué hacemos esto? Primero, hay un montón de trámites inútiles en el Estado que afectan al ciudadano y a la micro y pequeña empresa”. En Lampadia felicitamos al Gobierno y celebramos esta gran primera medida de destrabe de tramitología. Hace algunos meses comentamos y presentamos el artículo de José María Ruiz Soroa, abogado español, publicado en El País de España: ¡Dejen de legislar! Ruiz reflexiona sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas en España. Explica que el principal propósito de los parlamentarios es ‘parlamentar’. Su análisis parece escrito para el Perú. Dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. Ver la nota completa en Lampadia: Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú.

Fuente: PCM

La hipótesis de Ruiz Soroa es la siguiente: “La ambición de los políticos, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará”.  Eso es lo que ha sucediendo en el Perú. En Lampadia denominas a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Es por eso que hemos propuesto innumerables veces la necesidad de desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

Un ejemplo escandaloso de la tramitología, que no nos cansamos de repetir, es lo ocurrido con el sector minero, veamos:

Entendemos que Fuerza Popular también tenía un plan para liberar al país de su esclavitud legislativa mediante una ley llamada ‘ley del ocaso’. La idea era darle a los ministros, directores de pliegos, jefes de las agencias del Estado, gobernadores, alcaldes, etc., un plazo fijo para sustentar con qué normas debían desarrollar sus actividades. Todas las normas que no se consideraran necesarias en dicho proceso quedarían automáticamente derogadas. (Ver en Lampadia: Desregulemos antes de pensar en nuevas leyes).

Esperamos que este ‘Paquete Simplificador’ sea el inicio de un profundo proceso de desregulación, para liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país.

Entre las medidas que serán aplicables a todas las entidades de la Administración Pública, están:

Denuncia policial gratuita

Dese ahora, el Estado está obligado a darle al ciudadano la primera copia certificada de su denuncia policial de manera gratuita e inmediata, ya no se pagará por la copia del DNI para hacer las denuncias.

Entidades conectadas: Pedir datos una sola vez en la vida

Para hacer cualquier trámite, se solicitan documentos como por ejemplo el DNI, los certificados de antecedentes policiales o judiciales y otros, que le pueden costar al ciudadano hasta más de 100 soles y muchas horas en colas. Ahora, las entidades de la Administración Pública van a estar interconectadas y compartirán bases de datos actualizadas de los ciudadanos.

Prohibición de pedir documentos inútiles

Ya no se solicitarán documentos que no son relevantes, como la copia del DNI, partida de Nacimiento o la copia de la ficha RUC.

Certificado de supervivencia para adultos mayores

Los adultos mayores ya no tendrán que hacer ningún trámite para demostrar que están vivos y poder continuar recibiendo sus pensiones. El Estado se encargará de hacer las verificaciones y sus cruces de información con el RENIEC.

Certificado de discapacidad

Ahora, los ciudadanos podrán obtener el certificado de discapacidad en cualquier centro de salud, público o privado, siempre que haya un médico.

DNI válido

Desde ahora, a pesar de no haber renovado el DNI, se podrá realizar actos administrativos necesarios.

Formalización. Promovemos la formalización a bajo costo

Actualmente, las micro y pequeñas empresas formales tienen que inscribir los contratos que hacen con sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo, al igual que sus programas de capacitación. Sino, son multados. Ahora, estos trámites laborales ya no serán una carga extra para los empleadores, ya que utilizarán planillas electrónicas con las que los entes reguladores podrán fiscalizar sin trasladarle carga de trabajo al empresario.

Veamos el resumen publicado por la PCM:

Todas están medidas son un paso en la dirección correcta hacia la reforma institucional detrás de una visión compartida de desarrollo integral que nos lleve a recuperar la capacidad de ser una sociedad exitosa en el mundo que nos toca vivir. Celebramos esta gran propuesta y esperamos ansiosamente más por venir. Lampadia