Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

A veces pareciera que no tenemos claro, que el rol principal del Estado es brindar: salud, educación, seguridad y justicia, ciertamente acompañado de su rol regulador. A estas actividades, se les llama, la redistribución del ingreso. Encuentro que, algunos no han leído bien la Constitución o al menos de manera integral y creen que, cuando en el capítulo económico se da al Estado un rol subsidiario, se refiere a toda actividad y no exclusivamente a la actividad empresarial.

Claro, para algunos ha sido muy conveniente no hacer su trabajo, al amparo de esta interpretación errónea. Por eso, el sector empresarial hizo su trabajo; en lo económico, social y ambiental, y por eso el Estado se enriqueció y acumuló muchos fondos. Pero ni el gobierno nacional, ni los regionales y municipales, resolvieron las necesidades básicas sanitarias (agua potable y desagüe con plantas de tratamiento de aguas residuales-PTAR), no se habilitaron postas médicas debidamente atendidas, ni escuelas decentes con servicios higiénicos adecuados, electricidad, conectividad y maestros debidamente calificados para una enseñanza de calidad.

Los casos que mayor malestar han generado, son en aquellas regiones con grandes inversiones en proyectos mineros, gran movimiento de equipos, tecnología y modernidad, pero en los que sus pobladores, la ven pasar y no han recibido el beneficio. Lamentablemente, el Estado no está organizado para cumplir su rol y peor aún, los gobernantes no han tenido clara visión de los problemas y soluciones, capacidad de organizar y menos de ejecutar. Varios presidentes han sido “felices” transfiriendo dinero a los gobiernos regionales y locales, sin ton, ni son y peor, sin controlar.

A propósito, el sector minero paga al fisco 29.5% de impuesto a la renta (IR), 5% de impuesto al dividendo, Impuesto Extraordinario al sector Minero (IEM) y regalías, en un rango que va entre 2% y 8.4% de la utilidad operativa (no considera depreciación, ni amortización de las inversiones) y si se suscribe un Contrato de Estabilidad Tributaria, se incrementa la tasa de IR en 2% y además, se destina una Participación de Trabajadores del 8% de la utilidad antes de impuestos. Consecuentemente, la carga para el inversionista minero se acerca al 50% de la renta generada.

Como bien ha dicho un recaudador de impuestos, existe en minería lo que se llama el “Canon Minero”, que se ha fijado, para facilidad de cálculo, en 50% del IR y que se creó con la finalidad de ser destinado a obras e inversión regionales, municipales y para fomentar la investigación universitaria. Lamentablemente, ya se dieron maña para perforar la ley y usar esos fondos para gastos corrientes en “planeamiento y consultorías” (otra forma de gasto corriente) por más del 30% de lo “ejecutado”. No obstante, en los últimos años no se ha gastado más del 60% a 70% del canon en las regiones mineras. La experiencia de las dos últimas décadas, es que estos fondos han sido muy mal manejados en manos de esas autoridades regionales y locales, se ha gastado en obras superfluas e innecesarias, obras sin adecuada ingeniería y finalmente, han sido la principal fuente de corrupción (veamos Junín, Moquegua, Ancash y Cajamarca). Por eso tenemos 20 exgobernadores regionales sentenciados (entre ellos Cerrón), además de los investigados y acusados a la fecha (incluyendo a Martín Vizcarra) y un número mucho mayor de alcaldes.

Entiendo que, a la luz de estas experiencias negativas, Fuerza Popular está proponiendo la entrega de hasta 40% (lo que en promedio no se ejecuta), a los miembros de la comunidad. Esta es una idea gruesa que, me parece, se debe trabajar. Veía el esquema de Noruega, país rico en recursos naturales, como el nuestro, pero donde se hace un uso inteligente de sus beneficios y, me parece, el nuevo gobierno debiera adecuar ese esquema a nuestra situación específica.

Desde el gobierno nacional se debe diseñar los proyectos orientados al cierre de brechas de agua potable, desagüe, primer nivel de salud, educación primaria y secundaria de calidad, electrificación y conectividad. El Estado no debe permitir que se desvirtúe y desvíe los presupuestos de inversión del Canon a monumentos, edificios o piscinas, tal como hemos mencionado, mientras no se cierren las brechas de necesidades básicas. Concuerdo con el hecho que, los pobladores de las zonas mineras, deben de sentir el beneficio de estar en una zona con operaciones mineras, pero, como el diablo está en los detalles, se debe definir primero lo siguiente:

• El radio de acción geográfico al que debe alcanzar las poblaciones beneficiadas por una entrega de beneficio directo.
• Sabiendo que es imposible desarrollar la infraestructura propuesta para cierre de brechas en pequeños grupos de vivienda aisladas en las alturas, se debe promover zonas de desarrollo urbano, en la que las comunidades deben permitir que los miembros de su comunidad reciban título de propiedad de su terreno para vivienda. Con eso estarán debidamente empadronados y podrán ser beneficiarios de lo que proponemos.
• Se debe entregar en efectivo hasta 20% del Canon, debidamente registrado en la banca y el otro 20% debe destinarse, en principio, a inversión en habilitación urbana, sanitaria, vial, eléctrica, de conexión a internet y de construcción de vivienda, mediante un crédito hipotecario respaldado por ese flujo permanente de canon futuro.
• A futuro y una vez satisfechas esas necesidades, se aplicarían en mejoras en educación y como capital semilla de nuevos emprendimientos, pues debemos fomentar que las poblaciones de esas regiones también desarrollen actividades industriales y se relacionen con los mercados nacionales y globales.
• Uno de los objetivos de este plan, es que desarrollemos ciudades urbanizadas en las diferentes regiones, ciudades que puedan brindar todas las facilidades de acceso, vivienda cómoda y condiciones sanitarias de primer nivel, que los niños puedan disponer de colegios de calidad, con maestros de calidad, conectividad a internet, que le permita educación global y competitividad, buenos servicios de salud y seguridad.

Está claro que, el resto del canon (60%), debe ser usado en infraestructura regional y provincial, como distribución de energía, hospitales, plantas de tratamiento de agua potable y residual, accesibilidad carretera o ferroviaria, consolidando así el desarrollo descentralizado.

Ciertamente, no podemos tener un país con cerca de 2,000 autoridades autónomas (New York tiene un tercio de la población del Perú y se maneja con 1 solo alcalde). Por su lado, Noruega tiene regiones con recursos naturales como el Perú, pero sus autoridades administran la política e inversiones del gobierno nacional, contando con un equipo de gerencia de alta calidad moral y profesional. Cuenta con un Estado muy fuerte, pero pequeño, cuyo objetivo central es proporcionar un estado de bienestar, reduciendo con servicios públicos de calidad las diferencias socio-económicas, garantizando una vida en absoluta libertad (ni la policía usa armas). Nadie busca “plurinacionalidades”, sino orgullo de pertenencia nacional, más aún, la sociedad trata de incorporar a los inmigrantes, que obviamente deben poner todo de su parte para ser incorporados y se consigue la ciudadanía, pagando impuestos e integrándose a la sociedad, trabajando para ella. Además, ha sido capaz de constituir un fondo de reserva, a partir del beneficio de sus recursos naturales, para asegurar la permanencia de ese estado de bienestar, pensiones y posibles contingencias.

Debiéramos aprender a construir una sociedad más homogénea, aprendiendo e incorporando las experiencias positivas. Lampadia

Como se ha publicado anteriormente en Minas y Petróleo, un análisis fino, por distrito y no por región, permite ver que la minería ha sido responsable de que los distritos mineros tengan menos pobreza que sus vecinos que adolecen de minería. Esto lo sustenta el PNUD en las publicaciones del Índice de Pobreza Humana. Lampadia

Semanario Minas y Petróleo N° 1131
24 de Febrero 2020

La presidenta de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y exministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, dictó el 6 de febrero en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) la conferencia “La Minería y su Importancia en la Economía Peruana”.

La exministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper durante su exposición en el IIMP

La conferencia de la exministra habría sido impecable a no ser por el siguiente párrafo:

“En números macroeconómicos, muy bien, veinte. ¿Cuál es nuestro problema? Uno empieza a ver y es lo que hemos dicho, en realidad la minería genera los recursos para las regiones donde están las minas, pero no tienen ninguna relación con la pobreza de esos segmentos. Lo que uno ve es que las regiones mineras básicamente mientras más importante sea la minería en la región, más pobres hay. Entonces uno no entiende esos recursos a dónde se están yendo. La relación debería ser inversa. Resulta que las regiones mineras, lo que empezamos a ver es que mientras más importante sea la minería en el PBI de la región más pobreza básicamente hay”.

A continuación, de ese párrafo, Claudia Cooper pasa a describir los problemas que existen para que el canon y otros tributos que el gobierno central debe transferir a las regiones se hagan con la celeridad requerida, se administren bien y se destinen a las necesidades prioritarias de la región y sugiere que a estas incompetencias se debería una mayor pobreza en las regiones mineras.

Estando plenamente de acuerdo sobre la gravedad de las deficiencias, a las que se refirió Claudia Cooper, afortunadamente existe más de un error conceptual en su análisis, para llegar a la conclusión de que las regiones donde existe minería es donde “hay más pobres”. Todo lo contrario, a pesar de las deficiencias a las que se refirió Claudia Cooper, la contribución de la minería al desarrollo social de las circunscripciones geográficas donde opera es incuestionable, aunque desde luego esta contribución sería mayor sin los problemas descritos por la presidenta de la BVL.

Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura; Claudia Cooper, presidenta de la BVL y Luis Rivera, presidente del IIMP

A nuestro juicio los errores conceptuales en el análisis de Claudia Cooper, provienen de no haber tomado en cuenta las siguientes premisas:

• La minería no es el único factor que contribuye a la reducción de la pobreza en las regiones, un factor tal vez más importante es si la región limita o no con el Océano Pacífico. En consecuencia, como ejemplo, no se podría comparar la pobreza de Lambayeque, cuya mayor parte de su superficie está en la costa, con la de Pasco que no tiene costa.  
• La antigüedad de una región, como una gran productora minera o metalúrgica, también es determinante para que la minería haya podido contribuir significativamente a reducir la pobreza en esa región. También a modo de ejemplo, no se puede comparar la contribución de la minería a reducir la pobreza en Apurímac, con la que ha tenido en reducirla en Junín, ya que si bien la primera tiene una producción de cobre muy importante, ésta recién se inicia a fines del 2015, mientras que en la segunda operó la más importante refinería de metales de América Latina por casi 90 años.
• Cuando cierra una gran empresa minera o metalúrgica o reduce sus operaciones, el nivel del IDH de la provincia donde ella tuvo sus instalaciones no se reduce. Aunque a un menor ritmo sigue creciendo. Los mejores ejemplos son la provincia de Yauli, en Junín, donde operó el Complejo Metalúrgico de La Oroya y Nazca donde operó la Marcona Mining Company. Si el IDH sigue creciendo es de suponer que la pobreza se siga reduciendo, especialmente la multidimensional.
• La producción de hidrocarburos, el turismo y la agroindustria también son factores que contribuyen a reducir la pobreza.  
• La población de la región, es un factor a considerar. No se podría comparar el efecto de la minería en la reducción de la pobreza en Cajamarca, que tiene 1’387,809 habitantes según el último censo, con la que tiene sobre Moquegua que tiene 161,533 habitantes.
• Las grandes empresas mineras tienen una gran influencia en el desarrollo de las circunscripciones geográficas de su entorno: distritos y provincias, pero en menor grado en el ámbito regional, especialmente si se trata de regiones con una gran superficie territorial y deficientes vías de comunicación.
• Una gran mina de cobre tiene proporcionalmente un efecto mayor en el desarrollo social de su entorno, que el que tendrían una mina mediana polimetálica o de oro. La explicación está en que por economía de escala puede desarrollar más infraestructura y por usar tecnologías más sofisticadas, pagar mayores salarios, lo que también contribuye a la generación de empleos indirectos mejor remunerados, que los que existían antes de que se iniciara la construcción de las instalaciones de la operación minera o metalúrgica.

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN ZONAS MINERAS EN COMPARACIÓN CON LAS NO MINERAS

En su disertación del 6 de febrero, en el IIMP, Claudia Cooper mostró un gráfico que señala la reducción de la pobreza monetaria, a nivel regional, entre los años 2007 y 2018, que incluimos en este artículo como Gráfico Nº 1 y por su parte el 17 de febrero el Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó en el diario “El Comercio” un gráfico con cifras para la pobreza multidimensional (1), también a nivel regional y que incluimos en este artículo como Gráfico Nº 2. Cabe señalar que según la información del IPE, el método multidimensional para medir la pobreza, es un mejor índice que el que sirve para calcularla en base al ingreso personal.

En el Gráfico Nº 1 de reducción de la pobreza, Claudia Cooper le asignó el color rojo para diferenciarlas, al clasificarlas como mineras, a las siguientes regiones: Apurímac (46% de reducción de pobreza), Cusco (31%), Pasco (25%), Junín (23%), Ancash (21%), Moquegua (21%), Arequipa (14%), Tacna (13%) y Madre de Dios (11%).

Por su parte en el Cuadro Nº 2, que corresponde a la pobreza multidimensional, se puede observar que los porcentajes de pobreza dados a conocer por el IPE, para las regiones antes señaladas (a partir de información del INEI), son los siguientes: Apurímac (46%), Pasco (32%), Ancash (30%), Cusco (29%), Junín (27%), Madre de Dios (15%), Moquegua (13%), Tacna (12%) y Arequipa (10%).

REGIONES MINERAS DE LA COSTA SON LAS DE MENOR POBREZA

Del análisis de ambos gráficos y del Cuadro Nº 1, en que se muestra el ingreso per cápita de las regiones provenientes de las transferencias por canon minero, regalía minera y derecho de vigencia y penalidad, podemos sacar la siguiente conclusión:

Las regiones que poseen costa y una elevada producción minera per cápita de varias décadas, son las que han reducido en un mayor grado la pobreza o dicho de una manera más precisa, son las que en la actualidad tienen menor pobreza. Para probar esta afirmación estamos asumiendo, como es lógico suponer, que las regiones que tienen mayores transferencias per cápita, por canon y los otros conceptos antes señalados y que se muestran en el Cuadro Nº 1 , son también los que tienen mayor producción minera per cápita.

En efecto, las regiones con menor pobreza en el Perú, conforme se puede ver en el Cuadro Nº 2 son Ica, Lima, Arequipa, Tacna y Moquegua, en ese orden. Aunque Ica no es incluida en el Cuadro Nº 1 de Claudia Cooper, como una región minera, sí lo es ya que actualmente ocupa el 8º lugar entre todas las regiones, en cuanto a mayores transferencias per cápita por canon minero, y los otros conceptos antes señalados.

Pero lo más importante es la antigüedad de Ica como región minera, por cuanto se inició, con la explotación del yacimiento de hierro de Marcona, como la única empresa productora de ese metal en el Perú en 1953 y por una gran empresa, líder en tecnología, como fue la Marcona Mining Company.

La producción de hierro de Ica fue muy importante, en la época de dicha empresa, especialmente a partir del año 1960 y hasta julio de 1975, en que fue estatizada, cuando ya tenía aprobada una ampliación. Para ser competitiva en el mercado esta empresa desarrolló el sistema patentado como Marcona Flow, que permitía el transporte de hierro en lodos. Esa tecnología se perdió con la estatización de la mina y la producción se redujo, a la tercera parte y tardó muchos años en recuperarse, a tal punto que recién en el 2018 se ha podido superar y por un escaso margen, el récord de producción de hierro del Perú (todo producido en Ica) de 9,525,116 toneladas, establecido en 1974.

Este pasado explica la ubicación de la provincia de Nazca, donde se ubica la mina Marcona, en el año 2019 en el puesto 21º en cuanto a mayor índice de desarrollo humano (IDH) entre las 196 provincias del Perú y la segunda entre las de la región Ica, según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Asimismo Nazca ocupa, también según cifras del PNUD, el puesto 29º a nivel nacional en ingreso familiar per cápita entre todas las provincias del Perú y también la segunda entre la de Ica en este índice.

Arequipa, Tacna y Moquegua, que poseen costa y una importante producción minera tienen después de Ica y Lima, según se puede observar en el Gráfico Nº 2, la menor pobreza multidimensional, en ese orden; y también tuvieron en el 2018, en ese mismo orden la 5º, 4º y 2º ubicación, respectivamente, en transferencias por canon y los otros conceptos incluidos en el Cuadro Nº 1. En el 2015 el orden había sido el 5º, 2º y 1º respectivamente. 

No cabe, en consecuencia, duda que la minería contribuyó a reducir la pobreza en Arequipa, Tacna y Moquegua y también en Ica y lo que no se percibió, en el análisis de Claudia Cooper, es que cuando el porcentaje de pobres se ha reducido significativamente, entonces continuar con la reducción de esos porcentajes es mucho más difícil.

Esta verdad, de Perogrullo a nivel de países, a la que siempre se refieren los economistas, no tendría por qué ser diferente a nivel de regiones y en consecuencia es la razón por la cual en el Gráfico Nº 1 Tacna 4º, Arequipa 5º, Ica 8º y Moquegua 9º, están entre las regiones que menos han reducido en puntos porcentuales la pobreza entre el 2007 y el 2018.

ANCASH, UN CASO COMPLEJO

El caso de Ancash es más difícil de analizar, pero cabe señalar que su gran producción minera, que le permitió ubicarse en el año 2018 como la región con mayor ingreso por transferencias de canon y los otros conceptos ya señalados (ver Cuadro Nº 1), se inicia recién en el año 2001, con el inicio de la producción de la mina Antamina. Anteriormente una producción de oro de relativa importancia se había iniciado en 1998, con la entrada en operación de la mina Pierina. La relativamente poca antigüedad, de la minería en Ancash, es en consecuencia la primera causa para que esta región comparta con Piura el último lugar en cuanto a pobreza multidimensional, entre las regiones que tienen parte de su territorio en la costa.

Una segunda causa parece ser la alta proporción de población rural que tiene Ancash. Comparativamente, es por un amplio margen la región que tiene la mayor proporción de población rural, entre todas las regiones de la costa peruana, 36.6% contra 21.1% que tiene La Libertad, que es la que le sigue en mayor proporción de población rural en la costa peruana. 

Cabe señalar que Ancash ha avanzado más, proporcionalmente, en el crecimiento del IDH, que las demás regiones de la costa peruana, lo que se podría explicar por un mayor crecimiento del ingreso de la población en promedio, pero sin necesidad de que se reduzca en la misma proporción el porcentaje de pobres.

LA ANTIGÜEDAD EN LA INDUSTRIA MINERA PESA EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LA SIERRA

En la sierra las tres regiones con menor pobreza multidimensional son Junín con 27%, Cusco con 29% y Pasco con 32% (ver Gráfico Nº 2). Como hemos señalado, Junín tiene un gran pasado minero que convirtió a la provincia de Yauli, donde se construyó el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en la 25º en IDH del Perú en el 2003 y una de las cinco con mayor IDH de la sierra peruana. En el 2019 a pesar del cierre de la refinería pasó al 13º en IDH y al 4º en la sierra peruana, pero lo que más llama la atención es que es la 10° provincia a nivel nacional en ingreso familiar per cápita y la 2º de la sierra peruana.

Cusco es la segunda región con menor pobreza multidimensional de la sierra peruana, evidentemente esto se debe en alguna proporción a su producción minera, como lo prueba el hecho de que ocupe el 7º lugar en lo relativo a transferencias por canon y los otros conceptos que se indican en el Cuadro Nº 1; pero no se puede negar que el Turismo y la explotación del gas han contribuido a que, según se muestra en el Gráfico Nº 1, tomado de la exposición de Claudia Cooper, haya sido después de Apurímac la región de la sierra que más ha reducido la pobreza monetaria entre el 2007 y el 2018. 

Pasco es la tercera región con menor pobreza multidimensional de la sierra peruana, posición que guarda concordancia con su segundo lugar, entre las regiones de la sierra,  en cuanto a mayores transferencias por canon y los otros conceptos que se incluyen en el Cuadro Nº 1.

Cabe señalar que la región Pasco tiene 3 provincias: La de Pasco, que es aquella en la que se han desarrollado varias minas polimetálicas, la gran mayoría por encima de los 3,500 metros de altura; la de Daniel A. Carrión que tiene poca minería y la de Oxapampa que no tiene minería y destaca por la variedad de sus paisajes naturales y por sus grandes cantidades de tierra fértil.

Si bien no existe información sobre la pobreza a nivel provincial, resulta evidente que la provincia de Pasco es la que tiene menos pobreza en esta región, por cuanto ocupa el puesto 48º en el IDH y el 67º en el ingreso familiar per cápita, entre las 196 provincias del Perú, mientras que Daniel Carrión ocupa la posición 135º en IDH y 87º en ingreso familiar per cápita y Oxapampa la 93º y 87º respectivamente.

La última región de la sierra peruana que se muestra en el Gráfico Nº 1 como minera es Apurímac. Es interesante notar que esta región ya supera, como se puede apreciar en el Gráfico Nº 2, a Huánuco, Cajamarca y Huancavelica en menor pobreza multidimensional. Cabe agregar que Apurímac ha sido después de Huancavelica la región que más ha reducido la pobreza monetaria entre el 2007 y el 2018 (ver Gráfico Nº 1). Sin embargo, todavía requiere de tiempo para poder superar a regiones que, aunque con menor riqueza minera, la han tenido por décadas y en el caso de Pasco por más de un siglo.

MADRE DE DIOS INFORMAL PERO CON POCOS POBRES

Madre de Dios es la única región de la selva con producción minera, la mayor parte informal o ilegal, coincidentemente es la región con menor pobreza multidimensional de la selva peruana y por un amplio margen sobre las demás regiones de la selva. No obstante, como esa actividad está ampliamente combatida por el Gobierno es la que menos ha reducido la pobreza entre el 2007 y el 2018.

Destacados líderes del sector minero se dieron cita en el IIMP para escuchar a Claudia Cooper

(1) El índice de pobreza multidimensional (IPM) fue desarrollado por Sabina Alkire y James Foster en el 2008. Refleja las múltiples carencias de los hogares y las personas en tres dimensiones: salud, educación y condiciones de vida. Actualmente es considerado por los especialistas como un mejor índice para medir la pobreza y planificar su reducción, que el índice de pobreza monetaria.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Sin duda el año 2018 ha sido un año sumamente agitado en lo político lo que ha generado altos niveles de incertidumbre. El sector minero no es ajeno a las implicancias sociales y políticas de estas incertidumbres.  Por ello se justifica analizar qué perspectivas se abren a la minería este año y qué impactos los diversos actores políticos podrían tener sobre el sector.

El Poder Ejecutivo:

El presidente de la República sale de los conflictos políticos del 2018 sumamente fortalecido. Un referéndum que legitimó su mandato, una prensa hegemónicamente favorable, un congreso en jaque frente a las acciones judiciales y amenazas de cierre, la principal líder opositora en la cárcel y un Poder Judicial que va a entrar en un proceso de reformas a ser digitado en función a las propuestas del Ejecutivo. Sin duda esto implica una fuerte acumulación de capital político e institucional en la figura del presidente. Ello implica que el presidente dispone de “profundidad estratégica” en caso él decida utilizar su fuerza política para impulsar proyectos mineros que enfrenten resistencia social. Un presidente con baja aprobación difícilmente estará dispuesto a arriesgar una parte del poco capital político del que dispone en apoyar un proyecto minero, lo opuesto ocurre en el caso de Vizcarra el cual puede arriesgar parte de su capital político con consecuencias que no le serán críticas.

Por otro lado, si bien el presidente ha construido una poderosa coalición que sostiene su alta popularidad esta coalición no se encuentra cohesionada de manera sólida con el presidente sino más bien por la existencia de enemigos comunes y el deseo de acceso a recursos públicos.

El presidente no se sostiene en un aparato partidario, un alineamiento ideológico o un liderazgo político carismático. Más bien, el presidente tiene como pilar de su capital político a un conjunto de actores (como la prensa, ONGs, gobernadores regionales, una izquierda no hostil, sectores de la judicatura) que no le responden jerárquicamente. Por ello un conflicto social prolongado implica para el presidente el incurrir en el riesgo de que parte su coalición actual, en especial la ideológicamente más a la izquierda, pase a la oposición en caso el presidente polarice contra una resistencia social sistemática.

En el caso del Ollanta Humala el conflicto Conga llevó a la pérdida de múltiples aliados, a la caída de dos Primeros Ministros y a una amplia caída en la aprobación presidencial. Para un presidente sin bancada y sin partido, como Vizcarra, participar en un conflicto a gran escala podría implicar correr un alto riesgo político.

En caso se de un escenario de nuevas elecciones congresales ello disminuiría la disposición del ejecutivo a asumir costos políticos por apoyar a la minería. Ello sería así por que el gobierno requeriría de salvaguardar al máximo su aprobación popular con el fin de obtener un parlamento con una composición favorable. Un conflicto social a larga escala implicaría posibles pérdidas de aprobación presidencial y alienarse regiones enteras contra el gobierno central, esto es un fuerte desincentivo a que un gobierno apoye un proyecto minero con alta resistencia social.

Los Gobiernos Regionales y las Alcaldías:

Las elecciones de octubre y diciembre del 2019 llevaron a la victoria de múltiples autoridades con discursos hostiles a la inversión privada y a la inversión minera en particular, lo cual es sin duda un factor de riesgo relevante para las empresas mineras. Los gobiernos regionales y los alcaldes disponen de recursos económicos, comunicacionales y de representatividad política que pueden ser desplegadas en acciones hostiles al sector extractivo. En algunas regiones mineras las nuevas autoridades electas afectan de manera clara la correlación de fuerzas en favor de los anti-mineros.

Las victorias electorales de Zenón Cueva en Moquegua, Walter Aduviri en Puno, Elmer Cáceres en Arequipa, y Vladimir Cerrón en Junín implican el ascenso de gobernadores regionales que han incorporado en mayor o menor grado el discurso anti-minero dentro de su proyecto político. El nivel de hostilidad que manifiesten hacia el sector minero se verá influenciado por el sistema de incentivos políticos y económicos que se deriven de su accionar. Las posturas del Gobierno Nacional respecto a la minería influenciarán en forma significativa ese sistema de incentivos.

Aquellos gobernadores regionales que tengan intenciones presidenciales se verán inclinados a asumir una actitud más hostil hacia la minería puesto que la confrontación anti-minera y frente al gobierno central resultan mecanismos útiles de posicionamiento político a escala nacional y facilitan la formación de un liderazgo de tipo “contestatario” lo que puede resultar crítico si se desea ser un candidato presidencial dentro del espacio político antisistema.

El tratamiento que reciba un gobernador por parte de la prensa nacional también resulta importante, mientras mayor y más afín la cobertura de un gobernador conflictivo, este considerara que su conducta le genera el posicionamiento deseado.

En este contexto la conducta del gobierno central hacia los gobernadores regionales resulta ser sumamente importante, puesto que, si el gobierno central prioriza su alianza política con los gobiernos regionales por encima del impulso a la inversión privada, no se daría ningún grado de condicionalidad del acceso de recursos de los gobiernos regionales independientemente de si los mismos se encuentran destinados a facilitar o a hostilizar a la inversión minera, bajo estas condiciones el gobierno central renunciaría a infringir costos al activismo anti-minero apoyado con fondos públicos.

Sin embargo, la posición radical por sí misma no es suficiente para darle relevancia nacional a un gobernador regional. Vladimir Cerrón ha sido Presidente Regional de Junín en el pasado, su postura de extrema izquierda filo-castrista no le brindó un resultado electoral favorable cuando fue candidato a la presidencia y tuvo que retirarse de las elecciones del 2016 puesto que se mostró inviable mantener la inscripción electoral. Diferente fue el caso de Gregorio Santos quien desde la prisión consiguió más de un 4% a pesar de estar en la cárcel y mínimos recursos de campaña. La diferencia entre ambos casos se encuentra en que el primero no operó en una región con un movimiento social contestatario fuerte mientras que el segundo si. Un gobernador regional radical puede fortalecer y apoyar un movimiento social conflictivo y capitalizar políticamente sobre el mismo. Pero por otro lado un gobernador regional inclusive, si es radical, no puede generar un movimiento social hostil a pesar de los claros retornos políticos que esto le tendría. El caso reciente de Cajamarca lo ilustra. Gregorio Santos no logró reactivar el movimiento anti-minero que lo llevó al poder y su candidato (Porfirio) se quedó en el tercer lugar en las elecciones regionales.

El Congreso de la República:

El congreso está pasando por un proceso de reconfiguración de las bancadas producto de la crisis de Fuerza Popular. Se está pasando de un patrón de bloque dominante a uno disperso en el que se tendrá un congreso con diversas facciones en alianzas coyunturales para la aprobación de legislación que sea de su interés. Esto representa un incremento en la capacidad de grupos congresales hostiles a la minería para avanzar su agenda ideológica. Ello sería así porque la necesidad de formar mayorías coyunturales implicaría llegar a acuerdos con los partidos anti-mineros (Como el Frente Amplio). Esos partidos podrán entonces negociar sus votos con otras fuerzas a cambio de la aprobación de leyes que forman parte de su proyecto de largo plazo.

El caso de la aprobación de la Ley de Cabeceras de Cuenca o el Acuerdo de Escazu nos señala la forma clara como, aún con una fracción del congreso, agrupaciones ideologizadas minoritarias pueden avanzar su agenda en un congreso en el que los sectores pro inversión son mayoría. Ello ocurre porque los sectores pro-inversión no dedican la misma importancia a esos temas y están dispuestos a facilitar el avance de la agenda anti-minera a cambio de votos útiles en las disputas de poder al interior del congreso. En un congreso atomizado como el que se viene las ocasiones para que se den negociaciones negativas se incrementan notablemente.

Por otro lado, la dinámica política actual implica un incremento notable en la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, por lo que posibles esfuerzos del Ejecutivo por impedir la emisión de esta clase de leyes podrían ser más efectivas.

La Judicatura:

El Poder Judicial afecta el desarrollo de la minería en la medida de que sea un garante de sus derechos de propiedad y castigue las acciones de violencia ligadas a la conflictividad social. En esa medida las acciones del Poder Judicial han mostrado severas deficiencias a lo largo de los años dándose una intensa impunidad para quienes han impulsado acciones violentas al interior de movilizaciones de protesta.

Además, los futuros cambios en el Poder Judicial posiblemente demorarán los procesos judiciales puesto que los magistrados necesitan tener más en claro las consecuencias de sus fallos sobre sus carreras en un Poder Judicial con una jerarquía renovada.

Conclusiones

El rol del Ejecutivo es crítico puesto que tiene capital político para invertir en el apoyo al sector minero tanto frente a conflictos sociales como frente al parlamento, también tiene mecanismos de influencia sobre los gobiernos regionales y sobre el poder judicial. Dependerá que la prioridad del Ejecutivo por el crecimiento económico sea considerada más importante que la popularidad que su postura pueda darle. 

Lamentablemente, hasta ahora no se ha dado ninguna instancia en que el presente gobierno demuestre estar dispuesto a poner en riesgo su capital político en favor del crecimiento económico, y menos en pro de la inversión minera. Observando su manejo en 2018, se puede afirmar que se tiene un gobierno con una baja propensión a poner en marcha proyectos mineros con conflictos sociales complejos.

Se enfrenta el riesgo de gobernadores regionales antisistema que tratan de posicionarse hacia el 2021 mediante la conflictividad. El éxito o fracaso de esos gobernadores antisistema dependerá de la condicionalidad presupuestal que el Ejecutivo presente a los gobiernos regionales y la presencia de movimientos sociales fuertes operando en la zona.

En el legislativo se puede esperar múltiples iniciativas de legislación que erosione el ambiente de negocios para la minería. En buena medida dependerá del Ejecutivo que dicha legislación pueda terminar siendo aprobada, o no. Mientras tanto, el Poder Judicial seguirá ofreciendo condiciones de impunidad a la violencia de los grupos anti-mineros, pero en plazos aún más dilatados que los actuales. Lampadia

Sorprendente, o tal vez no, entrevista a Verónika Mendoza en la revista Somos de El Comercio el pasado sábado 18 de abril, 2015. La parlamentaria continúa con su discurso anti-minero y anti-inversión con la misma estrategia que tuvo en el pasado.

Recordemos que Mendoza fue acusada de azuzar a los pobladores de Espinar en contra de la minera Xstrata Tintaya en junio del 2012. La entonces legisladora, de forma malintencionada, omitió, tergiversó y manipuló información afirmando que la población corría peligro de muerte por la contaminación que generaría el proyecto minero de Antapacay. (Información omitida por Somos). Luego de ser descubierta, se vio obligada a renunciar a Gana Perú. Ver en L: Tierra y Libertad conspira en Espinar.

Ahora retoma su discurso anterior, afirmando que “la realidad de nuestro país demuestra que donde ha habido mayor explotación de recursos naturales no necesariamente hubo mayor desarrollo humano, e incluso viene de la mano de corrupción y clientelaje”. Nuevamente, falso.

De acuerdo a cifras publicadas por el IPE en el último Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2015, las regiones mineras son las más competitivas del país, afirmando que la actividad minera es un factor que contribuye poderosamente a mejorar la competitividad. Por eso, entre las seis regionescon mayor INCORE (excluyendo Lima), son importantes productores mineros o energéticos desde hace décadas: Moquegua, Arequipa, Tacna, Madre de Dios y Cusco.

Cabe señalar que, para lograr un alto puntaje en el INCORE, se cuantifican 6 pilares importantes: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Por lo tanto, existe una relación directa entre la minería y la competitividad de las regiones.

Otro indicador que contradice la publicación de Somos, sobre la base de las distorsiones de Mendoza, es el IDH (Índice de Desarrollo Humano del PNUD), que demuestra que los distritos mineros tienen mejores niveles de IDH, como lo ha demostrado varias veces la revista “Minas y Petróleo”. 

Además, critica que  “se ha profundizado la lógica de poner por delante el crecimiento y las inversiones como fin, en lugar de entenderlas como herramientas para el bienestar social”. Es cierto que el fin del desarrollo económico y social no es el crecimiento, pero es el medio para lograrlo. (Ver en Lampadia: El Índice de Progreso Social y el PBI per cápita). En nuestro caso, es justamente el sector minero el medio para lograr el desarrollo integral. Es el que ha permitido multiplicar el presupuesto público por 2.5 veces en la última década, y ha permitido el alto crecimiento del país, además de reducción de la pobreza, la desigualdad, la mortalidad y la desnutrición infantil. Ver en (L): 90-90-90.

El crecimiento del Perú ya se detuvo, una estimación optimista de crecimiento para este año, es de solo 3.8%, además, el ingreso de capitales privados se ha reducido a la mitad y sigue cayendo. Ver en (L): Hay que prender el motor de la inversión privada.

No sigamos haciéndole caso a discursos intransigentes e ideologizados como los de Verónika Mendoza (promovida por Somos), quien ya ha demostrado no tener seriedad, legitimidad, ni capacidad de dialogo. Tenemos que centrarnos en retomar la viabilización de proyectos para poder reactivar rápidamente la economía del país. Lampadia