Rafael Venegas
Director Independiente de Empresas
Para Lampadia

Algunos que lo vivimos, pareciera que lo estamos olvidado. Otros que no lo vivieron, parece que no les han contado lo sucedido. Parece increíble que estemos retrocediendo y con claros signos de dirigirnos hacia el caos que se vivió en esas dos infames décadas.

En los 70s estuvimos bajo una dictadura militar de izquierda que, bajo el reino del terror y la represión, saquearon al país, confiscaron y nacionalizaron la propiedad privada y los servicios, implementaron nefastas reformas en el agro, la minería y la industria, tomaron los medios de comunicación, desaparecieron las reservas monetarias y nos sometieron al mayor endeudamiento de la historia. Este gobierno de facto estuvo asesorado por ideólogos de izquierda que dieron rienda suelta a sus equivocadas ideas socialistas sin límite. En 1978 la Junta militar decidió convocar a una asamblea constituyente que elaboró la constitución de 1979 (C79), que reemplazó a la de 1933.

En 1980 se regresó a la democracia con el gobierno de Fernando Belaunde que puso en marcha la C79. Su gobierno fue muy débil y a pesar de algunas mejoras democráticas, no fue capaz de resolver las dificultades económicas. Tampoco logró solucionar los problemas sociales que se presentaron, incluyendo permanentes huelgas y protestas callejeras que fueron caldo de cultivo para el nacimiento de grupos terroristas en el interior del país y que pocos años después estuvieron cerca de tomar Lima.

La segunda parte de la década fue peor aún. Alan García presidió el peor gobierno del Perú del siglo XX. Se generó una terrible crisis económica hiperinflacionaria, nos convertimos en paria mundial por no pagar la deuda externa, al mismo tiempo que soportábamos el terrible proceso del sanguinario terrorismo que causó mas de 70,000 muertes y 15,000 desaparecidos. Todo esto bajo la C79.

En 1990 Alberto Fujimori asumió la presidencia. Un desconocido que tuvo la valentía de implementar un doloroso shock económico, que significo el inició de la recuperación económica del país. En 1992 disolvió el congreso y convocó a una asamblea constituyente, para cambiar la C79, por una constitución mas amplia y moderna. Esta se implementó en el 93 y está vigente hasta hoy. Bajo la C93 el país logró vencer al terrorismo, controló la inflación, regresó al mercado financiero internacional e inició un proceso de crecimiento económico que duró mas de 20 años ininterrumpidamente. Lamentablemente los últimos años de este gobierno estuvieron manchados por abusos y corrupción, que terminó con la vacancia del presidente.  

Todos sabemos que una de las tácticas mas utilizadas por las fuerzas agazapadas de la izquierda para conseguir sus objetivos, es aprovecharse de cualquier protesta callejera para infiltrarse y crear el caos. Si estas generan vandalismo, saqueos y muertes, mejor para ellos. Así es como lo han hecho siempre.

Una vez conseguido el caos, influyen en los protestantes para que intervengan en política exigiendo un cambio de la constitución. El ejemplo mas claro y cercano es el de Chile, donde acaban de pasar a esta etapa vía referéndum.

Esta estrategia es muy antigua y estuvo congelada por varios años debido a la derrota que sufrieron los propulsores del modelo socialista, tras la caída del muro de Berlín en 1989. Esto generó una muy rápida y exitosa expansión del modelo de economía de mercado en casi todo el mundo.

Sin embargo, después de casi 30 años este sistema que ha generado grandes resultados económicos en casi todo el mundo ha comenzado a desgastarse rápidamente como sucede con cualquier equipo o sistema, cuando no son debidamente actualizados y mantenidos.

A pesar de que existen algunos intentos para socializar y modernizar el sistema actual (Programas de Sostenibilidad, ESG, Capitalismo Consciente entre otros), el proceso es muy lento debido a la inercia y al rechazo al cambio, especialmente de las naciones y corporaciones mas grandes del mundo.

Esta situación ha generado el despertar de los movimientos de la izquierda internacional que, aprovechándose de ella están volviendo a la carga con sus ideas trasnochadas y obsoletas y con tácticas como las descritas.

En Latinoamérica esto se está dando más rápido dado que existe un mayor porcentaje de pobreza y una mayor brecha de desigualdad. Aparte de Cuba, hay varios países que ya son gobernados por estas ideologías, como Venezuela, Nicaragua, Argentina y Bolivia. Los siguientes en su lista son los cuatro países de la Alianza del Pacífico, que han sido los que mejor aprovecharon la economía de libre mercado.

En México se ha elegido presidente al político de izquierda Andrés Manuel López Obrador recientemente y en Chile se acaba de aprobar el cambio de constitución vía referéndum. Siguen Perú y Colombia.

En nuestro caso luego de gozar de un espectacular periodo de crecimiento sostenido y una reducción de la pobreza por mas de veinte años basados en la C93, nos hemos hecho el harakiri debido a una tremenda crisis moral y política. Esto ha originado una gran indignación de la ciudadanía que se volcó a las calles recientemente en grandes protestas callejeras. De esto se han aprovechado los infiltrados izquierdistas para poner en la palestra el tema del cambio de la constitución. ¿Que casualidad no?

Obviamente quieren cambiar la constitución para adecuarla a sus ideas, sobretodo en el capítulo económico. Esto porque no creen en la economía de libre mercado, ni en la propiedad privada y propugnan el monopolio estatal de empresas y servicios, así como el uso indiscriminado de los recursos del estado, incluyendo la irresponsable emisión sin control.

Con la C79 se pasó de un PBI anual de $18 mil millones en 1980 a $36 mil millones en 1992, es decir un crecimiento de solo $1500 millones por año. Mientras que con la C93 la economía creció por mas de 20 años consecutivos, pasando de un PBI anual de $36 mil millones en 1992 a uno de $227 mil millones en el 2019. Un crecimiento de mas de $7,300 millones por año. Casi cinco veces mayor.

En cuanto al índice de pobreza, la C79 dejó al país con un índice de pobreza del 56.8% en el año 1993. Mientras que con la C93 el índice de pobreza se redujo a 20.5% en el 2019. Mas de 6.5 millones de personas dejaron de ser pobres.

En el frente externo con la C79 las exportaciones crecieron de $1,700 millones en 1979 a $3,500 en 1992, es decir solo $150 millones por año. Mientras que con la C93 crecieron de $3,500 millones en 1992 a $47,700 millones en el 2019, es decir $1,700 millones por año. Mas de once veces mayor. Gran diferencia en un frente que es además fuente de divisas y de puestos de trabajo.

Por último, en lo macroeconómico la deuda externa se redujo significativamente de 60% del PBI en 1993, a menos del 30% en el 2019 y las Reservas Internacionales Netas aumentaron de $2 mil millones en 1993 a $68.3 mil millones en el 2019, ubicándonos como el mejor país de la región en este frente. Esto fue posible debido al manejo totalmente autónomo del Banco Central, tal como lo precisa la C93.

Estos resultados demuestran que el Régimen Económico (Título III) de la C93 es el factor principal del extraordinario resultado macroeconómico y de la solidez monetaria y fiscal de nuestro país. Estoy seguro de que la mayoría de los jóvenes que ahora exigen el cambio de constitución no conocen estos índices, que demuestran contundentemente la bondad de la C93 en el capitulo económico.

También parece que la mayoría de quienes demandan el cambio total de la constitución no la han leído, porque si lo hubieran hecho sabrían que basta con hacerle algunos ajustes o reformas, especialmente en el Título IV de la Estructura del Estado que ciertamente lo necesita.

Por eso debemos ser conscientes y no dejarnos llevar por estrategias obsoletas de los que quieren cambiar el régimen económico de la constitución, para no reconocer la propiedad privada, ni el contrato entre privados, ni la inversión extranjera, ni la autonomía del Banco Central, entre otros. Es decir, eliminar todo lo que le a dado grandes resultados al país, para volver a normativas que han fracasado contundentemente. Esto, además de perder mucho tiempo y dinero para mantener otro ente burocrático como la Asamblea Constituyente.

Cambio total de ninguna manera, modificación del Régimen Económico tampoco. Si son bienvenidas las reformas que sean necesarias en los otros capítulos y vía los mecanismos provistos en la misma constitución.

¡No perdamos mas tiempo y de ninguna manera permitamos que nos hagan regresar al caos de los 70s y 80s!

Rafael Rey Rey
Ex congresista y ministro
Para Lampadia

Agosto de 1993. Habíamos terminado de aprobar el capítulo del régimen económico de la Constitución. Los debates habían sido especialmente intensos tanto en la Comisión Constitución como en el pleno.

Quienes defendían las ideas socialistas de las que estaba impregnada la Constitución del 79, sea por razones ideológicas sea por razones sentimentales, se habían opuesto a casi todos los artículos del capítulo.

Quienes queríamos, en cambio, que se le diera al país la oportunidad de experimentar los beneficios de una economía de mercado estábamos satisfechos. Habíamos conseguido introducir en el texto constitucional varios “candados” que impedirían que los futuros gobiernos cometieran los errores del pasado, que llevaron al Perú a la ruina económica y a la miseria social.

En el articulado aprobado estaban garantizadas expresamente, por ejemplo,

• la libre competencia,
• la libertad de empresa,
• la libertad de precios,
• la libertad de cambio,
• tenencia y disposición de moneda extranjera
• y la libertad de contratar.

Igualmente estaba garantizada la igualdad de tratamiento legal y tributario al capital nacional y extranjero, así como a la actividad empresarial privada y estatal. Esta última, además, solo posible de ejercerse de manera subsidiaria, autorizada por ley expresa y por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

Así mismo estaba garantizado el derecho inviolable de propiedad y ésta sujeta a expropiación sólo por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada.

Finalmente, habíamos asegurado la independencia y autonomía del Banco Central de Reserva, responsable de la estabilidad monetaria.

A los constituyentes de Renovación Nacional, nos parecía particularmente importante el texto del artículo que consagraba no solo la libertad de contratación sino el carácter sagrado de los contratos cuyos términos podían ser modificados exclusivamente por acuerdo de las partes y en cuya redacción habíamos participado en forma muy activa. El artículo sexagésimo segundo del texto constitucional que a la letra dice:

“Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.”

De pronto el doctor Manuel de la Puente y Lavalle, publicó un artículo en El Comercio en el que venía a insinuar o afirmar que se nos había pasado la mano. Que no podíamos negar la posibilidad de que, en circunstancias especiales, se pudieran expedir leyes u otras disposiciones que modificaran los contratos entre el Estado y privados y entre privados.

Pocos días después Carlos Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, nos citó a Lourdes Flores Nano y al suscrito a la oficina del presidente del Congreso Jaime Yoshiyama. Nos explicó que, por las “razones” esgrimidas por el doctor de la Puente y compartidas por otros, querían modificar la redacción del mencionado artículo. Pero como éste ya había sido aprobado en el pleno del Congreso, en realidad se trataba de una reconsideración que para ser aprobada necesitaban los votos de dos tercios del número legal de congresistas. Es decir 54 votos. La mayoría Fujimorista requería pues del voto de las bancadas de Renovación Nacional (RN) y del Partido Popular Cristiano (PPC).

Discutimos unos minutos. Lourdes Flores terminó por ofrecerle los votos del PPC para la reconsideración. Yo me negué. Sostuve entonces lo mismo que luego sostuvimos en el pleno. Que, con esa modificación, eliminábamos la santidad de los contratos y afectábamos gravemente la seguridad jurídica que queríamos transmitir con la nueva Constitución. Que, tal como estaba aprobado, ese artículo era uno de los más importantes y probablemente uno de los que mejor hablaría de la seriedad que el Perú quería transmitir a los inversionistas. Y que para la modificación que pensaban proponer no contarían con los votos de RN.

Poco después, el fujimorismo presentó ante el pleno la nueva redacción que proponían. Se originó un nuevo debate. Los de RN nos opusimos. En resumen, dejamos constancia de que la redacción que se proponía no solo era una modificación del artículo originalmente aprobado, sino que era su contrario. La seguridad contractual afirmada en las primeras líneas quedaba eliminada por completo en las siguientes. Se pretendía establecer que ‘por razones comprobadas de utilidad moral, de calamidad pública, de seguridad y orden interno -es decir, por cualquier razón- se podían expedir leyes u otras disposiciones que modificaran los términos contractuales.’ Así había sucedido en el Perú, “por ejemplo, con la bautizada como ‘ley del inquilinato’. La ley congeló los alquileres y se paralizó la construcción de viviendas.” [1]

La reconsideración fracasó al faltarle a la mayoría los votos de la bancada de Renovación Nacional. Y el artículo quedó tal como estaba y como continúa estando en el texto constitucional. Lampadia

La reducción de la pobreza monetaria sin el cambio constitucional de 1993 habría sido más lenta. Se requiere avanzar en reformas para continuar creciendo.

Si bien se llevaron a cabo reformas estructurales desde el inicio de la década de los noventa, la Constitución de 1993 sentó las bases para el nuevo sistema económico. (Foto: Archivo GEC)

El Comercio, 05 de enero de 2020
(Informe El Comercio / IPE)

Las reformas económicas que inició el Perú en la década de 1990 –algunas de ellas consignadas en la Constitución de 1993– han sido seguidas de un crecimiento económico extraordinario basado en la estabilidad macroeconómica, la limitación de la actividad empresarial del Estado, la promoción de la inversión privada y de la competencia, y el desarrollo de las exportaciones.

Mientras que el crecimiento promedio anual del Perú entre 1975 y 1993 fue de apenas 0,7%, el más bajo de Sudamérica, desde 1994 hasta el 2018 el país lideró la región con un crecimiento promedio de 4,9%.

Sin embargo, la convulsión política y social que se vive en otros países latinoamericanos –en particular en Chile– ha abierto nuevamente el debate sobre la naturaleza del régimen económico peruano y sus resultados. A tres semanas de las elecciones legislativas extraordinarias 2020, vale la pena revisar algunos de sus alcances.

En este contexto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha estimado un escenario alternativo, teórico, de crecimiento para el Perú en el cual las reformas estructurales de los noventa no se hubieran implementado. Los resultados apuntan a que el marco económico moderno ha permitido un mayor avance en términos de riqueza promedio de los peruanos y reducción de la pobreza monetaria del que se hubiera logrado si continuaba con el modelo económico previo.

¿QUÉ MODIFICACIONES SE HICIERON EN 1993?

Si bien se llevaron a cabo reformas estructurales desde el inicio de la década de los noventa –la eliminación de controles de precios y simplificación tributaria y arancelaria, por ejemplo–, la Constitución de 1993 sentó las bases para el nuevo sistema económico.

Los principios generales del régimen económico actual respaldan la libertad empresarial, la libre competencia y la libertad de contratación como pilares del funcionamiento de la economía. Además, el artículo 60 establece que el Estado solo puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, a diferencia de la Constitución de 1979 que permitía con más holgura la actividad empresarial del Estado.

Para promover la estabilidad macroeconómica, el artículo 84 estableció la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), lo que se tradujo en la prohibición de que la autoridad monetaria sea fuente de financiamiento del Gobierno, como lo había sido durante los años ochenta. Así, se definió que el propósito principal del BCRP es preservar la estabilidad monetaria y controlar la inflación. Otras reformas clave siguieron a partir de 1998.

UN PERÚ SIN REFORMAS

Para evaluar el impacto de estos cambios, el modelo genera un escenario alternativo sin reformas sobre el cual comparar. Un procedimiento para lograrlo es el método de control sintético (MCS), el cual construye este escenario –un “Perú sintético”– sobre la base de un promedio ponderado de países similares al Perú en sus características económicas antes de la Constitución de 1993. Por lo tanto, el impacto estimado será la diferencia entre los resultados del Perú real y el “Perú sintético”.

En este ejercicio, la medida de bienestar analizada es el PBI real per cápita. Entre 1975 y 1993, el nivel de riqueza promedio del Perú real y del control sintético fue muy similar, lo que apunta a que la comparación es adecuada.

Los resultados de la estimación muestran que el crecimiento promedio del PBI per cápita peruano luego del cambio constitucional (3,8%) fue casi 2 puntos porcentuales superior a lo que hubiera sido sin el cambio de modelo. Asimismo, entre 1994 y el 2016, el nivel de riqueza promedio por año de los peruanos fue casi 17% mayor al del Perú alternativo sin reformas.

Como una extensión a este impacto, se pueden inferir también los efectos que el régimen ha tenido sobre la reducción de la pobreza monetaria. Para ello, se estima una medida de elasticidad entre el crecimiento del PBI per cápita y la pobreza durante 1991 y 2016. Es decir, se calcula la relación entre la expansión de la economía y la caída de la pobreza. El ejercicio muestra que, si el PBI per cápita hubiese crecido al ritmo del Perú sintético, la reducción de la pobreza hubiese sido más lenta y se encontraría alrededor del 35%, cerca de 14 puntos porcentuales por encima de la cifra observada en los últimos años. La pobreza en el 2018 alcanzó al 20,5% de la población nacional.

AGENDA PENDIENTE

Continuar con la senda de crecimiento requiere un nuevo impulso de reformas, principalmente aquellas destinadas a incrementar la productividad. Según el BCRP, entre el 2016 y el 2020, la productividad del trabajo y capital tan solo contribuirá 0,2 puntos porcentuales al crecimiento promedio anual del período (3,6%), muy por detrás de la contribución de 2,4 puntos porcentuales entre el 2001 y el 2010. La agenda pendiente pasa por mejorar la calidad del sistema laboral, de la infraestructura, de la educación, de la gestión pública, y de la regulación estatal en general. Todo ello, sin embargo, se debe lograr cuidando lo ya avanzado.

Lampadia

Hoy queremos republicar la entrevista de Roberto Abusada sobre la evolución de nuestra economía, pues describe de manara muy gráfica el retroceso que se ha instalado en nuestro crecimiento y sus consecuencias.

“Se han dado alas a la gente que quiere cambiar lo único que mejoró al Perú: el régimen económico”

Entrevista a Roberto Abusada Salah, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
Gestión, 24 de setiembre de 2019

El economista sostiene que lo que realmente está impulsando el presidente Vizcarra, con su propuesta de adelanto de elecciones, es un salto al vacío de nuestra economía.

¿Qué está pasando con nuestra economía? Según el Gobierno, a pesar de todo, aún lideramos el crecimiento en Latinoamérica e incluso a nivel mundial estamos bien.

Con las economías más avanzadas, la comparación no es válida, porque economías emergentes, como la peruana, tienen ventajas como, por ejemplo, tecnología más avanzada que pueden adoptar y, sobre todo, por el bono demográfico que tenemos. Y respecto a nuestros vecinos, cuando Chile tenía nuestro ingreso per cápita crecía más rápido.

Si sumamos la fortaleza económica que tiene el Perú, más nuestro estadio de desarrollo (económico) deberíamos estar creciendo a 6% o más, y estamos creciendo alrededor del 2.5%.

¿Por qué ocurre eso?

Porque desde el 2013 el principal motor de la economía, la inversión privada, se cayó y la inversión pública ha sido incapaz de hacer una política contracíclica.

Eso se ve claramente en las tasas de crecimiento de ambas variables. ¿Cómo se explica ello?

Se explica porque el Gobierno tiene dos problemas: el Estado no está funcionando. Primero porque desde el 2004, digamos, la burocracia se ha vuelto más compleja, los trámites se han vuelto inmanejables y, además, hemos perdido control del territorio con la descentralización.

¿Es malo para el crecimiento de la economía la descentralización?

No, por el contrario, yo creo que la descentralización es muy positiva para el crecimiento, el problema es que no se han respetado las leyes de desarrollo constitucional del mandato de descentralizar.

¿Podría explicar este último punto?

En vez de hacer ese proceso como la ley manda, de manera gradual, certificando competencias a los gobiernos subnacionales, antes de entregarles las competencias, se les han dado estas sin lo primero. Pero eso no es problema de la ley de descentralización. La ley es muy buena, pero por puro populismo (el gobierno de) Toledo lanzó este proceso y (Alan) García culminó el desastre.

La consecuencia es que el Perú está funcionando ahora como un país desmembrado y caótico, porque, por un lado, los entes rectores nacionales (ministerios, organismos reguladores) no están cumpliendo su función, han abdicado de sus funciones por temor al poder regional, que es ilegal.

¿Por qué ilegal?

Porque los gobiernos regionales no tienen competencia sobre los recursos del subsuelo, o sobre la mediana ni gran minería, con el agua, entre otros. Y, sin embargo, disponen de ellos, pueden bloquear proyectos de inversión y eso frena el crecimiento de la economía.

Algunos afirman que son los factores externos los que han frenado el crecimiento de nuestra economía…

Evidentemente ha habido factores negativos en el ámbito internacional, pero el precio del cobre hoy día es más alto que cuando nuestra economía crecía 8%.

El problema es que el Estado no funciona y cuando se trata de crear las condiciones para generar riqueza, no solo abdica de sus funciones en su relación con los gobiernos regionales y locales, sino que cuando se relaciona con la inversión privada, todas las señales que da son para trabarla. Y a eso hay que sumarle la desconfianza, porque hoy día no se ve liderazgo, no se ve un norte.

¿Y desde cuándo tenemos este problema?

Hace ya un tiempo, pero yo diría que en los últimos cinco años ha empeorado.

¿Por qué?, ¿hemos perdido el rumbo, cuando en un momento se habló incluso del ‘milagro económico peruano’?

En primer lugar, todo se descarriló con (el Gobierno de) Humala, porque su mentalidad era estatista y producto de ello tenemos, por ejemplo, una refinería de Talara que tiene que importar todo lo que refina. Y si el argumento era el tema del sulfuro, la pregunta es por qué La Pampilla invirtió US$ 600 millones para solucionar ese problema, mientras que el Estado tendrá que invertir más de US$ 6,000 millones.

Y además está la desconfianza que generó toda esa mentalidad estatista de Humala. Luego tuvimos la elección de PPK y Fuerza Popular no pudo soportar perder la elección y empezó a poner problemas. Por su parte, PPK no pudo enfrentar eso, y en vez de dialogar –no tuvo un equipo que lo apoyara en eso– entró a la confrontación, y desde entonces el Perú está trabado políticamente, burocráticamente (trámites y regulaciones) y está atemorizado en toda su burocracia. Entonces, no tenemos Estado y en esas circunstancias hoy se añade el despropósito de llamar a adelanto de elecciones.

Pero se pensó que con la asunción de Vizcarra se habría entrado a un periodo de más tranquilidad. ¿Por qué cree que no ocurrió?

Porque no tiene el perfil y, segundo, porque no ha tenido un equipo. Vizcarra llegó y estaba buscando ministros y las personas que lo acompañan, salvo excepciones, no son idóneas para el puesto.

Pero esas personas están ahí porque ocuparon un espacio vacío. ¿Por qué gente más capaz no acompañó a Vizcarra?

Porque todo se había politizado y había mucho riesgo.

¿Entonces, lo que dice es que estas personas y grupos que rodean al presidente aprovecharon ese vacío?

El presidente Vizcarra está capturado básicamente por tres conceptos. Primero, porque cree que la política es todo; segundo, porque cree que la popularidad es un bien en sí mismo y no un medio para poder gobernar y, tercero, por hacer caso a ideologías obsoletas que ya demostraron que no funcionan.

Y lo más grave es que todo esto está sucediendo en un país como el Perú, que es el que mejor macroeconomía tiene en toda Latinoamérica.

No tendríamos que estar en este estancamiento…

No, hoy Argentina se debate entre una depresión, desempleo y pobreza masivos, y una hiperinflación galopante. En cambio, el Perú cuenta con reservas, es una economía abierta al mundo, tiene mercado, empresarios y acceso a los capitales mundiales. Entonces, es imperdonable que el Perú esté creciendo a 2.4% cuando el crecimiento del producto potencial hace ocho años era de 6% y hoy es 3.5% y ni siquiera vamos a crecer a esa tasa.

¿Qué variables están detrás de este magro crecimiento?

La caída de la inversión es una de ellas. La inversión total del Perú llegó a ser el 29% del PBI, es decir, casi niveles asiáticos. Y ahora está en 23%. Si ese 29% fuese el nivel de la inversión ahora y creciera 10% al año, contribuiría al crecimiento del PBI en 2.9 puntos porcentuales; solo esta variable, sin hablar del consumo, de las exportaciones. Y la caída se ve tanto en la inversión privada como en la pública.

¿Y por qué cae la inversión?

Porque hay absoluta desconfianza (en el inversionista privado); hay incapacidad para sacar adelante los proyectos de inversión minera, los megaproyectos. Por no atacar por cuerdas separadas la corrupción de Odebrecht y compañía se ha caído la inversión en grandes proyectos públicos. Sin embargo, por ejemplo, en el Metro de Quito, que lo ha hecho Odebrecht y otra empresa, que empezó después que la Línea 2 del Metro, ya terminó y ahora va a construir el segundo ramal.

En cambio, acá creen que atacando a las empresas peruanas ya solucionaron el problema, cuando en las regiones (las obras) están llenas de empresitas extranjeras supercorruptas.

Pero no solo se ha afectado la confianza de la inversión privada sino también el consumo privado.

Y esa variable es más importante porque pesa como 65% del PBI….

Así es, si algo negativo le pasa a esta variable se va a caer todo (el crecimiento del PBI). Ya empezó a caer, va a pasar de crecer a tasas mayores al 10% en el 2010, a 2.5% (en el segundo trimestre de este año). Entonces, no hay mucho misterio de por qué la economía peruana crece solo a 2.4% ahora. El Perú está sin gobernantes, sin burocracia (eficiente). Nadie está comprando casas, autos.

Y todo este panorama de postración económica se ve agravado más por el enfrentamiento político actual…

Es lo peor que puede ocurrir. Todo el mundo ya está hablando del fin del milagro económico peruano…

Y en este contexto surge el planteamiento del presidente Vizcarra de adelantar las elecciones generales. ¿Qué opinión general le merece?

Es el despropósito más grande que he visto en la historia política del país, que recuerdo. ¿Qué va a resolver? Nada.

El presidente Vizcarra ha dicho que es el único medio para sacar a la economía de su estancamiento…

Eso es totalmente falso. Lo que realmente está impulsando el presidente, quizás ingenuamente, es un salto al vacío. Como lo he dicho en una columna, junto con la forma pródiga en que se viene modificando la Constitución, las apresuradas elecciones que propone completan el escenario perfecto para el cambio negativo y definitivo: la abolición del régimen económico constitucional que terminó con aquel populismo peruano que robó tres décadas al progreso de la nación y acarreó la multiplicación de la pobreza.

Es lo peor que ha podido hacer el presidente, porque en primer lugar ha dado alas a la gente que quiere cambiar lo único que mejoro al Perú: el régimen económico.

Pero si se diera el escenario de elecciones adelantadas, ¿cómo ve ese proceso?

Primero, la pregunta es con qué reglas se daría. Sería con las mismas que rigieron las anteriores (las nuevas no regirían), excepto que se podrán formar partidos y se va a tener un número alto de estos (30 o 40) porque no habrá elecciones primarias. Es decir, más dispersión de partidos. Es una cosa de locos, más incertidumbre.

Y encima existe la posibilidad de que se cierre el Congreso, si no aprueban el adelanto de elecciones…

Mi predicción es que no van a cerrar el Congreso, que antes de eso, antes de planear el cierre del Congreso, van a renunciar el 90% de sus ministros porque ya sabemos lo que va a pasar (si acompañan ese cierre): van a ir a la cárcel. No va a cerrar el Congreso.

¿Y cómo va a quedar la economía en este escenario que usted prevé?

Va a quedar en una tranquila calma ‘chicha’ que va a atrasar al Perú más hasta el 2021.

En su opinión, ¿cuál es el impacto en la economía si se aprueba el adelanto de elecciones? El Gobierno dice que ninguno y que los que predicen efectos negativos, en realidad hablan del efecto de un golpe de Estado cuando no hay tal golpe…

Para empezar, las elecciones apresuradas aumentan la incertidumbre acerca de lo que va a suceder en el 2021. Es decir, no solamente ha parado las inversiones ahora, sino que ha aumentado el riesgo futuro de tener peores parlamentarios y de un presidente antisistema, de derecha o de izquierda, que va a ahuyentar las inversiones aun, más, y va a detener el crecimiento de la economía.

¿Qué aconsejaría al presidente Vizcarra para sacar a la economía de su estancamiento?

Primero, que sopese la crisis política que ha creado la clase política, porque no ha sido solo él, con el atraso que va a crear una economía peruana creciendo a solo 2.5% anual, ya que con ello habrá 100,000 empleos menos y 300,000 personas más lanzadas a la pobreza (cada año). Segundo, si tiene planes como el de infraestructura, que hable de eso. Y si tiene un plan político, que retorne a su idea de la bicameralidad.

Asumiendo que se opte por un camino de solución correcto, ¿en cuánto tiempo estima que la economía volvería a crecer a tasas de 6%?

Creo que ahora hay que sembrar las bases para empezar a crecer en el año del bicentenario a niveles de 4% y más. Y lo primero es terminar con la crisis política; segundo, arreglar los temas que están parando la inversión. Uno de ellos es el conflicto social, cuyas causas son sencillas: ausencia del Estado; falta de información adecuada a las comunidades, se le ha dejado campo libre a un movimiento antiminero chiquito.

Y los beneficios de la minería, el canon no ha sido gastado en lo que debería, ha sido malgastado. Además, solo en el 2018 los pagos de las mineras, distintos al Impuesto a la Renta, por regalías y por el gravamen especial, fue de S/ 2,100 millones, 6.5% de la recaudación total del Impuesto a la Renta.

Tendría también que anunciar una revalorización del proceso de regionalización que incluya certificación de competencias e incentivos muy fuertes para la conformación de macrorregiones (económicas).

Natale Amprimo
Para Lampadia 

La Constitución Política es una norma de ordenación del poder. Una suerte de protocolo de convivencia política, que fija los límites de los diversos actores que participan en la vida pública.

En el derecho público, a diferencia de lo que ocurre en el privado, lo no permitido es prohibido; ahí no juega la libertad de acción que tenemos las personas en nuestra vida cotidiana, y que se resume en el viejo aforismo “lo no prohibido es permitido”.

La Constitución establece los límites de la representación que el pueblo otorga a las autoridades que ejercen el poder de manera temporal.  Los elegidos no pueden salirse de ese corsé; pues ello sería como que un apoderado, autorizado solo para alquilar la casa de su representado, decidiese venderla, porque el precio ofrecido es muy bueno.

Lamentablemente, muchas veces los gobernantes no entienden esos límites, y en aras de lo que consideran el bien de la Nación, transgreden los topes que, a su representación, le fija la Constitución.

Cuando a Víctor Andrés Belaúnde, el maestro socialcristiano, le pidieron que describa el “poder”, dicen que lo hizo comparándolo con una orgía, pero sin orgasmo, porque el gobernante nunca se daba por satisfecho. 

Hay que recordar que Belaúnde, ya en 1931, en su obra “La Realidad Nacional”, señaló que el síntoma típico de nuestra crisis ha sido el “absolutismo presidencial”. Incluso, al día de hoy, como lo recuerdan César Ochoa y Baldo Kresalja, se ha exacerbado el presidencialismo de la Constitución histórica del Perú al extremo de llegar a un “presidencialismo hipertrófico”, que se caracteriza por una concentración de poderes legislativos proactivos y reactivos del Presidente de la República.[1]

Sobre el particular, Torres Arancibia lo desarrolla con nitidez, cuando señala: “Si el autoritarismo en el Perú ha encontrado campo fértil se debe en buena medida al absolutismo presidencial. En este punto no debe confundirse absolutismo presidencial con régimen dictatorial. El segundo es, como se sabe, un régimen de facto, cuyo origen espurio y principalmente por la fuerza, lo vuelve ilegítimo. El primero, por su parte –y para el caso peruano– está sustentado en la propia legislación. En otras palabras, en el Perú, la historia jurídica republicana ha fomentado siempre una figura presidencial fuerte, con mucho poder, casi omnímoda. Tal circunstancia llevó a decir a Víctor Andrés Belaunde en un célebre discurso dado en la Universidad de San Marcos en 1914 que ‘el presidente de la República es un virrey sin Monarca, sin Consejo de Indias, sin oidores y sin juicio de residencia’. Pero la afirmación de Belaunde se quedaba corta: ningún virrey del Perú tuvo tanto poder como un presidente peruano actual”.[2]

Lowenstein, el famoso constitucionalista alemán, en 1957 desarrollo la teoría de la “enigmática triada”, según la cual el hombre tiene tres incentivos fundamentales que dominan su vida en sociedad y rigen la totalidad de las relaciones humanas, y que de una manera misteriosa están unidos y entrelazados: el amor, la fe y el poder.

La historia, dice Lowenstein, muestra cómo el amor y la fe han contribuido a la felicidad del hombre, y cómo el poder a su miseria; y añade: hay algo común en estas tres fuerzas: el hombre puede sentirlas y experimentarlas, así como apreciar su efecto por sí mismo y su medio ambiente; pero lo que no llega es a conocer su íntima realidad, pues toda preparación lógica es insuficiente para penetrar en su esencia.  Por ello, el intento humano de querer comprender el amor, la fe y el poder tiene que quedar reducido a constatar y valorar sus manifestaciones, sus efectos y resultados.  Se podrá conocer cómo estas fuerzas operan, pero no se podrá captar lo que ellas son realmente”.[3]

Hago estas reflexiones previas pues, como lo he referido en algunas entrevistas brindadas a diversos medios de comunicación, percibo un panorama de confrontación que, penosamente, me recuerda el que vivimos –y pocos combatimos- previo al 5 de abril de 1992; en el que, todos los días, veíamos al presidente de entonces confrontando con el Congreso para capitalizar el descontento popular.

La única forma seria de salir adelante como país es fortaleciendo nuestras instituciones; y ello solo se logra si, más allá de nuestras conveniencias coyunturales, nos damos una suerte de “baño de legalidad”, o de “constitucionalidad” mejor dicho; lo que implica que se actúe respetando, y haciendo respetar ese código de convivencia y buenas costumbres que es la Constitución, aunque esa tarea sea a veces ingrata, dada lo encendidas que están las pasiones.

Es fácil caer en la tentación de hacer eco a los cánticos de la barra, inclusive más fácil aún es dirigir a un rebaño desorientado sobre la base de decirle lo que quiere escuchar, pero eso, más temprano que tarde, generará una nueva desilusión. De ahí mi crítica a lo que veo actualmente: una vez más pareciera que se sirve la mesa para que los radicalismos nos gobiernen. Se destruye lo construido, con todo el esfuerzo y sacrificio que ello significó, en aras de seguir acentuando el odio y la contradicción.

Veamos: Se plantea bicameralidad, sobre la base que el proceso legislativo requiere una mayor reflexión y pausa, y a la vez se levanta la voz porque no se aprueban las reformas en 40 días; o, se levanta como bandera la lucha contra la corrupción, pero en el proyecto de modificación se propone que para habilitar la acusación constitucional contra altos funcionarios se requerirá 2/3 de los votos del futuro Senado; entre otras contradicciones.

En el fondo, acaso no nos damos cuenta que lo que hay detrás de algunos, es generar el precedente para, vía un futuro proceso de reforma fast track, variar el régimen económico y volver a un Estado interventor de la economía, como el que teníamos antes de la Constitución de 1993.

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