Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras. Estas son de dos tipos: económicas y sociales. Las económicas permiten un mejor nivel de competitividad de las actividades productivas del país. Las sociales permiten el acceso de los pobres a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado. Ver la posición relativa de las infraestructuras peruanas con respecto al resto del mundo, en los siguientes dos gráficos.

El gremio empresarial vinculado a las empresas privadas de servicios públicos (AFIN), donde se agrupan una buena parte de las operadores de las infraestructuras, acaba de recalcular la brecha de infraestructuras del país, presentada en un estudio de la Universidad del Pacífico. El nuevo cálculo, ha diferencia de los anteriores incluye las infraestructuras sociales en salud y educación. La nueva brecha se ha calculado en US$ 160,000 millones hasta el 2025, con US$ 69,000 millones al 2020. Ver sus componentes:

Además de la brecha de infraestructuras, tenemos grandes dificultades en el desarrollo de los proyectos de inversión. Primero en cuanto a la demora entre las adjudicaciones y los cierres financieros de los contratos de APPs, como puede verse en el siguiente cuadro comparativo con otros países. Además, una vez finalizados los convenios, se dan mil dificultades para el inicio de las obras, tanto por trámites con otras agencias del Estado, como los municipios y por inmensas dilaciones en los procesos de expropiación que son parte de los proyectos.  

En cuanto al impacto de las infraestructuras entre los más pobres, el siguiente gráfico, del libro de Richard Webb, ‘Conexión y Despegue Rural’, muestra como el aumento de la conectividad rural, incide en la mejora de los jornales. Ver gráfico:

En cuanto al financiamiento de las infraestructuras en el Perú, hay que plantear las relaciones entre necesidades (brechas), ahorro y deuda pública. El Perú tiene reservas fiscales del orden de 15% del PBI y un nivel de deuda pública casi inexistente, 3.6% de deuda neta. En verdad es absurdo demorar el desarrollo de las infraestructuras que tienen un impacto económico y social tan importante, contando con amplias capacidades de financiamiento. Esta situación es solo producto de la falta de visión, capacidad de gestión e imaginación de las autoridades económicas del país.

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras ha quedado en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas, lamentablemente más en la teoría que en la práctica. Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes, con lo cual queda asegurada la calidad de los servicios en el tiempo y evitándose los desastres históricos en los que se rehacía las mismas obras varias veces por el típico abandono en su mantenimiento.

En su reciente presentación en el Congreso de Infraestructuras, el ex Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, ha criticado que se haya cambiado la regla de déficit fiscal que limitaba el crecimiento del gasto corriente y dejaba espacio para la inversión en infraestructuras. Desde su cambio, por parte del actual gobierno, se ha disparado el gasto corriente y no se ha sabido promover la inversión pública. Ver el siguiente gráfico:  

Carranza planteó además, la posibilidad desarrollar estructuras financieras que permitan adelantar los futuros recursos del canon y regalías de determinados proyectos, lo que permitiría acelerar los beneficios de los proyectos fortaleciendo el apoyo social. Ver la presentación de Carranza en el siguiente enlace: Política de Financiamiento de Inversiones en Infraestructura de Uso Público.

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta de Lampadia pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Lamentablemente, el gobierno de la inclusión ha dificultado las inversiones en infraestructuras, a veces por desconfianza en el sector privado (al que algunos consideran una suerte de fuerza de invasión extranjera) y otras por los absurdos procesos burocráticos que han crecido como frondosas hiedras. Probablemente, solo queda esperar que el próximo gobierno tenga la responsabilidad necesaria para priorizar adecuadamente y sin complejos, mejores acciones de gobierno. Lampadia  

El haber llevado a cabo una regionalización apresurada, irresponsable y politiquera viene representando un enorme costo social, político-institucional y económico al país.  Como hemos señalado “el gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García”. De alguna manera el actual gobierno se hace cómplice de este fenómeno básicamente por omisión (ver en Lampadia (L): La fragmentación política favorece ineficacia y corrupción). 

Anteriormente, hemos señalado que comportamientos disfuncionales como corrupción, gastos absurdos (piscinas, estadios, monumentos), autoritarismo (ver en L: Stalinismo en Cajamarca) se deben a un mal proceso de regionalización que, no contempló establecer los debidos “checks and balances”, en especial los referidos a rendición de cuentas y a la discrecionalidad absoluta de la que gozan. Tampoco consideró la elemental designación de segundas instancias para evitar que los (pésimamente denominados) presidentes regionales actúen como reyezuelos.

A eso se sumó el surgimiento de mafias dispuestas a capturar los gobiernos locales a sangre y fuego. Por eso los elevados atentados contra candidatos en las última elecciones. Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora, “la descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Para colmo de males, con esta debilidad institucional se les asignó inmenso recursos fiscales del canon, regalías y “aportes extraordinarios”, justo en un momento en que luego del apagón de treinta años la inversión privada llegó a las provincias (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Esta situación, como lo señalan diversos estudios es indeseable para la democracia y, puede ser una de las causas del autoritarismo subnacional. Como asegura el politólogo argentino de la universidad de Notre Dame, Carlos Gervasoni, las transferencias fiscales serían una especie de rentismo  (“las rentas entendidas como ingresos (generalmente elevados) percibidos a cambio de un pequeño esfuerzo productivo”). Estos montos convierten a los gobiernos subnacionales en rentistas y al producirse esta relación, por lo general, genera un autoritarismo latente.

Mediante un análisis estadístico para el período 1983-2003 en la argentina Gervasoni estableció una correlación negativa entre renta fiscal y democracia en las provincias de esta nación. De esta forma este politólogo concluye que, las excesivas transferencias que se realizan a determinadas provincias “contribuyen decisivamente al establecimiento de  regímenes subnacionales poco democráticos”. Si bien reconoce que el establecimiento de una democracia saludable se debe a diversas causas, queda claro que el bajo nivel democrático de muchos municipios y provincias y regiones latinoamericanas se debería a este fenómeno que denomina rentista.

Pero en el Perú, no solo ha generado esta situación que explicaría bien lo ocurrido en Áncash y Cajamarca, sino que ha impedido que se entienda que esos ingresos provienen de la inversión privada. De allí el inentendible grito de “canon sí, minería no”.

Si una autoridad regional cree que tiene derecho a seguir recibiendo ingentes fondos sin relación con ningún esfuerzo de su parte, termina asumiendo que no debe: dar cuentas, entender el verdadero origen de los fondos (canon y regalías de los impuestos de las inversiones privadas), usarlos a su libre albedrío para acrecentar su poder o imagen, no necesita de nada más, como promover más inversión privada y, finalmente, comportarse con respeto por lo ajeno y más bien, muchas veces, caen en la corrupción más descarada.

Felices con los recursos, que prácticamente “les caían del cielo”, poco les importó e importa a las autoridades locales esforzarse por atraer y contribuir a que la inversión privada se instale en sus jurisdicciones, por el contrario se han dedicado a obstaculizarla, ponerles gravámenes, trabas e incluso como en Cajamarca, financiar (con dinero público) la oposición a proyectos mineros. Es hora de repensar la regionalización. Lampadia 

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto logró que se apruebe una de las grandes reformas que seguramente convertirán a México en un líder del siglo XXI. El lunes 11 de agosto, Peña Nieto promulgó la reforma energética, con la cual se abolía uno de los más antiguos y poderosos monopolios estatales (PEMEX) y abría el sector petrolero y eléctrico a la inversión privada nacional y extranjera. “Logramos concretar las reformas que el país necesitaba para asegurar el bienestar de ésta y las futuras generaciones”,  señaló con satisfacción evidente. Así, tras casi año y medio de arduas negociaciones, debates y enfrentamientos políticos, finalmente vio la luz su reforma más audaz: la energética.

Este no es solo un cambio de corte económico. Es mucho más. Una transformación dramática en la forma en la que los mexicanos conciben y creen que debe funcionar el Estado. Y hasta, según varios entendidos, un asunto de identidad nacional.

La frase que mejor resume la importancia de este acto, es la del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000): “Ni en mis más salvajes sueños esperé ver los cambios constitucionales alcanzados”.

Ni Zedillo, ni su antecesor, Carlos Salinas de Gortari (quien firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el Canadá) osaron tocar a la poderosa y monopólica empresa petrolera estatal (PEMEX). Un monopolio que se había convertido en “símbolo” de la dignidad revolucionaria mexicana y que había postergado el desarrollo petrolero del país por 30 años.

La ineficiencia y corrupción son dos de los mayores lastres y que se expresan: en la forma en que ha caído la producción de barriles (26% entre el 2001 y el 2011 de 3.4 millones a 2.6), y en la inmensa deuda laboral y pensionaria (68 mil millones de euros, 12% de PBI mexicano). Además, acumula pérdidas de 2.7 dólares por barril que refina. Ver en Lampadia (L): Incentivos perversos de la burocracia. Este último link se refiere a un documento que se encuentra en la sección Presentaciones y Documentos de Lampadia, que es un power point que presentó Luis Pazos, economista y político mexicano, en el foro “América Latina: Oportunidades y desafíos”, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad – Lima, 21 de marzo del 2013. Esta presentación es muy ilustrativa del problema mexicano pero también de la imperiosa necesidad de contar con funcionarios públicos de primer nivel, aspecto que esperamos sea primera prioridad de la política peruana.

Como lo explicó a la BBC el periodista Alberto Najar, “durante casi 70 años los mexicanos aprendieron que la expropiación del petróleo decretada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas fue, después de la Revolución [de 1911], la mayor gesta heroica del siglo XX”. Lázaro Cárdenas, como se sabe, no es un presidente cualquiera, es una de las figuras constitutivas del PRI (Partido Revolucionario Institucional). Un intocable al que no se le puede criticar dentro de este partido, aunque su ideario ha sido fuertemente combatido por quienes deseaban modernizar el país. La reforma de Peña Nieto (líder de un renovado PRI), no es una más. Cierra un capítulo que ha durado 76 años.

Como ha señalado la revista Time (ver en L: La Nueva Misión de México): “Peña Nieto es un reformista nuevo y joven, prometió resultados audaces y tangibles a un país en gran medida resignado a la corrupción y la estasis. (…) el sector energético, manejado por el Estado, y el sistema tributario, (…)”. Él es miembro del partido que llevó  a México al borde de la ruina. Resucitó al PRI, que había perdido el poder después de 70 años, en manos de Vicente Fox (ex presidente de Coca Cola México), que tomó el control hace 14 años, pero no pudo hacer las reformas que ofreció, pues no logró control parlamentario.  

Los logros reformistas, y hasta revolucionarios, de Peña Nieto, se basan en los acuerdos políticos que logró con la oposición. En corto tiempo ha realizado reformas estructurales profundas y significativas en áreas clave: educación, telecomunicaciones, banca, tributos, políticas y, ahora, en energía y petróleo. Todas diseñadas para modernizar a México y convertirlo en un jugador global de primer orden.

La reforma le permitirá rápidamente a México empezar a producir el petróleo y la energía que necesita. Como señala El País “es una invitación a la inversión extranjera (…). [México] que cuenta con reservas  (3P = probadas, probables y posibles) de 44,530 millones de barriles, la decimocuarta nación con más crudo en el mundo. El mayor tesoro energético, el 52% del crudo, se hallaría en la parte profunda del golfo de México. (…) Cuando comience la explotación el esquema que entra en vigor será el de  regalías, un canon variable que oscilará con el precio de los hidrocarburos. Si el barril de crudo se encuentra por debajo de los 48 dólares, la regalía será del 7.5% del total. (…)”. Para precios superiores, según la opinión de varios analistas, las regalías suben al extremo de que algunos las consideran desincentivadoras.

Como de la reforma educativa Mexicana, el Perú tiene muchas lecciones que sacar de esta transformación (ver en L:  Educación: el ejemplo mexicano  e India, México y Colombia apuntan al futuro del nuevo mundo – La visión de país y reformas que el Perú necesita).

Mientras gran parte de los países del mundo, liderados por el Asia, pero seguidos por países como Polonia (ver en L: Polonia la nueva estrella europea), y más cerca nuestro Colombia y México apuestan por el desarrollo y bienestar de sus poblaciones, adoptando las mejores prácticas de gobierno, imitando y copiando las normas más modernas, alejándose de la ideología como fuente del desarrollo de políticas, rompiendo los mitos más acendrados; el Perú, que acaba de tener una milagrosa recuperación de 20 años en la que logramos salir del sétimo círculo del infierno, sigue contaminado por ideas del pasado y una filosofía política castrante y retardataria.

Por ejemplo, en educación, nos hemos acomodado con un sindicato monopólico como el Sutep, cuyo proyecto es la “lucha de clases” y no el magisterio. Basados en los mitos más torpes, hemos despreciado la inversión minera que nos ayudó a dar un salto socio-económico admirado en todo el mundo, y mantenemos los servicios de agua y desagüe en manos del Estado, arriesgando a toda nuestra población, desperdiciando el 40% del agua y, cargando a los pobres costos que multiplican por décuplos el que pagan los pobladores de más recursos.

Nuestro gobierno parece querer ubicarse en el camino de salida, pero todavía le quedan dos años, ¿se animarán por lo menos a convertir a Sedapal en un pool de concesiones que nos permita alcanzar un mejor servicio, mayor calidad y seguridad, con alcance pleno, costos uniformes y una buena supervisión del Estado? ¡Hagan algo, por favor, no podemos regresar a la cola de Latinoamérica nuevamente! Lampadia