1

Lo perfecto es enemigo de lo bueno

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Este es en realidad un viejo dicho, pero definitivamente encierra una tremenda sabiduría popular.

Nos encontramos nuevamente en una de esas crisis política y social, a las que parece que ya nos estamos acostumbrando. En estos últimos cinco años, hemos tenido cinco presidentes, tres congresos y en menos de un año y medio, 100 ministros. Todo un récord digno de un país subsahariano. Otra vez, nos estamos viendo obligados a recortar el mandato presidencial y congresal, pero en medio de un conjunto de normas políticas y reglas electorales “construidas” por el enemigo.

Las reglas de la democracia indican, que la Constitución y el marco legal bajo el que se elige a las autoridades se respeta absolutamente. Que los electores, al votar, asumen una alta responsabilidad de las consecuencias de su voto. Por lo tanto, está implícito y claro que, si eliges un mal gobierno, tendrás que asumir las consecuencias de tu mala elección. De otra manera, nunca asumirán responsabilidades, ni madurará la ciudadanía.

En el Perú, desde que se instauró la revocatoria de los alcaldes, regidores municipales y gobernadores y concejales regionales, se dio rienda suelta a una cultura chicha y se inició el deporte de la revocatoria y vacancia de estos, a manos y por iniciativa de los que perdieron la elección. Esta mala cultura/costumbre de los niveles subnacionales, lamentablemente se está trasladando a nivel presidencial mediante un proceso de vacancia que, en mi concepto, debiera ser reemplazado por un “impeachment”, gatillado por una falta grave del presidente. Pero para que esto sea manejado razonablemente y sin apelar a un comportamiento de “barra brava”, por parte de los “vacadores”, debiéramos contar con dos cámaras: una acusadora, que sería la cámara política o de diputados y otra que evalúe la falta y tome la decisión, que sería el Senado.

Este solo cambio, obliga a que se promueva una carrera política y se pueda actuar con mayor serenidad y reflexión. Por eso se hace indispensable regresar a la reelección indefinida de los congresistas, teniendo en cuenta que eso obligaría a que:

  • Los congresistas tengan un mejor comportamiento si aspiran a su reelección.
  • Para que sientan su permanente evaluación, el 50% se debe renovar a los 2.5 años.

Debemos tener en cuenta que históricamente, se reelige sólo de 15 a 20% de los congresistas, eliminando al resto.

Sería ideal incorporar muchos cambios constitucionales, para corregir los errores cometidos y los daños políticos infligidos durante los últimos años, a base de populismo. Es claro que los cambios se encaminaron a destruir los partidos políticos y, con ellos, la democracia. Pero lo importante, ante la presión por elecciones anticipadas, es promover el mínimo de cambios constitucionales y tratar de corregir los problemas con cambios legales o reglamentarios.

Por ejemplo, para que los partidos políticos asuman responsabilidades en la selección de sus candidatos y, de otro lado, asegurar el comportamiento político de los congresistas, debiera modificarse el reglamento del Congreso y aplicar el principio de “la silla vacía”. Esto significa que, si un congresista abandona la bancada en la que resultó elegido, este deje de ser congresista y el partido no tenga derecho a reemplazarlo por un accesitario. Estoy seguro que siendo así, pasarán por un buen tamiz a sus candidatos. Obviamente, esto pasa también por eliminar el voto preferencial, pues sólo así el partido puede hacerse responsable de los candidatos que puedan llevar en sus listas, con posibilidades de ser elegidos.

Otro elemento que puede corregirse sin modificación constitucional, es el referido al financiamiento de los partidos políticos. Hoy en día, teniendo en el Perú una economía altamente informal e ilegal, se ha eliminado -para fines prácticos- el financiamiento privado de las empresas a los partidos, dejando así, la cancha libre y desnivelada en favor del financiamiento proveniente de todas las actividades ilegales. Eso explica claramente el por qué hemos tenido un presidente como Castillo, congresistas y autoridades regionales y municipales que van llegando a esos cargos, sin que se pueda competir de igual a igual con ellos en ese campo. Obviamente, la inmensa mayoría, ligados a la extracción ilegal de minerales, trata de personas, tráfico de drogas, tala ilegal, extorsión y contrabando, entre otros.

En paralelo, debemos hacer un esfuerzo genuino por “peruanizar” nuestras fronteras, fomentar la presencia activa del Estado en esas zonas es fundamental. Lamentablemente, hoy en día, esta ausencia está acercando nuestras poblaciones y su conexión educativa, de salud y económica a vecinos como Bolivia, Brasil y Colombia. Por ejemplo, la pertenencia étnica transfronteriza, trae como consecuencia una influencia política y cultural que conecta a nuestros ciudadanos, mediante lazos familiares, amicales y comerciales, con gobiernos y movimientos políticos extranjeros, como el MAS de Bolivia, que se irradia desde Puno a Moquegua, Tacna, Arequipa, parte de Cusco y Apurímac.

Lo que observamos hoy, es el resultado de una inercia de muchos años, en que hemos estado de espaldas a la sierra, la selva y hemos abandonando la educación. Ahora eso nos está estallando en la cara, con un reclamo popular de nueva Constitución, promovido por la izquierda radical. ¿Las universidades han fomentado si quiera el estudio y debate académico de nuestra Constitución? La respuesta es que NO, lo cual es vergonzoso y esta es la consecuencia.

La pregunta es ¿estamos listos, sectores público y privado, para dar la batalla cultural y “peruanizar” nuestras fronteras y nuestra educación.

Creo que esta es una de nuestras últimas oportunidades para trabajar en recomponer el tejido social del Perú y, para esto, debemos despojarnos de egoísmos y trabajar urgentemente en un frente democrático y republicano, formado en cabeza de alguno de los partidos existentes, agrupar a los líderes, actores políticos y técnicos comprometidos con el objetivo y dar la batalla.

Debemos prepararnos para unas muy prontas elecciones, incluso simplificando procesos, y para eso, debemos tener visión, objetivos, metas, plazos y estrategias.

Recordemos que: “Lo perfecto es enemigo de lo bueno” y los tiempos no ayudan. Lampadia




Prensa, hazte una

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Acabamos de vivir un episodio histórico que, no sólo nos ha quitado una pesadilla de 16 meses con Pedro Castillo en el gobierno, sino que ha dejado algunos mensajes muy claros a la ciudadanía. El 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, los muñecos y la presión del titiritero de palacio de gobierno, Aníbal Torres, le ganaron a Castillo, quien se lanzó a dar su mensaje de disolución del Congreso, con lo cual, se nos hizo el milagro. Se adelantó a una votación vespertina del congreso, que no necesariamente le hubiera resultado adversa, pero que lo llevó a quebrantar el artículo constitucional que lo conducía a la vacancia como por un tubo. Y así fue.

Lo más importante de la jornada, fue verificar lo bien que funcionaron las instituciones. Ya habíamos comentado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se subordinan a la Constitución y no a los individuos que ocupan algunos cargos. Pero comprobar que nuestras instituciones funcionaron impecablemente, le dará un claro mensaje a quienes sueñan con el “golpe de Estado propio” o con ejercer el gobierno con algún sesgo autoritario, del costo de tal conducta.

Debe alegrarnos que la prensa seria haya resaltado este hecho, refiriéndose también a la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, entre otros. Pero también inquieta ver cómo, a la primera que pudieron, le dieron cámara y micrófono a los impresentables de siempre, que callaron en todos los idiomas durante estos meses, a pesar de los claros actos delictivos de Castillo y su gavilla de delincuentes. Ya salió Marisa Glave en TV y comentó Verónika Mendoza, entre otros, gente sin ninguna autoridad moral para pretender dar lecciones de política y moral.

Lo importante ahora y mirando hacia adelante, es que la prensa asuma su responsabilidad educativa frente a la ciudadanía. Y aquí creo que le tocan tareas como:

  • Resaltar y hacerle ver a la población, que se respetó escrupulosamente la constitución.
  • Que las instituciones antes mencionadas cumplieron su rol a cabalidad y que eso es una garantía para el Perú.
  • Que ahora tenemos un gobierno remendado, sin vicepresidente y que así, no puede pretender llegar al 28 de julio de 2026.
  • Que tenemos pendiente algunas reformas políticas y constitucionales.

Ciertamente, la presidente tiene que asumir, que su rol es temporal y que su misión es administrar el Estado, mientras se realicen las correcciones necesarias a nuestro sistema político. Entretanto, ella y la prensa deben educar y hacer ver que lo fundamental es:

  • Que hagamos en primera instancia, el inmediato desafuero de los actuales parlamentarios involucrados en actos de corrupción y venta de sus voluntades políticas.
  • Que se impida la creación de bancadas parlamentarias, distintas a las que se hayan constituido al obtener la votación mínima requerida, como agrupación política.
  • Que incluyamos la corrupción como causal de vacancia presidencial.
  • Que los sentenciados por delitos en agravio del Estado, asesinato o terrorismo, queden inhabilitados de por vida para ejercer función pública.
  • Crear el Senado.
  • Que los congresistas tengan la posibilidad de ser reelegidos de manera indefinida, pero que su elección sea por períodos de dos años y medio.
  • Que los diputados sean elegidos por distrito uninominal.
  • Que una sentencia condenatoria en primera instancia, sea impedimento para ser candidato a cualquier cargo público.
  • Que se reemplace a los actuales presidentes de: JNE, ONPE y RENIEC.
  • Que se establezca un sistema de votación y registro, que permita contar con todos los elementos, para una auditoría efectiva de los votos de cada mesa para las elecciones.

Sólo con estas reformas y cambios ejecutados, en un plazo que no debe exceder los 9 meses a partir de la fecha, se debe convocar a elecciones generales bajo estas nuevas reglas. Esto nos pone en condiciones de contar con un nuevo gobierno y parlamento para julio de 2024.

Aquí aparece el rol educativo que la prensa debe jugar en nuestra sociedad, enseñando “con manzanitas” a los electores y a la juventud:

  1. La importancia de respetar nuestra constitución.
  2. La conveniencia de establecer esta reforma política.
  3. El por qué no se debe atomizar el número de bancadas y el daño que ese proceso ha generado a nuestra gobernabilidad en el pasado reciente.
  4. La importancia de eliminar la corrupción en todas las instancias de gobierno y el parlamento.
  5. La importancia de impedir que los delincuentes se incorporen a la política. (vi) La conveniencia de contar con un Senado y para qué sirve.
  6. Cuál es la conveniencia de elegir diputados por distrito uninominal.
  7. Por qué es importante la posibilidad de reelección de los congresistas y la conveniencia de que puedan hacer una carrera política.

Finalmente, pero tan importante como todo lo detallado, es una campaña de valores para niños, jóvenes y adultos, pues lo vivido en las últimas décadas y específicamente en este último año y medio, ha sido una galería de antivalores, que debe ser absolutamente erradicado y corregido. Lo más grave ha sido que con tantos y tan masivos actos de corrupción, esa conducta se está normalizando en nuestra sociedad.

La prensa hablada, escrita y televisada, al igual que quienes se manejan en las redes sociales, tienen la gran responsabilidad de hacerle ver a la presidente Boluarte, que la misión de su jornada hasta el 28 de julio de 2024 (y no me estoy confundiendo), es que tengamos unas elecciones claras y transparentes, que permitan un gobierno de reconstrucción del país, tras esta catástrofe de 16 meses. Mientras, por otro lado, educamos a la ciudadanía, quien lamentablemente no ha sido debidamente informada.

Ahora es URGENTE que el ejecutivo reduzca todo el “personal de confianza” incorporado en estos 16 meses, empezando por prefectos, subprefectos y gobernadores.

Si no emprendemos esta tarea ahora mismo, después lloraremos las consecuencias.

¡Prensa, hazte una! Lampadia




Identidad nacional y retos constitucionales

Identidad nacional y retos constitucionales

José Luis Sardón
Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú
y Representante Alterno del Perú ante la Comisión de Venecia
Para Lampadia

Palabras pronunciadas el jueves 21 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, de Arequipa, Perú, en el V Encuentro de Estudiantes de Derecho, “Aportes en torno al bicentenario de la República Peruana: identidad, democracia y estado de Derecho y retos constitucionales actuales”.

Buenos días. Agradezco a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo, organizadora del V Encuentro de Estudiantes de Derecho, por su cordial invitación a estar aquí con ustedes. Es un gusto para mí participar en esta reunión académica organizada en mi tierra, Arequipa, que está siempre presente en mi corazón.

Esta reunión se realiza cuando el Perú celebra doscientos años de vida republicana. Por esto, busca dilucidar la relación entre identidad, democracia y estado de Derecho, y los retos constitucionales que ella plantea. Estando en Arequipa, quisiera tomar el toro por las astas y concentrarme en lo primero y lo último de este asunto: la identidad nacional y los retos constitucionales.

En el Perú, la inquietud por la identidad nacional es un fenómeno recurrente. En los 1970s, se debatió mucho al respecto. Sin embargo, tales indagaciones no llevaron a nada. Pensaría, más bien, que solo sirvieron para generar enfrentamientos y división entre los peruanos, y para descarrilar la atención pública de preocupaciones más conducentes.

En los 1980s, el historiador italiano Ruggiero Romano visitó Lima, invitado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En contra de lo que acaso esperaban sus anfitriones, aconsejó que dejáramos de preguntarnos por la identidad nacional. Cuanto más traten de definir la identidad peruana, dijo, más alejados estarán de encontrarla. Búsquenla, en todo caso, en los aspectos más prosaicos de la vida, como la cocina —añadió.

La Constitución de 1993 fue alumbrada bajo ese enfoque práctico. Aunque no se despojó del todo de los ímpetus románticos de su predecesora, es más sobria desde su Preámbulo. Tiene solo 206 artículos, mientras que la Constitución de 1979 tuvo 307. Comentando esto, el politólogo Giovanni Sartori dijo, alguna vez, que le ponía “los pelos de punta”.

El efecto positivo de la Constitución de 1993 sobre el proceso de desarrollo peruano es innegable, pero hubiese sido mayor si se la hubiera sido aplicado más fielmente. El 2002, por ejemplo, en la sentencia expedida en el caso Sindicato Telefónica, el Tribunal Constitucional restituyó la estabilidad laboral absoluta, apelando a una argumentación especiosa.

Como ha acreditado ampliamente el economista Miguel Jaramillo, a partir de ese momento el número de contratos a plazo indefinido quedó congelado. Desde entonces, solo se incrementó el número de contratos a plazo fijo. Por ello, su estudio se titula “Los efectos desprotectores de la protección del empleo: el impacto de la reforma del contrato laboral del 2001”.

Las siguientes conformaciones del Tribunal Constitucional no han corregido si no agravado el problema. El año pasado, tumbó el régimen MYPE, que era una excepción a la regla de la estabilidad laboral. Solo dos magistrados hicimos notar que el artículo 59 de la Constitución le daba sustento. En ese caso, el demandante, ay, fue el Colegio de Abogados de Arequipa.

Al permitir una mejor asignación de los recursos productivos, el régimen MYPE fue una de las explicaciones del crecimiento pro-pobre experimentado en el Perú. Como demostró un estudio elaborado por Hugo Ñopo, entre el 2007 y el 2016, el gasto real per cápita creció en todos los hogares peruanos, pero creció más en los percentiles pobres que en los ricos.

Así, la Constitución no ha sido aplicada siempre fielmente. Pero no solo ello. En sus 28 años de vida, ha tenido 24 reformas. La más controversial es también del 2002: el lanzamiento de gobiernos regionales en Departamentos. Debido a ella, el Perú tiene gobiernos regionales, pero no regiones, ya que la creación de estas fue rechazada en el referéndum de 2005.

Evidentemente, no debía ponerse la carreta por delante de los bueyes: primero debieron crearse las regiones; luego, los gobiernos regionales. En su texto original —redactado por nuestro querido paisano Juan Guillermo Carpio Muñoz—, la Constitución establecía que las regiones debían ser creadas de abajo hacia arriba, no impuestas de arriba hacia abajo. Era lo sensato.

Los gobiernos regionales derivaron de un razonamiento esquemático simplista. Ellos no tienen el arraigo histórico de los gobiernos locales. Consecuentemente, la curva de aprendizaje que están siguiendo, respecto del uso de recursos públicos, es una penosamente abierta. El país paga un alto costo por ello, en términos no solo económicos sino también políticos.

A pesar de sentencias constitucionales no siempre fieles a su texto y de reformas constitucionales no siempre bien pensadas, la Constitución ha tenido resultados positivos. La economía peruana de 2019 fue tres veces y medio la de 1993. Consecuentemente, la pobreza se redujo a un récord histórico de 20%. Además, en la medida que la Constitución se aplicó con fidelidad, se redujo también la desigualdad.

Como alguna vez hizo notar el economista Richard Webb, el despegue económico peruano falsea la hipótesis de “la campana de Kuznetz”, según la cual la desigualdad aumenta necesariamente al pasarse del subdesarrollo al desarrollo —especialmente, cuando se lo hace aceleradamente. En el Perú, bajo el régimen constitucional económico, no ocurrió ello.

La Constitución ha logrado todo esto porque ha afirmado la libertad económica, que es el mejor predictor de crecimiento que se conoce. En los índices de libertad económica, el Perú ha obtenido muy altos puntajes en componentes como la estabilidad monetaria y la apertura comercial. Los fundamentos institucionales de ambos están en normas constitucionales.

No todo el esquema constitucional ha sido apropiado, sin embargo. El 2020 fue nuestro annus horribilis. El COVID-19 fue enfrentado con una cuarentena tan drástica como inútil: el Perú ha tenido el número más alto de muertos por COVID-19 por millón de habitantes del mundo. Al 10 de octubre, 5,982, mientras que el promedio mundial es de apenas 616. Tenemos casi diez veces el promedio mundial.

Al mismo tiempo, la economía se contrajo 12%, volviendo al tamaño que tenía cinco años atrás. Además, la reducción de la actividad económica afectó a todos, pero más a los más pobres. Como ha señalado el Instituto Peruano de Economía (IPE), la pobreza regresó a los niveles que tenía diez años atrás. El 2020, el tamaño de la economía fue el de 2015, pero el porcentaje de peruanos bajo la línea de la pobreza fue el de 2010.

Las políticas públicas que han llevado a esta situación tienen responsables que deben ser identificados. Sin embargo, también debe entenderse que fueron gestadas bajo una estructura política inadecuada. Esta contribuyó, en alguna medida, a ello. Así, si hay algo que reformar en la Constitución no es el régimen económico sino la estructura del Estado; esto es, el sistema de gobierno y el de representación.

A través de una adecuada disposición de las reglas de juego político, una buena estructura del Estado debe ponernos a salvo de políticas púbicas desastrosas, y de actores políticos que —con la coartada de la lucha contra una pandemia— avancen una agenda ideológica extraña. La democracia constitucional, en suma, debe vacunarnos contra el virus del populismo.

Nuestro sistema de gobierno es una mezcla abigarrada de presidencialismo y parlamentarismo. Las funciones del presidente de la República son no solo de jefe de Estado sino también de jefe de gobierno; además, es elegido directamente por el pueblo. Esto no ocurre ni siquiera en los Estados Unidos, cuna del presidencialismo, donde esta elección pasa por un Colegio Electoral. Es, pues, semi-directa.

Por otro lado, desde 1848, aquí el Congreso puede censurar a los ministros de Estado, al estilo de los sistemas parlamentarios europeos. Dados los excesos en los que se incurrió en el ejercicio de esta facultad, antes del largo paréntesis al proceso constitucional del gobierno militar (1968-1980), las últimas dos Constituciones introdujeron normas que buscaban un mayor equilibrio entre los poderes elegidos.

Sin embargo, este equilibrio ha resultado elusivo. La Constitución de 1993 señala que los ministros no solo deben plantear cuestión de confianza al inicio de su gestión, sino que pueden hacerlo también más adelante. En el caso Cuestión de Confianza (Exp. 0006-2018-PI/TC), por unanimidad, el Tribunal Constitucional precisó que ello podía hacerse solo sobre “políticas que su gestión requiera”.

Empero, por mayoría, el propio Tribunal Constitucional, en el caso Disolución del Congreso (Exp. 0006-2019-CC/TC), admitió no solo que se planteara cuestión de confianza sobre una atribución exclusiva del Congreso, sino que se admitiera su denegación fáctica. En el voto singular que emití entonces —coincidiendo con otros dos colegas—, opiné que ello vacía de contenido al principio de separación de poderes.

El telón de fondo del enfrentamiento entre poderes elegidos estuvo dado por el resultado de las elecciones generales de 2016. Como se recordará, en la primera vuelta, Fuerza Popular obtuvo 57% del Congreso; sin embargo, en la segunda, la presidencia de la República la consiguió Pedro Pablo Kuczynski, cuyo partido (PPK) tenía solo 16% del Congreso. Esto nos puso en trayectoria de colisión.

Para evitar que esto se repita necesitamos un sistema de partidos. En su dimensión orgánica, la democracia constitucional puede definirse como la alternancia ordenada de partidos en el poder. Gracias a ello, se supera la visión de corto plazo en los actores políticos. Quienes están en el poder saben que en la elección siguiente pueden pasar a la oposición, pero en la subsiguiente pueden volver al poder.

La democracia constitucional así definida contribuye a que todos sean medidos con una misma vara por la justicia, puesto ello se convierte en interés común. De esa manera, surge y se va fortaleciendo en el tiempo el estado de Derecho. Este es no solo el ideal al que apunta todo orden constitucional sino también el componente clave de la libertad económica. Esta no llega a dar nunca todos sus frutos sin él.

La formación de un sistema de partidos no puede hacerse por decreto, pero sí inducirse con reglas apropiadas. La fragmentación partidaria puede ser desalentada con reglas antitransfuguismo como las que contuvo la reforma del Reglamento del Congreso de 2016. Lamentablemente, también con mi voto en contra, el Tribunal Constitucional tumbó dicha reforma.

Sin embargo, para contar con un sistema de partidos, más importante todavía es el sistema de representación. La fragmentación partidaria está asociada a la representación proporcional; la consolidación, a la representación de mayorías, basada en la elección de los congresistas en distritos electorales pequeños, en los que se elijan no más de tres representantes.

En el Perú, la fragmentación legislativa está claramente asociada a la introducción de la representación proporcional en 1963, por el Decreto Ley 14250. Ella es una de las explicaciones al paréntesis constitucional más largo de nuestra historia, al que ya nos referimos (1968-1980). Lamentablemente, ha sido mantenida por las Constituciones y leyes electorales siguientes.

La elección de los congresistas en distritos electorales uni, bi o trinominales introduciría incentivos contrarios a la dispersión de los partidos políticos. Más importante aún, posibilitaría una rendición de cuentas más clara, al acercar a los representantes a la ciudadanía. No es casual que este sistema sea utilizado en las democracias más asentadas de países grandes, en los que no hay mecanismos alternativos de rendición de cuentas.

Complementariamente, debe repensarse nuestro calendario electoral. Si se quiere mantener la elección simultánea del Congreso y el Ejecutivo, el mandato debiera ser de solo cuatro años, como en Argentina, Brasil, Colombia, Chile o Ecuador. Mayor frecuencia en las elecciones significa mayor control ciudadano sobre el proceso político.

Mejor sería introducir elecciones escalonadas, como las de los Estados Unidos. Allí el mandato presidencial es de cuatro años, pero el de los representantes es solo de dos. El de los senadores es de seis, pero renovándose por tercios cada dos años. Así, se combinan oportunidades de cambio débil (cuando se renuevan todos los diputados y un tercio de los senadores) y de cambio fuerte (cuando además se renueva la presidencia).

Este calendario, en todo caso, proscribe las oportunidades de cambio total, que existen en las elecciones simultáneas. Evidentemente, es muy riesgoso que se pueda cambiar no solo al Ejecutivo sino también al íntegro del Congreso cada cinco años. Ello aleja las posibilidades de desarrollar la eficiencia adaptativa de la que habló el Premio Nobel de Economía Douglass S. North. Esta deriva de combinar el cambio y la continuidad.

Un calendario electoral escalonado requiere la reintroducción del Senado. El expresidente de la República Martín Vizcarra lo propuso como una de sus reformas políticas, pero terminó haciendo campaña contra ella, en la idea de que la prioridad era impedir cualquier posibilidad de reelección de los congresistas. Parece que prestó oídos a alguna tuitera, que debiera pensar más.

Un informe de la Comisión de Venecia —preparado para la Organización de Estados Americanos (OEA)— señala que no es lo mismo establecer límites a la reelección para un cargo ejecutivo individual que para integrar un colegiado sin funciones ejecutivas como el Congreso. En Estados Unidos, algunos estados solo permiten tres elecciones a la Casa de Representantes y dos al Senado, pero la regla es que se permite la reelección.

El Senado, además, permitiría combinar diferentes circunscripciones electorales y criterios de representación. Podrían elegirse proporcionalmente seis senadores en seis macrorregiones: Norte, Sur, Centro, Oriente, Lima-Norte y Lima-Sur. Estas circunscripciones senatoriales nos pondrían en rumbo de corregir la situación de los gobiernos regionales en Departamentos.

El Senado, en fin, debiera actuar solo como cámara de revisión, no tener iniciativa legislativa. Además, debiera encargarse de la elección de las personas que ocupan cargos fundamentales en la administración pública, en la administración de justicia, en las fuerzas armadas y en la representación diplomática. El Senado no debió nunca ser suprimido sino perfeccionado.

Evidentemente, hay reformas constitucionales pendientes. Sin embargo, estas deben ser puntuales. Sería lamentable que se instrumentalice la necesidad de estas reformas para pretender una refundación de la República. Uno no puede pretender siquiera borrar su pasado; más bien, debe abrazarlo como suyo, con todos sus errores y aciertos.

La inquietud por la identidad nacional no debe volver a instaurarse en el debate público peruano, por más que venga alentada por vientos globales. Qué paradójico: la inquietud por la identidad nacional es hoy un fenómeno global. Francis Fukuyama ha dedicado un sendo volumen a explicarlo: Identidad: La demanda de dignidad y las políticas del resentimiento. Los peruanos debemos resistir esas malas tendencias.

Como ha señalado hace pocos días Alonso Cueto, por pelear “la batalla del pasado”, “por perdernos en las divisiones bizantinas, [podemos] no atende[r] los problemas inmediatos”. Tenemos, pues, que canalizar adecuadamente los actuales ímpetus reformistas, separando la paja del trigo, lo bueno de lo malo de nuestro orden constitucional, sin descarrilar la promesa de la vida peruana de la que habló Basadre.

Concluyo con Alonso:

Si alguien quiere seguir peleando la guerra de la conquista, pues adelante. Pero sin estos traumas recurrentes, afirmándonos por nosotros mismos y no por oposición a otros, nos irá mejor, incluso bien.

Muchas gracias.

Lampadia




La justicia patas arriba

La justicia patas arriba

 

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

El caso del chofer que atropelló intencionalmente a una inspectora de ATU y se dio a la fuga, fue atrapado por la policía y dejado en libertad por la fiscalía, es uno de los tantos casos que muestra que la justicia en el Perú está patas arriba.

Hace poco, dos cabecillas terroristas del Vraem que habían sido capturados el 12 de julio de 2019 cuando -según la policía- se disponían a atacar una comisaría en Huancavelica, fueron liberados por el Poder Judicial por exceso de carcelería. En este caso la culpa es tanto de la fiscalía que no presentó acusación luego de dieciocho meses, como de los jueces que pudieron haber extendido la prisión preventiva.

Según el especialista Pedro Yaranga, uno de los capturados era un mando importante, “a nivel militar, era el segundo hombre [del grupo de los Quispe Palomino], que planificaba las emboscadas, las incursiones armadas. Él es detenido por un trabajo eficiente de la policía en las vísperas de lo que tenía previsto incursionar en una comisaría y hacer un baño de sangre con 18 hombres”. (“RPP Noticias”)

La incompetencia de los operadores del sistema judicial es nefasta y todas las reformas que se han intentado hasta ahora han fracasado. Peor aún, muchas veces no han tenido como propósito real mejorar las cosas sino controlar políticamente el sistema, como la última que realizó Martín Vizcarra y la coalición que lo respaldaba.

Otros casos escandalosos son los de los disturbios de los últimos meses. Tanto en las manifestaciones promovidas por los vizcarristas, incluyendo al Partido Morado y todas las tendencias izquierdistas contra Manuel Merino, como en los bloqueos de carreteras en Ica y La Libertad, donde los vándalos cometieron delitos sancionados con prisión efectiva, no hay –que se sepa- detenidos ni procesados.

Los únicos acusados, tanto por el Gobierno de Francisco Sagasti como por sus cófrades de organismos internacionales, son los policías que arriesgaron su vida para cumplir su deber e intentar mantener el orden.

Es indignante, por ejemplo, el reporte de la oficina de DDHH de la ONU que dirige Michelle Bachelet que señala que en noviembre la policía hizo “un uso innecesario y excesivo de la fuerza”. En realidad, la policía se defendió a duras penas de la turba violenta, sin contar con los instrumentos adecuados, a pesar de lo cual impidió que los vándalos hicieran los que las muchedumbres realizaron en el Capitolio de Washington o el Congreso de Guatemala.

Dicen, además, que “las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente” y que la policía las atacó con violencia. Eso, por supuesto, es absolutamente falso. Primero, la policía no disolvió a los manifestantes pacíficos, solo se defendió de los violentos. Y segundo, de acuerdo al estado de emergencia decretado por Vizcarra, todo tipo de concentraciones estaba terminantemente prohibido y nadie tenía derecho a reunirse.

En suma, la tendencia es la misma, el desastroso sistema de justicia peruano sigue protegiendo a los delincuentes. Lampadia




Más importante que el diagnóstico es la continuidad

Más importante que el diagnóstico es la continuidad

 

Carlos Basombrío Iglesias
Para Lampadia

La anunciada Comisión de Bases para la Reforma Policial que deberá entregar un informe al gobierno del presidente Francisco Sagasti, dista mucho de significar algo novedoso en la historia del enfrentamiento a los problemas crónicos de la policía en el Perú. No quiero decir que por esto que me oponga a que exista y emita un informe, sino que lo que de allí surja como diagnóstico y alternativas, no va a ser muy diferente a lo que ya se sabe hasta la saciedad, son las alternativas para enfrentar los problemas policiales.

Obviamente no sólo en el Perú.

Los esfuerzos de reforma policial se han dado en todo el planeta, pero centrándonos en América Latina, se remontan al fin de las dictaduras militares en los años 80 y 90 del siglo pasado. En su origen estuvieron dirigidas a refundar doctrinariamente estas instituciones para que actúen en democracia; es decir replantear sus objetivos, para que se pongan al servicio de la población y no primariamente de la seguridad el Estado. Hubo casi en paralelo también esfuerzos de refundación de las policías como consecuencia de procesos de paz, al final de las guerras internas en Centroamérica, notoriamente en el Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

Me atrevería a decir que en los últimos 40 años ha habido procesos de reformas de la policía, bajo diferentes circunstancias y modalidades, quizás en todos los países de la región, con la excepción de Cuba, en donde la permanencia un régimen dictatorial lo hace imposible.

Ha habido, además de los mencionados, múltiples esfuerzos en los estados de los tres grandes países federales, a saber, en México, Brasil y Argentina. También en países de policía única nacional en Colombia y Ecuador. Incluso antes que llegara Chávez al poder en Venezuela y prolongándose a unos pocos años después de su gobierno las hubo en Venezuela.

Podría seguir, pero me limito a señalar que el último gran esfuerzo de reforma policial en la región ha tenido lugar entre el 2017 y el 2019 en Honduras, la que ha cambiado significativamente a una de las policías más corruptas, más vinculadas al crimen organizado y más violadoras de derechos humanos de América Latina. Esta reforma enfrenta dificultades de consolidación e incluso de continuidad, al darse en el contexto de un gobierno de bajísima legitimidad interna y con gravísimas acusaciones de corrupción.

Por supuesto el Perú no es una excepción a las reformas y a sus dificultades.

Hasta dónde llega mi experiencia vital, una reforma fundamental fue la unificación en una sola policía nacional de las antiguas Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana. No sólo porque empezaron a superponer funciones innecesariamente por las pugnas que se daban entre ellas. Sino principalmente porque aún en medio de la violencia terrorista de Sendero Luminoso estas tensiones eran tan fuertes que terminaban en ocasiones en enfrentamientos armados en las calles. 34 años después de esa unificación todavía los jubilados de esas instituciones, principalmente de las dos primeras siguen odiándose y añorando volver a ser instituciones separadas. El problema no sólo está allí, sino que todavía quedan oficiales formados en esas instituciones (aunque ya solo generales y coroneles) que en la práctica anteponen su filiación original al de ser policías nacionales, generándose una serie de problemas.

Luego de la caída del fujimorismo se produjo otro esfuerzo de reforma policial. Esta vez por el gobierno de transición de Valentín Paniagua que durante la gestión de Alberto Ketín Vidal lanzó una comisión de bases de la reforma. Esa comisión se convirtió en un antecedente de la Comisión de Reestructuración de la Policía Nacional del año 2001 que al igual que ésta también convocó personalidades de la vida civil. Fue una experiencia muy intensa de consulta y diagnóstico en la que se hicieron audiencias en todo el país para escuchar a la población y a los policías; por separado, eso sí, oficiales y sub oficiales, estos últimos expresando en esas sesiones su profundo malestar por el maltrato que recibían de sus mandos y como la corrupción afectaba también su bienestar y condicionaba la suya.

Se avanzó en poner en práctica esa reforma durante las gestiones ministeriales de Fernando Rospigliosi y Gino Costa. Luego Alejandro Toledo en una mini crisis que enfrentó al ministro Costa con el entonces director de la Policía, optó por el segundo y canceló todo esfuerzo reforma.

Desde allí en adelante los cambios en las instituciones tuvieron más que ver con pases al retiro, que con procesos de transformación interna, cosa que sentamos retomar con fuerza durante el gobierno de PPK y algunos avances se produjeron.

Ya en el gobierno de Martín Vizcarra se abandonaron por completo y se volvió a la vieja práctica de poner a un policía retirado, para que se haga cargo y vea que es lo que pueda hacer. El problema no es que sea un policía retirado o un civil, sino que desde el poder político se abandona cualquier esfuerzo de contar con una estrategia de transformación y se deja lo que hay que hacer al albedrío de jefes policiales convertidos en ministros. Además, cada uno de ellos con ideas diferentes a lo que hay que hacer. Los cinco ministros del Interior del gobierno de Vizcarra salieron por diferentes escándalos. La época de Vizcarra fue a mi juicio nefasta en el objetivo de tener una policía que pueda readecuarse para luchar con eficacia contra la criminalidad común y organizada. Las consecuencias están a la vista.

En ese sentido la Comisión de bases no es ninguna novedad. Las líneas de acción para una reforma policial, más o menos se conocen aquí y en todos los países del mundo. Las dificultades no están en el contenido de las reformas, sino en la enorme dificultad que hay para darles continuidad.

Una vez le pregunté a Eduardo Serra Ex Secretario de Estado de Defensa de España que produjo la transformación del ejército franquista en un ejército moderno, eficiente subordinado a la democracia, cómo había logrado ese objetivo y me dijo: ningún misterio estuve siete años en el cargo y me sucedió mi viceministro otros siete con la misma agenda de cambios.

Acá pensar que un ministro del Interior pueda durar la mitad de eso es una utopía, pero no debiera serlo que los políticos entiendan que los reemplazos deben entrar dentro del marco de las mismas políticas y guiados por los mismos objetivos. Mientras ello no ocurra de poco servirán comisiones como la que viene, por más buena voluntad que se ponga para sacarlas adelante. Lampadia




El derecho de propiedad en el Perú

El derecho de propiedad en el Perú

Gunther Hernán Gonzales Barrón
Doctor en Derecho Cum Laude. Universidad de Castilla-
La Mancha (Toledo, España). Ex Juez Superior Lima
Para Lampadia

REALIDAD SOCIAL

Las investigaciones jurídicas de la propiedad se realizan normalmente desde visiones puramente especulativas (“la justicia”, “la doctrina jurídica”, etc.), por lo que se hace necesario un cambio de enfoque, que tome en cuenta las cifras oficiales (censo general INEI 2017):

1. Número de viviendas: 10’000,000, de los cuales 7’300,000 son urbanas y 2’700,000 rurales, sin embargo, solo en la Provincia de Lima existen 2’600,000 (25% del total).

2. Ocupación de viviendas: 9’200,000 están ocupadas (91%), mientras 884,000 se encuentran desocupadas (9%), pero resulta que en el censo 1993 solo 3.8% tenía esa condición, y, el censo 2007 alcanzó el 5.9%.

3. Tipo de construcción: 820,000 departamentos en edificios (8%) frente a 8’700,000 casas individuales (87%), mientras un pequeño grupo se encuentra en quintas, casas de vecindad, chozas, etc.

4. Ocupación: La pregunta se formuló a 7’600,000 de viviendas con ocupantes presentes, lo que dio como resultado que 5’800,00 constituyen casa propia (76%), 1’256,000 alquiladas (16.3%) y 500,000, cedidas a distinto título (7.5%).

5. Titulación: La pregunta se formuló solo a los que respondieron ocupar una casa propia, de los cuales 2’900,000 señalaron contar con título (38.5%) y 2’800,00 no tenerlo (37.5%), pero mientras en el mundo urbano esa falta de título llega a 29%, en el rural se eleva a 66%.

6. Déficit habitacional: 1’100,000 viviendas, de las cuales 259,000 son por falta total de vivienda, mientras 858,000 lo son por uso de viviendas inadecuadas.

SISTEMA INSTITUCIONAL

El sistema institucional eficiente de la propiedad tiene que proporcionar un título seguro, susceptible de protegerse por la administración o por un juez, con valor negociable en la economía de mercado y que constituya la base de la inversión privada. Sin embargo, en nuestro país la situación es muy diferente.

En primer lugar, solo el 38% de los propietarios declara contar con título, pero dentro de ese universo se incluye hasta aquellos que solo tienen documento privado, por tanto, el porcentaje de personas con título registrado es más reducido, probablemente alrededor del 30%, como señala Hernando De Soto. Las causas son múltiples, tales como un sistema registral no amigable, invadido de normas, la última de las cuales constituye una Directiva publicada el 14.8.2020, que “compila los requisitos” ya previstos en otras normas anteriores; además se padece un sistema judicial que demora diez años en resolver una controversia sobre propiedad, aunque se documentan fácilmente retrasos de veinte, y, en algún caso hasta de treinta y cinco años. Por lo demás, la dilación judicial se complica con otro problema no resuelto: la falta de predictibilidad, pues resulta moneda corriente los criterios discordantes, por lo que, el Código Civil de 1984 resulta, a estas alturas, insuficiente. Súmele a ello los problemas de catastro, municipales, ordenamiento territorial inexistente, etc.

En segundo lugar, la desocupación de viviendas ha subido en forma sostenida, lo que resulta paradójico en un país no desarrollado. Sin embargo, la racionalidad económica de tal medida puede vincularse con los procesos de recuperación posesoria, pues los desalojos contra inquilinos pueden dilatarse por cuatro o cinco años, sin pago de la renta, por lo que muchos propietarios habrían optado por no arrendar. Solo un dato más: nuestro país tiene cuatro (¡sí cuatro!) distintos procesos de desalojo, y, todos se encuentran vigentes. ¿Cuál es la razón? El primero no funcionaba, así que se aprobó un segundo, luego uno tercero y el año pasado, un cuarto. En California, por el contrario, un desalojo, en el peor de los casos, tarda tres meses.

En tercer lugar, y contra lo que pudiera pensarse, las casas individuales (86% del total), superan en mucho a los departamentos en edificios (8%), que además se concentran en Lima; por ello, en algunos lugares, el 95% del universo es representado por casas (Piura, Tumbes, Ancash, Huánuco, La Libertad), pese a que la construcción de edificios abarata el costo de la vivienda, además, evita el crecimiento horizontal de las ciudades, con problemas de agua, servicios y transporte.

CONCLUSIÓN

El sistema legal de la propiedad, en nuestro país. resulta deficiente y obsoleto, por lo que se necesitan reformas en las normas civiles, registrales, urbanísticas, municipales, agrarias, y, en las de procesos judiciales, pero como un adecuado engranaje. No sirven parches, sino cambios de paradigma. Lampadia




¿Cómo logró crecer el Perú y qué nos falta?

¿Cómo logró crecer el Perú y qué nos falta?

¡Cuidemos los pilares de nuestra economía y empujemos juntos las reformas pendientes!

Líneas abajo presentamos un video del IPE que explica la gran recuperación de nuestra economía durante la primera década del nuevo siglo y lo que necesitamos emprender para no seguir perdiendo oportunidades de desarrollo, como estamos haciendo desde el 2011.

Lampadia

 




Lucha contra la corrupción en crisis

Lucha contra la corrupción en crisis

La lucha contra la corrupción en América Latina, potenciada en el último quinquenio por el escándalo Lava Jato suscitado en el 2014, se encuentra en crisis no solo por la presencia de nuevos y excesivos mecanismos legales de represión que atentan contra la presunción de inocencia y las libertades individuales, como la prisión preventiva (ver Lampadia: Prisión preventiva), sino porque además es llevada a cabo, muchas veces por jueces y fiscales que buscan silenciar enemigos políticos de las actuales administraciones.

En el Perú, es clarísima esta observación, en tanto, la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori fue condenada a 36 meses de prisión preventiva el presente año, sin acusación ni cargo alguno, con el evidente objetivo de destrozar las bases de un partido que exhibía y denunciaba constantemente todo el historial de corrupción del presente gobierno y que además aceleraba las investigaciones relacionadas a ello. Afortunadamente y producto de tales excesos, el Tribunal Constitucional ya se encuentra evaluando el caso para emitir un dictamen que podría beneficiar a la líder fujimorista en los próximos días.

Pero el Perú es sólo un caso más de esta amplia problemática que ocupa prácticamente a todos los países de nuestra región, salvo raras excepciones. Un reciente artículo escrito por The Economist, que compartimos líneas abajo, explaya un análisis al respecto, con ejemplos muy ilustrativos, además del ocurrido en nuestro país.

Asimismo, sugiere profundizar las reformas institucionales en torno a los partidos políticos y el mismo poder judicial, para evitar que estas luchas anticorrupción terminen siendo aprovechadas por políticos populistas con el fin de ganar adeptos en el electorado, y descuidando lo que debiera ser su función principal: la de gobernar.

Sin duda, un tema urgente a tratar en nuestro país, por la coyuntura política que actualmente inyecta incertidumbre en nuestro día a día y que nos tiene hasta el hartazgo por sus persistentes impactos negativos en las inversiones y en el desempeño de la economía. Lampadia

Corrupción persistente
La guerra contra la corrupción en América Latina está en problemas

Los errores fiscales no son la única razón

The Economist
28 de setiembre, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Sigue y sigue y sigue. En México, Rosario Robles, una ex ministra, fue encarcelada el mes pasado mientras se encontraba bajo investigación sobre el desvío de unos US$ 250 millones. Emilio Lozoya, el ex jefe de Pemex, la compañía petrolera estatal, está huyendo a Europa por cargos de corrupción. En Perú, Susana Villarán, quien era alcalde de Lima, está acusada de tomar dinero ilícito de campaña de Odebrecht, una empresa de construcción brasileña. Sus compañeros de cárcel incluyen a Keiko Fujimori, la líder de la oposición, quien enfrenta una acusación similar. Todos niegan haber actuado mal.

La corrupción rara vez ha sido antes un tema de tanta preocupación pública en América Latina. En una encuesta a más de 17,000 personas en 18 de los países de la región publicada esta semana por Transparencia Internacional (TI), un organismo de control con sede en Berlín, el 85% dijo que la corrupción gubernamental era “un gran problema” en su país, el 53% piensa que está empeorando y el 57% dijo que no se está abordando bien. Al ampliar el alcance de la pregunta para incluir a las legislaturas, la policía, los poderes judiciales y las empresas, así como a los ejecutivos, más latinoamericanos ven la corrupción general que en una encuesta equivalente de África.

Eso es sorprendente, porque la corrupción tiende a disminuir a medida que aumentan los ingresos y América Latina está mejor que África. Hay dos advertencias. La percepción no siempre es realidad: los medios libres en América Latina han publicitado implacablemente los casos de corrupción desde que el escándalo de Lava Jato en Brasil, centrado en Odebrecht, estalló en 2014. Y algunos países son más limpios que otros. Uruguay y Chile, por ejemplo, son vistos como menos corruptos que muchos países europeos.

Sin embargo, en otros lugares, la corrupción es sistémica y de varias cabezas. Implica no solo robar dinero público, sino distorsionar el gasto público y las prioridades políticas al tomar dinero ilícito de empresas privadas. Una vez visto como grasa política necesaria, ahora se reconoce como una carga. Las estimaciones de su costo anual en México varían del 2% al 10% del PBI. En una historia pionera de corrupción en Perú, Alfonso Quiroz estimó que entre 1820 y 2000 redujo hasta el 40% del gasto público y el 3-4% del crecimiento del PBI por año.

La ira pública ha ido de la mano con una ofensiva sin precedentes contra la corrupción en la región, que se fortaleció con Lava Jato. La represión ha sido dirigida por determinados fiscales y jueces. Se han implementado nuevas herramientas legales, como investigadores especializados en anticorrupción, negociación de acuerdos, prisión preventiva y acuerdos internacionales para compartir información financiera. Esto ha dado resultados. En Brasil, decenas de políticos y empresarios están en la cárcel. En Perú, cuatro ex presidentes están bajo investigación (uno, Alan García, se suicidó en abril). En Guatemala, un ex presidente y su vicepresidente están en prisión.

Pero ha habido excesos. Algunos cuestionan si se ha abusado de la prisión preventiva. El tribunal constitucional de Perú escuchó esta semana una petición para liberar a Fujimori, quien ha estado en la cárcel durante 11 meses sin cargos. La credibilidad de Lava Jato se ha visto socavada por las revelaciones, obtenidas por piratería, de que Sergio Moro, su juez principal, trabajó en una complicidad poco ética con los fiscales.

Solo en parte debido a tales excesos, la represión está en un punto de inflexión. Una reacción violenta ha comenzado. “La lucha anticorrupción … es un tablero de ajedrez en el que también juegan las piezas negras”, señala Delia Ferreira, una abogada argentina que es presidenta de TI. La corte suprema de Brasil anuló recientemente una condena por corrupción debido a un error de procedimiento y está revisando otras. El presidente de Guatemala rechazó una comisión anticorrupción sin respaldo (aunque el nuevo líder de El Salvador está creando un organismo similar). Después de que una elección primaria señaló el regreso al poder de Cristina Fernández en Argentina, los tribunales comenzaron a detener los casos de corrupción en su contra.

Pero los errores sugieren que la campaña debería agudizarse, no abandonarse. La impunidad de la que disfrutan los poderosos en América Latina ha sido al menos controlada en algunos países. La tarea ahora es ampliar y perfeccionar el uso de las nuevas herramientas legales, y complementarlas con otras reformas: el financiamiento de campañas y el propio poder judicial. A corto plazo, existe el riesgo de que la ira pública genere un estado de ánimo antipolítico. Eso ayudó a los populistas contrastantes, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, al poder en Brasil y México. Pero como señaló Quiroz, la corrupción es una causa y una consecuencia de las instituciones débiles. Intentar acabarla es un deber que no se puede esquivar. Lampadia




Panorama del crecimiento global al 2030

Muchos economistas cometen el error de centrar sus predicciones de crecimiento únicamente en el muy corto plazo ante las desesperadas demandas de información por parte de los políticos y empresarios, cuyos ecosistemas los obligan a tomar decisiones en el día a día.

Este fenómeno es muy común no solo en los think tanks o centros de estudios económicos peruanos, sino inclusive en prestigiosos organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, solo por destacar los más importantes.

En contraste, la importancia de analizar las tendencias de largo plazo del comportamiento de las economías recae en que permite encontrar los problemas estructurales que a veces pasan desapercibidos por los hacedores de política, pero que es fundamental tratarlos para lograr altos estándares de desarrollo.

Ante la escasa presencia o hasta ausencia de predicciones de crecimiento de largo plazo de grandes regiones y países importantes en el mundo económico, compartimos un reciente artículo escrito por Jim O’Neill, ex presidente de Goldman Sachs Asset Management y ex ministro de Hacienda del Reino Unido, y publicado en la revista Project Syndicate, en el que presenta sus visiones de crecimiento potencial global hacia el 2030.

Como se dejará entrever en su análisis, inclusive los errores cometidos en las predicciones pueden resultar muy esclarecedores respecto a las reformas que necesitan o dejan de hacer los países, sean de la región que sean. Lampadia

El Futuro del Crecimiento Económico

Jim O’Neill
Project Syndicate
11 de abril, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Dados los fracasos para prever la crisis financiera de 2008 y la posterior recuperación débil, es fácil pensar que los economistas tienen poco que ofrecer en cuanto a las predicciones. Pero cuando se trata del crecimiento del PBI a nivel nacional, las proyecciones anteriores se han confirmado en gran medida; incluso cuando están equivocadas, pueden usarse para diagnosticar problemas estructurales.

El mes pasado, escribí sobre la creciente división entre la teoría económica y las condiciones económicas del mundo real, y recordé a los lectores que la economía sigue siendo una ciencia social, a pesar de las ambiciones más elevadas que puedan tener sus profesionales. No obstante, cuando se trata de la cuestión específica de qué es lo que impulsa el crecimiento económico a largo plazo, todavía se pueden ofrecer predicciones rigurosas centrándose en solo dos fuerzas.

Específicamente, si uno sabe cuánto crecerá (o reducirá) la población en edad de trabajar de un país, y cuánto aumentará su productividad, uno puede predecir su crecimiento futuro con una confianza considerable. La primera variable es razonablemente predecible a partir de las tasas de jubilación y muerte de un país; la segunda es más incierta. De hecho, la desaceleración informada en la productividad en las economías avanzadas desde 2008 es ampliamente considerada como un misterio económico.

¿Sin embargo, es realmente un misterio? Considere la siguiente tabla, que muestra el crecimiento del PBI desde la década de 1980 para las economías más grandes, los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), y los “Next Eleven” (N-11), los países en desarrollo más poblados.

Con la cuarta columna (2011-2020) que muestra lo que mis colegas y yo habíamos proyectado en 2001 cuando acuñamos el acrónimo BRIC, se pueden observar diferencias entre lo que se pronosticó y lo que sucedió en esta década (2011-2017*). Para el mundo en su conjunto, predecimos un crecimiento de poco más del 4% en la década actual, debido al aumento de China y de los otros BRIC principales. Y es precisamente por esa razón que el crecimiento en el período 2001-2010 fue más fuerte que en las décadas anteriores, cuando la persistencia de un crecimiento anual del 3.3% llevó a algunos economistas a concluir que la economía mundial había alcanzado su pleno potencial.

Ahora considere lo que realmente ha sucedido. El crecimiento en los EEUU, el Reino Unido, Japón, China y (posiblemente) la India se ha acercado a lo que predijimos. Pero no se puede decir lo mismo de la eurozona, Brasil y Rusia, cuyo bajos rendimiento deben reflejar una productividad débil, dado que nuestras predicciones ya habían tenido en cuenta las tendencias demográficas.

Vale la pena señalar que ningún país o región importante ha tenido un mejor desempeño del que pronosticamos en 2001. La tabla muestra que puede haber cierta asimetría entre el crecimiento real y el potencial, y que tales divergencias no son aleatorias. Por el contrario, la zona euro, Brasil y Rusia claramente tienen problemas subyacentes que deben abordarse.

Por supuesto, en primer lugar, también podemos haber sido demasiado optimistas sobre el potencial a largo plazo de estas economías. Tal es la naturaleza de una ciencia social. Si cualquiera de ellos puede lograr un fuerte crecimiento de la productividad dependerá de una variedad de factores, entre los que se incluyen las políticas que tienen vigentes. En este punto, sería una agradable sorpresa si alguno de ellos alcanzara el nivel de crecimiento que predecimos para el 2021-30.

También vale la pena señalar que los EEUU y el Reino Unido registraron un crecimiento cercano al nivel que predecimos a pesar de sus débiles aumentos de productividad, pero rápido aumento del empleo en ambos países. Pero con la tasa de desempleo alcanzando mínimos históricos y con una política pública en contra de la inmigración, será matemáticamente imposible alcanzar el mismo nivel de crecimiento del empleo en la próxima década. Para que el crecimiento general continúe, la productividad debe mejorar.

Cuando se trata de la próxima década, gran parte del enfoque últimamente ha estado en China, cuya actual desaceleración parece haber tomado a los mercados por sorpresa. No debería haberlo hecho. Como predijimos hace casi 20 años, China luchará por alcanzar un crecimiento superior al 5% en el período 2021-2030, por la sencilla razón de que el crecimiento de su fuerza laboral habrá alcanzado su punto máximo. Si bien los pesimistas sin duda encontrarán una validación en las futuras decepciones del crecimiento chino que están por venir, los optimistas pueden señalar el hecho de que un 5% de crecimiento anual en China es nominalmente equivalente a un 15-20% de crecimiento en Alemania. En esta etapa del desarrollo de China, un crecimiento más rápido sería realmente extraordinario.

Es igualmente predecible que India comience a crecer a un ritmo mucho más rápido que China, simplemente porque a su fuerza laboral le queda mucho por hacer. La verdadera pregunta es si la India puede implementar fuertes reformas para mejorar la productividad. Si puede, podría ser la única economía importante que supere las expectativas en la próxima década. Pero incluso en su defecto, la India pronto superará al Reino Unido y Francia para convertirse en la quinta economía más grande del mundo; superará a Alemania en algún momento de la próxima década, posiblemente en 2025.

Mientras tanto, a menos que Brasil y Rusia reduzcan su dependencia del ciclo de precios de los productos básicos, solo experimentarán un fuerte crecimiento durante los picos de precios. Con o sin reforma, Rusia ya se dirige a otra década decepcionante como resultado de su demografía. Brasil, por otro lado, podría registrar un crecimiento cercano al que originalmente predijimos si pudiera implementar reformas sociales y de salud difíciles. Pero eso es un gran “Y si”.

En cuanto a la zona euro, parece que hemos sido demasiado optimistas, a pesar de que previmos una disminución en el crecimiento potencial al 1.5%. Hoy en día, la mayoría de los pronosticadores sitúan el potencial de crecimiento de la región en alrededor del 1%. Si Alemania no puede cambiar a un modelo de crecimiento más orientado a la demanda doméstica, esa proyección probablemente resultará correcta. Sin embargo, aunque la mayor parte de la cobertura de la prensa se ha centrado en la caída de las exportaciones y la producción manufacturera de Alemania, el sector de servicios del país sigue siendo fuerte. Por su propio bien y por el de Europa, Alemania debería abrazar esa fuerza permanentemente.

Entre la gran variedad de países N-11, la mayoría de ellos en Asia y África, hay algunos productores de rápido crecimiento como Vietnam. Otros, especialmente Nigeria, tienen un potencial notable debido a sus características demográficas, pero nunca lo alcanzarán a menos que realicen reformas significativas. En eso, tienen algo en común con muchas de las economías avanzadas. Lampadia

Jim O’Neill, ex presidente de Goldman Sachs Asset Management y ex ministro de Hacienda del Reino Unido, es presidente de Chatham House.




El Presidente cierra la puerta a reformas que generarían mucho empleo

El Presidente cierra la puerta a reformas que generarían mucho empleo

Un paso adelante y dos atrás 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, luego de que el Presidente Vizcarra explicara en el CADE la necesidad de hacer reformas para resolver los problemas de rigidez y elevados costos no salariales del mercado laboral, lo que incluso provocó la renuncia del ministro de Trabajo despejando aparentemente el camino para avanzar hacia un “mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, sorprendió a propios y extraños dando marcha atrás y descartando incluso la posibilidad de reforma para los nuevos trabajadores:

“Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en bene­ficio de todos, y no de unos pocos”.

Evidentemente las propuestas que se venían haciendo, y que figuran implícitamente en la propia política de competitividad que el gobierno está circulando, no se aplican a quienes están en este momento en una relación contractual, pero sí a los nuevos contratados. Esa puerta es la que el Presidente ha cerrado, sin tomar en cuenta que los llamados derechos laborales, reconocidos en la Constitución y la ley, pueden ser modificados precisamente en la Constitución y en la ley –en aras de una mayor inclusión y un mayor dinamismo de la economía que eleve los propios salarios-, aunque esas modificaciones sólo valgan para los nuevos contratos, y no, en principio, salvo acuerdo en contrario, para los existentes.

Los derechos laborales reconocidos por la Constitución son los siguientes:

  • Art 25: “…derecho a una remuneración equitativa y suficiente” y a “descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”
  • Art. 27: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 
  • Art. 28: “Derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga”
  • Art. 29: “…derecho a participar en las utilidades de la empresa”

Además, el art. 26 señala lo siguiente: 

  • “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 
      2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

Aquí hay que precisar dos cosas. La primera es que ese carácter irrenunciable se refiere precisamente a quienes están en una relación laboral, a quienes tienen un contrato laboral. Por eso dice: “En la relación laboral…”. Es decir, no se refiere a que dichos derechos son inmutables por siempre y que no puedan ser modificados. Pueden serlo, para bien de todos, por reforma constitucional o mediante ley, según el caso.

Por ejemplo, las gratificaciones, la Compensación por tiempo de Servicios (CTS), o el número de 30 días de vacaciones, no están en la Constitución, pero sí en la ley. La ley puede cambiar, pero el cambio valdría solo para los nuevos contratos de trabajo.

No obstante, no solo el Presidente, sino el propio ministro de Economía, han negado esta alternativa. El ministro ha dicho: “no se pretende recortar derecho de los trabajadores en términos de gratificaciones, CTS o vacaciones“.

Esa es una postura extrema, que no permitiría al país salir de la trampa de los ingresos medios ni crecer a tasas necesarias para reducir la pobreza y proporcionar empleo con derechos y con mejores salarios.

Se contradice, por lo demás, con los objetivos de política Nº5 de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, que ha sido publicada para recibir aportes de modo que en tres meses se pueda publicar el Plan de Competitividad propiamente dicho.

El objetivo de política Nº 5 se titula:

OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal.

Explica claramente que el mercado laboral peruano no es dinámico ni competitivo por:

  • Una excesiva rigidez laboral:
    • “Según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores…

Yamada (2014) indica que en economías en desarrollo –como la peruana- la mayor rigidez laboral genera efectos negativos como: i) menor crecimiento de la productividad (Besley & Burgess, 2004), ii) menor crecimiento en el empleo y salarios (Ahsan & Pages, 2009), iii) mayor afectación a jóvenes y mujeres (Heckman & Pages, 2004) y iv) mayor informalidad laboral (Lehmann & Muravyev, 2012)”. (P.83)

  • “La rigidez laboral también se muestra en las limitaciones de resolución de contrato por causas objetivas como la situación económica, motivos tecnológicos…” (p. 86)
  • Costo de la indemnizacion por despido muy alto
  • “Otro factor relacionado a la falta de dinamismo en el mercado laboral es el costo de la indemnización por despido. En el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuáles registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año” (P. 86)
  • Costos no salariales muy altos
  • “El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), como se ve en la tabla Nº 11, con un costo laboral no salarial de de 50,3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, Chile el 15,8% y México el 21,1%”. (P.88)

Se desprende claramente, entonces, de la Política de Competitividad aprobada por el gobierno, que para resolver los problemas que ella misma identifica se necesitaría no solo que el Tribunal Constitucional modifique su interpretación acerca del art. 27, que restablece la estabilidad laboral absoluta, algo que el ministro Oliva sí reclama, sino, además, reducir los costos de la indemnización por despido y reducir costos no salariales, tales como CTS, gratificaciones u otros, algo que el ministro descarta. Es el ministro contra su propia política.

No solo eso. Aparentemente una buena decisión del gobierno habría sido incorporar al director del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que presentó sus propuestas en el CADE, al Consejo Nacional de Competitividad. En el terreno del mercado laboral, el CPC plantea, entre otras cosas:

  • Crear un nuevo régimen laboral para los nuevos contratos laborales en la pequeña empresa (sin CTS ni gratificaciones, como en la microempresa), a fin de dinamizar ese sector y generar mucho más trabajo formal con derechos
  • Implementar la remuneración integral anual (RIA) para los trabajadores que ganen salarios menores a 2 UIT (ahora solo es posible para los que ganan por encima de 2 UIT)
  • Pasar 825 mil Informales de pequeña empresa al régimen semi-contributivo del SIS

Evidentemente la posición del presidente y del ministro de Economía vetan estas medidas, que tendrían un impacto muy positivo en todo sentido.

También quedaría vetada una propuesta que surgió en un Taller de Lampadia, que consiste en establecer un tope de 6 sueldos para la CTS en cuenta de trabajador, sin que los puede retirar (es decir, una suerte de seguro de desempleo).

A nuestro juicio, la marcha atrás tan penosa del gobierno en estos temas se debe a que cuando el presidente lanzó estas ideas en el CADE, los sectores sindicales y de izquierda –desconociendo sus verdaderos intereses, pues les convendría una base sindical mucho más amplia- reaccionaron inmediatamente en los medios y las redes expresando su rechazo, mientras no hubo casi manifestación alguna a favor de los amplios sectores favorecidos.

Es necesario organizar una coalición social y política integrada por los gremios de micro y pequeños empresarios, academia y congresistas, que se manifiesta claramente a favor de estas medidas, a fin de darle respaldo político a las decisiones que en ese sentido se pudiera tomar.

También sería conveniente que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de la Competitividad, para que impulse decididamente la agenda que nos saque del empantanamiento económica y nos ponga nuevamente en la senda del crecimiento acelerado pero esta vez con empleo formal y con derechos. Lampadia




Hitos históricos en el último CADE

Hitos históricos en el último CADE

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En este último CADE hubo cuatro hechos de la mayor importancia que no han sido suficientemente advertidos por la prensa.

Cero Soborno

Los dos primeros corrieron a cargo del empresariado. El primero fue el anuncio de la creación de la Asociación Civil Empresarios por la Integridad, integrada, en un inicio, por 50 empresarios fundadores, a los que se espera ir sumando un número cada vez mayor. La primera acción concreta de esa Asociación es la iniciativa “Cero Soborno”, que no es una declaración de buenas intenciones, sino un conjunto de procedimientos, protocolos, prácticas y capacitaciones que deberá completar cada empresa participante para asegurar que ninguno de sus gerentes ni colaboradores soborne jamás a un funcionario público o a un juez ni tampoco a empleados de otras empresas. Este es un proceso que viene con certificaciones otorgados por empresas reconocidas.

A nadie se le puede escapar el impacto que puede tener una iniciativa como esta en la reducción significativa de la corrupción en el país, en la medida en que es adoptada por los principales grupos empresariales del país y por cada vez por un número mayor de empresas, incluso medianas y pequeñas, que se irá sumando. Llega, además, en el momento preciso, cuando el gran tema de agenda nacional es la lucha contra la corrupción.    

Un efecto secundario de esa decisión es que le permitirá al empresariado recuperar valor y autoridad moral en el país, que es un paso decisivo en la ruta de avanzar hacia alcanzar la condición de dirigencia nacional auténtica.

Las propuestas del Consejo Privado de Competitividad

En esa línea, el segundo hecho de la máxima importancia y también sin precedentes, fue que en el CADE se presentó el resultado de otra decisión histórica del empresariado: la creación del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compromiso de IPAE en el CADE del año pasado, que, encabezado por Fernando Zavala, entregó a los participantes un libro conteniendo 77 propuestas de reformas para levantar la competitividad y productividad del país, indispensable para recuperar tasas de crecimiento altas que nos permitan sacudirnos del marasmo en el que hemos caído y alcanzar el desarrollo.  Esto también llega en el momento preciso, cuando nuestra economía crece a menos del 4% al año, un ritmo inaceptable que no nos lleva a ninguna parte porque no sirve ni para generar suficiente empleo ni para bajar la pobreza.

¿Think Tank?

La creación del CPC, por medio del cual el empresariado empieza a sumir su rol dirigente, alcanzando propuestas claras y estudiadas para mejorar la competitividad del país, puede ser el detonador de algo que también se planteó en una de las sesiones del CADE, pero que no fuera recogido al final como un nuevo compromiso de IPAE: la conformación de un think tank más amplio y potente que prepare propuestas de política en todos los ámbitos de la realidad nacional. Eso es lo que han hecho los empresarios en Chile, Colombia y otros países, para participar proactivamente y no reactivamente en la construcción de la agenda nacional, a fin de acelerar el camino al desarrollo integral del país. En el Perú es una asignatura pendiente, y esperamos que este año, aunque no haya habido compromiso de IPAE, pueda concretarse.

Consensuar propuestas del Consejo Privado de Competitividad con las del Consejo Nacional

Los otros dos hechos de la máxima importancia estuvieron a cargo del presidente Martín Vizcarra. El primero fue que no solo presentó nueve líneas del proyecto de política nacional de competitividad, sino que saludó el aporte del Consejo Privado de Competitividad y propuso “al empresariado iniciar una agenda conjunta para consensuar el Plan de Competitividad”. Esto es muy importante. Establecer una mesa para ese fin puede instalar una dinámica de relación entre sector privado y Estado que permita empezar a crecer mucho más rápidamente. Nunca lo hemos tenido. Sería una innovación histórica en el país.

Y quizá ayudaría a resolver las posibles contradicciones internas que hay en el Ejecutivo, que han impedido que hasta ahora el Consejo de Ministros apruebe los lineamientos definitivos de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”. Muy bien que ahora se apruebe con participación del sector privado y el CPC.

Como se sabe, el tema que divide al Consejo de Ministros, es el relativo a la reforma laboral, indispensable para formalizar el escandaloso nivel de trabajo informal que tenemos y para facilitar un incremento sustantivo de la inversión privada de todo tamaño, frenada por las rigideces de la normatividad laboral. 

La reforma laboral

Pues bien, el cuarto hecho de la máxima importancia en este CADE fue que el presidente se refirió a esta reforma en términos que despiertan alguna esperanza de que el tema será abordado. Identificó claramente el problema: “una economía competitiva requiere que el mercado laboral funcione de manera eficiente, generando los canales para que el trabajador encuentre un espacio óptimo donde pueda desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, necesitamos de un marco dinámico que permita conectar la fuerza laboral con empleadores que aprovechen su máximo potencial y talento. Más del 50% de las microempresas del país son informales y el 70% de los trabajadores se encuentra ocupado en el sector informal, con una mayor concentración en las microempresas. Este es un reto que juntos, tanto sector privado y público tenemos que afrontar”.

Fue más allá: identificó una de las causas del problema: “Uno de los factores que eleva los índices de informalidad es el alto costo laboral no salarial, que duplica y hasta triplica el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico…”. Y preció el objetivo: “Tenemos que pasar del trabajo informal de baja productividad y sin protección social, a un esquema que promueva el trabajo formal que corrija esta situación”.

Luego se refirió al procedimiento: “…lo haremos por la vía institucional…, construyendo los consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia”.

Aquí viene, por supuesto, la dificultad, que se manifiesta incluso al interior del gobierno. La dirigencia sindical tendría que pensar en cuál es su mejor interés en el mediano y largo plazo, para percatarse que más le conviene una amplia base sindical en un mercado dinámico en el que los salarios suben aceleradamente gracias a que una cantidad mucha mayor de empresas demanda cada vez más trabajadores, como ocurrió en el sudeste asiático, que quedarse aferrada a una legalidad que no lo permite.

El Presidente debe encabezar el Plan de Competitividad

Para ello sería fundamental que el presidente Vizcarra encabece personalmente el liderazgo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Pues el tema es de la mas alta prioridad nacional. El mismo lo reconoció, al notar que “en cuanto a competitividad hemos caído 32 puestos en 7 años, bajando del puesto 36 al 68, en cuanto a la Facilidad para hacer Negocios. Y esto es inaceptable. Nuestro desafío es mejorar el desempeño. Y eso requiere del esfuerzo de todos”.

Comenzando por el suyo, presidente, liderando la ejecución del plan, y concertándolo también, como anunció, con las diversas fuerzas políticas que, al tenor de las declaraciones que ha formulado la mayoría, está dispuesta a aprobar las reformas necesarias. Este es el momento. Lampadia




Más allá del populismo: ¿Y las reformas?

Úrsula Letona
Para Lampadia

Desde el gobierno de Toledo en adelante no se han trabajado y debatido reformas estructurales demandadas por la sociedad de nuestro país, que sean de carácter transversal, tanto en lo social, político o económico, entre otros aspectos relevantes, por ausencia de voluntad política o por conveniencia de mantener el statu quo.

Es cierto que el modelo económico consagrado en la Constitución vigente y muchas reformas implementadas en la década de los 90 han logrado que nuestro país en conjunto se encaminara al crecimiento económico. Sin embargo, la realidad de los años 90 no es la misma de los años 2006 o 2011 ni mucho menos la de hoy, que ingresa a la cuarta revolución industrial vinculada a las tecnologías de la información y el conocimiento.

Justamente, atendiendo a la situación indicada, Fuerza Popular ha considerado que se requiere de reformas estructurales en 4 áreas principales: informalidad, salud, educación y laboral. He advertido hace varios meses acerca de la necesidad de estas reformas de segunda generación e inclusive he señalado la forma cómo considero que deben ser abordadas por el Poder Ejecutivo, que por un criterio de competencia es el gran llamado a efectuarlas.

Ya desde en los meses de mayo y junio del año 2017, en artículos que escribí en “El Montonero”,  indiqué que actualmente tenemos una informalidad que asciende al 72% y que los aspectos a abordar para revertir una cifra tan alta son, conforme a la literatura especializada, la carga regulatoria, la productividad laboral, mejores servicios básicos y educación financiera; y que el Gobierno estaba simplemente pensando en “parches” aislados como una propuesta legislativa que tenía por finalidad que el Estado subvenciones el seguro social de los jóvenes trabajadores a fin de fomentar su inserción al mercado laboral. No se observaba ninguna línea política que proponga diferentes medidas para abarcar de manera conjunta y transversal y multisectorial este problema.

Por ello, propuse la creación de una “Autoridad de Formalización” que articule el complejo tramado de actores en el marco de la informalidad y trabaje propuestas articuladas que ataquen diferentes aspectos del problema. Enfocarse solo en el crecimiento del PBI, no será suficiente para revertir los problemas de informalidad.

En lo que respecta a la reforma de salud, en un artículo del mes de marzo del presente año, advertí que una reforma importante en dicho sector era el emprendimiento de un programa piloto o de primera etapa que se vincule a la compra de medicamentos y equipamiento médico de forma centralizada para todos los servicios públicos de salud. La segmentación con la que actualmente contamos, nos ha llevado a resultados nefastos. A su vez, señalé que deben incorporarse las prácticas exitosas en salud que ha tenido el sector privado y adaptarlas a la esfera pública, y, de conformidad con la Comisión de Protección Social, crear un Fondo Único que centralice los aspectos vinculados al financiamiento de la salud pública, así como una división de los componentes de prestación de salud respecto al financiamiento. Necesitamos que los médicos hagan el trabajo para el que fueron formador: tratar y curar a los pacientes, y los administrativos lo suyo: gestionar los recursos.

En lo que respecta al aspecto educativo, ya desde el mes de septiembre del año 2017 enfaticé la necesidad de revertir las desigualdades educativas y señalé que la academia ya ha abordado ampliamente este tema. Debe plantearse objetivos a alcanzar en el corto y mediano plazo para poder adoptar las medidas correctivas que resulten pertinentes, principalmente en las regiones que registran menores índices de calidad educativa.

Asimismo, señalé que debe establecerse incentivos para la capacitación del docente aparejados a la asignación de incentivos económicos, siempre que logren alcanzar los estándares contemplados; pero, a su vez, señalé también la necesidad de generar incentivos para que las autoridades regionales cumplan con implementar políticas que trasciendan sus propias gestiones.

El Ejecutivo debe ya empezar a desterrar el criterio de que la mejora de la educación pasa por ampliar la jornada lectiva y ampliación de cobertura. Ya tenemos niveles de acceso de 94% a la educación primaria y 80% a la educación secundaria, situación muy similar a los estándares OCDE, pero el nivel de calidad sigue siendo algo en los que mostramos una brecha enorme incluso con países de la región como Chile o Colombia. En consecuencia, si bien no se debe descuidar la cobertura, es importante centralizar los esfuerzos en la mejora de la calidad educativa. Miremos la experiencia internacional, y lo señalé en un artículo reciente del mes pasado, los países que han logrado mayores avances en educación como Singapur, Corea y Chile han implementado cambios disruptivos. ¡Han implementado grandes reformas! Veamos cuáles son estas y adaptémoslas a nuestro medio. La evidencia existe.

La mejoría de los rubros de salud y educación repercutirá necesariamente en la reforma laboral pero no debe quedarse sólo en ello. La “doctrina del chorreo” seguida por el ex presidente Toledo sigue siendo desarrollada hasta el día de hoy y los resultados a nivel de generación del empleo no han sido satisfactorios. Sin duda un aspecto preocupante es el alejamiento de la inversión privada, pero no hemos observado ni una sola reforma estructural para generar empleo. La juventud sigue desempleada, los “ninis” crecen cada año y la mayoría son mujeres. Las Mypes son un importante motor de la economía y, conforme he señalado reiteradas veces, miremos la región. Chile ideó un programa de acompañamiento a las Mypes durante sus 2 primeros años de creación y articuló toda su cadena productiva para insertarlas en el mercado incorporándoles tecnologías para generar productividad –valor agregado. Aquí no tenemos eso, sino que las Mypes desaparecen dentro de sus 2 primeros años, pese a que ellas son el principal motor de nuestra economía y generan una gran cantidad de puestos de trabajo, donde está incorporada la gran masa laboral.

Finalmente, el pasado 09 de noviembre presenté a iniciativa mía, conjuntamente con otros colegas, la Moción 07471 a fin de “Conformar una Comisión Especial para promover el dialogo entre las diversas fuerzas políticas parlamentarias, hacer el seguimiento, analizar, debatir y proponer recomendaciones técnicas para la priorización de la agenda de reformas de interés nacional hasta la aprobación correspondiente”. Esta Comisión tendrá una importante misión: coadyuvar a cambiarle la vida al ciudadano. No populismo, no discursos histriónicos, sino trabajar. Articular entre las diferentes fuerzas políticas parlamentarias y, evidentemente, el Gobierno para impulsar estas reformas que hasta ahora el Ejecutivo no ha efectuado y tampoco ha mostrado iniciativas. Lampadia