Alejandra Benavides
Para Lampadia

La semana pasada, Mirtha Vásquez y Pedro Castillo solicitaron al Congreso facultades por 120 días para delegar en materia fiscal, financiera y de reforma tributaria – esta última que Pedro Francke considera servirá para “cerrar las enormes brechas sociales en temas como educación, salud y agua potable, de manera responsable, para lo cual resulta necesario obtener mayores ingresos”. En blanco y negro, el ministro asume que las “brechas” son producto de aquellos que pagan “muy poco” en impuestos, ignorando las variables fundamentales que explican estas “brechas” y que tienen que ver con falta de gestión y burocracia estatal:

1. baja ejecución en inversión pública y de mala calidad,
2. gasto corriente del Estado,
3. alto grado de informalidad producto de barreras burocráticas, costos de la formalidad y desconfianza.

Los gastos del Estado se han incrementado sostenidamente en los últimos 10 años, mientras que nuestro PBI ha crecido ociosamente. El Estado ha crecido y se ha llenado de grasa, mientras que el sector privado (formal e informal) se ha contraído, y muchos ahora sólo sobreviven, en vez de crecer. Mientras que nuestro PBI al cierre de 2020 es exactamente el doble del PBI del 2006 (15 años después), el gasto corriente (no financiero) ha crecido 2.6 veces vs 2006 y en el caso de remuneraciones, estas han crecido 2.4 veces vs 2006. El Estado ha crecido de manera desproporcional al crecimiento del país.

Por último, la pandemia ha incrementado los índices de informalidad, por lo que sólo 22% del empleo en el Perú es formal (sólo ese % es el que declara y paga impuestos), y aproximadamente 20% de empresas son formales. Y, la reforma tributaria que plantean sólo traerá más informalidad. Esta considera:

• Incrementar las tasas de impuesto a la renta (para empresas y personas naturales)
• Incorporar en la aplicación del IGV a las pólizas de seguro de vida
• Incorporar en la aplicación del ISC a las soluciones líquidas que se usen para vaporizar en sistemas electrónicos de nicotina (vaporizadores de nicotina)
• “Perfeccionar” el régimen minero, cambiando mínimos, márgenes y elevar tasas marginales
• Suprimir régimen especial de impuesto a la renta (RER) y régimen MYPE Tributario
• Ampliar funciones y servicios del Banco de la Nación, y permitir que brinde productos y servicios (es decir, créditos) a mypes y personas comprendidas en los programas sociales del estado
• Elevar el tope de multas que puede poner la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Según el ministro, esta reforma logrará recaudar s/.12 mil millones al año adicionales. Francke piensa en el Estado como Todopoderoso, que puede mover piezas a su antojo y moldear el futuro. No cree en que el crecimiento es el motor más importante para una economía en desarrollo, y tampoco quiere hacer el trabajo duro (que claramente es más difícil que hacer leyes). Desconoce (o se ciega por su ideología) de las dinámicas de mercado y el comportamiento de los agentes, y por ende no ve que sus propuestas sólo generarían mayor evasión y ahuyentará las inversiones (además de que ya somos un país más riesgoso).

El ministro está planteando reformas en función a su hígado, su ideología, sus frustraciones y complejos – como quedó en evidencia en sus tristes declaraciones sobre autos de lujo. El Congreso no puede otorgar estas facultades pues sería como darle una bomba a un terrorista. Lampadia

Referencias

https://rpp.pe/politica/gobierno/pedro-francke-justifica-pedido-de-facultades-al-congreso-para-legislar-en-materia-tributaria-no-es-un-cheque-en-blanco-noticia-1366041

https://elcomercio.pe/economia/contraloria-hay-2445-obras-paralizadas-por-mas-de-s18360-millones-noticia/

Transparencia MEF: https://apps5.mineco.gob.pe/bingos/seguimiento_pi/Navegador/default.aspx

https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-de-gestion-informalidad-desbordada-empleo-inei-economia-noticia/

https://elcomercio.pe/economia/peru/pedido-de-facultades-legislativas-cuales-son-las-medidas-tributarias-que-aplicaria-el-ejecutivo-pedro-castillo-mirtha-vasquez-pedro-francke-impuesto-a-la-renta-igv-banco-de-la-nacion-noticia/?ref=ecr

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hay algunos sociólogos a los que les encanta hablar de temas tributarios pero que, curiosamente no aportan impuestos o nunca han hecho empresa y no comprenden cómo es la pugna entre subsistir y crecer como empresa, cuando por otro lado tienes una presión por (si quieres ser legal y formal) pagar una importante carga de impuestos y contribuciones laborales.

Recientemente y en medio de la crisis del COVID-19, se le ocurrió al gobierno informar que estaría solicitando nuevas facultades legislativas para una reforma tributaria. En ese punto y luego de algunos días de incertidumbre, se dijo que esperaban recaudar, en un impuesto temporal, algo del orden de 300 millones de soles por mes, pero que no sabían si sería un impuesto a la riqueza o un impuesto adicional a los ingresos. Me pregunto; ¿ha existido algún gobierno en la historia del Perú que haya solicitado facultades legislativas para una reforma tributaria, sin siquiera tener un diagnóstico claro? ¿La magnitud requerida? ¿Para qué? ¿Con qué tipo de impuesto? ¿Cuál es la población impactada? ¿Cuál es el uso alternativo de esos fondos en manos del sector privado y su impacto en la economía? Entre otros…

De otro lado me preocupa más que, algunos sociólogos oficiosos (de izquierda sin duda), que no han hecho siquiera un análisis económico del impacto de sus ideas, hoy piensen que no se trataría de crear un impuesto sino “una serie de impuestos”, lo que a su vez destruye una estructura tributaria clara y simple.

Para los que no se hayan enterado, a pesar de los ya repetidos comentarios de economistas conocidos, el tiempo de crisis no es el momento de crear impuestos. Más aún, en estas circunstancias lo importante es reactivar la economía y, para ello, hay que echar mano de todos los instrumentos de estímulo posibles para reactivar los sectores que puedan impulsar esta recuperación económica.  Perder 10% o 12% del PBI, si no es más, en un año no es cosa de chiste, pues impactará no sólo en los ciudadanos con los niveles de más bajos ingresos del país, sino también en la capa, aún sensible, de aquellos que salieron de la pobreza monetaria en estos últimos años y que podría haber mantenido su estatus, siempre que nuestra economía se sustente dentro de los causes normales, pero ahora no.

Ya  antes hemos dicho que quién legisla “educa” al ciudadano, induciéndolo a cierto comportamiento (largamente estudiado por Gary Becker, autor de “La teoría económica y el comportamiento humano”) al hacerlo evaluar el “costo de oportunidad” de sus decisiones. Un Estado maduro se plantea como objetivos; educar al ciudadano para actuar como tal, respetando las leyes, la moral y las buenas costumbres, a impulsar la creación de riqueza dentro del marco de la legalidad y finalmente a generar un ahorro que le servirá como respaldo personal y familiar, pero además por qué ese ahorro será el instrumento que financia la inversión para el crecimiento de todo el país.

Digo más, ¿no se han enterado que el multiplicador económico de la inversión privada es de lejos más alto que el multiplicador de la inversión pública? Pues eso, debemos promover más inversión privada en el país y también reducir el gasto corriente del Estado, especialmente en estas circunstancias.

Los que plantean impuestos a la acumulación de riqueza, no sólo olvidan que tal riqueza ya pagó impuesto a la renta cuando ésta se generó (ya que supongo están mirando al mismo 25% de ciudadanos formales que pagan impuestos), sino que estimulan que el ciudadano no actúe responsablemente generando ahorro, sino que consuma todo su ingreso sin una mirada de futuro. Pero lo más importante es que, si a ojos de estos sociólogos fuiste tan ingenuo de “acumular pan para mayo” en nuestro país, al plantearte un impuesto a esa acumulación te están invitando a que tus ahorros o inversiones las efectúes, pero lejos, muy lejos del alcance de aquellos que te creen sonso.  Aquí pues se aplica claramente la fábula de “La hormiga y la cigarra” que nos enseñaron de niños.

En lugar de pensar como parásitos buscando cómo fagocitar a la sociedad, debemos pensar en cómo mover todas las palancas y resortes que estimulen la reactivación y crecimiento económico del Perú lo más pronto y eficientemente posible, para salir de esta crisis y devolver las mejores condiciones de vida a todos los ciudadanos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de mayo de 2019
Para Lampadia

Los encantos de Puno son únicos en el mundo. Me refiero – por ejemplo – al mítico lago Titicaca rodeado de esa inmensa planicie que parece desubicada en medio de la agreste cordillera andina. ¡Quién allanó la meseta del Collao, si todo lo que la rodea son picos altísimos y quebradas profundísimas? En fin. ¡Sabe Dios! No obstante, lo que sí se sabe es que Puno y su naturaleza son únicos en el mundo.

La semana pasada estuve por allá… ¡y me gané! La acogida no pudo ser mejor. El encuentro con los 300 – o más – jóvenes de la Universidad Nacional del Altiplano fue por demás aleccionador. Tanto como el entusiasmo y el talento de los directivos de CAENE que me invitaron a dicho encuentro.

CAENE es el Centro de Altos Estudios de Negocios y Economía. Una institución estupenda liderada por un grupo de jóvenes peruanos que propicia la integración Estado – Empresa – Academia – Sociedad Civil. O sea – precisamente – lo que nos falta a los peruanos.

¿Temas e ideas fuerza? Informalidad laboral y tributaria. Trabas burocráticas. Inoperancia de las instituciones del Estado. Corrupción. Desaceleración económica. Anti minería. Litio. Gas natural. Conflictividad social. Agua. Contaminación ambiental. En resumen… pusimos los puntos sobre las íes.

El que cree que en Puno no se puede hablar de temas candentes, está equivocado. Incluso si se tratara de don Walter Aduviri – Gobernador Regional de Puno y líder emblemático de nuestra serranía – con quien tuve una conversación cordial, respetuosa, franca y relevante.

¡Quién dice que no se puede hablar con él! Todo lo contrario. Ojalá tuviéramos más autoridades dialogantes como Aduviri, para hermanar a la Costa con la Sierra. Y ciertamente, con la Selva también. Yo puedo dar fe de ello. Cuando hubo diálogo – como el que establecimos entre Ica y Huancavelica en el período 2015 / 2018 – todo cambió para mejor.

Lamentablemente, muchos peruanos NO son dialogantes. Efectivamente, el propio Gobernador Aduviri me comentó acerca de enfrentamientos recientes entre los gobernadores de Ica y Huancavelica. ¡Cuando ya habíamos establecido la “Hermandad del Agua” entre ambas regiones! Qué lástima que por afanes de figuración – como es el caso del Gobernador Regional de Ica – la población se vea tan perjudicada.

Ahora pasemos a los otros temas. ¿Recaudación o empleo? Esa es la pregunta que se debe hacer el Estado. Pues bien, me queda claro que el Estado prefiere la recaudación, al empleo. Puno me dio la respuesta. El Estado peruano se rasga las vestiduras en cuanto a la promoción del empleo formal. Pero de la boca para afuera. Al Estado peruano le importa un bledo el empleo formal. Lo único que le importa es la recaudación tributaria.

Por eso los sobre costos laborales son tan altos. Por eso la formalización del empleo es inviable. Por eso tenemos ese vergonzoso 70% de informalidad laboral. Al Estado peruano no le interesa el empleo formal. Repito. Al Estado peruano sólo le interesan los chivilines.

Entonces “¿cómo no ser confrontacional con el Estado?” dicen los puneños, con justa razón. Más aún, “si encima se tiran la plata”.

Gracias Puno. Gracias por ilustrarnos en temas tan sensibles como los que he comentado en este artículo. ¡Sigan adelante! Vuestra pujanza es un ejemplo para todo el país. Lampadia

Alonso Rey B.
Para Lampadia

Cuantas veces hemos escuchado hablar a los políticos y al Ministerio de Economía (MEF) que es necesario hacer una reforma tributaria para modificar ciertos aspectos donde los contribuyentes se evaden o eluden para no pagar impuestos; o por que las normas vigentes no son las adecuadas; y no se previó cuando se realizó la última reforma.  Cuando se apruebe la famosa reforma va a resultar inadecuada, por cuanto el informal es más rápido que cualquier burócrata.

Lo que nunca dicen es que los informales no pagan impuestos y los formales cada vez tiene que pagar mas impuestos para poder cubrir los gastos del Estado. Sin embargo, no resulta razonable pensar que más del 73% de la economía es informal y no paga impuestos y que el resto menos del 27% carga con la presión tributaria.

Si el objetivo de la reforma es cambiar todo el sistema tributario, ampliar la base tributaria, facilitar las normas para que sean fáciles de entender, aplicar y pagar impuestos, bienvenida la reforma. Sin embargo, que sea esa la estrella que sigan y para ello deben tener presente lo que dice una frase del autor del Principito (Antoine de Saint Exupery) “Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía”. Nuestros reformistas si pierden la estrella que los debe guiar que es ampliar la base y hacer un sistema fácil de aplicar y entender, volverá hacer una reforma inútil.

Varios temas que se deben evaluar antes de realizar una reforma tributaria:

1.- Debemos empezar a pensar, sino lo han hecho antes, que el sistema tributario peruano es obsoleto y viene desde el año 1968 con cambios cosméticos. Lo que necesitamos es modificar todo el sistema y hacer uno nuevo según nuestra realidad.

2.- De acuerdo con cifras de la Sunat, en los últimos 17 años, la recaudación por tributos internos (es el 74% del total de la recaudación) ha representado entre 10% y 14% del PBI. Sin embargo, por más que la economía peruana sigue creciendo, la recaudación por tributos internos como porcentaje del PBI, pasó de 14.1% en 2014, a 12.6% en 2015; y, posteriormente, pasó a 12.2% y 11.6% en 2016 y 2017, respectivamente. Nuestro sistema tributario ha colapsado y no es posible seguir parchándolo para ver si resulta mejorar la recaudación.

En efecto, en el año 2014, con un PBI de S/ 576,475 millones, se recaudó por tributos internos S/ 81,104 millones, en 2015, con un PBI de S/ 612,668 millones, se recaudó S/ 77,271 millones, es decir, como el cangrejo. A ello tenemos que sumarle la incapacidad del gobierno de turno, en esos años, que también es un factor que tenemos que restar.

Si revisamos las cifras sobre las mayores tasas de crecimiento de la recaudación tenemos que éstas se dieron en los años en que el crecimiento del PBI estuvo por encima del 6%. Por lo que, o sólo crecemos más del 6% o no hagamos ninguna reforma tributaria por que otra vez será inútil y obsoleta en un corto plazo.

3.- Un dato importante para realizar una reforma tributaria es determinar a quien va dirigida, es decir a que tipo de contribuyentes se les va aplicar y sobre todos que empresarios tienen capacidad para entender las normas tributarias, correctamente. Veamos la composición de la PEA en el nivel educativo de nuestro país, y eso que aquí contamos todo nivel educativo, inclusive a aquellas universidades sin clasificación por parte de la SUNEDU, es decir hasta la educación informal.

Como se puede apreciar del cuadro anterior, tenemos que el nivel de la PEA con educación superior universitaria es de sólo 2,764,000 de personas. Es decir, sólo el 16.7% de la PEA podría leer y entender correctamente las normas tributarias aplicables en Perú, es decir sólo legislamos para una minoría y si le restamos a la PEA las personas que viven y trabajan en Lima, Arequipa, Trujillo, tendremos que menos del 10% de la PEA se encuentra fuera de las ciudades mencionadas.

Conclusión, no podemos seguir pensando en hacer una reforma tributaria, lo que tenemos que crear es un nuevo sistema tributario aplicable sino será otra vez Andrés con la misma cojudez.

4.- De acuerdo con el INEI, hacia 2017, la informalidad en nuestro país supera el 73% de la economía, por lo que, cualquier política tributaria adoptada por el gobierno impacta sobre una pequeña porción de la economía. Es decir, casi a la misma proporción de la PEA con educación superior, por que si seguimos en el mismo camino vamos a llegar al mismo final, pocos pagan mucho para sostener a todos. El Estado no se reforma ni actualiza por lo que requiere más recursos.

5.- Tenemos que empezar de cero, con un sistema tributario donde sea sencillo de aplicar, todos paguemos, sea fácil de recaudar, sea más fácil entenderlo y pagar, no existan trámites engorrosos y el contribuyente no sea visto como un delincuente, sino como un socio. Deben tener presente que el Estado participa, actualmente en un 30% de los ingresos del contribuyente, es decir, es mi socio en 30% de la empresa, por que si mi socio gana más dinero el Estado va a recibir mayor participación por los ingresos de sus socios.

Si tu eres mi socio, como puede existir una medida sancionadora del Estado de cierre de establecimiento, es decir mi socio no vende no tiene ingresos y yo no cobro impuestos por esas ventas no realizadas. Tenemos que ser estúpidos para dispararnos no solo en el pie sino en la sien.

6.- La reforma tributaria no puede ser realizada por los mismos funcionarios que administran los impuestos, bien dice Einstein que “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, claro por eso la reforma no puede ser realizada por los mismos funcionarios y haciendo lo mismo, que es parchando las normas actuales sin ser creativos de como podemos mejorar la recaudación y paguen todos impuestos. No hay peor pregunta cuando vas a adquirir cualquier producto o pagar un servicio que te digan “boleta o factura”. Los contribuyentes deberían convertirse en fiscalizadores, pedir facturas y poder deducir todo el IGV que hayan adquirido del Impuesto a la Renta, cuantos fiscalizadores tendremos al día siguiente, 5 o 6 millones, mas que la PEA con educación primaria completa. En los últimos cambios del Impuesto a la Renta fueron muy tibios, luego entro la Sunat y ya no se puede deducir nada de los gastos, por que los trámites son tantos que es mejor no deducir. Es decir, objetivo logrado.

Si hacemos lo mismo, vamos a continuar en el mismo camino. Hoy 280 contribuyentes aportan el 42% de lo recaudado por todo concepto del Impuesto a la Renta. Asimismo, el 1% de los contribuyentes, que resultan ser los mas fiscalizados y son los principales, contribuyen con el 78% de lo recaudado por el Impuesto a la Renta. Ahora cuéntenme de que reforma tributaria hablamos y si el 99% del resto de contribuyentes solo contribuye con el 22%.

Si nosotros como contribuyentes no tenemos ningún incentivo para pedir boleta o factura. ¿Por que tengo que trabajar para el Estado como fiscalizador? que además me cobra impuestos. Cualquier cambio que no sea radical no va a generar ningún incremento en la recaudación, eso ya lo vivimos varias veces y siempre con el mismo resultado, un fracasó mas. La mejor reforma es todos los impuestos a la gasolina (como lo hizo el MEF hace poco), todas las empresas que paguen un 5% sobre los ingresos brutos sin deducciones, todos paguemos IGV a una menor tasa. El otro día leía en una revista (Harvard Business Review) que cuando no encuentras una solución a un problema y sigues buscando haciendo lo mismo, lo mejor es llamar a un músico para que te ayude, por cuanto no esta contaminado con el problema y las diferentes soluciones que pretendes encontrar; él te podrá ayudar a encontrar la solución. En el caso de la reforma tributaria, le diría al MEF que llame a la Sinfónica Nacional y a todos los cantantes folclóricos del país, para que los ayuden a encontrar la solución.

7.- La reforma tributaria tiene que incluir una mejor forma de solucionar los reclamos cuando se originen, no por que un auditor de Sunat realice una acotación implica que la acotación es irrefutable y a pesar que pueda ser una barbaridad ni el superior jerárquico la puede detener y quien paga la cuenta, como siempre es el contribuyente. Al contribuyente le tienen que reembolsar sus costas y costos en el proceso administrativo, en caso gane el proceso; y dichos montos deben salir de las remuneraciones de los fiscalizadores a efectos que tengan un incentivo en no realizar acotaciones absurdas e ilegales. La Sunat jamás debería tener la facultad de impugnar las resoluciones del Tribunal Fiscal, eso por principio, es como el Gerente de Operaciones impugne las decisiones del Directorio por que no esta de acuerdo con la decisión tomada, es impresionante que esto suceda en el Perú.

8.- Toda reforma debe modificar la elección de los miembros del Tribunal Fiscal, la forma de operación y funcionamiento del referido Tribunal y el plazo máximo que tiene el mismo para poder resolver. Conocemos un caso de Aduanas que subió 3 veces al Tribunal Fiscal y en vez de resolver en una sola oportunidad el fondo del asunto, solo declaraba nula la resolución y obligaba al funcionario de Aduanas a volver a pronunciarse. El funcionario no podía entrar en contradicción y volvía a resolver lo mismo con una demora de 2 y 3 años. El proceso se demoró 8 años y el contribuyente, que además era extranjero, no podía entender el problema del Tribunal y mucho menos el de Aduanas.

La elección de los miembros del Tribunal Fiscal debe tener por los menos 3 requisitos (i) que haya pagado impuestos tanto como persona natural o haber sido directivo en una empresa que haya pagado impuestos; (ii) que haya pagado planillas o haya tendido un cargo directivo en una empresa que haya pagado planillas; y, (iii) que sepa leer. Si desean y son muchos requisitos, podemos obviar el último. Los miembros del Tribunal Fiscal no pueden tener alguna relación con la Sunat y si la hubiesen tenido, debería existir un periodo no menor de 5 años en los que no deberían ejercer ningún cargo ante el Tribunal Fiscal. En ese tiempo pueden pagar impuestos y planillas para tener los requisitos esenciales.

Lamentablemente toda esta reforma tributaria sino viene acompañada de una reforma del Estado será inútil, porque el monstruo del Estado seguirá requiriendo más recursos para pagar las ineficiencias que ellos mismos crean para poder mantenerse en el cargo.

Como siempre, se hará la reforma y no se obtendrán los resultados buscados y una vez más se aplicará la frase “Donde termina la Razón, empieza el Perú.” Lampadia

Por Benedict Mander. Corresponsal del Cono Sur

Financial Times

(El Comercio – Portafolio, 25 de febrero de 2015)

Michelle Bachelet, presidenta de Chile, regresó al poder en 2013 debido a sus promesas de combatir la desigualdad y terminar con los fuertemente enraizados privilegios que disfruta la élite tradicional del país.

Así que la credibilidad de su gobierno sufrió un serio golpe cuando Sebastián Dávalos, el hijo mayor de esta madre soltera, fue acusado a principios de mes de usar su influencia para asegurar un préstamo bancario. El revuelo fue tan grande que se vio obligado a renunciar la semana pasada como director de una fundación caritativa normalmente dirigida por la primera dama de Chile.

Lamentando este “momento amargo”, Dávalos admitió que el escándalo podría dañar no solo al gobierno, sino a la misma presidenta, cuya popularidad se ha hundido a bajas récord en medio de una desaceleración económica motivada por la baja en precio del cobre, la principal exportación chilena.

En juego está la ambiciosa agenda de reformas dirigida contra la inequidad, que se ha mantenido alta a pesar de un crecimiento económico excepcional en las últimas décadas. Los elementos más controvertidos de su agenda, especialmente en educación, han sido rebajados por la facción moderada de su coalición de centroizquierda, cuyo apoyo necesita para impulsar nuevas leyes en el Congreso.

“Con este escándalo, los moderados probablemente adquirirán más fuerza, ya que Bachelet no va a ser capaz de mover legítimamente la coalición más hacia la izquierda”, dice Patricio Navia, un politólogo en New York University.

“La familia de Bachelet estaba usando el mismo tipo de acceso privilegiado que ella criticó tanto en su campaña”, explicó.

Para muchos chilenos, la habilidad de Dávalos para asegurar un préstamo por US$10,4 millones para el negocio de su esposa del Banco de Chile, después de reunirse con su vicepresidente Andrónico Luksic – que es uno de los hombres más ricos de Chile y cuya familia controla el banco – es un ejemplo elocuente de la extensión del privilegio en el país. El préstamo se aprobó el día después de que Bachelet ganara las elecciones presidenciales.

El escándalo es un bono para la alianza opositora de derecha en Chile, que se ha lanzado sobre el llamado “nueragate”. No solo quedo débil la oposición después de haber sido aplastada por la coalición de Bachelet en las elecciones presidenciales del 2013, sino que también ha sido golpeada por un dañino escándalo sobre sus propias finanzas de campaña.

Pero Navia añade: “La verdadera oposición a Bachelet no es la alianza de derecha, sino los Demócratas Cristianos en el senado”.

Dice que el grupo más moderado de la coalición en el poder ha tenido éxito en asegurar que las reformas de Bachelet sean “mucho menos radicales de lo prometido”.

De hecho, con su cómoda mayoría en el Congreso, la oposición ha sido incapaz de impedir que la coalición en el poder, Nueva Mayoría, empuje importantes reformas en el Congreso. El año pasado fue aprobada una reforma tributaria que habilitará al estado a recolectar US$8 mil millones más al año, principalmente de negocios, mientras que las reformas de educación, que son un elemento clave de la agenda de Bachelet, están cerca de ser aprobadas.

Ahora, los negocios en particular tienen su mirada en las reformas laborales controversiales, que deberán debatirse en el Congreso más adelante en el año. Los críticos dicen que las reformas propuestas simplemente reforzarán el poder de los sindicatos, que solamente representan cerca del 15% de los trabajadores. Lejos de mejorar el empleo y la productividad, las reformas arriesgan aumentar el desempleo y los conflictos laborales, dicen.

“Sería muy difícil hacer las reformas que el gobierno está tratando de implementar sin encontrar problemas y generar incertidumbre”, dice José de Gregorio, anteriormente director del banco central. Aunque el gobierno ha tenido que luchar para calmar los miedos de los inversionistas, especialmente acerca de la reforma tributaria, “hoy muchas de esas dudas se están disipando”, insiste.

El optimismo de Gregorio es compartido por instituciones de Wall Street tales como Standard & Poor’s y JPMorgan, quienes han argumentado recientemente que la economía está a punto de mejorar. JPMorgan subió su predicción de crecimiento para 2015 de 2,3% a 2,7%, conforme los precios más bajos del petróleo ayudan a compensar la caída de los precios del cobre, después de un crecimiento del 1,8% el año pasado.

Sin embargo, Felipe Larraín, ministro de finanzas en el anterior gobierno de Sebastián Piñeira, señala que la economía ha sufrido un “aterrizaje duro” después de haber promediado 5,3% de crecimiento de 2010 a 2013.

“En este complicado escenario, la reforma laboral es solo una cosa más. Con la reforma tributaria, todo marcha en la misma dirección”, dice, argumentando que el aumento en los costos del empleo y producción está actuando como un desincentivo para la inversión, que ha estado cayendo en los últimos seis trimestres. “Creo que Chile puede hacerlo mucho mejor”, dijo.

A pesar de que Chile es visto por algunos como la economía más avanzada y abierta de Sudamérica y tiene la más alta calificación crediticia soberana (AA3 según Moody’s), la gigante productora de cobre estaría enfrentando problemas con la producción de nuevas minas. Además, su crecimiento económico se ha visto reducido continuamente a lo largo del año.

El Banco Central de Chile redujo su pronóstico de crecimiento para este año nuevamente, citando una desaceleración más profunda y más larga de lo esperado en la actividad y la demanda. El FMI recortó a 2% su proyección de crecimiento durante este año, a pesar de su anterior pronóstico de expansión de 3.2%. En agosto, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) aumentó tan solo 0.3% con respecto al mes pasado, un performance tan bajo que no ha sido visto desde el terremoto en Chile hace más de cuatro años.

Desde que Michelle Bachelet entró al gobierno, los inversionistas y los ciudadanos han venido perdiendo la confianza en su capacidad para gobernar el país. Muchas de las medidas que ha tomado son contraproducentes y le han restado a Chile la predictibilidad de la que ha gozado (raro ejemplo latinoamericano) durante las últimas décadas. Por el contrario, hoy los inversionistas están reticentes a invertir en un país que ahora legisla en contra de las empresas. 

Al parecer Bachelet, siguiendo la tradición de la izquierda latinoamericana, se ha contagiado del virus de la ‘refundación’. Se quiere transformar todo, hacer una nueva constitución. Todo esto afecta la tranquilidad del país, tal y como viene ocurriendo con las normas que se están aprobando.

Las reformas para incrementar el gasto en programas sociales de Bachelet han sido consideradas como populistas. Sin duda, la medida que mayores protestas ha generado ha sido la tributaria. (Ver en Lampadia (L): Resistencias a la reforma tributaria de Bachelet). 

Las PYMES y el sector empresarial en su conjunto llamaron la atención porque estas normas sería contraproducentes, pues debilitarían sustancialmente el clima de inversión chileno en un momento en que la economía se enfría y crece a sus niveles más bajos en los últimos cuatro años (2.7% el primer cuatrimestre). A pesar de que la reforma tributaria ha sido vendida como la única forma de obtener los 8,200 millones de dólares que se necesitarían para hacer gratuita la enseñanza (una demanda que tomó las calles durante el primer gobierno de Bachelet), no es muy bien vista entre los chilenos. Ver en L: Chile por el mal camino.

Actualmente, el gobierno chileno está tomando medidas para dinamizar nuevamente el crecimiento de su economía, poniendo en marcha un plan de inversiones en infraestructuras públicas. Hace unos días, el ministro de Obras Públicas anunció que se invertirá  US$ 28,000 millones, de los cuales 11,000 serán en régimen de concesiones públicas a empresas.

La minería, uno de los sectores más importantes del país, está enfrentando graves problemas. Se espera que Chile produzca un récord de 5.83 millones de toneladas de cobre este año, llegando a 6.23 millones el año que viene, afirma la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Sin embargo, la estimación oficial de la producción en 2014 ya ha sido recortada dos veces, de 6.07 millones de toneladas, tras la suspensión de nuevos proyectos (como El Morro) y la caída de la producción en otros.

Sin embargo, uno de los principales problemas de las mineras chilenas es que su desventaja competitivas con otros países mineros es de 11.1%, según cifras del Consejo Minero. En los últimos cinco años, los costos de la minería del cobre habrían incrementado en 66%, indica. Se está convirtiendo en uno de los países más caros para la exploración y extracción minera.

De acuerdo a Cochilco, el costo de producir una libra de cobre aumentó de US$ 0.63 por libra en el 2004, que era la mitad del costo en África y muy por debajo del promedio mundial en el momento, a US$ 2.50 el año pasado. Esto significa que ahora cuesta alrededor de 3.5 veces más (350%) para producir una libra de cobre en Chile, comparándolo con hace una década, y la cifra es también superior a la media mundial de US$ 2.38 por libra registrado el año pasado.

Esto se debería, parcialmente, al alto precio de la energía (que significa alrededor del 20% de los costos de las empresas), lo que pone en peligro la competitividad de la industria de cobre del país y plantea un gran desafío para nuevos desarrollos. Según la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET), el costo de la energía en Chile en la última década habría aumentado un 193%, mientras que el alza promedio mundial, durante los últimos diez años, fue de 111%.

Los altos salarios no ayudan a la situación. Los mineros chilenos producen menos de la mitad de sus contrapartes norteamericanas, pero tienen salarios más altos. El costo de mano de obra es entre 33 y 188% más alto que en otros países mineros.

Los costos de producción de minas chilenas podrían bajar, sin embargo, si los mineros recortan las expansiones planificadas debido a la caída de los precios del cobre y si los proveedores de energía se ven obligados a ofrecer precios más competitivos.

Otro de los motivos del aumento de los costos de minería del cobre es por el alza del dólar. El Ministerio de Hacienda hizo un llamado al sector privado al respecto, fomentando a que se invierta con fuerza en los sectores productivos que se vean beneficiados por una ventaja comparativa debido al tipo de cambio (como por ejemplo la exportación de alimentos, forestal y productos metálicos, que han tenido un alza de 14%, 10% y 20% respectivamente), y así poder sustituir el motor del crecimiento de los próximos años.

El economista chileno, Sebastián Edwards, explicó que “el ciclo de la mediocridad” estaría al acecho, lo cual implica una baja en la inversión, ahorro y productividad, todo lo cual ya está ocurriendo, señaló. También afirmó que el país se “ha quedado atrás en infraestructuras”, y que Chile “no es un país moderno y aspiramos a que se mueva hacia la modernidad”. También avisó de que un hipotético descenso en el precio de las commodities provocaría que “nuestro entorno se transforme en uno menos favorable”.

Otras medidas que habría que tomar en consideración sería hacer cambios en el gabinete, como afirma Edwards. Dice que, “en Chile, hasta ahora, no han existido defensores del capitalismo”, mostrando su preocupación por el clima social.

Se están tomando medidas para dinamizar la economía chilena, pero faltaría fortalecerla más. Esperemos que Chile logre su recuperación económica. A toda la región le haría mucho bien que Chile recupere su senda de crecimiento, su modernidad y su cintura. Sería muy bueno para todo Latinoamérica. Lampadia

Por Alonso Segura. Ministro de Economía y Finanzas

(El Comercio, 21 de Septiembre del 2014)

Comentado por Lampadia: Ya es hora de que el gobierno reconozca las verdaderas medidas del Perú: 90-90-90. 90% del empleo, 90% de los recursos fiscales y, 90% de la inversión (Incluida parte de la pública, que sale de la recaudación fiscal). Ver otras notas más abajo.

¡Suerte Ministro!

El Perú es una de las economías con mayor potencial de crecimiento de la región y se ha distinguido por el manejo responsable de sus finanzas públicas y el buen desempeño de sus cifras macroeconómicas.  Como pocas veces en nuestra historia, el sueño de tener un país moderno que brinde igualdad de oportunidades a sus ciudadanos parece cada vez más cerca, pero es un camino que no está exento de dificultades. 

Al igual que lo ocurrido en la gran mayoría de países de la región, este ha sido un año de debilitamiento en el crecimiento de la economía. Es indudable que factores externos han contribuido de manera determinante en este resultado, si bien también se han sumado otros de fuente doméstica, tanto de oferta como de demanda.

Sin embargo, indicadores adelantados de actividad económica, que se utilizan como señalizadores de lo que se viene, ya empiezan a mostrar un mayor dinamismo, lo cual sugiere una recuperación gradual del crecimiento en los próximos meses. En este sentido, lo peor de la desaceleración ya habría pasado y los factores adversos se irán disipando gradualmente durante el resto del año, aun cuando en el tercer trimestre podamos ser testigos de un crecimiento todavía errático. 

En este contexto, los objetivos del gobierno del presidente Ollanta Humala apuntan a continuar reduciendo la pobreza y generando mayor inclusión social.  Para ello, es necesario consolidar la recuperación de la economía, generar las condiciones para sostener altas tasas de crecimiento en el mediano plazo, persistir y profundizar en la implementación de reformas e iniciativas ya en marcha, así como adoptar algunas medidas adicionales prontamente.

Es fundamental continuar con la implementación de las grandes reformas que este gobierno ha venido trabajando en los siguientes campos: el servicio civil, el magisterio, el sector salud, entre otros. Estas reformas reflejan la apuesta del gobierno por fortalecer el capital humano y la meritocracia en la administración pública que permitan a su vez la provisión de mejores servicios a los ciudadanos. Una muestra clara de cuán prioritarias son estas reformas es el incremento sustancial de casi 1% del PBI en la asignación para los sectores de Educación y Salud en la propuesta de Presupuesto General de la República remitida al Congreso para el año 2015, así como el compromiso de recursos incrementales para el 2016.

De igual modo, es necesario garantizar la ejecución oportuna del gasto público, y en particular, de la inversión pública, en línea con los objetivos y asignaciones plasmados en el presupuesto; así como continuar con el despliegue del presupuesto por resultados. En esa línea, se ha venido trabajando en mecanismos para modernizar y hacer más ágiles los procesos de compras y contrataciones del Estado. Este no es un reto menor debido a la complejidad de los procesos y la multiplicidad de entidades involucradas, pero hay que seguir haciendo más predecible, eficiente y equitativa la asignación y ejecución del gasto público en todos los niveles de gobierno. Recordemos, además, que el gasto público es la principal herramienta de política fiscal, más aun en situaciones como la actual, que ameritan un sesgo contracíclico como mitigante al debilitamiento temporal de la actividad privada. [Lamentablemente paralizada por el propio Estado, que no llega a creer en la potencia del sector privado peruano] Iniciativas como la extensión de obras por impuestos al gobierno nacional en sectores priorizados, propuesta del Ejecutivo que se encuentra hace unas semanas en el Congreso de la República, son fundamentales en este esfuerzo.

Estamos abocados en profundizar y hacer aun más comprensivos los esfuerzos en la eliminación de la ‘tramitología’ pública que se traduce en sobrecostos y demoras a la conducción de actividades por parte de los ciudadanos y de las empresas. A este efecto, y en línea con los esfuerzos de seguimiento y destrabe de inversiones, así como del segundo eje del Plan Nacional de Diversificación Productiva, se está trabajando una propuesta normativa que gatille en las entidades públicas la obligación de diseñar, proponer y remitir iniciativas de simplificación de sus procesos, en un breve plazo.

Un mecanismo sostenible para acelerar el cierre de la brecha de infraestructura y provisión de servicios de calidad a los ciudadanos proviene de darle un impulso aun mayor a las asociaciones público-privadas. A este efecto, no solo se vienen formulando proyectos bajo iniciativa estatal, sino que se está trabajando en impulsar decididamente las iniciativas privadas cofinanciadas (IPC). [Ver en Lampadia: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones]. En este sentido, se encuentran actualmente en evaluación una cantidad importante de IPC, incluyendo sectores sociales como salud y educación; varias de las cuales consideramos estratégicas para el Estado Peruano y sobre las que haremos anuncios próximamente.

Asimismo, estamos evaluando medidas adicionales, incluyendo los ámbitos tributario y laboral, que  brinden un soporte adicional a la actividad económica, impulsando así las expectativas en el corto plazo y permitiendo generar mayor competitividad y ganancias de productividad en la economía hacia el mediano plazo. Estas medidas deben tener como denominador común el coadyuvar a facilitar la generación de empleo formal. Somos conscientes de que vivimos en un mundo cada vez más competitivo, y por ello, tenemos que trabajar para generar las condiciones que nos permitan integrarnos exitosamente con nuestros pares de la Alianza del Pacífico, así como avanzar decididamente en el proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). [Lamentablemente el Presidente de la República, en su último mensaje al Congreso Nacional, dijo que llevaría este tema al acuerdo nacional, que aprueba sus decisiones por consenso absoluto. Por lo cual, bastaría que el cura Bambarén se oponga para que no podamos postular a la OECD]. 

Estos son algunos de los principales retos que tenemos por delante. Es mi compromiso con todos los peruanos mantener el desarrollo de políticas económicas equilibradas así como promover inversiones de calidad, que contribuyan al crecimiento con inclusión social. Para ello, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, buscaremos, a través del diálogo y el intercambio de propuestas, lograr los consensos que una agenda tan ambiciosa, y tan necesaria, requiere.

El crecimiento económico y la reducción de la pobreza han desatado un debate sobre el número de peruanos que conforma la nueva clase media emergente y otro acerca de su contribución económica y política al país. En Lampadia hemos informado reiteradamente que organismos internacionales como el BID, el BM y la CEPAL señalan que la clase media peruana ya es mayoría en la sociedad. También creemos que debe consolidarse su contribución a la sociedad mediante la resolución de la Agenda Pendiente en educación, salud, infraestructuras y clima de inversión. Pero a diferencia de muchos sectores de la élite peruana –más allá de derechas e izquierdas- creemos que la emergencia popular es un hecho positivo y trascendental del siglo XX, un hecho sin el cual no se explicarían todos los milagros políticos y económicos del país.

Cuando el estado populista se derrumbó en los ochenta con sus secuelas de hiperinflación y el terrorismo, las inmensas masas andinas que migraron a las ciudades, en lugar de sumarse a las prédicas terroristas (como sucedió en otras latitudes) o caer en la delincuencia, optaron por el emprendimiento y, décadas después, surgió una sociedad de millones de empresarios. Ese mundo informal, pues, es uno de los factores que nos salvo de la disolución como sociedad. Desde ese momento quedó en claro que, antes que un problema, la emergencia popular era un camino de infinitas posibilidades. En todo caso, ¿cómo podríamos explicar nuestra sorprendente continuidad democrática y de economía de mercado si los partidos, las élites y los intelectuales fracasaron en toda la línea?

Sin embargo, a pesar de que, en la última década, el Perú creció por encima del 6%, redujo la pobreza a más de la mitad y arrinconó a la desigualdad, la economía y la sociedad peruana continúa siendo en su gran mayoría informal: alrededor del 70%. ¿A quién le echamos la culpa de esta situación? ¿Al mundo informal, popular y empresarial que nos salvó de todos los infiernos o a la élite política, económica y cultural que no ha logrado representar el mundo emergente en la sociedad pública no obstante que la Carta Política del 93 le otorga todas las herramientas?

Cada vez que las élites han tenido que valorar los aportes del mundo popular, instintivamente, le han restado méritos. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad, en vez de reconocer la gesta histórica de los héroes campesinos en derrotar a Sendero Luminoso, se dedicó a convertir a los hombres del campo en simples víctimas, en pobrecitos. Hoy se acusa a los empresarios informales de ser “individualistas” y “pragmáticos, de “no pagar tributos”, de ser radicales anti-estatistas y de ser “dueños de nada” por su escaso aporte al espacio público.

Si son individualistas y pragmáticos, entonces, estamos ante la gran noticia del nuevo siglo. Significa que el sistema político ha sido incapaz de representar los intereses de este mundo emergente y, por lo tanto, incapaz de construir un estado con legitimidad.  La democracia, el bienestar general y todas las libertades surgieron cuando un puñado de individualistas y pragmáticos de Occidente se propuso desarrollar un contrato social: Democracia y Economía de Mercado. Cuando exista esa representación, el Estado podrá cobrar todos los tributos habidos y por haber, porque el ciudadano de cualquier parte del mundo o de la historia paga por representación y servicios. Nunca paga si no recibe nada. Y, aunque parezca mentira, cuando eso suceda habrá surgido una nueva política y el trágico divorcio entre fracaso político y éxito económico habrá terminado.

En el Perú estamos enfangados en una discusión sobre cómo desarrollar más competitividad para la economía. Los sectores de izquierda creen que estas demandas solo provienen de la gran empresa y la inversión extranjera. Falso de toda falsedad. Por ejemplo, la reforma del sistema laboral. ¿Alguien cree que los millones de empresarios informales pueden pagar todas las gollerías laborales, beneficios e indemnizaciones que defiende la CGTP y Mario Huamán? Cuando se represente el mundo informal en la política quedará más que claro que la CGTP es una minoría de minorías frente a la avalancha de nuestros empresarios emergentes.

También discutimos sobre la meritocracia en el Estado y la educación, por ejemplo. Pero los sindicatos se convierten en murallas contra estas reformas. Si el mundo emergente tuviera voz y voto en el espacio público todos entenderíamos que las empresas informales, los trabajadores informales, solo pueden existir por la dictadura de los méritos. Allí los errores se sancionan. Quedaría entonces claro que los opositores a la meritocracia solo son minorías y aristocracias.

La reforma del Estado, la instauración de la meritocracia pública, la reforma tributaria, la reforma laboral y todas aquellas reformas que no se hacen y ensombrecen nuestro futuro solo podrán ser implementadas cuando el país formal e informal converjan en uno solo. Y cuando eso suceda nuestra democracia tendrá partidos nuevos y reformados y la gente comenzará a ver con otros ojos al Congreso, al Poder Judicial y las demás instituciones. Cuando eso suceda, simplemente, el Perú ya estará en el umbral del desarrollo.

Apenas asumió Enrique Peña Nieto la Presidencia de México, el 2 de diciembre del 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRDN) y el Partido Verde Ecologista firmaron el Pacto por México, con el objeto de transformar de raíz la sociedad y acercarse a su potencial de desarrollo. Los políticos mexicanos pusieron por delante el futuro del país y las diferencias se guardaron en las gavetas partidarias. En una sociedad que se consideraba recelosa para realizar reformas debido a los ecos estatistas de la  Revolución mexicana, y el poder del Sindicato de Educación, hoy algunos proyectos trascendentales están a punto de aprobarse: las reformas en Educación, Telecomunicaciones, Energía y Petróleo y  tributaria.

El Pacto por México le permite al gobierno lo que parece imposible: reformar la Constitución mexicana abriendo los candados estatistas y derribando los muros que impiden la participación del sector privado, por ejemplo, en el tema petrolero. Es decir, las reformas que Peña Nieto impulsa serían inviables sin el mencionado pacto. Además, el acuerdo señalado otorga al presidente un respaldo político impensado para llevar adelante las reformas. Aquí se grafica con absoluta claridad la importancia de los pactos y los acuerdos para la gobernabilidad de una sociedad. México, y la historia de España y Chile, por ejemplo, nos dejan lecciones clarísimas.

Como parte de este proceso, el Congreso mexicano aprobó la reforma educativa para crear el Sistema de Servicio Profesional Docente y elevar a rango constitucional el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es decir, se establece un sistema de evaluación, nombramiento y promoción de docentes basado en la meritocracia. Semejante propuesta busca quebrar el control y la dictadura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), uno de los gremios más poderosos y corruptos del mundo que, de alguna manera, siempre tuvo voz y voto en los pasillos del Palacio de Gobierno y decidía quién era maestro, director o funcionario educativo. Hoy los activistas del SNTE quieren incendiar las calles aztecas con protestas y desmanes para bloquear la reforma, pero el Pacto por México es una muralla que la respalda.

La iniciativa del gobierno para reformar el sistema de telecomunicaciones que fomenta la competencia en la televisión, radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y telecomunicaciones, también se respalda en el Pacto por México. La promoción de la competencia en el sector afectará a diversos grupos que, tradicionalmente, expandían sus negocios sobre la base de contactos en el Estado. Como se aprecia, las reformas en México van restando poder a diversos tipos de grupos mercantilistas, ya sean sindicatos o grupos empresariales.

Con respecto a la industria petrolera, el presidente envió en agosto una propuesta de modificación constitucional que viabiliza la inversión privada en este sector-por primera vez desde 1960- para poner fin a la prohibición se puedan celebrar contratos para extraer petróleo y gas. En México la producción petrolera viene reduciéndose sostenidamente y el gobierno quiere terminar con el monopolio de Pemex, que no tiene ni los recursos ni la experiencia, para aprovechar las reservas de petróleo del Golfo de México. Igualmente, la reforma planteada en el sector eléctrico apunta a que las empresas privadas puedan invertir en generación, aunque la distribución seguirá bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad.

En materia fiscal el gobierno de Peña nieto plantea audaces medidas tanto en el manejo del gasto como en lo tributario. En el primer caso, propone modificaciones importantes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer una regla de balance estructural para la economía mexicana que otorgue mayor fortaleza a la conducción macroeconómica. De esta forma, se busca una mayor calidad y eficiencia del gasto público. Otro aspecto destacable es la creación de un Fondo de Ahorro Soberano que sirva para cubrir contingencias estructurales de mediano plazo en los ingresos o gasto públicos. En el segundo caso, la reforma tributaria incluye aspectos positivos como la eliminación de impuestos anti-técnicos como el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), y ahora serán gravados con el IVA (que es de 16%) otro tipo de bienes o servicios que antes estaban exonerados.

Finalmente, el gobierno ha establecido los primeros pasos para transformar el enfoque asistencial de los beneficios sociales por el reconocimiento de derechos universales para los ciudadanos. Así, se busca mejorar  la calidad de vida de los mexicanos, a través de “una red de protección social universal, que incluye un sistema de Seguridad Social Universal, y la propuesta de una pensión universal y un seguro de desempleo para los trabajadores formales.

El documento Criterios Generales de Política Económica 2014 del gobierno mexicano remarca que se prevé un incremento en el flujo de capitales hacia México como consecuencia de las reformas estructurales impulsadas. Como se puede apreciar, México está reorganizando la sociedad y el estado, con algunas reformas mejor diseñadas que otras, pero poniendo por delante los intereses nacionales y el futuro con un pacto histórico. Si bien México todavía tiene reformas que ejecutar, sobre todo en lo relacionado a instituciones, seguridad, corrupción y narcotráfico, es evidente que los mexicanos han decidido, como se dice, agarrar el rábano por las hojas para recuperar el carro de la competitividad. Una clara enseñanza para el gobierno peruano y los partidos políticos que hoy dialogan e intentan desarrollar acuerdos.

Como era de esperar, a más reforma, más resistencia. Pero hasta ahora el gobierno y los firmantes del pacto, están resistiendo las presiones. ¡Suerte a México, ya es hora de que los latinoamericanos vayamos  incorporando más racionalidad y menos romanticismo en los asuntos públicos!