A la luz de lo observado a partir del levantamiento de la cuarentena en China se puede visualizar con mayor claridad, salvando las debidas distancias, cómo podría configurarse un mundo post-pandemia en el ámbito económico y social. A esto lo ha denominado The Economist como “la economía del 90%”, una suerte de aparato productivo en el que varios sectores que involucran un mayor contacto social, como el de restaurantes, retail y entretenimiento, han quedado menoscabados por los mismos consumidores que se muestran aún reacios de gastar en tales actividades; perdiendose 10% de la actividad de la economía.

Esta reflexión solo deja en claro un hecho que parece inevitable: hasta que no se produzca una vacuna o por lo menos un tratamiento efectivo al covid 19, es altamente probable que la economía global no pueda operar al mismo potencial previo a la crisis. Ello traerá fuertes implicancias sobre la mano de obra que era empleada en los sectores anteriormente descritos, en particular, podría verse forzada a realocarse en actividades menos riesgosas ante el desempleo que se generará producto de estos shocks negativos de demanda.

Esta discusión, aterrizada a la realidad de nuestro país, no es un tema menor. La normatividad laboral actual, altamente onerosa en lo que respecta a la  contratación y el despido, no permitiría una eventual pero sobre todo rápida absorción de estos trabajadores entre sectores de la economía. Ello sin contar las brechas de capital humano en la educación superior que de por sí ya generan complicaciones para la empleabilidad de nuestros jóvenes.

En ese sentido, se debe llamar la atención a los formuladores de política a poner en la mesa de nuevo la reforma laboral si es que esperan que el mercado de trabajo peruano siga mostrando dinamismo cuando se empiecen a implementar los tan anunciados levantamientos progresivos de la cuarentena. Lampadia

La economía del 90%
La vida después de los bloqueos

Será difícil en formas que son difíciles de imaginar hoy

The Economist
30 de abril, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

En muchas cosas, el 90% está bien; en la economía es miserable, y China muestra por qué. El país comenzó a terminar su encierro en febrero. Las fábricas están ocupadas y las calles ya no están vacías. El resultado es la economía del 90%. Es mejor que un bloqueo severo, pero está lejos de ser normal. Las partes faltantes incluyen grandes fragmentos de la vida cotidiana. Los viajes en el metro y en vuelos nacionales han disminuido en un tercio. El gasto discrecional del consumidor, en restaurantes por ejemplo, ha caído un 40% y las estancias en hoteles son un tercio de lo normal. La gente está agobiada por las dificultades financieras y el miedo a una segunda ola de covid-19. Las quiebras están aumentando y el desempleo, dijo un corredor, es tres veces el nivel oficial, alrededor del 20%.

Si el mundo rico posterior al cierre sufre su propia marca de la economía del 90%, la vida será difícil, al menos hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento. Una caída en el PBI en EEUU de alrededor del 10% sería la mayor desde la segunda guerra mundial. Mientras más sufra las causas de covid-19, más profundos y duraderos serán sus efectos económicos, sociales y políticos.

La disminución de los bloqueos afectará a la escala del daño económico. Por ejemplo, el cálculo de costo-beneficio apunta hacia la apertura de las escuelas primero. Pero, por más que se alivien las restricciones, las fuerzas poderosas frenarán las economías.

Para empezar, dejar el bloqueo es un proceso, no un evento. Incluso cuando lo peor haya pasado, los casos disminuyen lentamente. Un mes después de que las muertes de Italia alcanzaron un máximo de aproximadamente 900 por día, el número sigue siendo más de 300. Con el virus todavía presente, es probable que se mantenga un cierto distanciamiento social.

Una segunda razón es la incertidumbre. Después de que cesen los bloqueos, se desconocerá mucho sobre la enfermedad, incluidas las posibilidades de un segundo pico, si la inmunidad perdura, así como las perspectivas de una vacuna o una cura. Esto inhibe a los que temen la enfermedad. Aun cuando algunos estados alivian el distanciamiento social, un tercio de los estadounidenses dicen que se sentirían incómodos al visitar un centro comercial. Cuando Alemania permitió la apertura de pequeñas tiendas la semana pasada, los clientes se mantuvieron alejados. Los daneses bajo cierre redujeron el gasto de los hogares en servicios, como viajes y entretenimiento, en un 80%. Los economistas daneses estiman que las personas en la vecina Suecia, que no se bloquearon, redujeron el gasto en la misma medida.

Muchas empresas emergerán del bloqueo por falta de dinero, con balances tensos y una demanda débil. En una encuesta para Goldman Sachs, casi dos tercios de los propietarios de pequeñas empresas estadounidenses dijeron que su efectivo se agotaría en menos de tres meses. En Gran Bretaña, la proporción de inquilinos comerciales que se han retrasado en su alquiler ha aumentado en 30 puntos porcentuales. Esta semana, el jefe de Boeing advirtió que los viajes aéreos no coincidirían con el nivel de 2019 durante dos o tres años. La inversión, que representa aproximadamente una cuarta parte del PBI, caerá, no solo para conservar efectivo, sino también porque el riesgo no puede ser valorado (una razón para pensar que un reciente repunte del mercado de valores tiene bases débiles).

Las empresas que luchan profundizarán las preocupaciones financieras de las personas. Más de un tercio de los encuestados en EEUU le dijeron a Pew Research que, si perdían su principal fuente de ingresos, sus ahorros, nuevos préstamos o la venta de activos los sostendrían por no más de tres meses. Debido a que las industrias más afectadas en la economía del 90% emplean a mucha gente de bajos salarios, el desempleo será alto y el trabajo informal será difícil de conseguir. Incluso ahora, en las cinco economías más grandes de Europa, más de 30 millones de trabajadores, una quinta parte de la fuerza laboral, están en esquemas especiales donde el estado paga sus salarios. Estos pueden ser generosos, pero nadie sabe cuánto durarán.

La economía también sufrirá cicatrices. Las empresas que se adaptan al covid-19 reduciendo costos y encontrando nuevas formas de trabajo pueden aumentar la productividad. Pero si las personas se mezclan menos después del levantamiento de los bloqueos o si están inactivas durante meses, se desvincularán de las redes profesionales y pueden perder habilidades. Los desempleados de EEUU podrían enfrentar una década perdida. Los esquemas gubernamentales salvarán a las empresas a corto plazo, lo cual es bienvenido. Pero aquellos diseñados para preservar el trabajo corren el riesgo de crear empresas zombis que no prosperan ni quiebran, lo que ralentiza el reciclaje de mano de obra y capital.

Mientras más tiempo tenga que soportar el mundo una economía del 90%, es menos probable que retroceda después de la pandemia. Después de la gripe española hace un siglo y hace casi dos décadas, el deseo abrumador era que la vida volviera a la normalidad. Pero ninguno tuvo un efecto económico tan grande como el covid-19, y las expectativas de los ciudadanos sobre el gobierno fueron más modestas en 1918 que en la actualidad.

Una recesión profunda y larga avivará la ira, porque la pandemia ha mostrado un espejo poco halagador para las sociedades ricas. Las residencias de ancianos mal administradas, las altas tasas de mortalidad entre las minorías, las demandas adicionales que detienen a las mujeres trabajadoras y, especialmente en EEUU, la atención médica que es difícil de alcanzar para muchos, llevará a reclamos de reformas. También podría darse cuenta de que una carga injusta ha recaído en la gente común. Los estadounidenses que ganan menos de US$ 20,000 al año tienen el doble de probabilidades de haber perdido su trabajo con covid-19 que alguien que gana más de US$ 80,000. Mucho dependerá de qué tan rápido se vuelvan a contratar.

La demanda popular de cambio podría radicalizar la política más rápido de lo que lo hizo después de la crisis financiera en 2007-09. La tarea para aquellos que creen en los mercados abiertos y el gobierno limitado es asegurar que esta energía se canalice hacia el tipo correcto de cambio. Si la pandemia reduce la barrera para la reforma, ofrecerá una rara oportunidad de reformular el contrato social para favorecer a los que han sido excluidos y vincular a aquellos que hoy disfrutan de privilegios arraigados a través del sistema tributario, la educación y la regulación. Quizás la pandemia mejorará un sentido de solidaridad nacional y global. Quizás el éxito de países como Alemania y Taiwán que han lidiado con la enfermedad gracias a instituciones sólidas contrastará con los lugares donde los artistas populistas pasaron su tiempo desviando teatralmente la experiencia.

Sin embargo, eso puede ser una ilusión. En los próximos 18 meses, todos los que tengan una agenda argumentarán que la pandemia demuestra su punto. Después de 2007-09, los políticos no pudieron hacer frente a las quejas de la gente común y la demanda de cambio llevó a un aumento en el populismo. La economía del 90% amenaza un sufrimiento aún mayor. La ira que crea puede terminar alimentando el proteccionismo, la xenofobia y la interferencia del gobierno en una escala que no se había visto en décadas. Si, como este periódico, ese es un resultado que rechazaría, es hora de comenzar a discutir por algo mejor. Lampadia

Las recientes protestas en buena parte de América Latina han significado un duro golpe a la derecha política gobernante e inclusive la ha lanzado a implementar ciertas políticas públicas, que fuera de constituirse como soluciones a los problemas económicos y sociales que subyacen en tales países, son meramente placebos y populismos para calmar la violencia.

Fijación e incrementos de salarios mínimos, permanencia de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos, topes a los costos de los medicamentos, entre otras medidas reflejan cómo las ideas del liberalismo poco a poco van perdiendo terreno frente a un intervencionismo en los mercados hechos para satisfacer a un populorum que reclama cambios al “modelo” imperante en sus países.

Esta problemática es muy bien descrita en un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo, en el cual se incide sobre la aguda debilidad de los gobiernos frente a estas manifestaciones. Ello, en un contexto de desaceleración económica y escándalos de corrupción, no vaticinaría buenos visos para el futuro inmediato de la región.

Como se deja entrever del análisis The Economist, el Perú ha quedado exento, por el momento, de manifestaciones tan violentas como las acaecidas en Chile, exceptuando las recientes protestas de los colectiveros en la capital, porque el presidente Vizcarra ha evitado emprender las reformas estructurales que el país necesita pero que son impopulares frente al ojo público. Aquí se encuentra por ejemplo la reforma laboral, que lejos de concretarse, se la apuñala con un anuncio de incremento del salario mínimo que se hará efectivo a inicios del próximo año.

Dado que el populismo es lo único que mantendría los índices de aprobación de Vizcarra, sería solo cuestión de tiempo para que el descontento de la población aflore por el frenazo por el que se encuentra pasando la economía peruana. Ojalá que esto, solo por mera imitación de los del vecindario de la región, no se concrete en manifestaciones violentas y más bien llame la atención a la administración de gobierno actual para retomar la agenda del desarrollo que requiere el Perú. Lampadia

La calle desafía a los políticos de América Latina

La región sufre un caso agudo de descontento que está barriendo el mundo

The Economist
30 de noviembre, 2019
Traducido y comentado por Lampadia

Otra semana, y otro país latinoamericano está en la calle. Ahora es Colombia, donde se han producido grandes protestas desde el 21 de noviembre. En otros lugares, las manifestaciones han sido provocadas por cosas específicas, incluso si las demandas de los manifestantes iban más allá de ellas: aumentos en las tarifas del metro en Chile y los precios del combustible en Haití y Ecuador, y fraude electoral en Bolivia. Pero en Colombia solo hay un sentimiento generalizado de descontento con un gobierno impopular. Ha llevado a grupos dispares a las calles, desde estudiantes, sindicalistas y activistas indígenas y homosexuales hasta arqueólogos contra la minería. Un estado de ánimo similar prevalece en gran parte de la región. Cuanto más se prolongue, más puede paralizar a los gobiernos.

Las protestas no carecen de precedentes ni se limitan a América Latina. A principios de la década de 2000, los gobiernos elegidos fueron derrocados en Argentina, Ecuador y Bolivia (dos veces, en desórdenes liderados por Evo Morales, quien acaba de sufrir el mismo destino). Grandes protestas surgieron de casi nada en Brasil en 2013.

Como en 1968, este es un momento de descontento global, pero es particularmente intenso en América Latina. Las protestas no son su única manifestación. La ira popular apareció el año pasado en victorias electorales para populistas contrastantes, Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México. La tendencia general de las recientes elecciones latinoamericanas ha sido la derrota de los titulares, confirmada en el regreso del peronismo en Argentina en octubre. En Uruguay, Luis Lacalle Pou, de centro-derecha, parece haber terminado 15 años de gobierno de centro-izquierda en una elección presidencial el 24 de noviembre.

Las causas de este mal humor incluyen el estancamiento o la desaceleración económica, la disminución de oportunidades y el miedo a volver a caer en la pobreza en medio de una persistente desigualdad profunda. La brecha entre ricos y pobres no se ha ampliado en América Latina, pero se ha vuelto más visible. Tomemos a Chile, donde Costanera Center, un centro comercial construido alrededor de una torre de oficinas de 64 pisos en Santiago, ha sido objeto de ira. “Una persona que gana 300,000 pesos [US$ 375] al mes ve un bolso que cuesta 4 millones de pesos”, dice Marta Lagos, de Mori Chile, una encuestadora. Ferraris y Maseratis han llegado, sus propietarios aparentemente ajenos a las viviendas deficientes, los autobuses superpoblados y la atención médica irregular.

La clase política de América Latina ha sido desacreditada por la corrupción y los escándalos de financiamiento de campañas. Estos también son más visibles que en el pasado, gracias a fiscales más combativos, periodistas de investigación, denunciantes y leyes de libertad de información. En otras palabras, el crecimiento de la transparencia ha superado al de la buena gobernanza. Los partidos políticos, muchos de los cuales están debilitados y fragmentados, han dejado de hacer su trabajo fundamental de canalizar el descontento. En resumen, los políticos han sido dominados por la calle.

El diagnóstico es fácil, pero encontrar una cura será mucho más difícil, como están descubriendo los gobiernos. Muchos de los problemas tienen raíces profundas y sus soluciones son a largo plazo. Un mayor crecimiento, impuestos más progresivos, salarios mínimos más altos y una mejor provisión social calmarían el descontento. El problema es que el crecimiento depende de aumentar la productividad, lo que requiere reformas impopulares. Y las élites conservadoras se resisten a pagar más impuestos. La izquierda en Chile y Colombia se queda en la calle para ganar más concesiones. En 1968, el desorden global prolongado terminó en una reacción conservadora. Ese riesgo es especialmente alto en Chile, donde continúan el saqueo y el vandalismo.

La respuesta oficial inmediata ha sido correr para cubrirse. En Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno canceló el aumento del precio del combustible y está luchando para obtener el consentimiento del Congreso para moderados aumentos de impuestos. El gobierno de Chile está luchando contra una acción de retaguardia contra las demandas de un gasto público mucho mayor. En Colombia, el presidente Iván Duque puede alejarse de las reformas laborales y de pensiones debatidas. En Brasil, Bolsonaro pospuso un proyecto de ley que recortaría los salarios y los empleos en el sector público inflado por temor a que pudiera desencadenar protestas.

La reforma rara vez ha sido fácil en América Latina. Más presidentes pueden imitar a Martín Vizcarra en Perú. En 20 meses en el cargo, eludió decisiones impopulares, como aprobar una gran mina. Montando una ola de ira antipolítica, cerró un congreso “obstructivo”. Junto con López Obrador, es uno de los cuatro únicos presidentes latinoamericanos con un índice de aprobación de más del 50%. Los gestos agradables para la multitud pueden calmar las calles. Posponen el descontento, pero no lo disminuirán. Lampadia

La crisis humanitaria que pasa nuestro país vecino Venezuela lejos de encontrar término, se prolonga y la inmigración masiva ya empieza a pasar factura a los países de la región, en especial, Colombia. Un reciente artículo escrito por The Economist, que compartimos líneas abajo, precisa los pormenores que los gobiernos ya están enfrentando para lidiar con lo que se ha denominado como “El éxodo más grande de América Latina”. Brookings Institute proyecta que, al 2020, esta afluencia de venezolanos se dispare a 8 millones, una cifra grotesca que debería llamar la atención a la comunidad internacional a incrementar la ayuda externa. A continuación, un gráfico que muestra cómo se estructura esta movilización.

Y es que el problema ya no solo se reduce a la provisión de servicios públicos, que de por sí ya representa un gran porcentaje de los presupuestos gubernamentales, ni el incremento de la informalidad y la caída de los salarios, en un contexto de desaceleración económica de la región; también se ha complicado lidiar con un creciente descontento de la ciudadanía en torno a la delincuencia de una minoría de grupos, que lamentablemente, ha valido el rotundo rechazo de las ciudadanías hacia el inmigrante venezolano promedio.

Lo que es peor, lejos de ser objeto de la agenda prioritaria de las políticas públicas de los gobiernos, esta problemática es usualmente aminorada o pasada a segundo plano, cuando debería ser aprovechada para gatillar el crecimiento potencial de los países, un tema urgente en el Perú, por el capital humano calificado que estaría predominando entre la mayoría de venezolanos, varios de los cuales, cuentan con educación superior universitaria o técnica.

A estas alturas, es certero que la dictadura chavista de Nicolás Maduro no afrontará una salida pacífica, dentro de los cauces constitucionales. Como hemos reflexionado en anteriores oportunidades, la clave estaría en inducir un colapso en las cuentas fiscales del nefasto dictador desde sus principales fuentes de financiamiento; entre las que destaca Cuba. Ello conllevaría a forzar su salida lo más pronto posible y sin violencia alguna.

En lo que respecta al Perú, es imperativo que el gobierno sostenga su posición en contra de la dictadura de Maduro y siga reconociendo a Juan Guaidó como verdadero presidente interino de Venezuela.  En lo relacionado a la inmigración, urge tomar medidas en el plano laboral, en particular, una urgente reforma laboral que pueda flexibilizar y facilitar los procesos de contratación y despido, de manera que se pueda enfrentar satisfactoriamente este gran éxodo venezolano y no se incremente la informalidad laboral, que de por sí ya es alta en nuestro país para su actual nivel de desarrollo. Ello incluye por supuesto también medidas en el plano de la educación superior, como validaciones de certificados estudiantiles, de manera que las habilidades de esta población pueda ser mejor aprovechada por empresarios formales. Nuestros vecinos venezolanos merecen todo el apoyo que se les pueda dar. Lampadia

Cae la oscuridad
Millones de refugiados de Venezuela están agotando la hospitalidad de los vecinos

Continúa el éxodo más grande de América Latina

The Economist
14 de setiembre, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Bogotá, Lima, Puerto de España, Quito, Santiago y Sao Paulo. Katalina, una estudiante de enfermería de 20 años de Barquisimeto en el noroeste de Venezuela, huyó el año pasado cuando las condiciones de vida se volvieron intolerables. Pasó 11 meses en Perú, pero sus anfitriones fueron hostiles hacia los migrantes venezolanos, especialmente las mujeres, y encontró poco trabajo. Entonces, en junio, se mudó a Chile, llegando justo cuando su gobierno endureció las reglas para los venezolanos que ingresan al país y comenzó a expulsar a aquellos sin los documentos adecuados. Se escabulló a través de la frontera por la noche, temiendo que pisaría una mina terrestre plantada por Chile en el desierto en la década de 1970. Ahora se está quedando con un amigo en Santiago, la capital de Chile, esperando el permiso para quedarse. “Todo lo que quiero es que mi situación se regularice”, dice ella.

Las barreras no impedirán que los venezolanos huyan del caos y la represión en casa. El éxodo podría superar los 8 millones, una cuarta parte de la población, para fines de 2020, a menos que la democracia y la estabilidad regresen, predice la Institución Brookings en Washington. Incluso entonces, no todos volverán; los que lo hagan les tomará tiempo. “Estamos analizando un conjunto complejo de necesidades para los próximos dos años, incluso si hoy existe una solución política”, dice Eduardo Stein, representante de los migrantes venezolanos de la agencia de refugiados de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones.

Hasta ahora, el mayor desplazamiento de personas en la historia de América Latina ha ocurrido sin mucho alboroto internacional. En parte, esto se debe a que ha tenido lugar principalmente por tierra, sin ser provocado por la guerra o los desastres naturales. Cuatro quintos de los migrantes se han quedado dentro de la región. La buena gracia con la que la mayoría de los países vecinos los han recibido hasta ahora ha permitido que otros ignoren la crisis. Los donantes externos han dado solo US$ 100 por cada migrante venezolano, en comparación con US$ 5,000 por cada uno de los 5.6 millones de refugiados de Siria.

Pero a medida que la crisis de Venezuela se prolonga, los países de destino están retirando su cálida bienvenida inicial. Los refugiados recientes son más pobres que los de las oleadas anteriores. Están llegando a países donde el crecimiento económico es lento, los buenos empleos son escasos y los presupuestos para la salud y la educación se estiran. Las primeras promesas de cooperar en el tratamiento del flujo de migrantes se están incumpliendo. Los portazos se suman al número de inmigrantes ilegales, que son vulnerables a la explotación por parte de los empleadores y al reclutamiento por parte de grupos criminales.

Aumenta la carga sobre Colombia, que sigue siendo el más abierto de los países de destino. Esto se debe en parte a que no puede vigilar su frontera de 2,200 km (1,400 millas) con Venezuela. La afluencia se suma al desorden en una frontera ya plagada por grupos guerrilleros respaldados por Venezuela. Ahora Colombia debe hacer frente a una acumulación en su frontera sur de refugiados que esperaban ingresar a Perú y Ecuador. Aunque es probable que los venezolanos impulsen el crecimiento económico en sus nuevos países, pocos gobiernos aprecian la oportunidad.

Más visibles son aquellos que aparecen en las esquinas para vender dulces o mendigar. Los trabajadores no calificados aumentan la fuerza laboral informal, en países donde una gran proporción de los empleos son informales. Muchas mujeres en Trinidad encuentran trabajo en bares y clubes, a veces una puerta de entrada a la prostitución. En Boa Vista, la capital de Roraima, la población de 400,000 ahora incluye más de 50,000 venezolanos. “Perdimos el control de la ciudad”, dice su alcalde, Teresa Surita. La falta de vivienda en las ciudades de la frontera de Colombia con Venezuela se ha disparado.

Aunque están dejando entrar menos venezolanos, los gobiernos están tratando de proporcionar servicios a los que ya han llegado. Eso es una lucha. Los hospitales en Roraima tienen escasez de personal, en parte porque Cuba retiró a sus médicos ante la hostilidad del presidente derechista del país, Jair Bolsonaro. El gobierno de Colombia estima que el costo de brindar atención médica, educación y otros servicios a los venezolanos será del 0.5% del PBI este año, aproximadamente una quinta parte de su déficit presupuestario esperado. Ecuador, cuyo gobierno altamente endeudado ha tenido que acudir al FMI en busca de ayuda financiera, gastará US$ 170 millones al año en salud y educación para los titulares de una “visa humanitaria excepcional” y los venezolanos que llegaron antes de que entrara en vigencia la regla de la visa.

“La gente solía sentir lástima por [los venezolanos], pero ahora hay miedo al crimen”, dice Amparo Goyes, un residente de Tumbaco, un suburbio de Quito, la capital de Ecuador. En enero, el apuñalamiento de una mujer ecuatoriana embarazada por parte de su ex novio venezolano desencadenó ataques contra migrantes en la ciudad norteña de Ibarra y contribuyó a la decisión de endurecer los requisitos de entrada. Una encuesta realizada por el gobierno peruano encontró que el 86% de los peruanos esperan ser víctimas de un crimen el próximo año.

Tales tensiones son actitudes endurecedoras. Una encuesta de Gallup publicada en junio mostró que el apoyo entre los colombianos para aceptar refugiados cayó por debajo del 50% por primera vez. La “imagen negativa” de los venezolanos aumentó al 67%, su nivel más alto. Una encuesta de los chilenos por Cadem, una encuestadora, publicada en julio encontró que el 73% aprobó la represión del gobierno y el 83% respaldó las restricciones a la inmigración. En Trinidad, los políticos opositores han pedido controles más estrictos sobre los venezolanos.

Colombia no tiene esa opción. Ha sido un ejemplo, emitiendo permisos que permiten que 700,000 venezolanos trabajen y reciban servicios públicos durante al menos dos años. Planea emitir un permiso para los migrantes sin los documentos correctos, permitiéndoles quedarse si encuentran un empleador. En marzo, la mayoría de los partidos con miembros en el Congreso firmaron un pacto prometiendo no provocar resentimiento contra los venezolanos en las campañas para las elecciones regionales que se realizarán el próximo mes.

Pero las nuevas barreras de sus vecinos están poniendo nerviosa a Colombia. Un alto funcionario dice que la cooperación entre los países de destino comenzó bien, pero en los últimos cuatro meses ha retrocedido. Recientemente, Colombia pidió a sus vecinos que abrieran un “corredor humanitario de frontera a frontera”. Ecuador acordó dejar pasar a los inmigrantes con visas para otros países. La ONU ha instado a todos los países de la región a que den a los venezolanos los derechos de los refugiados, bajo la presunción de que quedarse en casa los pone en riesgo.

Lo único en lo que todos los países receptores están de acuerdo es que necesitan más ayuda externa. La ONU ha recaudado menos de un tercio de los US$ 738 millones que buscó en 2018, principalmente de los EEUU. En la Asamblea General de las Naciones Unidas este mes, el presidente de Colombia, Iván Duque, encabezará un llamamiento regional para obtener más información. “Desafortunadamente, el mundo no ha visto esto como una crisis global”, dice David Smolansky, un alcalde venezolano exiliado que dirige el grupo de trabajo de migrantes de la Organización de Estados Americanos. Para que América Latina continúe haciendo frente tan bien como lo ha hecho, eso debe cambiar. Lampadia

Como presentamos en Lampadia: Auge de empleos en países ricos, el desempleo – principal problema económico que aquejaba a los países en el  período de la pos-guerra – se ha extinguido en buena parte de los países desarrollados gracias a los beneficios provistos por la globalización, el libre comercio y el mismo sistema capitalista, durante finales del siglo XX y todo el siglo XXI (ver Lampadia: Recuperando lo mejor del capitalismo).

En este espectro de países, EEUU constituye uno de los casos más emblemáticos dado que en los últimos meses no solo se han observado mínimos históricos en sus tasas de desempleo (ver Lampadia: Economista predice el crecimiento de EEUU) , sino que también se han reflejado notables mejoras en la calidad de sus empleos – en su mayoría, formales – y también en el crecimiento de los ingresos de los menos remunerados (ver Lampadia: EEUU: Crecen salarios de los menos remunerados).

Esta discusión del tema laboral como un problema multidimensional que va más allá de la misma empleabilidad y que integra cuestiones que tienen que ver con la calidad de los empleos, la seguridad social y la movilidad de los ingresos se encuentra muy presente entre los hacedores de política en las economías modernas. En un reciente artículo escrito por Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001, que compartimos líneas abajo, se ahonda en la problemática actual que lidian estos países.

Lo que refleja este nuevo enfoque de ver el empleo, claramente expone como la misma mejora de la calidad de vida ha volcado a los economistas a volverse más sofisticados en su tratamiento de los problemas sociales, buscando siempre constantes progresos en el bienestar.

Y curiosamente este es un enfoque que hace mucha falta en nuestro país, dada la precariedad del empleo existente en nuestros trabajadores – el 73% de la PEA es informal, según el INEI, y el 49% de la PEA con educación superior son subempleados, según el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

El desempleo coyuntural – producto de la desaceleración del crecimiento – por el que puede estar pasando actualmente la economía peruana no debe desenfocarnos de los problemas estructurales que experimenta su mercado laboral por más de una década, como son la informalidad y la baja productividad. Solo a través de una verdadera reforma laboral, que flexibilice los marcos de contratación y despido (ver Lampadia: La reforma laboral que los peruanos necesitan) se podrá generar un quiebre en pos de la mejora de los trabajadores peruanos. Lampadia

Más allá del desempleo

Project Syndicate
28 de mayo, 2019 
Michael Spence
Glosado por Lampadia

Durante buena parte del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, la política económica se concentró en el desempleo. Las masivas pérdidas de empleo de la Gran Depresión (que sólo se revirtieron cuando esa guerra, y la deuda inmensa que se acumuló para financiarla, reactivaron el crecimiento económico) tuvieron un impacto duradero en al menos dos generaciones. Pero el empleo es sólo un aspecto del bienestar, y en el mundo actual, no es suficiente.

Las pautas de crecimiento que se dieron entre la Segunda Guerra Mundial y más o menos 1980 fueron mayoritariamente benignas. Aunque hubo recesiones, el desempleo se mantuvo reducido. La participación de los trabajadores en el ingreso fue subiendo gradualmente, y los grupos de ingresos medios, en particular, alcanzaron una mayor prosperidad y movilidad ascendente. En EEUU y en otros países, el mandato del banco central era sencillo: mantener el pleno empleo y tener a raya la inflación.

Este énfasis en el desempleo subsiste, y se refleja, por ejemplo, en la discusión en torno de la inteligencia artificial y la automatización, que está cada vez más centrada en el temor al desempleo tecnológico. A la economía estadounidense, en tanto, se la considera relativamente sana, porque el desempleo está en mínimos históricos, hay crecimiento moderado y la inflación está contenida.

Pero las pautas de crecimiento benignas de hace unas décadas ya no existen. Es verdad que hay economías cuyos problemas principales tienen que ver con el crecimiento y el empleo. En Italia, por ejemplo, el crecimiento del PBI durante las últimas dos décadas ha sido insignificante, y el desempleo se mantiene alto, por encima del 10% (llegando casi al 30% para los jóvenes). Asimismo, en economías en las primeras etapas de desarrollo, el objetivo dominante de la formulación de políticas es incrementar la cantidad de empleos, para ofrecer oportunidades a los jóvenes que entran al mercado laboral y a los pobres y subempleados en los sectores tradicionales.

Pero el empleo es sólo el primer paso. En las economías modernas, los problemas de empleo son multidimensionales, y las personas empleadas tienen grandes inquietudes en una variedad de áreas que incluyen la seguridad, la salud, el equilibrio trabajo‑vida personal, el ingreso y la distribución, la capacitación, la movilidad y las oportunidades. De modo que las autoridades deben mirar más allá de las mediciones simples de desempleo y considerar las muchas dimensiones del empleo con incidencia sobre el bienestar.

Tomemos por ejemplo la seguridad laboral. En períodos de cambio estructural acelerado, hay creación, destrucción y transformación de empleos, y cambian las habilidades que se les piden a los trabajadores. Esto genera inseguridad, incluso habiendo programas y políticas de apoyo, y la situación se pone mucho peor cuando el Estado hace mutis por el foro.

Incluso aquellos trabajadores que no han perdido el empleo pueden ver su bienestar disminuido por el temor a perderlo. Al fin y al cabo, en un tiempo de niveles extremos de desigualdad de riqueza, relativamente pocos tienen capacidad para protegerse por sí mismos contra variaciones bruscas de la situación de empleo y de los ingresos o para invertir grandes sumas en recapacitación. Según una encuesta reciente de la Reserva Federal de los EEUU, cuatro de cada diez adultos estadounidenses serían incapaces de cubrir con efectivo un gasto inesperado de 400 dólares.

En este contexto, se vuelven todavía más importantes el diseño y la cobertura de los sistemas de seguridad social y de los servicios sociales. Pero en vez de reforzar las redes de seguridad social, algunos gobiernos y empresas están tratando de ahorrar dinero mediante la subcontratación de funciones relacionadas con beneficios como la atención de la salud, las pensiones y el seguro de desempleo.

Otra dimensión del problema del empleo es el ingreso. En casi todas las economías desarrolladas, o tal vez todas, hay un incremento comprobado de la polarización laboral y de ingresos, que obedece en parte a la creciente divergencia entre la productividad (en aumento) y la remuneración (estancada) de muchos empleos de bajos y medianos ingresos.

La extranjerización o automatización de muchos empleos poco cualificados amplió la oferta de mano de obra para trabajos no automatizables en los sectores económicos no transables. El hecho de que el producto marginal del trabajo poco cualificado es menor, combinado con el deterioro de mecanismos de negociación colectiva eficaces, contribuyó a la desigualdad de ingresos. Si bien en algunos países medidas como la política tributaria redistributiva han contrarrestado en parte estas tendencias, no la han revertido.

Una tercera dimensión del problema del empleo es la equidad. Casi todos comprenden que, por diferencias de capacidades y preferencias, las economías de mercado no producen resultados enteramente igualitarios. Pero una aceptación amplia de la desigualdad sólo es posible en la medida en que esta sea moderada y esté fundada en el mérito. Una desigualdad extrema basada en un acceso privilegiado y no meritocrático a oportunidades y remuneraciones (algo que puede verse hoy en muchos países) es socialmente corrosiva.

Esto está muy relacionado con una cuarta cuestión: las perspectivas de movilidad ascendente. Es posible que hasta cierto punto se le esté dando una importancia exagerada a la desigualdad de oportunidades, al menos en EEUU. Se da por sentado que en cuanto una persona consigue conectarse con una red en particular (por ejemplo, asistiendo a una de las grandes universidades de la “Ivy League”), su acceso a oportunidades de empleo mejora considerablemente, y con él, sus perspectivas de progreso socioeconómico.

No hay duda de que algo de verdad hay en esto. Existen en los mercados, estructuras de red reales, con importancia en casi todas las esferas (aunque no aparezcan en la mayoría de los modelos). Algunas de estas estructuras (por ejemplo, mecanismos para la transmisión de información confiable) son benignas. Otras (como las que se racionan según la clase social o, en la actualidad, según la riqueza) son más problemáticas.

Por ejemplo, el reciente escándalo de las admisiones que involucró a ocho prestigiosas universidades estadounidenses demostró de qué manera padres ricos pudieron comprarles a sus hijos un lugar en la élite educativa. Pero, aunque un título de una universidad importante puede abrir puertas (sea porque transmite señales de capacidad extraordinaria o porque confiere pertenencia a influyentes redes de egresados), dista de ser el único modo de obtener acceso a oportunidades valiosas.

En EEUU, en particular, hay una gran cantidad de establecimientos de educación superior de calidad, públicos y privados, con graduados distinguidos, en áreas tan diversas como la administración de empresas, las humanidades y la educación. De modo que el camino a las oportunidades no es tan estrecho como muchos creen.

Esto no quiere decir que no haya un problema de deterioro de la movilidad ascendente, tanto en relación con el pasado cuanto en comparación con otros países occidentales. Por el contrario, las causas de esta tendencia han sido objeto de una valiosa investigación que debería inspirar la formulación de políticas.

Y esa es precisamente la cuestión: no hay soluciones simples. Ya no es posible medir la salud de una economía, y mucho menos el bienestar de sus trabajadores, con una sola cifra (la proporción de personas con empleo). Por eso se necesita un abordaje más elaborado que tenga en cuenta las muchas dimensiones del empleo con incidencia sobre el bienestar de las personas. Lampadia

Traducción: Esteban Flamini

Michael Spence, premio Nobel de economía, es profesor de economía en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y miembro principal de la Hoover Institution. Fue el presidente de la Comisión independiente sobre Crecimiento y Desarrollo, un organismo internacional que, desde 2006-2010, analizó las oportunidades para el crecimiento económico mundial, y es el autor de The Next Convergence – The Future of Economic Growth in a Multispeed World.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso ha culminado con el otorgamiento de la confianza. Es de esperar, entonces, que en la Comisión de Constitución se alcance un consenso para avanzar en la aprobación de los proyectos de reforma política que, junto con la reforma del sistema judicial, es muy importante para construir una institucionalidad que mejore la gobernabilidad e instaure el Estado de derecho, bases fundamentales de la prosperidad y el crecimiento.

Pero no es necesario esperar hasta el mediano o largo plazo para que esos objetivos se alcancen. El gobierno puede y debe ir avanzando con decisiones cruciales que tendrían un impacto muy grande en el corto plazo para mejorar sustancialmente las condiciones para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo formal e inclusivo en el Perú. Y también el Estado de derecho. Se trata de la licencia de construcción de Tía María, que debería darse antes del 31 de julio que vence la vigencia del estudio de impacto ambiental de ese proyecto, y la inclusión en el Plan Nacional de Competitividad de un conjunto potente de reformas laborales y tributarias que permitan incluir en la legalidad formal a muchísimas empresas y trabajadores hoy excluidos y que permitan su crecimiento económico, hoy reprimido.

La primera decisión tendría el valor simbólico de señalar que el Estado peruano se decide a desarrollar el enorme potencial minero que tenemos y que puede convertirnos en un país desarrollado, y que empieza a crear las condiciones para ello. Es decir, que empieza a tener la madurez suficiente para manejar procesos que permitan la inversión asegurando los derechos de todos.

La segunda indicaría que hemos empezado un proceso para cerrar la mayor desigualdad estructural y social existente el país: la que separa a los formales integrados al mundo moderno, de los informales e ilegales arrinconados en los márgenes del desarrollo y la legalidad.

Sobre la decisión de otorgar la licencia de construcción a Tía María ya nos explayamos la semana pasada en este mismo portal. Respecto de lo segundo hay que decir que el Estado peruano ha agotado ya todas las instancias de diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), y no ha sido posible conseguir la participación ni el aporte de las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza. Por lo tanto, es necesario tomar una decisión ante un tema que tiene que resolverse si queremos volver a crecer con oportunidades para todos.

El proceso comenzó a mediados del año pasado con la pre publicación del “documento de política”. En el Objetivo de Política Nº 5, orientado a “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, se identificaron con claridad los problemas e implícitamente las soluciones:

• El Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores.
• El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México): 50.3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador mientras que Colombia es el 30.4%, Chile el 15.8% y México el 21.1%.
• En el Perú la indemnización por concepto de despido injustificado es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México)

Ese documento de política, luego de recibir comentarios, se convirtió en la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, aprobada por decreto supremo el 31 de diciembre del 2018. El problema es que la “Política…” diluyó y relativizó el diagnóstico que estaba en el documento de trabajo llegando a decir que en realidad la solución no pasa por reducir esos costos no salariales porque ya tenemos regímenes especiales menos onerosos y no han resuelto el problema, una falacia que ya desbaratamos en un artículo anterior.  

La CGTP no se presentó

El hecho es que las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza, protestaron porque no habían sido consultadas para la elaboración del Objetivo de Política Nº 5, y se retiraron, una vez más, del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), pese a que el mencionado capítulo no contenía propuesta de cambio alguna. El presidente de la República las invitó a Palacio y allí les solicitó que se reincorporen para discutir precisamente ese capítulo, que se decidiría en el CNT, y se dictó un decreto para disponerlo así.

El pasado jueves 30 de mayo se llevó a cabo la reunión del CNT en la que los sindicatos y los gremios empresariales debían presentar sus propuestas finales respecto del Objetivo de Política Nº 5, pero las centrales no se presentaron. Si hubieran tenido propuestas y argumentos, habrían asistido. No lo hicieron. El gobierno, entonces, tiene el camino libre para incorporar en el Plan Nacional de Competitividad que se apruebe próximamente las reformas necesarias para desentrampar el mercado laboral e incorporar a los marginados.

Los gremios empresariales, en cambio, habían unificado posiciones y presentaron un documento completo que incluye no solo propuestas relativas a la regulación de las relaciones laborales sino otras para resolver problemas de desnutrición y anemia, educación, educación tecnológica, condiciones para la inversión y el crecimiento de las Mypes, simplificación administrativa y análisis de impacto regulatorio de las normas que emite el Estado, extensión de régimen agrario y exportador, etc.

La importante propuesta de Macroconsult

Macroconsult, por su parte, con el auspicio de la Cámara de Comercio de Lima, formó un equipo liderado por Elmer Cuba y Claudia Cooper que elaboró una muy bien pensada propuesta de formalización laboral y tributaria que también ha sido elevada al gobierno. Dicha propuesta tiene como concepto central cambiar el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Así, en lo laboral se plantea un régimen general único basado en una escala gradual de ampliación de beneficios en función del tamaño del sueldo, tal como podemos ver en el siguiente cuadro, que compara al régimen actual de la microempresa con la escala que se propone, hasta llegar al régimen general actual que sería la última escala de un régimen general gradual:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Lo interesante es que la unidad de ampliación de beneficios ya no es la empresa según su número de trabajadores, sino la persona misma, el trabajador, en función del tamaño de su remuneración. Eso implica que en una misma empresa podría haber varios regímenes o escalas o que en una empresa con muy pocos trabajadores pero de servicios profesionales bien remunerados, sus empleados estarían en la escala más alta, por ejemplo.

La propuesta incluye la idea de que cuando el trabajador pasa a la segunda escala (salario entre 1,500 y 2,500 soles), la empresa empieza a pagar a Essalud aunque solo 6%, pero el trabajador no perdería el acceso al SIS, que es más valorado por su prontitud en la atención que Essalud. De esa manera, al mismo tiempo, Essalud tiene un nuevo ingreso sin que tenga que dar el servicio.

La propuesta implica que cuando una empresa crece no pasa de un régimen a otro incrementando sustancialmente los costos no salariales del trabajo, sino que estos se incrementan gradualmente en la medida en que suben las remuneraciones de sus empleados. Pero mejor aún sería plantear una escala de ampliación de beneficios más continua, con rangos más pequeños.  

Evidentemente, sin embargo, el límite al potencial formalizador de esta propuesta y de cualquier otra, está en el nivel relativamente alto del salario mínimo que, según cálculos del IPE, es superior al salario promedio en el sector informal. Se constituye, entonces, en una barrera absoluta a la formalización. Dicho salario no debería ser subido hasta que técnicamente su nivel se adecúe a la realidad del mercado laboral y permita la formalización de los trabajadores sin derechos.

Ahora bien, la propuesta laboral facilitará el crecimiento de las empresas ya constituidas formalmente y evitará la informalización del trabajo dentro de ellas. Pero la gran mayoría de empresas es informal, informal tributariamente, o está en regímenes como el RUS que disfrazan la informalidad o se usan para sacarle la vuelta al fisco. En ese sentido, para facilitar la formalización y el crecimiento de las empresas formales, Macroconsult plantea suprimir los regímenes especiales (parte del RUS, RER, Mype tributario –RMT-, régimen general) y reemplazarlos por un régimen general único gradual y progresivo, algo que siempre hemos demandado en Lampadia. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Esto supone mantener el RUS con un techo más bajo y solo para casos especiales (mercados de abastos y bodegas), que las personas naturales que usan RUS deban migrar hacia el impuesto a la Renta de personas naturales, que las personas con negocios que usan RUS y las que tienen RER y RMT deban migrar al Impuesto a la Renta de tercera categoría progresivo, y que las personas con negocios deben registrarse como persona jurídica. Todos los individuos tendrían que emitir una declaración jurada obligatoria. Por supuesto, la Sunat ayudaría con una contabilidad progresiva.

Nuevamente acá la escala podría ser más continua, para eliminar al máximo los saltos. Y, de hecho, una escala como esta ayudaría a la formalización y el crecimiento  empresarial. La masificación de los comprobantes electrónicos haría todo esto posible.

Las propuestas de Lampadia

Sería conveniente que el gobierno analice esas propuestas y las compatibilice con las que formuló el Consejo Privado de Competitividad en relación al mercado laboral, e incluya también las que hemos discutido en Lampadia en un taller en el que participaron Miguel Jaramillo, Gustavo Yamada, Germán Lora, Jorge Toyama y Pablo Bustamante, que adjuntamos al presente. En dicho taller se elaboró una lista mínima de reformas:

• Cambio de criterio del Tribunal Constitucional, limitando la posibilidad de reposición a despido nulo, conforme a ley (posición de magistrado Sardón de Taboada). O, en su defecto, modificación de artículo 27 de la Constitución Política de 1993, fijando la indemnización por despido arbitrario como mecanismo protector frente al despido, abriendo la posibilidad de reposición únicamente para despido nulo (hay un proyecto de la congresista Letona en este sentido).
• Modificación del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, permitiendo pactar la Remuneración Integral Anual (RIA) sin que exista un límite mínimo de remuneración (2 UIT es en la actualidad) para ello (salvo la RMV).
• Considerar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) solo como seguro de desempleo. Establecer un tope de 6 sueldos en la cuenta de trabajador. Llegado a dicho tope, el empleador no tiene obligación de seguir haciendo depósitos. Esa cuenta solo podrá ser abierta por el trabajador cuando esté desempleado. No se podrá hacer retiros parciales.
• Mejorar la regulación del tiempo parcial: aumentar número máximo de horas trabajadas a la semana a 30 horas. Modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será trabajo a tiempo parcial el trabajo realizado en menos de 24(30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.
• Aprobar la ley de empleo juvenil.

Fuera de eso, en Lampadia hemos desarrollado una propuesta clave indispensable para formalizar la economía y el trabajo y resolver el problema pensionario:

• Que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado.

El gobierno está ante la responsabilidad histórica de incorporar en el Plan Nacional de Competitividad estos y otros cambios orientados a modernizar la legislación laboral, tributaria y social para hacerla más inclusiva y más adaptada a la cuarta revolución industrial que se nos viene, y a la que no podremos sobrevivir si es que no actualizamos nuestro marco regulatorio. De paso propiciaría una gran revolución: la que haga posible reducir sustancialmente la gran desigualdad estructural de nuestro país, que es la que excluye al sector informal emergente de la formalidad y el crecimiento económico. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya sabemos que la razón por la que los gobiernos y los políticos se asustan frente a la necesidad de aprobar una reforma laboral integral es que apenas se menciona el tema, la CGTP amenaza con movilizarse. Y, pese a su escasísima representatividad, posee capacidad de organización y movilización.

En cambio, quienes se verían beneficiados por una reforma laboral integral –en realidad, hasta la propia CGTP resultaría beneficiada-, los informales, los micro y pequeños empresarios, no se movilizan porque no están organizados y porque quizá prefieran permanecer en la informalidad precisamente por el costo prohibitivo de la formalidad.

Si se movilizaran, el gobierno encontraría respaldo político para plantear una reforma y los propios partidos presentes en el Congreso se animarían a acoger sus propuestas. Porque los partidos responden a la acción de los grupos organizados, a quienes ven como bolsones electorales de los cuales pueden obtener votos. En cambio, un sector difuso y desorganizado, por más que sea mayoritario, no es una clientela política.

Pero ha emergido una novedad en este panorama, que podría cambiar el escenario. Resulta que por primera vez los gremios de micro y pequeños empresarios han firmado y publicado, el 20 de diciembre, junto con la Sociedad Nacional de Industrias, un pronunciamiento demandando una reforma laboral.

Como vemos, el pronunciamiento incluso enumera los puntos que debería contener la mencionada reforma laboral, que revelan un esfuerzo de reflexión sobre ese tema que no tiene precedentes a ese nivel:

Son 20 gremios de micro y pequeños empresarios los que firman. Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), nos informa que este pronunciamiento es solo el primer paso, pues lo que se viene es un programa de trabajo sostenido. “Hoy las pymes están agrupadas pero no unidas. Nuestra colaboración con ellas recién comienza. Ya hemos tenido dos reuniones. Vamos a formar tres comisiones: compras estatales, financiamiento y laboral”.

Si la SNI tiene éxito en organizar y potenciar la capacidad de acción de los gremios de micro y pequeños empresarios al punto que puedan eventualmente movilizarse para demandar la aprobación de una reforma laboral propuesta por ellos mismos, pues entonces las condiciones políticas para que el gobierno y el Congreso aborden el tema con seriedad estarían dadas.

Es lo único que puede cambiar la estructura del problema. Porque el diálogo al interior del Consejo Nacional de Trabajo, postulado por la Política Nacional de Competitividad y productividad aprobada el 31 de diciembre, es casi una ilusión. Cada vez que se ha planteado el tema, la CGTP se ha retirado. Salvo, por supuesto, que el presidente logre poner su liderazgo al servicio de ese diálogo y milagrosamente lo consiga, aprovechando para presentar una propuesta integral de protección social e inclusión económica.

La imagen del bien limitado

Pero para que una iniciativa de diálogo como esa pueda tener éxito es importante entender por qué el mencionado diálogo es tan difícil de lograr, es decir, a qué se debe la resistencia de las dirigencias sindicales a llegar a ningún acuerdo que permita ayudar resolver el problema de la altísima informalidad y de las bajas tasas de crecimiento en nuestro país. Tal como sostuve en mi libro “La Revolución Capitalista en el Perú”, estaríamos ante un caso no esperado de aplicación de la teoría del bien limitado que el antropólogo George Foster (1972) desarrolló para explicar la conducta y actitudes de los campesinos en Tzintzuntzan, México. Foster observó que el comportamiento de los campesinos partía del supuesto de que casi todas las cosas en la vida existen en cantidad pequeña y limitada, de modo que cualquier mejoramiento o incremento en la posesión de un bien sólo puede darse a expensas de los otros, y cualquier cambio o innovación contiene el riesgo de perder lo que se tiene.

En efecto, lo que tenemos acá es un caso agudo del círculo vicioso del síndrome de la imagen del bien limitado. El trabajo formal y protegido es tan escaso y la necesidad de una reforma de las regulaciones laborales que incluya a la gran masa de los desprotegidos es tan grande, que lleva a los dirigentes a querer aferrarse al statu quo levantando barreras y seguridades aún más altas. Lo que, a su vez, agrava la informalidad y la presión sobre los puestos formales, despertando más respuestas defensivas aún. Son tan pocos los que gozan de protección laboral formal, que esos pocos buscan incrementar constantemente la seguridad legal de sus empleos, incrementando artificialmente sus beneficios o incrementando las compensaciones por despido, creyendo que así los van a conservar. Es como una pequeña aldea sitiada por un ejército enorme de desposeídos que, para defenderse, trata de levantar lo más que pueda las murallas.

Cualquier cambio en la legislación que favorezca el acceso de los excluidos a niveles mínimos de derechos laborales, es percibido como una amenaza, como una estrategia malévola para despojar a los trabajadores formales de sus derechos actuales. No existe la menor apertura a entender que la competencia global y la conquista de mercados externos exige sistemas flexibles y libres en todo orden de cosas, con el objeto de operar con las mejores combinaciones de factores que nos hagan competitivos y ganadores a nivel mundial, y a fin de incorporar a la formalidad a los excluidos y mejorar los ingresos de los propios trabajadores protegidos, que sería el resultado natural si el mercado fuera más libre.

La imagen del bien limitado equivale a lo que en economía se denomina “juego de suma cero”, propio de las economías pre capitalistas, que no crecen. Si una economía no crece o es permanentemente estacionaria, como la tribal o la medieval, por ejemplo, una persona sólo puede incrementar su riqueza quitándosela a otra. Y es esa la concepción que está detrás de la ideología clasista: lo que tiene el capitalista se lo ha quitado al trabajador. Por eso, esa es una ideología que refuerza la imagen del bien limitado. Esa es la manera como el sindicalismo clasista ha visto siempre las cosas. De modo que no se puede ceder jamás. Por el contrario, hay que “arrancarle” cada vez más ventajas a la ley o a la patronal, más protecciones, más seguridades. Cualquier aligeramiento de los costos no salariales o flexibilización de las reglas laborales, es visto como una pérdida a favor del capital y no como un medio para que la empresa pueda producir más y mejor a fin de crecer, acumular e invertir luego en más capacidad, más empleo y mejores remuneraciones para los mismos trabajadores. Pues a mayor flexibilidad, más trabajo y mejores salarios a la larga.

El paradigma de la lucha de clases, derivado en última instancia del síndrome medieval del bien limitado, no ha sido sustituido todavía por un paradigma de colaboración, capacitación, mejoramiento continuo e incremento de la productividad –a cambio de adecuada retribución- para ampliar espacios en el mercado. No se quiere ver que el enemigo no está dentro de la empresa, sino fuera, en el mercado, en la competencia. Desde que la economía no está protegida y hay competencia abierta, no queda sino integrar trabajo y capital para sacar adelante la empresa. Por eso las empresas que tienen más éxito suelen ser las que mejor trato dan a sus trabajadores, las que crean el mejor ambiente laboral posible.

Organización para romper el círculo vicioso

Si esas condiciones ideológicas se mantienen, la única manera de romper el círculo vicioso de imagen del bien limitado que lleva a mas protecciones y consecuentemente a mas exclusiones, es desarrollar una capacidad de propuesta, organización y movilización por parte de los amplios sectores que serían beneficiados con un mercado laboral libre que proteja al trabajador, pero no al puesto de trabajo.

Porque el problema es que los grupos de interés estrechos o coaliciones distributivas, como los llama Mancur Olson, que se organizan para capturar rentas de la sociedad (protección en este caso), no tienen contrapeso en ella porque, como decíamos, los beneficiarios de reglas más inclusivas no están organizados.

La democracia es un sistema de contrapesos entre poderes del Estado, pero no entre grupos de interés, que, por lo tanto, tienden a ganar privilegios crecientes a costa del bienestar público. Sobre todo, cuando hay políticos que tienen clientelas particulares de ese tipo. La única manera de despertar el interés del gobierno y de las propias bancadas del congreso, es que el sector excluido pueda organizarse para tener voz y convertirse también, es lamentable decirlo, en clientela política sea del gobierno o de los partidos políticos. Con la diferencia que lo que buscaría no son normas excluyentes que le permitan capturar rentas de la sociedad a expensas de los demás, sino lo contrario: un sistema de reglas que fomente un mercado dinámico que mejores los ingresos de todos y proteja realmente a todos los trabajadores. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno aprobó y publicó, el 31 de diciembre del 2018, la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Eso es importante, porque si junto a las reformas institucionales –en el supuesto de que se diseñen y ejecuten bien- se llevan a cabo reformas y acciones para mejorar la productividad del país, sin duda recuperaremos tasas de crecimiento mayores, necesarias para retomar la reducción de la pobreza y el camino al desarrollo.

Es importante la voluntad política de formular y llevar a cabo un plan de competitividad que contenga reformas y medidas que realmente resuelvan los problemas que nos atrasan. La Política aprobada no contiene aun propuestas sino lineamientos, pero en los diagnósticos se puede advertir el nivel de compromiso con reformas serias.

En ese sentido, resulta interesante pero lamentable constatar cómo, en lo relativo al estratégico tema laboral, la política aprobada diluye en alguna medida el diagnóstico contenido en el “documento de política” pre publicado hace unos meses. Comenzando por el título del capítulo correspondiente. En documento de política dicho título versaba así:

“OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal” (p. 81)

La política aprobada dice:

“OP Nº 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno” (p. 51)

Sin comentarios. El hilo conductor del mencionado capítulo en el documento original de trabajo está dado por las razones que explican un mercado poco dinámico e informal: rigidez laboral, costo del despido, costos no salariales elevados. Y comienza así:

“Según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores…” (p. 83)

En cambio, el hilo conductor del capítulo laboral en la “Política…” aprobada es la multiplicidad de regímenes laborales y cómo estos no serían una solución. Es cierto que se mencionan los problemas básicos (costos del despido, costos no salariales, etc.), pero de pasada y dentro de una argumentación que apunta a otro lado. A la rigidez laboral, por ejemplo, casi no se la menciona por su nombre. Ese capítulo comienza así:

 “El mercado laboral formal peruano se caracteriza por la coexistencia de regímenes laborales, destacando como principales el régimen laboral general, el régimen MYPE, el régimen laboral especial agrario y el régimen de construcción civil…” (p. 51)

El documento de trabajo pre-publicado asevera claramente:

“Jaramillo y otros (2017) señalan que un efecto de la interpretación otorgada por el TC, es la severa reducción de la probabilidad de tener un contrato por tiempo indefinido, el cual afecta a todos los trabajadores independientemente de sus características…” (p.84)

En ese tema, la “Política…” aprobada se distancia del argumento poniéndolo en indeterminado:

“… se ha postulado también que a raíz de la de la interpretación del Tribunal Constitucional (TC) sobre la “adecuada protección del empleo frente al despido arbitrario” que debe otorgar el Estado, se habría incrementado la rigidez laboral…” (p.57)

Pero acto seguido este mismo argumento se relativiza:

“Sin perjuicio de lo anteriormente descrito, el análisis acerca de los estudios en torno a la movilidad de los trabajadores en el mercado de trabajo formal realizados por el Ministerio de Trabajo revela una elevada movilidad interna…” (p. 57) 

Cuando, en realidad, la elevada movilidad es precisamente consecuencia del efecto de dicha sentencia del TC, que multiplicó la cantidad de contratos a plazo fijo y redujo la proporción de contratos a plazo indefinido.

En cuanto al elevado costo de la indemnización por despido, el documento de trabajo original lo identificaba claramente:

“Otro factor relacionado a la falta de dinamismo en el mercado laboral es el costo de la indemnización por despido. En el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuáles registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año” (P. 86)

La “Política…” aprobada también lo menciona, pero lo plantea así:

“En materia de contratación y despido, una primera cuestión relevante tiene que ver con el costo diferenciado del despido por tipo de régimen laboral…” (P. 56)

El mensaje es que en los regímenes laborales especiales el costo del despido es menor, lo cual haría irrelevante el problema. Sin embargo, más adelante sí se anota, pero como una atingencia poco relacionada al argumento central:

“Cabe acotar que en el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado, en el caso de contratos a plazo indeterminado del Régimen General, asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual difiere de nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuales registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año”. (P. 56)

En cuanto a los elevados costos laborales no salariales, el documento de trabajo lo ponía claramente, haciendo una comparación con los demás países de la Alianza del Pacífico:

“El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), como se ve en la tabla Nº 11, con un costo laboral no salarial de 50,3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, Chile el 15,8% y México el 21,1%.” (P.88)

Además, insertó un cuadro muy claro:

La “Política…” aprobada no incluye tal cuadro. Sí menciona, sin embargo, la comparación con los otros países:

“Cabe precisar que Perú, tomando como referencia el caso del Régimen General, registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), con un costo laboral no salarial de 59,7% respecto al salario que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, México el 21,1% y Chile el 15,8%26”. (P. 54)

Pero lo hace nuevamente como un apunte dentro de un acápite cuya argumentación principal es que hay muchos regímenes laborales y que hay pocos trabajadores en los que tienen costos no salariales más bajos, dando a entender, entonces, implícitamente, que el problema no está en dichos costos:

“Llama la atención que, pese a que el régimen laboral de la microempresa ha reducido los costos laborales al 6% de la remuneración en comparación con el régimen laboral general (59% de la remuneración), solo el 9% del total de trabajadores de la micro empresa han sido incorporados por sus empleadores al régimen laboral especial descrito” (p. 55)

Por eso, a la hora de los lineamientos de política, lo que vemos son unas pequeñas diferencias en el texto, pero significativas. En el documento de trabajo pre publicado el primer lineamiento dice así:

1. Generar y mejorar los mecanismos para el tránsito hacia el empleo y autoempleo formales de mayor productividad.

La “Política…” aprobada dice lo siguiente:

1. Generar y mejorar los mecanismos para el tránsito de la informalidad a la formalidad en el empleo, con mayor productividad.

Se cambió el “de” por el “con” (mayor productividad). La “mayor productividad” ya no es una característica del empleo que se quiere alcanzar con la reforma, sino la reforma misma: es el medio para alcanzar la formalidad. El marco legal ya no interesa. Por eso, mientras el documento de trabajo establecía como segundo lineamiento:

2. Adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo a las tendencias y necesidades del mercado laboral.

La “Política…” aprobada condiciona en alguna medida la adecuación del marco regulatorio “considerando el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno”:

2.Revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral, considerando el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno.

Por supuesto, el diálogo es tan deseable como impracticable, porque cada vez que se ha intentado tocar estos temas en el CNT, la CGTP se retira. Es casi la manera de decir: “acá no se hará nada”. Salvo que el presidente Vizcarra ejerza su liderazgo para convocar y persuadir. O se logre concretar dicho diálogo mediante algún otro medio.

A nuestro juicio, el temor al diálogo por parte de la CGTP expresa el temor a tener que aceptar una verdad racional que, en realidad, ni siquiera perjudicaría sus intereses si no, al contrario, los favorecería, porque tendría la oportunidad, gracias al mucho mayor empleo formal que una verdadera reforma traería, de ampliar considerablemente su base sindical con muchos más trabajadores que estarían, nuevamente, una porción creciente, en la modalidad de contrato indefinido o permanente.

El gobierno podría explicar estas consecuencias de manera didáctica y apelando a una campaña de comunicación. Si fuera consecuente con su primera versión y con las necesidades del país y de todos los peruanos.

Tal como van las cosas, no se entiende por qué renunció el ministro de Trabajo. Lampadia

A pesar de las lecciones del CADE

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, dio algunos alcances acerca de lo que sería la tan ansiada y, a la vez, controversial, reforma laboral que propondría el Ejecutivo. Ello en un contexto en el que el Presidente Vizcarra cae en serias contradicciones entre su reciente discurso en el CADE –que motivó la salida del Ministro de Trabajo- y sus posteriores declaraciones en su mensaje a la Nación de la semana pasada, en el que afirmó: “Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral”. [Ver Lampadia: El Presidente cierra la puerta a reformas que generarían mucho empleo].

Abstrayéndonos del muro puesto por delante por el presidente Vizcarra, queremos referirnos a las ideas del ministro.

La propuesta del Ministro es insuficiente y no tendría efecto alguno en una mayor generación de empleo formal y por ende en el aumento de los salarios de los trabajadores. Pero más importante aún, no se constituye como un verdadero derrotero para superar la informalidad laboral, puesto que no ataca la alta rigidez que caracteriza nuestra legislación laboral, proveniente en su mayor parte de lo onerosa que es la práctica del despido en los contratos a plazo permanente en nuestro país.

Veamos:

En primer lugar, el Ministro de Economía propone que como alternativa a la reposición a los trabajadores por despido arbitrario, se pueda concretar una indemnización. O sea, de darse la indemnización, ya no debería caber la reposición.

Pero el ministro lo plantea como una alternativa, en vez de eliminar la reposición. La que por supuesto, solo debiera mantenerse para casos de despidos irregulares.

¿Por qué es perniciosa la reposición al trabajador?

La reposición del trabajador se generalizó como producto de un fallo del Tribunal Constitucional en el 2001 en el que se perseguía el objetivo de “reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un [supuesto] derecho constitucional”, es decir, devolver al trabajador -en este caso, contratado permanentemente- a su puesto de trabajo en caso haya sido despedido arbitrariamente.

El impacto generado por este fallo ha sido gravísimo en términos de generación de empleo formal y crecimiento de la informalidad y precarización del empleo. Por ejemplo, un riguroso estudio presentado por GRADE en el 2017, demuestra un cambio de la estructura del tipo de empleo:

Fuente: Los efectos desprotectores de la protección del empleo: el impacto de la reforma del
contrato laboral – Almonacid,  De la Flor & Jaramillo (2017)

Tal como evidencia dicho estudio, desde que entró en vigencia esta medida hasta el 2015, se han perdido 900,000 empleos que hubieran sido a plazo indefinido, pero que, debido a esta reforma, han tomado la forma de contratos temporales. Esto se traduce en una pérdida de ingresos de los trabajadores en el orden de los 6,100 millones de soles.  Peor aún, 36,000 trabajadores que hubieran sido sindicalizados ya no lo son debido a esta misma medida. En otras palabras, una política que tenía como objetivo “proteger” a los trabajadores terminó “desprotegiéndolos”.

Pero eso no es todo. Actualmente, el costo del despido en el Perú no solo conlleva al pago de una indemnización y la eventual reposición del trabajador, sino que a esto, por el ingenio de la Corte Suprema de Justicia, se suma también un pago por supuestos “daños y perjuicios”, que, como señaló Jorge Toyama en el reciente CADE, es una compensación hecha por un “estrés post-despido”, monto que puede ascender entre 4 a 5 sueldos. Dadas estas condiciones, no es de sorprender que el Perú ocupe el puesto 128 de 140 en lo que refiere a prácticas de despido y contratación, según el último Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial.

En segundo término, la propuesta del ministro plantea un cambio de las vacaciones que pasarían de 30 días calendario a 22 días laborables, con la posibilidad de que las personas pudiesen tomarlos a su elección durante el año. Consideramos que esta medida tendrá un impacto ínfimo sobre los llamados “sobrecostos laborales”, que vale la pena decir, no representan ni el 1% de la problemática de la rigidez en la legislación laboral, la cual está básicamente explicada por el alto costo del despido.

Los llamados “sobrecostos laborales”, entiéndanse, CTS, gratificaciones, asignación familiar, entre otros, son conceptos de gasto que si bien están internalizados por los empresarios en sus costos de empleo anuales, y no deberían resultar relevantes para ser reputados como sobre costos, si determinan una importante brecha de costos con el empleo informal, y por lo tanto, terminan constituyéndose como inhibidores del empleo formal.

En esta línea, consideramos que el Gobierno podría verse limitado a poder variar cualquiera de estos conceptos de gasto, pero de ninguna manera es aceptable, que se mantengan los abultados costos de despido, especialmente, la reposición del trabajador en su empleo. Urge acabar con esta medida populista que no ha hecho más que incrementar la valla de la formalidad imposibilitando el crecimiento de las clases medias que hoy en día quisieran disfrutar del sistema. Los 300 mil jóvenes que entran cada año a la fuerza laboral agradecerán tal decisión. Lampadia

Ver video de sesión: Informalidad, límite para el crecimiento del CADE 2018 con presentaciones de Jorge Lazarte, Jorge Toyama, José Carlos Saavedra, y Sandro Fuentes:

Un paso adelante y dos atrás 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, luego de que el Presidente Vizcarra explicara en el CADE la necesidad de hacer reformas para resolver los problemas de rigidez y elevados costos no salariales del mercado laboral, lo que incluso provocó la renuncia del ministro de Trabajo despejando aparentemente el camino para avanzar hacia un “mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, sorprendió a propios y extraños dando marcha atrás y descartando incluso la posibilidad de reforma para los nuevos trabajadores:

“Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en bene­ficio de todos, y no de unos pocos”.

Evidentemente las propuestas que se venían haciendo, y que figuran implícitamente en la propia política de competitividad que el gobierno está circulando, no se aplican a quienes están en este momento en una relación contractual, pero sí a los nuevos contratados. Esa puerta es la que el Presidente ha cerrado, sin tomar en cuenta que los llamados derechos laborales, reconocidos en la Constitución y la ley, pueden ser modificados precisamente en la Constitución y en la ley –en aras de una mayor inclusión y un mayor dinamismo de la economía que eleve los propios salarios-, aunque esas modificaciones sólo valgan para los nuevos contratos, y no, en principio, salvo acuerdo en contrario, para los existentes.

Los derechos laborales reconocidos por la Constitución son los siguientes:

• Art 25: “…derecho a una remuneración equitativa y suficiente” y a “descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”
• Art. 27: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 
• Art. 28: “Derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga”
• Art. 29: “…derecho a participar en las utilidades de la empresa”

Además, el art. 26 señala lo siguiente: 

• “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 
    2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

Aquí hay que precisar dos cosas. La primera es que ese carácter irrenunciable se refiere precisamente a quienes están en una relación laboral, a quienes tienen un contrato laboral. Por eso dice: “En la relación laboral…”. Es decir, no se refiere a que dichos derechos son inmutables por siempre y que no puedan ser modificados. Pueden serlo, para bien de todos, por reforma constitucional o mediante ley, según el caso.

Por ejemplo, las gratificaciones, la Compensación por tiempo de Servicios (CTS), o el número de 30 días de vacaciones, no están en la Constitución, pero sí en la ley. La ley puede cambiar, pero el cambio valdría solo para los nuevos contratos de trabajo.

No obstante, no solo el Presidente, sino el propio ministro de Economía, han negado esta alternativa. El ministro ha dicho: “no se pretende recortar derecho de los trabajadores en términos de gratificaciones, CTS o vacaciones“.

Esa es una postura extrema, que no permitiría al país salir de la trampa de los ingresos medios ni crecer a tasas necesarias para reducir la pobreza y proporcionar empleo con derechos y con mejores salarios.

Se contradice, por lo demás, con los objetivos de política Nº5 de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, que ha sido publicada para recibir aportes de modo que en tres meses se pueda publicar el Plan de Competitividad propiamente dicho.

El objetivo de política Nº 5 se titula:

OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal.

Explica claramente que el mercado laboral peruano no es dinámico ni competitivo por:

• Una excesiva rigidez laboral:
  • “Según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores…

Yamada (2014) indica que en economías en desarrollo –como la peruana- la mayor rigidez laboral genera efectos negativos como: i) menor crecimiento de la productividad (Besley & Burgess, 2004), ii) menor crecimiento en el empleo y salarios (Ahsan & Pages, 2009), iii) mayor afectación a jóvenes y mujeres (Heckman & Pages, 2004) y iv) mayor informalidad laboral (Lehmann & Muravyev, 2012)”. (P.83)

• “La rigidez laboral también se muestra en las limitaciones de resolución de contrato por causas objetivas como la situación económica, motivos tecnológicos…” (p. 86)

• Costo de la indemnizacion por despido muy alto

• “Otro factor relacionado a la falta de dinamismo en el mercado laboral es el costo de la indemnización por despido. En el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuáles registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año” (P. 86)

• Costos no salariales muy altos

• “El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), como se ve en la tabla Nº 11, con un costo laboral no salarial de de 50,3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, Chile el 15,8% y México el 21,1%”. (P.88)

Se desprende claramente, entonces, de la Política de Competitividad aprobada por el gobierno, que para resolver los problemas que ella misma identifica se necesitaría no solo que el Tribunal Constitucional modifique su interpretación acerca del art. 27, que restablece la estabilidad laboral absoluta, algo que el ministro Oliva sí reclama, sino, además, reducir los costos de la indemnización por despido y reducir costos no salariales, tales como CTS, gratificaciones u otros, algo que el ministro descarta. Es el ministro contra su propia política.

No solo eso. Aparentemente una buena decisión del gobierno habría sido incorporar al director del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que presentó sus propuestas en el CADE, al Consejo Nacional de Competitividad. En el terreno del mercado laboral, el CPC plantea, entre otras cosas:

• Crear un nuevo régimen laboral para los nuevos contratos laborales en la pequeña empresa (sin CTS ni gratificaciones, como en la microempresa), a fin de dinamizar ese sector y generar mucho más trabajo formal con derechos
• Implementar la remuneración integral anual (RIA) para los trabajadores que ganen salarios menores a 2 UIT (ahora solo es posible para los que ganan por encima de 2 UIT)
• Pasar 825 mil Informales de pequeña empresa al régimen semi-contributivo del SIS

Evidentemente la posición del presidente y del ministro de Economía vetan estas medidas, que tendrían un impacto muy positivo en todo sentido.

También quedaría vetada una propuesta que surgió en un Taller de Lampadia, que consiste en establecer un tope de 6 sueldos para la CTS en cuenta de trabajador, sin que los puede retirar (es decir, una suerte de seguro de desempleo).

A nuestro juicio, la marcha atrás tan penosa del gobierno en estos temas se debe a que cuando el presidente lanzó estas ideas en el CADE, los sectores sindicales y de izquierda –desconociendo sus verdaderos intereses, pues les convendría una base sindical mucho más amplia- reaccionaron inmediatamente en los medios y las redes expresando su rechazo, mientras no hubo casi manifestación alguna a favor de los amplios sectores favorecidos.

Es necesario organizar una coalición social y política integrada por los gremios de micro y pequeños empresarios, academia y congresistas, que se manifiesta claramente a favor de estas medidas, a fin de darle respaldo político a las decisiones que en ese sentido se pudiera tomar.

También sería conveniente que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de la Competitividad, para que impulse decididamente la agenda que nos saque del empantanamiento económica y nos ponga nuevamente en la senda del crecimiento acelerado pero esta vez con empleo formal y con derechos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En este último CADE hubo cuatro hechos de la mayor importancia que no han sido suficientemente advertidos por la prensa.

Cero Soborno

Los dos primeros corrieron a cargo del empresariado. El primero fue el anuncio de la creación de la Asociación Civil Empresarios por la Integridad, integrada, en un inicio, por 50 empresarios fundadores, a los que se espera ir sumando un número cada vez mayor. La primera acción concreta de esa Asociación es la iniciativa “Cero Soborno”, que no es una declaración de buenas intenciones, sino un conjunto de procedimientos, protocolos, prácticas y capacitaciones que deberá completar cada empresa participante para asegurar que ninguno de sus gerentes ni colaboradores soborne jamás a un funcionario público o a un juez ni tampoco a empleados de otras empresas. Este es un proceso que viene con certificaciones otorgados por empresas reconocidas.

A nadie se le puede escapar el impacto que puede tener una iniciativa como esta en la reducción significativa de la corrupción en el país, en la medida en que es adoptada por los principales grupos empresariales del país y por cada vez por un número mayor de empresas, incluso medianas y pequeñas, que se irá sumando. Llega, además, en el momento preciso, cuando el gran tema de agenda nacional es la lucha contra la corrupción.    

Un efecto secundario de esa decisión es que le permitirá al empresariado recuperar valor y autoridad moral en el país, que es un paso decisivo en la ruta de avanzar hacia alcanzar la condición de dirigencia nacional auténtica.

Las propuestas del Consejo Privado de Competitividad

En esa línea, el segundo hecho de la máxima importancia y también sin precedentes, fue que en el CADE se presentó el resultado de otra decisión histórica del empresariado: la creación del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compromiso de IPAE en el CADE del año pasado, que, encabezado por Fernando Zavala, entregó a los participantes un libro conteniendo 77 propuestas de reformas para levantar la competitividad y productividad del país, indispensable para recuperar tasas de crecimiento altas que nos permitan sacudirnos del marasmo en el que hemos caído y alcanzar el desarrollo.  Esto también llega en el momento preciso, cuando nuestra economía crece a menos del 4% al año, un ritmo inaceptable que no nos lleva a ninguna parte porque no sirve ni para generar suficiente empleo ni para bajar la pobreza.

¿Think Tank?

La creación del CPC, por medio del cual el empresariado empieza a sumir su rol dirigente, alcanzando propuestas claras y estudiadas para mejorar la competitividad del país, puede ser el detonador de algo que también se planteó en una de las sesiones del CADE, pero que no fuera recogido al final como un nuevo compromiso de IPAE: la conformación de un think tank más amplio y potente que prepare propuestas de política en todos los ámbitos de la realidad nacional. Eso es lo que han hecho los empresarios en Chile, Colombia y otros países, para participar proactivamente y no reactivamente en la construcción de la agenda nacional, a fin de acelerar el camino al desarrollo integral del país. En el Perú es una asignatura pendiente, y esperamos que este año, aunque no haya habido compromiso de IPAE, pueda concretarse.

Consensuar propuestas del Consejo Privado de Competitividad con las del Consejo Nacional

Los otros dos hechos de la máxima importancia estuvieron a cargo del presidente Martín Vizcarra. El primero fue que no solo presentó nueve líneas del proyecto de política nacional de competitividad, sino que saludó el aporte del Consejo Privado de Competitividad y propuso “al empresariado iniciar una agenda conjunta para consensuar el Plan de Competitividad”. Esto es muy importante. Establecer una mesa para ese fin puede instalar una dinámica de relación entre sector privado y Estado que permita empezar a crecer mucho más rápidamente. Nunca lo hemos tenido. Sería una innovación histórica en el país.

Y quizá ayudaría a resolver las posibles contradicciones internas que hay en el Ejecutivo, que han impedido que hasta ahora el Consejo de Ministros apruebe los lineamientos definitivos de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”. Muy bien que ahora se apruebe con participación del sector privado y el CPC.

Como se sabe, el tema que divide al Consejo de Ministros, es el relativo a la reforma laboral, indispensable para formalizar el escandaloso nivel de trabajo informal que tenemos y para facilitar un incremento sustantivo de la inversión privada de todo tamaño, frenada por las rigideces de la normatividad laboral. 

La reforma laboral

Pues bien, el cuarto hecho de la máxima importancia en este CADE fue que el presidente se refirió a esta reforma en términos que despiertan alguna esperanza de que el tema será abordado. Identificó claramente el problema: “una economía competitiva requiere que el mercado laboral funcione de manera eficiente, generando los canales para que el trabajador encuentre un espacio óptimo donde pueda desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, necesitamos de un marco dinámico que permita conectar la fuerza laboral con empleadores que aprovechen su máximo potencial y talento. Más del 50% de las microempresas del país son informales y el 70% de los trabajadores se encuentra ocupado en el sector informal, con una mayor concentración en las microempresas. Este es un reto que juntos, tanto sector privado y público tenemos que afrontar”.

Fue más allá: identificó una de las causas del problema: “Uno de los factores que eleva los índices de informalidad es el alto costo laboral no salarial, que duplica y hasta triplica el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico…”. Y preció el objetivo: “Tenemos que pasar del trabajo informal de baja productividad y sin protección social, a un esquema que promueva el trabajo formal que corrija esta situación”.

Luego se refirió al procedimiento: “…lo haremos por la vía institucional…, construyendo los consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia”.

Aquí viene, por supuesto, la dificultad, que se manifiesta incluso al interior del gobierno. La dirigencia sindical tendría que pensar en cuál es su mejor interés en el mediano y largo plazo, para percatarse que más le conviene una amplia base sindical en un mercado dinámico en el que los salarios suben aceleradamente gracias a que una cantidad mucha mayor de empresas demanda cada vez más trabajadores, como ocurrió en el sudeste asiático, que quedarse aferrada a una legalidad que no lo permite.

El Presidente debe encabezar el Plan de Competitividad

Para ello sería fundamental que el presidente Vizcarra encabece personalmente el liderazgo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Pues el tema es de la mas alta prioridad nacional. El mismo lo reconoció, al notar que “en cuanto a competitividad hemos caído 32 puestos en 7 años, bajando del puesto 36 al 68, en cuanto a la Facilidad para hacer Negocios. Y esto es inaceptable. Nuestro desafío es mejorar el desempeño. Y eso requiere del esfuerzo de todos”.

Comenzando por el suyo, presidente, liderando la ejecución del plan, y concertándolo también, como anunció, con las diversas fuerzas políticas que, al tenor de las declaraciones que ha formulado la mayoría, está dispuesta a aprobar las reformas necesarias. Este es el momento. Lampadia

“El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú”

Elmer Cuba señala que el nuevo gobierno podría llevar a cabo una gran reforma laboral en el país si es que el mandatario así se lo propone

Entrevista a Elmer Cuba, Director del BCR y socio de Macroconsult
Jaime de Althaus
El Comercio, 02 de abril de 2018

En esta entrevista, el director del BCR Elmer Cuba, quien esta semana estuvo voceado como uno de los posibles candidatos al MEF, explica algunos de los retos que tiene en materia económica el nuevo gobierno.

— Podríamos estar creciendo a tasas mucho más altas si no hubiera habido todo ese entrampamiento político que ha detenido al país el último año y medio. ¿Hemos superado este entrampamiento político?

Sí, podríamos estar yendo al doble de velocidad. Hoy día el Perú está yendo a 2,5% de PBI, podíamos estar yendo a 5%. ¿Por qué no hemos ido a 5%? En parte, por toda la crisis política y, en parte también, por el tema Lava Jato, su mal manejo, y, en parte, por errores de política económica. Tampoco se salva Kuczynski en esto. Entonces, ¿qué puede cambiar ahora? Bueno, el choque externo sigue siendo positivo, el tema Lava Jato comienza a desenredarse con la nueva ley que reemplaza al 003, que es una mejora sustancial, y este arreglo político que era lo que todo el Perú esperaba hace año y medio entre dos grandes agrupaciones que pensaban muy parecido en lo económico, a diferencia de la izquierda que tenemos. Uno observa ahora una colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora falta saber cuáles serán las primeras medidas tributarias y de gasto público del nuevo ministro de Economía.

— Bueno, se dijo que Elmer Cuba iba a ser el ministro de Economía, pero ha sido vetado por Juan Sheput, por Violeta, por sectores antifujimoristas en las redes…

Sí, seguramente… Mira, nunca me llamó nadie del Ejecutivo en verdad, o sea que ha sido una hipótesis manejada por las redes sociales. Es lamentable que el odio sea transitivo: que por haber colaborado en la segunda parte de una campaña política, en la parte económica, la gente ya te comience a golpear más allá de tus propios méritos personales. Pero, desde donde uno esté, tiene que colaborar con ideas.

— ¿Y qué es lo que habría que hacer para recuperar la economía?

La primera medida de política económica no es propiamente macroeconómica, sino simplemente el arreglo entre el Congreso y el Ejecutivo. Esto, por sí solo, ya es positivo, en términos de una paz política por lo menos de 12 a 24 meses antes de la siguiente campaña electoral del 2021. Esto va a hacer que muchos empresarios desempolven sus proyectos que están listos, que los han guardado por esta incertidumbre. Porque el Perú es una economía muy dinámica. Incluso en la desaceleración, le hemos sacado un punto a todos los países. Además, el Perú ha sido capaz de procesar en democracia un cambio de presidente y además está metiendo a otros presidentes presos. Eso no ocurre en México o en Argentina. Eso es algo positivo más bien, nos estamos graduando como un país que es capaz de juzgar a autoridades.

— Pero tenemos un déficit fiscal…

Sí, y hay que atacarlo. Pasivamente no se va a cerrar. Es preocupante porque es un déficit de 3 puntos de producto y el Perú recauda solo 13 puntos de producto. O sea, no es que el Perú recaude 40 puntos de producto como un país europeo que tiene déficit de 3.

— Pero los ingresos fiscales están subiendo de manera sostenida desde octubre…

Han comenzado a subir efectivamente y la buena noticia es que van a ser mayores por el lado de la minería. Las principales empresas mineras han aumentado sus utilidades casi entre 50 y 100%, que no es poco, y eso va a hacer que cuando se regularice, salte la recaudación. Pero aun así no es suficiente, hay que hacer más cosas para controlar la evasión de IGV y renta que en los últimos dos años es mayor que en la década anterior.

— ¿Cómo?

Hay que identificar cuáles son los focos principales de evasión. Yo creo que están básicamente en el Impuesto a la Renta de empresas medianas, que tienen doble contabilidad e informalidad.

— ¿Por qué ha caído la recaudación?

Primero, por el error de bajar las tasas del Impuesto a la Renta a las personas y aumentar la parte no imponible. En el Perú somos 16 millones de trabajadores y solamente declaran impuestos 3 millones, pero pagan 1 millón. Los otros 2 millones son formales, pero no pagan porque están exentos, porque ganan poco. Recién a partir de 20 mil soles al año comienzas a pagar Impuesto a la Renta. Entonces solamente un milloncito paga y a ese milloncito de personas que sí pagan, digamos los profesionales del Perú, les han bajado los impuestos. Una cosa insólita.

— ¿Habría que subirles nuevamente esos impuestos?

Yo creo que sí. Es volver a lo que teníamos en el 2014. Además ocurre que las empresas se mudan a régimen mype para pagar solo 10% de impuestos contra 29,5 del régimen general. Hay que volver a los regímenes de renta previos al 2014.

— En realidad pagan 10% solo por las primeras 15 UIT de utilidad, lo que permite un incremento gradual. ¿Propones eliminar el nuevo régimen mype, que está diseñado precisamente para hacer un tránsito más gradual, sin salto mortal, al régimen general?

Hay que repensarlo antes de saltar al vacío. Habría que optimizar el RER y el RUS.

— Pero, ¿cómo optimizas RER y RUS? Son sistemas para dar apariencia de formalidad a la informalidad. No pagan IGV. No entran a la cadena tributaria. Están hechos para fragmentar empresas y evadir.

Con las tasas y simplicidad. En un híbrido entre la informalidad y la formalidad. La heterogeneidad productiva obliga a eso.

— La ex ministra Cooper propuso simplificar los regímenes tributarios unificándolos en uno solo, eliminando el RUS y el RER, acompañado esto de la digitalización de los comprobantes. Para que todas las empresas ingresen a la cadena tributaria, del IGV…

No hay estudios concluyentes que digan qué método es mejor, porque el aparato privado peruano es muy heterogéneo y quizá habría que mantener regímenes especiales por un buen tiempo, pero que suavicen el paso de un escalón al otro. Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías dos mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco…

— No sería infranqueable si la Sunat te hace la liquidación de impuestos, y al deducirte el IGV terminas pagando menos, que es lo que ocurriría según Claudia Cooper…

Ahí actuamos a ciegas, a diferencia, por ejemplo, del Midis, que tiene la Enaho, con la que mapean la pobreza para hacer políticas sociales. Nos falta conocer realmente las mypes, no las hemos censado, no las seguimos con encuestas, no sabemos cómo acumulan, cómo quiebran, cómo se endeudan, cómo pagan impuestos, cómo contratan. El nuevo ministro tendría que hacer una comisión especial en doce meses con los mejores expertos nacionales e internacionales en el tema para resolver este asunto. No podemos enfrentar bien la informalidad en todas sus dimensiones laborales, tributarias y sobre todo del sector, porque no la conocemos bien. No sabemos cuál ha sido su génesis. En cada sector la causa puede ser distinta. De repente la causa de la informalidad en el sector ‘retail’ al por menor, es la ley laboral. Pero la causa de la informalidad minera sería la ley minera que obliga a que el pequeño tenga un EIA o el cierre de impacto ambiental…

— En el tema laboral es fundamental eliminar la estabilidad laboral absoluta…

El tema es más complejo. Somos 16 millones de trabajadores; solamente 3 millones son formales. El TC, con su sentencia del 2001 que restableció la estabilidad absoluta, indujo a que 2 de esos 3 millones pasen a contrato a plazo fijo, y solamente un millón en contrato indefinido, cuando antes de esa sentencia era al revés. Pero ese problema, que hay que resolverlo con el TC o con el Congreso, va a mejorar la vida solamente de los 3 millones de formales que pasarán más fácilmente a contratos indefinidos…

— Pero también es una barrera a la formalización, ¿no? Muchas empresas no formalizan por temor a no poder desvincular cuando es necesario…

Sí, pero en el caso de las pequeñas y medianas no formalizan sobre todo por los sobrecostos laborales, por los mal llamados derechos laborales que encarecen la formalidad. Por eso hay otro milloncito de trabajadores informales en empresas formales. Ya de ahí para abajo, el tema laboral ya no es laboral, es empresarial. Va a ser imposible que una empresa que es informal per se, tenga trabajadores formales. Estamos hablando ya de 3 millones más, que son trabajadores informales en empresas informales. Entonces ahí la respuesta es: primero formalizas la empresa. El tema es más tributario, y más relacionado con la legislación de cada sector: qué se le pide a la señora que hace galletas, por ejemplo. Y, fuera de estos, los que están en la cola ya son otros 3 millones de independientes –una exageración–, que no tienen jefe ni declaran renta: el gasfitero, el taxista, el cuidador del edificio, el limpia autos, el reciclador, el estibador de mercado… Para no hablar del pequeño agricultor altoandino. Lo más fácil, aunque parezca mentira, es cambiar la sentencia del TC. Lo otro es más complejo. Es la gran reforma laboral de este país.

— ¿La podría hacer el presidente Vizcarra?

La puede hacer si la quiere hacer. Tiene todo para hacerlo. Es un cambio de Gobierno, que tiene ciertas ventajas porque tiene una oposición que no puede ser oposición. Él tiene una cosa importante: su poder de renuncia. El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú si quiere hacerlo o simplemente administrar la cosa esperando que pase el tiempo hasta el 2021.

— ¿Qué efecto va a tener esta alza del salario mínimo?

Si tú me dices, “dame una medida para aumentar la informalidad laboral”: sube el mínimo. Si quieres aumentarlo ya con daños severos, mortales, ponlo en 1.500 soles. Ahorita la mediana de ingresos en el Perú es 900 soles, la mediana. De esos 16 millones de trabajadores, la mitad gana menos de 900 y hemos puesto el mínimo en 930. Por encima de la mediana, de locos. El mínimo está totalmente pervertido. Ya no es el mínimo, es la mediana. Es un enemigo de la formalización.

— ¿Debería haber dos salarios mínimos: uno para la micro y mediana empresa y otro para la mediana y grande o no debería haber simplemente salario mínimo?

El mínimo debería ser mínimo. Deberíamos dejarlo ahí que pernocte varios años para que realmente sea mínimo. Una vez que sea mínimo, lo indexamos al IPC y a la productividad de ese segmento de bajos ingresos formales. Lo central acá es la productividad laboral.

— Entonces, ¿cómo haces para subir la productividad laboral?

¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía subcapitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

“No sería fácil políticamente eliminar las exoneraciones”

Si los cines no pue- den ganar vendiendo canchita, no va a haber más inversión en cines…

Así es. Esos microrretrocesos, si los juntas, son el principal enemigo de la inversión. Es clave pensar que cada movimiento regulatorio puede tener un daño. Si sumas esas pequeñas cosas, los peruanos nos vamos a entrampar y vamos a perder la batalla. Y lo otro son los costos de transacción por el lado legal judicial. Si la justicia es lenta o corrupta, aumenta también el riesgo de invertir, no te devuelven nunca algo. La tasa de interés en el Perú es alta en parte por el riesgo de cobranza a ese señor que te engañó. Y los que recibimos un crédito pagamos ese sobrecosto.

Se estaría trabajan- do con el Congreso la vieja idea de eliminar exoneraciones. Según el MEF, hay 16 mil millones de soles al año de beneficios tributarios…

Mira, para el mismo MEF, de esos 16 mil, solo 11.600 serían factibles en el corto plazo. Pero no sería fácil políticamente eliminarlas. Por ejemplo, la exoneración más grande, de 1.900 millones, es la del IGV a la educación: habría que cobrar IGV en los colegios, en las universidades o en los institutos. La siguiente es la intermediación financiera, es decir, los créditos, exonerados también del IGV, y la tendencia mundial es a no cobrar IGV para eso. El tercero es la exoneración del Impuesto a la Renta natural para la CTS. Debería pagar, pero habría resistencia. También tienes la devolución anticipada de IGV, que tiene sus ventajas. Y el drawback, que es bien ideologizado, pues si no hay aranceles para importar no debería haber drawback (devolución), que es un subsidio a las utilidades de los exportadores no tradicionales. Y, por último, está el sector agropecuario, que paga solo 15% de Impuesto a la Renta contra 29,5% que pagan todos los demás. ¿Ese ‘boom’ agroexportador va a llegar a su fin si pones el impuesto donde debería estar o hay que dejarlo ahí 15 años más? Esas seis son el 80% de las exoneraciones. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace unos días Lampadia dio cuenta de una noticia extraordinaria: el congreso brasilero había derogado una ley del año 1943 inspirada en la “Carta de Lavoro” de Mussolini que creaba un impuesto para subvencionar a los dirigentes sindicales de las empresas. En buena cuenta el Estado pagaba un salario a las dirigencias laborales. Fuera de eso, la ley aprobada por el congreso brasilero puso fin a la estabilidad laboral absoluta facilitando la contratación y la desvinculación de los trabajadores a cambio de una debida indemnización.

En el Perú no logramos construir hasta ahora la suficiente decisión política para reformar nuestra excluyente y rígida legislación laboral, que no solo mantiene en la informalidad y sin derechos a la gran mayoría de trabajadores peruanos, sino que, de paso, nos pone amarras que no nos dejan competir con eficiencia en la economía global a fin de crecer a tasas que nos permitan desarrollarnos.

Fuente: scoop.it

En su discurso de 28 de julio, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski se refirió de manera muy general al tema del empleo y sencillamente no planteó el problema tal como es ni la necesidad de reformar el carácter excluyente de nuestro marco legal. Su discurso fue vencido nuevamente por el temor político, pero anunció que el tema se vería en el Consejo Nacional de Trabajo, como si no supiera que la CGTP ya se retiró de esa instancia hace pocos meses cuando el ministro Grados empezó a plantear los asuntos de fondo, pese a que, como veremos, la CGTP sería la principal beneficiaria de las reformas, al poder ampliar su base sindical.

Por lo tanto, si no nos vamos a pasar el periodo entero de gobierno sin atrevernos a enfrentar el asunto, no cabría otra salida que convertirlo en materia del acuerdo político que empezó a gestarse en la reciente reunión entre el Presidente Kuczynski y Keiko Fujimori.

Eliminado la estabilidad absoluta, la CGTP podría ampliar su base sindical

No vamos a repetir los datos ya conocidos acerca de los altísimos niveles de informalidad laboral que tenemos, de los más altos del mundo. Somos uno de los pocos países en el que la indemnización no cuenta como una protección adecuada al despido, de modo que el juez puede imponer la reposición del trabajador aun cuando haya sido indemnizado y haya cometido actos manifiestamente delictivos. (Se ha llegado al extremo de reponer policías dados de baja por delitos). Ya conocemos los efectos perversos de este condicionamiento. Perjudica incluso a los sindicatos y a las propias centrales sindicales, que deben resignarse a operar sobre una base sindical minúscula debido no solo a la altísima informalidad, sino a que, aun dentro de la pequeña esfera formal, la tasa de sindicalización es casi inexistente: los trabajadores sindicalizados en el sector privado son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP. Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla.[1] Ridículo también.

La explicación del tamaño irrisorio de la sindicalización en nuestro país es precisamente la legislación laboral vigente y la antojadiza interpretación del artículo 27º de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, presidido por el acciopopulista Javier Alva Orlandini a principios de siglo, que consideró, estableciendo el precedente,que la indemnización por despido no constituye protección suficiente contra el “despido arbitrario”. Esto, sumando a los altos costos no salariales del trabajo, inhibe a las empresas de todo tamaño, y sobre todo a las medianas y pequeñas, de contratar formalmente trabajadores. Y cuando los contratan optan por el contrato temporal a plazo fijo. Si antes la mayor parte de los contratos en el sector privado eran a tiempo indeterminado, en la actualidad cerca del 70% de los contratos son temporales a plazo fijo. Pero, como señala PLADES,[2] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”.

Sí resulta claro que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder, uno se pregunta si la renuencia de la clase política y del Tribunal Constitucional a precisar los alcances del artículo 27º de la Constitución en el sentido natural, obedece a una conspiración política para que ni la sindicalización, ni la negociación colectiva ni la CGTP crezcan.

Las propuestas del Ministro

Por supuesto, no es esa la única reforma que deba ser materia de un acuerdo político. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ha venido trabajando en el diseño de un conjunto de mejoras específicas de la normativa orientadas a generar nuevos puestos de trabajo, duplicar la formalidad laboral pasándola del 28% de la población ocupada al 52% el 2021, elevar la productividad promedio de los trabajadores y elevar su ingreso promedio. Es obvio que un mercado laboral menos atado demandará más trabajadores formales y una  mayor demanda de trabajadores llevará a mayores salarios. Ese ha sido el camino de los países del sudeste asiático, que comenzaron con salarios misérrimos hace 30 o 40 años y hoy son varias veces superiores a los de nuestros trabajadores peruanos. 

En diciembre del año pasado el ministro de Trabajo presentó al Consejo Nacional del Trabajo 19 propuestas vinculadas a temas como los ceses colectivos (para que funcionen pero protegiendo mejor la situación de los trabajadores),[3] la negociación colectiva (para mejorar el arbitraje potestativo[4] por ejemplo), y las escalas de multas del Sunafil (para que no se aplique a una familia o a una microempresa la misma multa que a una gran empresa, por ejemplo), entre otros. Esas propuestas se discutieron, pero a la hora entrar a discutir reformas de fondo para facilitar la contratación formal de trabajadores manteniéndolos más tiempo en la planilla, es decir, con mayor seguridad para ellos, pero adaptando distintas modalidades laborales a las realidades del mercado en los distintos sectores a fin de mejorar la competitividad global de nuestras empresas y que estas, al crecer, puedan ofrecer más empleo formal y de calidad, las centrales se retiraron.

Las reformas que plantea Grados buscan reducir los llamados “costos no salariales del trabajo” sin reducir beneficios o derechos, a fin de incentivar la contratación de más trabajadores formales, cambiando, por ejemplo, para los nuevos, la CTS por un seguro de desempleo con capacitación, de modo que no se proteja el puesto de trabajo –que puede quedar obsoleto- sino al trabajador mismo. Esta propuesta, sin embargo, aún no ha sido aceptada por el MEF.

¿Eliminar los regímenes especiales para la exportación?

Una de las propuestas que está elaborando el ministro responde a un pedido clásico de la CGTP y de los sindicatos de los países importadores (que buscan así proteger sus mercados). Consiste en eliminar el régimen de exportación no tradicional de inmediato y el régimen agrario a su vencimiento, el 2021.Es una propuesta preocupante a primera vista porque esos regímenes han funcionado muy bien y han permitido desarrollar las exportaciones respectivas de una manera sin precedentes, proporcionando al mismo tiempo gran cantidad de empleo formal. En realidad, es casi el único empleo formal nuevo y masivo generado en los últimos 20 años.

Fuente: revistaganamas.com

Lo que plantea el Ministro es incorporar esos dos regímenes en el régimen general, introduciendo en este últimoalgunas de las características de esos regímenes especiales. Por ejemplo, el Régimen General adoptaría, de manera voluntaria, la llamada RIA (Remuneración Integral Anual), de manera que se pueda pagar las gratificaciones y la CTS en doce alícuotas, junto con el sueldo mensual. Al mismo tiempo, se ajustaría y simplificaría los contratos sujetos a modalidad del régimen general de modo de incorporar en ese régimen, regulándolas mejor, las modalidades hoy recogidas por los regímenes agrario y de exportaciones no tradicionales. En el caso de este último la idea sería ajustar la contratación a plazo a los pedidos de exportación, por ejemplo, poniendo un límite alto al número de años en que se puede renovar el contrato a plazo. En nuestra opinión, esta última medida corre el riesgo de convertirse en una caja de Pandora que todos los años sea motivo de negociaciones que la lleven a su desnaturalización.

En cuanto al régimen agrario, el ministro nos explica lo siguiente: “La idea es mantenerlo hasta el 2021 con una gradual revisión de las vacaciones, incrementándolas paulatinamente de modo que el impacto sea manejable. Efectivamente la RIA se aplicaría voluntariamente al nuevo régimen general y si eventualmente el MEF valida el seguro del desempleo, resolveríamos el tema de la CTS. Sí tendríamos que ajustar en algo la RIA mínima del régimen agrario pues hoy, al desagregarlo, no cubre la RMV. Creo que ese ajuste lo debemos hacer pronto. Por todo lo dicho, nuestra postura no es eliminar el régimen al 2021, sino que a esa fecha las diferencias entre el régimen agrario y el nuevo Régimen General no serían tan grandes, y con ello se tomarán decisiones más ajustadas”.

En otras palabras, se incorporaría al régimen general, ajustándolas,algunas particularidades de esos dos regímenes especiales.

Una alternativa más efectiva para lograr un ambiente regulatorio ‘pro-empleo’, sería más bien, llevar paulatinamente el régimen general hacia los regímenes especiales, pero es muy difícil que un gobierno débil se avenga a plantearlo.

Paralelamente la llamada “Comisión de Protección Social” ha venido preparando una propuesta, que aún no está lista, que incluiría un nuevo sistema de pensiones, la integración y universalización del aseguramiento en salud, y, como decimos, la protección contra el cese laboral. Algo que debería merecer un amplio debate público antes de empezar a configurarse.

Como fuere, el lastre del marco legal del trabajo en el Perú es demasiado pesado y oneroso como para seguir con la venda en los ojos. Es hora que el gobierno y Fuerza Popular se sienten a trabajar un acuerdo político que permita que la mayor cantidad de peruanos pueda acceder a un empleo formal, con derechos y mejor pagado. Todo lo demás es demagogia o cobardía. Lampadia