Jaime de Althaus
Para Lampadia

Podría haber una relación de causalidad, consciente o inconsciente, entre los presuntos sobornos que solicitó y recibió el presidente Vizcarra cuando fue gobernador de Moquegua, y las tácticas políticas que usó a lo largo de su mandato: confrontar al Congreso sistemáticamente, disolverlo, y eventual y presuntamente jugar en pared con José Domingo Pérez para encarcelar a opositores políticos.

Con ese conjunto de acciones logró convertirse en el campeón de la lucha contra la corrupción al mismo tiempo que fortalecía su poder y su aprobación popular. En esas condiciones era muy difícil que algún investigado del club de la construcción se atreviese a denunciar pagos al presidente, y si lo hacía no tenía eco en los fiscales. La información de que Tejeda deseaba convertirse en colaborador eficaz descubriendo el soborno a Vizcarra circulaba desde hace por lo menos un año y medio. Al parecer, se tuvo que filtrar para que recién los fiscales activasen el proceso, y es evidente que mientras menos tiempo le quede al presidente en el poder y más debilitado se encuentre, más aspirantes a colaboradores eficaces querrán revelar sobornos, si es que los hubo.

En otras palabras, lo que hizo Vizcarra desde casi el inicio de su gobierno fue aplicar la táctica de que ‘la mejor defensa es el ataque’. La manera más eficaz de blindarse, de anular o inhibir cualquier denuncia, era convertirse en el gran héroe anticorrupción, confrontando y disolviendo, mientras opositores eran encarcelados.

Sobre esto último, debe recordarse el audio en el que la ex secretaria de Vizcarra, Karem Roca, menciona un vínculo entre Martín Vizcarra y José Domingo Pérez Roca. Señala que Rose Mary Silva, la concuñada de Martín Vizcarra, “mueve a los fiscales, ella habla, todos los juicios que le ha visto a Martin Vizcarra…, por eso es que Domingo Pérez viene aquí a trabajar y a su mujer la mandan a Perúcompras, y cuando ha habido el escándalo, ya la sacan a la mujer de Perúcompras”. Esto es algo que el Congreso debería investigar.[1]

Ya entendemos mejor por qué buscó la confrontación en lugar de la concertación para sacar adelante la reforma judicial y la reforma política. Lo lógico hubiese sido escoger la colaboración con el Congreso. Keiko Fujimori había saciado su sed de venganza con la salida de PPK y carecía de animadversión a Vizcarra. En la práctica, lo había hecho presidente. No solo eso: la bancada fujimorista había perdido la mayoría absoluta y se encontraba internamente dividida.

Por lo demás, las propuestas de reforma judicial de la comisión Wagner eran perfectamente consensuables con el Parlamento. Y si bien es cierto que algunas de las propuestas de reforma política de la comisión Tuesta –como las elecciones primarias y obligatorias- tenían resistencia, sí había un consenso mayoritario en torno a la principal de todas: la bicameralidad. Por lo demás, las elecciones primarias y obligatorias son un tema debatible y no necesariamente son una buena propuesta.

Entonces Vizcarra hubiera podido concertar. Pero optó por lo contrario: el 28 de julio del 2018 le declaró la guerra al Congreso al proponer un referéndum en el que se consultara, entre otras cosas, la no reelección de los congresistas. Equivalía a la disolución simbólica del Congreso existente. Con ello demostraba que su intención no era reformista sino utilitaria, pues la no reelección de congresistas era el sabotaje perfecto a la institucionalización de un sistema político funcional.

¿Por qué prefirió la confrontación a la colaboración? La explicación que dimos en su momento era que lo que hacía el presidente era populismo político frívolo para acrecentar su popularidad y su poder. Pero ahora podemos ver para qué quería incrementar su poder.

Es cierto que una profunda reforma institucionalizadora era necesaria y había sido largamente demandada en el Perú, algo que la mayoría fujimorista desde el 2016 había desdeñado. Pero al poner por delante la no reelección de los congresistas y llevar, para mayor escarnio, el tema a un referéndum, se creaba en el Congreso un clima poco predispuesto a una discusión racional y constructiva, de manera que los temas solo pudieran sacarse como finalmente se sacaron: por medio de cuestiones de confianza, a la fuerza.

Es posible que esa fuera una estrategia pensada desde el principio para mantener al Congreso en una posición aparentemente obstruccionista de manera de incrementar el rechazo de la opinión pública a los congresistas de la primera mayoría, en la misma medida en que subía la popularidad presidencial. Era el subibaja político. Por supuesto, los voceros de Fuerza Popular cayeron en la trampa y colaboraron entusiastamente en la construcción de una imagen obstruccionista.

Esa imagen le sirvió al presidente para generar una nueva crisis política al demandar el adelanto de elecciones en julio del 2019, que desembocó en la disolución del congreso. Objetivamente el Congreso era mucho menos obstruccionista que lo que había sido con PPK, pero el gobierno manipuló bien las percepciones y al final Vizcarra disolvió el Congreso con la treta de la “denegación fáctica” de la confianza. Su popularidad fue mayor que nunca.

No debe descartarse lo que afirmara Mauricio Mulder en un tuit apenas se dio la noticia del soborno de Obrainsa: “La Comisión de Fiscalización del Congreso disuelto ilegalmente, ya estaba investigando ese tema. Dos semanas después de citar a Cesar Vizcarra, su hermanito-presidente da el golpe de estado. Ahí tienen por qué”. Calza perfectamente en la historia.

El problema de todo esto es que la institucionalidad política se ha precarizado más que nunca: se eliminó la reelección y por lo tanto la carrera política y la consolidación de una clase política profesional; se redujo partidos importantes a su mínima expresión, se fragmentó más que nunca el sistema partidario, y se institucionalizó la disolución del Congreso por “denegación fáctica” de la confianza. Bravo. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La auto complacencia es un síndrome generalizado que se ha convertido en rasgo peligroso de los gobernantes en el Perú.

El PBI del Perú creció un 4.0% el año 2018.  Ya ese era un resultado mediocre, especialmente para un país de ingresos medios a bajos y que requiere sacar de la pobreza a un 22% de la población, al igual que defender a un grupo grande de ellos que, si bien ha salido de la pobreza monetaria en los últimos años, aún está en los márgenes de esa pobreza y en riesgo de retroceder a tales niveles.

Ya es típico un inicio de año con anuncios auspiciosos. El año pasado, por ejemplo, se anunció un crecimiento económico del 4.5% para el 2019, sin embargo y ante la desviación de los resultados respecto a las predicciones y a medida que iban pasando los meses aparecieron las justificaciones; que la guerra comercial China-USA, que la caída del precio de los commodities, que crecemos más que nuestros vecinos, que…, etc., etc.

Ningún gobernante asume objetivos desafiantes y menos lucha por lograrlos estimulando la economía, en cambio sólo se resignan a reducir mes a mes la tasa de crecimiento esperada. A nadie se le ha ocurrido comparar la performance de la economía peruana con nuestro potencial de crecimiento (superior al 4.0% para estos tiempos), ni reflexionar respecto a que la tasa de crecimiento mundial, países ricos incluidos y con peso predominante, alcanza al 3.5%, mientras el Perú crecerá a duras penas 2.3%, si Dios quiere.

Nuestros políticos tienen una capacidad increíble para justificar el incumplimiento de sus metas de gobierno. No son capaces de ver en nuestras situaciones de crisis una oportunidad, por ejemplo, el Fenómeno del Niño de marzo 2017. Esa catástrofe, ciertamente no deseada, daba la oportunidad de una actividad económica importante en todo el norte y parte del centro del Perú. Para esto teníamos, tal como se propuso, que diseñar una reconstrucción con cambios debidamente planeada y ejecutada por equipos técnicos capaces y honestos, no corruptos que priorizaban la descentralización del manejo económico del proceso (por donde pasa el agua, queda la humedad), en lugar de organizar PMOs con la capacidad real de ejecución.

Si los precios de los commodities se habían reducido, debíamos, desde el gobierno liderar la construcción de los proyectos mineros pendientes y de infraestructura requerida. Muy fácil resulta repetir, tal como algunos incapaces lo han hecho, “no vamos a imponer proyectos por la fuerza”. ¡A nadie en su sano juicio se le ocurre hablar de imposición! El rol de un LÍDER, así con mayúsculas, es el de convencer a sus seguidores de las bondades de sus propuestas, ganar mentes y corazones, para finalmente lograr que lo sigan por convicción. Iniciar la ejecución de algunos proyectos hubiera generado, no sólo, cuando menos 1 a 1.5 puntos porcentuales de crecimiento adicional, sino también una mejor percepción del país como destino de inversión, creando expectativas positivas sin dejar de crecer dentro de nuestro potencial.

No obstante lo anterior, la Inversión Privada y particularmente la inversión minera es la que ha impulsado el magro crecimiento que tendremos, pues la Inversión Pública es sinceramente decepcionante. Baste mencionar la caída de la obra pública del gobierno general del 16.3% al mes de octubre 2019. Ya a setiembre el avance de la obra pública fue una reducción del 9.6% y no quiero ni imaginar cómo cerraremos el año.

Lo único que crece es el gasto corriente, pero a pesar de ello, no hemos reducido los niveles de anemia infantil. No mejoran los niveles educativos de nuestros escolares, a pesar de referirnos con auto complacencia a la mejoría de algunos puntos en la evaluación PISA, pero siempre dentro del grupo de “países coleros” en la tabla de los evaluados. ¿Cómo podremos aspirar a competir en la era del conocimiento del siglo XXI si nos mantenemos en esos niveles?

En salud la cosa no es diferente, nos llenamos de titulares periodísticos anunciando la incorporación universal al SIS (seguro integral de salud), pero no aplicamos los sistemas (software) de administración de salud que gratuitamente puso a disposición del país el gobierno americano (se ha desactivado su aplicación en Ica, única región en que se aplicó y con éxito, increíble), ni ampliamos las facilidades hospitalarias (no nos referiremos al hospital de Moquegua que tardó 5 años en ser construido y que esperamos esté operando a plena capacidad), ni proporcionamos los médicos y medicinas requeridos.

Comentario aparte merece las aportaciones del Estado a Essalud, quien no aporta como los privados un 9% sobre la remuneración total, sino sobre una fracción de la UIT o una tasa diferenciada (menor por supuesto), como si los empleados públicos o CAS o trabajadores de otros regímenes, se enfermaran menos. Lo más simpático es que la ministro del sector ha anunciado (con generosidad), que van a subir gradualmente la base de cálculo de tales aportaciones (y que ya lo están pensando). No nos sorprendamos después, que haya tantas carencias para atender a los asegurados que aportan como Dios manda.

Mientras tanto y como si fuera un “catecismo” se repite la necesidad del avance de la reforma judicial (¿en qué está?), de la importancia de la reforma política (¿si se referían a unas elecciones ejecutadas a trompicones para lograr un congreso de igual calidad o peor que todos los anteriores…?), de la lucha anti-corrupción (aplicada selectivamente). En esencia siento que, cual acto de magia de un prestidigitador, nos están mostrando imágenes que distraen a la población para que nadie se dé cuenta de lo que realmente ocurre.

Este gobierno me ha hecho recordar lo que de chico oía a los amigos de mi papá y que no alcancé a comprender hasta hoy; esto es que, “Moquegua es el único lugar del mundo en el que se hace siesta después del desayuno”. ¿Será cierto que un gran número de ellos, se ha trasladado a Lima para hacerlo? Lampadia

La reforma integral del sistema de justicia del país es una tarea histórica pendiente.

Publicado por Gestión
17 de julio de 2018
Adrián Simons Pino
Abogado procesalista y profesor universitario
Glosado por Lampadia

Cada vez que ocurre un escándalo como el que ahora ocupa la atención de todos los medios, nos acordamos de una tarea histórica pendiente: la reforma integral del sistema de justicia. ¿Será más de lo mismo? ¿Seguiremos siendo víctimas de los mismos discursos prometiendo reformas? ¿Veremos las mismas fintas disfrazadas de reformas parciales mediocres? ¿Para que todo siga igual, hasta que surja un nuevo escándalo? Como todavía hay quienes no perdemos la esperanza de que nuestros gobernantes asuman por primera vez, con valentía y responsabilidad, la difícil tarea de hacer una reforma en serio, haré un breve diagnóstico de la situación y algunas propuestas radicales para intentar cambiar las cosas.

1. Nombramiento de jueces y fiscales. De acuerdo con nuestra Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene esa función. Ese sistema ha fracasado. También como sociedad hemos fracasado. Lo más grave es que los miembros del CNM que han sido cuestionados, su designación fue responsabilidad del sector privado: colegios profesionales, universidades privadas y Colegio de Abogados de Lima. Hemos sido incapaces de nombrar personas con trayectoria académica e intachable hoja de vida. Ha llegado la hora de hacer algo diferente: reformemos urgentemente la Constitución para fundar un nuevo sistema de elección de jueces y fiscales y de control de los mismos. ¿Qué propongo? Crear una Escuela Judicial encargada de seleccionar a los futuros magistrados. Pero para evitar que la ignorancia organizada se infiltre nuevamente, es preciso crear un blindaje académico. Para que eso funcione lo ideal es recurrir a la cooperación internacional, de modo tal que el nombramiento sea fruto de los méritos académicos y no de favores gestionados bajo la mesa. Ser juez debe ser un honor y no la última alternativa. Los jueces deciden si una norma es constitucional, deciden sobre nuestra propiedad, sobre nuestra libertad. No puede estar esa función en manos de cualquier persona. Un juez debe ser alguien especial. La carrera judicial no debe ser vista como la última opción a falta de trabajo.

2. Nuevo sistema de control. Es una realidad histórica que los órganos de control, sean del Poder Judicial o de la Fiscalía, no hayan funcionado. Se requiere crear un órgano constitucional autónomo ajeno a los jueces y fiscales, que tenga a su cargo la fiscalización, investigación y sanción. Tal órgano podría denominarse Contraloría de la Magistratura, el cual estaría a cargo de personas de diversas especialidades y ajenas por completo a la labor de juzgar.

3. Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Tenemos una LOPJ que va a cumplir 30 años y, como veremos, está absolutamente desfasada con nuestra realidad. Necesitamos urgente una nueva LOPJ que contenga una estructura funcional del sistema judicial. Por ejemplo, que la gerencia del mismo esté a cargo de una organización altamente especializada. Los jueces no deben perder su tiempo en administrar el funcionamiento del sistema. Los jueces deben dedicarse por entero a la labor que les hemos encomendado: resolver los casos de manera eficiente y rápida.

4. Nueva Corte Suprema. La vieja y vetusta LOPJ determina la cantidad de jueces supremos en un número de 20, de los cuales solo 15 tienen la labor de juzgar a través de tres salas supremas (civil, penal y constitucional). Sin embargo, la realidad ha sobrepasado cualquier límite. ¡Nuestra Corte Suprema ha colapsado!

A diciembre del 2017 nuestra actual Corte Suprema tiene más de 60,000 casos. Quien lea esto diría: ¡esto es humanamente imposible! Que 15 hombres soporten tamaña cantidad de procesos para resolver. Bueno, como en el Perú lo provisorio se convierte en eterno, se decidió hacer clones de las salas supremas y crear salas transitorias. Hoy tenemos nueve salas supremas que hacen un total de 45 jueces supremos. Y, ¿quiénes integran las salas clones?, ¿si solo tenemos 15 jueces titulares? Pues, se convoca a jueces superiores o de segundo grado, para que durante un tiempo indeterminado ejerzan el cargo de jueces supremos provisionales. Esta es una situación inédita en la región. Ningún país con una justicia medianamente decente tiene una Corte Suprema que funcione de esta manera.

Bajo esta triste realidad, es imposible tener una Corte Suprema que cumpla con su rol esencial: crear derecho, generar confianza y predictibilidad en sus decisiones. Debemos afrontar el problema no solo con reformas constitucionales y legislativas; también debemos diseñar un nuevo perfil de juez para nuestro país.

Si no reaccionamos ahora, lo que he descrito será peor, y nuestros jueces supremos seguirán haciendo lo que hacen hasta hoy: luchar contra el reloj de la historia y perder en el intento. Lampadia

En los últimos meses, el Perú ha sido víctima de dos grandes escándalos de corrupción que han puesto en evidencia la precariedad de sus instituciones públicas y el comportamiento antiético de sus gobernantes en todos los niveles de Gobierno, llámese nacional, regional y municipal.

El primero, bautizado como el “Caso Lava Jato” por la jurisdicción brasilera, es considerado como el mayor escándalo de corrupción de América Latina, organizado y dirigido por el gobierno de Lula en Brasil y sus socias empresariales corruptas. Según la Corte de Justicia de Estados Unidos, en el Perú, involucró el pago de sobornos por parte de la empresa brasilera Odebrecht a funcionarios públicos por 29 millones de dólares entre el período 2005 y 2014. Asimismo, según el reciente informe de la Comisión Lava Jato del Congreso, se habrían estimado sobreprecios en las obras adjudicadas por más de 3 mil millones de dólares.

Peor aún, desde que se destapó el escándalo en diciembre del 2016, los esfuerzos desde el Gobierno y el Congreso para lidiar con la situación, a través del DU 003 y el PL 1410, agravaron aún más el problema, ya que paralizaron innecesariamente el sector construcción y múltiples obras de infraestructura. En vez del caos con que el gobierno enfrentó el tema, Lampadia propuso designar interventores en las empresas y obras, [Ver: DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones]. Lamentablemente el gobierno no quiso hacer caso y terminamos siendo el único país que paralizó su sector construcción. Fue tal el impacto en la economía peruana por la paralización de dichas obras, que el MEF tuvo que reducir su proyección de crecimiento en el año 2017 en un punto porcentual, reducción que está asociada a 140,000 empleos perdidos y que 320,000 peruanos no hayan salido de la pobreza, según Apoyo Consultoría.

Por otra parte, se tiene el escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o más conocidos como los audios de la “vergüenza”, difundidos desde julio del presente año. En ellos, se dejan entrever conversaciones de jueces y miembros del CNM en el que se revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o negociaciones de ascensos de funcionarios. Tal difusión puso en tela de juicio la institucionalidad de uno de los más importantes brazos del Estado encargados de velar por los derechos fundamentales de los peruanos, el Poder Judicial.

En esta línea, hubo consenso de que una reforma judicial era necesaria y por tanto, se propusieron diversas líneas normativas desde el Congreso y, recientemente, se instaló como una de las propuestas del referéndum del pasado 9 de diciembre.

Es aquí donde vale la pena preguntarse, ¿Cuál es el status actual de las reformas que permitirán prevenir hechos de similar magnitud en un futuro cercano?

Curiosamente, la atención del Caso Lava Jato en el Perú se ha desviado por completo hacia la investigación de los aportes a los partidos políticos, en particular, la Campaña de Fuerza Popular 2011. Este hecho se ha mediatizado de tal manera que se ha vuelto el centro de gravedad de las preocupaciones del país, con fiscales y jueces dictando prisiones preventivas de manera completamente arbitraria sin considerar el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados, aún cuando ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que advierten acerca de los excesos de estas prácticas.

Estamos terminando en una ‘justicia plebiscitaria’, que se expresa con lo expuesto por César Hildebrandt en una reciente entrevista con Patricia del Río en RPP en la que indica que “la lucha contra la corrupción no puede ceder en nombre de un garantismo  formalista”, es decir, basta con que el repudio popular sea tal que no importa que no se sigan los procedimientos judiciales habituales, la sentencia de culpabilidad será justa porque será justa “socialmente”. Adiós Constitución y leyes.

Y este punto es vital ya que nos lleva al tema de la reforma judicial, cuyos avances lamentablemente han sido prácticamente inexistentes, justamente porque la atención pública se encuentra empecinada en exigir prisión a la oposición. No es coincidencia que se hayan abandonado las 7 líneas normativas de la reforma judicial que fueron pre-dictaminadas en el Congreso en octubre del presente año. Por otra parte, aún con los escándalos de los audios del CNM, no se ha hecho un proceso de escrutinio de la realidad del Poder Judicial que llevaría hacia la limpieza de los cuadros corruptos. De esta manera, algunas personas empiezan a ver el caso Lava Jato, con todos sus excesos, como una distracción que nos está haciendo olvidar de algo sumamente importante que, a diferencia del escándalo brasilero, es de naturaleza estructural: una débil institucionalidad de nuestro sistema de justicia.

En este sentido, consideramos que un buen primer paso estaba contenido en la primera pregunta del referéndum y por ello sostuvimos una posición del SÍ en ella [ver: Mi voto en el referéndum]. Tal como se puede deducir del escándalo de los CNM audios, consideramos que dicho consejo debe desaparecer, y la nueva Junta Nacional de Justicia, cuya base será la meritocracia en la selección de los jueces y fiscales, permitirá tener mejores capacidades de fiscalización y control de la labor judicial. Sin embargo, ello no es suficiente. El Congreso debe acelerar la promulgación de las 7 líneas normativas que aún están pendientes ya que permitirán tener un sistema judicial más eficiente, transparente y con una mejor labor de cara a los peruanos. La reforma judicial no puede esperar.

En enero próximo el Congreso debería convocar a legislatura extraordinaria para aprobar la ley orgánica de la nueva Junta Nacional de Justicia y los 7 proyectos de ley ya dictaminados, porque sin eso no se puede convocar al concurso para elegir a los miembros de la Junta, y esta no puede dilatar tanto el inicio de sus funciones. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Es muy preocupante que el presidente Vizcarra haya cedido al graznido de los halcones para lanzarse a la aventura peligrosa de la cuestión de confianza en torno al referéndum.

Máxime cuando, como veremos, algunos de los argumentos del Presidente no son ciertos y una eventual disolución del Congreso –si se negara la confianza- haría imposible la ejecución del referéndum antes de mediados del primer semestre de 2019, manteniendo el statu quo judicial.

Se dijo desde un comienzo que la cuestión de confianza se plantearía si el Congreso denegaba los proyectos de reforma o no los procesara. Pero ocurre que la Comisión de Constitución tuvo su predictamen sobre la reforma del CNM listo el martes pasado. No se pudo aprobar en la sesión del martes porque no hubo acuerdo. Sin embargo, sobre la base de esa discusión y de las críticas y aportes formulados, la Comisión elaboró una nueva propuesta (que adjuntamos), que debía ser discutida y aprobada hoy en la Comisión de Constitución, y el martes mismo se empezaría a discutir el proyecto de restablecimiento de la bicameralidad. ¿El Presidente desconocía esta información?

No solo eso. En su mensaje a la Nación, el presidente argumentó no solo que no se había avanzado –lo que no es cierto, como hemos dicho- sino que se había desnaturalizado la propuesta original. Dijo: “Los peruanos no podemos permitir que los titulares de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Congreso, porque sería dar lugar a que un partido político pueda controlar a quien debe fiscalizar las elecciones democráticas”. Efectivamente, el predictamen establecía eso, a propuesta del congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú según se ha informado. Grave error. Pero esa disposición fue criticada en el debate y hubo consenso en retirarla, y eso se anunció desde ese mismo día. Entonces el presidente Vizcarra sabía perfectamente, desde hace 5 días, que esa disposición ya no formaba parte del predictamen. El hecho de que la invoque como causal de la cuestión de confianza, revelaría que este recurso tiene en realidad una finalidad política más que realmente constructiva.

El Presidente se ha convertido en un aplicado populista. Agregó en su mensaje que “es inaceptable que se proponga impedir a los nuevos titulares del Consejo Nacional de la Magistratura investigar los actos de corrupción cometidos con anterioridad. Eso equivale a garantizar la impunidad, y constituye una burla a la voluntad ciudadana de transparencia y lucha contra la corrupción”. Y tiene razón. El predictamen había cometido el error de eliminar esa disposición transitoria, pero luego de la sesión de la Comisión la disposición transitoria fue repuesta.

De lo que se desprende que los argumentos dados por el Presidente serían pretextos. Pretextos para forzar la aprobación sin discusión de los proyectos enviados y conquistar por esa vía, acaso, mayor aprobación popular. Eso tampoco es muy democrático.

La Comisión de Constitución había aprobado un cronograma para lograr que las reformas pudieran aprobarse a tiempo a fin de que llegaran al referéndum de diciembre, pese a que voceros de la propia bancada de PPK, como Juan Sheput, habían declarado que hay temas que necesitan mucha más discusión y debate y que no podrían aprobarse tan rápidamente. Y eso es puro sentido común.

Y lo que probaría la naturaleza puramente política –en el peor sentido del término- del planteamiento de la cuestión de confianza, es que, si esta fuera viable y el Congreso no diera la confianza al gabinete, el Congreso tendría que ser disuelto y entonces no habría Congreso que apruebe los proyectos que, por lo tanto, no se podrían llevar a cabo el referéndum. Absurdo. Pasarían cuando menos cuatro meses más antes de que se realice la elección del nuevo Congreso y habría que esperar un tiempo más a terminar el conteo y se instale el nuevo Parlamento. O sea, no habría referéndum hasta mediados del 2019, algo muy conveniente para mantener el statu quo y parar las indispensables reformas, y quién sabe si también otros procesos anti-corrupción. Y lleva a sospecha que lo que se buscaría no es la aprobación urgente de las reformas sino disolver este congreso para buscar una nueva composición política en el que resultare elegido. 

Hay, por demás, un hecho también sospechoso que podría no ser casualidad. Y es que la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, le solicitó en varias ocasiones al congresista Alberto Oliva (de PPK), presidente de la Comisión de Justica, que ambas comisiones sesionaran juntas para tener un solo dictamen y no dos, sabiendo que la comisión preeminente en este caso es la de Constitución, porque se trata de una reforma constitucional. Pero el congresista Oliva nunca quiso. Entonces cuando el viernes convocó a sesión de la comisión de Justicia, sin advertir en la agenda que se trataría el dictamen que a último minuto esa comisión había elaborado, casi idéntico al proyecto enviado por el Ejecutivo y distinto obviamente al de Constitución, los miembros de la comisión pertenecientes a Fuerza Popular se abstuvieron porque estaban en desacuerdo y no habían sido citados para ese fin ni conocían el predictamen. Esa abstención fue presentada por parte importante de la prensa y la televisión como que Fuerza Popular se oponía y rechazaba la reforma del CNM, cuando en realidad el dictamen principal, que ya estaba reformulado y listo, era el de Constitución.

Quizá fue una celada en la que los congresistas de Fuerza Popular cayeron incautamente. El hecho es que sirvió para crear el ambiente mediático para plantear la cuestión de confianza.

Es lamentable que esto esté ocurriendo. En lugar de llamar a los líderes políticos para concertar los proyectos, el Presidente ha optado por la confrontación, lo contrario de su mandato constitucional. El Congreso, sin embargo, no debe pisar el palito y debe aprobar hoy –en la Comisión de Constitución- el dictamen relativo a la reforma del CNM. Y debe concertar con el Ejecutivo el cronograma mencionado asegurando que se aprobarán reformas que, sin duda, son muy importantes para el país.

La apurada, ‘desinformada’ e inconsecuente intervención del presidente Vizcarra puede terminar creando todo lo contrario de lo que dice buscar, paralizando la urgente e importante reforma judicial. Lampadia

Todos los ciudadanos tenemos muy presente la incidencia de la corrupción en múltiples gobiernos regionales y municipales, así se refleja en los medios de comunicación y en los debates pre electorales. Pero se nos está escapando la arbitrariedad y la prepotencia con la que muchas de estas autoridades se conducen día a día, sin importarles en lo más mínimo las opiniones de los ciudadanos a los que deben servir.

Desde que los cargos regionales y locales se empoderaron con la deficiente descentralización y desde que sus presupuestos se multiplicaron por la recuperación de la economía de principios de siglo; estos se han tornado en un botín que cada día atrae más elementos perniciosos.

Para colmo de males, como hemos explicado con anterioridad en Lampadia, los gobiernos regionales y locales no están sujetos a instituciones básicas de las democracias funcionales. Por ejemplo:

• Las decisiones de los gobernadores y alcaldes no están sujetas a la ‘doble instancia’. Sus decisiones solo pueden ser contrastadas judicialmente.
• Los mecanismos de ‘rendición de cuentas’ son muy débiles y alejados de la ciudadanía.
• No hay ‘balance de poderes’ en los municipios, pues el poder se concentra artificiosamente, sin reflejar las opciones electorales. 

Dado que las decisiones de estas autoridades cubren prácticamente todas las relaciones de los ciudadanos con el Estado, éstas deberían guardar todos los respetos necesarios para cautelar las necesidades ciudadanas.

Lamentablemente, sucede lo contrario. Las normas, ordenanzas y las respuestas a los trámites de los ciudadanos se resuelven frecuentemente con arbitrariedad y prepotencia. Se imponen caprichos. Se hacen y rehacen obras. Se desperdicia recursos valiosos en obras sin sentido.

Ni el Ejecutivo, ni el Congreso han querido corregir la normativa correspondiente, con efecto para el inminente proceso electoral. En estas circunstancias, solo queda invocar a los lectores que hagan un esfuerzo especial para estar alertas sobre los síntomas de corrupción de los candidatos, así cómo sobre los síntomas de caracteres abusivos y prepotentes.

La reciente prohibición de que los gobernadores y alcaldes puedan postular a la reelección, solo empeora las cosas. En primera instancia impide que los ciudadanos puedan preservar y premiar una buena gestión (que las hay); y, en segundo lugar, dados los privilegios indicados líneas arriba, alienta que los malos elementos se hagan del poder para provecho personal y de grupo, gozando de grandes espacios de impunidad.

Algo que agrava más esta indeseable estructura del espacio de las autoridades políticas en las regiones y municipios, es la devaluación de los partidos políticos, que solo tienen representaciones menores y, por lo tanto, en la gran mayoría de gobiernos regionales y municipales (dirigidos por independientes) no pueden ejercer un freno a las malas gestiones en aras de cuidar el prestigio partidario.

Es evidente pues que todo esto deviene de una desastrosa normativa y de la crisis de los partidos políticos. Razón suficiente para que la reforma política, que se pretende llevar a referéndums, deba ser enfrentada con muchísima ponderación, análisis, debates y cuidados.

Es evidente que la reforma judicial no puede esperar, y que hoy tenemos la mejor oportunidad de avanzar de manera importante en el diseño de la estructura del conjunto del Sistema Judicial; pero la reforma política debe recién aplicarse para las elecciones generales del 2021 y, por lo tanto, debe hacerse con mucha seriedad, a no ser, claro, que alguien pretenda acelerar indebidamente, el calendario electoral.

En cuanto a las próximas elecciones regionales y locales, por ahora solo queda santiguarse como dice Fernando Cillóniz, el actual gobernador de Ica: “En el nombre del agua… la salud… la educación… y la justicia…”. Lampadia

Un ‘jurista por vocación’, el Doctor Javier de Belaunde, nos ayuda a entender la crisis judicial que actualmente toma toda nuestra atención y que esperamos no sea solo una reacción pasajera, en la magnífica entrevista de Jaime de Althaus para el diario El Comercio.

Líneas abajo, compartimos la entrevista que hemos editado para destacar su estructura y hacerla llegar a todos nuestros seguidores: 

“La no reelección me parece un desafío innecesario al Congreso”

El jurista Javier de Belaunde opina que el presidente Martín Vizcarra está exagerando la sintonía que quiere tener con el estado de ánimo del pueblo.

Entrevista de Jaime de Althaus a
Javier de Belaunde, ex miembro de la Comisión Especial para
la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus)
El Comercio, 30 de julio de 2018
Glosada por Lampadia

En esta entrevista, el ex integrante de la Ceriajus Javier de Belaunde analiza el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra, con especial énfasis en las iniciativas relacionadas a la reforma del sistema de justicia.

— ¿Tu opinión acerca de las propuestas del presidente en el mensaje al Congreso?
El mensaje presidencial es un hito. Ha sentado bases importantes. Siendo intérprete de la indignación ciudadana, el presidente busca apoyo en el pueblo, llamando a la convergencia de ciudadanos, poderes públicos y de los diversos sectores para emprender la reforma judicial y política.

• Ha resaltado que la corrupción, redes articuladas al interior del sistema de justicia, intereses políticos y económicos, no fueron detectados ni por los órganos de control del Poder Judicial ni del Ministerio Público ni menos por el CNM.
• Ha delimitado bien lo que en la reforma judicial puede ser iniciativa del Poder Ejecutivo, lo que requiere del Poder Legislativo, y lo que necesita reforma constitucional (muy destacable abordar al perverso litigante: la ONP).
• Es fundamental el anuncio de que se someta a referéndum la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, sustituyendo el sistema de representación de consejeros por un concurso público.
• Anunció una disposición transitoria que es de la mayor importancia: un mecanismo de revisión de nombramientos y ratificaciones hechos por el CNM destituido recientemente, para limpiar los malos nombramientos.

El anuncio de referéndum es en realidad un jaque al Congreso, quien tendrá que pronunciarse sobre la reforma constitucional.

—Pero incluir en el referéndum la no reelección de los congresistas, ¿no es un desafío innecesario al Congreso? ¿No sería contraproducente? Fuera de ser un error, porque nunca consolidaríamos una clase política…

Lo del Senado me parece positivo, pero la no reelección de congresistas me parece efectivamente un desafío innecesario al Congreso; está exagerando la sintonía que quiere tener con el estado de ánimo del pueblo; los estados de ánimo no pueden guiar a un estadista; además es un error. Los grandes parlamentarios de antaño han sido reelegidos porque el pueblo lo quería así; es la manera de consolidar políticos y no alentar aventureros. La no reelección de alcaldes o gobernadores regionales no es un buen ejemplo. Un error no puede inspirar otro error. En materia de proyectos de ley, quiero destacar el que anuncia la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, presidido por el presidente de la República (quien quiere liderar el proceso) e integrado por las cabezas del Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y CNM, pues la reforma judicial involucra a todos ellos. Se marca así que la reforma judicial no se trata de abordar y superar una coyuntura, sino de iniciar un proceso que requiere tiempo y convergencia.

—Hubo ocasiones anteriores en que llegamos a situaciones límite y se intentó reformas pero sin resultados…

Después del gobierno del 85 al 90 tuve una sensación de que habíamos tocado fondo en materia de corrupción, terrorismo, desorganización.

• En 1990 el presidente recién electo, Alberto Fujimori, por primera vez en la historia en su mensaje de asunción presidencial trató el tema de la justicia como un tema fundamental.
• Fue muy duro con los jueces, los llamó chacales y después en esos dos años democráticos se producen leyes importantes, como la ley orgánica del Poder Judicial, el nuevo Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal.
• Después del golpe de Estado en 1992 Fujimori echa alrededor del 80% de jueces y fiscales. Y nombra provisionales, propensos siempre a la presión política, para montar un proyecto autoritario en el Poder Judicial basado en la provisionalidad.
• Pero luego, intentando volver del golpe de Estado, convoca al Congreso Constituyente Democrático y en materia judicial se nombra un Jurado de Honor de la Magistratura, cinco personas absolutamente intachables y reconocidas en el medio jurídico, cuya misión fue dotar al Poder Judicial de una Corte Suprema y de las cortes superiores, pero solamente llegaron a la corte de Lima.
• Y la verdad es que dejaron una buena Corte Suprema y una buena Corte Superior.

—Ahora, de este 80% que fue cesado, ¿eran personas no idóneas? ¿Qué pasó con ellos?
Hubo arbitrariedad, pero de este 80% un gran porcentaje estaba bien echado.

• Lamentablemente mucha de esta gente ha regresado después vía acciones de amparo o acuerdos amistosos de la Comisión Interamericana.
• Entonces, esta purga del Poder Judicial hecha por canales no democráticos no tuvo resultados.
• Ya después se nombra una comisión reformadora, con el comandante [José] Dellepiani, que produce una importante modernización.
• Pero sobre esa comisión se monta luego un proyecto político autoritario dirigido por Fujimori y por Montesinos que pervierte los objetivos de una auténtica reforma judicial. 

Después de que cae el gobierno de Fujimori, se genera todo un movimiento de reforma muy interesante en el mismo Poder Judicial.

• Lo lidera Hugo Sivina, presidente de la Corte Suprema.
• Produce el Acuerdo por la Justicia.
• Y en ese momento aparecen dos justicias especializadas muy importantes, la justicia anticorrupción y la justicia de derechos humanos, que era la justicia antiterrorista.
• Luego se crea la Ceriajus que hace un plan de reforma judicial inclusive con apoyo de la cooperación técnica internacional.
• Lo lamentable es que después no hubo voluntad política de llevarlo adelante.
• El proyecto se disolvió en buena cuenta en el gobierno de Toledo. Y ni Alan García ni Humala estuvieron interesados. Y aquí estamos.

—Ahora, ¿es posible una reforma desde adentro? 

Yo creo que es muy difícil que una institución como el Poder Judicial se autorreforme. Porque el principal problema que tiene es la cultura judicial generada por los propios jueces, que son una serie de prácticas, y eso lo reconoce el plan que acaba de presentar la Corte Suprema, que es muy interesante. Pero también han fracasado las reformas que se han intentado hacer desde afuera. Yo creo que una reforma judicial es imposible únicamente con los jueces, pero es imposible también sin los jueces. Entonces, hay que generar un ámbito en el cual se pueda conducir la reforma y en el cual estén representados jueces, fiscales, también la sociedad civil. Y también es imposible una reforma judicial sin el Congreso y sin el Poder Ejecutivo.

—¿Cómo podemos hacer ahora para depurar el sistema judicial de los elementos corruptos o no idóneos profesionalmente?

Creo que hay muchos jueces honestos y muy valiosos que se sienten incómodos con la corrupción y no quieren un Poder Judicial ni un país corrupto. Si a estos jueces se los empodera en los órganos de control interno, va a haber resultados distintos.

—Ahora, el asunto clave es cómo elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. El sistema actual, corporativo, ha fracasado. El presidente ha propuesto su elección por concurso público… 

Efectivamente. Hay que reconocer que las instituciones de la sociedad civil no han estado a la altura de las circunstancias históricas. Creo que la universidad peruana ha fallado, los colegios profesionales han fallado. Yo no recusaría un sistema de concurso público.

—Transparencia propuso eliminar la ratificación de los jueces cada siete años. Pero esto debería ser reemplazado por un sistema de evaluación permanente de los jueces y fiscales… 

Yo fui partidario de la ratificación. Pensé que era una buena manera de depurar la judicatura, pero creo que no. La inestabilidad del juez no es una buena receta. No puede estar cada siete años en la inestabilidad de si va a ser ratificado o no. Tampoco ha servido para depurar al Poder Judicial. Entonces, lo que hay que hacer es un sistema serio de evaluación de la producción, del rendimiento de los jueces.

—Ceriajus proponía una Corte Suprema pequeña, dedicada a hacer jurisprudencia, para hacer justicia más predecible… ¿Así debe ser?

Yo estuve en la Ceriajus y fui partidario de una sala única de 11 magistrados. Creo que, en el 2004, no previmos el nivel de deterioro de algunos aspectos de la sociedad peruana. Hay cortes superiores que son ‘territorios liberados’, en las cuales realmente la corrupción impera. Por eso, una Corte Suprema más pequeña dedicada realmente a generar jurisprudencia importante, tiene que venir acompañada de una reforma muy importante en las cortes superiores. Me parece terrible que determinadas cortes superiores queden como última instancia y no haya garantía de subir a la Suprema.

—Eso significa eventualmente cambiar a muchos jueces superiores. Y si vamos a una Corte Suprema pequeña de alto valor habría que nombrar nuevos jueces supremos. Si el nuevo CNM va a referéndum ya no habría que esperar hasta mayo o junio del próximo año…

Debo decir que hay magistrados en la Corte Suprema actual de muy buen nivel, de mucha honestidad. Pero la gente no idónea de la Corte Suprema tiene que irse. Tiene que haber algún mecanismo eficaz para que se vayan. Esta es una oportunidad para diseñar un sistema de control mucho más eficaz. Y hay que crear condiciones para la denuncia. Hoy día muchas veces se denuncia a un magistrado por conducta indebida y no pasa nada.

—La OCMA debería poder hacer inteligencia en las cortes superiores para descubrir vinculaciones con mafias. El presidente ha propuesto crear una autoridad nacional de integridad y control en el Poder Judicial y el Ministerio Público con apoyo de una policía especializada…

Buscaría reemplazar a la OCMA, que no ha dado resultados. Si tú vas un día al local de Alzamora, al local de Abancay, y te pasas allí una mañana conversando con los litigantes, tú sacas una idea de qué juez es honesto y cuál no, qué juez es competente o demorón… Con un apoyo de cierta inteligencia se sabría qué cosas están pasando. De hecho, el Poder Judicial acaba de proponer en su plan la creación de una “oficina de investigaciones especiales” para indagar casos graves y en especial redes de corrupción. También propone la “gestión de riesgo” a fin de prevenir la corrupción, a partir de normas internacionales ISO. Que el Poder Judicial plantee algo así, me parece notable.

—¿No deberíamos aspirar a que juristas de primer nivel ingresen a la Corte Suprema?
Sin duda. No quiere decir esto que no haya juristas de primer nivel en la Corte Suprema, muchos de ellos inclusive son provisionales, pero creo que evidentemente la judicatura debería ser un lugar atractivo para la gente más competente. Se ha mejorado la remuneración, pero lo que no ha mejorado son las condiciones de trabajo. Es decir, que un supremo tenga que salir a las dos de la tarde con siete expedientes para estudiar para mañana, es un disparate. Es un tema de descarga procesal, de adecuados asistentes…

—Y de que vea pocos casos y resuelva los casos, no devuelva… Ahora, el tema de los abogados es otro componente importantísimo. Hace unos años Beatriz Boza coordinó un código de buenas prácticas, un pacto antisoborno. Pero al final ningún estudio lo firmó… 
No es exacto que ningún estudio quiso firmarlo. Hay pocos que sí lo firmaron. Lo interesante fue que al final este proyecto se convirtió en el Código de Ética del Colegio de Abogados. No es un problema de falta de normas. A los colegios de abogados hay que reclamarles que su función no es la de sociedades de socorros mutuos, sino controlar la ética de la profesión. El abogado no puede ser un intermediario de corrupción.

—La idea de que en Lima pudiera haber más de un colegio de abogados que compitan entre sí en nivel de exigencias para dar licencias, etc., y donde sea prestigioso pertenecer a tal o cual colegio…

Podría ser. Bueno, en este momento hay el Colegio de Abogados del Cono Norte, que no ha sido creado por ley, es una asociación civil. El único colegio de abogados creado por ley es el Colegio de Abogados de Lima…

—Pero es un monopolio, es decir, tú tienes que estar colegiado allí… 

Sí, es un monopolio. Creo que sí hay varias instituciones que se dedican, digamos, a vigilar la práctica profesional sin duda sería una cosa muy positiva. Quiero ver a todos los abogados de Lima detrás de esta idea…

—Sería buenísimo. ¿En cuanto a la formación de los jueces? Las facultades de Derecho son muy malas y la Academia de la Magistratura solo capacita jueces… 

Se sigue privilegiando la enseñanza de códigos, la transmisión de información y no la enseñanza de habilidades, de razonamiento, salvo en algunas universidades.

• Es grave pensar que de ahí van a salir los futuros jueces.
• Sobre el tema de la Academia de la Magistratura, hay que pensarla como un engranaje de ingreso a la judicatura vía la Academia de la Magistratura.
• Lo está planteando el propio Poder Judicial en la propuesta que ha hecho: que los postulantes a jueces y fiscales mediante un concurso de oposición y méritos ante un CNM reestructurado, accedan a un período de formación en la Academia de la Magistratura por un período de año y medio a dos años.
• Después de aprobar la academia, serían designados.

Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

En su Mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra ha hecho bien en recurrir a la figura del referéndum para acelerar la reforma judicial, pero ha hecho muy mal al recurrir a dicha figura para la reforma política, concretamente, para los muy importantes asuntos de la bicameralidad, la reelección de los congresistas y el financiamiento privado de los partidos políticos.

Esta es una manera de recoger los gritos de las calles y de las redes: “que se vayan todos” y de quitarle el cuerpo a la necesidad de liderazgo, puesto que debemos estimar que, en un referéndum, se eliminaría la reelección de congresistas, condenando al Perú a no poder construir una buena clase política. Además, con seguridad, nos quedaríamos sin senado, una institución muy buena para la buena gobernanza y dejaríamos que, a falta de financiamiento privado (transparente) de los partidos políticos, este lo provean las mafias y platas negras. 

El grito de las calles y de las redes “Que se vayan todos” retumba en nuestros oídos, pero no debe obnubilar nuestros sentidos ni turbar nuestro criterio. Una reflexión adecuada debería llevarnos a plantear el tema de otra manera: ‘¿Qué se vayan todos? O ¿Qué vengan todos?’

Cómo publiqué en el diario La Primera, en agosto del 2005, el grito ‘que se vayan todos, es:

Una reacción y reclamo que pueden parecer naturales a muchos, dada la gran frustración (…) y sobre todo ver como se comporta nuestra desaprensiva clase política.

Sin embargo, el ‘que se vayan todos’ es un salto al vacío, que más allá de las reacciones hepáticas – por más entendibles que éstas puedan ser, no es otra cosa que una gran irresponsabilidad, falta de análisis y de visión para enfrentar los problemas, por más grandes que estos sean.

(…) nuestro problema actual es que estamos atravesando una profunda crisis de confianza. De que otra manera puede calificarse el que el prestigio de todas las instituciones públicas nacionales, esté por los suelos; el que toda la clase política tenga niveles de desaprobación tan altos; (…) el que el 87% de nuestros jóvenes esté pensando en abandonar su patria en búsqueda del bienestar.

(…) Hace pocos días leyendo una entrevista al argentino Felipe Noguera, encontré una muchísimo mejor respuesta: ‘Que vengan todos’.

(…) La gravedad de la crisis llama a la participación ciudadana, especialmente a nuestras reservas morales, (…).

Cuidado con apresurarnos y seguir pensando en que es hora de ‘Que se vayan todos’. Es hora de que ‘Vengan todos’.

No, Señor Presidente Vizcarra, la reforma política debe ser liderada por las autoridades políticas. Los pastores van detrás de la grey, pero los líderes marcan el camino.

Los muy importantes temas de la reforma política requieren un concienzudo análisis y largos debates en todas las instancias de nuestra nacionalidad. No tenemos que acelerar el paso, como en el caso de la reforma judicial. Este ordenamiento tendrá recién efecto para las elecciones generales del 2021.

Detrás del tema de la reelección de los congresistas está la reforma de los partidos políticos, que es donde está el fondo de nuestras debilidades actuales. Para provocar debate y dar un ejemplo de nuestras opciones, permítanme compartir algunos alcances de mi artículo Hacia un nuevo sistema de partidos políticos del 22 de agosto, 2013:

(…) un país que no tiene partidos políticos que ejerzan una auténtica representación nacional, tanto en aspectos regionales como nacionales, está condenado a sufrir un liderazgo político de muy corto plazo y, por lo tanto, impredecible, populista, electorero y carente de propuestas estructuradas de gobierno.

Los vicios y malas prácticas políticas de un sistema así tienden a perennizarse y hacen muy difícil que el sistema pueda reestructurarse a sí mismo.

(…) A continuación deseo presentar una propuesta provocadora, que puede parecer irrealizable o utópica, una simulación institucional, como una ayuda para salir del molde actual e, imaginar una reforma que ofrezca una solución efectiva. La idea sería crear un nuevo diseño institucional en cuanto a la estructura, orientación y fortaleza de nuevos partidos políticos para que estos se constituyan en auténticos representantes de la sociedad peruana, con raíces en todas las regiones y que representen la visión de desarrollo de los ciudadanos, proyectada al bienestar de sus propios hijos, por su enfoque en el largo plazo.

[Algo similar se hizo en Alemania después de la guerra y en Brasil, al final de su última dictadura militar].

Propuesta para el Rediseño del Sistema de Partidos Políticos

1. Se anulan todas las inscripciones partidarias en el Jurado Nacional de Elecciones para efecto de los futuros procesos electorales.
2. Se crean dos nuevos partidos políticos, uno de Centro-Izquierda, el Partido Rojo, y otro de Centro-Derecha, el Partido Blanco, los colores de la Bandera Nacional, para que juntos representen el conjunto de nuestra nacionalidad.
3. Se establece el financiamiento del Estado para ambos partidos, en la misma proporción. Cuando estos partidos sean operativos, contarán con un presupuesto anual por el equivalente de UD$ 25´000,000, cada uno.
4. Dichos presupuestos deberán sustentar actividades partidarias muy intensas en todo el territorio nacional, congresos, foros, debates, visitas de formación y capacitación de líderes, etc.
5. Las asignaciones presupuestales estarán sujetas a todos los controles establecidos para los pliegos estatales.
6. Se establecerá un período de un año para promover la inscripción de los ciudadanos en ambos partidos, fomentando una atracción especial hacia los jóvenes.
7. Terminado el período de inscripción, se organizarán los procesos de elecciones internas en ambos partidos a nivel nacional y regional. Estas serán reguladas y desarrolladas por el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE.
8. Una vez elegidos sus dirigentes, ellos procederán a dar contenido ideológico y programático a sus partidos.
9. Los nuevos partidos tendrán una exclusividad de diez años para participar en todos los procesos electorales, nacionales, regionales y locales.
10. Después de diez años se abrirán las inscripciones para nuevos partidos que cuenten con planillas del 10% de ciudadanos hábiles para votar, debidamente auditadas por las autoridades correspondientes.
11. Luego de diez años, los presupuestos de los partidos, a cargo del Estado, serán en proporción a sus niveles de votación nacional.
12. Solo saliéndonos del molde podemos aquilatar la brecha entre nuestra realidad actual y un sistema que responda a la naturaleza de nuestras  necesidades. 

Este momento de nuestra vida nacional reclama audacia con liderazgo. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Martín Vizcarra ha sorprendido positivamente yendo más allá de lo que se esperaba. Es claro que ha decidido asumir un liderazgo fuerte para sacar adelante la reforma del sistema judicial e incluso la reforma política, y hacerlo de la mano de la ciudadanía. Por eso ha propuesto llevar a referéndum varios temas vinculados a esas reformas. Ello está muy bien para el caso de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura –por concurso público de méritos-, pero en los temas de reforma política planteados, si no es posible llevar a cabo un debate público realmente esclarecedor que involucre a la mayor parte de la ciudadanía y una masiva campaña de medios –ahora prohibida por la ley Mulder- que explique las reformas propuestas, la convocatoria a referéndum terminará siendo un alarde de populismo político con consecuencias que pueden ser negativas para la consolidación de la institucionalidad política en el país.  

Consejo Nacional de la Magistratura, Control y lo que falta

Es muy bueno el planteamiento de consultar por referéndum la reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo. Y muy bueno también que “se autorice la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura cuyos integrantes fueron removidos por el Congreso”, como demandó Fausto Salinas en Lampadia.

Este cambio es clave, pero debe ir de la mano con la reforma de la Corte Suprema, que no ha sido detallada, y con la reforma del control interno, porque no basta nombrar fiscales y jueces supuestamente idóneos, sino que es necesario depurar la magistratura tantos años infectada, detectar las redes internas de corrupción vinculadas a organizaciones criminales de usurpadores, nacotraficantes, extorsionadores y otras, y prevenir que esas cosas no ocurran a futuro. Se necesita para eso una oficina de control con capacidad de investigación de inteligencia en las Cortes Superiores, muchas de ellas cooptadas, como decimos, por redes ilícitas externas de diverso tipo.

Al respecto, el Presidente anunció un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en reemplazo de la OCMA y de la Fiscalía de Control Interno. Se trataría de “un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción donde sus titulares sean elegidos por concurso público”. Agregó que “el Poder Ejecutivo se comprometerá a asignar una policía especializada para el apoyo de su labor; promoviendo un control preventivo identificando las áreas posibles de riesgo”. El propio Poder Judicial, en el Plan de reformas que acaba de publicar, propone crear una “Oficina de Investigaciones especiales” integrada por investigadores especializados para indagar sobre redes de corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y fortalecer el sistema de protección del denunciante.

Muy bien. Parece que vamos por buen camino en el tema de la reforma del sistema judicial. Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. También faltó incluir propuestas para la reforma y depuración de la Policía Nacional, algo que requiere acuerdo político y una ley  a fin de que los policías cesados no sean repuestos por el Poder Judicial precisamente.  

La no reelección de congresistas sería un grave error: populismo político

El problema está en la reforma política. El Presidente anunció que sometería referéndum la reelección de los Congresistas. Su explicación fue: “Actualmente la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del Presidente de la República. Siendo todas estas autoridades elegidas por el pueblo, deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados”.

Se desprende que para el Presidente la reelección de los congresistas sería mala, y lo que se buscaría es que la población la desapruebe. Sería un grave error. Para comenzar, fue una mala decisión prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, y existía ya un consenso para dar marcha atrás en esa enmienda constitucional.  Es el pueblo quien tiene que decidir si reelige o no a una autoridad. No se le puede quitar el derecho a reelegir a quien lo hizo bien. En el caso de los congresistas, este principio democrático se aplicaría nítidamente si tuviéramos un sistema de distritos electorales más pequeños, uni o binominales, en los que pudiese haber una relación directa entre el ciudadano y su representante de modo que si el ciudadano estuviese disconforme con la gestión de su congresista, pues no lo reelige, y punto. Pero si hubiese desempeñado bien su función de representación o como legislador, pues pudiera reelegirlo. Eso es lo democrático.

Distritos pequeños

En ese sentido, en lugar de llevar a referéndum la pregunta por la reelección de los congresistas que, por lo demás, no estaba en cuestión ni había sido planteada por nadie, lo que debería consultarse a la población es si está de acuerdo con el voto preferencial o si, más bien, no preferiría tener su propio representante elegido en un distrito electoral más pequeño. Esa reforma sí sería fundamental, porque llevaría no solo a elegir mejor a los representantes –porque se escoge entre un número menor de candidatos de distintos partidos- y a mejorar los canales de representación de modo que el ciudadano sienta que tiene voz y voto, sino porque un sistema de distritos electorales pequeños lleva a la larga a reducir el número de partidos porque fomenta la agregación de éstos.

Clase política y partidos

Pero hay otra razón de fondo por la que sería de grave perjuicio para la institucionalidad política del país que se aprobara la no reelección de los congresistas: que perderíamos toda esperanza de consolidar una clase política que conozca los problemas del Estado y el sistema constitucional y legal. Ya es un problema la baja tasa de reelección de nuestros congresos (27% en la última elección). En cada congreso nuevo muchos tienen que comenzar de cero y el país avanza poco. Lo que deberíamos analizar y remediar, más bien, son las razones por las que dicha tasa de reelección es tan baja. Y lo es por la fragmentación y volatilidad partidaria. Tenemos que consolidar un sistema de partidos, y para eso lo funcional es ir a un sistema de distritos electorales pequeños, como decíamos arriba, y disponer que la elección del congreso se haga junto con o después de la segunda vuelta presidencial.

Ese hubiese sido un tema de consulta mucho más relevante: que la población se pronuncie si los congresistas debieran ser elegidos luego de la segunda vuelta.

Financiamiento privado

El segundo tema de reforma política que el Presidente anunció llevaría a referéndum, es el del financiamiento Privado de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales. Es probable, si no se explica bien, que la población se prenuncie en contra de esa posibilidad. Pero si no se establece simultáneamente que será el Estado quien financie cuando menos la publicidad en televisión de las campañas electorales, pues el único resultado de esto es que serán las organizaciones mafiosas –narcotráfico, minería ilegal, usurpadores de tierras, extorsionadores, etc.- las que financiarán a los postulantes o pondrán sus propios candidatos. Eso es algo que se manifestará clamorosamente en estas elecciones municipales y regionales que se vienen.

Bicameralidad

Y el tercer tema de la reforma política que se someterá a referéndum, es el del restablecimiento de la bicameralidad, “sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores”. Este es quizá el tema más apropiado para llevar a consulta popular. Si bien será difícil ganar, una buena campaña podría lograrlo y serviría para educar en el principio de la democracia como limitación del poder y en la necesidad de meditar bien las leyes antes de promulgarlas.

Fuera de estos temas relacionados a reformas constitucionales, el Presidente anunció cinco proyectos de ley interesantes. Ya hemos reseñado uno de ellos, pero uno muy importante es el que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este consejo será presidido por el propio Presidente de la República e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Está bien, porque, en la medida en que este Consejo está liderado por el un Presidente de la República que está realmente comprometido con la reforma, este mecanismo permitirá mantener el impulso y realizar el seguimiento necesario para asegurar que los cambios se ejecuten y que podamos, al cabo de uno años, contar con un sistema judicial moderno, eficiente y probo.

Conclusión

A nuestro juicio, el Presidente debería anunciar que para pensar mejor qué temas relativos a la reforma política se someterían a referéndum, se conformará una comisión que le formule una propuesta. La nuestra la acabamos de formular. Los temas que podrían someterse a referéndum, en cuanto a reforma política, son:

1. Bicameralidad
2. Eliminación del voto preferencial y su sustitución por distritos electorales pequeños
3. Elección del Congreso luego de la segunda vuelta presidencial

El resultado electoral tan ajustado a favor del PPK (hasta el momento) y el hecho de que Fuerza Popular posea una mayoría parlamentaria holgada, son casi un mandato para el cogobierno. Pero es muy poco probable que Fuerza Popular acepte cogobernar, si es que PPK se lo propusiera en el caso de que éste resultara elegido. Lo que sí podría y debería haber es un acuerdo político para que el Congreso apoye un conjunto de reformas indispensables para implantar el imperio de la ley; reducir la inseguridad; buscar un Estado profesional, meritocrático, eficiente y facilitador; formalizar; y levantar el potencial de crecimiento del Perú.

Ese acuerdo podría darse muy fácilmente en torno a las reformas y propuestas en las que ambos planes de gobierno coinciden, que son muchas. Aquí las enumeramos y también sugerimos los puntos que no están en ambas propuestas pero podrían agregarse a un eventual acuerdo de gobierno:

1. Reforma judicial, policial y anticorrupción

a. Reformar el Consejo Nacional de la Magistratura

b. Limitar el acceso de casos a la Corte Suprema para favorecer la predictibilidad

c. Expediente digital único desde la PNP hasta el INPE

d. Depuración de la policía

e. Reorganizar las escuelas policiales

f. Policía comunitaria

g. Reforzar la investigación policial

h. Interconexión digital y plataforma de interoperabilidad al interior de la PNP y con todas las instituciones judiciales-penales

i. Reforma de la Contraloría

j. Gobierno Abierto (Autoridad Nacional acceso a la información)

Además, en este punto, el Congreso podría aprobar dos medidas propuestas por Fuerza Popular que serían de mucha utilidad en la lucha contra la corrupción:

k. Crear  una Procuraduría General autónoma y lejana del poder político

l. Darle a la Defensoría del Pueblo la condición de “litis consorte” para que se sume a la causa del denunciante de un acto de corrupción

2. Estado moderno, digital, facilitador, profesional

a. Reforma del Servicio Civil en todos los niveles y gestión por resultados

b. Eliminación de trámites, requisitos y exigencias en todos los sectores. PPK propone una ley de eliminación de 150 trámites y creación de la Oficina de Impacto Regulatorio. FP tiene una propuesta más agresiva.

c. Gobierno electrónico, digitalización del Estado, plataforma de interoperabilidad, integrar bases de datos

Además, Fuerza Popular propone:

d. TUPAs municipales y sectoriales únicos

3. Gestión de la infraestructura

a. PPK propone nuevo rol para Proinversión: planificará y priorizará toda la obra pública y público-privada en un plan quinquenal. Y se descentralizará.

Esta solución tendría que ser concertada con FP, que propone un “sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas” y “Unidades de Gestión de Servicios y Procesos”

b. Reforma de las Empresas Municipales de saneamiento (EPS)

4. Educación

a. Afianzar la carrera magisterial meritocrática

b. Aprendizajes usando tecnologías de la información y pedagogía constructiva

c. Impulsar investigación, ciencia y tecnología

PPK propone ley para viabilizar el canon universitario para investigación

5. Salud

a. PPK plantea integrar sistemas vía una “Tarjeta Única de Salud”. Buena idea.

b. Fuerza Popular propone:

a) Meritocracia y gerencia por resultados

b) Extender horario en los hospitales

c) Restaurar CLAS

d) “Bonos de Impacto Social” para crear postas o centros de Salud

c. Ninguno de los dos plantea una reforma fundamental: avanzar en separar la financiación de la prestación de servicios: fondos que contraten, contra resultados. Habría que acordarla.

6. Descentralización

Ambos proponen fortalecer la capacidad del gobierno central para capacitar, monitorear y negociar mejoras en los servicios y la ejecución de la obra pública de las regiones y municipios, pero con mecanismos institucionales distintos:

a. PPK: Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y descentralización de una nueva Proinversión

b. Fuerza Popular:

a) Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) para acordar metas,   reformar y garantizar los servicios de educación, salud, agua y saneamiento y la inversión pública.

b) Las transferencias a gobiernos sub nacionales condicionadas  a la reducción de brechas

Una posibilidad es que en este punto PPK, si es Presidente, pida facultades legislativas para desarrollar su propuesta.

Pero lo que ninguno ha planteado son las medidas para ordenar el proceso y recuperar capacidad de supervisión y sanción por parte del gobierno central, que necesitarían ser parte de un acuerdo político:

a. Redistribución racional de competencias entre los tres niveles de gobierno (matrices)

b. Proceso de recertificación y acreditación de capacidades para desempeñar funciones transferidas

c. Instrumentos de supervisión, control, sanción e intervención temporal ante incumplimiento de políticas o falencia de servicios públicos.

d. Todos los auditores pasan a la Contraloría (lo plantea FP)

e. Reforma del canon (lo plantea PPK)

f. Incentivos a la integración regional (PPK plantea mancomunidades y FP “contratos plan” interregionales. Pero se necesita más).

7. Formalización

a. Reforma de la SUNAT (reorganizar, facilitar)

b. Fortalecer Consejo Nacional de Trabajo para lograr consensos (para flexibilizar)

c. Reforma integral de sistema de pensiones (desafío luego de la ley 95.5%)

d. Titular comunidades campesinas y nativas (ninguno lo propone, pero habría que avanzar hacia la titulación individual voluntaria al interior de las comunidades)

e. Formalización de la minería informal, pero proponen mecanismos distintos:

a) PPK: Crear Banco de Fomento Minero que adquirirá producción

b) FP: Legislación diferenciada por regiones, valla más baja

f. PPK propone reducciones tributarias: bajar IGV, 10% del Impuesto a la Renta por   10 años, o Impuesto  2.5% de las ventas, a empresas que facturen hasta 2,300 UIT. Está por verse si el Congreso aprueba estas medidas.

g. PPK propone sustituir la CTS por seguro de desempleo para los nuevos. Una  buena  medida que parece difícil que FP la apruebe.

h. FP propone dos años sin impuesto a la renta y apoyo en la gestión.

i. FP propone evaluar la posibilidad de usar parte del IGV para aportes pensionarios lo que tendría un efecto positivo en la formalización

Ninguno propone la necesaria flexibilización laboral para facilitar la contratación y des-contratación. Esto es indispensable y debería ser motivo de un acuerdo político.

8. Reactivación

a. Eliminar drásticamente tramitología para impulsar inversiones productivas y en infraestructuras

b. Impulsar APPs

c. “Adelanto social” en minería

d. Masificación del gas, petroquímica y modernización de PetroPerú

e. Extender Sierra Productiva o Haku Wiñay a toda la sierra rural

f. Profundizar diversificación productiva: turismo, plantaciones forestales, acuicultura

A estos puntos, que podrían formar parte de un acuerdo político, habría que agregar los relativos a una reforma electoral y política que no ha sido  planteada en ninguno de los dos planes de gobierno, pero que es fundamental para reconstruir un sistema de partidos y mejorar la calidad de la democracia y de las elecciones. Al respecto, durante la campaña voceros de ambos partidos expresaron que tomarían como base las propuestas de la asociación Transparencia presidida por Felipe Ortiz de Zevallos. Es indispensable un acuerdo sobre una reforma política que sea aprobado a comienzos del nuevo Congreso. 

Lampadia

La tragedia de nuestro sistema judicial se traduce en la impunidad que generan los procesos anacrónicos con que funciona,  los vacíos legales, las absurdas fallas de coordinación entre sus estamentos, la saturación de las cárceles y la corrupción.

La necesaria reforma del sistema de justicia es una de las tareas más importantes que debe enfrentarse en los próximos años. Consecuentes con este imperativo nacional, en Lampadia hemos creado una biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI (Sistema Judicial), especializada en el diseño y desarrollo del sistema que necesitamos. El siguiente artículo sobre el caso de la reciente escandalosa liberación de los 5 ‘marcas’, debe servir para analizar sus concomitantes y guiarnos a darle contenido. 

Jaime de Althaus

La liberación de una peligrosa banda de 5 marcas porque la acusación fiscal le llegó al juez 5 minutos después de que se habían cumplido las 24 horas de detención, indignó a la Policía y también a la ciudadanía. No vamos a entrar al rosario de acusaciones mutuas: la Policía le echó la culpa a la fiscal y ésta a la Policía y también al juez. Lo que interesa es analizar si aquí falló el sistema o las personas o si hubo corrupción. Es algo que el Ministerio Público debería investigar y comunicar a la opinión pública.

Mientras tanto podemos adelantar lo siguiente. Lo primero que se puede advertir es que en la era de la tecnología de las comunicaciones, sigamos con procedimientos pretéritos. Cesar Azabache lo dijo en La Hora N: “¿Por qué no pueden coger un teléfono y advertirle al juez que necesitan una orden judicial y pasarle por correo electrónico la información mientras se dirigen al juzgado? Acá todavía siguen con papeles escritos para todo. Cuando interrogan le preguntan al detenido si tiene cicatrices, marcas o señas, y si las tiene hay que describirlas en la declaración: ¿no hay cámaras fotográficas o celulares para tomar fotos?”.

Azabache agrega: “Las cosas están confundidas: en todo el hemisferio cuando un policía detiene a un delincuente, hay un plazo que puede ser de 24 horas para que juez verifique que se trata de la persona indicada, que está bien detenida y que no la están golpeando… Aquí pensamos que además hay que presentar todos los cargos penales en su contra. Entonces el tiempo no alcanza. Por eso, se le pide autorización al juez para mantenerlo detenido a fin de completar la investigación, organizar un caso. Es la llamada convalidación”.

Hay que señalar que en Lima no está vigente aun el nuevo Código Procesal penal (NCPP) que contempla esa posibilidad: pedir 7 días más para preparar el caso antes de llevarlo al juez. Además, lo que ocurre es que los cinco ‘marcas’ fueron capturados en flagrancia, y ni siquiera el NCPP considera la posibilidad de extender a 7 días el plazo de detención de 24 horas, antes de entregar el caso al juez, cuando se trata de flagrancia. Por eso el Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema y el Ministro del Interior decidieron, en la reunión que tuvieron luego de producido este escandaloso hecho, presentar al Congreso dos propuestas legislativas:

a. Modificación de la Ley para que en los casos de flagrancia proceda la convalidación de la detención preliminar hasta por siete días.

b. Modificación del artículo 2, inciso 24, literal f de la Constitución Política del Perú para que el plazo de detención por flagrancia se amplíe de 24 a 48 horas.

Según Azabache, lo segundo no sería necesario si se aprueba lo primero, entendiendo que de lo que se trata con las 24 horas no es de llevarle al juez todo el caso investigado y preparado sino solo lo necesario para que éste verifique que la detención ha sido bien hecha.

Pero lo que llama la atención es que este caso pudo haber sido presentado por la Fiscal no como uno de flagrancia sino de crimen organizado. Pues se trata de una banda. Y si bien el NCPP no está vigente en Lima, sí lo está para los casos de crimen organizado. De modo que la Fiscal hubiese podido pedir incluso 15 días de detención previa para armar bien el caso y presentarlo al juez. Pero no lo hizo. Lo presentó como uno de flagrancia.

Es cierto que los delincuentes fueron capturados cuando estaban a punto de cometer un atraco, es decir, de manera flagrante, pero, según parece, eso no fue fruto de la casualidad sino de un seguimiento que se había hecho durante un mes. En efecto, el director de Defensa Legal de la PNP, Máximo Ramírez, explicó que los criminales fueron capturados tras realizar una labor de inteligencia durante un mes. Y el comandante Flavio Esquivel Villafane, jefe de la Divincri Carabayllo, declaró indignado que al liberarlos “echaron por los suelos el trabajo de investigación policial y el sacrificio de mi personal para que estos delincuentes estén en la calle”.

Entonces no se trataba de un caso de flagrancia sino de seguimiento a una organización criminal, que cabe dentro del supuesto de la ley que adelanta el NCPP en Lima para los casos de crimen organizado. La fiscal pudo pedir 15 días adicionales, más aun si se encontró drogas. Si esto es así y no lo hizo, cabe plantear la hipótesis de que aquí hubo corrupción, sea a nivel de la fiscalía o del juez. O cuando menos supina incompetencia. Eso es lo que hay que investigar. 

Lampadia    

La ciudadanía quedó en shock mientras veían como los integrantes del Movadef dejaban las cárceles en las que se hallaban recluidos por sus evidentes vínculos con las acciones  criminales de Sendero Luminoso. Era insoportable entender que los Jueces de la Sala Nacional Penal F liberaran a los miembros de esta organización. Inentendible. Lo mismo ha sucedido días antes, con la liberación de Benedicto Jiménez y otros acusados de corrupción en los gobiernos regionales. 

Tan solo hace unas semanas atrás, en Lampadia felicitábamos los esfuerzos que realizaba nuestro Sistema Judicial para condenar las corruptelas de varios presidentes regionales y encausar a la extendida mafia que lideraría el abogado Rodolfo Orellana (ver: Gran oportunidad para lograr una justicia que respetemos). La decepción llegó más temprano de lo esperado. Los miembros de nuestro Sistema Judicial, vuelven a desperdiciar una brillante oportunidad para concedernos la justicia que merecemos los ciudadanos de este país que se esfuerzan día a día por hacerlo mejor y  cumplen con las leyes.

Como señalábamos en el mencionado artículo “Tal vez esta sea la gran oportunidad que necesitábamos, para dar un salto cualitativo en la calidad de la justicia. Es evidente que la ciudadanía está muy atenta a este proceso [el juzgamiento de los presidentes regionales]. Su satisfacción debe ser el mejor aliciente para consolidar un mejor nivel de justicia, pero su frustración sería sin dudas, insoportable a la sociedad y tendría consecuencias sociales que podrían ir más allá de una descalificación en las encuestas. Por ejemplo, más justicia por mano propia, lo cuál sería la antesala de una debacle social.El Poder Judicial es autónomo, solo puede reformarse desde adentro. Esta es su última oportunidad para recuperar un prestigio esencial”.

La liberación de los miembros del Movadef, de Benedicto Jiménez (parte de la organización Orellana) y la de Iván Vásquez, presidente regional de Loreto, nos hacen pensar que el Sistema Judicial peruano ha perdido la brillante oportunidad de reconciliarse con la ciudadanía. Es vergonzoso que no utilice pruebas de dominio público, como lo mencionado por Cecilia Valenzuela (ver en Lampadia: Sendero vivito y avanzando), o que la coordinación entre las partes del sistema dificulte e impida la efectividad de la justicia, o que se amparen en las debilidades de otros. ¿No se juntan a coordinar? ¿A desarrollar estrategias comunes? ¿A compartir la información?

Ahora solo queda pensar en una reforma integral como la que hizo Hong Kong para resolver la corrupción policial (ver: Sin seguridad no vamos a ninguna parte). Que se las ingenie para nacer adentro, pero que sea llevada a cabo, desde el exterior. El Sistema Judicial incluye a la Policía, el Ministerio Público, y el propio Poder Judicial, más su interrelación con el gremio de abogados.

Sin duda lo más grave es que se haya dejado en libertad a los líderes del Movadef. Este no es un caso cualquiera. Estas personas forman parte de una organización genocida que no cree en el Estado de derecho, ni en la democracia y que ha demostrado largamente que tampoco cree en los principios elementales de la convivencia, como el respeto a la propia vida. No olvidemos que el “pensamiento Gonzalo”, con el que siguen comprometidos públicamente, amenaza a toda la sociedad con ríos de sangre.

Por eso la reacción del Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza solicitando que se investigue a los magistrados que dieron libertad al Movadef, es insuficiente. Una gota de agua para aclarar un lodazal. Un leve reflejo para enfrentar a la indignación ciudadana que encabezó el propio Presidente Ollanta Humala al señalar: “Sabemos todos las vinculaciones que tiene el Movadef con Sendero Luminoso. (…) Respetamos los fallos del Poder Judicial nos guste o no nos guste, pero eso no me impide expresar mi preocupación profunda. (…) Yo espero que se reflexione sobre este fallo”.

Humala también explicó: “hay un esfuerzo tremendo que ha hecho la Policía, han sido meses de investigación, acopio de información, ha habido denuncia fiscal de por medio, por lo tanto, nos deja la preocupación de que este esfuerzo del Ministerio Público caiga en (…) saco roto”.

Los jueces de la cuestionada Sala se han defendido arguyendo que su fallo se produjo por que la fiscalía no presentó suficientes elementos para encontrar las relaciones con Sendero Luminoso.

¿Es posible eso? ¿Que en un caso tan sensible para la nación, la Fiscalía no haya hecho bien su labor? En la prensa se ha demostrado suficientemente las vinculaciones de Sendero con el Movadef. ¿La Fiscalía no recogió esos argumentos o no son suficientes para los jueces?

Lo cierto es que es inaceptable que cualquiera de esas posibilidades haya permitido abrirles las puertas de la libertad a los integrantes de esta sanguinaria organización. Por lo menos en un caso como este las autoridades debieron actuar con la mayor diligencia posible. ¿Cómo es posible que la prensa obtenga mejor información que la Fiscalía?

Ha llegado la hora de realizar una gran reforma del Sistema Judicial. Queda claro, eso sí, que no podrá hacerse desde adentro. Seremos los ciudadanos los que tengamos que exigir y plantear una solución que cambie de raíz esta situación, ojalá con la colaboración e ingenio de nuestros mejores juristas, para encontrar el camino de esta reforma, sin avasallar la Constitución. Lampadia